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Oíme María, no sé si te conté que luego de la crisis asmática, y el mes en terapia de cuidados intensivos, salí del hospital San Vicente y lo primero que recordé es que estaba como dormida, sin poderme mover, ni hablar, ni nada. No recuerdo si te conté, pero era real lo que había visto con ese infatigable fastidio del respirador y los tubos que desde la boca hasta mis entrañas me habían puesto.

Era muy raro ver temblar a mi lado un ataúd entre tantos aparatos hospitalarios. Sí, un ataúd abriendo y cerrándose solo. Madre, ¿te acuerdas que fue a mediados de ese mayo de 2004 cuando te tocó volver a San Carlos a ver por última vez a mi hermano Jesús Antonio? Tu hijo menor, Susito, de cariño.

Ahora que esculco en el paladar de la memoria, evocando las colinas y planes de la vereda Cañaveral, me veo con la panela recién hecha, derretida en la hojota en que la echaban en la estancia donde trabajaba mi apá Israel. Recuerdo que al contrario de mis hermanas, yo no cargaba leña; que en la cosecha se quedó Susito con su compañera de vida, que se balanceaban a lomo de mula o bestia como muchos cafeteros y arrieros, loma arriba por esos culebreantes caminos y canalones. ¿Fue por esos espesos caminos y cañaverales que la terapia de la “lucha antisubversiva” irrumpió? Solo sé que acusándolo de llevar mercado a la guerrilla, a susito le cayeron esos paracos, esos que década antes conocíamos como “macetos” (MAS), ¿cierto Má?

A muchos les acusan de colaboradores de los paras o de los militares, y a muchos como a él, de llevar mercado a la guerrilla. Tremenda y trillada justificación para matar a quien labra cada amanecer un nuevo día para su familia y su región. Me contaste que lo vigilaban cuando llevaba el café a la federación de cafeteros en el parque, y que a tus vecinos les preguntaban que quién era y qué hacía. El tal paraco ese, años después, durante el proceso de desmovilización, disque arrepentido de haberse equivocado, ¡demasiado tiempo ya!

¿Hay alguna justificación para que una persona tan honrada termine así? Quizás por dormir cerca de la piedra El Tabor y por sus cosechas en la finca de bahareque y de nutridos cafetales, arrullada por conciertos de grillos, chicharras y monos aulladores, custodiada por gallinas trepadas en los naranjos. Les parecieron “subversivas” las pupilas que desde magistral vista se estremecían contemplando las bombillas que, hundidas en esa cadena de montañas que descuelgan a Arli (Vocablo de origen Tahami, que significa “Río del pez” o “Río del Bocachico”), se reflejan en sus aguas.

Dedicado al café para el sustento económico, ¿lo recuerdas? Hasta entonces a la guerrilla la había visto en retenes en la vía, tumbando comandos de policía, torres de la energía que ISAGEN y EPM cobran y nos niegan día a día, torres de antemano facturadas a sus usuarios.

En fincas familiares llenas de “piña castilla” y frutos de esta atractiva tierra. Hace varias décadas bajo los embalses de la Central Hidroeléctrica Playas, en límites con San Rafael, ¿quién iba imaginar que hasta en el Magdalena Medio iban a vivir parecido a Israel? No Israel tu difunto amado, sino el Estado de Oriente Medio y el Golfo Pérsico al que, entre humo de tabaco envuelto en hoja, Israel veía por TV mandar terapias de tanques y bombardeos a la población.

Ahora tras el “turismo para la paz”, y reconocimientos como el “municipio piloto en desminado de minas antipersona”, una espiral de dudas convulsiona mi cabeza. No hay duda de que el Estado elimina lo que le contradiga o subvierta, así hizo con esa generosidad de tantos campesinos, ese respeto que no tienen las fuerzas armadas, esos rezagos de valores fraternos que se construyen en muchos lugares “abandonados”.

Viste cómo se multiplican los megaproyectos de desarrollo económico gracias al control que “ilegales” armados impusieron junto a una Fuerza Pública que protege las instalaciones policiales, hidroeléctricas y viales, pero no la vida.

Hoy dudo que con programas de resocialización o castigo a los combatientes, y con terapias psicosociales en la población, alivien un dolor ejecutado desde la cabeza del Estado con esqueleto de chupachupa y dinero. Dudo que los paras y algunas guerrillas estén “al margen de la ley”. Es más, me han dicho que están, no sé cómo, bien adentro de este orden mercantil y mental que necesita de épocas convulsas y terapias de seguridad para mantenerse. Dentro de este juego de lenguaje que tilda de “enemigo interno” a quien no aguanta ya más desigualdad y falta de dignidad, que etiqueta de “ejecuciones extrajudiciales” asesinatos cometidos por “héroes de la patria”, y pretende sumir en el perdón y el olvido del progreso material y energético los crímenes cometidos por Héroes de Granada, Bloque Metro o Cacique Nutibara, quienes se equivocaron con los “presuntos guerrilleros”, como dicen en las noticias, porque la mayoría eran más presuntos que “guerrilleros”.

