Periferia

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Friday, 02 February 2018 19:00

Editorial 131: Hay que mirar para adentro

“… ¡Oh buen Dios! ¿Qué título daremos a la suerte fatal que agobia a la humanidad? ¿Por qué desgracia o por qué vicio, y vicio desgraciado, vemos a un sinnúmero de hombres, no obedientes, sino serviles, no gobernados, sino tiranizados…?”, escribía Étienne de la Boétie en 1548, haciendo hincapié en cómo un solo hombre o pequeñas élites son capaces de llevar a millones a desarrollar los actos más serviles, perversos y complacientes, la mayoría a cambio de nada.

Esta es una muy buena referencia para reflexionar sobre lo que ha sido capaz de cocinar el poder político e ideológico durante siglos en los cerebros de casi todos los mortales, lo que nos deja con un panorama triste de la humanidad actual, y nos estalla en la cara todos los días en Colombia. Las últimas semanas han estado llenas de noticias que reafirman, a pesar de la manipulación y la cosmética de los medios masivos que las disfrazan, cuál es la calaña de las élites que gobiernan y desangran a la Nación y se llevan por delante las vidas de quienes intentan oponérseles.

Segovia es una población al nordeste de Antioquia en donde casi toda su gente vive de la minería artesanal, y junto con sus vecinos de Remedios reciben el sustento diario de esa actividad. Otros, como la transnacional Gran Colombia Gold hacen minería pero a gran escala, y por supuesto se llevan la mayor tajada dejando solo el paisaje desolador. Pero según sus altos ejecutivos, ellos no contaminan con mercurio: al parecer sacan los lingotes ya listos de la veta o la mina. Los malos son los mineros ancestrales nacidos la mayoría en el territorio. También habría que hurgar en la historia y enterarse cómo fue que estas poderosas empresas llegaron a esa región y se apoderaron de todo gracias a la arremetida paramilitar y a través de terribles masacres. Vale decir que Segovia y Remedios al igual que las poblaciones del país donde se explota oro, carbón, petróleo u otro mineral no son conocidas por su gran desarrollo, más bien se conocen por su miseria.

Desde el 21 de julio de 2017 en esas poblaciones se desarrolla un paro cívico en defensa de la minería artesanal, donde el común denominador es la brutalidad policial y militar contra los manifestantes que ha dejado muertos, heridos y hasta mutilados entre las personas que protestan. En este caso los manifestantes no son tan buenos y justos como los que protestan en Caracas, y la Policía y el Esmad no son tan malos como sus homólogos del vecino país, como lo muestran al desayuno, al almuerzo y la comida los grandes medios de comunicación, que como cosa rara no van a la región a entrevistar a los mineros y a la gente humilde sino a los grandes empresarios y las autoridades para que reafirmen que la lucha es contra la minería ilegal y contaminante, dejando en el ambiente que los pequeños mineros son poco más que delincuentes, y los policías inocentes víctimas de estos.

Contrasta esta grave injusticia, con el encuentro de comunidades ambientalistas llevado a cabo en Fusagasugá los días 5 y 6 de agosto de 2017, en donde se denunció la práctica extractiva minero energética como una política descontrolada, corrupta y depredadora contra las comunidades y sus territorios. Allí se discutió cómo enfrentar en el ámbito nacional esa práctica y cómo hacer respetar los resultados de las consultas populares que el Estado a través de sus instituciones quiere desconocer con argumentos baladíes, que se estrellan contra sus propios falsos argumentos de democracia y participación.

También en estas semanas los escándalos de corrupción, dicho por representantes de las mismas élites, tocaron fondo. Los casos de Reficar, Odebrecht, y otros, en donde las élites se reparten la plata de la salud, la educación y el presupuesto de la Nación, salpicó a todos: a los uribes y uribitos, a santos y santitos, a los ordoñez y los ñoños, a los de Cambio Radical, y a la U, a los liberales y especialmente a los conservadores expertos en recibir mermelada de todos los sabores. Todos los combos políticos de la derecha que han gobernado, como dijo William Ospina, desde hace 200 años el país, están embadurnados de porquería, y salen en televisión a vociferar en contra de la corrupción y hasta harán campaña para derrotarla. Son tan descaradas las élites y los medios masivos, que ofrecen notas informativas extensas para mostrar los éxitos empresariales de los delfines, en donde hacen gala de sus centros comerciales nuevos de costos superiores a los 120 mil millones, logrados seguramente con el sudor de sus frentes. Y nuestro pueblo goza viendo a los exitosos jóvenes derrochar sumas que entre millones de humildes y en años de trabajo jamás alcanzarían a reunir. Ojalá nuestro pueblo recuerde todo esto cuando vengan las elecciones en 2018.

Y hubo más noticias, todas confirmando los delitos y la perversidad de los héroes de la patria, y de la policía, que sirven gustosos a las élites que gobiernan. Las madres de Soacha acudieron a acciones públicas para denunciar en la Plaza de Bolívar la impunidad en que se encuentran casi 5000 casos de falsos positivos, o sea crímenes alevosos de los militares contra jóvenes inocentes e indefensos llevados a cabo durante la presidencia del hoy senador Uribe. Una práctica que por su cuenta mantienen militares y paramilitares en todo el territorio nacional. Y se destapó también luego de 12 años la responsabilidad d ela policía, , denunciada desde entonces, en el asesinato del niño Nicolás Neira, con la confesión del mayor Torrijos, comandante en el 2005 del Escuadrón que descerebró al joven; el oficial, preso por narcotráfico (qué joyita) aceptó que encubrió durante todos estos años a los responsables intelectuales y materiales.

Sin embargo el problema son los vecinos, es Maduro y su pueblo que lucha con uñas, dientes y manos para quitarse de encima a los gringos, a la CIA, y a la caterva de arrodillados que exigen democracia en Venezuela, cuando a los ojos de cualquiera que tenga dos dedos de frente, es obvio que se quieren robar el petróleo del país con las mayores reservas mundiales. ¿Existe alguna razón ética y moral para que algún funcionario, servidor público o líder de los gremios capitalistas colombianos diga una sola palabra frente a las supuestas injusticias de otros países? ¿Será que en Colombia no existe un departamento llamado Chocó, y otro Guajira, en donde niños, niñas y ancianos mueren de hambre porque las élites se roban la plata? ¿Acaso se nos olvidó quiénes y cómo se vienen robando la plata de la salud y las pensiones para construir lujosas edificaciones tipo resorts?

