Andrés "El Germen"  Markez

Andrés "El Germen" Markez

(ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA No. 66 EN EL 2011)

La región donde se construye el proyecto hidroeléctrico más grande del país vive la agudización de la confrontación armada entre las Farc y la Fuerza Pública. Los impactos del proyecto han generado gran descontento en las poblaciones afectadas, alimentado por el abandono del Estado y una situación que avanza hacia una crisis humanitaria.

 

La obra del despojo
Los municipios afectados por la construcción del proyecto Hidroituango han sido de vocación agrícola, ganadera y minera. Empresas Públicas de Medellín –EPM-, para llevar a cabo las obras del desvío de la vía que comunica a Medellín –capital antioqueña- con el municipio de Ituango ha realizado varios censos para determinar qué personas habitan en la zona de influencia, cuáles son sus propiedades y sus actividades económicas, y de esta manera iniciar el proceso de negociación para la compensación e indemnización. Sin embargo, los procesos del censo han sido el punto de los malestares.

Desde el año 2007 se iniciaron las encuestas en algunos puntos del río Cauca, correspondientes a los municipios afectados por el proyecto hidroeléctrico. Las comunidades mineras alegaron que no fueron censadas todas las personas dedicadas a esta actividad debido a que la empresa encargada, Integral S.A., no visitó todas las playas y ni siquiera anunciaron sus visitas, con lo cual excluyó a una buena cantidad de personas. Esto, teniendo en cuenta, tal y como lo manifiestan los/as mineras/os, que “no nos quedamos en un sólo punto buscando el oro, vamos de playa en playa buscando las mejores condiciones para extraerlo y cuando las condiciones se ponen difíciles, algunas personas alternan su actividad minera con la agrícola”.

En cambio, EPM y el gobernador Luis Alfredo Ramos han señalado que ha habido un aumento de personas viviendo en el río y que son “avivatos” que quieren aprovecharse de algún beneficio económico. Para solucionar este conflicto, algunos/as mineras/os han propuesto hacer de nuevo el censo acompañado de una prueba de pericia. Algunos mineros dicen que son alrededor de 1400 personas dedicadas a la minería y EPM dice que 327 fueron las censadas. Por eso desde diciembre del año pasado la fuerza pública ha hechos dos desalojos en el río Cauca, uno en las playas de Ituango y el otro en las playas de Briceño, en las que desalojó a 170 personas afectadas.

Por el lado de los/as agricultores tampoco pinta bien. Algunos propietarios de terrenos han expresado el malestar y el inconformismo con respecto al precio ofrecido por la compra de los predios. Aseguran que los precios son tan irrisorios que no alcanzarían a adquirir otro predio de mejores o iguales condiciones, y, además, no pueden invertir ni trabajar en sus tierras porque en cualquier momento llega la negociación y no se les reconocería lo que hay después de la fecha del censo. Asimismo, otros propietarios expresaron haber hecho la negociación con EPM y luego de un año no han recibido un solo peso, aspecto que tiene en jaque especialmente a los pequeños propietarios.

Para completar la lista de afectados, están las/os desempleados/as y las/os comerciantes. La población lamenta que esto no haya sido realidad la publicidad que se anunciaba en las vallas, donde la gobernación aseguraba progreso y empleo para la subregión. Jóvenes estudiantes de Ituango, que realizaron sus estudios en técnicas y tecnologías, dicen haber tenido la ilusión de atender la demanda de empleos que iba a generar las obras del proyecto, y lamentablemente hasta ahora sólo han sido contratados 30 personas para prestar seguridad en los predios del proyecto. “Y ni siquiera oficiales ni albañiles, ya que al parecer trajeron personal del suspendido proyecto hidroeléctrico Porce IV”. Tan lejos ha llegado la crisis económica que muchos/as comerciantes aseguran una reducción en sus ventas hasta en un 50% y en algunos la quiebra. Esperanzados/as en un primer momento por la masiva presencia de trabajadores/as del proyecto, se fueron desilusionando luego de ver como EPM ha contratado a empresas que ofrecen alimentación, transporte de personal, ha construido sus propias residencias para alojar a sus trabajadores/as.

