Claudia Carrión

Claudia Carrión

Sunday, 24 March 2019 00:00

Aguja e hilo para tejer la memoria

En Colombia, los procesos de construcción de memoria sobre la violencia han estado marcados por el silencio, el miedo y la represión. Por esta razón, el arte y las expresiones culturales se han convertido en espacios de visibilidad que resisten a las estructuras de poder que tradicionalmente han llamado al olvido y al silencio.

El costurero de la memoria: kilómetros de vida y memoria, es muestra de ello. Desde el 2007, este espacio acoge a mujeres y hombres víctimas de diversos actores armados de diferentes regiones del país. Entre hilos y agujas, cada semana se reúnen para reflexionar sobre la realidad del país, su cotidianidad, los retos a los que se enfrentan y a reconstruir puntada a puntada memoria, paz, reconciliación y país.

Jacqueline Castillo, integrante del costurero y representante de la organización MAFAPO (Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá), cuenta que el espacio fue pensado “como una manera para nosotras poder empezar a hacer memoria. Al comienzo fue bastante difícil, fue bastante duro porque el primer trabajo que hicimos era plasmar nuestras historias sobre las telas. El tejido, cada puntada, cada paso que dábamos era un dolor para nosotras porque era revivir todo lo que tuvimos que vivir desde que desaparecieron nuestros familiares”.

En el costurero el arte cumple una función de reparación simbólica y se presenta como uno de los principales medios de las víctimas para ejercer prácticas de resistencia y lucha, al tiempo que actúa como mecanismo de sensibilización para quienes han sufrido la violación de sus derechos. Además, es un espacio donde se resignifica esta labor mayoritariamente femenina, y donde las mujeres, empoderadas de sí, van construyendo liderazgo.

“Después de muchos años de proceso podemos decir que ha sido un espacio que nos ha dado mucha fortaleza, donde hemos aprendido a expresar ya más tranquilamente nuestra situación, y que a donde quiera que vayamos, que han sido universidades, colegios, espacios abiertos, podamos seguir clamando justicia, seguir reclamando que algún día sepamos la verdad, seguir luchando para que esto no quede en el olvido; hacer memoria sobre todo esto para que no haya repetición es la tarea, la gran tarea que finalmente consideramos que tenemos nosotras en este momento”, dice Jacqueline.

Las prácticas artísticas llevadas a cabo en el costurero posibilitan la construcción de testimonio y archivo de memorias sobre la violencia, que se convierten en dispositivos de visibilidad con un significado y un sentido inscrito en el cuerpo individual y social, a través de unas manifestaciones que van más allá del discurso, porque las palabras no pueden decirlo todo.
Para Lilia Yaya, fundadora e integrante del costurero, el espacio es desarrollado “a través de nuevas formas de narrativas como es el arte y el arte plasmado en la costura. Utilizamos la metáfora de la costura de unir, zurcir pedacitos de tela, de remendar, de esta forma estamos remendando, zurciendo, uniendo proyectos de vida que han sido fragmentados, proyectos de vida individuales, pero también colectivos, sociales, políticos. Entonces en la metáfora decimos que unimos todos estos fragmentos de vida, proyectos de vida rotos con hilos de sueños, de esperanzas, con hilos de diversos colores, de sonrisas, también de lágrimas, pero de mucha esperanza”.

En la lucha de estas víctimas el arte se ha convertido en uno de los principales medios de resistencia y denuncia, además ha tenido un efecto transformador que contribuye a una causa emocional y también política. De acuerdo con Lilia Yaya, este espacio “ha sido una forma terapéutica de transformar el dolor. También es una forma de reconciliarnos con la vida, con el país y con el Estado, que ha sido uno de los que más ha victimizado por acción o por omisión”.

La experiencia del costurero muestra que la cultura y el arte son una forma de reivindicación de las víctimas y les ayuda a reconocerse como sujetos de derecho. En el marco del posconflicto se habla de reparación integral que comprende una rehabilitación física y psicológica por los daños causados, así como por garantías de satisfacción que siguen la verdad, la memoria y la conmemoración. En este sentido, el arte aporta por su carácter terapéutico, denunciante, pero sobre todo sensibilizador.


Han pasado ya más de dos años desde la puesta en marcha del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC. Si bien es cierto que se evidencian algunos avances y que la construcción de la paz es un reto proyectado a 15 años, el cumplimiento de los aspectos más importantes contenidos en dicho acuerdo ha sido lento y genera muchas dudas frente a la necesidad de concretar el ideal de paz estable y duradera.

Por eso, es necesario que el Gobierno fortalezca sus acciones para avanzar en la efectiva aplicación de los acuerdos en el territorio. Esta es la conclusión a la que llegan diferentes organizaciones, universidades y entes garantes en sus informes de seguimiento de la implementación, entre estos, el más reciente entregado para la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final por el Centro de Investigación y Educación Popular –CINEP– y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos –CERAC–, en el que se llama la atención sobre los retrasos que tiene su cumplimiento, particularmente, en el desarrollo territorial y tierras, proyectos colectivos y protección a líderes sociales.

Así va la implementación
Punto 1. Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral (RRI)
Para garantizar la implementación de la reforma, se proyectó un conjunto de medidas que reflejen las apuestas de transformación del campo y permitan mejorar el acceso y el uso de la tierra. Sin embargo, el período legislativo anterior concluyó sin que se aprobaran leyes importantes para la creación del Sistema de Catastro Multipropósito, de Adecuación de Tierras, de reforma a la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo y de creación de la Jurisdicción Agraria. De acuerdo con el informe “La falta de aprobación de estas leyes ha retrasado el avance de la Reforma Rural Integral, comprometiendo su integralidad y generando incertidumbre sobre su desarrollo”.


