Periferia

Periferia

Wednesday, 12 September 2018 00:00

Resultados de la convocatoria Agenda 2019

Estos son los fotógrafos que hacen parte de la selección “los juegos de la periferia”

Agradecemos a las y los fotógrafos que participaron de la convocatoria de este año. Continuamos reconociendo la labor tan importante que realizan junto a las comunidades y los invitamos a seguir apostándole a retratar la periferia de nuestro país.

La selección final recorre diferentes lugares de la geografía de Colombia, del campo y la ciudad, y muestra la importante relación entre la niñez – principalmente- y el juego.  El resultado de la selección final para la agenda “Los juegos de la periferia” se podrán apreciar en noviembre. A través del correo electrónico estaremos contactando a cada uno de los fotógrafos seleccionados para coordinar la entrega del reconocimiento.

A continuación el nombre de quienes hacen parte de esta selección:

  1. Camilo Ríos
  2. Deivy Leandro Zuluaga
  3. Edison Andrés Cano Ocampo
  4. German Bedoya
  5. José Alejandro Restrepo
  6. Juan José Restrepo
  7. Laura Cardona
  8. Sebas Yarce
  9. Sebastián Arias
  10. Natalia Pineda
Wednesday, 05 September 2018 00:00

Editorial 142: No hay excusa que valga

Ya habíamos pasado una vergüenza mundial cuando en octubre de 2016, casi seis millones y medio de colombianos y colombianas votaron negativamente el plebiscito por la paz, a pesar de los daños irreparables y los sufrimientos que el conflicto armado, social y político les ha provocado a millones de compatriotas humildes. Ese “triunfo”, alcanzado a través de una cifra ridícula de menos del 20% del censo electoral y obtenido mediante engaño, les permitió a las élites económicas y políticas mantener el poder, y catapultarse hacia las elecciones de 2018.

La campaña electoral a la presidencia desarrollada en medio del genocidio de líderes sociales, se encargó de asustar a todo el mundo con el castrochavismo. Prometió luchar contra la corrupción, bajar los impuestos y renovar la política. Se valió de todo para poder ganar, incluso fue preciso juntar a antiguos archienemigos políticos como Uribe, Gaviria y Pastrana, tres expresidentes enmermelados hasta las orejas y desacreditados, que además se habían tratado públicamente entre sí de narcotraficantes, paramilitares y corruptos. Esos fueron los que ganaron el gobierno a nombre de Duque. Esa fue otra vergüenza internacional.

Lo que nadie podría creer era que después de tanto hablar contra la corrupción en la campaña presidencial y señalarla como el peor flagelo de la sociedad, y luego del acuerdo que alcanzaron todos los partidos para aprobar la Consulta Popular Anticorrupción en el Congreso de la República, comprometiéndose a votarla el 26 de agosto, la Consulta se haya perdido. Y se perdió por varias razones: porque los medios se hicieron los locos, y le quitaron el peso real que tenía, porque a los poderosos medios masivos les gusta el show, el amarillismo, el destape de ollas podridas, pero sus dueños les prohíben el compromiso con la sociedad. Tampoco el gobierno del buen joven Duque hizo el más mínimo esfuerzo para impulsarla, y no lo hicieron como era de esperarse los partidos tradicionales quienes se benefician de la corrupción.

Pero hay dos protagonistas a los que se les puede cargar más la mano, tanto por su irresponsabilidad como por su falta de compromiso en esa fundamental tarea de mandatar medidas para atacar la corrupción: al partido de gobierno, el Centro Democrático, y al pueblo colombiano.

El Centro Democrático se ha caracterizado por practicar el cinismo, el doble discurso y la perversidad a la hora de comprometerse con las salidas a las graves problemáticas que afronta el país, como son la violencia estructural, y la morbosa desigualdad social. Y no solamente evade enfrentar estos flagelos, sino que por el contrario es su principal promotor. Centenares de investigaciones judiciales, procesos penales, actos de corrupción y crímenes de lesa humanidad enfrentan sus militantes, y en casi todos los grandes escándalos de corrupción hay como mínimo un uribista. Por eso, aunque no extraña, sí duele y da rabia que hayan aprobado la Consulta Anticorrupción y solicitado su cambio de fecha para que no coincidiera con las elecciones presidenciales, se comprometieran a votarla, y luego, en cabeza de su patrón, la deslegitimaran y desprestigiaran con la misma vehemencia que la habían aprobado. Y es el colmo además que culparan a los promotores de la consulta de despilfarrar más de 300 mil millones de pesos, suma que se conocía desde el mismo día que ellos solicitaron el cambio de fecha.

En cuanto al pueblo colombiano… es muy duro, pero también hay que responsabilizarlo. Las excusas para no salir a votar la consulta sobran: van desde la falta de tiempo, el cuento de que se podían aprobar por vía legislativa, o que eso era para beneficiar a los castrochavistas, hasta la argumentación de que así se ganara el Gobierno no las iba a respetar. Como sea, todos esos argumentos eran pobres frente al principal de todos, y es que aquí se jugaba un nuevo pulso con las élites, los corruptos, y los genocidas que manejan el país.

