Periferia

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En Medellín se evidencian las falencias de la seguridad democrática

El doctor Jorge Mejía Martínez fue secretario de gobierno del departamento de Antioquia en la gobernación de Aníbal Gaviria, ha sido columnista de varios diarios, profesor universitario y analista político. También fue candidato a la alcaldía de Medellín para el periodo 2004-2007 por el Partido Liberal. Por su conocimiento de la ciudad, conversamos con él para que nos hiciera su propio análisis sobre la situación de Medellín.

 

Periferia: Para usted, ¿cuál es la situación actual de Medellín?
Jorge Mejía: Hay dos indicadores que llaman la atención y que dan cuenta de la problemática que hoy se vive en Medellín. Uno de ellos es el incremento de los homicidios del año pasado, que es un incremento superior al 15% luego de varios años de tener una tendencia a la reducción, tendencia que se quebró a partir de mediados de 2007. El otro indicador es el desplazamiento intraurbano que también está disparado; según la Registraduría, en 2008 tuvimos un desplazamiento intraurbano superior al de los últimos años, hubo por lo  menos 22.000 personas que fueron desplazadas en la ciudad y todavía está pendiente de escudriñar las características y modalidades de ese desplazamiento, aunque lo cierto es que ocurre al interior de Medellín donde de una comuna a otra, de una manera forzada, las personas se tienen que desplazar.

Yo creo que ese desplazamiento urbano tiene que ver con la confrontación, con la disputa que hay en la ciudad por el control del narcotráfico, por el control de los sitios de expendio de alucinógenos, el control de los lavaderos de carros, la extorsión, los juegos de maquinitas, el chance etc. y que una parte de esos desplazados fueron desmovilizados de los bloques diferentes de las autodefensas. Estamos viviendo una disputa territorial entre sectores claramente definidos como don Mario y don Berna, pero también hay otra disputa “intra Berna”, porque al interior del sector llamado de don Berna también hay confrontación. Estas disputas son las que llevan a que se haya incrementado la sensación muy real de inseguridad en la ciudad.

Periferia: ¿Por qué se llega a esta situación en la ciudad?
Jorge Mejía: Yo creo que son varias cosas. Primero la seguridad democrática demostró sus falencias para atender la seguridad ciudadana, particularmente la seguridad urbana. Yo creo que la seguridad democrática ha sido exitosa para recuperar la seguridad en las vías y en algunas zonas rurales, así como para la confrontación con la guerrilla. Pero no ha tenido igual éxito para brindarle a los habitantes de los centros urbanos y de algunas zonas rurales la protección que ellos requieren.

Segundo, el proceso de desmovilización de las autodefensas fue un proceso que arrancó con muchas debilidades que jamás fueron superadas, además de ser un proceso muy centralizado en Bogotá y en el gobierno nacional. De otra parte, el marco jurídico de este proceso se adoptó muy posteriormente al inicio del proceso mismo, en esa desmovilización no se contempló la exigencia del gobierno a la comandancia de las autodefensas de que desmontaran la estructura y las actividades ilícitas. Entonces esas estructuras y esas actividades ilícitas pervivieron y quedaron en manos de los mandos medios, que hoy son los grandes capos en el país; y son ellos los que están agenciando esta nueva oleada de violencia que estamos viviendo.

Tercero, las autoridades nuestras hoy tienen una gran impotencia para controlar la actividad de bandas y combos que actúan en la ciudad, lo cual se nota en el incremento de la criminalidad.

Además, el resurgimiento de esos grupos emergentes, si bien no se pueden caracterizar como estrictamente paramilitares, sí tienen una connotación de ese tipo en cuanto buena parte de sus integrantes son desmovilizados que le hicieron conejo al proceso de desmovilización. Aunque es importante destacar que estos nuevos grupos emergentes no tienen una clara vocación antisubversiva o antiguerrillera; al contrario, la tendencia es que tanto estos grupos, como una parte de la guerrilla, se identifiquen alrededor de preservar sus negocios ilícitos que los alimentan, como, por ejemplo, el narcotráfico. Y no tiene nada de raro que, por ejemplo, don Mario hoy éste siendo protegido por las Farc en el Urabá chocoano.