En cuanto a la implementación de las políticas, se logró la conformación del Fondo de Tierras, pero no se reportan acciones específicas de asignación de predios, ni de formalización. Al respecto, la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional hizo un llamado al nuevo gobierno “para que aborden sin dilación los aspectos normativos faltantes de la RRI, en especial en lo relacionado con la creación del Sistema de Catastro Multipropósito y la Jurisdicción Agraria, como mecanismos de protección de los derechos de propiedad, de planificación del territorio y de resolución de conflictos en las zonas rurales del país”.

Finalmente, el informe señala que el tema más atrasado en este punto es el diseño e implementación de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, que son la apuesta por el cierre de brechas entre territorios rurales y urbanos y por el desarrollo de infraestructura económica y social de los territorios. Esta lentitud implica un retraso en la implementación de la reforma del campo, ya que al no iniciar la planeación de la forma en que se hará la dotación de bienes públicos y el acceso a los derechos sociales, se corre el riesgo de continuar ahondando la desigualdad, la vulnerabilidad y la brecha social existente.

Punto 2. Participación política: apertura democrática para construir la paz
A pesar del desarrollo de algunas acciones orientadas hacia la activación del Estatuto de la Oposición, programas encaminados a brindar mayores garantías de seguridad y la expedición de un protocolo para la atención de la protesta pacífica, persiste la problemática de la violencia en contra de líderes sociales y excombatientes, lo cual muestra que los avances en esta materia son insuficientes y siguen pendientes de cumplimiento. En este sentido, se le pide al Gobierno fortalecer las capacidades institucionales de las entidades territoriales para que puedan responder a las exigencias de seguridad y protección que se les demanda.   

En temas de participación, es destacado el rol desempeñado por las organizaciones de mujeres y de los pueblos étnicos en el desarrollo de los Consejos Territoriales de Paz y en las jornadas de construcción de los primeros lineamientos de política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización. Pero la escasa implementación de estos enfoques en la participación e inclusión de estos actores en la política electoral, hace que los anteriores esfuerzos continúen siendo insuficientes.

Punto 3. Fin del conflicto
Para este punto se tienen en cuenta un conjunto de medidas adoptadas por las partes negociadoras, para el cese al fuego definitivo y bilateral, la dejación de armas, la reincorporación socioeconómica y política de los exintegrantes de las FARC y las medidas necesarias para crear las garantías de seguridad que se requieren para la construcción de una paz estable y duradera. Al respecto, el informe muestra que, si bien se ha cumplido en aspectos como dejación de armas y protocolos para la reinserción, las acciones puntuales para la reincorporación se han quedado cortas en garantizar la seguridad y los programas de desarrollo económico.

Ante esto, el partido Farc ha denunciado fallas en esquemas de seguridad, desatención estatal a la situación del asesinato de desmovilizados y una desconfianza que ha causado disidencias al proceso. Por lo tanto, el informe pide definir procedimientos operativos de la ruta de reincorporación y mecanismos jurídicos que garanticen los derechos de las víctimas y los derechos a los excombatientes asociados a la reincorporación.

Punto 4. Solución al problema de las drogas ilícitas
Los principales avances se dan en relación con los programas de sustitución y erradicación de cultivos de uso ilícito, mientras que la gran mayoría de compromisos en materia de consumo y lucha contra el narcotráfico aún no presentan avances. Además, la reactivación de la fumigación con glifosato para la erradicación es una grave afrenta a lo acordado y afecta la confianza y credibilidad de las partes.

Punto 5 - Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición
Aún persisten grandes dificultades para su pleno desarrollo, no solo políticas sino institucionales y presupuestales influenciadas por un contexto de cambio de gobierno y alta polarización política, que aumentan la incertidumbre en algunos temas. Las constantes trabas puestas a la JEP y las disputas con la Fiscalía han generado retrasos en el cumplimiento de lo acordado para este punto y desencadenado serias dudas frente al proceso tanto de los actores, como de la opinión pública.

Según el informe, no se ha hecho realidad el compromiso de adecuación y modificación de la política de asistencia y reparación integral a víctimas. Ya que es un tema de gran importancia para las víctimas, la misión internacional pide al Gobierno avanzar en el fortalecimiento de esta Política Pública, haciendo los ajustes requeridos para ampliar su impacto reparador.

Punto 6. Implementación, verificación y refrendación
El informe muestra una desaceleración e incluso etapas frenadas en la implementación, lo que impacta negativamente la calidad del proceso. Por ejemplo, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación atraviesa un momento de incertidumbre en relación a su continuidad, pues el Gobierno del presidente Iván Duque no se ha pronunciado al respecto ni ha establecido públicamente un canal de comunicación con representantes del partido Farc. También se han registrado dificultades en la coordinación y debilidad institucional en el proceso de implementación debido a la inexistencia de una entidad de Gobierno responsable y que considere estrategias pedagógicas y comunicativas para los acuerdos.

Los acuerdos en peligro
En términos generales, las controversias de opinión generadas por la transición de gobierno, las promesas de campaña enfocadas en la modificación del acuerdo (desconociendo lo acordado), las trabas en el Senado para la JEP, las disputas de poder con la Fiscalía, la polarización alrededor de los beneficios políticos para el partido Farc, las denuncias de malversación de los recursos destinados para el posconflicto, el asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos, la inseguridad jurídica, así como la incapacidad del Estado para llevar la institucionalidad a las zonas más afectadas por el conflicto de forma real y honesta, con programas que tengan en cuenta las necesidades y propuestas de las comunidades, entre otros factores, ponen en riesgo la implementación y el desarrollo adecuado de los acuerdos.