No hay excusa que valga. El gobierno de Duque no lleva ni un mes en el poder y ya ha engañado una y otra vez a la sociedad toda, y en especial ha castigado a los más pobres con reformas que prometen afectar sus ingresos y sus condiciones de vida. Y en materia de corrupción y renovación de la política es terriblemente cínico; Duque y su bancada le han contado el chiste más flojo de las últimas décadas a los colombianos, nombrando en su gabinete a personajes implicados en actos de corrupción y con antecedentes judiciales como el ministro de Hacienda, la ministra del Interior, o la de Educación. También nos ha hecho pasar otra vergüenza al nombrar al corrupto exprocurador Ordoñez como embajador ante la OEA. Sin contar con el esfuerzo que hicieron sus jefes para nombrar a Lafaurie como Contralor. No hay nada de renovación y mucho menos de ataque a la corrupción, y por eso la gente, el pueblo de a pie, también debe responder y reflexionar ante su falta de compromiso.

Que hay cosas positivas, claro que sí, pero es mejor reconocer que aún nos falta avanzar en la recuperación de cultura política. El futuro no es más que la proyección de lo que hagamos hoy, en el presente. Si seguimos repitiendo que superamos la votación de antier y la de ayer, pero seguimos subordinados, eso de nada nos servirá. Perdimos otra gran oportunidad y será duro reponernos. Con trabajo, dedicación, movilización y confrontación lo haremos, pero hay que remar más fuerte.

Hay algo para destacar: el millón trecientos mil votos de Antioquia, es el doble de los que votaron por Petro en segunda vuelta; y el hecho de que sin lugar a dudas hay una buena cantidad de uribistas en todo el país que por cualquier razón reflexionaron, y le hicieron más caso a su conciencia humana y social que a la voz dañina y engañosa del jefe del Centro Democrático. Eso sí puede ser una buena señal, una cuña clavada en las fisuras del muro que ampara a los que conducen a Colombia por la ruta del odio y la destrucción. Tal vez la creación de un gran frente amplio, social y político sea hoy más que nunca la propuesta que le abra paso a todas esas voluntades políticas que quieren el bien de la Nación.

Wednesday, 05 September 2018 00:00

Editorial 142: No hay excusa que valga

Ya habíamos pasado una vergüenza mundial cuando en octubre de 2016, casi seis millones y medio de colombianos y colombianas votaron negativamente el plebiscito por la paz, a pesar de los daños irreparables y los sufrimientos que el conflicto armado, social y político les ha provocado a millones de compatriotas humildes. Ese “triunfo”, alcanzado a través de una cifra ridícula de menos del 20% del censo electoral y obtenido mediante engaño, les permitió a las élites económicas y políticas mantener el poder, y catapultarse hacia las elecciones de 2018.

La campaña electoral a la presidencia desarrollada en medio del genocidio de líderes sociales, se encargó de asustar a todo el mundo con el castrochavismo. Prometió luchar contra la corrupción, bajar los impuestos y renovar la política. Se valió de todo para poder ganar, incluso fue preciso juntar a antiguos archienemigos políticos como Uribe, Gaviria y Pastrana, tres expresidentes enmermelados hasta las orejas y desacreditados, que además se habían tratado públicamente entre sí de narcotraficantes, paramilitares y corruptos. Esos fueron los que ganaron el gobierno a nombre de Duque. Esa fue otra vergüenza internacional.

Lo que nadie podría creer era que después de tanto hablar contra la corrupción en la campaña presidencial y señalarla como el peor flagelo de la sociedad, y luego del acuerdo que alcanzaron todos los partidos para aprobar la Consulta Popular Anticorrupción en el Congreso de la República, comprometiéndose a votarla el 26 de agosto, la Consulta se haya perdido. Y se perdió por varias razones: porque los medios se hicieron los locos, y le quitaron el peso real que tenía, porque a los poderosos medios masivos les gusta el show, el amarillismo, el destape de ollas podridas, pero sus dueños les prohíben el compromiso con la sociedad. Tampoco el gobierno del buen joven Duque hizo el más mínimo esfuerzo para impulsarla, y no lo hicieron como era de esperarse los partidos tradicionales quienes se benefician de la corrupción.

Pero hay dos protagonistas a los que se les puede cargar más la mano, tanto por su irresponsabilidad como por su falta de compromiso en esa fundamental tarea de mandatar medidas para atacar la corrupción: al partido de gobierno, el Centro Democrático, y al pueblo colombiano.

