Juan David Guerra

Juan David Guerra

Desde que empezó su campaña presidencial, Iván Duque anunció la que sería la gran apuesta económica de su gobierno: disminuir los impuestos a las empresas para que estas generen crecimiento económico y empleen más personas. Antes de cumplir seis meses en el mandato, Duque presentó ante el Congreso la Ley de Financiamiento que tumbó la Corte Constitucional y que el Gobierno quiere revivir antes de que acabe 2019. Esta norma le ha permitido a las empresas bajar sus impuestos en lo referente al IVA, el impuesto de renta, y en sus inversiones en bienes de capital, así mismo, la economía naranja, es decir, las llamadas industrias creativas, tienen una exención de impuestos por siete años.

En total, la Ley de Financiamiento otorga beneficios por más de 20 billones a las empresas. Aquí empieza el primer problema. Colombia necesitaba tapar un hueco de 15 billones en el presupuesto pero entregó beneficios por más de 20. El principal problema es que con la generosa lista de beneficios que el Gobierno le regaló a las empresas, no están produciendo más empleo ni oportunidades. Y como si fuera poco, la economía del país se enreda por cuenta de un dólar caro, un complicado entorno económico global y una reducción en las exportaciones del país. El panorama es oscuro.

Desempleo
El principal problema que tiene el país en materia de crecimiento económico es el desempleo. Según el informe del Departamento Nacional de Estadística (DANE), en agosto se registraron 562.000 empleos menos que en el mismo período de 2018. La cifra de personas ocupadas es de 22,1 millones. La tasa de desempleo que registra el país en este momento es del 10,8%.

Lo anterior constituye un preocupante panorama, teniendo en cuenta que entre 2012 y 2018, el desempleo no registró más del 10%, lo que era motivo de orgullo para el anterior gobierno. Bajo este mandato, en cambio, la tasa de desempleo lleva siete meses con más de dos dígitos.

Según las cifras oficiales, distintos sectores económicos presentaron reducciones. “La disminución de la población ocupada está asociada principalmente al comportamiento del sector de Industria manufacturera al presentar una reducción de la población ocupada de 288 mil personas y contribuir con -1,3 puntos porcentuales a la variación total; seguido de agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura (-281 mil personas)”, afirmó el DANE.

Petróleo y extractivismo
El aumento del desempleo tiene raíz en algo mucho más estructural que la Ley de Financiamiento. Colombia cayó desde los años 90 en una moda adictiva y destructiva: la exportación de carbón y petróleo. Estos dos bienes encabezan el listado de productos comerciales de Colombia, seguidos del café, el banano, el oro y las flores. La producción de oro, carbón y sobre todo petróleo, destruyen el aparato productivo del país, es decir, el sector industrial, manufacturero, y hasta la agricultura, que son los que más empleo generan. Las cifras del DANE confirman esta idea.

Además, el modelo de dependencia a la renta petrolera y al extractivismo no es sostenible: los precios pueden bajar estruendosamente de un momento para otro, son tarifas reguladas por el mercado internacional y por las grandes potencias (Estados Unidos, China, la OPEP). Aunque pocos lo crean, el país le apostó al mismo modelo económico que causó un descalabro en el continente por cuenta de la violenta caída del precio del barril de petróleo hace pocos años. Los gobiernos de Colombia, que han sido históricamente de derecha, se han vuelto adictos al mismo modelo de dependencia al extractivismo que llevó a la revolución bolivariana de Venezuela al fracaso.

Así lo confirma Mauricio Gómez, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia: “En gran medida exportamos productos minero energéticos, petróleo, carbón, níquel, ferroníquel. ¿Qué está pasando con los productos industriales, químicos, farmacéuticos y agropecuarios? Seguimos exportando los mismos bienes primarios”. Según el profesor, impulsar el sector productivo del país es fundamental: “La industria es la que mejores empleos genera, empleos formales, a diferencia de los empleos del sector agropecuario, o del sector de comercio, minorista y hoteles. La producción de la actividad industrial es adecuada porque participan en el PIB, pagan impuestos, se genera más valor agregado a la producción nacional y se crean empleos”.

También lo confirma el último informe de la Escuela Nacional Sindical, titulado Trabajo decente y los Tratados de Libre Comercio: “Los sectores minero y petrolero están entre los que menos empleo generan. De 2011 a 2018 el promedio de personas ocupadas en el subsector de minas y canteras fue de 212.340, menos del 1% de todos los puestos de trabajo del país”.

Lo anterior no quiere decir que la solución al problema sea ofrecerle gabelas a las empresas. La Ley de Financiamiento solo genera acumulación en pocas manos. Las grandes corporaciones de Colombia tendrán que pagar menos al Estado, el dinero extra que les quedará se convertirá en dividendos y ganancias que no pasarán de los dueños y principales inversores; incluso, si el dinero se reinvierte de manera juiciosa para generar una mayor producción, ello no equivale necesariamente a que las empresas generan más empleo y oportunidades para las personas. Además, el sistema tributario sigue igualando a las pequeñas empresas con las grandes y poderosas compañías del país.

La culpa es de los TLC
La dependencia de la economía nacional hacia productos como el petróleo afecta la industria por cuanto desvía más recursos hacia el sector extractivista, y porque para el Estado estas rentas representan una manera fácil y rápida de atraer divisas. Esta situación se ve reforzada con una política de apertura económica que se ha implementado desde 1990 en el país, y que debilitó por completo la producción nacional.

Según Carmen Tangarife, investigadora de la Escuela Nacional Sindical, “nos vendieron la idea de que íbamos a crecer más, e íbamos a generar más empleo, pero por ejemplo en el tema de crecimiento, si miramos el producto interno bruto antes del TLC con Estados Unidos, nos encontramos con que era del 5% anual, ahora, desde 2012 al 2018, el promedio de crecimiento es del 3.2%”.

“Nos prometieron mayores empleos, pero mientras en el periodo 2005-2011 se generaron 2.971.000 nuevos empleos, en el periodo 2012-2018, es decir, con la vigencia del TLC, se generaron solo 1.761.000 empleos. Cerca de un 1.200.000 nuevos empleos que no se generaron en este último periodo. Sectores como la industria y la agricultura mermaron su participación en la generación de empleo”, complementa.

Deuda externa por las nubes
Además del desempleo, otro problema económico de Colombia es la deuda externa. La deuda actual, calculada por el Banco de la República, es de 134.972 millones de dólares. Solo entre enero y julio de 2019 el país se ha endeudado 803 millones de dólares más. Vale aclarar que el dinero que le debe Colombia a las entidades del exterior no es solo por los préstamos que han hecho los gobiernos (deuda pública), los otros sectores también se endeudan (deuda privada).

Según el emisor, la deuda del sector público es de 73.211 millones de dólares y la del sector privado de 61.761. Por todo ello, Colombia ocupa el deshonroso tercer lugar en el listado de los países del continente que más se han endeudado en los últimos 10 años, después de República Dominicana y Costa Rica (según el Banco Mundial).

Un factor que influye directamente en el aumento de la deuda es la tasa de cambio. Según el Banco de la República, “en nuestro caso se toma como base el dólar porque es la divisa más utilizada en Colombia para las transacciones con el exterior”. Mientras más caro esté el dólar, más difícil será para el Estado y para las empresas pagar sus deudas.

“Se nos encareció la deuda por cuenta de la devaluación. El Gobierno cada año cuando hace el presupuesto, saca una tajada muy grande para pagar los intereses y amortizar la deuda. Si la devaluación es muy grande y tu deuda se encarece, la tajada del presupuesto que tienes que sacar cada año va a ser más grande. Hay un daño en las finanzas del Estado”, afirmó Mauricio Gómez.

Crecimiento económico
El panorama negativo a nivel internacional, el desempleo, el precio del dólar, y la constante desindustrialización del país, contrasta con el positivismo del Gobierno y de algunos sectores económicos. El presidente Iván Duque ha hecho eco de las proyecciones económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad que llevó a Ecuador a un gran estado de represión oficial y cuya responsabilidad en la crisis económica de Argentina es incalculable. El punto es que según este organismo, Colombia será el segundo país que más crecerá en este y en el próximo año, después de Bolivia. El listado elaborado por el FMI pone a Venezuela y a Argentina de últimos en materia de crecimiento, y coloca a Bolivia de primero, con un crecimiento económico de 3,9 para este año y de 3,8 para el próximo; en el caso de Colombia, la proyección es de 3,4 para 2019, y 3,6 para 2020.

Pareciera ser que el país está transitando el mismo camino de privatización y dependencia económica que llevó a Chile a encabezar los listados de crecimiento económico, mientras las clases medias y bajas se empobrecían y vivían un proceso de pérdida constante de sus derechos más básicos. Un crecimiento empujado por una inversión extranjera amante de la explotación irracional de los recursos naturales, la minería a gran escala y la extracción de combustibles fósiles. Es la producción de un modelo económico que pone en el centro la acumulación, la explotación de la tierra, la reducción de los derechos de la sociedad y el deterioro de las clases trabajadoras.

¿Para dónde vamos?
Tienen sentido las propuestas elaboradas recientemente por las centrales obreras del país. Entre otras, defienden el freno a las importaciones, el estímulo al sector de la construcción con un enfoque social, el acompañamiento a las empresas que más generen empleo digno, la creación de un Fondo Nacional para la Generación de Empleo, y la creación de programas especiales de empleo para mujeres cabeza de familia y para jóvenes de hogares pobres.