Queridos y queridas compatriotas, a ver si despertamos y miramos un poco hacia adentro de la casa, antes de hurgar en la de los vecinos. A ver si nos damos una oportunidad de barrer la basura que aquí nos inunda.

Friday, 02 February 2018 19:00

Editorial 132: Una oportunidad para la paz

El cuatro de septiembre el ELN y el Gobierno de Colombia publicaron un documento conjunto en el que anunciaban el acuerdo al que llegaron sobre cese al fuego bilateral y temporal. La noticia, aunque esperada, no dejó de ser un acontecimiento, un hecho extraordinario si se tiene en cuenta que desde el principio el Gobierno planteó que el modelo de negociar en medio del conflicto no cambiaría, y menos después del éxito obtenido en el proceso de La Habana con las FARC. Contrasta con la postura del ELN que aspiraba, desde la instalación en febrero de 2017, que el proceso se diera en medio de un pacto de cese al fuego. Según los elenos, este pacto crearía un ambiente favorable a la paz y evitaría derramamiento de sangre, siempre doloroso e innecesario.

Por estar las partes en polos opuestos es que el acuerdo de cese al fuego es un acontecimiento, igual o de mayor importancia que la visita del Papa Francisco. O mejor, los dos acontecimientos jugaron en un tiempo preciso para complementarse y crear un momento político que le permitiría a las partes darle oxígeno al polémico y oculto proceso de Quito, y brindar un gesto de bienvenida al sumo pontífice que con su peregrinación por Colombia venía no solo a respaldar los procesos de paz y reconciliación, sino a cobrar unas cuentas pendientes a esa masa católica y conservadora que en octubre de 2016 le había dado en la cara a las aspiraciones de millones de colombianos y colombianas que querían una paz, mucho mejor de la que se alcanzó con las FARC, gracias a la derrota del plebiscito.

Es decir que el acuerdo de cese bilateral jugó y jugará durante los siguientes meses en el ámbito político nacional e internacional, y pondrá en la agenda de amigos y enemigos de la paz el tema de la continuidad del proceso con el ELN, lo que significa que el tema se va a meter en las campañas electorales de 2018.

Los astros se alinearon durante cinco días para el Gobierno Santos, que pudo mirar por el rabillo del ojo y con sorna a los uribistas católicos, apostólicos y romanos que tanta zancadilla le han puesto a los procesos de paz, y levantar su alicaída imagen aporreada por los escándalos de corrupción más recientes;  también para el ELN que le torció de alguna manera el cuello al modelo de negociar en medio de la guerra y ganó legitimidad e imagen ante la nación. Esto limpia el camino para que avance el punto uno de la agenda: Participación de la sociedad en la construcción de la paz, el cual venía embolatado por la prioridad que el Gobierno le venía dando a los asuntos humanitarios del punto 5F, especialmente al asunto del secuestro y las hostilidades contra la infraestructura petrolera.

Sería mejor o políticamente correcto decir que nadie ganó y nadie perdió, pero la verdad es que las cuentas de cobro se presentaron y hasta se puede decir que fue justo que así se dieran las cosas. Además es seguro que impactarán los resultados futuros a nivel electoral.

Aunque según el texto, “para el cumplimiento de este Acuerdo se establecerá un mecanismo de veeduría y verificación integrado por el Gobierno Nacional, el Ejército de Liberación Nacional, la ONU, y la Iglesia Católica; mecanismo que funcionará con el doble propósito de prevenir e informar cualquier incidente”, la pregunta es ¿qué debemos hacer los colombianos y las colombianas organizados y no organizados en medio de esta coyuntura de cese al fuego? Y ¿cómo aprovechar esos tres meses para sacar adelante las aspiraciones colectivas por las que hemos trabajado  o  que hemos soñado tanto tiempo?

Un asunto clave es rodear el acuerdo, protegerlo, y esto se puede hacer a través de las veedurías sociales y comunitarias en los territorios, especialmente en donde el conflicto ha sido más fuerte; nada impide crear estos mecanismos y debería ser bien visto por las cuatro partes oficiales. Gracias a estas veedurías se acompañarían con acciones humanitarias a las comunidades de los territorios que por causa de la violencia paramilitar, la judicialización y la criminalización de sus organizaciones sociales vienen padeciendo persecución de diferente índole.

También sería un momento propicio para identificar los territorios que han sufrido mayor impacto por el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, y extender de esta manera un cese de hostilidades en contra de la sociedad civil. Este cese debería incluir el alivio a la población carcelaria que sufre la indignación del hacinamiento, la insalubridad y la falta de atención a las enfermedades catastróficas. Debería contemplarse la salida, a casa por cárcel o condicional de aquellos presos y detenidas cuya situación lo requiera por razones humanitarias.

Por otro lado, existen razones suficientes para considerar el momento de cese bilateral como una oportunidad para desarrollar la propuesta de cese de hostilidades contra toda la sociedad, en especial los pobres que padecen la legislación tributaria en su contra; el sistema de salud que mata y un desempleo e informalidad que ya nadie aguanta.

Finalmente, es fundamental que en este periodo las organizaciones sindicales, los campesinos, los estudiantes, los trabajadores y usuarios de la salud, las mujeres, las iglesias, los procesos, las regiones, las etnias, etc., se preparen para participar en las audiencias que están acordadas en la mesa de Quito y que seguramente se desarrollarán una vez sea instalado el cuarto ciclo de negociaciones que inicia el 23 de octubre.

Pero no solo deberían prepararse para la participación los sectores y procesos que están o van a ser convocados a Quito. Todos los que tengan experiencias, ideas y metodologías concretas para garantizar que desde sus espacios se pueda aportar a la paz de Colombia y en especial a sus transformaciones, también deberían exigir su participación.

El cese al fuego bilateral y temporal, en suma, es una gran oportunidad para que el país ensaye otras formas diferentes o adicionales a la tradicional participación electoral, tan desprestigiada. Las consultas, las mesas de trabajo, los cabildos, las asambleas populares, las constituyentes, las mingas y toda clase de iniciativas institucionales o extrainstitucionales están a la orden del día en un país que clama participación y paz, pero con cambios y transformaciones.

Friday, 02 February 2018 19:00

Editorial 133: Lo mataron porque no avisó

Ayer 17 de octubre asesinaron a Jair Cortés, un líder afro miembro de la junta de gobierno del Consejo Comunitario del Pueblo Autónomo de Alto Mira y Frontera del municipio de Tumaco, departamento de Nariño. Desde ayer mismo y como era natural sus familiares, amigos, sus compañeros y compañeras de trabajo; y todos los que luchamos por las causas sociales lo lloramos y denunciamos con dolor y rabia este crimen. No hicieron lo mismo los partidos políticos de gobierno, ni los que se autodenominan oposición, o sea la ultraderecha uribista y sus seguidores. Lo que más duele es que tampoco se pronunció la sociedad colombiana insensibilizada por los grandes medios masivos de comunicación acostumbrados a alimentar los sentimientos de la gente y conducir sus emociones hacia donde consideran pertinente, inclusive a la justificación de estos crímenes.