Periferia: ¿Por qué es insuficiente la seguridad democrática para garantizar la seguridad ciudadana? Se lo pregunto porque hay opiniones que dicen que lo que pasó en 2002 con la operación Orión fue un pacto tripartito entre el gobierno nacional de Uribe Vélez, recién posesionado, el alcalde Luis Pérez y el Bloque Cacique Nutibara liderado por don Berna, para sacar adelante una prueba piloto de que la política de seguridad democrática sí era efectiva.
Jorge Mejía: Yo creo que indudablemente la operación Orión implicó la consolidación del paramilitarismo en Medellín, precisamente de la mano de esa confabulación o complicidad de sectores de la fuerza pública con don Berna y seguramente sectores de la institucionalidad local. Esa confluencia produjo resultados inmediatos en la comuna 13 pero implicó que en el resto de la ciudad se consolidara un sector armado como las autodefensas con todas las consecuencias que posteriormente hemos vivido en la ciudad.

Ahora, sobre las falencias de la seguridad democrática tienen que ver con el excesivo énfasis que se ha puesto en la confrontación militar con la guerrilla, en considerar que el copamiento territorial es con fuerza pública dejando a un lado la atención a las comunidades que de una u otra manera estuvieron sometidas a la presencia de los paramilitares o de la misma guerrilla; o sea que la inversión social no acompañaba ese copamiento territorial por parte de la fuerza pública, lo que ha permitido que persistan las condiciones sociales, económicas, y culturales que constantemente están alimentando a los distintos grupos armados ilegales por cuanto mucha gente no tiene otra opción para sobrevivir a la de vincularse a esos grupos.

Periferia: ¿Existe o existió en Medellín la llamada “donbernabilidad”?
Jorge Mejía: Yo sí creo que en Medellín en años anteriores ha sido real la existencia de la llamada donbernabilidad, y precisamente uno de los problemas que ha tenido Alonso Salazar luego de su posesión como alcalde fue que él quiso romper con esa modalidad y cuando, en buena hora, decidió romper, se le han presentado los problemas que todos hemos conocido. Se le vinieron encima los paramilitares, igualmente un sector de la clase política tratando de originar procesos de revocatoria de su mandato y en general tratando de impedir el ejercicio de gobierno a nivel local.

En años anteriores se adoptó la actitud de que el conflicto o la paz se pueden comprar, lo que ha sido la tónica por parte de las administraciones anteriores. Comprar en el sentido de darle plata a los delincuentes, y se ha creído que eso es suficiente para garantizar la convivencia y su salida de la criminalidad, lo que no ha sido cierto. Por ejemplo, Luis Pérez planteó que él estaba dispuesto a comprar la guerra, eso fue en las postrimerías de su mandato y creo que durante la administración de Fajardo ocurrió esa misma modalidad. Esa misma visión persistió y, de hecho, hoy es muy clara la situación que se presenta. Tenemos cerca de 5000 muchachos que son financiados con recursos de la administración local; de esos, 3700 desmovilizados que reciben una mesada sin mayor control y entre 1100 y 1500 muchachos que hacen parte del programa de Jóvenes en Riesgo, que también reciben una mesada. Se ha logrado establecer que buena parte de esos muchachos destinan parte de esos recursos para comprar armas.

Mientras tanto, hay otro programa para incentivar muchachos que se destaquen en la actividad académica pero que no tienen ni la remuneración que se le da a los pillos y delincuentes de la ciudad, ni la sostenibilidad que los delincuentes sí tienen. Y es que cada año estos muchachos tienen que estar sometidos a justificar con notas sobresalientes su permanencia en ese programa, lo que no se le exige a los que ya hemos mencionado.

Periferia: Medellín es una ciudad que ha estado en disputa hace muchos años, se la han disputado el narcotráfico, las milicias y el paramilitarismo, entre otras. ¿Por qué es tan importante Medellín?
Jorge Mejía: Yo creo que Medellín es importante por varias cosas. Primero, es un corredor estratégico, por Medellín pasa buena parte de la droga que circula hacia Centroamérica y Norteamérica; igualmente Medellín es un centro muy importante de mercado negro de armas. Además, la cultura de la ilegalidad igualmente es un caldo de cultivo significativo en Medellín; aquí la cultura antioqueña se resquebrajó con la consolidación de expectativas que buscaban resolver rápidamente, y con atajos, el afán de enriquecimiento. Entonces esa quiebra de valores de la cultura antioqueña trastocó en casi 180 grados y se convirtió en una cultura permisiva con la delincuencia, en una cultura sumamente complaciente con la delincuencia en aras de lograr resultados a toda costa. Aquello de que el fin justifica los medios tiene una gran base de apoyo entre nosotros.

