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Wednesday, 28 May 2014 00:00

ITUANGO, PRODUCTO DEL ABANDONO ESTATAL

Si bien la posición geostratégica de Ituango ha sido la condición para que surgieran y permanecieran en su territorio distintos grupos armados legales e ilegales, no quiere decir esto que los 27.000 habitantes que tiene el municipio participen de alguna forma con alguno de estos grupos. Más bien, el abandono sistemático del estado, ha dejado la población a su suerte. Si hoy fuéramos a evaluar la situación social de estas comunidades rurales, evidenciaríamos las precarias condiciones  en que viven los habitantes que quedan, después de los múltiples desplazamientos forzados de que han sido víctimas, propiciados por distintas causas y actores (principalmente en las zonas más alejadas del casco urbano).

 

La debilidad institucional, y la falta de apoyo por parte de instancias regionales y nacionales, y la ausencia de políticas que den solución a problemas estructurales de estas poblaciones, no ha permitido enfrentar la situación de conflicto y garantizar los derechos y  protección a la población civil de manera efectiva. Frente a esta situación ¿Cuál ha sido la respuesta de la población? renunciar a sus derechos y ceder todo el espacio geográfico, político, económico y social, ante la mirada pasiva de la institucionalidad local y regional, a los distintos grupos armados legales e ilegales. Por ejemplo en Ituango, está restringido el ingreso de alimentos e insumos agrícolas a las zonas rurales; la población está señalada y estigmatizada (lo que legitima cualquier acción en su contra); NO se puede denunciar porque no hay garantías para ello, ya que las personas que denuncian algún delito o conducta son acosadas y amenazadas, como pasó recientemente con algunos comerciantes; tampoco se denuncian los actos de corrupción, porque también eso es motivo de amenaza; no se participa efectivamente, porque no hay espacios para ello; y con relación al tema organizativo, el papel de las organizaciones sociales como garantes de un sistema democrático y abierto, no está claro todavía para un grupo muy amplio de la  población, que todavía las perciben como una amenaza, y  frente a cualquier intervención son señaladas de tener vínculos con la subversión.

 

La  violación sistemática de los derechos humanos y del Derechos Internacional Humanitario es flagrante y permanente, por parte de todos los actores armados presentes en el municipio, que se ve agravada con las amenazas de que fue víctima la Personera Municipal, que la obligaron a dejar el municipio (el día 21 de mayo de 2014), trasladando el despacho de forma indefinida para la ciudad de Medellín, dejando el municipio  y la población a merced de los grupos armados. Después de su partida han ocurrido dos hechos violentos donde se ha visto involucrado el ejército nacional, sólo uno de ellos fue denunciado ante las autoridades. En este momento la población se encuentra amenazada e intimidada por todas estas acciones violentas, que si bien eran recurrentes en el municipio, se daban en la zona rural la mayoría.

 

¿QUIEN DENUNCIA? ¿QUIEN GARANTIZA LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN? ¿QUE ORGANISMOS, INSTITUCIONES, ONG ACOMPAÑAN A LA POBLACIÓN CIVIL?

La respuesta por parte del Estado, ha sido el incremento de la fuerza pública (4.000 efectivos),  capturas masivas, la estigmatización y el señalamiento por parte de autoridades civiles y militares en contra de la población civil, también el año anterior apareció un blog en la web donde se publicaban informes judiciales de organismos de investigación, donde se señalaban de guerrilleros a un número importante de pobladores del municipio, sin que a la fecha haya una respuesta clara por parte de la Fiscalía frente a las denuncias instauradas por este caso.