Hoy 18 de octubre, escuchamos por los medios radiales la voz del ministro de defensa Luis Carlos Villegas diciendo cínicamente que Jair Cortés “no avisó” que se dirigía a la zona de alto riesgo, o sea su territorio colectivo, el mismo en donde debe ejercer su labor de vocal en la junta de gobierno para lo cual fue elegido. Es decir que el ministro justificó el asesinato de Jair y le echó la culpa de su propia muerte. Con la misma palabrita, hace menos de una semana el ministro Villegas había justificado la demencial reacción policial contra una comisión de verificación que llevaba miembros de organismos internacionales como la ONU y Mapp Oea; periodistas y defensores de derechos humanos , porque “no avisaron” que iban a entrar a la zona riesgosa en donde una días antes, según decenas de testigos, la policía antinarcóticos asesinó alevemente a siete campesinos que protegían de la erradicación forzada sus cultivos de coca, y exigían el cumplimiento del punto pactado en la Habana que se comprometió a erradicar esos cultivos de manera consensuada y bajo condiciones de sustitución y garantías económicas.

El ministro Villegas, que se ha convertido, por sus declaraciones, en un militar reaccionario de traje y corbata, nos hizo recordar al expresidente Uribe cuando en el año 2007 se dirigió al país por televisión en horario tripe A, y justificó los crímenes de Estado cometidos contra indefensos jóvenes de Soacha, humildes campesinos, habitantes de calle, líderes sociales, etc. Que más tarde desataría el escándalo conocido como falsos positivos cuyas denuncias dejaron salir de la olla podrida el olor nauseabundo que producían los miles de muertos a manos de los miembros de las fuerzas militares en macabra complicidad con los paramilitares, a cambio de dinero, vacaciones, permisos y cuanta dadiva ofreció el gobierno de Uribe para mostrar resultados en la lucha contrainsurgente y justificar la inversión militar y de paso imponer una cultura de la guerra. En ese entonces Uribe dijo que esos jóvenes hallados muertos supuestamente en combate en inmediaciones de Ocaña Norte de Santander “no estaban precisamente sembrando café” y que además eran poco más que pillos de barrio, como quien dice “ si hubo equivocación de todas maneras eran delincuentes a los que se puede matar y de paso se le hace un favor a la sociedad”.
Este discurso convertido en cultura justificadora de la muerte sobrevivió a Uribe y se renovó con con Santos y su ministro Villegas. La culpa de los asesinatos de líderes, campesinos y comunidades que protestan por incumplimiento de acuerdos, o contra la devastación de sus territorios bajo el poder de la locomotora minero energética, ahora son responsabilidad de las bandas, las disidencias de las Farc, los neoparamilitares y otra cantidad de grupos armados, a los que el Estado extrañamente no puede controlar ni derrotar; así se ocultan el terrorismo de Estado y se justifica la existencia de un gigantesco ejército.

Varios miembros del gobierno y del Congreso dieron su pésame hoy a la familia de Jair y “lamentaron” su muerte. Muchos de ellos habían hablado con el líder a propósito de la masacre de siete campesinos el día jueves 5 de octubre de 2017 a manos de la policía antinarcóticos ocurridos en medio de la erradicación forzada y de irregulares hechos. En esta denuncia Jair y su comunidad estuvieron activos y beligerantes en la defensa de su territorio y de su gente. Todos los congresistas que fueron a Tumaco y hablaron con la comunidad de Alto Mira y Frontera saben muy bien lo que pasó, como lo sabe el comandante de la policía que extrañamente no retiró a sus agentes una vez se conocieron las irregularidades en medio del operativo que provocó la masacre, y que hubiera evitado una eventual tragedia con la comisión de verificación recibida a tiros por estos mismos dementes. Los grandes medios también lo saben, y el presidente de la República; los policías se quedaron borrando las huellas que dejaron sus armas, sus disparos, su crimen tres días atrás; huellas que los forenses leerían como se hace con un libro, huellas que son testigos de la crueldad de los militares colombianos.

El asesinato de Jair no es un caso aislado, es una agresión sistemática contra los gobiernos autónomos de las comunidades afro; desde su nacimiento legal en 1997, Alto Mira y Frontera ha recibido el dolor de la muerte de sus líderes en quince oportunidades, cinco de ellas contra miembros de la junta de gobierno, el más reciente fue Genaro García en 2015. El asesinato de Jair se ha lamentado hipócritamente desde el gobierno, pero el de los siete campesinos y los más de 220 líderes sociales ocurridos en los últimos 20 meses no. Por el contrario se han justificado, se han minimizado, se ha dicho por parte de Villegas y Santos y el ministro Rivera del interior, que son casos aislados, que no son sistemáticos. Que la culpa es de ellos, por no avisar, por tomarse el atrevimiento de defender el territorio, su cultura, su vida y por construir paz.

Lo mínimo que deberían hacer el Estado y el gobierno de Santos, si algo les queda de vergüenza, sería ofrecer las garantías a todos los colombianos y las colombianas que luchan por los derechos humanos, por las transformaciones sociales, por la participación y la paz, para ejercer su digna actividad; ahora con mayor razón en medio del cese bilateral que pactó con el ELN, en el que entre otras cosas se comprometió a prevenir atentados y asesinatos de líderes sociales, y aplicar la justicia a los responsables materiales.

Friday, 02 February 2018 19:00

Editorial 134: Todo por ganar

El mal de todos no puede seguir siendo el consuelo de los tontos. Este año 2017 ha sido uno de los más frustrantes para la sociedad colombiana en general. Lo que podría haber sido la ventana para ver asomos de democracia y cambios, resultó ser un roto en la pared por el que se asoma un panorama lúgubre; en materia social y económica el balance no puede ser peor para los más humildes que no ven en los planes de los que conducen el país, y que se lo roban descaradamente, la posibilidad de mejorar su calidad de vida.