El Centro Democrático se ha caracterizado por practicar el cinismo, el doble discurso y la perversidad a la hora de comprometerse con las salidas a las graves problemáticas que afronta el país, como son la violencia estructural, y la morbosa desigualdad social. Y no solamente evade enfrentar estos flagelos, sino que por el contrario es su principal promotor. Centenares de investigaciones judiciales, procesos penales, actos de corrupción y crímenes de lesa humanidad enfrentan sus militantes, y en casi todos los grandes escándalos de corrupción hay como mínimo un uribista. Por eso, aunque no extraña, sí duele y da rabia que hayan aprobado la Consulta Anticorrupción y solicitado su cambio de fecha para que no coincidiera con las elecciones presidenciales, se comprometieran a votarla, y luego, en cabeza de su patrón, la deslegitimaran y desprestigiaran con la misma vehemencia que la habían aprobado. Y es el colmo además que culparan a los promotores de la consulta de despilfarrar más de 300 mil millones de pesos, suma que se conocía desde el mismo día que ellos solicitaron el cambio de fecha.

En cuanto al pueblo colombiano… es muy duro, pero también hay que responsabilizarlo. Las excusas para no salir a votar la consulta sobran: van desde la falta de tiempo, el cuento de que se podían aprobar por vía legislativa, o que eso era para beneficiar a los castrochavistas, hasta la argumentación de que así se ganara el Gobierno no las iba a respetar. Como sea, todos esos argumentos eran pobres frente al principal de todos, y es que aquí se jugaba un nuevo pulso con las élites, los corruptos, y los genocidas que manejan el país.

No hay excusa que valga. El gobierno de Duque no lleva ni un mes en el poder y ya ha engañado una y otra vez a la sociedad toda, y en especial ha castigado a los más pobres con reformas que prometen afectar sus ingresos y sus condiciones de vida. Y en materia de corrupción y renovación de la política es terriblemente cínico; Duque y su bancada le han contado el chiste más flojo de las últimas décadas a los colombianos, nombrando en su gabinete a personajes implicados en actos de corrupción y con antecedentes judiciales como el ministro de Hacienda, la ministra del Interior, o la de Educación. También nos ha hecho pasar otra vergüenza al nombrar al corrupto exprocurador Ordoñez como embajador ante la OEA. Sin contar con el esfuerzo que hicieron sus jefes para nombrar a Lafaurie como Contralor. No hay nada de renovación y mucho menos de ataque a la corrupción, y por eso la gente, el pueblo de a pie, también debe responder y reflexionar ante su falta de compromiso.

Que hay cosas positivas, claro que sí, pero es mejor reconocer que aún nos falta avanzar en la recuperación de cultura política. El futuro no es más que la proyección de lo que hagamos hoy, en el presente. Si seguimos repitiendo que superamos la votación de antier y la de ayer, pero seguimos subordinados, eso de nada nos servirá. Perdimos otra gran oportunidad y será duro reponernos. Con trabajo, dedicación, movilización y confrontación lo haremos, pero hay que remar más fuerte.

Hay algo para destacar: el millón trecientos mil votos de Antioquia, es el doble de los que votaron por Petro en segunda vuelta; y el hecho de que sin lugar a dudas hay una buena cantidad de uribistas en todo el país que por cualquier razón reflexionaron, y le hicieron más caso a su conciencia humana y social que a la voz dañina y engañosa del jefe del Centro Democrático. Eso sí puede ser una buena señal, una cuña clavada en las fisuras del muro que ampara a los que conducen a Colombia por la ruta del odio y la destrucción. Tal vez la creación de un gran frente amplio, social y político sea hoy más que nunca la propuesta que le abra paso a todas esas voluntades políticas que quieren el bien de la Nación.

“Eso no es una delimitación, yo a eso lo llamo un robo”, dice doña Tránsito Leal con efervescencia. “Como no pueden sacarnos a garrotazos, se inventan esas leyes. No estamos en contra del turismo. Queremos que se regule el turismo, nos hemos sentado a pactar acuerdos que al otro día incumplen”, afirma luego un cocuyano indignado.

El páramo del El Cocuy es uno de los 37 paramos que el gobierno de Juan Manuel Santos prometió delimitar. En el Norte de Santander, por ejemplo, se determinó que la zona páramo comienza a partir de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. En el municipio El Cocuy de Boyacá, el Instituto Von Humbold definió en 2016 que la cota del páramo ubicado en este territorio comienza a partir de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, y comprende una zona de 300 metros de amortiguación.

Esta delimitación ha despertado el rechazo de los cocuyanos, puesto que aproximadamente el 95% del municipio se encuentra por encima de la cota y la legislación prohíbe cualquier tipo de prácticas agrícolas en el páramo.

Tránsito Leal

Los habitantes, las organizaciones sociales del municipio, representantes de diversos sectores y otras instituciones gubernamentales pudieron manifestarles su malestar y preocupación a los integrantes de la Caravana por el Territorio y la Dignidad de los Pueblos del centro oriente.

En el Teatro Boyacá de El Cocuy, municipio enmarcado por montañas, calles empedradas, ruanas, sombreros de ala redonda, y campesinos de piel café como la madera fina, se realizó un encuentro comunitario al que asistieron más de 100 personas para exponer el sentir de la comunidad sobre la delimitación de páramos y la problemática de parques naturales.