Si me dedico a morir, que por lo menos la enfermedad de la madre tierra convulsione las conciencias de las empresas. Como ves, sigo en la ciudad dando tumbos por medicamentos y convulsiones heredadas del mal cuidado intensivo. Pero aún sé que me sentiré alentada cuando recupere toda la memoria, encontraremos solución más allá del negocio de las industrias de la salud, las armas, y la industria energética.

Aún conservo la memoria de manos de hermanos, padres, abuelos que quisieron sembrar felicidad, de hermanas que, “desplazadas” en el casco urbano, no ven como única posibilidad romperse las manos como empleadas en una empresa, lejos de ese municipio del Oriente Antioqueño.

Cuando volvas, tráeme fresca la memoria de esos escondidos lugares vaciados a punta de armas y embalses, de líderes de movimientos cívicos y de proyectos agropecuarios alternativos decapitados y arrojados a represas. La memoria de pequeños productores de café y panela sumidos en el olvido pero aferrados a sus proyectos, al aroma cafetal, naranja y cañaveral, a esas chorreras de agua. Tráeme esos aromas que hacen sentir las cosechas, los frijoles todos los días al amparo de tempranas lluvias de estrellas, la memoria de las columnas de caballos maltratados moliendo caña.

Oí a alguien decir: “si no hay memoria ¿sería que nada pasó?". Ahora entiendo tanto medicamento intentándola atrofiar. Hoy busco el cantar de los pájaros. Las voces que gritan “no hay perdón ni olvido” se replican y flotan hasta en alucinaciones. Hoy la lengua me arde por dentro, por fuera no se ve nada, si hay una herida sin cerrar se debe volver digna, saludable y fuerte allá donde quisiste que te sembraran.
Hasta pronto, Madre querida. Dicen que se puede reír, llorar, sentir en silencio, ¡claro, escribiendo!

Recordemos
Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) adquirió vida jurídica en 1967 como una Empresa Industrial y Comercial del Estado. En 1977 se constituyó el Sindicato Nacional de Trabajadores de Interconexión Eléctrica S.A. (SINTRAISA); en represalia, ISA recurrió a la conformación de un Pacto Colectivo, figura que es usada desde entonces por la empresa para obstaculizar el derecho de asociación sindical, limitar la negociación colectiva con el Sindicato y discriminar a los trabajadores sindicalizados.

Desde 1993, SINTRAISA estableció en sus estatutos la posibilidad de afiliación a la organización sindical de los trabajadores que presten sus servicios en las filiales y subsidiarias de ISA. Estando en plena discusión de las leyes 142 y 143, SINTRAISA acude al Senado de la República para establecer garantías y protección de los derechos de los trabajadores. En el parágrafo 4 de los artículos 167 y 32 estableció que “el personal de la actual planta de ISA será reubicado en las empresas a que dé origen, respetando los derechos adquiridos de los trabajadores”.

ISA es hoy un poderoso consorcio multilatino con operaciones de energía eléctrica, vías y telecomunicaciones. Tiene cerca de 50 filiales y subsidiarias. La Nación es propietaria del 51,41% de las acciones. En Colombia, el grupo ISA opera y mantiene el sistema interconectado y administra el mercado mayorista de energía, y en Latinoamérica posee la mayor red de alta tensión. Su capitalización bursátil asciende a $20,16 billones; en 2019 tuvo ingresos por $8,14 billones y una utilidad neta de $1,64 billones. Sus activos alcanzan $51,34 billones, y proyecta inversiones entre 2020 y 2024 por $14,8 billones.
Procesos de privatización
La intención del gobierno nacional de vender la participación accionaria del Estado Colombiano en ISA no es nueva. Las leyes 142 y 143 de 1994, entre otras acciones, dividieron a ISA en dos empresas: ISA e ISAGEN. Con el propósito de abrirle paso al capital privado, en 1997 fue cambiada la estructura jurídica de ISA, de una empresa Industrial y Comercial del Estado pasó a ser a una empresa de Servicios Públicos Mixta constituida por acciones.