La paz, como hemos dicho en otros editoriales, en vez de ser la esperanza de cambios democráticos de un país que ha sido testigo de la desigualdad, la injusticia y los horrores de la guerra durante 200 años, y de los atropellos de las élites a través de la muerte y el despojo, se ha convertido en la herramienta discursiva de las mismas élites para continuar disfrutando el botín burocrático del poder político. Pero este año al menos la reacción social en los territorios tuvo mayor impacto, mejor contenido, y desde las comunidades podría estarse encubando una suerte de opinión política alternativa interesante. Algo cualitativamente mejor a lo que ocurrió años anteriores.

Esta opinión política, moldeada en medio de la lucha y la movilización, y afianzada en reivindicaciones concretas que tocan el nervio de la gente pobre, como su necesidad por el agua potable, y por derechos fundamentales como la salud, la educación y el empleo, sería el paso que esperamos muchos hacia una base social capaz de engendrar una cultura política crítica, que produjera golpes claves sobre las instituciones corruptas de la vieja política. El voto castigo en contra de los partidos tradicionales y las facciones de derecha y ultraderecha, padres de todos los males y corruptelas, podría ser su primera manifestación concreta en las elecciones de 2018.

Es que todo el 2017 las calles y carreteras de ciudades y regiones colombianas estuvieron ocupadas de manifestantes de diferentes gremios como los transportadores, arroceros, magisterio, comunidades en contra de la minería y por la defensa del agua, campesinos, cocaleros, además de paros cívicos de más de 20 días en Chocó y Buenaventura, paros campesinos y barriales, mingas de la Cumbre Agraria, consultas populares en defensa del agua y el territorio; es decir acciones combinadas de corte extrainstitucional y también institucional. En la práctica los resultados no son muy diferentes a los de los años anteriores, el Gobierno logró apaciguar las protestas con promesas y posteriores incumplimientos, pero los paros cívicos y las consultas son elementos para observar con mayor interés y detenimiento.

En el caso de los paros cívicos, se nota un fortalecimiento de la protesta en el marco de una visión territorial regional, así es como el Occidente colombiano, o sea el Pacífico, se hizo sentir con reivindicaciones que lograron cautivar el apoyo del país y volcar la mirada centralista hacia la región, hacia la periferia nacional. Los pueblos afros e indígenas le recordaron al resto de colombianos que allí había unos compatriotas sufriendo las perversidades del centralismo y el clasismo de las élites. Este elemento no es de poca monta, porque con seguridad fortaleció la autoestima y el autoreconocimiento de los habitantes del Pacífico, y eso no va a parar ahí, menos en medio de un polvorín como el que se vive con la presencia de otros grupos armados, claramente encubados y financiados por los estamentos del Estado, como son los paramilitares, neoparamilitares, o como ahora los quieran llamar, disputándose esos territorios en donde todo el mundo tiene puestos sus ojos.

Por su parte, las consultas populares son luchas exitosas que le están ganando el pulso a las transnacionales, al Gobierno y a los grupos armados; y por otro lado le están torciendo el cuello al modelo neoliberal, el mismo que el Estado dice que no cede ni en un milímetro en las negociaciones de paz con las insurgencias. El tema es tan importante que el mismo Estado ha tenido que recurrir a su estructura jurídica, política y constitucional para burlar los resultados.

Esto lo que va a provocar es mayor indignación y fortalecimiento de la unidad de diferentes sectores de base que ya han demostrado que son capaces de pasar por encima de la disciplina de sus partidos. De hecho, es común ver a uribistas o vargaslleristas trabajando con fervor y de la mano con izquierdistas, ambientalistas, verdes, entre otros, en las consultas contra la minería y en favor del agua, aun en contra de sus jefes del Centro Democrático, Partido Liberal, o Cambio Radical.

Ante las trampas institucionales y la desfinanciación de las consultas, la gente viene ejecutando actividades colectivas para recoger los recursos necesarios para financiarlas. Esto evidencia la crisis de los partidos. Sin lugar a dudas el 2018 va a tener record en materia de consultas y sin riesgo a equivocarnos, todas las va a ganar la gente, el pueblo, las comunidades.

Estos son saltos cualitativos que deben ser atendidos por los sectores democráticos que luchan por el cambio. Las recientes audiencias de participación, acordadas en la mesa de Quito, aunque desarrolladas en la oscuridad y el aislamiento de la sociedad, ofrecieron gratos resultados. Entre las más de 200 exposiciones de los sectores populares y algunos institucionales representados allí, hubo consensos importantes que muestran que la sociedad se está cansando de las prácticas políticas tradicionales, y de las políticas excluyentes del Estado. Por ejemplo, casi todas las voces coincidieron en la necesidad de la participación amplia, plena, desde los territorios, de abajo hacia arriba, con capacidad de decisión, y en muchos casos exigiendo que la negociación de paz debe ser en Colombia y de cara a la sociedad.

Lo que le falta a la gente es creer en sus propias capacidades de participación y transformación; en la posibilidad de ejercer soberanía y decidir cuál es el país que quiere. Así, en el 2018 podríamos elevar la consigna del voto castigo contra los de siempre, o sea los uribistas, los santistas y los vargaslleristas, también contra los que se camuflan con otros nombres, pero son los mismos; luchar contra la cultura de “toca votar por el menos malo”. Hay posibilidad de construir nuevos referentes políticos, así se pierda en esta oportunidad electoral, ir acumulando hacia el 2022, y llegar a segunda vuelta con propuestas de cambio, de impacto social. Al fin y al cabo, después de padecer a las mismas élites durante 200 años, nada tenemos que perder y sí todo por ganar.

Friday, 26 January 2018 19:00

Editorial 135: Un año interesante

Aunque se hayan visto en las redes sociales las imágenes de Vargas Lleras cabalgando a sus anchas con asesinos y mafiosos; aunque los jefes de los grupos paramilitares como “don Mario” hayan cumplido el compromiso de denunciar sus crímenes y en ellos involucren a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago; así se haya descubierto toda la red de mermelada que el ex procurador Alejandro Ordoñez distribuía entre familiares y amigos; aun conociendo el poder corruptor y malicioso del Fiscal General, y sus vínculos con transnacionales que han defraudado al Estado; aunque escuchemos el cinismo del Ministro de Defensa planteando que a los líderes sociales los asesinan por líos de faldas, las noticias que toman fuerza en los grandes medios son otras, graves también, pero no de semejante magnitud. Una labor seria, responsable y honesta de estos medios seguramente daría al traste con la maquinaria aceitada de los politiqueros. Por el contrario, los implicados en los escándalos siguen orondos su carrera hacia la presidencia de Colombia en este 2018.