–Los campesinos del páramo ahora somos delincuentes. Nos están diciendo que sembrar papa es ilegal. Nos han comparado con la minería, con el narcotráfico –, manifestó uno de los asistentes.

Participación de campesinos durante el evento

Para la población de El Cocuy la delimitación del páramo representa una amenaza, pues para el Gobierno y las instituciones los campesinos son un agente destructor del ecosistema, aunque son ellos quienes ancestralmente han contribuido a su conservación.

La legislación sobre el tema prohíbe y castiga actividades realizadas por décadas para el sostenimiento de muchas familias, todo con la intención de venderle bonos de carbono a las potencias industriales del mundo. Si bien el Estado propone una sustitución de las prácticas agrícolas por pago de servicios ambientales y otras figuras, en el municipio son conscientes de que ni siquiera el Gobierno sabe de dónde va sacar el dinero para poner en marcha esa reconversión. La propuesta de ecoturismo tampoco es vista con buenos ojos, pues la llegada de visitantes ha traído más contaminación que beneficios económicos.

A raíz de esta problemática, de forma orgánica en el municipio se conformó un comité ambiental de páramo que hace constante veeduría al proceso de delimitación y otras determinaciones que se toman sobre el ecosistema. No solo con el propósito de preservar el páramo y  el nevado, sino de promover el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.

En El Cocuy los campesinos se sientes atropellados. Interpretan la ley ambiental de delimitación como una forma de despojo que utiliza el Estado para aburrirlos y desplazarlos. La medida intenta equiparar el daño ambiental causado por la explotación de hidrocarburos y la producción agrícola. No son los campesinos los culpables del cambio climático, causado por la matriz extractivista impulsada por los últimos cuatro gobiernos, sin embargo son los que deben pagar las consecuencias.

CAÑO LIMÓN, ARAUCA – 99 familias ajustan cinco años desde que retomaron las tierras de las que fueron desplazados con engaños por la OXY - Occidental Petroleum Corporation-, en 1995, cuando llegó el boom petrolero al departamento de Arauca. Hasta allí, en medio de esteros y un extenso bosque húmedo tropical, llegó la Caravana de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher), en su sexto día de recorrido por la región del Centro Oriente.

Luego de cruzar un retén militar, desde el que la OXY controla este extenso territorio, se observan las primeras casas de El Vivero, una de las veredas que hacen parte de este proceso de retoma de tierras. A escasos 100 metros, rodeados de platanales y otros de los cultivos de estos campesinos, se aprecian pozos de petróleo liviano que la empresa transporta por el oleoducto Caño Limón – Coveñas.

En total, son 4000 hectáreas en disputa, que además de El Vivero, comprenden otras veredas como Corralito, Líbano y La Osa. Estas familias, aparte de convivir con la explotación petrolera dentro de su territorio, con la contaminación a las fuentes hídricas y las afectaciones al ecosistema que esta genera, han tenido que soportar lanzamientos (intentos de desalojo) por parte del Ejército nacional al servicio de la empresa, y ataques con armas de fuego. Tampoco tienen luz ni servicios públicos, pese a que allí también está la planta que abastece de energía a todo el departamento.

Algunos de los líderes de este proceso relatan que antes de que las 175 familias que habitaban allí fueran desplazadas, también fueron víctimas de los atropellos de la fuerza pública: “la Policía arrancaba o envenenaba los cultivos. También tumbaba las casas y cambuches, pero los campesinos pasábamos la noche con los hijos en el monte, y al otro día volvíamos a montar el rancho”. Con esto, alistaban el terreno para la multinacional, quien impidió que fueran oficializados los títulos de las tierras para los campesinos. Posteriormente, el Estado los obligó a salir, y el Incora ordenó que fueran reubicados en un plazo no mayor de 30 días, pero esto nunca sucedió.

Dixon interviene durante reunión con la caravana de la Redher

Dixon Torres, actual presidente de la Junta de Retoma de Tierras del complejo Caño Limón, y quien salió del territorio con sus padres cuando apenas tenía cuatro años de edad, explica que “esta es una lucha jurídica y de hecho, porque si nos atacan por todos los medios, no nos queda más que coger nuestras herramientas de trabajo para también defendernos”. Además de intentar frenar próximas explotaciones, su lucha es por recuperar plenamente su tierra y por constituir allí Territorios Campesinos Agroalimentarios, que les garanticen soberanía alimentaria y permanencia en condiciones dignas.

 

 

 

FORTUL, ARAUCA – Cuando el Ejército dispara, mata. El 5 de agosto de 2004, el Ejército disparó y acabó con la vida de Leonel Goyeneche, Héctor Alirio Martínez, y Jorge Eduardo Prieto; también hirió los procesos sociales que lideraban estos hombres, y dejó huérfanos y viudas en sus familias. Casi siempre que el Ejército dispara, tira a matar.