Periferia: Hoy Alonso Salazar no puede gobernar. Está enfrentado con sectores de la clase política, enfrentado con sectores muy poderosos de la delincuencia y en la ciudad uno puede sentir que hay quienes lo ven como una víctima de una serie de factores que atentan contra la posibilidad de que pueda gobernar, pero hay otros que dicen que parte de esa situación es responsabilidad de él porque mientras estuvo en la administración de Sergio Fajardo permitió de alguna manera que este tipo de cosas se dieran y no dio la voz de alerta frente a lo que se estaba presentando en Medellín debajo de esa aparente tranquilidad que se pregonaba en la ciudad. ¿Qué nos puede decir sobre eso?
Jorge Mejía: Yo creo que Alonso con muchas dificultades sí ha estado gobernando en Medellín, de pronto le podría ir mejor si no tuviera que dedicar esfuerzos y atención a esas escaramuzas que se le han presentado tratando de ponerle zancadillas a su labor. Sin embargo, reitero que lo deseable es que hubiese habido normalidad porque indudablemente el plan de desarrollo que Alonso Salazar logró aprobar en el Concejo de la ciudad, es un excelente plan de desarrollo, tiene un contenido muy importante para la ciudad, pero ha tenido ese problema.  Lo otro es que al equipo de gobierno le ha faltado más dinamismo, le ha faltado más fuerza, de tal manera que el alcalde no se viera tan sólo, tan aislado. A este equipo le falta experiencia y formación política, lo que en circunstancias tormentosas como las actuales es importante y es necesario. Lo otro es que, lógicamente, Alonso tiene que estar salpicado del pantanero en que estuvo la ciudad en años anteriores, fruto de esa cierta connivencia de la autoridad civil y la fuerza pública con estos sectores ilegales, pero lo importante a destacar aquí es la decisión que tomó, cuando se posesionó como alcalde, de romper toda esa herencia que se traía y que de una u otra manera lo tenía salpicado. Al fin y al cabo no era él quien tenía en sus manos los destinos de la ciudad, no era él quien decidía las políticas públicas que en este campo de la convivencia y la seguridad se adoptaban en Medellín, lo que sí hizo cuando tuvo esa oportunidad.

Periferia: Hay un ambiente muy pesado en Medellín, una sensación de intranquilidad, de inseguridad, de no saber qué va a pasar, esto producto de la confrontación por el poder territorial, del reacomodamiento de diferentes grupos ilegales y del resurgir de lo que en Medellín se ha conocido como los combos. Frente a esta realidad, ¿Cómo podemos mirar a Medellín en el futuro inmediato, en medio de una situación que, aunque la gente no quiera, le está tocando vivir nuevamente?
Jorge Mejía: Otra falencia del proceso de desmovilización, cuyas consecuencias hoy estamos observando, fue la no existencia de un marco jurídico que permitiera atender a los jóvenes que han hecho parte de los combos y las bandas en la ciudad. La ley de justicia y paz y toda la normatividad que hay alrededor de ese proceso básicamente ha estado orientada a atender jurídicamente a los desmovilizados, pero esos otros sectores, esas otras redes que eran reguladas por los paramilitares, no se atendieron, no tuvieron espacio en esa negociación. Por ello, mientras don Berna y compañía tenían las riendas, esas bandas y combos estaban apaciguadas, pero cuando ese control desapareció y se abrió campo para la confrontación y la disputa por el control, se revivió nuevamente la actividad criminal de esas organizaciones. De allí que programas como jóvenes en Alto Riesgo, mientras no exista ese marco jurídico que permita negociar, que permita brindarle alternativas judiciales a los miembros de esas organizaciones, serán programas que no podrán resolver el problema.