El tema de paz continúa siendo un asunto de segunda o tercera línea para el Gobierno, la oposición de ultraderecha y para los intereses de los grupos económicos más poderosos, en los que se debe incluir a los grandes medios masivos de comunicación. Eso sí, el proceso de paz se vuelve muy importante cuando presenta problemas y entra en crisis, ya que le sirve a los jefes y asesores de las campañas electorales, no para clamar por apoyo a la paz, sino para enfilar su discurso guerrerista en contra de este. Al Gobierno la crisis también le sirve para mostrar su enojo por el daño a la infraestructura y el impacto a la inversión extranjera, a la vez que ignora la muerte de cientos de humildes a manos de fuerzas armadas de todo tipo, engendradas por su histórica estrategia de guerra. Todo esto junto, y perversamente manejado, sepulta la podredumbre que hiede en el mundillo de la clase política y sus poderosos padrinos, los de aquí y los forasteros.

Pocas campañas incluyen la paz como asunto central; algunas como la de Coalición Colombia, liderada por Fajardo, o la de Humberto de la Calle, proponen darle continuidad a la implementación del burlado acuerdo de La Habana, pero en materia de desigualdad, pobreza, salud y desempleo, entre otros, tienen propuestas cosméticas y algunas son más de lo mismo; otra, como la de Gustavo Petro, considera que la paz implica una transformación social y se atreve a tocar asuntos estructurales del modelo económico en materia de salud y pensiones, por ejemplo. Los demás candidatos de la derecha mantienen su idea de resolver el conflicto social, político y armado con más violencia. Como sea, para el pueblo no habrá paz sin empleo, salud, educación, soberanía alimentaria, etc.

Mientras se mantenga el argumento amañado de que resolviendo la confrontación armada con las guerrillas se solucionan los obstáculos “que impiden el desarrollo y el progreso”, y se oculten los verdaderos intereses de la clase política y sus patrocinadores en los meganegocios con las transnacionales, que les dejan jugosas coimas como ocurrió con Odebrech, Isagen, Reficar, Ruta del Sol, entre otros, se podrían suscribir muchos acuerdos de paz entre las guerrillas y los gobiernos para que las armas vayan a un oscuro container, pero nada va a suceder que favorezca las vidas de los millones de compatriotas que padecen penurias, indignidades y ausencias.

Lejos está de acabarse la guerra y el conflicto armado que cobra vidas en los territorios. Miremos no más la situación humanitaria en departamentos como el Chocó, Nariño y Cauca, donde al parecer se incrementaron los grupos armados delincuenciales, el narcotráfico y otros negocios criminales, en la mayoría de los casos con la participación de las honorables fuerzas militares, o ante su omisión. Además, en Cauca y Nariño se han asesinado sistemáticamente a la mayor cantidad de personas cuyo trabajo digno y admirable es el de construir organización social y democracia, por la vía de la protección ambiental, los proyectos de economía campesina, la defensa del territorio, los derechos humanos y la paz, entre otros asuntos de gran valor humano que los colombianos deberíamos apreciar, practicar y defender de manera unánime.

Sin embargo, 2018 es un año interesante. A pesar de la estrategia de bajarle la temperatura al ambiente de corrupción y crimen practicado por la clase política tradicional, a la cual pertenecen los principales partidos y candidatos aspirantes a la presidencia como el Centro Democrático, partidos Liberal y Conservador y Cambio Radical, se siente un ambiente de rabia y desprecio general que no los deja muy bien parados en las encuestas. Es posible que en esta oportunidad y con un poco de dignidad extra, los colombianos y colombianas nos abstengamos de entregarle nuestra cuota de soberanía a estos pillos, tanto en las elecciones de Congreso como en las presidenciales.

Lo otro interesante sería reforzar los actos de protesta que dejan resultados prácticos para las comunidades y brindan ejemplo a las demás, como las consultas populares, la creación de proyectos de economía propia, la construcción de zonas de reserva campesina, afro e indígena, o de territorios campesinos agroalimentarios, las recuperaciones de tierras, entre otras iniciativas que vayan engendrando lo que llaman el poder popular… así se quedarían los politiqueros hablando solos.

También es necesario apoyar a los candidatos y candidatas con experiencia en la lucha social y comunitaria; a los que sus esfuerzos por causas sociales les dan carta de presentación; al menos de esta manera los espacios institucionales se van descontaminando de la hediondez dejada por la clase política tradicional.

Tuesday, 05 December 2017 19:00

Editorial 134: Todo por ganar

El mal de todos no puede seguir siendo el consuelo de los tontos. Este año 2017 ha sido uno de los más frustrantes para la sociedad colombiana en general. Lo que podría haber sido la ventana para ver asomos de democracia y cambios, resultó ser un roto en la pared por el que se asoma un panorama lúgubre; en materia social y económica el balance no puede ser peor para los más humildes que no ven en los planes de los que conducen el país, y que se lo roban descaradamente, la posibilidad de mejorar su calidad de vida.

La paz, como hemos dicho en otros editoriales, en vez de ser la esperanza de cambios democráticos de un país que ha sido testigo de la desigualdad, la injusticia y los horrores de la guerra durante 200 años, y de los atropellos de las élites a través de la muerte y el despojo, se ha convertido en la herramienta discursiva de las mismas élites para continuar disfrutando el botín burocrático del poder político. Pero este año al menos la reacción social en los territorios tuvo mayor impacto, mejor contenido, y desde las comunidades podría estarse encubando una suerte de opinión política alternativa interesante. Algo cualitativamente mejor a lo que ocurrió años anteriores.

Esta opinión política, moldeada en medio de la lucha y la movilización, y afianzada en reivindicaciones concretas que tocan el nervio de la gente pobre, como su necesidad por el agua potable, y por derechos fundamentales como la salud, la educación y el empleo, sería el paso que esperamos muchos hacia una base social capaz de engendrar una cultura política crítica, que produjera golpes claves sobre las instituciones corruptas de la vieja política. El voto castigo en contra de los partidos tradicionales y las facciones de derecha y ultraderecha, padres de todos los males y corruptelas, podría ser su primera manifestación concreta en las elecciones de 2018.

Es que todo el 2017 las calles y carreteras de ciudades y regiones colombianas estuvieron ocupadas de manifestantes de diferentes gremios como los transportadores, arroceros, magisterio, comunidades en contra de la minería y por la defensa del agua, campesinos, cocaleros, además de paros cívicos de más de 20 días en Chocó y Buenaventura, paros campesinos y barriales, mingas de la Cumbre Agraria, consultas populares en defensa del agua y el territorio; es decir acciones combinadas de corte extrainstitucional y también institucional. En la práctica los resultados no son muy diferentes a los de los años anteriores, el Gobierno logró apaciguar las protestas con promesas y posteriores incumplimientos, pero los paros cívicos y las consultas son elementos para observar con mayor interés y detenimiento.