Siendo este el panorama, es indiscutible el peligro en el que se encuentra el acuerdo y la fragilidad que puede hacer que se vaya agrietando hasta que logre romperse. Por lo tanto, es importante rodear el acuerdo y exigir de las partes la voluntad política necesaria para sacar adelante el trabajo realizado por tanto tiempo para la consecución de la paz.

El pasado 26 de agosto se llevó a cabo la consulta popular anticorrupción, una jornada electoral sin precedentes que dejó en claro la exigencia de los colombianos de un cambio real en la política y el Gobierno. Pese a no pasar (por muy poco) el umbral establecido para ser aprobada por el Congreso y convertirse en ley, lo propuesto en la iniciativa ha generado un gran impacto en distintas esferas de la sociedad y los diversos aspectos su alrededor invitan al análisis y a la reflexión.

En este sentido, es importante hacer un balance entre lo que se ganó y lo que se perdió en la consulta, qué nos dice como sociedad la participación y el abstencionismo ciudadano, revisar la agenda y las acciones del Gobierno frente al flagelo de la corrupción; y finalmente, rescatar las enseñanzas y las posibilidades de la lucha anticorrupción.

¿Realmente perder es ganar un poco?
De acuerdo con la Ley 134 de 1994, que establece los requisitos para la aprobación de este tipo de consultas populares, es necesario que participe “no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral”. Es decir, más de 12 millones de colombianos de los 36 millones que componen el censo electoral. De alcanzarse esto, en un plazo de tres meses la instancia respectiva adoptaría lo votado mediante decreto con fuerza de ley, ordenanza, acuerdo o resolución local.

A estas condiciones se acogieron las proponentes de la consulta Claudia López y Angélica Lozano, quienes señalaron que en diferentes oportunidades se habían propuesto en el Congreso proyectos para la reducción del salario de altos funcionarios, límites de periodos para ser elegidos, obligatoriedad de rendición de cuentas, imposibilidad para contratar con el Estado si se es condenado por delitos de corrupción, entre otros puntos; pero siempre eran hundidos en las diferentes instancias. Por esta razón, se tomó como camino la consulta popular, con la confianza en que la voz del pueblo fuera el mandato obligatorio para tomar medidas reales.

Con el apoyo de todas las bancadas del Senado, la consulta se hizo realidad y se decidió ponerla en marcha luego de las elecciones presidenciales para que no se volviera un asunto de campaña. No obstante, pasadas las elecciones, el partido de gobierno, Centro Democrático, le dio la espalda argumentando que era una consulta viciada y que mejor apoyarían los proyectos anticorrupción formulados por el presidente Duque. Mientras tanto Duque hacía algunas declaraciones apoyando la consulta, que se quedaban en simples afirmaciones ya que no hubo un esfuerzo real por parte del Gobierno en las acciones pedagógicas necesarias a las que se había comprometido (tanto en campaña como en posesión del poder). Finalmente, la consulta logró más de 11 millones de votos, solo faltaron cerca de 480 mil para alcanzar el umbral aprobatorio.

Con la derrota de la consulta quedaron en evidencia las enfermedades de la democracia que afectan a nuestra sociedad: las costumbres clientelistas que persisten en el sistema electoral, la desinformación de la que muchos se aprovechan para sembrar miedo y caos, la cultura abstencionista, la politización, entre otras. Pese a esto, la consulta anticorrupción es un hecho político de gran importancia y se puede considerar como un triunfo, en tanto se envió un mensaje claro y contundente a la clase política tradicional: o se da un cambio real y honesto en la política o se irá desmontando su poder. Así mismo, se evidenció el nacimiento de una generación de votantes independientes que toman decisiones informadas, son conscientes de su voz, de sus derechos y están dispuestos a preguntarse:

¿Qué dice y qué hace el gobierno?
El apoyo de labios para afuera del Gobierno a la consulta contrasta con las medidas tomadas por el mismo en dos líneas: la declaración de guerra frontal a la corrupción con elementos discursivos como “El que la hace la paga”, pero que se quedan cortos en acciones estructurales; y la excesiva burocratización del Estado con la creación de nuevas carteras ministeriales, nuevos cargos, apoyo político a funcionarios cuestionados y reducción de presupuesto para materias como educación y cultura, que impactan directamente en la lucha anticorrupción.

Después de la consulta, Duque se reunió con sus proponentes para establecer unos puntos de acuerdo y pasar las propuestas de la consulta como proyectos de ley. Con esta acción el Gobierno cumple, inicialmente, su promesa en la lucha anticorrupción, pero genera dudas con otras actuaciones.

Por ejemplo, el apoyo que le ha dado al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, negando sus actuaciones indebidas con los bonos de agua, que han desangrado la economía de diferentes municipios, bajo el argumento de no ver ninguna falla ética; así mismo, la permanencia de la figura de consejerías, que casi igualan en número a los ministerios, y que en lugar de apoyar lo que hacen es generar burocracia, y contradicción entre palacio y las distintas carteras (poderes paralelos); además del excesivo gasto público. No hay que olvidar que se avecina una fuerte disminución de recursos para carteras como Educación, Cultura, Ambiente, Deporte, Vivienda y Agricultura.
Así mismo, la creación de ministerios como el de Ciencia y Tecnología o el de la Familia, la vinculación de instituciones independientes como el Centro de Memoria Histórica con el Ministerio de Cultura, y la Unidad de Atención a Víctimas con el Ministerio de Justicia, generan preocupación por su carácter dogmático, el gasto presupuestal y la sensación de una salida fácil para la no reestructuración y revisión de entidades, algo así como borrón y cuenta nueva.

Todo lo anterior muestra a un Gobierno que arranca con muchos cuestionamientos frente a la corrupción. Si bien por un lado su posición es la de atacar y erradicar cualquier forma de corrupción, la agenda no da buenas señales al respecto.