Los que mueren por la defensa de la vida y los derechos humanos –como Leonel, Héctor y Jorge– no pueden llamarse muertos, porque son semilla y  florecen en la memoria. Aunque los asesinos usaron tierra para alterar la escena del crimen, las manchas de sangre todavía podían advertirse al siguiente día del crimen, las heridas también, hasta el día de hoy.

El teatro del horror ahora es un espacio que honra la vida y la memoria. La casa donde los asesinaron, hoy se llama Urim Ubasha: Casa de la sabiduría y memoria histórica de los pueblos. En el zaguán contiguo a la casa hay tres palmas, altas y rebosantes, en las que hay amarrados tres carteles con la cara y el nombre de los tres muertos vivos en la memoria.

Monumento en homenaje a  Alirio Martinez, Leonel  Goyeneche y Jorge Eduardo prieto

A metros del mausoleo, en una de las calles de tierra la vereda Caño Seco de Fortul, las patas de una carpa naranja están apoyadas sobre cajas de cerveza. Debajo de la carpa, una camioneta cuatro por cuatro blanca. Y en el volco de la camioneta, una mesa blanca que hace las veces de atril.

Es una mañana soporífera de domingo. Hoy se conmemoran catorce años del asesinato de Leonel, líder de la Central Unitaria de Trabajadores, Héctor, líder de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos, y Jorge, líder de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores del Sector de la Salud. Frente a la carpa, más de trescientas personas escuchan las palabras de una familiar de Héctor Alirio Martínez:

 –Nos quitaron a tres hombres valientes que dejaban de estar con sus familias por estar luchando con ustedes. Los padres de toda una comunidad.

La Caravana organizada por la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher), que desde hace varios días recorre el Centro Oriente colombiano, llegó hasta este caserío ubicado en el departamento de Arauca, uno de los más militarizados del territorio nacional, para participar del emotivo acto.

No es la primera vez que Redher visita Arauca. Los días posteriores a la dolorosa masacre, representantes de esta organización visitaron el lugar y acompañaron en el duelo a los familiares y a la comunidad. Redher puede dar testimonio de la saña con que el Estado y los grupos al margen de la ley han violentado al departamento.

Asistencia de la comunidad durante el acto de mermoria

Arauca resistió –y sigue resistiendo– a los asesinatos selectivos, los falsos positivos, las masacres, las tomas, la persecución, y la aspersión de glifosato que envenena el cuerpo humano, las fuentes hídricas, la fauna y la flora.

El acto de memoria que año tras año se realiza en el corregimiento Caño Seco ejemplifica la capacidad organizativa y política de las comunidades y los procesos del Centro Oriente colombiano. El mensaje es claro: los familiares de los connotados líderes exigen que el Estado reconozca los hechos y pida perdón en el parque principal de Fortul; la comunidad ratifica que si matan uno matan a todos. Por más que el Ejército tire a matar –por más que quiera matar(los)–, nunca podrá eliminarnos de nuestra memoria.  

 

 

 

YOPAL, CASANARE - En todas las ciudades del país, los barrios de asentamiento ejemplifican la desigualdad y la exclusión social. Con la llegada a Yopal de la Caravana de la Red de hermandad y solidaridad con Colombia – Redher-, se dieron a conocer, entre otros,  los casos de los asentamientos La Libertad, La Victoria, Mi Nueva Esperanza y La Bendición, lugares en donde campesinos y desplazados llegaron en busca de un hogar. Ahora viven bajo la incertidumbre y el miedo constante del desalojo por parte del ESMAD, pero exigen condiciones de vida digna a la administración municipal.

El terreno donde se encuentra Mi Nueva Esperanza fue ocupado en el 2012 y ahora existen 409 casas que no cuentan con servicios públicos, aunque gracias a acciones de tutelas han conseguido recientemente que la administración les suministre agua con un carrotanque.

Alice Miriam Aguilar, hace parte del comité de mujeres Mi Nueva Esperanza de la asociación de Mujeres Unidas por Casanare (ASMUC). Es víctima del conflicto armado y lidera la petición de reubicación con todas las garantías y mejores condiciones por el derechos a una vivienda digna

Mi Nueva Esperanza se encuentra al lado del caño Usibar, el cual está contaminado con desechos orgánicos, pero a pesar de esto, y con carencia de agua, algunas personas hacen uso de sus aguas.

 Esta es la casa de Miriam Hueso, otra de las mujeres que habitan Mi Nueva Esperanza. Tiene tres hijos, uno de ellos en condición de discapacidad, es desplazada de Arauca y ha ido construyendo su casa de a poco.

En el caso del asentamiento La Bendición, este comenzó en el año 2012 con la urbanización ilegal por parte del ex alcalde Jhon Calzones. Posteriormente, personas desplazadas y sin vivienda llegaron a ocupar los predios que faltaban.

En la Bendición, las condiciones de vida para los actuales pobladores son muy difíciles: no tienen servicios públicos; los acuíferos están contaminados con materia fecal, lo cual genera enfermedades en muchos de los niños; muchas de las madres son cabezas de hogar; hay personas en situación de discapacidad sin acceso a salud; y población afro desplazada y discriminada.