Posteriormente, bajo la figura de la “democratización accionaria”, desde el año 2000 hasta la fecha, el gobierno nacional ha realizado varias subastas y ha vendido paquetes minoritarios de acciones al “incauto” pueblo colombiano. Los propios accionistas estatales han contribuido al proceso privatizador; es así como en 2015 Ecopetrol sale de la totalidad de su participación accionaria en ISA (5.32%), en 2017 la Empresa de Energía de Bogotá enajena la totalidad de su participación (1.67%), y a comienzos de 2019 se aprobó la venta de las acciones que EPM tiene en ISA (8.82%), acciones que pasaron a manos privadas.

En 2014 ISA crea a INTERCOLOMBIA, una empresa de papel con un capital de 50 millones de pesos a la que le entregó la representación técnica y comercial de los activos y le “trasladó” a la mayoría de los trabajadores, lo que consideramos una “tercerización desde adentro”.

La venta de ISA es una orden dada por el gobierno nacional, y con participación activa de la junta directiva, la cual preside un representante de los fondos privados de pensiones. La junta directiva y el gobierno han definido e implementado una política de exterminio del sindicato y de flexibilización laboral que pretende entregar a ISA en “bandeja de plata” a las multinacionales, con mínima resistencia de la sociedad y sin mayores responsabilidades laborales.

El Ataque a SINTRAISA
En ISA se han adelantado a nombre propio y de terceros una serie de acciones ilegitimas y hasta ilegales para desconocer a los sindicatos, a sus representantes y a los trabajadores sindicalizados, por ejemplo crear filiales, desconociendo la ley, tercerizar labores propias del objeto social de ISA, promover una supuesta sustitución patronal, negar la unidad de empresa, demandar la estructura sindical, violar el fuero sindical, mentir ante autoridades administrativas, violar el derecho humano de asociación y negociación colectiva, entre otras. Todo esto con el propósito de desconocer a los sindicatos y los derechos de los trabajadores que laboran para ISA desde filiales como XM e INTERCOLOMBIA.

En plena pandemia y mediante una ofensiva basada en el decreto 811 de 2020 – derogado recientemente por la corte Constitucional–, ISA intentó arrasar con el sindicato y con los derechos individuales y colectivos de los trabajadores afiliados a esta organización. Para lograrlo recurrieron a la argucia de demandar los estatutos del sindicato para que se suprimiera la posibilidad de afiliar trabajadores de las filiales y subsidiarias. En un fallo totalmente amañado, en abierta intromisión a la autonomía sindical y en contravía de reiteradas sentencias, el Tribunal Superior de Bogotá decidió anular de los estatutos las expresiones “filiales” y “subsidiarias”, demostrándose así, una vez más, cómo se pueden alinear las distintas ramas del poder cuando se trata de imponer las políticas en favor de los amos del capital. ISA, escudándose en la amañada sentencia, se ha negado a seguir aplicando la convención colectiva, desconoce al sindicato y simultáneamente presentó una demanda para que a SINTRAISA se le cancele el registro sindical, sea liquidado y disuelto.

La empresa y el gobierno le quieren cobrar también a SINTRAISA su liderazgo en la lucha contra el Acto Legislativo 01 de 2005, pues se logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitiera una demanda que busca recuperar las pensiones convencionales para los trabajadores.

Ahora que la dama tiene plata
Viene el galán a la casa y promete quererla
Claro tiene el gas que es una ganga
La sal de Manaure y su carbón piedra
Pa los gringos su carbón de piedra
Pa los yankees su carbón de piedra
Pa los monos su carbón de piedra
Pa los japoneses su carbón de piedra
Pa los sudafricanos su carbón de piedra
Y pa nosotros
Que comamos
Piedras *

Somos como la paja del páramo que se arranca y vuelve a crecer y de paja de páramo sembraremos el mundo **

¿Qué tienen en común Alemania, Rusia y Colombia? En estos tres países emerge una resistencia, con voluntad y capacidad de adelantar una acción política en contra del corporativismo, la corrupción y la represión estatal. Los pueblos en estos países nos estamos comunicando, nos movemos, tenemos historia, y vamos a cambiar la historia que le vamos a contar a las generaciones futuras. Podría decirse que somos pueblos sin miedo.

Al ritmo de la radio y en los colores del rescoldo, inicia «Colonialismo y resistencia», el tercer capítulo de Ardiendo, una serie documental que se estrenará desde el 16 de octubre en todas las pantallas que quieran y puedan verla. Sucede en La Guajira, el gorrito largo o la península que aparece en la parte alta del mapa de Colombia. Y en la radio suena un vallenato, una particular melodía que denuncia la explotación y expropiación de los bienes comunes en este territorio. Para el equipo de Ardiendo en Colombia es muy importante hablar sobre el documental, así queríamos retratar el inicio:

Los colores del rescoldo se encuentran en el fogón, en primer plano aparecen las miradas, texturas y lugares de quienes habitan la Comunidad Charito, luego aparece el tren de la mina. El Cerrejón es la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, está abierta desde 1983, y es la causante de los conflictos socioambientales de los que «Colonialismo y resistencia» quiere hablar.