Hay que repensar y transformar el modelo productivo del país, sin cometer los errores de Venezuela, cuya economía mono-dependiente es hoy un desastre, o de Bolivia, cuyo crecimiento económico está jalonado por la nacionalización de un extractivismo violento; sin cometer tampoco los errores de Argentina, cuyo gasto público irresponsable en el mandato de Cristina sentó las bases de la crisis que Mauricio Macri agudizó y que produjo inimaginables casos de corrupción; valdría la pena también investigar qué tan responsable fue Rafael Correa en el manejo de la deuda de su país. El debate para Colombia apenas comienza. Muchos sectores se han dado cuenta de lo que está mal. Pero hay que ir más allá. Hay que crear un sistema tributario que cumpla los principios de progresividad y equidad prometidos en la Constitución. Y hay que acabar con el modelo extractivista que tanta violencia y destrucción ha causado en las regiones.

Álvaro Uribe tiene 28 procesos penales en la Corte Suprema. La investigación por la cual está llamado a indagatoria el 8 de octubre tiene que ver con soborno y fraude procesal. Ante la posibilidad de que un expresidente colombiano comparezca directamente ante la Corte, se avivan los debates sobre el rol de la Corte Suprema, la doble instancia y el fuero constitucional que poseen los presidentes. Periferia conversó sobre todo ello con Tulio Elí Chinchilla Herrera, profesor de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia.

Periferia: ¿Qué significa que Álvaro Uribe haya sido llamado a indagatoria?
Tulio Elí Chinchilla: La indagatoria es la primera vez que el investigado entra en contacto con el juez. A la persona le hacen unas preguntas y tiene la oportunidad de defenderse. Si no se llama a indagatoria es porque la Corte de entrada está diciendo que no hubo delito, o que sí hubo un delito pero no fue Álvaro Uribe el que lo cometió, pero en este caso sí encontró mérito para llamarlo. Luego de la indagatoria, la Corte analiza si debe tomar una medida más fuerte, como la detención, ya sea domiciliaria o intramural.

P: ¿Cómo le parece que ha actuado la Corte Suprema en el caso de Álvaro Uribe?
TEC: La Corte ha dado los pasos que están establecidos en el código de procedimiento penal: recibir una denuncia, abrir unas investigaciones preliminares, y si hay indicios de que la persona cometió un delito, se abre formalmente la investigación. El primer acto que se dicta es llamar a indagatoria. No es una actuación desbordada de la Corte Suprema. La Corte está siguiendo el procedimiento que la ley establece. Puede que alguien dude de las actuaciones de la Corte, pero no debería ser así porque hay una denuncia, testimonios, grabaciones, y eso amerita ser investigado.

P: ¿Por qué hay personas que dicen que “el fuero constitucional” que tienen los presidentes, los magistrados de las cortes y el fiscal, ha llevado a la impunidad cuando estos cometen delitos?
TEC: La figura del “fuero constitucional” se creó con la Constitución de 1886. José María Samper dijo que era como un filtro para proteger al Presidente de todas las denuncias que le iban a llover siempre. La excusa es que un Presidente no puede estar todo el tiempo bajo juicio. Entonces el Congreso hace un antejuicio político: la Cámara actúa como fiscal y el Senado como juez. Si este proceso se logra, los investigados pasan a la Corte que los juzga penalmente. La Constitución del 91 no cambió nada, fue como un “copie y pegue” de la del 86. De hecho, amplió la figura al fiscal, que antes del 91 no existía.

Tienen “fuero constitucional” el Presidente de la República, los magistrados y el fiscal. Pero la Comisión de Acusaciones tiene un alto índice de ineficacia. Solo funcionó en 1962 cuando sancionó al general Rojas Pinilla y con el magistrado Jorge Pretelt en 2016. Solo dos casos en medio siglo. Los demás se han salvado: Samper, Pastrana, Uribe, los fiscales. Esa comisión se demora eternidades. No es eficiente presentando la acusación.

P: ¿Cómo debería ser entonces?
TEC: O que se cambie la mecánica de funcionamiento, o que se inicien los procesos directamente en la Corte. O que se cree un “tribunal de aforados”, que es una supercorte, con los más altos magistrados nombrados de una manera muy selecta. Es una propuesta interesante que podría destrabar ese camino.

P: ¿Exactamente cuál función cumplen la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, la Sala de Instrucción y la Sala de Primera Instancia?
TEC: Separar las funciones de investigación de las de juzgamiento es un principio del sistema penal universalmente operante. No puede ser el mismo el que investiga que el que juzga. Hasta que entró en vigencia el Acto Legislativo 01 del 2018, la misma Sala Penal investigaba, practicaba las pruebas, acusaba y juzgaba a las personas. En cambio ahora las funciones están repartidas. La que abre investigación, llama a indagatoria, recoge las pruebas y finalmente decide si hay mérito para acusar o no, es la Sala de Instrucción. Ellos acusan ante la Sala de Primera Instancia que expide una sentencia inicial. Y finalmente, si la persona involucrada decide apelar la sentencia de primera instancia, lo hace ante la Sala de Casación Penal. Ahora cumplimos el requisito de que toda sentencia sea revisada por un segundo juez, que pueda corregir posibles errores del primero.

P: ¿O sea que antes no había segunda instancia?
TEC: No. Antes la Sala Penal hacía todo: investigaba, acusaba y decidía. Además cualquier decisión tomada era “cosa juzgada”, verdad incuestionable, no había apelación ni nada. Por ahí interponían tutelas pero eso nunca funcionaba, entre otras cosas porque la tutela va ante la misma Corte, por ejemplo si la tutela es por una sentencia de la Sala de Casación Penal, entonces va a la Sala de Casación Civil, a los amigos, y entre bomberos no se pisan las mangueras.

P: ¿Por qué después de 28 años con la constitución del 91, apenas hasta ahora se hace ese ajuste?
TEC: Hay una presión internacional, porque esas garantías están en dos tratados internacionales. El pacto de derechos civiles de la ONU de 1966 y el pacto de San José de Costa Rica de 1969. Ambos pactos garantizan la doble instancia. La excusa de muchos es que porque la Sala Penal está compuesta por nueve magistrados, entonces ya había segunda instancia y que no había errores. Había una presunción de que la sentencia tiene más certeza, más fundamentación, por ser tomada por nueve magistrados.

P: ¿Qué piensa de la llamada Ley Andrés Felipe Arias que le da segunda instancia a procesos antiguos?
TEC: El dilema que hay es: ¿la nueva norma cobija únicamente lo que va suceder en el futuro o también cobija lo que está en el pasado? Cuando hay cambios en la norma procesal ese cambio cobija las actuaciones a partir de su vigencia. No hay que destapar todo lo que se hizo, porque se vuelve un caos. Serían más de 200 sentencias que habría que revisar. Esa sobrecarga podría incluso paralizar la Corte Suprema, la Sala de Casación Penal, si se resucitan todos esos 200, o 300 casos en que la Corte ya condenó, como los parapolíticos, o políticos condenados por malversación de fondos, peculado.

Cuando se trata de normas favorables, en derecho penal se aplica la favorabilidad para los casos viejos, es decir, si la nueva norma mejora la situación, entonces se aplica para antiguos casos. Pero el problema aquí no es que el delito se vuelve más castigado, o menos castigado, sino de índole procesal. Esa favorabilidad aplica es para los delitos y las penas, la parte sustantiva, pero la parte mecánica y procesal aplica es hacia el futuro. Los uribistas quieren aplicar la favorabilidad en los asuntos procesales.


P: En cuanto a la elección del fiscal, hay gente que dice que el Presidente no debería hacer la terna y que la Corte Suprema no debería decidir sobre esa terna, porque crea vínculos entre magistrados y la Fiscalía. ¿Está de acuerdo? ¿Cómo debería ser la elección del fiscal entonces?
TEC: Lo que hay es un problema de clientelismo judicial vergonzoso. Los magistrados de la Corte Suprema aprovechan y hacen pactos con el fiscal que van a nombrar. Son cuatro mil fiscales, cada magistrado se lleva sus 100 amigos. Los candidatos a la Fiscalía hacen una campaña electoral vergonzosa, van a almorzar a restaurantes del Norte de Bogotá con los magistrados y quién sabe qué pactos hacen. Esa es la más dura crítica: el fiscal elegido nombra en la Fiscalía a personas cercanas a los magistrados que lo escogieron. Otro problema es que la terna la hace el Presidente, el Presidente nombra a tres amigos que tienen el compromiso de que no lo van a investigar mucho.

Eso ha llevado a la propuesta de que el mecanismo de elección del fiscal sea meritocrático totalmente, con una comisión de los más altos juristas y facultades de derecho, que hagan una elección y que vayan decantando hasta que queden pocos. Otra propuesta es la de una comisión internacional, pero el problema de que una comisión internacional ayude es que los críticos van a decir que la soberanía no puede estar en manos de unos señores externos. Otra propuesta es que candidaticen las facultades de derecho, los colegios de abogados, y después la Corte escoja. Pero que cambien eso es muy difícil…

P: ¿No hay voluntad política para hacer esos cambios?
TEC: Hay resistencia de las Cortes a que les quiten esos privilegios. La Corte Suprema es feliz nombrando el fiscal. Hay personal del fiscal que no es seleccionado por méritos, sino por voluntad política. El fiscal tiene hoy más poder de nombramiento que el Presidente de la República. El Presidente nombra tres mil o cuatro mil cargos, el fiscal nombra como veinte mil. Y es poderosísimo el fiscal: si él te quiere enlodar te monta una investigación, pone un fiscal y te monta hasta pruebas. Es un aparato peligroso y tenebroso.

La explicación clásica sobre la estructura del Estado dice que está compuesto por tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. Las tres, según la teoría, deben caminar hacia un mismo horizonte. Un segundo postulado clásico dice que se debe respetar el debido proceso, así como las providencias judiciales, de manera que cuando no se esté de acuerdo con ellas, los mecanismos para expresar el desacuerdo sean los estipulados por la ley. Un tercer principio básico de toda democracia dice que hay instituciones que no están obligadas a funcionar siguiendo el clamor popular (sino la defensa de los derechos fundamentales), esto, que muchos tachan de antidemocrático, en realidad es una salvaguarda para el Estado de derecho. Ninguno de estos principios tiene cumplimiento en Colombia. No hay relación entre poderes, no hay respeto por las decisiones judiciales y no se acepta que haya instituciones contramayoritarias.