Entonces ¿qué nos queda?
La corrupción es una enfermedad arraigada en la sociedad colombiana desde su conformación. Esta se presenta de diferentes formas, en diferentes espacios y escala a medida que hace presencia el poder, ya sea económico o político. Cada día son más evidentes sus consecuencias y las víctimas somos todos. Por esta razón, es importante actuar, opinar, moverse; y eso quedó demostrado con la participación en la consulta. Aún falta mucho y son muchas las preguntas y los retos. No es suficiente hablar de corrupción y montar sobre ese discurso campañas y movimientos, es necesario sentar posiciones críticas, velar para que el gobierno destine los recursos y las herramientas efectivas para la lucha anticorrupción; y no permitir que esta se vuelva un espacio para la consecución de capital político, porque esta lucha es de todos.

Wednesday, 05 September 2018 00:00

Una cosa es en campaña y otra de presidente

A un mes de la llegada de Iván Duque al poder, son diversas las inquietudes que ha sembrado el nuevo gobierno. Aunque es muy pronto para realizar un balance general de la gestión, algunas situaciones puntuales han llamado la atención de la opinión pública. Entre las más importantes se encuentran: los discursos contradictorios en la posesión presidencial, pues mientras Iván Duque llamaba a la unidad, el presidente del Senado, Ernesto Macías, criticaba fuertemente la pluralidad democrática. También el nombramiento de ministros luego de que prometió un equipo joven y preparado, dado que muchos de ellos o son viejos dinosaurios del poder, tienen poca experticia en el tema de su cartera o han sido requeridos por la justicia.

Además, hay polémicas como el aumento de los impuestos y reducción de subsidios, cuando una de sus promesas de campaña era no subir los impuestos al bolsillo de los colombianos; y los visibles desacuerdos entre el mandatario y el Centro Democrático, porque mientras la bancada está en contra y pone trabas a temas como la JEP y la Consulta Anticorrupción, la voz solitaria del presidente sale a mediar o en apoyo de las iniciativas.

Con este panorama, es importante revisar cada uno de estos aspectos para proyectar lo que se podría esperar del gobierno Duque.

Discursos contradictorios
Con la posesión presidencial el pasado siete de agosto, arrancó el gobierno de Iván Duque. Lo que se consideraba un acto protocolario normal, pasó a ser un momento polémico cuando el presidente del Senado, Ernesto Macías, realizó su discurso. Macías, inició rindiendo un homenaje al senador y expresidente líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe; enseguida, con una retórica revanchista atacó la gestión del gobierno saliente y exaltó las diferencias políticas que tuvieron dividido al país en la campaña. Hacia el final de su discurso nombró al presidente Duque y las expectativas hacia su mandato. Cuando fue el turno de Duque, este en cambio realizó una intervención sobria y con tono conciliador, en la que invitaba a ir más allá de las diferencias políticas para establecer acuerdos en torno a lo fundamental, a no gobernar con espejo retrovisor y trabajar en unidad para alcanzar el lema de su campaña “construir un país en el que quepamos todos”.

Las marcadas diferencias entre un discurso y otro enviaron mensajes contradictorios al país, que se queda sin saber qué posición es la que realmente tiene la oficialidad y sobre la cual va a actuar. Así mismo, genera aún más dudas de las que ya habían en la campaña sobre quién realmente tiene el poder y va a gobernar, si es el presidente electo o personajes poderosos detrás de él.

¿Renovación y gobierno joven?
Una de las propuestas más atractivas que ofreció la campaña Duque era la de renovar la política con la conformación de un equipo de trabajo joven, que dinamizara su ejercicio, se alejara de las viejas prácticas y representara la diversidad del territorio nacional. Una vez electo, el presidente Duque generó muchas críticas al dar a conocer su gabinete ministerial, ya que muchos provienen de gremios financieros y económicos, otros son veteranos políticos, en su mayoría son de la región central y hay poca representatividad de las demás regiones.

Entre los nombramientos más polémicos están: el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, señalado de la creación de zonas francas especiales en beneficio de empresas privadas, y quien apareció en la investigación de Panamá Papers sobre ocultamiento de propiedades, ganancias, activos y evasión tributaria. El ministro de Defensa Guillermo Botero, con ninguna experiencia en el tema de su cartera, cercano a Álvaro Uribe y polémico por sus recientes declaraciones sobre la regulación de la protesta social. El canciller Carlos Holmes Trujillo, político de vieja guardia de la cúpula del Centro Democrático, junto con la ministra de Trabajo Alicia Arango, quien fuera la secretaria privada de Uribe Vélez en su gobierno. La ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez investigada por parapolítica. La ministra de Educación María Victoria Angulo, criticada por sobrecostos en el Programa de Alimentación Escolar, y la ministra de Cultura Carmen Vásquez, duramente criticada por el trato que les dio a 80 mujeres afro provenientes del Cauca, quienes protestaban en el Ministerio del Interior contra la minería ilegal y a las cuales les negó cobijo.

Así, en el tema de nombramiento de ministros, una de las figuras más importantes de gobierno ya que son quienes presentan y lideran proyectos, manejan temas políticos en áreas específicas y son enlace entre el Congreso y el ejecutivo, queda el sabor de la promesa incumplida.

Más impuestos y menos subsidios
Otra de las promesas estrellas del presidente Duque se dio alrededor del tema de los impuestos. En diferentes ocasiones declaró a los medios de comunicación, publicó en sus redes sociales y hasta mencionó en debates presidenciales que no subiría los impuestos, porque no era justo para el pueblo y que estaba en desacuerdo con el cobro del IVA; incluso, criticó con firmeza al gobierno Santos por aumentar este impuesto.