 

RECRUDECIMIENTO DEL CONFLICTO

Si bien el municipio lleva alrededor de 30 años sumido en un conflicto interno, que le ha representado la pérdida de más de 15 mil habitantes, la reducción de la producción agropecuaria, y el detrimento de las condiciones de vida de la población, es a partir del año anterior donde se han intensificado las acciones  militares, pero también ideológicas por parte de los dos ejércitos que hacen presencia en la zona. De parte de las Farc este incremento en las acciones hace parte de su estrategia de fortalecimiento y demostración de poder frente a un posible escenario de negociación, donde no se puede llegar débil ni diezmado. En cuanto al ejército, el gobierno a través de su Plan Nacional de Consolidación, quiere retomar el control de territorios estratégicos,  que históricamente han estado abandonados, o en manos de grupos subversivos, donde existen recursos naturales abundantes, para concesionárselos a empresas nacionales y multinacionales para la exploración y explotación de dichos recursos. En este año y medio, las acciones bélicas de uno y otro lado han puesto a la sociedad civil en la mitad, sin que el estado, quien es el garante haga nada por evitar los desplazamientos forzados (17.600), las muertes, los abusos a mujeres, los excesos de la fuerza pública, las desapariciones forzadas de campesinos y el reclutamiento de menores.

 

También se han incrementado las estrategias ideológicas  de parte de los ejércitos para ganar simpatizantes. La banalización del conflicto, la socialización de la violencia como parte de la cotidianidad, la guerra como moda, el pago de dinero por información, la vinculación de menores, son estrategias que uno y otro utilizan en terreno indiscriminadamente, el reclutamiento es un delito que también es cometido por el ejército, cuando vincula jóvenes de escasos recursos en sus tropas y  sin experiencia los mete en una guerra fratricida. Las víctimas son victimas estén del lado que estén.

 

Si en este momento en Ituango, sus habitantes no reclaman sus derechos, no denuncian, no es porque estén vinculados a un actor armado, es porque la historia les enseño que en ITUANGO LA POBLACIÓN CIVIL NO TIENE DERECHOS.

 

Los estudios para el reconocimiento del aprovechamiento hidroeléctrico del Río Porce fueron elaborados en 1976 por la firma Consultores Técnicos Ltda. Más adelante, en 1983, la firma Ascon Ltda. realizó los estudios de prefactibilidad del potencial hidroeléctrico del río, y en diciembre de 1984 presentó el informe de factibilidad del proyecto Porce III, como parte de cinco posibles desarrollos a lo largo del cause, denominados Porce I, Porce II, Porce III, Porce IV y Ermitaño. El apetito del capital es visionario e inconforme. Así lo constatan estos datos históricos.

 

Cuando buena parte de la población rural del municipio de Guadalupe era “desplazada voluntariamente” por la construcción de la primera hidroeléctrica en esta región, ya se empezaban a realizar los estudios sobre la construcción de otras represas en el cauce del río Porce, que afectaría a unas cinco mil familias campesinas de vocación agrícola y minera de los municipios de Gómez Plata, Carolina, Amalfi y Anorí. Bien planificado han tenido siempre el desalojo de grandes territorios que han sido habitados históricamente por campesinos pobres, colonos, desarraigados de otros territorios que han ocupado los grandes terratenientes, mafiosos y paramilitares, apalancados en el fraude y el terror.

Invitados por uno de los líderes que conoce de cerca la problemática de la región y, en particular, la situación de los más de 1.500 mineros y de los propietarios de parcelas que van a ser afectados por la construcción del ambicioso proyecto hidroeléctrico Porce IV, acudimos a una de las reuniones convocadas en la vereda Naranjales del cañón del Porce, entre los municipios de Amalfi y Anorí. Acompañados por brigadas internacionales de paz y en compañía de otros líderes de la región, abordamos el chivero que nos llevaría a tres horas del casco urbano hasta el deslumbrante y armónico paisaje del cañón del río Porce. Allí nos esperaba un gran número de campesinos y mineros que se disponían a discutir sobre la problemática latente que traería para la región y para cada una de las familias la construcción de dicho proyecto.