Hacia un mismo horizonte
Desde que se creó la Corte Constitucional, en 1991, muchas personas han debatido sobre su alcance y función. La mayoría de sus detractores han criticado que esta tome decisiones de gran impacto social, suplantando, según ellos, a los otros poderes. Hay dos ejemplos claros: lo referente al matrimonio homosexual y al aborto. En ambos casos la Corte ha tomado posturas progresistas, en defensa de las libertades individuales, y al hacerlo, se ha adelantado al trámite común que deben seguir este tipo de asuntos en una democracia, en otras palabras, ha hecho lo que los otros poderes no han podido (no han querido). Específicamente, el Congreso. En ningún momento desde que el país estrenó Constitución ha habido una legislatura que se atreva a estudiar de manera rigurosa y objetiva estos temas, básicamente por el temor de los congresistas a perder votos. La Corte, por el contrario, se ha hecho responsable de esa tarea, cargando encima el costo político que implica tomar decisiones que la mayoría no comparte.


Respetar las instituciones
La falta de madurez política y de cultura democrática se refleja en las reacciones de muchos sectores políticos cuando la justicia toma una decisión con la que no están de acuerdo. Dos casos recientes lo ejemplifican, el de Santrich y el del consumo de sustancias psicoactivas y licor en los espacios públicos.

A Santrich, que era retenido por la Fiscalía, lo ordenó liberar la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-. Pero más se demoraron los magistrados de la Justicia Especial en tomar la decisión que el Presidente, el Fiscal, y los congresistas, en salir a condenarla. La única entidad que actuó de una manera adecuada fue la Procuraduría, que anunció que apelaría la decisión, en otras palabras, siguió el orden legal que exigía el proceso.

El “caso Santrich” merece mención especial. Terminó, por fortuna, donde debía: en la Corte Suprema. La Constitución dice que al ser un congresista (Santrich fue reconocido como uno por el Consejo de Estado), la entidad encargada de juzgarlo es la Corte Suprema. La llegada del caso a esta instancia garantiza un mínimo de rigurosidad en el proceso, lejos de las manipulaciones de la Fiscalía sobre jueces y funcionarios de menor rango para enlodar al exguerrillero. Esperemos que quienes creen en la inocencia de Santrich se comporten de manera respetuosa en caso de que la Corte demuestre su culpabilidad, es decir, que no cometan el mismo error que cometieron sus enemigos cuando la JEP ordenó su libertad.

El segundo ejemplo lo trae la Corte Constitucional. Esta entidad tumbó los artículos del Código de Policía que prohibían el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en espacios públicos, aduciendo la defensa del derecho a la libre personalidad, y argumentando que perseguir el consumo no guarda relación directa con “proteger la tranquilidad y las relaciones respetuosas”.
Esta vez no fue solo el Presidente, sino también los partidos tradicionales, los que mostraron el poco respeto que le tienen a las instituciones. Iván Duque no vaciló en decir que el decreto que creó para confiscar sustancias en espacios públicos aún está vigente, que los policías seguirán confiscando. Un presidente puede estar en desacuerdo con las decisiones de la justicia, pero es muy dañino el mensaje que transmite a la ciudadanía cuando sale en rueda de prensa a desautorizar a los magistrados y a poner en duda sus fallos, en especial cuando aduce razones populistas como “el cuidado de los niños y de la familia colombiana” tergiversando el debate real de la problemática, y haciendo ver a la Corte Constitucional como enemiga de la ciudadanía. Esta reacción no solo es engañosa y populista, además es completamente irresponsable.

Hay principios contramayoritarios
Cuando Álvaro Uribe era presidente hizo alarde del “Estado de opinión”, este es, según él, la máxima expresión del “Estado de derecho”. Consiste en someter los poderes públicos a lo que digan las mayorías. No importa si lo que dicen viola derechos fundamentales, no importa si lo que dicen atenta contra las minorías, no importa si lo que dicen desbarata el llamado “equilibrio de poderes”. No importa.

Esta expresión está tomando fuerza últimamente, a raíz, según analistas, de las últimas dos decisiones de la Corte Constitucional: la de tumbar las objeciones a la JEP y la de permitir el uso de sustancias en espacios públicos. Aunque realmente tiene que ver con que por primera vez en décadas la Corte Suprema está cerca de juzgar al expresidente. El punto es que las providencias de la Corte Constitucional han servido para revivir el discurso sobre la “impunidad”, “la entrega del Estado”, o que la familia y los valores están siendo violentados.

De hecho, Herbin Hoyos está promoviendo un referendo para acabar con la JEP y revocar las Altas Cortes. Esta propuesta, que fracasará rotundamente, muestra la inconsciencia de muchos sectores políticos, que sin tener conocimientos básicos sobre la institucionalidad del país, promueven discursos de odio en contra de ella. El punto es que son propuestas alimentadas por la teoría uribista del “Estado de opinión”.

Aquí vale la pena volver al pasado, exactamente, nueve años atrás. Iniciando el 2010, la Corte Constitucional decidió declarar inexequible el referendo que buscaba que los ciudadanos dieran el aval para que Uribe se reeligiera por segunda vez. Esa decisión es realmente histórica. Uribe contaba con el respaldo del sector empresarial, el grueso de los partidos políticos, y en especial, con un apoyo de la ciudadanía que se llegó a calcular en un 80%. En resumen, si por la “opinión”, es decir por el apoyo de las mayorías se tratara, Uribe hubiera sido presidente por tercera vez. En ese entonces, los líderes sociales, los movimientos, y los juristas del país, conformaron la minoría opositora de la reelección. Este último grupo, integrado por académicos, magistrados, y constitucionalistas, le pidieron a la Corte que no diera ese aval. La razón era clara: un presidente, en un país de tradición presidencialista como este, es un funcionario con mucho poder, por ende, permitir que una persona continúe en tal cargo por varios periodos, atenta contra todos los pilares básicos de una democracia, y el poder deja de ser equilibrado. Y así lo entendió la Corte que, tomando una decisión contraria a la que el clamor popular pedía, nos salvó a todos de un daño institucional inmenso.

El pasado 9 de mayo la Fundación Forjando Futuros presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su reciente informe sobre las sentencias que condenan a la empresa ARGOS S.A. a restituir tierras a familias despojadas. La empresa ha sido condenada en 12 sentencias –desde 2016 hasta 2018–, a devolver 1023 hectáreas a familias despojadas de la región de Montes de María, en los municipios de El Carmen de Bolívar (Bolívar) y San Onofre (Sucre). En total, distintos Tribunales ordenaron a Argos restituir 26 fincas a campesinos víctimas del despojo de tierras, luego de que los opositores “no probaron su buena fe exenta de culpa”.

Argos sabía lo que pasaba
La primera sentencia que castigó a Argos fue proferida el 17 de febrero de 2016 por el Tribunal Superior de Cúcuta. En ella se lee: “Se omitió la situación de conocimiento público y notorio de conflicto armado y violencia generalizada que por más de 20 años se vivió en el municipio de Carmen de Bolívar. Circunstancia que ha de presumirse era conocida por Cementos Argos, en tanto allí desarrolla actividades relacionadas con su objeto social”.

Esta idea fue ratificada por el Tribunal Superior de Cartagena en noviembre del mismo año, al estudiar la compra de otro inmueble, también en el municipio del Carmen. Esta sentencia explica que varias empresas y personas se apropiaron de tierras (entre ellas Fiduciaria Fiducor, y Claudia María y Paula Moreno Ángel), o bien, compraron predios a los campesinos aprovechándose de su situación de desplazados, y explica, posteriormente, que Argos siguió el mismo camino. “Cementos Argos despliega la misma actuación en claro desconocimiento del principio de solidaridad con la población desplazada y la normatividad vigente en materia de protección de dicho grupo poblacional”.

Pero que Argos fuera consciente de la violencia en el pueblo no fue lo único que desvirtuó su “buena fe exenta de culpa”, pues en un segundo momento se comprobó que la empresa utilizó maniobras jurídicas para obtener los predios: “Se observa descuido, incuria e infracción de normas legales en el actuar de dicha sociedad”.

Estrategia jurídica
Las sentencias que condenaron a la empresa permitieron descubrir toda una estrategia jurídica construida para la compra y acumulación de las hectáreas. La idea fue utilizar unas empresas que compraron inicialmente y luego le traspasaron a Argos.

“Para la acumulación de tierras en Montes de María, Argos creó diferentes figuras jurídicas, dándole apariencia de legalidad en las negociaciones. Hubo unos compradores iniciales que ellos llaman terceros, que fueron los que fomentaron el interés de las personas de vender, ellos compraban la tierra, luego se las compraba Tekia o se las compraba Alianza Fiduciaria, o Fiducor y luego pasaban a manos de Argos”, explica Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, autora del informe.

Por otro lado, la buena fe de Argos, las empresas cercanas, y de las personas naturales condenadas en las 12 sentencias, se descalificó porque estas no demostraron haber investigado bien los predios que iban a adquirir, por ejemplo, no se fijaron en qué condiciones estaban quienes vendían sus tierras, qué hechos sucedían en la región, si eran desplazados, si los títulos eran legales, e incluso, si los vendedores sí eran los verdaderos dueños de los predios.

Argos contra la Ley de Víctimas
El periodista Juan Diego Restrepo denunció en 2016 que Argos pretendía cambiar la regulación presente en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En concreto, la intención era modificar el artículo 94, que expresa lo siguiente:

“ACTUACIONES Y TRÁMITES INADMISIBLES. En este proceso no son admisibles la demanda de reconvención, la intervención excluyente o coadyuvante, incidentes por hechos que configuren excepciones previas, ni la conciliación. En caso de que se propongan tales actuaciones o trámites, el Juez o Magistrado deberá rechazarlas de plano, por auto que no tendrá recurso alguno”.