Se intensifica el conflicto
En la noche del 9 de septiembre de 2011, con alrededor de 200 personas, se dio inicio al “Panel Nacional Itinerante sobre política minero- energética y sus conflictos en Colombia”. Al evento, que se realizó en el coliseo municipal de Ituango, acudieron varias delegaciones de organizaciones sociales, tanto nacionales como internacionales; comunidades afectadas por proyectos hidroeléctricos de diferentes puntos del país y el diputado a la Asamblea Departamental Jorge Gómez. Allí sé denunció, por medio de comunicados, la omisión de varias autoridades con respecto al peligro que genera la existencia de un blog desde mediados de junio del presente año. Este sitio en internet publicó varios listados que contiene nombres, documentos de identificación y demás datos personales de cerca de 1900 personas, entre ellas funcionarios públicos, líderes sociales y comunitarios, docentes, comerciantes, mototaxistas, estudiantes y personas en situación de desplazamiento; cerca de 900 personas de estas listas son sindicadas de colaboradores, milicianos y guerrilleros del frente 18 de las Farc.

“32 comunicaciones se le dirigieron al gobernador el día 7 de julio del presente año por parte de 32 sectores organizados de nuestro municipio y esta es la hora en que no hemos obtenido respuesta”. También 405 personas que aparecen en el blog pusieron en conocimiento a la Fiscalía General de la Nación pero hasta ahora no ha tomado cartas en el asunto.

Entre otras cosas, se están volviendo comunes en la región los famosos falsos positivos judiciales. Tal es el caso, por mencionar apenas uno, de 9 comerciantes reconocidos del municipio, que fueron capturados el 12 de marzo de este año en el municipio de Ituango, acusados de delitos de rebelión y concierto para delinquir. Según los/as habitantes del pueblo, la mala imagen de estas 9 personas fue creada mediáticamente por las declaraciones del coronel José Gerardo Acevedo Ossa, comandante del departamento de Policía  Antioquia, y el Director de Fiscalías de Antioquia, Jaime Ángel Londoño Uribe, quienes señalaron “que estas personas eran reclutadoras de menores, transportadoras de narcóticos e informantes a la guerrilla”. Ese día, hacia el mediodía, se iniciaron los operativos de las capturas y simultáneamente la población de Ituango se movilizó para exigir su libertad, alegando “la inocencia de estas personas reconocidas del pueblo”.

A la problemática de la persecución se suman los combates en la zona de influencia del proyecto, que se han vuelto más constantes. Las vías han sido escenarios de conflagración de vehículos que trabajan para el proyecto y de transporte público por parte de la guerrilla; en respuesta, el ejército ha bombardeado varios puntos cercanos al río Cauca: el más reciente bombardeo fue el pasado 13 de septiembre a las 8am, en el sector conocido como “el Bombillo”, margen del rio correspondiente a Ituango. El sector “Plan Icura”, al frente del “Bombillo” y correspondiente a Toledo, es el lugar donde hay cerca de 200 personas mineando en el rio y que serán desalojadas próximamente, según les notificó a 5 mineros censados de esta playa la inspectora de policía de Toledo, Tatiana Hinestroza Monsalve, mediante un amparo policivo solicitado por EPM Ituango S.A. E.S.P. También existe la alerta entre los pobladores por la presencia de paramilitares en el casco urbano de Briceño, que ya han puesto la mira hacia el lugar de las obras. Como preámbulo de su actuación empiezan a circular los señalamientos a mineros/as de ser parte de la guerrilla. Este no es, en realidad, un ingrediente nuevo, lo han expresado constantemente los militares y personal de EPM, que se los dice en tono amenazante. El riesgo de derramamiento de sangre es alto.

(ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA 58 EN EL 2011)

El lugar en donde se construye el proyecto hidroeléctrico Pescadero-Ituango, al  norte del departamento de Antioquia, sobre las orillas del río Cauca, sus habitantes se rebuscan alguna piedrita de oro en el río por la imperiosa obligación de satisfacer a duras penas sus necesidades básicas. Paradójicamente, la Gobernación de Antioquia y las Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. se vanaglorian del proyecto por ser la insignia del progreso y desarrollo más ambicioso de la región, el más grande del país. Entre tanto lado la pequeña minería tendrá que desaparecer de allí. “¿Qué pasara con nosotros/as?” se preguntan algunos/as mineros/as, quienes por la incertidumbre y la preocupación se llenaron de valentía y coraje para afrontar su situación.