Sin embargo, su ministro de Hacienda anunció gravamen del IVA a todos los productos de la canasta familiar, y la planeación de una reforma tributaria en la que se bajarán los impuestos a las empresas y se les subirán a las personas naturales, se revisará el tema de subsidios y la ampliación a la base de renta personal.

En lo que se califica como un comentario desafortunado, el Ministro dijo, ante la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), que “Así como existe un Sisbén para los pobres, tendría que haber un Sisbén para los ricos”. Dicha expresión prendió las alarmas en diferentes sectores y causó un descontento generalizado en las personas que recuerdan la promesa de campaña y exigen respuesta ante el evidente incumplimiento.

Bancada: ¿En oposición o una simple cortina de humo?
Dos han sido los momentos en los cuales, durante este corto tiempo de mandato, se ha visto una posición contraria entre los intereses del partido de gobierno y el Presidente. Uno de ellos fue en la discusión de las normas de procedimiento de la JEP, en la cual el Centro Democrático obstaculizó criticándolas y queriendo modificarlas. Al respecto, el Presidente mantuvo un tono suave y pidió buscar consenso entre los partidos sin mayor determinación. El segundo evento se dio con la Consulta Anticorrupción, inicialmente apoyada por el partido, el cual solicitó se realizara después de las elecciones para no llegar a favorecer a algún candidato. Una vez elegido Duque, Álvaro Uribe, líder de esta colectividad se manifestó en contra de la consulta, descalificándola y señalando que su costo era un detrimento contra el patrimonio. Mientras tanto, el presidente Duque apoyaba la iniciativa públicamente, e invitaba a la gente a participar.

Una vez más, los mensajes contradictorios de las partes despliegan un manto de duda sobre qué es lo que realmente está pasando, si hay un distanciamiento o es una estrategia para generar sensación de independencia entre el partido de gobierno y el gobierno mismo.

Así las cosas, de este mes de gobierno quedan muchos interrogantes, promesas vacías y la clara necesidad de ejercer como sociedad el derecho al control político y veeduría del gobierno.

Monday, 03 September 2018 00:00

El cine nos une

Pocas formas artísticas logran combinar la literatura, la música y la fotografía en un solo lenguaje tan potente y poderoso, que es capaz de romper barreras y congregar a diferentes sectores sociales a su alrededor. Este es el caso del cine, el cual, a través de sus posibilidades estéticas, proporciona un espacio para la visibilización de diferentes historias: algunas felices, otras tristes y muchas otras esperanzadoras y con algo humor; pero sobre todo historias desde y hacia la sensibilidad humana. Esta sensibilidad se relaciona con la necesidad del hombre por contar sus vivencias, dar sus testimonios de vida y contribuir con estos a la reflexión y la construcción de una mejor sociedad. A esto, precisamente, le apunta el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos, que en agosto de este año cumplió con su quinta versión.

Cine y derechos humanos

Desde el 2013 el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos es una iniciativa apoyada por diferentes organizaciones culturales nacionales e internacionales, universidades y compañías dedicadas a la industria cinematográfica. Esta propuesta de cine, enfocado en la promoción y defensa de los derechos humanos, tiene como objetivo formar audiencias en torno al arte audiovisual, la generación de cultura y trabajar por la construcción de la paz y la reconciliación. Así mismo, busca ser una plataforma para la producción, distribución y exhibición de trabajos audiovisuales, tanto de Colombia como de diversas partes del mundo, con enfoque particular en derechos humanos y que por esta temática no sean comercializados masivamente.

Cada año, el festival ofrece una amplia muestra audiovisual que se complementa con una agenda cultural y académica de libre acceso en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Pereira y en poblaciones aledañas, de acuerdo con las gestiones realizadas por las corporaciones culturales aliadas con el festival.

La muestra audiovisual comprende una clasificación de diversos productos audiovisuales en las categorías de Largometraje, Documental nacional, Documental internacional, Cortometraje nacional, Cortometraje internacional y Animación. La condición fundamental de las obras es su narrativa puesta al servicio de las historias con sentido social, en las que sus enfoques y personajes muestran a partir de su experiencia la importancia de la promoción y defensa de los derechos humanos. En cuanto a la agenda cultural y académica que acompaña el festival, su objetivo es la creación de espacios de diálogo sobre la paz, la reivindicación de derechos, la reconciliación, coyunturas sociales vigentes, arte y cine como instrumentos políticos, entre otros temas. En el aspecto académico, se trabaja en la formación de diversas comunidades en temas como teatro, actuación, guion, fotografía, producción cinematográfica entre otros aspectos técnicos que ayudan al fortalecimiento de las industrias cinematográficas independientes o con enfoque social.

Por otro lado, el festival abre sus puertas a nuevos realizadores que tengan historias para contar. Esta convocatoria invita a productores, directores y activistas que trabajan temas sociales con enfoque en derechos humanos y les interese mostrarlo en productos audiovisuales, a presentar una producción original bajo el concepto propuesto por el festival. Cada año la convocatoria tiene un enfoque especial y premia al realizador con la financiación de la producción documental de su iniciativa, además de la valoración del alcance del proyecto, para apoyarlo en otros escenarios.

Arte en defensa de los Derechos Humanos

Para nadie es un secreto que la situación mundial de los Derechos Humanos está muy lejos de alcanzar los ideales propuestos, y que día a día se enfrentan grandes retos en la reivindicación de estos. De acuerdo con la organización internacional Unidos por los Derechos Humanos (UHR), los tratados internacionales no son suficientes para proporcionar una protección adecuada a estos derechos, y realizar una queja puede llevar años y gran cantidad de esfuerzo y dinero. También señala que persiste la discriminación, la tortura, el encarcelamiento por libre expresión y motivos políticos, la esclavitud, el analfabetismo y la desigualdad, entre otras problemáticas.

