Gustavo Mafla Rengifo y Valeria Urán Sierra

Gustavo Mafla Rengifo y Valeria Urán Sierra

Durante el año 2017 y finalizando el 2018, se revelaron los fuertes casos de corrupción que existen en este sector del país. Entre estos, el de Sandra Paola Hurtado, investigada por irregularidades en la contratación de acueductos, vías terciarias y jardines infantiles. También resultaron implicados varios alcaldes de Armenia, su capital, como Luz Piedad Valencia y Carlos Mario Álvarez, por la contratación irregular de las obras de valorización en la ciudad. Y el pasado 6 de enero se conoció, a través  de la Misión de Observación Electoral (MOE), que cuatro municipios –Filandia, Pijao, Armenia, Montenegro-, y la Gobernación, entregaron contratos a personas naturales y jurídicas que habían apoyado candidatos en época electoral. Según la MOE, “el valor de los contratos adjudicados equivale a 91,66 veces más del dinero donado en campaña”. En últimas, este organismo, ante las graves situaciones de corrupción, hizo un llamado a las veedurías ciudadanas, y a la sociedad del Quindío, para que ejerzan control social en aras a hacer más trasparente la función pública.  

 

Hay que usar las herramientas

Seguramente usted como ciudadano y parte de una comunidad ha sentido molestia e indignación ante ciertas acciones y medidas emprendidas por el gobierno nacional y local, y se ha preguntado si es posible tomar acciones que permitan evitar la corrupción. Teniendo en cuenta que las entidades encargadas no muestran resultados, y que la clase política cada vez se acostumbra más a las malas mañas.

Pues bien. Sepa usted que a través de la  Ley 850 de 1992, podrá juntarse con otros ciudadanos y legitimar esa necesidad a través de la “Veeduría Ciudadana”. Podrá exigir abiertamente y vigilar las acciones administrativas y el desarrollo de políticas públicas. Adicionalmente, sepa que la Ley 1712 del año 2014, lo respaldará siempre en el libre acceso a la información.

No solo se necesita conformar una veeduría con otros ciudadanos, igual de preocupados y críticos como usted, para ejercer control social. De manera individual también se puede, con el objetivo de visibilizar las necesidades reales de la comunidad e identificar así prioridades en la inversión de los recursos.

 

Las iniciativas han funcionado

En el Departamento del Quindío existen varias experiencias. Cada una pone el dedo sobre la llaga en sectores distintos: ambiental, administración local y departamental, políticas públicas, planes de desarrollo, y  Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT). Todas ellas han tenido hallazgos importantes que han sido denunciados públicamente y por los cuales han recibido amenazas.

La Veeduría Conciencia Ciudadana en La Tebaida, descubrió y socializó con la comunidad la ejecución de un endeudamiento para realizar una inequitativa reestratificación socioeconómica que aumentaría el costo de los servicios públicos domiciliarios. Recordando la fuerte crisis económica en la que se encuentra sumida la comunidad luego del terremoto de 1999, debido a los malos manejos administrativos, el desempleo, el aumento de la delincuencia común y el narcomenudeo como una de las principales fuentes de ingreso de cientos de familias, en los barrios más alejados del casco urbano central, los que fueron construidos luego del desastre natural, no cuentan con los recursos suficientes para realizar su pago.

En el año 2011 ocurrió el primer intento de aumento, lo que desató la furia de la ciudadanía tebaidense, que salió a las calles, protestó frente a la Alcaldía y establecimientos comerciales, para finalmente saquear y destruir la casa del alcalde.

Otra iniciativa de veeduría es la “Mesa Ciudadana” del municipio de Salento. Está conformada por miembros de las organizaciones sociales y entidades como la Fundación Bareque, la Personería Ciudadana, la Unidad de Victimas, y la Red de Acueductos Veredales de Salento. Su misión es proteger el patrimonio cultural y ambiental ante la amenaza de la Megamineria. En Salento hacen presencia multinacionales como Smurfit Kappa, una empresa presente hace más de cinco años en este municipio y a quien se le culpa la sequía de algunos afluentes hídricos por la su siembra de eucalipto y pino.

También se lucha contra el turismo desmedido, a través de la puesta en marcha de la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), para evitar la venta de bienes públicos y consolidar  medidas ante el turismo depredador.

Sus denuncias públicas han permitido la visibilización de las afectaciones ambientales propias del turismo, como la disminución de bosque de palma de cera, o la disminución de la población del loro Oregiamarillo, hoy en vía de extinción. Además, el mal manejo de basuras, los problemas de movilidad, y la disminución del recurso hídrico en el municipio. Así como la socialización de títulos y concesiones para explotación de minería a gran escala, como parte de un megaproyecto compartido con el municipio del Tolima: La Colosa.

Córdoba por su parte, ejerce la veeduría al interior de su gremio e impulsa reformas importantes en la Federación Nacional de Cafeteros, buscando disminuir el salario a los altos funcionarios, por su desproporción frente a los problemas en la calidad de vida de los caficultores colombianos, que son quienes garantizan la producción.

Otro gran ejemplo se encuentra en la ciudad de Armenia. Allá está la Fundación Contacto Social, que ha permitido, entre otras cosas, el reconocimiento de la población LGBTI durante los últimos seis años, luchando por garantizar sus derechos y prevenir el VIH. Además de su trabajo en instituciones educativas, uno de sus mayores avances, y su participación en el ciclo de cine municipal, “Cine bajo las estrellas”, permitiendo visibilizar, a través de este arte, la lucha contra la discriminación y el maltrato.

De la misma manera ACJ-YMCA Quindío, del municipio de Circasia, vela por la correcta implementación de la política pública juvenil, por medio de la presentación de un plan de acción y presupuesto. Pero sobre todo, su objetivo es motivar a otros jóvenes a realizar control social.  

Lo que demuestran estas organizaciones es el posible empoderamiento ciudadano, y la importancia del sentido de pertenencia y de la lucha por salvaguardar los intereses colectivos de sus territorios, ante las actuaciones desmedidas del Estado y de ciertas organizaciones con fines públicos, que en el desarrollo de sus funciones no miden las consecuencias de sus decisiones y desconocen los diversos sectores de la población.

En Colombia existe una Red Nacional de Veedurías, como muestra de la necesidad de la ciudadanía de ejercer control político sobre la clase dirigente, que ha demostrado que está carcomida por la corrupción.

Lo primero es organizarse con otros ciudadanos, trazar unos objetivos comunes y unas líneas de trabajo. No le niego que los dolores de cabeza serán muchos, y que deberá aprender y emprender acciones contundentes. Pero le aseguro que con un trabajo juicio creará un camino que lleve a la efectiva lucha por la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Ejercerá un control efectivo y riguroso sobre la administración del Estado, y sobre el sector privado. Cuiadará los recursos económicos que tanto peligran en las manos de los corruptos. Y podrá proponer maneras de ejecutar y gobernar que sean alternativas y eficaces; maneras que aquellos que gobiernan, cegados por el dinero, no ven; pero que usted podrá construir y proponer.

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Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

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