 

Se organizan para no joderse
Miércoles 15 de diciembre del año que pasó. El invierno aun no había cesado. Reflejo del azote invernal: las carreteras, en especial la que comunica la vereda la Nueva Vía de Yarumal con el corregimiento de El Valle, del municipio de Toledo, San Andrés de Cuerquia e Ituango, en donde hay tramos en que la carretera se transforma en lodosa pista de patinaje para todo tipo de vehículo, sea grande o pequeño. El que logra salir de esos trajines, por solidaridad con los demás vehículos, le toca asumir el papel de grúa y jalar con lasos y cadenas hasta que se salgan los demás de las trampas de pantano.
Y eso que hay maquinaria trabajando sobre esta vía, pero parece que los mismos trabajos empeoran el estado de esta destapada carretera y algunos tramos en los que ya esta pavimentado se han empezado a hundir o hay derrumbes que obstaculizan hasta un carril, haciendo aun más grande la hazaña para todo aquel o aquella que con su vehículo pase por unas márgenes tan estrechas y con tan solo unos pocos centímetros cerca del borde de los abismos.

Cerca del mediodía, con un cielo opaco y algo de bochorno, se desarrolló una asamblea de la Asociación de Pequeños Mineros Afectados por el Proyecto Hidroituango, ASOMITUANGO, en el corregimiento de El Valle, exactamente en la finca Tacui, en donde cerca de 300 personas, hombres y mujeres de todas las edades, llegaron en chivas, a caballo o simplemente a pie, con muchas expectativas para tratar una problemática trascendental para sus vidas mineras.

Hubo un poco de tensión durante un buen rato. Algunos/as mineros/as expresaron su enojo con la restricción del ejército y de la empresa de seguridad privada que custodia las riberas del río Cauca, alegando que era constante y que además en algunas ocasiones intimidatorias. “Si salen del río no pueden volver a entrar”, expresaba un minero sobre lo dicho por un vigilante en esa misma semana cuando salía de su rancho. Como para sumar más a la rabia, dos integrantes de la asociación minera no alcanzaron a llegar, y se comunicaron por celular para manifestar que estaban retenidos por el ejército sin motivo alguno, al tratar de salir de las riberas del río. 

Coincidencialmente, miembros del ejército se estaban apostando en esta finca casi todos los días. Se le preguntó al cabo Varela sobre las restricciones para el acceso al río, ante lo cual se comunicó por radioteléfono con sus superiores para verificar la información y luego negó rotundamente el reclamo, solo advirtió que “en el lugar se requisa a toda persona que ingrese porque hay colaboradores de la insurgencia merodeando en la zona. Y si se presentan abusos para el acceso al lugar, que anoten la placa para que denuncien ante el coronel Gutiérrez”. Por momentos se calentaron los ánimos pero la calma sobresalió a la hora de proseguir con la asamblea.

Y es que la presencia de cerca de 300 personas evidenció la voluntad para planear acciones con respecto de su situación, en donde ASOMITUANGO reclama enfáticamente ser reconocida y que cualquier negociación que se adelante sobre la actividad económica de la minería sea acordada directamente con la asociación como organización representante de la pequeña minería; es decir, que se pueda deliberar sobre la reubicación de sus ranchos, la indemnización por el cese de actividad económica y la generación de alternativas económicas para su supervivencia.