Para ello, Argos se habría valido, según Restrepo, de la ayuda de un abogado cercano: Maximiliano Londoño Arango, de la firma Londoño & Arango Abogados. Este fue quien presentó la demanda ante la Corte Constitucional alegando la inconstitucionalidad del artículo por ser contrario, según él, a principios como el debido proceso. Londoño pidió a la Corte revisar la constitucionalidad de la expresión “ni la conciliación”.

Según Gerardo Vega, la Ley de Víctimas no permite estas figuras porque es una ley de transición, una ley para salir del conflicto, lo que implica que las compensaciones de los involucrados no sean solo económicas ni la mera devolución de la tierra. La reparación incluye la verdad, contar qué otros delitos o hechos de violencia se cometieron y a quién se benefició. “Esto no puede ser aceptado en justicia transicional. Eso se presta para manipular a las víctimas. Decirles: “venga, yo le doy más de lo que le va a dar el juez”. ¿Pero qué pasa con la parte de la verdad, los delitos que se cometieron, los hechos de violencia?”.

El sector privado y su responsabilidad en el conflicto
Argos no es la única empresa vinculada con casos de despojo, desplazamiento, y restitución de tierras, empresas del sector financiero como Bancolombia, o multinacionales como la Continental Gold Limited y Anglo Gold Ashanti, también se han visto implicadas. En la actualidad, con la creación de la Comisión de la Verdad se abre una nueva oportunidad para dar a conocer la responsabilidad del sector privado no solo en temas de tierras y de despojo, de sino en general sobre el rol que jugó en el conflicto armado.

La Comisión de la Verdad trabajará por mostrar los patrones, en función de explicar cómo fue que tanto personas y empresas cometieron despojos y se aprovecharon de los desplazados con mecanismos aparentemente legales. Incluso, servirá para conocer qué sectores políticos, y más específicamente, qué gobiernos tienen responsabilidad en el tema de tierras.

En palabras de Gerardo Vega, “la Comisión será muy importante para comprender por qué empresas tan representativas terminaron involucradas en esto. ¿Quién las invitó? ¿Quién incitó a invertir en esas zonas y por qué razones? Muchas empresas alegan que era una política pública en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, dicen que el expresidente y el ministro los invitaban a regiones, decían ya estaban pacificadas, y ellos invirtieron de buena fe. Ahí hay otra verdad más allá de la responsabilidad de las empresas. Esa verdad es la que el país necesita, creo que la principal labor de la Comisión de la Verdad será esa”.
* Un contenido de Periferia para Periodismo de Verdad

Luego de más de 240 homicidios, y de vivir el mes más violento en Medellín en cinco años (abril, con 71 muertos), el manejo de la seguridad del alcalde muestra su fracaso a solo 8 meses de terminar su administración. Periferia Prensa Alternativa conversó con Fernando Quijano, presidente de Corpades y experto en seguridad, sobre las zonas de confrontación, los grupos en disputa y la estrategia de seguridad actual de Medellín.

Periferia: ¿Cómo podríamos resumir la estrategia de seguridad que ha manejado la institucionalidad con Federico Gutiérrez?

Fernando Quijano: La estrategia está basada en lo mismo que las anteriores: captura, decomiso y control. Capturar jefes y capturar subjefes (aunque esos no son los verdaderos jefes). Algunos decomisos y apretar el crimen. Para mí esa es la estrategia de seguridad de la ciudad. Federico Gutiérrez se ha dedicado más a capturar, pero él simplemente es una pieza del engranaje, donde quien manda es la Policía y la Fiscalía. Ahora han metido más al Ejército. Pero no creo que Federico dé una orden: una cosa es lo que sale a decir públicamente y otra la realidad. A un general de la Policía no lo mueve un alcalde nunca.


P: ¿Cuáles son las zonas de confrontación en este momento?
FQ: ¿Cuál es la zona de impacto hoy? Toda la occidental está desestabilizada. El mayor número de homicidios está en esa parte. Al lado de la occidental, creemos que está comenzando la guerra de las convivir en la Comuna 10 (el Centro). Podría entrar la guerra a la Comuna 5 (Castilla), la Comuna 4 (Aranjuez), y la Comuna 8 (Villa Hermosa). Estamos seguros que La Terraza va a golpear la Comuna 8. Significa que la confrontación de la 7 (Robledo), la 12 (La América), y la 13 (San Javier), está irradiando en la Comuna 11. Muchos homicidios han ocurrido en Laureles.

P: ¿Por qué Laureles?
FQ: Es zona de cacería de los enemigos. Ahí todos se reúnen. Lo que hay que preguntarle a la Estación Laureles es por qué es tan permisiva con la presencia de los jefes de la Oficina ahí. Las otras son San Cristóbal y Altavista. Hay que anotarle la presencia de una de las bandas más poderosas del Valle de Aburrá: la banda de La Raya, que tiene todo el corredor del Manzanillo, tiene control en parte de Itagüí, y tiene control en comuna 15 (Guayabal).

P: ¿Y en San Antonio de Prado?

FQ: San Antonio de Prado es un corredor estratégico que va a otras subregiones. La desestabilización de la parte Occidental de la ciudad está ligada a la construcción del Túnel del Toyo, está pegada a los puertos de Urabá. Medellín y el Valle de Aburrá van a estar a tres horas y media. Quien tenga el control de todos estos lados va tener un poder inmenso. La Oficina lo sabe.

P: ¿Y la Comuna 13? ¿Es cierto que en la 13 mermó la guerra de inicios de este año a raíz de pactos entre las bandas?

FQ: Es un error decir “en la 13 está enfrentado el Coco, la Agonía, los de Betania”. Pura mierda: están enfrentadas las dos líneas. ¿A través de qué bandas? Pesebreros y Agonía. No me desgasto en esas simplezas de las bandas. Eso tiene una directriz y sobre ella se mueven ellos. Yo no creo que hayan dialogado. Y si lo hicieron, seguro fueron pactos muy locales, muy focalizados, pero no tienen nada qué ver con la confrontación. Aunque aquí se dialoga: se dialoga para los panamericanos, la venida del papa, los diciembres, la Feria de las Flores, las cumbres de la OEA. Se ponen de acuerdo todos cuando hay algo importante.

P:Bueno, ¿y cuáles son los actores y las bandas en confrontación?

FQ:
En términos generales, la confrontación de la ciudad se da entre la línea minoritaria, que la hemos llamado la “confederación criminal de Medellín”: La Terraza, San Pablo, Los Pesebreros. Ellos se están enfrentando a la “alianza del norte”, que tiene de aliados a la Oficina del 12, a los Chamizos y controla la Comuna 16 (Belén). Podría tener alianza con La Raya. Ese es el panorama. Significa que en cualquier momento podría reventar en el Centro porque las dos líneas tienen convivires aquí.

P: ¿Aún es posible hablar de un “pacto del fusil”?

FQ: El pacto del fusil existe hasta el momento. Desde 2013. Es un acuerdo entre Gaitanistas y la Oficina de Envigado. Hoy no hay guerra con los Gaitanistas. Ojo: hasta el momento la guerra es dentro de la Oficina, y la hemos definido como “guerra fría”. Directamente no se están matando, pero al que dé papaya le dan. Ya hay casos de jefes desaparecidos. La misma institucionalidad sabe que están desaparecidos y no los nombra.

P: ¿Y los grupos a nivel departamental?

FQ: Esa es la verdadera cuestión. ¿Cómo van a jugar los Caparrapos? ¿Cómo van a jugar los Gaitanistas o Clan del Golfo? ¿Cómo van a jugar las disidencias de los frentes 18 y 36? ¿Cómo va jugar el ELN? ¿Cómo va a jugar el crimen transnacional? No me desgasto con las banditas. Ellas tienen sus jefes.

P: ¿Tiene conocimiento de pactos y connivencias entre bandas y autoridades?

FQ: Claro, en toda la ciudad. Y hay nómina paralela. ¿Cuánto es la nómina paralela? Nosotros llegamos a decir que era del 40, pero ya no vamos a decir nada. Hay protección criminal al crimen, así existan capturas. Hay alianzas en todas las áreas: desde Fiscalía, Ejército, Policía. Las estructuras mandan. Cuando usted ve mover el contrabando en el Centro de Medellín de jueves a domingo, se da cuenta quién manda en la ciudad. La Policía se esconde o ayuda. Entran las tractomulas con el contrabando. Eso es protección oficial. Y si no hubiera protección oficial no habría convivir ni bandas.

En el caso del Centro, para qué más de 120 cámaras, 60 cuadrantes, un comando de la Policía, la Estación Candelaria, la presencia de la Alpujarra y la institucionalidad, si aquí en la esquina en la que yo estoy parado están las convivir. Eso significa protección oficial.

P: ¿En concreto, cómo podríamos enfocar la estrategia de seguridad para mejorarla?

FQ: Lo primero es entender que este no es un asunto de Medellín y Bello, sino departamental y nacional. Hay que construir una estrategia departamental e integral, con la presencia del Estado social de derecho. Con una Fuerza Pública democrática, reestructurada, transparente, depurada, y que ame su pueblo. Un Estado social que busque cerrar la brecha, y que pase de controlar a desmantelar.

Necesitamos una ley de sometimiento real. Una política permanente como la tiene Estados Unidos. Allá el mafioso va y dice “me quiero entregar”, y listo: pague, entregue, y está cinco añitos. Una estrategia de seguridad que involucre a todos los municipios en cabeza del gobernador, que cuente con la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones políticas y culturales. No es un asunto de un gobernador, un alcalde, o un director de fiscalías. Es un asunto de todos.

El Juzgado Cuarto Penal de Cali condenó a los militares Julián Villate Leal, Alfonso Abondano y Marco Fidel Rivera, a cuatro años de cárcel, por el delito de concierto para delinquir. Julián era un coronel, Alfonso y Marco eran mayores.