En el tren han sacado 529 millones de toneladas de carbón para su exportación. Aturde en su estridente paso, está bordeado por bases militares, divide el territorio con sus rieles y representa Carbones del Cerrejón Limited, una sociedad compuesta por Anglo American (Inglaterra), BHP Billiton (Australia) y Glencore (Suiza), quienes comercializan este mineral en Europa, Asia y Norteamérica, para posteriormente quemarlo y convertirlo en energía eléctrica para alumbrar y sobrealumbrar las industrias, viviendas y espacios públicos en estos países.

En tiempos pasados la extracción del carbón fue prohibida en Alemania por las consecuencias ambientales que hacen parte de la crisis climática. Como vemos en el primer capítulo de esta serie «Justicia climática y solidaridad», Alemania, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, Australia y otros países extraen indirectamente el carbón de La Guajira, al ser compradores son responsables de la vulneración a los derechos humanos que se vive en el norte del país.

Alemania, como Colombia, no es una unidad homogénea y abstracta. Pues no es un consenso social el conseguir la energía a través de la quema de carbón, tanto por el efecto invernadero de tal actividad, como por el efecto socioambiental en otras regiones del mundo. Allí emerge la solidaridad y el colectivo DeCOALnizate, quien propone el debate dentro de su país, bloquea la infraestructura de una central térmica para interrumpir la quema de carbón y expresa que es también en defensa del pueblo ruso donde no solo se extrae carbón, sino que se reprime a quienes se movilizan en contra del modelo minero-energético de Rusia.

Desde Kusbass, en Siberia (Rusia), las comunidades Shor reclaman por la extinción de la montaña sagrada Lysaya Gora. Tashelga, Khomutovka, Zaslonka, Kezek, Bolshaya Rechka, Shodrovo, Tos, y Chiazas son aldeas desaparecidas por cuenta de la extracción de carbón, igual que en Colombia se han desaparecido ríos y comunidades de cuenta de la misma actividad. En el segundo capítulo de esta serie «Capitalismo y crítica» se pone en evidencia, en la voz del pueblo ruso, la contradicción clara entre la finitud de los bienes comunes/la vida misma, y la acumulación por extractivismo.

Ardiendo es la traducción que realizamos desde Colombia para esta serie web documental, también tiene el nombre de Still Burning, y esperamos tener pronto una traducción al wayuunaiki, lengua indígena originaria de la península de La Guajira.


En Colombia/El Cerrejón
Podemos entender los conflictos que se generan alrededor de la minería en tres grupos: uno que considera el suelo desde una perspectiva tradicional/originaria, de habitancia, con prácticas como la siembra, el pastoreo, la pesca, la artesanía y el ritual, desde esta perspectiva sé es de y en La Guajira, pero eso significa una diversidad económica, religiosa y lingüística que ya tuvo un proceso de resistencia durante la colonización europea, y que hoy está en la crisis más profunda al desencadenarse una extinción de ríos y gentes de todas las edades.

También desde una perspectiva extractivista que se interesa por el subsuelo y su composición mineral. Desde los setenta se inició la extracción del carbón a cielo abierto, hacia 1984 se realizó el primer embarque para la exportación, y se calcula que desde 1986 la mina El Cerrejón inició su actividad. Hoy es la más grande del mundo, y la causante de la extinción que mencionamos antes. En países como Alemania y Rusia colectivos y movimientos están proponiendo acabar definitivamente con la quema del carbón y asumir la responsabilidad política de los gobiernos europeos con los derechos humanos en otras regiones del mundo, es decir que El Cerrejón podría quedarse sin compradores.

La relación con los bienes comunes suma otro conflicto. Por un lado se considera que el río no es solo una despensa de agua, animales y minerales. Con el río se han gestado otros relacionamientos que superan el orden material, y que forman la identidad de la gente; tiene cauce propio y está interconectado con todos los ríos, como una red de apoyo. Por otro lado, se considera que los ríos son la materia prima de trabajo en la extracción del carbón, por lo cual El Cerrejón ha considerado que secar 17 cuerpos de agua es importante para que la mina funcione, y que acabar con el río Ranchería, el último río que queda vivo, será indispensable para aumentar sus ganancias. En este caso, la contradicción pone de nuevo en crisis ambas perspectivas, y la realidad bajo la cual la muerte del río es colectiva e irreparable.