Doris Constaza Niño vive junto con su marido. Esta es una de las más de 700 familias que ocuparon este predio. A raíz del cáncer de su esposo y su inmovilidad, Doris llegó del campo a este asentamiento para buscar atender la enfermedad de su esposo. Pero por el estrés de los desalojos y con las difíciles condiciones para desplazarlo, sufrió una parálisis facial.

El papel de las mujeres en estos asentamientos se hace muy relevante. Marly García es una de las lideresas del asentamiento La Bendición. Por su papel en la defensa de los derechos de los pobladores ha recibido constantes amenazas de muerte y tiene ahora un esquema de protección que es insuficiente: “si yo me retiro, quién va a defender a estas familias”, manifestó durante su intervención a la llegada de la caravana.

 

TAURAMENA, CASANARE - A pesar del sol inclemente que desde temprano resplandece en los Llanos orientales, cerca de 50 trabajadores de la estación de bombeo Cusiana, en el municipio de Tauramena, salieron este viernes tres de agosto a un mitin convocado por la Unión Sindical Obrera - USO, con el objetivo de presionar a la empresa para conseguir un acuerdo en la negociación de la tabla salarial, que venció desde el 30 de junio de este año.

Hasta allí llegó la quinta caravana de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia - Redher, en donde los caravanistas nacionales e internacionales, además de sumarse al mitin programado, conocieron de primera mano las problemáticas de este municipio que en los últimos años se ha configurado alrededor de una economía petrolera.

Desde el 2010 la USO se consolidó en este municipio, motivada por las múltiples afectaciones sociales, culturales y ambientales que ha dejado consigo la explotación del petróleo. Con su primer paro en ese año, planeado durante 42 días con comunidades y trabajadores de la industria, lograron concertar con la empresa British Petroleum la creación de cinco mesas de trabajo (ambiental; bienes y servicios; inversión social; derechos humanos; y laboral), en las cuales se trascienden las reivindicaciones salariales, para poner en cuestión el modelo extractivista y sus impactos sobre el territorio, que ya tiene más del 89% en concesión para actividades extractivas.

Llega la explotación de hidrocarburos

“Nosotros sembrábamos el topochito, la yuca, el plátano y el arroz. Nos conocíamos todos porque éramos poquitos”. Así recuerda Serafín Cruz Moreno la vida en Tauramena, al suroccidente de Casanare, antes de la llegada de las empresas petroleras a este municipio.

La realidad cambió de la noche a la mañana, cuando en 1993 llegó la British Petroleum e inició los trabajos de construcción del Centro de Producción del Fluido - CPF, en lo que sería el primer complejo petrolero del municipio. Para entonces, Tauramena apenas podía abastecer en infraestructura a sus cinco mil habitantes, pero con la promesa de empleo llegaron alrededor de tres mil trabajadores de diferentes regiones del país.

“Como se anunciaba que los sueldos petroleros eran superiores a los suelos de nuestros campos, muchas personas, principalmente los más jóvenes, también dejaron las labores del campo”, relata con nostalgia Serafín, casanareño con 75 años de edad y una memoria intacta. De esta manera, Tauramena se expandió exponencialmente y empezó a transformar su economía agrícola y ganadera por una petrolera.

Serafín interviene durante conversatorio con la USO

Pero la bonanza del petróleo y las esperanzas de condiciones de vida digna, luego de algunos años, se transformaron en dolores de cabeza para las comunidades, principalmente las que históricamente habitaban el territorio. La prostitución, la drogadicción, la falta de inversión social, las precarias condiciones laborales, sumado a las afectaciones ambientales, fueron semilla de fuertes movilizaciones sociales que le hicieron frente a estas empresas, a pesar del fuerte conflicto armado que atemorizaba a la región.

Así, no solo nace la USO con sus múltiples paros, sino que también en el 2013, Tauramena se convierte en un referente nacional por la defensa del territorio, con la realización de la consulta popular en la que los taurameneros rechazaron el proyecto Odisea 3D, el cual pretendía realizar exploración y explotación en el piedemonte llanero, zona de recarga hídrica de la región.

***

Durante este segundo día de caravana también se llevó a cabo un conversatorio, en el que además de exponer estas problemáticas, William Eslava, integrante de la subdirectiva Tauramena de la USO, explicó algunas de las apuestas y proyecciones que tienen en este ejercicio de organización social. Además de continuar la defensa de Ecopetrol como una empresa 100% nacional, y de impulsar la creación de un sindicato de rama que agrupe petroleras, hidroeléctricas y carboneras, participan en la construcción de una Ley Orgánica de Hidrocarburos que regule el modelo de explotación petrolero en el país.