En el caso de los paros cívicos, se nota un fortalecimiento de la protesta en el marco de una visión territorial regional, así es como el Occidente colombiano, o sea el Pacífico, se hizo sentir con reivindicaciones que lograron cautivar el apoyo del país y volcar la mirada centralista hacia la región, hacia la periferia nacional. Los pueblos afros e indígenas le recordaron al resto de colombianos que allí había unos compatriotas sufriendo las perversidades del centralismo y el clasismo de las élites. Este elemento no es de poca monta, porque con seguridad fortaleció la autoestima y el autoreconocimiento de los habitantes del Pacífico, y eso no va a parar ahí, menos en medio de un polvorín como el que se vive con la presencia de otros grupos armados, claramente encubados y financiados por los estamentos del Estado, como son los paramilitares, neoparamilitares, o como ahora los quieran llamar, disputándose esos territorios en donde todo el mundo tiene puestos sus ojos.

Por su parte, las consultas populares son luchas exitosas que le están ganando el pulso a las transnacionales, al Gobierno y a los grupos armados; y por otro lado le están torciendo el cuello al modelo neoliberal, el mismo que el Estado dice que no cede ni en un milímetro en las negociaciones de paz con las insurgencias. El tema es tan importante que el mismo Estado ha tenido que recurrir a su estructura jurídica, política y constitucional para burlar los resultados.

Esto lo que va a provocar es mayor indignación y fortalecimiento de la unidad de diferentes sectores de base que ya han demostrado que son capaces de pasar por encima de la disciplina de sus partidos. De hecho, es común ver a uribistas o vargaslleristas trabajando con fervor y de la mano con izquierdistas, ambientalistas, verdes, entre otros, en las consultas contra la minería y en favor del agua, aun en contra de sus jefes del Centro Democrático, Partido Liberal, o Cambio Radical.

Ante las trampas institucionales y la desfinanciación de las consultas, la gente viene ejecutando actividades colectivas para recoger los recursos necesarios para financiarlas. Esto evidencia la crisis de los partidos. Sin lugar a dudas el 2018 va a tener record en materia de consultas y sin riesgo a equivocarnos, todas las va a ganar la gente, el pueblo, las comunidades.

Estos son saltos cualitativos que deben ser atendidos por los sectores democráticos que luchan por el cambio. Las recientes audiencias de participación, acordadas en la mesa de Quito, aunque desarrolladas en la oscuridad y el aislamiento de la sociedad, ofrecieron gratos resultados. Entre las más de 200 exposiciones de los sectores populares y algunos institucionales representados allí, hubo consensos importantes que muestran que la sociedad se está cansando de las prácticas políticas tradicionales, y de las políticas excluyentes del Estado. Por ejemplo, casi todas las voces coincidieron en la necesidad de la participación amplia, plena, desde los territorios, de abajo hacia arriba, con capacidad de decisión, y en muchos casos exigiendo que la negociación de paz debe ser en Colombia y de cara a la sociedad.

Lo que le falta a la gente es creer en sus propias capacidades de participación y transformación; en la posibilidad de ejercer soberanía y decidir cuál es el país que quiere. Así, en el 2018 podríamos elevar la consigna del voto castigo contra los de siempre, o sea los uribistas, los santistas y los vargaslleristas, también contra los que se camuflan con otros nombres, pero son los mismos; luchar contra la cultura de “toca votar por el menos malo”. Hay posibilidad de construir nuevos referentes políticos, así se pierda en esta oportunidad electoral, ir acumulando hacia el 2022, y llegar a segunda vuelta con propuestas de cambio, de impacto social. Al fin y al cabo, después de padecer a las mismas élites durante 200 años, nada tenemos que perder y sí todo por ganar.

Friday, 03 November 2017 19:00

Un arquitecto de sueños

Quienes conocieron a Rodrigo Saldarriaga lo recuerdan como un hombre comprensivo, cariñoso, supremamente tierno, y también, supremamente fuerte y obstinado. Contra viento y marea forjó su carrera política y sobre todo artística, con la que sembró muchas semillas y construyó muchos sueños.

A sus 20 años, cuando estudiaba arquitectura en la Universidad Nacional en Medellín, y militaba en el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario -MOIR-, descubrió que lo suyo era el teatro. Omaira Rodríguez, actriz y amiga incondicional de Rodrigo, lo conoció unos seis años después de que naciera Anacleto Morones, de Rulfo, la primera obra escrita y dirigida por Rodrigo, donde las viejitas rezanderas, cuenta Omaira, fueron interpretadas solo por hombres. Con esta obra se despidió del MOIR y fundó el Pequeño Teatro, en el año 1975. También desistió de su carrera como arquitecto, aunque nunca dejó de serlo.

“Yo estaba en quinto de bachillerato. Allá llegó un profesor que se llamaba Jorge Villa. Él nos decía que allá en el Pequeño Teatro había un mono barbado que dictaba clases de lectura, entonces llegamos, yo me madrugaba, venía acá de uniforme y todo. Yo no sé Rodrigo cómo hizo para encarretar a un señor, el dueño de esta casa. Ese señor se enamoró de Rodrigo porque vio que le gustaba Shakespeare, porque lo vio muy interesado en que esta casa era para teatro. El señor era muy intelectual, afortunadamente, entonces (en 1987) Rodrigo le entregó la cédula, y él le entregó las llaves de la casa, con el compromiso que le íbamos pagando de a poquito”, relata Omaira, quien además recuerda a Rodrigo, ese hombre de barba y pelo largos, como un padre.

Algunas de las anécdotas que contaba, y que recuerda Rodríguez, es que comenzando su carrera teatral, Saldarriaga fue expulsado de la Universidad de Antioquia porque se tomaba el teatro Camilo Torres para ensayar sus obras. Pero él ni siquiera era estudiante. “Me expulsaron de una Universidad donde yo no estaba ni inscrito”, decía. Años después, esta Universidad le dio el título honoris causa como Arquitecto, pues aunque abandonó su carrera, toda la vida dibujaba, diseñaba y soñaba con los escenarios. Era una de esas pasiones e ideas obstinadas que tenía Rodrigo, y muchos teatros de la ciudad y de algunos municipios fueron diseñados por él.