Un tercer grupo de situaciones que generan conflicto tiene que ver con las afectaciones que sufren las personas por la minería en La Guajira. Han sido desalojadas 35 comunidades originarias y afrodescendientes a través del engaño y la fuerza militar, vulnerando sus cosmovisiones y prácticas económicas, sociales y ambientales. La mina significa cambiar la agricultura por maquinaría, dormir con tapabocas por la contaminación del aire, vivir con aturdimientos a causa de la contaminación auditiva.

La Corte Suprema de Justicia, por primera vez en todos estos años, falló a favor de la comunidad el 18 de diciembre de 2019, reconociendo que se estaba violando el derecho a la salud y a un ambiente sano de la comunidad indígena de Provincial. Las razones: dispersión continua de material particulado y polvillo de carbón que se desplaza desde la mina hasta el interior de sus hogares, la presencia de concentraciones de este material (PM10 y PM 2.5) que supera los límites exigidos a nivel nacional e internacional, la afectación de suelos y cuerpos de agua aledaños debido a vertimientos y filtraciones en la zona, la exposición constante de la flora y fauna cercana a sustancias contaminantes, la generación de mezclas complejas de químicos y gases causantes de diversas enfermedades, entre otros factores.

En la sentencia también se explicita que Corpoguajira y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales han corroborado incumplimientos por parte de Cerrejón sin adoptar sanciones correspondientes. Entre la institucionalidad y el corporativismo se genera la complicidad que niega la realidad de 4.770 niñxs muertxs de cuenta de estas problemáticas.

Pensar estos conflictos nos acerca a programas de soberanía energética e hídrica que permitan la superación de los mismos, y la ruptura con la expropiación y explotación que viven los territorios. Las fuentes de carbón, petróleo y gas son explotadas con el propósito de suplir dos grandes demandas: las que nos imaginamos, es decir la energía para viviendas, industrias y sistemas de transporte; y hay otra que no parece notoria, aunque en dimensiones signifique una proporción similar de requerimiento, es el caso de la infraestructura para el transporte de carga, de vuelos internacionales y del aparato militar; se gasta para mover vehículos (trenes, aviones, camiones), para alumbrar gigantescos edificios día y noche, y para construir infraestructuras.

La energía permite escribir estas palabras, imprimirlas, publicarlas en internet, y llevarlas a todas las personas que leerán y gastarán energía haciéndolo. La energía es fundamental en la vida social. Y la energía que extrae bienes comunes fósiles es fundamental en el sistema económico capitalista. Por esto hablar de soberanía energética es criticar al modelo económico, específicamente al sector minero-energético.

Cuando decimos que esta es una discusión impajaritable queremos gritar que es una discusión urgente, y a través de esta voz, que es creación y trabajo, llamarlxs a que se acerquen y vean el documental. De antemano agradecemos a las amistades, conocidxs y medios como Periferia Prensa Alternativa, por hacer parte de esta discusión.

De ñapa les proponemos que pensemos la energía en la cotidianidad: cómo la usamos y cómo la generamos. Creamos que nosotras mismas podemos ordenar nuestro territorio, entendiendo en lo urgente una apuesta política, resonante y continua, que beneficie ⸺con la urgencia que lo necesitan⸺ todas las manifestaciones de vida en La Guajira.

Las tres y media de la mañana caminaban sobre el reloj. El miedo y la angustia ahogaban mi respirar. Mi mente seguía proyectando imágenes intermitentes de la sevicia perpetrada por los agentes de la policía contra la ciudadanía días atrás, principalmente en la ciudad de Bogotá. Estas denuncias expuestas en los vídeos difundidos por las diferentes redes, parecían un río caudaloso que seguía mostrando el horror y la barbarie de los “agentes protectores del Estado”. No lograba dormir, aún seguía pensando en cuántas personas siguen siendo torturadas y asesinadas en este instante, mientras nuestros cuerpos intentan descansar y luchan con la frustración e impotencia. ¿Cómo es posible que no podamos hacer nada para detenerlo?, ¿cuántas personas más amanecerán muertas a manos de la policía?, ¿quién nos puede proteger de ella?

Hago parte del consejo editorial de este periódico que viaja por sus manos, amigo lector. Aquella tarde del 10 de septiembre, a las 3 de la tarde, se desarrollaba el consejo para planear la edición del mes de octubre. Como es costumbre evaluamos el proceso de la edición pasada, hicimos análisis de la coyuntura y proyectamos los artículos para el siguiente mes. Cerca de las 5:30 culminó el consejo, en ese instante, un estallido de aturdidoras y el galope de los caballos de los carabineros retumbaron en la oficina. Nos asomamos por las ventanas, pero no veíamos nada. Esperamos un rato a que menguaran los sonidos y luego nos despedimos.