Los militares fueron procesados por hacer seguimientos y atentar contra la vida de varios directivos del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (Sintraemcali), entre los que se encuentran Luis Imbachí, Óscar Figueroa y Luis Hernández (expresidente del sindicato). Además de los sindicalistas, los militares también pretendían atentar contra el senador del Polo Democrático Alternativo, Alexander López (en ese entonces representante a la Cámara), y contra la defensora de derechos humanos Berenice Celeita.

El plan de los militares fue denominado 'Operación Dragón', y fue pensado desde la sección de inteligencia del Ejército, en el 2004. Esta operación pretendía, palabras más, palabras menos, atacar al sindicato, atentar contra la vida de sus miembros, cambiar sus directivas, y según el fallo, “obstaculizar la carrera política de Alexander López Maya y que Berenice Celeyta cesara su labor de asesora del sindicato”. Pero esta historia no comienza ni con la condena del Juzgado ni con la Operación Dragón. Comienza con la privatización de las Empresas Públicas de Cali.

Álvaro Uribe y Emcali

Desde que Álvaro Uribe empezó en la presidencia (2002), se empeñó en privatizar Emcali, y para llevar a cabo esta tarea encargó, por la naturaleza de sus funciones, a la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos, entidad que estuvo dirigida durante los dos mandatos de Uribe, por la abogada Evamaría Uribe, mujer de confianza del expresidente. Evamaría, cuya responsabilidad en la Operación Dragón ha sido denunciada por las víctimas, es la actual directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Desde el 2000 hasta el 2013, el Gobierno trató de buscarle socios privados a Emcali. Vale recordar que se trata de una empresa muy importante (la principal empresa pública del Suroccidente de Colombia), cuyo presupuesto es de 3,2 billones de pesos, y que cuenta con más de 2000 trabajadores. El punto es que, en el 2004, el Gobierno nacional tenía intervenida la empresa, y la quería privatizar. Sintraemcali se oponía.

Berenice Celeita, reconocida defensora de derechos humanos y actual presidenta de la Asociación Para la Investigación y Acción Social (NOMADESC), fue una de las personas contra las que los militares pretendían atentar, dado que era asesora del Sintraemcali y opositora a la privatización. Berenice, en diálogo con Periferia, explicó que en torno a la privatización había muchos intereses de por medio. “El capital internacional puso sus ojos sobre este negocio para dividir los diferentes componentes de la empresa y el Gobierno inventó una quiebra técnica para entregarlo a grandes multinacionales como Unión Fenosa, Aguas de Barcelona, Intergen y Tokioenergy”, expresó Celeita, agregando que también ha habido empresas de la región interesadas en adueñarse de los servicios públicos: “las empresas Corfipacífico, Corfivalle, Conciviles, entre otros grupos económicos del Valle interesados en convertir en negocio el derecho fundamental a los servicios públicos de calidad”.

Pero no pasó mucho tiempo hasta que Berenice Celeita, Alexander López, y los miembros de Sintraemcali, denunciaron seguimientos y amenazas. Inmediatamente empezó el proceso para privatizar Emcali, gestionado desde lo más alto del Gobierno de Uribe, empezó también a construirse la Operación Dragón, con un objetivo muy claro: atacar a todo el que se opusiera a la privatización.


Empresas fachada

Alexander López fue el primero que denunció ser víctima de seguimientos ante la Fiscalía. Lo hizo el 25 de agosto del 2004. Fue así como el ente investigador empezó las pesquisas y descubrió el plan de los militares. En primer lugar, se conoció que los militares utilizaron unas “empresas fachada” y firmaron unos contratos con Emcali, destinados a la prestación de seguridad. Las empresas se llamaban “Consultoría Integral Latinoamericana (CIL) y Compañía de Seguridad Privada (Seracis)”.

Uno de los contratos más relevantes fue el firmado con Seracis. Según la Fiscalía: “este contrato constituyó el último eslabón de la plataforma legal en la que se atrincheraron para atacar a Sintraemcali, específicamente a los miembros de la junta directiva del mismo, y a quienes le prestaban asesoría en temas de derechos humanos, como la señora Berenice Celeyta y asesoría política externa como era el caso del congresista Alexander López Maya, con acciones que iban desde el desprestigio de los dirigentes del sindicato, la judicialización de los mismos y hasta su eliminación física”.

Lo llamativo, o más bien, lo más delicado, tiene que ver con las personas que contribuyeron a la aprobación de dichos contratos. Al parecer, funcionarios del Gobierno, como se verá más adelante...

Fue a través de los contratos que los militares obtuvieron información detallada de los miembros de Sintraencali, de Alexander López, y de Berenice Celeita: nombres e información de familiares, residencias, rutinas diarias, escoltas, cédulas, números telefónicos, y en el caso del senador, información de su sede política en Cali.

Además, gracias a un allanamiento al coronel Julián Villate Leal, se encontró que los militares poseían documentos de inteligencia, información detallada sobre las actividades del sindicato, y bitácoras de los seguimientos que hacían. Los militares conocían detalladamente los esquemas de seguridad del senador y de las otras personas, información que solo pudo ser suministrada a los militares por el Ejército nacional y el cuestionado DAS.


De perseguir a asesinar

Durante el proceso judicial contra los tres militares se permitió conocer los autores materiales e intelectuales del plan. Pero también se descubrió que la persecución contra los sindicalistas, contra Alexander López y contra Berenice Celeita, tenía la intención final de asesinarlos.

En un escrito de la Fiscalía divulgado por el periodista Yohir Akerman, esta entidad cuenta que no solo se intimidaba a Alexander López con sufragios, sino que además se llegó a pagar la suma de 10 millones por asesinarlo. La siguiente es la declaración de un testigo ante la Fiscalía: “Se elaboraron unos mapas. Uno de las entradas y salidas de Sintraemcali. Que este era para hacerle un atentado al Representante. Que estos los elaboraba el señor Julián, que recibió la orden del señor Hugo Obando de comprar un sufragio después del allanamiento y enviarlo al congreso, luego del allanamiento contó que lo trasladaron a la ciudad de Ibagué. Que estando en esa ciudad realizó una consignación de $ 10,000.000 que tenía como destinatario una persona de la ciudad de Cali de nombre Yilson, que este era para realizar un atentado contra Alexander López”.

Es ese mismo documento se cuenta que el coronel Villate tenía la tarea de conseguir personas “para hacerle un atentado a Petro, por las discusiones que hubo en el debate sobre los paramilitares”. Además, no eran simples militares retirados. Eran, según Celeita, “militares con antecedentes bastante graves como por ejemplo Abondano, quien participó en homicidios múltiples en Antioquia”. Y Julián Villate, el cerebro de la operación, quien “fue director de la Escuela de Guerra en Colombia, y profesor de la Escuela de las Américas en Estados Unidos”.

Las reuniones de Evamaría

Álvaro Uribe tuvo la intención de intervenir Emcali hasta el último momento de su mandato. Yohir Akerman contó en su columna del 3 de febrero, que el expresidente “felicitó” a Evamaría y a la Superintendencia por su trabajo de reestructuración de la empresa, en uno de los últimos consejos de ministros que realizó, el 13 de marzo de 2010.

El plan para asesinar al senador del Polo, a los directivos del sintraemcali, y a Berenice, habría sido contratado, según López, por la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos, y específicamente, por la señora Evamaría Uribe.

Según manifiesta un documento de la Fiscalía, Evamaría habría tenido reuniones con Julián Villate Leal, el militar al que la Fiscalía le encontró los documentos de inteligencia y de la Operación Dragón. “El señor Villate se reunió con la señora Eva María Uribe Tobón y el señor Germán Huertas en el Restaurante la Carrilera (...), el señor Villate le manifestó que se pretendía privatizar Emcali, por eso se hacían esas reuniones”, dice el documento. En otras palabras, Evamaría se habría reunido con el cerebro principal de la operación.

Además, según el senador, Evamaría Uribe participó en el comité técnico que aprobó el contrato con el que los exmilitares pudieron acceder a la información privilegiada. Ella habría estado en la reunión en la que el gerente interventor de Emcali, Carlos Potes, dio el aval con que se les facilitó todo a los exmilitares.

Pero Evamaría no es la única acusada como responsable intelectual. También lo son Carlos Alfonso Potes y Germán Huertas. El primero era el gerente interventor de la empresa en el 2004, quien aprobó los contratos con los exmilitares, y el segundo era y es el jefe de seguridad de la empresa. “En la etapa preliminar estuvieron vinculados, rindieron declaración, pero ya sabemos cómo es la justicia colombiana, que finalmente resultó absolviéndolos aun cuando hay pruebas suficientes de su vinculación, igual que en el caso de Evamaría, pues ella estuvo al frente del encargo fiduciario, y obviamente del pago de estos militares que estaban a la cabeza de la Operación Dragón”, expresó Berenice Celeita.

Ahora, en 2019, quince años después de la Operación Dragón, una sentencia de un Juzgado de Cali presentó una primera pincelada de justicia, aunque sea para mostrar que es cierto lo que han denunciado los líderes y las comunidades: que el Estado colombiano es capaz de todo, incluso de ir contra la vida, por favorecer los intereses económicos. “Estamos hablando de la responsabilidad del Estado colombiano, efectivamente en cabeza de quien era en su momento el presidente, el señor Álvaro Uribe Vélez, y de manera directa quien estuvo reunida con quienes realizaron todos los actos de seguimiento”

Por Laura Franco y Juan David Guerra

En el Suroeste antioqueño, los cultivos de plátano y café, que colorean de distintas tonalidades de verde las montañas, han sido testigos de la organización que han tenido que emprender las comunidades para resistirse a la explotación minera en el territorio. Resistencia que hoy vive un nuevo capítulo a raíz de un proyecto formativo que realizaría la Universidad de Antioquia con financiación de la empresa multinacional minera AngloGold Ashanti.