Rodrigo estaba empecinado en que las salas del teatro se llenaran. “Hace 15 años estábamos presentando una obra, y resulta que ese día solo vinieron dos niños de un colegio, para hacer una tarea. Habían comprado boletas de estudiante. Rodrigo les decía que entraran a ver la obra, y ellos decían “no, pero es que estamos solos”. Él les dijo, “vayan tranquilos que ellos hacen la obra para ustedes”. Entonces los acompañó y se sentó con ellos a ver la obra”, cuenta Omaira. Fue luego de este episodio cuando a Rodrigo se le ocurrió implementar la idea de entrada libre y aporte voluntario, inspirado en el teatro a la gorra que se hace en otros países. Y así fue, a la semana siguiente empezaron a repartir boletería, y la obra a la que antes habían asistido dos niños, estaba llena.

“Al principio daban monedas, como cuando van a la iglesia. Pero era normal, porque no había educación, entonces iniciamos la formación de públicos”, relata Omaira con alegría, pues esto significó un gran crecimiento para los actores. Ellos buscaban hacer teatro para la gente, y no para las sillas vacías, porque como decía Rodrigo, “una silla no llora, una silla no ríe, una silla no siente”.

A Rodrigo le gustaba leer, cocinar, dibujar, y contemplarse. Era además un gran amigo para quienes estuvieron cerca de él. Gabriela, su primera esposa y madre de su hijo, fue su confidente hasta el final de sus días. También fue así con Cristina Toro, integrante del Águila Descalza, con quien convivió durante 16 años. Rodrigo le huyó muchas veces a la muerte. Su imaginación y su personalidad activa no se detuvieron ni cuando tuvo un derrame cerebral, causado por la presión de las deudas que en algún momento tuvieron en el Pequeño Teatro, ni cuando tuvo problemas de la próstata, o cuando desmayó en el escenario por un problema en el corazón.

Cuando Saldarriaga empezó a recoger los frutos de su carrera teatral, quiso dedicarse a la política porque tenía el sueño de poder cambiar y ayudar a la gente desde este escenario. Fue candidato a la Gobernación de Antioquia en dos ocasiones, y aunque obtuvo mucha votación de amplios sectores alternativos, culturales y sociales del departamento, no lo logró. En el 2014 lo intentó de nuevo, pero esta vez para la Cámara de Representantes, y resultó electo.

Meses antes de viajar a Bogotá para asumir su cargo, a Rodrigo le descubrieron un cáncer linfático y cayó enfermo. Su salud empezó a deteriorar, y días después, a sus 64 años, falleció. Sus últimos deseos fueron que se firmara el compromiso legal, en los estatutos del Pequeño Teatro, para que ese lugar nunca se destine a algo diferente al arte; también deseó ser cremado para que con sus cenizas se sembrara un árbol. Y así fue. Hoy alimenta la vida de un guayacán amarillo que apenas crece en el cerro El Volador.

Rodrigo era un humanista, pensaba en un país donde todos tuvieran los mismos derechos; era un idealista. Siempre, desde los diferentes escenarios donde estuvo, luchó por los obreros, por los campesinos, por la gente pobre. Según Omaira, el principal aporte de Rodrigo fue “crear y dejar este legado, crear este pensamiento de que tenemos que seguir, a través del teatro, manifestándonos, diciendo cosas, tocando corazones, tocando al pueblo; seguir enseñando, a nivel sensitivo y de reflexión”.

Friday, 03 November 2017 19:00

Editorial 133: Lo mataron porque no avisó

Ayer 17 de octubre asesinaron a Jair Cortés, un líder afro miembro de la junta de gobierno del Consejo Comunitario del Pueblo Autónomo de Alto Mira y Frontera del municipio de Tumaco, departamento de Nariño. Desde ayer mismo y como era natural sus familiares, amigos, sus compañeros y compañeras de trabajo; y todos los que luchamos por las causas sociales lo lloramos y denunciamos con dolor y rabia este crimen. No hicieron lo mismo los partidos políticos de gobierno, ni los que se autodenominan oposición, o sea la ultraderecha uribista y sus seguidores. Lo que más duele es que tampoco se pronunció la sociedad colombiana insensibilizada por los grandes medios masivos de comunicación acostumbrados a alimentar los sentimientos de la gente y conducir sus emociones hacia donde consideran pertinente, inclusive a la justificación de estos crímenes.

Hoy 18 de octubre, escuchamos por los medios radiales la voz del ministro de defensa Luis Carlos Villegas diciendo cínicamente que Jair Cortés “no avisó” que se dirigía a la zona de alto riesgo, o sea su territorio colectivo, el mismo en donde debe ejercer su labor de vocal en la junta de gobierno para lo cual fue elegido. Es decir que el ministro justificó el asesinato de Jair y le echó la culpa de su propia muerte. Con la misma palabrita, hace menos de una semana el ministro Villegas había justificado la demencial reacción policial contra una comisión de verificación que llevaba miembros de organismos internacionales como la ONU y Mapp Oea; periodistas y defensores de derechos humanos , porque “no avisaron” que iban a entrar a la zona riesgosa en donde una días antes, según decenas de testigos, la policía antinarcóticos asesinó alevemente a siete campesinos que protegían de la erradicación forzada sus cultivos de coca, y exigían el cumplimiento del punto pactado en la Habana que se comprometió a erradicar esos cultivos de manera consensuada y bajo condiciones de sustitución y garantías económicas.

El ministro Villegas, que se ha convertido, por sus declaraciones, en un militar reaccionario de traje y corbata, nos hizo recordar al expresidente Uribe cuando en el año 2007 se dirigió al país por televisión en horario tripe A, y justificó los crímenes de Estado cometidos contra indefensos jóvenes de Soacha, humildes campesinos, habitantes de calle, líderes sociales, etc. Que más tarde desataría el escándalo conocido como falsos positivos cuyas denuncias dejaron salir de la olla podrida el olor nauseabundo que producían los miles de muertos a manos de los miembros de las fuerzas militares en macabra complicidad con los paramilitares, a cambio de dinero, vacaciones, permisos y cuanta dadiva ofreció el gobierno de Uribe para mostrar resultados en la lucha contrainsurgente y justificar la inversión militar y de paso imponer una cultura de la guerra. En ese entonces Uribe dijo que esos jóvenes hallados muertos supuestamente en combate en inmediaciones de Ocaña Norte de Santander “no estaban precisamente sembrando café” y que además eran poco más que pillos de barrio, como quien dice “ si hubo equivocación de todas maneras eran delincuentes a los que se puede matar y de paso se le hace un favor a la sociedad”.
Este discurso convertido en cultura justificadora de la muerte sobrevivió a Uribe y se renovó con con Santos y su ministro Villegas. La culpa de los asesinatos de líderes, campesinos y comunidades que protestan por incumplimiento de acuerdos, o contra la devastación de sus territorios bajo el poder de la locomotora minero energética, ahora son responsabilidad de las bandas, las disidencias de las Farc, los neoparamilitares y otra cantidad de grupos armados, a los que el Estado extrañamente no puede controlar ni derrotar; así se ocultan el terrorismo de Estado y se justifica la existencia de un gigantesco ejército.