El otro asunto es la necesidad de una mayor depuración de la institucionalidad en lo local. Lo ocurrido con la Fiscalía seccional; lo ocurrido con algunos funcionarios de la administración local, desde Mateo el guerrillero de las FARC, que hacía parte de la junta de EPM, hasta Gustavo Villegas y sus vínculos con sectores de la sociedad civil proclives a la delincuencia desde el empresariado y la corrupción que todavía existe en la fuerza pública. Particularmente, en la policía local hay sectores que han sido sumamente complacientes con estos grupos ilegales. Mientras todo ese panorama persista, difícilmente vamos a salir de esta coyuntura.

Tuesday, 10 March 2009 16:50

Cristianismo y revolución

Tuesday, 24 February 2009 16:27

Editorial No. 37 La fiesta del engaño

 
 
Hace aproximadamente un año se empezaron a escuchar las primeras noticias sobre la crisis que estaba afectando la economía norteamericana. Primero se habló de la crisis de las hipotecas, posteriormente se informó sobre la crisis del sistema financiero en su conjunto, y a finales del año anterior se dijo que la crisis era generalizada en el mundo capitalista desarrollado y no solo en Estado Unidos. Uno a uno los países llamados desarrollados han ido reconociendo la crisis y presentando “planes de salvamento” para sacar a las grandes empresas capitalistas de la quiebra en la que están.
Según el columnista y director de Noticias Uno, Daniel Coronel, este año que comienza es el de la consolidación del uribismo. No es el único que tiene un pronóstico oscuro de lo que va a hacer el gobierno este año y en lo que se está convirtiendo el Estado de Derecho en manos del presidente Uribe y sus secuaces. María Ximena Dusán incluso va más allá y habla del amanecer de la dictadura. En realidad no les falta razón y son muchos los elementos y circunstancias que permiten pronosticar esto, sobre todo por la manera descarada como el gobierno ha realizado sus últimas maniobras políticas, ya sin cuidar siquiera la forma ni intentar disfrazar el discurso.
Friday, 06 February 2009 16:10

Medios para el Fascismo

Entre el martes 30 de septiembre y el domingo 5 de octubre, los medios masivos de comunicación, especialmente la televisión, pretendieron paralizar al país por el secuestro y posterior asesinato del niño Luís Santiago a manos de su propio padre. Aunque el hecho es ciertamente atroz, conociendo el carácter manipulador de estos medios y la indiferencia con que habitualmente han tratado los salvajes asesinatos de muchos niños a manos de la propia fuerza pública y los paramilitares es obligada la pregunta: ¿Acaso hubo un despertar súbito y general de la sensibilidad de los medios por la situación de los niños en Colombia? ¿O en su afán manipulador están invocando la sensiblería de la gente con otros propósitos más viles? Todo parece indicar que esta última es la posibilidad más real.

Justo 15 días antes del caso de Luís Santiago, catalogado por los medios masivos como una tragedia nacional, se cumplían 8 años de la vil masacre de Pueblo Rico, en donde el ejército nacional disparó indiscriminadamente durante más de cuarenta minutos contra un grupo de niños de escuela, entre seis y diez años, que realizaban un paseo ecológico. En este hecho fueron asesinados seis infantes (cuatro niños y dos niñas) e hirieron a dos niñas y dos niños más. En su momento, los medios de comunicación no solo no intentaron sensibilizar al país, sino que encubrieron el hecho resaltando solo la versión de los oficiales asesinos, quienes aseguraban haber respondido a un ataque guerrillero.

Tampoco intentaron los medios promover la sensibilidad de los colombianos ante la masacre cometida por los paramilitares y el ejército nacional el 21 de febrero de 2005 en San José de Apartadó, en donde, junto a cinco adultos, fueron asesinados tres niños, uno de ellos de solo 18 meses. Los otros dos, una niña de cinco años y su hermano de seis, fueron picados a machete delante de sus padres, supuestamente para impedir que se volvieran guerrilleros en el futuro. Pero a pesar de la crueldad de los hechos, a juicio de los grandes medios no eran tan importantes como para generar una conmoción nacional. De hecho, más bien se dedicaron a difundir las versiones de los oficiales del ejército, e incluso las temerarias declaraciones del presidente Álvaro Uribe en las que de alguna manera justificaba la masacre señalando a la comunidad de paz como un refugio de guerrilleros.