Puntos divergentes se escucharon en varias intervenciones. Mientras para unos el tema a resolver era la elección del representante de la comunidad en la comisión tripartita que se reconoce en la ley 56/81, para otros el tema fundamental de la discusión debía ser la indemnización de los predios afectados. No faltó quien planteara la necesidad de avanzar en el diseño de un manual de valores distinto al que utilizó EEPP en la fase Porce III para indemnizar lo irreparable, y muchos que manifestaron su preocupación por no haber sido censados por los trabajadores sociales de EEPP que realizan esta labor. Lo que sí quedó claro en toda la disertación fue la preocupación generalizada de todos los afectados por el rumbo que puedan tomar las cosas luego que inicien formalmente las negociaciones con las Empresas Públicas de Medellín. Y es que se toma de referencia la forma y el contexto en que se desarrollaron las negociaciones en las anteriores fases de este megaproyecto. Jacob Escorcia, Ferney Ramiro Zapata (De 14 años), Yeison Cardona López y Humberto Zapata Guerrero son algunos de los muertos en este río a causa de la bucha (Corriente que se desata cuando se abren las compuertas de la presa). Bastante intimidante ¿No?

“No hay que olvidar- decían algunos de los líderes- que muchos fueron los mineros que recibieron migajas por décadas de trabajo en ese río que vio crecer a varias generaciones; tampoco se puede olvidar el alimento que ha proporcionado las tierras de este cañón a cientos de familias. Eso no tiene precio”. “Valdría la pena averiguar- seguían argumentando- cuántos de estos mineros viven hoy en condiciones dignas, ¿Cuántos están restablecidos socioeconómicamente? ¿Cuántos han engrosado la lista de los desempleados en el casco urbano de estos municipios? No sabemos”. “De lo que si estamos seguros – concluyen- es que muchos han tenido que excavar de nuevo la tierra río abajo en busca de sustento para sus familias”.

Retomamos nuestro llamado para plantearles respetuosamente nuestro punto de vista acerca de cómo se deberían desarrollar las negociaciones y la construcción de su plataforma reivindicativa. Les planteamos que no tenía sentido una negociación que se limitara solo a una indemnización “mejor remunerada” ¿Qué van a hacer ustedes con esa chichigua? – les preguntamos- no hubo respuestas, pero seguramente vinieron recuerdos de muchos de sus compañeros que después de haber recibido la exigua suma de dinero de Empresas Públicas quedaron peor que como estaban. Nuestro interrogante fue intencionado, queríamos persuadirlos de la necesidad de incluir dentro de la negociación el derecho de permanecer en el territorio, sin renunciar a la indemnización y demás derechos.

Aunque el manual de valores de las Empresas Públicas de Medellín no contempla la compra de tierras para la reubicación de los campesinos que son afectados por estas hidroeléctricas, es fundamental incluirlo como tema esencial dentro de esta negociación en el pliego de exigencias que se construya desde las comunidades. Lo ideal sería detener la construcción de este proyecto hidroeléctrico, pero bien sabemos los momentos tan adversos por los que pasa el movimiento campesino y popular en un contexto mundial desfavorable para las trasformaciones que requiere la humanidad para que sea verdaderamente humana; pero sí podemos aspirar a negociar con ese pulpo las condiciones que les permita a los agricultores y mineros permanecer en los territorios en condiciones dignas. Lo que significa tener acceso a tierras colectivas para la reubicación, proyectos productivos, acceso a servicios básicos, indemnización, libre asociatividad, entre otros derechos.
No es mucho exigir, pero es suficiente para que se inicien los hostigamientos y persecuciones de rigor contra los dirigentes de las asociaciones de mineros, como de hecho ha venido ocurriendo en contra de algunos líderes del municipio de Anorí, quienes han sido arbitrariamente detenidos, acusados de auxiliadores del terrorismo y luego dejados en libertad por falta de pruebas. Por lo anterior, se requiere de la solidaridad de los sectores populares, de derechos humanos, de los distintos espacios que trabajan el tema de lo energético y los megaproyectos asociados a esta actividad para que estos compañeros no se sientan solos en esta dura pelea.

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