Varios miembros del gobierno y del Congreso dieron su pésame hoy a la familia de Jair y “lamentaron” su muerte. Muchos de ellos habían hablado con el líder a propósito de la masacre de siete campesinos el día jueves 5 de octubre de 2017 a manos de la policía antinarcóticos ocurridos en medio de la erradicación forzada y de irregulares hechos. En esta denuncia Jair y su comunidad estuvieron activos y beligerantes en la defensa de su territorio y de su gente. Todos los congresistas que fueron a Tumaco y hablaron con la comunidad de Alto Mira y Frontera saben muy bien lo que pasó, como lo sabe el comandante de la policía que extrañamente no retiró a sus agentes una vez se conocieron las irregularidades en medio del operativo que provocó la masacre, y que hubiera evitado una eventual tragedia con la comisión de verificación recibida a tiros por estos mismos dementes. Los grandes medios también lo saben, y el presidente de la República; los policías se quedaron borrando las huellas que dejaron sus armas, sus disparos, su crimen tres días atrás; huellas que los forenses leerían como se hace con un libro, huellas que son testigos de la crueldad de los militares colombianos.

El asesinato de Jair no es un caso aislado, es una agresión sistemática contra los gobiernos autónomos de las comunidades afro; desde su nacimiento legal en 1997, Alto Mira y Frontera ha recibido el dolor de la muerte de sus líderes en quince oportunidades, cinco de ellas contra miembros de la junta de gobierno, el más reciente fue Genaro García en 2015. El asesinato de Jair se ha lamentado hipócritamente desde el gobierno, pero el de los siete campesinos y los más de 220 líderes sociales ocurridos en los últimos 20 meses no. Por el contrario se han justificado, se han minimizado, se ha dicho por parte de Villegas y Santos y el ministro Rivera del interior, que son casos aislados, que no son sistemáticos. Que la culpa es de ellos, por no avisar, por tomarse el atrevimiento de defender el territorio, su cultura, su vida y por construir paz.

Lo mínimo que deberían hacer el Estado y el gobierno de Santos, si algo les queda de vergüenza, sería ofrecer las garantías a todos los colombianos y las colombianas que luchan por los derechos humanos, por las transformaciones sociales, por la participación y la paz, para ejercer su digna actividad; ahora con mayor razón en medio del cese bilateral que pactó con el ELN, en el que entre otras cosas se comprometió a prevenir atentados y asesinatos de líderes sociales, y aplicar la justicia a los responsables materiales.

Sunday, 15 October 2017 00:00

Fondo Editorial

Sunday, 15 October 2017 00:00

Artes Gráficas

Ya son más de trece años empeñados en sacar adelante el proyecto de comunicación popular Periferia. Hemos logrado posicionar nuestro periódico como referente y herramienta para las luchas sociales y populares. Hoy estamos luchando por garantizar el futuro de la comunicación popular a través de la autogestión.

Mantener un proyecto con un objetivo diferente al de los grandes medios masivos de comunicación, no ha sido tarea fácil. Sin embargo, el esfuerzo colectivo y el de cada individuo que conforma el equipo de Periferia, sumado al de los colaboradores/as, amigos/as, suscriptores/as, lectores/as y las organizaciones campesinas, afro, indígenas, sociales y sindicales, han permitido que Periferia se mantenga.

La forma en que lo hemos logrado, aparte de la venta del periódico, ha sido con el posicionamiento de productos que llevan la propuesta de la comunicación y la memoria histórica de las comunidades a todas partes. Anualmente publicamos la agenda Periferia, coeditamos libros y revistas de carácter académico y político e intermediamos en la producción de trabajos litográficos para organizaciones hermanas que ven en esta práctica una forma de solidaridad y apoyo al proyecto Periferia.

Esta experiencia, aunque nos ha permitido sostenernos mínimamente, nos hizo reflexionar frente a la necesidad de apostarle a la creación de una empresa que financie seriamente no solo la propuesta de comunicación popular sino que le sirva a las organizaciones sociales para que produzcan allí todas sus publicaciones, conduciendo los recursos de los/as trabajadores/as y las comunidades hacia proyectos de construcción de autogestión, de economía propia y autonomía política.

  

¿Qué piensas de esto?

Después de más de 110 años de lucha obrera y popular en Colombia no existe una gran empresa, en manos de los trabajadores o las comunidades, dedicada a la producción y publicación de medios alternativos, literatura, investigación, prensa y propaganda con enfoque popular, encaminada a fortalecer la propuesta transformadora, autónoma y autogestionaria de las organizaciones sociales.

 

La mejor forma de decir es hacer

No basta afirmar que los culpables de todo son los grandes medios porque engañan y desinforman, ni decir que la comunicación popular es necesaria y que nos gusta el periódico Periferia. Hay que hacer algo concreto para apoyar la consolidación de nuestros proyectos y si no es comprando, suscribiéndose y difundiendo la prensa y los demás productos, es brindándole trabajo a su nueva propuesta autogestionaria materializada en la empresa de artes gráficas.

 

¿Qué ofrecemos?

Anualmente las organizaciones sociales y populares gastan fortunas en la publicación, diseño y difusión de sus propuestas. Gran parte de estos recursos van a parar a las arcas de los empresarios capitalistas, en especial los que dominan los grandes medios masivos de comunicación, los cuales en muchos casos manipulan y maquillan la información a su conveniencia.

Nosotros ofrecemos un servicio de comunicación pleno, garantizando un marcado respeto por los contenidos políticos, por la seguridad y confidencialidad.

 

 

Ofrecemos servicios como:

Servicio de DISEÑO GRÁFICO: Desarrollo de propuestas creativas o sobre pedido.

Servicio IMPRESIÓN LITOGRÁFICA: Impresión en sistema off-set de periódicos, revistas, folletos y papelería empresarial en general.

Servicio IMPRESIÓN LASER: Impresión digital en la elaboración de piezas de señalización, carnetización, vallas, pendones, decoración.

Servicio de DISEÑO AUDIOVISUAL: Diseño y montaje de presentaciones audiovisuales y paginas WEB.

 

 

MAYORES INFORMES A:

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Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

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