Actualmente, atendiendo la resolución ejecutiva 317 de 2008, en la que se declara de utilidad pública e interés social los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero-Ituango, el Ministerio de Minas y Energía emitió la resolución 18 0577 el pasado 9 de abril de 2010, en la que, basado en el artículo 10 de la Ley 56 de 1981, “dispone que para determinar los valores que se han de pagar a los propietarios de los predios y de las mejoras que se requieran para el desarrollo de los proyectos se integrará una comisión tripartita, compuesta por un representante de la empresa propietaria del proyecto, un representante designado por los propietarios de los predios afectados por el mismo, cuya remuneración será sufragada por el ministerio del ramo, y un representante del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la cual tiene la función de elaborar un manual con los valores unitarios que sirvan de base para liquidar los inventarios de los bienes que habrán de afectarse con la obra; determinar el avalúo comercial de los predios y dirimir los conflictos que se presenten en la determinación de inventarios y las áreas”.

En una carta enviada con fecha del 20 de noviembre de 2010 a la empresa HIDROELECTRICA ITUANGO S.A E.S.P., la operadora del proyecto, se le expresó por parte de ASOMITUANGO que, además de ser reconocida, proponen como lugar de reunión el corregimiento de El Valle por estar equidistante de los otros municipios; y que se actualizara el censo para la comunidad dedicada a la pequeña minería realizado por la empresa, ya que solo fueron censadas tres personas. Sin embargo no hubo respuesta por parte de la empresa.


Perder esta fuente de trabajo significaría para muchas familias arriesgar su techo y su comida. Los ánimos apuntaban a realizar una movilización. “Hagamos un paro aquí en la región para que nos puedan escuchar en todo el país”, decía uno de los mineros. Pero dos opciones saltaban a la vista para llevarla a cabo: un paro cívico en las vías que contara con el apoyo de sus poblaciones respectivas o hacerla en la ciudad de Medellín en las instalaciones de la oficina del gerente general de la empresa, Luis Guillermo Gómez Atehortúa. La segunda opción fue aplaudida a favor debido a los problemas de seguridad, ya que en la zona hay una fuerte presencia de la insurgencia de las FARC y hacer este tipo de movilizaciones “daría pie para que se estigmatizara la movilización, además realizar un paro indefinido demandaría muchos recursos que las comunidades no tienen”.

Acordada la movilización siguió un tema más: el censo de la población minera, aquel que permitiría determinar la cantidad de personas que se dedican a la actividad minera.

Con preocupación, el presidente de la Asociación expresó que al parecer estaban llegando personas forasteras a las riberas del río: “¿Quiénes son? ¿Acaso son personas oportunistas que quieren pescar en río revuelto? ¿Es una estrategia de la empresa?”. De inmediato, otras personas respaldaron lo dicho por el presidente de la asociación y el dilema por la fecha ofrecía como propuesta de reconocer al minero/a que haya empezado a trabajar desde antes de julio de 2008.  Y cuando parecía que la propuesta estaba calando en la asamblea, una señora tomó el micrófono y habló en tono bajo pero claro y conciso: “Algunas personas y yo hemos llegado al río Cauca de nuevo porque los grupos armados nos sacaron de nuestras casas y nuestras tierras hace unos años, pero toca retornar porque la situación está muy difícil y siempre hemos considerado el rebusque de oro en el río como una de nuestras opciones. No tenemos la culpa de ello”.

Con este nuevo panorama, muchas voces reclamaban como propuesta que no se fijara fecha límite para definir la antigüedad de cada minero/a; otras voces manifestaron que había que evaluar cada uno de los casos ¿bajo qué criterios? Finalmente se tomó la decisión para que la junta directiva de la asociación entrara en discusión para definir si se determina una fecha de antigüedad o no y cómo demostrarla, y presentar luego la propuesta a la asociación.

En el mismo sentido, con respecto al censo desde la asociación, expresan que la empresa “tan solo censaron a tres personas y en abril de 2010 entró en vigencia un contrato de reconocimiento de medida transitoria por cese de actividad económica entre la empresa y estas tres personas,  al resto de mineros/as se les dijo que se fueran de las riberas del río para permitir las obras del proyecto hidroeléctrico y que estuvieran a la espera en el municipio de San Andrés de Cuerquia, que en los días siguientes se realizarían el resto de contratos, lo que no ha sucedido hasta el momento y por tal motivo los mineros/as fueron regresando paulatinamente a sus ranchos en el río”. Ante esta situación, proponen a la empresa que en el momento de hacer el censo no sólo vayan a los ranchos sino también al río porque allí mucha gente se encuentra realizando sus labores.