¿Cómo inició todo?

El 12 de junio del 2018 llegó una carta de parte de la Veeduría y la Personería del municipio de Jericó, a la rectoría de la Universidad de Antioquia. La intención era solicitarle a la Universidad formación en labores de control y participación ciudadana. 

La carta dice lo siguiente: “Nos permitimos solicitar en un acto de responsabilidad social, la vinculación activa de la Universidad Pública como tercero académico independiente para que pueda apoyar a la veeduría y a la personería municipal de Jericó con el soporte técnico, legal y académico requerido, para que con base en información técnica veraz se pueda realizar el proceso de veeduría a este proyecto que se desarrolla actualmente en el territorio de Jericó”.

En resumen, le piden a la Universidad que brinde herramientas para hacer veeduría a la minería. El documento, firmado por el presidente de la veeduría ciudadana y por la personera de Jericó, pasó por varias Unidades Académicas de la institución, hasta que fue remitido, por competencia, a la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería, teniendo en cuenta que esta dependencia había realizado proyectos de formación sobre el tema con otras comunidades.

En la Escuela Ambiental vieron con buenos ojos la propuesta, y decidieron crear un diplomado para brindar dichas herramientas, pero había un claro inconveniente: la Universidad no podía financiar el proyecto, pues los recursos son escasos. John Fernando Escobar, profesor de la Universidad y miembro de la Escuela Ambiental, explicó a Periferia que la Universidad no puede invertir sus recursos en un asunto que es competencia de las personerías y las veedurías. 

La financiación era el problema

Fue así como la AngloGold Ashanti, cuya presencia en Jericó ha sido problemática desde que llegó (hace más de diez años), y que además ha sido denunciada por cometer atropellos contra campesinos, entró a participar en el proyecto.

La Universidad decidió comunicarse con dicha empresa en busca de financiación. “Al recibir la propuesta de formación nosotros dijimos “esto está bien”, pero eso no puede ser financiado por la Universidad, y comprendemos que los entes como personerías o veedurías no tienen recursos. Además, esto necesita juntar un grupo de gente importante. Por eso decidimos convocar a la empresa para que en términos de responsabilidad social financiara el tema”, cuenta el profesor Escobar.

Luego de realizar las respectivas gestiones legales, AngloGold aceptó, y el contrato se firmó. Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por parte de la comunidad jericoana, ni por los movimientos de la región. Organizaciones campesinas, indígenas y ambientales se mostraron en desacuerdo con que fuera la empresa la que financiara el diplomado. 

“Rechazamos la decisión de firmar ese contrato con una empresa que está ilegítimamente en el municipio. No podemos permitir que la universidad pública, financiada en parte con los recursos de los habitantes de Jericó, se preste para actividades con una empresa que está en contra de los intereses de la población”, expresa Fernando Jaramillo, presidente de la Mesa Ambiental del municipio.

Frente a tales reacciones, el profesor Escobar defiende las buenas pretensiones de la Universidad: “con este diplomado ni se promueve ni se rechaza la minería; nosotros vamos a dar instrumentos para el proceso de control ciudadano ante cualquier proyecto de desarrollo”, y afirma que antes de consolidar el convenio se establecieron tres salvedades frente al diplomado. La primera, que este fuese abierto para todo el que quisiera participar; la segunda, que los contenidos fuesen propuestos únicamente y de manera autónoma por la Universidad; y finalmente, que los resultados del mismo no tuviesen que ser revisados ni aceptados por la empresa minera.

Sin embargo, a pesar de estas exigencias y de la justificación de la Universidad frente a su autonomía, el diplomado fue cancelado por la misma institución a petición del alcalde de Jericó, Jorge Andrés Pérez.

La actividad académica estaba programada para comenzar a mediados de enero del presente año, pero no alcanzó a iniciarse el desarrollo de ninguna de las temáticas, dentro de las que se encontraban componentes que preocupaban a los ambientalistas por el enfoque que podrían tener, como en el caso del módulo 4 titulado “Ambiente y desarrollo. ¿Conceptos irreconciliables?”. Este currículo, según Fernando Jaramillo, no respondía “de ninguna manera a las necesidades de los líderes”, además que con él se defendía una idea de progreso “que no es más que su propio beneficio y la destrucción de nuestro municipio”.

AngloGold Ashanti: una empresa cuestionable

La principal preocupación de las organizaciones radica en que si la empresa financiara el diplomado, lo usara en beneficio propio, para publicitarse y ganar puntos ahora que tiene un camino difícil por recorrer en Jericó, esto después de que el Concejo municipal prohibiera por segunda vez la minería; por ende la empresa debe buscar salidas para poder explotar un millonario proyecto minero para el que ha realizado exploración desde hace una década en el municipio.

En un comunicado expedido por el Cinturón Occidental Ambiental (COA) se advierte el peligro de que con este proyecto académico se posibilitara “la consolidación de una línea de base para disfrazar, con una falsa legitimidad, el proyecto minero Quebradona”, que ha ocasionado atropellos de la Fuerza Pública y de la empresa contra los campesinos del municipio. Este proyecto minero cuenta con una inversión de 65 millones de dólares (según el portal oficial de la empresa), y pretende extraer, según el COA, “3.95 Mt de cobre, 6.13Moz de oro, 85.2 Moz de plata y 70Kt de molibdeno”.

El COA señaló además que la Universidad estaría pactando con una empresa “conocida en el mundo por financiar grupos paramilitares, como en el caso denunciado por Human Rigths Watch en la República Democrática del Congo”, y que además tiene en su contra “delicadas acusaciones sobre su relación con el asesinato de líderes sociales en el país”.

La UdeA ya ha contratado con AngloGold

La Universidad de Antioquia ha trabajado dentro del proyecto minero “Quebradona” impulsado en el territorio. AngloGold le solicitó a la Universidad que hiciera una revisión del modelo hidrogeológico, es decir, una revisión del informe que debe elaborar la empresa sobre cómo se transformará el flujo del agua en el subsuelo con la actividad minera que está realizando. “Consiste en hacerle la revisión, una especie de peritaje al modelo para ver si está bien elaborado”, confirmó el profesor John Fernando Escobar.

Pero el diplomado y la revisión de modelo hidrogeológico no son, al parecer, los únicos contratos que ha firmado la Universidad con la empresa minera. La institución universitaria habría contribuido, además, en la formulación de la línea base del proyecto, que según el profesor, consiste en “estudiar todo lo que tiene el territorio, es parte de los procesos de licenciamiento. Yo llego a un territorio y casi que tengo que tener una base de datos que me diga: había cien mil árboles, había tantas hectáreas en cultivo, había tantas personas, el nivel de empleo, los ingresos, el pib”.  

El profesor expresó que otras Facultades e Institutos de la Universidad participaron en la construcción de la línea base, necesaria para que AngloGold pueda explotar el territorio. “Tengo entendido que otros Institutos y Unidades de la Universidad ya han participado en el levantamiento de esa línea base. Un instituto le hizo una labor de campo a AngloGold”, afirmó.

Contexto: en Jericó y el Suroeste antioqueño no quieren la minería

El historial de Anglo Gold Ashanti en la región es negativo, especialmente por su presencia en el municipio de Jericó, donde lleva varios años realizando labores de exploración en el proyecto Quebradona. 

En el 2017 las comunidades de Jericó salieron en protesta por la realización de cientos de perforaciones, y por la instalación de unas plataformas de la empresa minera. En mayo del 2018 comunidades de Jericó marcharon en contra de esta empresa, encabezadas por organizaciones indígenas y campesinas, pero las movilizaciones se vieron empañadas por denuncias de amenazas, agresiones, e intimidaciones que cometieron miembros del Ejército Nacional, la Policía y el Esmad durante la movilización.   

Pero Jericó no es el único municipio de la región que está en contra de la minería. En noviembre de 2018 el Concejo del municipio de Ciudad Bolívar prohibió la minería de metales e hidrocarburos en su territorio. Con este ya son 13 los municipios del Suroeste antioqueño que le han cerrado las puertas al extractivismo: Betulia, Titiribí, Támesis, Urrao, Jardín, Concordia, Pueblorrico, Salgar, Tarso, Fredonia, Valparaíso, y Jericó.   

Para ninguno de estos municipios fue fácil llegar a esta determinación, tanto por la presión que ejercen las grandes empresas, como por la guerra jurídica que deben enfrentar, principalmente contra la Gobernación de Antioquia, que contrariando las decisiones autónomas de las comunidades y de las instituciones locales, ha demandado varios de los acuerdos ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Como resultado de dichas demandas, el Tribunal anuló, entre otros, el acuerdo del municipio de Urrao. Pero el Consejo de Estado les dio la razón a los concejales de Urrao, y declaró, en una sentencia histórica que entró en pugna con lo dicho por la Corte Constitucional, que los municipios sí pueden prohibir la minería. 

Este año las movilizaciones en la región del Suroeste han continuado, y puntualmente en Jericó, donde el 15 de enero campesinos del corregimiento de Palocabildo presenciaron actividades de exploración minera en una de las plataformas de perforación del proyecto Quebradona, y denunciaron que, por Acuerdo municipal, estas actividades están prohibidas, por lo que la empresa estaría ejerciendo la minería ilegal. Las actividades de la empresa continuaron, y el pasado 24 de enero los campesinos de este corregimiento se tomaron la plataforma minera de la AngloGold Ashanti, localizada en la finca La Mancha, exigiendo al alcalde del municipio hacer cumplir dicho Acuerdo municipal, por medio del cual se prohíbe toda minería de metales en este municipio. 

Wednesday, 08 August 2018 00:00

Una decisión sin precedentes

El 24 de julio se produjo una actuación judicial sin precedentes. La Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de justicia ordinaria del país, llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Si bien este hecho es producto de un proceso por manipulación de testigos que tiene el expresidente encima, la verdad es que su origen se encuentra en un debate que le hizo el congresista Iván Cepeda para esclarecer su responsabilidad, participación, y connivencia con grupos paramilitares. Cepeda había conversado con varios exparamilitares que trabajaron para la familia Uribe Vélez, y que han revelado hechos muy delicados que lo involucran.