Salí en compañía de otro compañero, y, en nuestro ejercicio legítimo de periodistas, reportamos lo que estaba sucediendo en la Avenida Oriental del centro de Medellín. Nos colocamos nuestras credenciales y observamos la marcha que avanzaba de forma pacífica desde el Parque de los Deseos y subía, en ese momento, por la avenida La playa, la manifestación era acechada por los carabineros y el Esmad. Un rato después mi compañero decidió retirarse de la zona y dirigirse para su casa ya que podíamos correr riesgo y él perder su transporte. Llamé a mi pareja para que me recogiera cuando saliera de su trabajo, no quería caminar sola a casa en medio de ese caos.

Andrés me recogió cerca de las Torres de Bomboná, sentí un alivio al verlo llegar. Empezamos a caminar hacía Buenos Aires, parecía estar todo en calma. Íbamos por la calle El Palo, al fondo había un cordón de policías, cerca de veinte agentes y auxiliares. Nos dio un poco de temor, sin embargo, continuamos por esa cuadra, pues la gente transitaba sin dificultad. Delante de nosotros caminaba un grupo de seis personas que salían de sus trabajos, sus edades oscilaban entre los cuarenta y los cincuenta años más o menos. Cuando ellos pasaron los policías ni se inmutaron. En cambio, cuando nos vieron a nosotros, nos rodearon seis policías, como un metal siendo atraído por un imán, eran cinco hombres y una mujer. Dos de ellos y la mujer me acorralaron, los otros tres empujaron a Andrés contra la pared. Sin dar un saludo, la policía me dice: “¿Qué tiene en el bolso?”, y empieza a manotearlo. Uno de los agentes se hace detrás de mí y otro adelante, mientras a Andrés lo siguen acosando con estrujones y frases como: “Quítese la gorra. Abra el bolso. ¿Qué está haciendo acá?”

Mi respuesta inmediata fue decirle a la mujer: “Tranquila, no tiene que estrujarme, ni manotear el bolso”. Y, mirándolos a todos, les dije: “Podrían saludar, y con mucho gusto me dispongo para la requisa. No es necesario la intimidación, ¿por qué nos tienen que tratar mal?”, pero la agente seguía halándome el bolso.
– “¿Qué hacen acá?” –seguían preguntando los policías.
—Salimos de trabajar, vamos para la casa —respondí mostrando mi credencial—. Soy periodista del periódico Periferia.
Cuando dije eso, la mujer policía abrió los ojos como un búho, me sacudió con más fuerza el bolso, y extrajo cinco ejemplares de la edición de septiembre. La portada tenía una caricatura de “Duque el incompetente”, realizada por el colectivo grafico Puro Veneno. Sentí que iban a asesinarme. Internamente recordaba el terror de las noches anteriores y pronostiqué un final escalofriante, sin embargo reafirmé:
—Soy periodista y este es justamente el periódico. Pueden llevárselo para que lo conozcan y lo estudien, creo que me alcanza un ejemplar para cada uno, este medio existe hace quince años y se distribuye por todo el país…
La mujer policía dejó caer varios ejemplares al suelo y rompió la caratula de uno de ellos.
—No le gusta Duque —me dijo con tono agresivo.
No me gusta su gestión. Los ciudadanos tenemos derecho a disentir sobre los procederes de nuestros gobernantes, le respondí. Al decir esto, el policía que estaba detrás de mí me estrujó y Andrés gritó: no la empuje, respete. Inmediatamente otro agente sacó su bolillo y se abalanzó contra Andrés. Yo solté el bolso y me puse delante del policía: no, no lo golpee, usted es un ser humano, tienes familia, eres hijo o hermano, tal vez padre, por favor, recuerde su humanidad. Por fortuna el policía no accionó su arma, y otro agente preguntó: ¿Ya los requisaron?, déjenlos ir. Mis nervios me inundaron de más palabras: por favor no pierdan de vista su humanidad, la vida es sagrada. Cállese, vaya para su casa, no se busque problemas, me respondió el policía que había ordenado dejarnos ir.

Seguimos en silencio, había pasado cerca de media hora; minutos que se sintieron como un tren avasallante, cargado de muerte. Llegamos a la plazoleta de San Ignacio y nos sentamos. Un torrente de lágrimas se tumbó sobre mi rostro. Tanta indefensión de la ciudadanía frente a estos atropellos del Estado. Cómo es posible tal deshumanización de los agentes policiales y demás fuerzas militares.

Al otro día recordando el acoso que habíamos sufrido, agradecí al cosmos que no hubiera pasado algo más grave. El suceso me generó varios interrogantes: ¿por qué nos detuvieron a nosotros y no al grupo de personas que venían delante?, ¿por qué la requisa fue tan selectiva, acaso ser joven, tener una mochila de hippie y una gorra volteada son señales de ser criminales?, ¿será que la única forma de protegerse es vestirse de corbata o tacones, o ponerse una peluca blanca y estar de acuerdo con el partido de gobierno?