Además, existe un desconocimiento generalizado sobre cuáles son derechos inherentes a la condición humana y el deber de las instituciones de garantizarlos, razón por la cual, las personas no los exigen ni buscan su reivindicación. Es por esto que el arte, específicamente el cine, se ha convertido en un medio de difusión eficaz y democrático. Por medio de espacios como este festival se pone el cine al alcance de todos, no solo para apreciarlo como espectadores, sino para construirlo desde lo colectivo a partir del nacimiento mismo de las historias y convirtiendo a todos sus participantes en precursores de los derechos humanos.

De esta manera, queda demostrado que el cine, desde los diferentes universos de expresión que posibilita, nos une, nos empodera y nos motiva a participar activamente en la sociedad luchando a través del arte. La invitación a contar historias, a compartir experiencias, a mostrar lo maravilloso de la cotidianidad, la construcción de sociedad a partir del campo, del pueblo, del barrio, de la calle, así como de los saberes ancestrales y culturales de la diversidad colombiana está abierta para todos. Desde el arte también podemos ser líderes y defensores de los derechos humanos.

 

Mucho se ha hablado últimamente sobre la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, específicamente por la gran cantidad de asesinatos, amenazas y procesos judiciales en su contra. Aunque esto no es algo nuevo, el alarmante crecimiento de estos casos está en el foco de la opinión pública. Esta visibilización es importante y necesaria para movilizar al Estado, la sociedad civil e incluso a la comunidad internacional en torno a la protección de estas personas y el apoyo a los procesos que desarrollan, pero también trae especulaciones e información contradictoria. Por esta razón, es importante establecer qué es verdad en esta situación, cuáles son los mitos a su alrededor y qué preguntas hacerse como sociedad frente a este fenómeno.

VERDADES

Entre los grupos de personas olvidados por el Estado colombiano e invisibilizados en el conflicto armado están los líderes sociales y defensores de derechos humanos. A lo largo del tiempo los gobiernos de turno han hecho poco o nada por apoyar el liderazgo social y desconocen la violencia sistemática que la afecta. De acuerdo con Carlos Guevara, coordinador del programa Somos Defensores, la tasa de homicidios focalizada en estos activistas se disparó y viene en aumento sostenido desde el inicio y la implementación del proceso de paz con las FARC.

Guevara señala que los activistas que reportan mayor número de afectados son líderes campesinos, comunitarios, de juntas de acción comunal, indígenas y afro de diferentes zonas de los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Córdoba y Chocó. En este sentido, se evidencia una violencia concentrada en representantes de minorías con pocas oportunidades de acceso a la ayuda estatal y en lugares donde la guerra ha sido una constante, hay algún tipo de interés económico y político o se llevan a cabo luchas de reivindicación social.

Denuncias
Organizaciones como la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y popular, la Marcha Patriótica e Indepaz, en alianza con el instituto Heinrich Böll Stiftung Colombia, presentaron en mayo de 2018 un Informe Conjunto Especial de Derechos Humanos-Situación de lideresas y líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos y de excombatientes de las FARC y sus familias, ampliado y actualizado en julio del mismo año por Marcha Patriótica en su rueda de prensa sobre el tema.

En este informe se habla, hasta el cinco de julio de 2018, de 123 líderes y/o defensores de DDHH asesinados en lo que va transcurrido del año. Dicha cifra fue ampliada en el comunicado oficial de Marcha Patriótica del 17 de julio, al considerar datos desde enero de 2016 hasta julio 2018, para una cifra final de 445 líderes asesinados, de los cuales 169 pertenecían a Marcha Patriótica y 22 de estos eran mujeres.

Entre los datos relevantes presentados por el informe están: en el 2018 las organizaciones que reconocen como suyos a los asesinados son en su mayoría la Cumbre Agraria (ONIC, Marcha Patriótica, PCN, Congreso de los Pueblos y Ríos Vivos) y la Confederación Comunal de Colombia; el 81,5% de las personas afectadas pertenecen a organizaciones campesinas, étnicas o a JAC; los relacionados con cultivos de coca (pactos de sustitución o erradicación forzada) son el 12,6%; los conflictos por tierra, territorio y recursos naturales representan el 83,19% de los asesinatos en 2018; el 15,12% de los homicidios fueron mujeres y desde la elección presidencial el 17 de junio del presente año, hasta el cinco de julio, se han asesinado a 22 líderes y/o defensores de DDHH, y la cifra aumenta día a día.

Así mismo, el informe señala que “La presencia de grupos paramilitares, del ELN y disidencias se ha incrementado, en especial en las zonas donde hacía presencia las Farc-Ep y actualmente las amenazas contra miembros de organizaciones sociales es permanente”. Con lo anterior, se pone de manifiesto el peligro en el que están los territorios prioritarios para la implementación de los acuerdos de paz. Además, concluye que se observa un número significativo de asesinatos de personas pertenecientes a los mismos grupos sociales o políticos ocurridos en un mismo periodo de tiempo y en los mismos espacios geográficos, evidenciando una sistematicidad en la que se destacan los actores que las ejecutan y los modos de ejecución de acuerdo con el territorio y los fines que persiguen.

Frente a esto, las organizaciones sociales piden al Estado, entre otras cosas, investigar el origen de las amenazas y los asesinatos para evitar más casos, y esclarecer los ya existentes; una ruta de concertación para garantizar la vida e integridad; medidas de prevención y de protección territorial y colectiva, como fortalecimiento de los mecanismos de autoprotección, entre los que están las guardias indígenas, cimarronas y campesinas; pactos regionales de no violencia; cumplimiento de los acuerdos de paz, e implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial y los pactos de sustitución.