El principal testigo contra Uribe es Juan Guillermo Monsalve, hijo de Óscar Monsalve, el administrador de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia de Uribe. En los noventa, luego de un conflicto que hubo con la guerrilla en esta finca, Santiago Uribe ordenó, según Monsalve, regresar a sus trabajadores para recuperar un ganado robado, lo que desencadenó en una masacre, la masacre de San Roque. Como si eso fuera poco, Monsalve ha expresado en distintas ocasiones que Álvaro Uribe es “el fundador del Bloque Metro”, junto con su hermano Santiago (actualmente juzgado por su participación en el también grupo paramilitar los Doce Apóstoles), Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe, y Santiago Gallón Henao.

Monsalve ha sufrido varios intentos de asesinato –una vez atacado en la cárcel a cuchillo, y otra vez encontró veneno en su celda– y su esposa está fuera del país por amenazas a su vida.

Cronología

2011: El representante a la Cámara del Polo Democrático, Iván Cepeda, visita y entrevista a Pablo Hernán Sierra y a Juan Guillermo Monsalve, dos exparamilitares que relacionaron a Álvaro Uribe Vélez con grupos paramilitares, más exactamente con el Bloque Metro. Este bloque, según los exparamilitares, fue creado por Álvaro Uribe, su hermano Santiago, y otros ganaderos de Antioquia.

2014: Iván Cepeda realiza un debate de control político en el Congreso por la responsabilidad del senador Álvaro Uribe con el paramilitarismo en Antioquia.

A raíz de esto, Álvaro Uribe interpone una denuncia en la Corte Suprema contra Iván Cepeda. Le endilga los delitos de fraude procesal, calumnia, y abuso de la función pública. Uribe y sus abogados dicen que Cepeda, supuestamente, le prometió beneficios jurídicos, económicos, y hasta sacar del país a estos y otros paramilitares, con la condición de que relacionaran a Uribe con el paramilitarismo.

16 de febrero de 2018: La Corte, después de tres años y dos meses de investigación, y a través de un documento de 218 páginas, toma una decisión que le da una vuelta al proceso. Decide no investigar a Cepeda y, por el contrario, empezar un proceso contra Uribe. Para el Tribunal, Cepeda no se excedió en sus funciones, mucho menos sobornó o manipuló testigos. Además, descubre en su investigación que es realmente alrededor de Uribe que se creó una red para cometer los delitos por los que este denunció a Iván Cepeda. Quien denunció la manipulación de testigos, resultó ser el verdadero manipulador.

22 de febrero: Un día después de esta relevante decisión, llegaron a la Corte anónimos y mensajes que advirtieron a los magistrados lo que confirmó Reynaldo Villalba –abogado de Iván Cepeda–, el

22 de febrero: al exparamilitar Monsalve y a su familia los buscaban para que este se retractara y Uribe pudiera, a través de un recurso legal, revertir la decisión de la Corte.

24 de julio: La Corte Suprema llama a indagatoria a Álvaro Uribe Vélez. Fueron cinco meses de una silenciosa investigación, con interceptaciones telefónicas, análisis de audios, fotos, y con la participación activa de Monsalve, quien grabó con un reloj especial el momento en que Diego Cadena (abogado de narcotraficantes y de Uribe) le pide que firme un documento retractándose de sus declaraciones contra Uribe.


La persona con más investigaciones

Según la Misión de Observación Electoral, la persona con más investigaciones en la Comisión de Acusación del Congreso es Álvaro Uribe, con 276. Además de ellas, en la Corte Suprema tiene 28 procesos, entre los que destaca uno sobre falsos positivos, uno sobre el sabotaje informático al proceso de paz, y otros más por disputas que terminan en procesos por injuria y calumnia. Entre todas estas investigaciones resaltan varias por su gravedad, en especial las relacionadas con las masacres, que han perseguido al expresidente en varias ocasiones.

Hace unos años el Tribunal de Justicia y Paz pidió investigarlo por la presunta participación de su gobernación en la masacre de El Aro, en 1996, luego de que se dijera que esta tenía suficiente información sobre los acontecimientos y que el helicóptero oficial había sobrevolado la zona “durante la ejecución de la incursión y que en dicho helicóptero, según informó (…) Carlos Castaño Gil, se encontraban el Gobernador de Antioquia y dos miembros de la Cruz Roja”. Este mismo año, de nuevo, se sumó una nueva compulsa de copias en su contra por este mismo hecho: el Tribunal Superior de Medellín pidió que se le investigara, argumentando que existen elementos de juicio que comprometen directamente la “responsabilidad penal de varias personas como el gobernador de Antioquia de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez”.

Wednesday, 08 August 2018 00:00

“La vuelta está cuadrada”

Retrato del actuar de la Policía en la Comuna 13

 

El miércoles cuatro de julio un joven fue asesinado en la Comuna 13, al parecer, por miembros de la Policía. La muerte del muchacho, llamado Arley Steven Zuluaga, no se dio en medio de uno de los enfrentamientos entre bandas que ocurren en la Comuna, sino que hace parte de un conjunto de irregularidades que involucran directamente a la Policía del sector.

“Casi que no matamos ese delincuente”
Iban siendo las dos de la tarde cuando Arley Zuluaga, padre del joven, recibió la noticia. A su hijo, Arley Steven Zuluaga, un barbero de 23 años que trataba de terminar sus estudios secundarios, lo habían asesinado. Cuando llegó al lugar –en la vereda Corazón-El Morro, en el corregimiento de Altavista, cerca de Belencito–, a reconocer el cuerpo, fue recibido por un grupo de policías que señalaron a su hijo. “Casi que no matamos ese delincuente”, dijo uno, que no solo tachaba a su hijo de delincuente, sino que admitía haberlo matado. Arley no ocultó la rabia que sintió en aquel momento: “al que mataron es al hijo mío, a mí me duele lo que están diciendo, eso demuestra una complicidad en el hecho”.

James Zuluaga, reconocido líder de derechos humanos de la Comuna 13, hermano de Arley y tío de Steven, tampoco ocultó su molestia con los comentarios. James, que había llegado con Arley al lugar, le preguntó al policía que si de verdad era un delincuente por qué no lo había capturado. Un sargento que estaba presente intervino al ver que los ánimos estaban exaltados, y que varios de los policías se sentían culpados por el asesinato de Steven. “Nos están metiendo a nosotros”, decían. Y justo cuando el policía que hizo el comentario se retiraba de la zona, un amigo de Steven intervino diciendo que la semana anterior ese policía los había individualizado y los había amenazado, diciendo que los iba a matar y que él mismo les iba a hacer el levantamiento.

¿Todo empezó con un juego?
Antes del asesinato, Steven ya había tenido problemas con la Policía del sector, que no solo lo perseguía, sino que lo llegó a agredir en varias ocasiones. Para el padre de Steven, la persecución de los oficiales hacia su hijo tiene origen en un juego callejero. Steven vivía con su abuela materna cerca de la vivienda de un cabo de la Policía del sector, y un día un hijo de este, que jugaba en la calle con un balón, golpeó las rejas de la casa de Steven, y la abuela de este salió y lo regañó, a lo que el muchacho, hijo del policía, respondió insultándola.

“El muchacho la trató mal, y a esa señora la estiman mucho porque ha sido muy servicial. A los días, lo cogieron saliendo del colegio, lo golpearon, y le dijeron que respetara a la gente. Luego dijeron que el hijo mío le había mandado a pegar”, cuenta Arley. Lo malo vino unos días después. Steven llegaba a su casa de madrugada después de una fiesta, y lo cogieron varios hombres por detrás, lo derribaron y lo golpearon. “Eran policías que estaban de turno mandados por el cabo Montero. Lo dejaron como un monstruo, le dañaron toda la cara”, cuenta.

Así empezó la persecución hacia Steven. Varias veces lo retuvieron y le quitaron sus documentos sin motivo. El último problema que tuvo con la Policía fue un par de semanas antes de su asesinato, el día que un uniformado lo amenazó de muerte. El cabo que vivía cerca de la casa de Steven fue trasladado y al lugar llegó a vivir otro oficial, “un agente Morales”, precisa Arley. Este “agente” lo retuvo, le quitó los documentos, y le reclamó por un dinero que llevaba, por lo que salió la abuela y le explicó al oficial que el dinero se lo había dado ella, y que era producto de unos arriendos. Pero el oficial, molesto con Steven, lo golpeó, lo insultó, y profirió contra él la amenaza que recordó su amigo el día del asesinato: “Le dijo que él se iba a morir y que ocho días le ponía como máximo”.

“Quédese ahí que la vuelta está cuadrada”
En la comunidad han circulado varios rumores que involucran tanto a los oficiales de la Policía como a los soldados del Ejército que trabajan en la zona. Uno de los testimonios que llegó a oídos de la familia de Steven asegura que a pesar de que el asesinato fue cerca de la base del Ejército que hay en el barrio, de esta no salió nadie cuando se escucharon los disparos. “Incluso alguien me comentó que cuando sonaron los tiros, un soldado iba a salir, pero un compañero le dijo: no, no, quédese ahí que la vuelta está cuadrada. Eso escuchó alguien de la comunidad que pasó por ahí, pero la gente no declara porque le da miedo”.

Ahora, tanto Arley como James están llevando a cabo todo el proceso para realizar las denuncias y procedimientos legales con los que buscarán justicia por la muerte de Steven. “Espero que los policías y soldados que estuvieron involucrados sean destituidos de su cargo mientras se hace la investigación. Que se esclarezcan los hechos y sean castigados los culpables”.