A estos, que son apenas dos ejemplos entre muchos, tendríamos que agregar lo que sucede hoy en la comuna trece de Medellín, donde los niños son arrancados de las faldas de sus madres por las bandas paramilitares, antes incluso de cumplir los 9 años. Los convierten en asesinos y drogadictos con la complicidad y el apoyo de la fuerza pública, formando así una cadena de descomposición y muerte en los barrios más pobres de la ciudad. Y a pesar de que esta es una práctica ya sistemática, no ha logrado conmover a los dueños de la gran prensa, tan preocupada de golpe por los derechos de los niños.

¿Qué es lo que buscan entonces los medios masivos con este nuevo espectáculo? A nuestro juicio hay dos propósitos fundamentales, ambos encaminados a afianzar un gobierno y una práctica de poder fascista en el país, proyectada en el mediano plazo. Por un lado, quieren los medios acallar, con el ruido espectacular en torno al asesinato de Luís Santiago, una serie de denuncias sobre prácticas que vienen desarrollando el gobierno y la ultraderecha para afianzar un régimen autoritario y fascista.

Entre ellas podemos mencionar el informe que esa misma semana presentaba el Observatorio de la Coordinación Colombia Europa en el que mostraba un incremento alarmante de las Ejecuciones Extrajudiciales en lo que va del gobierno de Álvaro Uribe, 1.112 casos registrados entre el 2002 y el 2007. Y como para corroborar esta realidad, se empezaba a conocer el caso de un grupo de jóvenes desaparecidos en Soacha, Cundinamarca, y luego encontrados en fosas comunes en Ocaña, a muchísimos kilómetros de distancia, donde fueron presentados por las autoridades como muertos en combate al día siguiente de su desaparición. Esto deja ver como el actual gobierno ha asumido definitivamente la práctica de las ejecuciones extra judiciales como una de las estrategias privilegiadas en su lucha por desarticular las organizaciones sociales, disfrazada de lucha contrainsurgente. La situación es tan grave que la misma fiscalía tuvo que reconocer que los casos similares ocurridos este año son más de 100.

A este horror  habría que sumarle la estrategia de “limpieza social” que está desplegando la fuerza pública en las grandes ciudades, al mejor estilo fascista: desapareciendo los indigentes de las calles, que luego aparecen en cualquier fosa común reportados por las autoridades como muertos en combate. Algunas denuncias aseguran que la estrategia contempla compensaciones para los soldados entre las que destacan una licencia por cada cinco asesinatos de este tipo por mes. Sin embargo, estos hechos pasaron casi inadvertidos en los medios precisamente porque todas sus cámaras y pantallas estaban ocupadas con el espectáculo de Luis Santiago.

Pero lo peor no es siquiera lo que pretenden ocultar los medios sino lo que quieren promover: a través de este espectáculo los medios masivos han querido crear la atmósfera de simpatía pública para que se instaure en Colombia la cadena perpetua o pena de muerte, que de hecho ya está establecida por el propio estado en las ejecuciones extrajudiciales. Los periodistas sobre todo se veían muy insistentes preguntándole a la gente del común cuál era la pena que merecía el asesino del niño, como si fuera esta la forma más expedita para reformar el código penal. La respuesta tenía que ser obvia después de toda la campaña mediática que se ha hecho por legitimar la iniciativa promovida por cierta élite capitalina, con la recolección de firmas para promover un referendo a favor de la cadena perpetua, a raíz del incremento de violaciones a menores.

Lo de los niños es en realidad una disculpa que queda ilustrada con el silencio, la indiferencia e incluso la complicidad de los mismos medios masivos frente a los actos de crueldad y barbarie cometidos contra los niños por el propio estado a través de sus fuerzas legales e ilegales. Así que el propósito real es la promoción de la cadena perpetua – y si se puede la pena de muerte- a secas. Y la idea es irla extendiendo hacia  otras prácticas delictivas sobre las que se pueda incentivar igual sensiblería. Ya el mismo Fiscal General ha propuesto que tal castigo se extienda a los secuestradores. Y no es difícil advertir que con los mismos argumentos empezará a legitimarse su aplicación contra todos aquellos actos que el estado considere “terroristas” y poco a poco se convertirá en el arma privilegiada para combatir la oposición política.