 

 

 

FONDO BONITO, PUERTO GAITÁN - Violencia y despojo son denominadores comunes a lo largo y ancho de Colombia; pero en cada región esa violencia y ese despojo se materializan de formas particulares. En el centro oriente colombiano, terratenientes, políticos y empresarios se apropiaron de tierras que ancestralmente le pertenecen a comunidades indígenas y campesinas. El capital privado que se adueña del territorio para explotar los recursos naturales y la fuerza de trabajo, obligaron al Movimiento Político de Masas y Popular del Centro Oriente a conformar una plataforma organizativa que aglutine diversas luchas y procesos de resistencia.

La quinta caravana organizada por la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher) recorrerá entre el 1 y el 11 de agosto los departamentos de Meta, Casanare, Arauca, Boyacá, y Cundinamarca para que los 25 participantes -entre los que se encuentran internacionalistas y colombianos de diferentes partes del país-  documenten las violaciones a los derechos humanos ocasionados por el abandono estatal, la apropiación ilegal de la tierra, el auge de la agroindustria, la explotación petrolera, y la delimitación de los páramos. 

A la caravana que ya rueda le espera una semana de puro llano. Ayer, 1 de enero, los caravanistas llegaron a Puerto Gaitán, en el extremo oriental del Meta, después de atravesar extensas hectáreas de caucho, arboles maderables, maíz que siembra la empresa Fazenda para alimentar sus cerdos, y caña que siembra Bio Energy para producir etanol.

 

Foto 2: Planta de BioEnergy donde se procesa la caña para producir etanol

 

Puerto Gaitán, municipio que da testimonio de la concentración desmesurada de la tierra, cuenta con nueve resguardos indígenas y tres asentamientos, agrupados en la organización Unuma que significa mano sobre mano.

En horas de la noche, cuando la llanura se convierte en un mar verde y estático, la caravana fue recibida por la comunidad Fundobonito del resguardo Wacoyo, donde viven 1.730 personas de 473 familias.

Sebastián Yepes, líder de la comunidad, manifestó su alegría y su agradecimiento a los caravanistas por la visita. “Personas ajenas a nuestro historia nos han puesto el nombre de nómadas, pero anteriormente podíamos ir desde Venezuela hasta Puerto López porque el territorio era libre y amplio, no había cercas, no había haciendas, no había nada. Pero llegó la colonización con la evangelización, luego las guerrillas y la coca, más tarde los paramilitares, y ahora las multinacionales que nos obligan a pedir permiso para movernos fuera del resguardo”, manifestó Sebastián en el saludo de bienvenida.

“Siempre hemos luchado para que las empresas se acerquen a los pueblos indígenas y hagan una consulta previa (...) Hubo un alcalde de turno que autorizó al Esmad para que nos desalojara. Las entidades públicas siempre han estado en contra de nosotros”, aseguró Ignacio Gaitán, gobernador del resguardo Corozal Tapaojo, en la socialización que hicieron los delegados de cada resguardo la mañana de hoy 2 de agosto. 

 

Foto 3: Intervención de Ignacio durante reunión con representantes de los diferentes resguardos y los caravanistas.

 

A la vulneración de la soberanía territorial de multinacionales como Aliar S.A, se suma la exploración y explotación petrolera que seca y contamina las fuentes hídricas, el ruido de las maquinarias que ahuyenta los animales, la proliferación de enfermedades por culpa de los olores que expelen los criaderos de marranos de la empresa Fazenda, los abusos de autoridad, el narcotráfico, la negligencia de las autoridades estatales, y las deficientes condiciones de salud y educación.

Los pueblos indígenas Sikuani, Piapoco, y Saliba de Puerto Gaitán exigen respeto por su soberanía, sus costumbres y creencias. Todos los que participamos en esta caravana estamos convencidos de que estas tierras de atardeceres salvajemente coloridos les pertenecen a nuestros hermanos indígenas.

Hoy la caravana llegará al municipio de Tauramena, en el departamento del Casanare, para comprobar que la lucha por la tierra es la lucha por la dignidad.

(ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA No. 136 MARZO EN EL 2018)

Líderes y lideresas, no simplemente cifras
Prisciliano Manuel Mercado García, de 63 años, era reclamante de tierras en el corregimiento de Guaripa, Sucre; él venía exigiendo trazar los linderos en su finca La Concepción, pero la vigilancia privada del exdirector de la Caja de Compensación Comfasucre, William Martínez, se lo impedía. Yolanda Maturana era lideresa social y ambientalista del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, y venía desarrollando una férrea lucha contra la actividad minera en esta región controlada por las nuevas bandas paramilitares. Luis Díaz López, de 22 años, era secretario del Cabildo indígena de Tame, en Arauca, y su hermano Miller Díaz López era el fiscal de la comunidad indígena del Juliero de Betoyes. Estos hombres y mujeres tenían una cosa en común y era que ejercían la vocación más peligrosa en Colombia: ser líderes y lideresas sociales. Ahora tienen una dolorosa razón más que los identifica: todos ellos fueron asesinados. En el caso de los hermanos Díaz López, fueron asesinados por el Ejército nacional y presentados como guerrilleros del ELN, según denunció la ONIC.

