Rachel Dickson

Rachel Dickson

Mientras las organizaciones sociales del Cataumbo como el CISCA (Comité de Integración Social de Catatumbo) intentan reconstruir el tejido social, que ha sido patrimonio de la región, el Gobierno nacional militariza, privatiza y despoja bajo el escudo de combatir el narcotráfico y el terrorismo.

 

El Movimiento Social en Defensa del Sogamoso denunció el pasado 16 de marzo un año de incumplimientos por parte de Isagen S.A., empresa mixta que genera y comercializa energía en Colombia, que ya ha avanzado en 50% de las obras de construcción de la central hidroeléctrica Hidrosogamoso en el Departamento de Santander. El proyecto se desarrolla en el Cañón donde el río Sogamoso cruza la Serranía de la Paz, 75 km aguas arriba de su desembocadura en el río Magdalena, y 62 km aguas abajo de la confluencia de los ríos Suárez y Chicamocha.

 

Campesinos y pescadores en el Huila tomaron las máquinas de la empresa multinacional Emgesa el 3 de marzo, en un acto de desobediencia civil contra la represa Quimbo y lograron parar las obras de desviación del río Magdalena unas dos horas, antes de ser expulsados violentamente del sitio de desviación por el ESMAD. La comunidad llevaba más de dos meses de paro y resistencia en la zona, acampada en la playa del río Magdalena. Aunque fue violentamente desalojada el 14 y 15 de febrero, aún se mantiene en resistencia contra la construcción de la hidroeléctrica.

 

 

Las zonas de mayor riqueza hídrica y minera sufren la condena de ser las más afectadas por la violencia y el despojo en Colombia. Esta problemática será discutida en el “Foro: Política Minero-Energética, Despojo y Resistencias” el 17 de febrero en Medellín.  En este espacio organizaciones y comunidades de siete sub-regiones de Antioquia, nueve regiones nacionales y un participante de Panamá compartirán sus experiencias organizativas de resistencia y movilización contra la minería a gran escala y las hidroeléctricas.

Wednesday, 18 January 2012 15:39

Antioquia: la esquina explotada de América

 

Sobran los argumentos que demuestran que la explotación minero - energética  es letal para el medio ambiente y profundiza la pobreza. Sin embargo, no hay quien haga entender al gobierno y a los empresarios colombianos que la preservación de la vida está por encima de su ambición de riquezas. Por eso, las organizaciones sociales de Antioquia se preparan este año para hacerle frente a este reto.

El tema de tierra es una prioridad para la gente de Nariño, y por eso fue masiva su participación en el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías en la Universidad del Valle, Cali, Colombia, del 30 de septiembre al  4 de octubre, donde se decidió que la madre tierra es de quien la cuida, los territorios son de los pueblos y la soberanía es popular. Más de seiscientas personas de organizaciones sociales campesinas, estudiantiles, afro-descendientes, de mujeres e indígenas del departamento de Nariño, situado en el suroccidente de Colombia, participaron en el Congreso.

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