El caso no ilustra solo la doble moral de la élite colombiana. Lo más preocupante es la forma de legislar que empieza a ponerse de moda, al servicio de la élite gobernante. Hoy en Colombia, apelando a la fórmula del fascismo desplegada magistralmente por Musolini y Hitler, la legislación desecha el escenario del debate público en el Senado y apela al sentimiento directo del pueblo, manipulado previamente por los medios de comunicación a favor de los intereses particulares de la élite y sus gobernantes. Esta es la columna vertebral de una dictadura populista, que pretende traslapar la voluntad del gobierno bajo el manto de voluntad del pueblo. Precisamente sobre esta columna se acaba de instaurar, de la forma más burda y descarada, un Estado de Conmoción Interior para darle facultades extraordinarias al gobierno en el manejo del orden público. Aunque la medida tiene como única disculpa un paro de la rama judicial, fue con antelación promovida, casi exigida por los medios masivos en el mismo cubrimiento que hicieron del paro.. Y es que con la propaganda de los medios masivos servida, la racionalidad no es necesaria, cualquier cosa es disculpa para acabar de darle forma a este régimen autoritario y fascista.
Friday, 09 January 2009 13:48

Editorial 35 La minga somos todos

En estos últimos meses se ha revitalizado el movimiento popular en Colombia de una manera impresionante: Las movilizaciones de los trabajadores estatales, el paro camionero, la febril actividad estudiantil, etc. Pero son sobre todo la huelga de los corteros de caña en el Valle del Cauca y la Minga indígena los que le han devuelto la beligerancia y ansias de dignidad al movimiento popular. Sobra decir que, además del espíritu combativo de las organizaciones populares, son las mismas condiciones asfixiantes que este régimen perverso nos impone las que han disparado las movilizaciones, y que en ellas mismas se ha hecho todavía más evidente ya no solo el talante represivo de este gobierno sino su proyección decidida hacia una dictadura civil.

En estas movilizaciones varios indígenas han sido asesinados por la fuerza pública y algunos de los corteros de caña han sido judicializados. Como si fuera poco, en los últimos días, el coordinador de la Unidad contra el terrorismo, de la Fiscalía, ordenó investigar las bases de datos de los estudiantes de varias universidades públicas de Bogotá desde 1992, con la absurda pretensión de identificar a 55 miembros de las FARC, vinculados a las universidades, según los hallazgos en un computador de ese grupo guerrillero, en donde supuestamente se mencionan con nombre y foto (y en razón de esta pretensión ya empezaron las capturas masivas: Entre el 13 y el 14 de noviembre, la policía hizo efectiva en Bogotá la captura de 8 personas entre estudiantes y profesores, de 30 órdenes que hay por ejecutar). La estigmatización generalizada de los estudiantes de estas universidades, en vez de la individualización en la investigación, es una clara torcedura de la lógica común. Justo en momentos en que estos centros educativos vienen movilizándose de manera continua por la reivindicación de la educación pública, son centros dinámicos de la oposición al gobierno y de solidaridad con el movimiento popular.

Pero eso no es nuevo. La estigmatización ha sido una estrategia recurrida para deslegitimar a las organizaciones sociales, y la represión de la protesta social ha sido una constante de todos los gobiernos en Colombia, aunque este la haya llevado a niveles definitivamente dramáticos con su política de seguridad democrática. Lo singular de esta coyuntura, sin embargo, es que en ella el gobierno inaugura con sagacidad una manera frontal para neutralizar el ejercicio político de la oposición y cortar sus vínculos con las organizaciones populares que luchan por la transformación social.

Desde estas mismas páginas le hemos criticado al Polo Democrático, como partido de oposición, mantenerse aislado de las luchas populares y no poner su fuerza al servicio de la movilización, sino más bien utilizar al movimiento popular como simple caudal electoral. Pero ahora, cuando Alexander López, miembro de esa colectividad y senador de la república, asesora e impulsa la huelga de los corteros de caña en el Valle del Cauca, el gobierno lo acusa como si el acto fuera delictivo. De hecho, la propia Fiscalía, siguiéndole el juego al presidente, le abrió proceso penal a varios de los asesores del senador e incluso logró privar de la libertad temporalmente a algunos de ellos. En la misma dirección se orientaron las declaraciones públicas del Ministro de Protección Social contra el presidente de la CUT, Tarcisio Mora, acusándolo de querer desestabilizar al gobierno concertando una serie de movilizaciones de los trabajadores oficiales.