Estos nombres, con sus luchas y sus vidas, según la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (CACEP), hacen parte de los más de 220 líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y ambientalistas, asesinados desde el momento en que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y la ya extinta guerrilla de las FARC, el 26 de septiembre de 2016. Estas muertes causadas por el Estado (Ejército y Policía) y por el neoparamilitarismo, se suman a los 48 excombatientes, luego integrantes del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y los 13 familiares suyos también asesinados.

¿Por qué nos están matando?
Cínicamente el ministro de defensa Luis Carlos Villegas señaló un par de meses atrás que estas muertes obedecían a “un tema de linderos, un tema de faldas, de peleas por rentas ilícitas”. Lo que no explica este funcionario encargado de la defensa de las élites económicas del país, es que dichos linderos son los que reclaman los campesinos a grandes hacendados y a multinacionales que se han valido del paramilitarismo y el terrorismo de estado para quitarle la tierra a quien la trabaja; que las faldas envueltas en líos son las de muchas tierras productivas que son arrebatadas mediante la violencia a la gente del campo, para entregarla a compañías mineras; que las rentas ilícitas son las que financian a esas nuevas bandas paramilitares que ejecutan el asesinato de todo líder social. En síntesis, el mismo ministro explica en un lenguaje cifrado y cínico, algunas de las razones por las que se asesina a muchas personas que tienen por vocación liderar causas justas en favor de sus comunidades.

También nos están matando por protestar contra las injustas condiciones laborales que impone el empresariado poderoso del país, por movilizarse por una mejor salud, educación, vivienda digna, por denunciar y evidenciar la criminalidad estatal y exigir garantías de protección de los derechos humanos.

No es algo nuevo
Pero lo más grave es que las razones de fondo se siguen ocultando. Estas tienen que ver con la profunda desigualdad social y económica que impera en Colombia, y que ha sido la causa principal del conflicto armado interno. Aunque el Gobierno dice que estos asesinatos no son sistemáticos, la realidad misma de nuestro país demuestra que estas muertes sí corresponden a un patrón de sistematicidad impuesto por décadas.

Son una práctica histórica de las clases dominantes encabezadas por las viejas castas políticas y económicas (Santos, Vargas Lleras, Pastrana, Ardila Lülle, Santo Domingo, Sarmiento Angulo) y por las emergentes provenientes del narco paramilitarismo (Álvaro Uribe, Cabal, Lafaurie) que se resisten no solo a brindar posibilidades de participación real a los sectores sociales empobrecidos, para que con dicha participación se puedan superar sus problemáticas, sino que también se niegan a reconocer el pensamiento diferente y las formas distintas de construir sociedad. Lo hacen eliminando al otro porque ese pensar y actuar diferente de las comunidades, de sus lideresas y líderes sociales, toca los intereses económicos de esas mismas élites que han gobernado los últimos 200 años.

Tal práctica histórica se recrudece hoy como lo señala recientemente la CACEP en un comunicado: “Hoy nuevamente recordamos que existe un fortalecimiento del paramilitarismo en las regiones, la militarización de los territorios, una guerra contra el movimiento social y popular y falta de diligencia en los deberes de respeto, prevención y protección efectiva y garantía a los Derechos Humanos por parte del Estado Colombiano”.

En un momento en que se habla de paz por el logro de un acuerdo entre FARC y Gobierno, acuerdo por demás hasta hoy incumplido por este último, pero también en un momento de profunda tensión en los diálogos entre Gobierno y ELN en Quito, resulta sumamente preocupante la manifiesta falta de voluntad política de las élites, que se expresa en los incumplimientos mencionados, y también a los acuerdos con el movimiento social y popular, pero sobre todo por el tratamiento de guerra que sigue dando a las luchas populares del campo y la ciudad.

Tal situación se hace evidente en un momento de escalamiento del conflicto armado interno luego de terminado el cese bilateral entre la guerrilla elena y el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando ante las acciones de la insurgencia contra la infraestructura petrolera, con la Fuerza Pública y las fuerzas militares al servicio de esas élites, la respuesta del Estado con sus aparatos legales e ilegales se enfila contra el movimiento social, contra los líderes y lideresas en los territorios, para encubrir su incapacidad tanto de contener a la insurgencia, como de cumplirle a las comunidades y a la misma FARC, y se excusa diciendo que las víctimas eran guerrilleros de civil, auxiliadores o en el mejor de los casos cómplices.

La paz es de los pueblos
Tenemos la fuerza, el coraje y la razón desde las clases populares para hacer emerger la posibilidad de vivir en paz, solo si creemos en nosotros mismos, nos juntamos, defendemos y protegemos a nuestros líderes y lideresas, en el día a día de batallar contra las penurias personales y las amenazas permanentes que el terrorismo de Estado impone. Tenemos que cuidarnos mutuamente, no solo porque hacer un líder es un esfuerzo individual y colectivo, sino ante todo porque es una vida al servicio de la gente, y toda vida vale, más cuando está en función del otro.

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