La violencia de género “corresponde a cualquier acción o conducta que se desarrolle a partir de las relaciones de ​poder asimétricas basadas en el género, que sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino. Son un problema de salud pública por las graves afectaciones físicas, mentales y emocionales que sufren las víctimas; por la gravedad y magnitud con la que se presentan y porque se pueden prevenir”.

Existen múltiples violencias de género: la física, aquella que provoca daño o sufrimiento físico; la psicológica, que consiste en el control o la dominación sobre las acciones o decisiones, y se expresa cuando se desvalorizan las opiniones, o a través del acoso, las restricciones, humillaciones, manipulación emocional, aislamiento obligatorio, amenazas, insultos; la sexual, cuando se vulnera el derecho a decidir sobre la sexualidad de una mujer y se vulnera la intimidad, ésta abarca todas las formas de contacto sexual. También la simbólica, aquellos estereotipos, mensajes, valores y/o signos que reproducen la desigualdad y discriminaciones basadas en los roles de género, subordinando la posición de las mujeres; y la económica, que corresponde al control del acceso a los recursos materiales.

El Informe sobre la Violencia de Género e Intrafamiliar del Instituto Nacional de Colombia (INC), señala que hasta agosto del 2020 se han registrado 38.099 casos de violencia de género e intrafamiliar a nivel nacional. El departamento del Huila se encuentra en el primer puesto de violencia contra la mujer, siendo la violencia física la más recurrente con 64,5 %, y le siguen en su orden la negligencia y abandono con 46,2%, la violencia sexual con 23,7%, y la violencia psicológica con 14,0%, dando como resultado un indicador de 148,4% casos notificados por cada 100.000 habitantes. Estas cifras demuestran que la cultura huilense sigue siendo muy tradicional y reproductora de los roles y estereotipos que socialmente se han impuesto por el sistema heteropatriarcal.

Para Melisa Pérez, defensora de los derechos de las mujeres, activista LGBTI y feminista, “siempre ha existido un alto número de casos, pero ahora se visibilizan más por medios, redes, comentarios, etc. Hay más denuncias y el tema ha generado discusiones más fuertes y políticas incluyentes”.

La socióloga Claudia Álvarez plantea que si bien la violencia física es reconocida, las otras formas están invisibilizadas: “Las campañas contra la violencia hacia las mujeres son “el ojo morado”, entonces obviamos el acoso callejero, la violación que ocurre cuando sales con tus amigos y terminas en la cama sin consentimiento, o cuando se nos menosprecia en una relación de pareja. No hay conciencia, hay muchos silencios, porque estas cosas eran normales en la sociedad, y nosotras las feministas somos las que hemos cuestionado este tipo de delitos. En el imaginario se concibe a la mujer como la que aguanta, no la que hace bulla, la que se queja, la que protesta. Además, en una relación de pareja, muchas veces no somos conscientes de muchas formas de control que se viven y se reproducen”.

Dicha invisibilización, según Claudia Álvarez, se debe, en parte, a las deficiencias que tienen las campañas que se realizan desde la Secretaría de la mujer, equidad e inclusión de Neiva, capital del departamento: “Realmente no se territorializa. Muchas mujeres que están más expuestas a estos tipos de violencias son mujeres que por su condición socioeconómica muy probablemente no están tan cercanas a redes sociales o no tienen muy claros sus derechos, es muy difícil que la información les llegue a ellas. Sacan una sola publicidad de prevención, pero no se enfocan en mujeres trabajadoras, rurales, docentes, como si todas las mujeres fueran iguales”. Además, las campañas siguen concentrándose en la víctima, responsabilizando a las mujeres de evitar las violencias. No hay campañas orientadas a los agresores, frente a sus concepciones del amor, por ejemplo.

Por otro lado, las cifras de impunidad demuestran la inoperancia del sistema de justicia, según la Fiscalía, el 85% de los casos que se presentaron en el 2019 permanecen impunes. Con el agravante de que una vez interponen las denuncias, muchas mujeres quedan solas en el proceso. Además, los tiempos para dar citas con algún/a psicólogo/a tardan mucho o se cambian constantemente.
Según la socióloga, “la cantidad de mujeres que han sido asesinadas después de haber denunciado es impresionante, ya que el acceso a la justicia es nulo, la justicia está desbordada. Entonces sacan todo muy rápido o se demoran años, y ya la mujer se separó o, en el peor de los casos, ya está muerta”.