El proyecto se hace porque se hace

Jueves 16 de diciembre del año que pasó. En horas de la mañana, José Posada fue informado por el inspector policial del municipio de Ituango, Jaime León Palacio Palacio, que en las próximas 48 horas sería desalojado de su rancho y lugar de trabajo, ubicado en la vereda Tenchi, finca San Juan de Rodas, a orillas del río Cauca. Se dirige ante la Personera Municipal de Ituango, Astrid Elena García Angulo,  para declarar la situación del desalojo, y la respuesta recibida fue que no podía hacer nada y debían ir hacia el Procurador Regional. Decide irse en el bus que sale del parque de Ituango al mediodía para la ciudad de Medellín y que lo deja cerca del lugar donde residía y trabajaba.

Por información de la Asociación sabía que la empresa había manifestado que las personas que estuvieran en las orillas del río debían irse de allí antes del 20 de diciembre de 2010 para abrir paso a las obras de la construcción de la hidroeléctrica. Llegando casi dos horas después al lugar donde residía, la sorpresa de ver que ya su rancho estaba cayéndose al suelo por acción de efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía y que esta suerte la compartieron otras 23 personas, lo hizo irse para el municipio de San Andrés de Cuerquia. Al día siguiente varios mineros se dirigieron hacia la oficina de la Personera Municipal de San Andrés de Cuerquia, Mariela Ramírez, pero ella no recibió sus declaraciones sobre lo sucedido.

A las 7:00 pm del mismo jueves 16 de diciembre, en el parque principal del municipio de Ituango, la empresa HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. organizó con el párroco del municipio y con el apoyo de la Policía Nacional la tradicional Novena de Aguinaldos. Una buena presencia de la niñez Ituanguina hacía sonar las maracas, hecho que llamó la atención de la televisión local para transmitir para todos los hogares del municipio la novena, al menos para aquellos que tienen energía eléctrica y televisor. Eso sí, mucha propaganda para el proyecto hidroeléctrico, que repetía durante cada vez que podía el animador, el prometido progreso para la región. Lamentablemente, ningún medio de comunicación local, regional o nacional se dio a la tarea de informar lo ocurrido en las orillas del río Cauca.

Tuesday, 17 July 2012 18:29

¡Ojo, viene el tranvía!

Han tocado las puertas a la administración municipal y al Metro para buscar un diálogo. Han expresado que no se oponen al tranvía, pero ahora es su peor pesadilla. Les prometieron que sus condiciones de vida serían iguales o mejores; eso no ocurrió ni está ocurriendo. El Metro les dijo que se basaban en la legalidad, pero “extrañamente” aparecieron unos documentos falsos en los avalúos. Y, aún así, como están las cosas, las/os habitantes del Alejandro Echavarría se irán para darle paso al proyecto del Tranvía. Su futuro es una incertidumbre.{jcomments on}

Hay una denuncia bastante grave hecha por el presidente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo -USO-, Rodolfo Vecino: manifestó que Javier Gutiérrez, el presidente de Ecopetrol, les aseguró “que la creación de Cenit no obedecía a un plan estratégico de la petrolera, sino a una presión de las multinacionales sobre el gobierno nacional, las cuales, sin colocar un solo peso, ni tender un kilómetro de tubería, pasan a ser copropietarias de 9 mil kilómetros de redes de transporte y la infraestructura de almacenamiento”.{jcomments on}

Vivir y trabajar con el carbón es un desafío al peligro, a la enfermedad, al accidente, hasta a la muerte. Extraer ese mineral para el funcionamiento de muchas industrias, que van desde las energéticas hasta las manufactureras, implica pasar aproximadamente de 10 a 14 horas en oscuros socavones, expuestos a temperaturas de 40 grados, agachados/as todo el tiempo y comerse hasta la comida vinagre por culpa del calor. No mejor situación tiene quien trabaja en las minas a cielo abierto: también trabaja hasta 12 horas diarias y respira en todo momento una gran variedad de sustancias químicas perjudiciales para la salud. Por eso varios sindicatos del sector siguen denunciando las desfavorables condiciones para ejercer este oficio, junto a la falta de voluntad de las empresas y de los gobiernos para asumir y enfrentar sus responsabilidades.