Otras organizaciones se han visto afectadas en lo que podría considerarse una ampliación de esta violencia hacia sectores sociales. Es el caso de los integrantes del movimiento político Colombia Humana asesinados y amenazados. Al respecto, Jorge Rojas, gerente de la campaña política de este movimiento señaló en varios medios de comunicación que se han recibido amenazas, en su mayoría, en zonas de interés político, y que se trata de un “plan de exterminio” aprovechando el momento de empalme entre el gobierno saliente y el entrante, espacio en el que ninguno se responsabiliza sobre la problemática.

Amenazas, judicialización y otras formas de violencia
No solo se trata de asesinatos. Existen otras formas de violencia recurrentes y caracterizadas en contra de los activistas sociales que dan cuenta de una sistematicidad en las acciones. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo están las amenazas, que se presentan de manera individual y colectiva mediante panfletos, llamadas, mensajes o redes sociales y buscan intimidar y servir de advertencia. Las violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad con toma de fotografías no autorizadas y robo de información, la violencia sexual, las detenciones arbitrarias, el desprestigio, las desapariciones y el desplazamiento forzado son las maneras recurrentes en las que se ataca a los líderes sociales y deben ser consideradas como parte de la problemática.

Por su parte, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales, la Corporación Jurídica Yira Castro, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos –GIDH y el Programa Somos Defensores, realizaron un informe para la Comisión de la Verdad, titulado Defender la Vida. En este muestran cinco patrones claros de agresión: la represión por entidades de inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos; la criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal; las ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado; las ejecuciones por grupos paramilitares o grupos pos-desmovilización que actuaron con la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas de seguridad del Estado; y el uso excesivo de la fuerza contra defensores de derechos humanos en protestas sociales, especialmente por el ESMAD de la Policía Nacional.

¿Qué dicen el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional?
Frente a la problemática, el Estado ha manifestado su posición de diferentes formas. A finales de 2017 el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó que no había una organización asesinando líderes sociales y que la “inmensa mayoría” de estos asesinatos eran producto de problemas de linderos, rentas ilícitas y líos de faldas. A esta declaración se suma la del presidente Juan Manuel Santos en octubre de ese mismo año, en la que afirma que no hay un patrón sistemático y que se trata de hechos aislados.

A julio de 2018, con el obvio incremento de las muertes, el ministro Villegas señaló que “le preocupa enormemente el asesinato de líderes” y que se están tomando las medidas necesarias. La Fiscalía General indicó que las investigaciones están en curso y el ministro del Interior informó que se empezó a implementar un modelo de “protección colectiva”. Por otro lado el presidente electo Iván Duque prometió “cero tolerancia” frente a la violencia que sufren los líderes sociales, y el presidente Santos condenó enfáticamente los hechos de violencia y pidió a la fuerza pública actuar con contundencia.

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, reconoció la sistematicidad en el caso de los asesinatos de líderes de tierras, afirmó que la defensa debe hacerse desde los territorios, con esquemas de protección rural, colectiva y con enfoque diferencial. En cuanto al defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, este afirma que: “No puede haber ni un líder social o defensor de derechos humanos más asesinado en Colombia y por eso reiteramos la obligación que tiene el gobierno de reforzar su seguridad y de garantizar la labor social que ellos realizan en todo el país”.

La sociedad civil se ha mostrado inquieta y solidaria con la situación de los líderes sociales y se ha manifestado de diferentes formas, por medio de performances artísticos en diferentes partes del país y movilizaciones en las calles y redes sociales. Entre las diferentes manifestaciones se destaca la Velatón del pasado seis de julio, en la que miles de colombianos salieron a las plazas principales de diferentes pueblos y ciudades, tanto en Colombia como en el extranjero, para sentar su voz de protesta en contra de la violencia y por el derecho a la vida.

En cuanto a organismos internacionales, Amnistía Internacional, le ha llamado la atención al gobierno de Santos por la situación de seguridad que hay en algunos territorios y que representa un riesgo para la vida de los líderes. 38 Diputados del Parlamento Europeo dirigieron una carta a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de seguridad, Federica Mogherini, en la que manifiestan su profunda preocupación por la situación de los líderes sociales en el país y hacen un llamado urgente y de carácter humanitario para la inmediata intervención, con el fin de salvar la vida de los líderes. Por parte de la ONU, Alberto Brunori, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en entrevista a medios de comunicación expresó que: "la defensa de los derechos humanos en Colombia se ejerce bajo asedio" y que la situación es tan grave que se ha normalizado el riesgo y el miedo en la defensa de los derechos humanos.

MITOS

¿Por qué hay diferentes cifras de asesinatos?
Para muchos, la discrepancia en las cifras sobre asesinatos a líderes sociales genera dudas respecto a la credibilidad del problema, y para otros representa intereses específicos de las entidades que las presentan. Lo cierto es que la diferencia en cifras se debe a dos factores: las metodologías para verificar los casos y los periodos analizados.

Algunas organizaciones reportan solo los casos que tienen que ver con sus miembros y las diferentes denuncias que se realizan, otras tipifican la función del líder social para determinar si realmente lo era o no, y de qué forma se presentó su fallecimiento (si tuvo o no relación con su labor social), y otras tienen en cuenta de qué forma ejercía su liderazgo y qué cargo tenía.

Así mismo, en cuanto a los periodos de tiempo reportados, algunas organizaciones establecen como fecha de inicio enero de 2016, otras el día D de los acuerdos de paz, algunas reportan año a año y no un total, y otras amplían su espectro de análisis hacia el 2015 o años anteriores. La frecuencia de reporte de víctimas también es un factor, ya que organizaciones como la ONU o la Defensoría del Pueblo presentan informes oficiales cada trimestre, mientras que otras organizaciones van actualizando las cifras día a día.