Pero ¿Cuál es el delito que comete un dirigente político de oposición impulsando y asesorando la protesta social de los trabajadores contra los empresarios que los denigran o contra el gobierno mismo que hace lo propio? ¿No es acaso una de las funciones estratégicas de un directivo de una central obrera coordinar las acciones y movilizaciones de los trabajadores en la lucha por sus reivindicaciones? ¿Y no es acaso este un ejercicio que no solo debe tolerar sino demandar una democracia, incluso la democracia de papel como es la burguesa? Estas preguntas, desde luego, no fueron formuladas por los periodistas de los medios masivos de comunicación, que se limitaron a hacerle eco a la vocinglería oficial. Si se las hicieran dejarían al descubierto que lo que hacen estos dirigentes populares es ejercitar de verdad la democracia y que de lo que realmente los acusa el gobierno es de ejercer la oposición en el terreno real, en la organización de las luchas populares.

Y como para que no quede duda de que la apuesta del gobierno es por aplastar la oposición política, el senador Gustavo Petro logró develar un plan de seguimiento fraguado desde las altas instancias del DAS, el escenario de la inteligencia estatal: una orden impartida a todas las unidades para vigilar al senador y dar cuenta de todas sus acciones y todas sus relaciones. Y otros dos en los que se ordena un seguimiento a toda la colectividad. Aquí se pedía información acerca de la identificación plena de los delegados al II Congreso nacional y sus posibles vínculos con organizaciones terroristas, las proyecciones estratégicas para desestabilizar al gobierno, alianzas con organizaciones sociales (sindicatos y ONGs), etc. Siempre al acecho de cualquier desliz que le posibilite al gobierno armar el montaje, como es su costumbre, para implicar penalmente a los miembros del Polo y de paso desprestigiar a todo el partido.

Lo que vemos en estas estratagemas es ya una embestida brutal y grosera en donde sin ningún discurso justificatorio se busca penalizar la oposición política por el mero hecho de ser oposición. Así quiere el gobierno cerrar definitivamente el mínimo espacio que hasta ahora se le había concedido a la democracia en este ordenamiento burgués. Ni siquiera esto puede tolerarlo la derecha recalcitrante que hoy gobierna, y eso es precisamente lo que la empuja hacia la dictadura, para garantizar su pervivencia en el poder.

Por fortuna la movilización de los indígenas y de los corteros hoy tiene unos niveles de claridad y decisión que le permiten avanzar incluso por encima de estas barreras y beber de las fuentes de otras inconformidades. El esclavismo latente al que están sometidos los corteros y las vicisitudes de sus familias ha logrado conmover un grueso importante de la población colombiana. Y la férrea decisión de los indígenas, su organización y capacidad de planificación ha logrado despertar simpatía y admiración en las demás organizaciones populares, que parecen dispuestas a acompañarlos en esta lucha, confiados en su fuerza y entusiasmo.

La solidaridad que estas movilizaciones han despertado en el grueso de las organizaciones sociales permite pensar en un proceso amplio, sobre todo ahora que los indígenas nos invitan a una minga popular que una a las demandas de su organización todas aquellas que siguen pendientes en los sectores populares. Nosotros creemos conveniente y pertinente esta minga popular como movimiento que se irradie por todos los territorios del país y presione y busque salidas a la actual crisis humanitaria. Pero además creemos necesario que ponga a la cabeza de sus demandas la renuncia del presidente Álvaro Uribe Vélez. No solo por la crisis humanitaria en que hunde al país cada vez más con total despotismo, sino por la dictadura civil criminal y sangrienta que construye para imponernos la crisis como norma. Además, porque los escándalos recientes por las ejecuciones extrajudiciales dejan ver que esta es una de las estrategias privilegiadas de la política de seguridad democrática para imponer esa dictadura. Un gobierno que se basa sistemáticamente en el asesinato y el terror no puede permanecer incólume, tiene que ser derribado y juzgado por el pueblo.
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