Friday, 25 May 2012 15:13

“¿Cómo viviremos y en dónde?”

Ésta es la pregunta que se hacen los/as vecinas/os en el barrio Alejandro Echavarría, en el oriente de Medellín. Sus viviendas tendrán que echarse abajo para darle paso a las obras requeridas para el proyecto del sistema de transporte “Tranvía de Ayacucho”. No obstante, aún no hay arreglo económico entre las partes.

La carrera Junín, o mejor, el paseo peatonal de Junín, es una calle céntrica de la ciudad de Medellín, construida antes de los años 30, ubicada en la carrera 49 entre las calles avenida de 1º de Mayo (52) y la calle Caracas (54). Es bastante concurrida, pues la conforman centros comerciales, cafés, restaurantes, ventas callejeras... además, sobre la 1º de Mayo está el edificio Coltejer, ese que suelen utilizarlo como el símbolo de Medellín. Y hace poco culminó su proceso de renovación urbanística.

Esta frase fue una consigna repetida por los asistentes al Foro Política Minero-Energética, Despojos y Resistencias en Colombia, realizado en la ciudad de Medellín los días 16 y 17 de febrero de este año. Esta es una muestra del malestar de las comunidades que ejercen la pequeña minería en relación a la actitud del gobierno nacional de perseguirlas y condenarlas, mientras que a las grandes empresas mineras se les ha concesionado más del 40% del territorio nacional. En este contexto Gleis Naranjo, participante del Foro y representante de la Asociación Agrominera del Bajo Cauca Antioqueño, nos habló de las necesidades de su comunidad, de por qué se han asociado, sus proyecciones y sus apuestas por ejercer la minería con planes de recuperación ambiental.

 

Tuesday, 22 November 2011 11:31

ISA avanza… hacia la violación de derechos

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. –ISA-,  empresa colombiana encargada del transporte de energía de alta tensión, de telecomunicaciones, concesiones viales y la operación y administración del mercado eléctrico a través del MEM (Mercado de Energía Mayorista), tiene presencia tanto en Colombia como también en Chile, Perú, Brasil, Bolivia y en Centroamérica. A pesar de ser una empresa de servicios públicos básicamente del Estado –con una participación del 51.41% en acciones, seguido de EPM con el 10.17%, ECOPETROL con el 5.32% y Agentes Privados 31.31%- trabaja con la lógica del capital, pues su principal objetivo es la generación de ganancias y utilidades mientras que sus trabajadores y la gran mayoría de la comunidad no gozan de sus beneficios. Jaime Aristizabal Tobón, presidente de los sindicatos SINTRAISA y SINTRAE, nos comentó sobre el conflicto laboral que afrontan actualmente con la empresa.

 

La remodelación del corredor en donde se ubica uno de los mercados populares más importantes de la ciudad de Medellín, Mercado Tejelo, lo ha celebrado la administración de Alonso Salazar con bombos y platillos. Pero el hecho de que la alcaldía insista en que los nuevos módulos sólo se pueden vender legumbres y frutas amenaza a ocho familias que hace más de diez años trabajan en este bulevar con restaurantes populares, vendiendo almuerzos abundantes y nutritivos, con uno de los precios más bajos que se puedan conseguir en la ciudad. Si no fuera por las comidas, dicen estas familias, que es lo que saben hacer, no podrían conseguirse el sustento y beneficiar a cerca de mil personas de escasos recursos que encuentran en estos lugares un buen alimento a un precio favorable.

 

Page 1 of 3

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

Litografía Periferia

 

Ubicación

 

 

Medellín - Antioquia - Colombia

Calle 50 #46-36 of. 504

(4) 231 08 42

periferiaprensaalternativa@gmail.com

Apoye la Prensa Alternativa y Popular

o también puede acercarse a nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, Edificio Furatena (calle 50 #46 - 36, oficina 504) y por su aporte solidario reciba un ejemplar del periódico Periferia y un libro de Crónicas de la Periferia.