No es un hecho aislado
El asesinato de Steven ocurrió un día después de que oficiales de la Policía y miembros de una banda del sector patrullaron juntos zonas de la Comuna 13, amenazando ciudadanos, ingresando a viviendas sin órdenes legales, y sacando jóvenes de sus casas, como sucedió en el 2002 en la Operación Orión. Al día siguiente, por la presión de los periodistas y de la ciudadanía que pedía explicaciones, se realizó una rueda de prensa en la que el secretario de seguridad de Medellín, Andrés Tobón, “explicó” que se estaban realizando operativos en la zona, que había aumentado el pie de fuerza, y que “estaban trabajando de la mano de la comunidad”, lo que contrasta con los testimonios de los ciudadanos que aseguraron –incluso en la misma rueda de prensa–, que desconfían del actuar de los uniformados y que no es la primera vez que pasa algo así.
La Comuna está viviendo una guerra entre bandas –como La Agonía, La Torre, El Coco y Betania–, que explica el alza en un 100% de los homicidios, en comparación con el mismo periodo del año anterior: pasaron de 23 a 46.

Entre las principales denuncias que hacen los líderes de la Comuna está que en ocasiones los policías retienen a los jóvenes, les quitan sus documentos, y los llaman desde el CAI pidiendo entre cien mil y doscientos mil pesos por devolverlos. Otras veces, según el líder James Zuluaga, los oficiales detienen a los jóvenes que van en moto y les piden dinero, si no tienen llaman al Tránsito para inmovilizar las motos, o golpean a los muchachos y les quitan los documentos.

Otra denuncia, más grave que las anteriores, es que ha pasado que los oficiales cogen a los muchachos y los llevan en sus motos o en las camionetas oficiales a otros sectores para que “los que mandan” los identifiquen. “Cogen un pelao de este sector, se lo llevan y lo pasean donde está la otra banda enemiga. Los enemigos están ahí porque ya tienen todo cuadrado. Los llevan en la moto o los montan atrás en las camionetas. Los bandidos están por ahí pilas viendo cuándo bajan a alguien, para mirarles la cara y después asesinarlo”, afirma un habitante de la Comuna.

“Son los uniformados que por lo general llevan aquí de cinco a diez años. También conocemos casos concretos de policías que viven aquí mismo en la zona, y la esposa termina siendo hermana o prima de uno de los duros del combo, lo que se presta para esas connivencias”, complementa James.

Friday, 01 June 2018 00:00

El Bajo Cauca, entre el fuego cruzado

Un capítulo de violencia está viviendo nuevamente, desde hace algunos meses, el Bajo Cauca, subregión de Antioquia históricamente ocupada por grupos paramilitares. Los grupos en disputa no son pocos, y tienen como escenario de confrontación un corredor que empieza en los municipios de Ituango y Valdivia (último municipio del Norte antes de comenzar el Bajo Cauca), atraviesa Tarazá, Cáceres, y Caucasia, y llega hasta San José de Uré, municipio de Córdoba que limita con estos. A raíz de las confrontaciones armadas en estos municipios, 732 familias (2.192 personas) han sido desplazadas, según la Defensoría del Pueblo.

¿Cuáles son los grupos armados que actúan en esta región? En Tarazá y en Cáceres hay presencia de la Compañía Móvil Héroes y Mártires de Tarazá y del Frente de Guerra Compañero Tomás, del ELN. En los límites entre Tarazá e Ituango está la disidencia del Frente 36 de las FARC-EP. Sin embargo, los dos actores que encendieron la violencia en la región fueron el Frente Virgilio Peralta Arenas de las Autodefensas Campesinas, los llamados caparrapos, un reducto paramilitar que viene desde la desmovilización de las autodefensas del Bajo Cauca, y el grupo que tiene mayor dominio en la zona, el mismo que se ha convertido en el centro de la persecución criminal del Estado colombiano: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-. Los caparrapos estaban subordinados a las AGC, pero el año pasado se sublevaron y decidieron enfrentarlas.

Las AGC se adueñaron de la región
Según el informe “Presencia de grupos paramilitares y algunas de sus dinámicas en Antioquia”, realizado por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CCEEU–, Nodo Antioquia, las AGC tienen presencia en 22 departamentos del país, y están en 97 municipios de Antioquia.

Su incursión en esta región empezó en el 2008, año en que tuvo que enfrentarse –según un informe de la Fundación Ideas para la Paz– “a dos estructuras herederas de las AUC, particularmente a 'Los Paisas', una extensión rural de la llamada 'Oficina de Envigado' conformada por antiguos miembros del Bloque Mineros, y a una facción de 'Los Rastrojos', integrada por ex paramilitares del Bloque Central Bolívar (BCB)”. Esta primera confrontación ocasionó el retiro de “Los Rastrojos”, y el fortalecimiento en la región de las AGC.

Hubo un tiempo de relativa calma, signada por el empoderamiento de las AGC y por la salida de las FARC-EP de algunos terrenos circundantes al Bajo Cauca. Pero al finalizar el 2017 dicha calma se rompió, primero, por confrontaciones internas de las AGC, y segundo, por la incursión de otros grupos que querían hacerse al control de las rentas ilícitas. Estos grupos, según Oscar Yesid Zapata, representante en Antioquia de la CCEEU, no son solo locales. Para él hay una relación entre las confrontaciones en la región y los carteles internacionales de la droga. “Por informaciones que hemos recibido sabemos que eso también debe estar relacionado con carteles mexicanos de la droga, que pueden estar apadrinando a uno de estos dos grupos. Eso puede estar generando una explosión criminal en Bajo Cauca”, explica. Dice además que estas rentas ilícitas son de los cultivos de coca, la minería, el tránsito de sustancias de uso ilícito, y la extorsión.

Pero de estas, la principal economía ilícita por explorar es la producción de la coca. Por eso, cuando se vio reducida en el 2017 por los planes de sustitución del Gobierno, las confrontaciones y el control sobre la población se intensificaron. Según una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, “el principal objeto de disputa de las estructuras asociadas a las AGC, está centrada en las necesidades de control de la cadena del narcotráfico”. Agrega que son precisamente “los territorios del cultivo de coca vinculados al PNIS –Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito–, el escenario principal de riesgo de las comunidades rurales en los municipios de Tarazá y Cáceres”.

El centro de la confrontación
En los corregimientos y en la zona urbana de Cáceres y Tarazá, fue donde inició la confrontación. Tarazá, por ejemplo, fue noticia los primeros dos meses del año, luego de que se conociera que hubo 26 asesinatos, cuando en el mismo periodo del año pasado solo hubo seis. Se trata de un incremento del 383%. Además de eso, en cuatro eventos de desplazamiento se produjeron cerca de 1600 víctimas, como muestra de lo que la Defensoría llama “una clara estrategia de vaciamiento del territorio”.

En este pueblo, además de los desplazamientos, hay serias restricciones a la movilidad, pues según registra la Defensoría, los residentes no pueden movilizarse hacia algunos lugares aledaños. También ha habido toque de queda: “Desde marzo de 2018 circula un panfleto firmado por el Bloque Virgilio Peralta Arenas, en el que se restringe la movilidad a partir de las 7:00 p.m. en los sectores en los que tiene injerencia”. Además, se han visto afectadas las dinámicas económicas de estos municipios, donde en dos ocasiones varios grupos de mineros han sido expulsados de sus lugares de trabajo por miembros de las AGC y los caparrapos.

No es distinto el panorama en Cáceres. Según un comunicado de Derechos Humanos sobre la situación de seguridad en este municipio durante los primeros meses del año, en la población hay temor a causa de los enfrentamientos y por el límite en el control territorial que ejercen los grupos armados ilegales, por lo que los sitios públicos y establecimientos comerciales permanecen vacíos, afectando las actividades económicas.

Poder político y grupos ilegales
Según Oscar Yesid, “ha existido en el correr de este tiempo una serie de nexos entre las AGC y las autoridades locales. Todavía hay una connivencia que les facilita accionar en este territorio. El problema está dentro del mismo Estado”. No son pocos los casos que sustentan esta idea. En enero fue capturado el alcalde de Cáceres, José Mercedes Berrío, por nexos con las AGC. Según la Fiscalía, Berrío llegó en las elecciones del 2014 al cargo gracias a una alianza con este grupo.

En febrero, el capturado fue Mario Eliecer Sierra Correa, vicepresidente del Concejo de Tarazá, a quien la Fiscalía señala de dar información a “polocho”, un cabecilla del Frente Julio César Vargas, para que este supiera cuándo habría operativos en su contra. Alias “polocho” fue abatido por la policía ese mismo mes y ejercía su control en el corregimiento Barro Blanco de Tarazá. Además de ellos dos, ya habían sido capturados desde el año pasado el concejal de Tarazá, Carlos Mario Mira, el jefe de personal del hospital de dicha localidad, Boby Bedoya, y una enfermera del hospital.

Lo más grave es que al parecer vienen más capturas en camino, precisamente en Cáceres, Tarazá y Caucasia. Esto cuenta Leiderman Ortiz, periodista de Caucasia que ha denunciado a los dirigentes políticos por sus nexos con los grupos criminales: “A la alcaldesa de Tarazá están que la capturan. Al de Caucasia están que lo capturan por concierto para delinquir, por nexos que tiene con grupos armados, y por corrupción. Eso ya está que revienta”.

El Bajo Cauca, históricamente fortín paramilitar, está volviendo a vivir las manifestaciones de violencia que vivió a finales de los noventa y principios de la década pasada. Según Leiderman, a la zona, que está intervenida militarmente desde hace unos meses, va a llegar una nueva intervención grande, de inteligencia, contrainteligencia, ejército”. Por esto, una compleja situación de derechos humanos, y el riesgo de desplazamiento para las comunidades, siguen latentes. A esto se suma la reciente tragedia a causa de las fallas del proyecto Hidroituango, en donde resultaron afectadas las comunidades de estos mismos municipios.

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