Por esta razón se encuentran cifras que van desde los 200 hasta los más de 400 líderes asesinados. Lo que no se puede perder de vista es que más allá de los diferentes reportes, se trata de vidas humanas valiosas e importantes, que debieron ser respetadas y a las que se les debió dar garantías para el trabajo social que desempeñaban.

PREGUNTAS

Las dimensiones de una problemática que pudo haberse atendido con celeridad y contundencia han alcanzado los niveles de crisis humanitaria. La situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos es insostenible, y en este punto coyuntural en el que es tan evidente que existe un problema, vale la pena preguntarse: ¿Por qué se llegó tan lejos? ¿Qué hay detrás de las muertes sistemáticas de los líderes y defensores humanos? ¿Acaso no todos los ciudadanos son potenciales líderes sociales? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué exigirle al gobierno y cómo? ¿Qué nos dice como sociedad los alcances de esta problemática? Ahora es momento de reflexionar y de reconocer que la sociedad en su conjunto debe actuar con responsabilidad y sin indiferencia ante algo que está pasando y que afecta a todos.

Una de las regiones más afectadas por los crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos es el Pacífico colombiano. En esta región, el contraste entre la abundancia de bienes naturales y económicos de los puertos y la extrema pobreza de sus habitantes, es un paisaje habitual. Esta desigualdad que afecta a la población, la moviliza y la pone en pie de lucha por sus derechos.

Como ejemplo de la lucha de los pueblos del Pacífico está Buenaventura, una tierra que, según Arturo Grueso, docente experto en educación popular y coordinador del Nodo de Pensamientos Ancestrales de la Corporación de Educación e Investigación Intercultural para los Pueblos (CEIP), contiene una gran cantidad de imaginarios culturales que configuran a su población, en su mayoría afro, alrededor de sus raíces y de la tierra, a pesar de las difíciles situaciones que enfrentan.

Las problemáticas que afectan a esta población y por las cuales se han generado protestas y levantamientos de líderes sociales son la falta de infraestructura, la precaria atención en salud, el escaso acceso a la educación y la mala prestación de servicios públicos. Al respecto, Grueso señala que existe un abandono total del Estado y que cuando hace presencia afecta mucho más a la población. La población los reclama, pero a la vez desconfía absolutamente de sus intenciones y de su accionar.

En mayo de 2017 la comunidad, a través de diferentes organizaciones sociales, convocó a un paro cívico que mantuvo 22 días en parálisis al puerto. Con la organización de un Comité ejecutivo del Paro Cívico, que agrupaba las demandas de las organizaciones, se generó un pliego de peticiones. Después de días difíciles de negociación, problemas de orden público y desacuerdo entre las partes, se logró la sanción de la ley de diciembre de 2017, que garantiza recursos para cumplir las obras prioritarias de la ciudad: se aprobaron recursos para el desarrollo de una ciudadela hospitalaria y una Unidad de Cuidados Intensivos, inversión en acueducto, agua, saneamiento y educación. En la actualidad se mantienen los acuerdos y el Comité ejecutivo verifica su implementación.

El profesor Arturo señala que aparte del hambre y la pobreza que sufren los bonaverenses, la población se ve afectada por diferentes máquinas de guerra que quieren el control territorial. En este sentido, además de estas condiciones sociales vinculadas con el abandono estatal, Buenaventura sufre por el narcotráfico, el paramilitarismo, la corrupción, la privatización del puerto, la segregación racial y el desplazamiento forzado. “En el puerto la violencia se da por oleadas. Hay momentos de letargo, de calma, en la que los actores de alguna manera están calmados o han hecho acuerdos para realizar sus acciones y de repente vuelve la violencia”, afirma Grueso.

Todas la anteriores problemáticas sociales traen violencia a la población y entran en conflicto con el trabajo social desempeñado por líderes. Entre los casos más notorios de líderes sociales afectados está el de Temístocles Machado, del Proceso de Comunidades Negras e integrante de la mesa que promovió el paro cívico, quien fue asesinado el 27 de enero de 2018 por hechos relacionados con su liderazgo, que aún se encuentran en investigación. Otro caso es el de Orlando Castillo, quien ha recibido cerca de 37 amenazas por parte de grupos armados, y desde hace cuatro años está con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Aunque este panorama social no difiere del que se presenta en diferentes partes del país, Buenaventura es un lugar especial en el que el territorio es la vida misma, porque genera una identidad cultural a partir del imaginario de lo afro. Por esta razón, explica Grueso, hay una rebeldía en la comunidad y, aunque soporta condiciones difíciles, en su ADN está la protesta social que los impulsa a luchar por su territorio y por su identidad afro.

Por lo mismo, la ancestralidad es algo que ha sido atacado por parte de diferentes actores armados en busca de la ruptura del sistema de creencias de la población. Ejemplos documentados de este tipo de violencia son las casas de pique, en las que por medio de la desaparición de los cuerpos de los muertos se impedía a la comunidad sus ritos y así se destruía la ancestralidad. También es el caso de las “sabedoras”, mujeres con saber ritual propio de la cultura afro que, según el profesor Arturo, han sido atacadas y estigmatizadas por su saber y su papel dentro de los imaginarios que fortalecen la cultura de la población.

De esta forma, en una radiografía general de Buenaventura, es posible identificar problemáticas sociales generales que aquejan a sectores rurales y regiones apartadas de los centros de poder; pero también problemáticas específicas que pertenecen a esta comunidad en particular y que deben ser comprendidas y atendidas en su particularidad. Por esta razón, son tan importantes los enfoques diferenciales en los territorios para la implementación de los acuerdos de paz y la construcción de un país en el que todos puedan vivir.

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