En cuanto a la importancia y tratamiento que sociedad y gobiernos le están dando al tema, la activista huilense Karla Polanía considera que es “indolente, poco empática, mucha gente considera que somos 'viejas gritando' cada vez que salimos a exigir que dejen de matarnos. Todavía falta mucho. ¿Que si hemos impactado?, sí, pero aún falta un camino largo por recorrer. Creo que el gobierno departamental tiene bastantes falencias en cuanto a eso, el gobierno municipal se ha esforzado más que los anteriores”.

Karla Polanía, quien hace parte del colectivo feminista Quinchana, cuenta que han estado sensibilizando, educando y acompañando: “Hemos intentando no quedarnos quietas y no callarnos. La pandemia nos afecta, pero somos conscientes de que no nos podemos quedar calladas y encerradas, porque mientras algunas estamos tranquilas en nuestras casas con nuestras familias, hay otras que están viviendo infiernos. Nosotras hemos entendido que no es momento de descansar, el patriarcado y el machismo contra nosotras no descansa”.

La socióloga Álvarez considera que para contribuir a la erradicación de las violencias contra la mujer es necesario sacarla del escenario privado: “Hay que hablar de las cosas que nos duelen, los agresores tienen que hablar del control de la ira o la impotencia que sienten cuando la otra persona toma decisiones autónomas. Lo primero es hablarlo, generar diálogos al respecto para que empiecen a deslegitimar estas conductas en nuestra cotidianidad”.

También es necesario repensar el cubrimiento de los medios de comunicación, pues se sigue revictimizando y juzgando a las mujeres. Al respecto, la activista Melisa Pérez opina que es necesaria “la autocrítica, sobre todo de los hombres que han vivido en una cultura que piensa que esto no les toca, que el feminismo es solo una cuestión de ganas de joder. Pero realmente es toda una transformación política, cultural y social”.

Para poder disminuir la violencia de género en el Huila se debe incluir este tema en los sistemas educativos, familiares, sociales y políticos, reflexionar sobre cuáles son las violencias de género, visibilizar los casos que se presentan en el departamento y, sobre todo, no normalizar los comportamientos que violentan a las mujeres. Que desde la infancia se enseñe el respeto y se aclare que no somos propiedad de alguien.

¿De dónde viene tanta fuerza cuando un sinnúmero de violencias se ciernen sobre una sola vida, un solo cuerpo y una historia? Mujeres que hacen territorio con heridas abiertas y cicatrices fuertes. Caminantes de la convicción de seguir existiendo, llena de tal tenacidad que se ha convertido en una forma de resistir al desprecio con que han sido criadas desde niñas. Y seguir existiendo después de haber atravesado el muro rugoso de la historia de la guerra, esa que no logra encontrar la calma de la paz en esta historia convulsionada de una Colombia ensangrentada.

Esa forma ineludible de aparecer a través de su cuerpo, simplemente siendo presencia, como aprendieron, como les tocó, aquí en este rincón, lleno de montañas, paisajes llanos y mares, donde la riqueza de ellas ha sido el cielo azul, el sol, los pájaros, los ríos, las iguanas, los gatos, las gallinas y los perros, el agua por todas partes, los árboles y el revuelto… toda la naturaleza exuberante y conviviente en esa ruralidad colombiana históricamente negada y despreciada por tantos que ni se nombra, esa que se lleva en el cuerpo de las mujeres racializadas, campesinas, indígenas, afrocolombianas, transexuales, pobres, que habitan los llanos, las playas, y las montañas de Antioquia, y que resisten con todo su ser a la muerte y el despojo.

Las mujeres rurales se definen como defensoras del territorio y la vida, de los derechos de la naturaleza y de las personas. Las defensoras del territorio invocan la fuerza del sol y la luna, leen los arcoíris del cielo y se comunican con el viento y el agua, cosechan alimentos y tejen esperanzas, porque, como dice el refrán, ya vendrán tiempos mejores, y, como lo nombran ellas, “resistimos trabajando, cultivando la tierra, cosechando alimentos, cuidando la vida”.

Ellas en estas tierras donde el progreso y el desarrollo se asimilan con venderlo todo, expoliarlo todo, traficarlo todo… ellas, las defensoras del territorio, saben muy bien, porque su experiencia se los enseña, que 500 años después de la invasión Europea se sigue intercambiando oro por espejos en estos territorios; situación histórica que les enseñó la desconfianza en el foráneo, el inversionista, la multinacional, el mega proyecto. Su historia les ha demostrado que cuando les venden ese oro, ellas llevan la peor parte como mujeres rurales porque tienen más posibilidad de quedar sin nada, sin agua, sin bosques, sin cielo, sin pájaros, ni flores, ni esposos, ni hijos/as, sin comunidad… sin territorio, sin lugar. Y pese a ese inmenso riesgo en sus vidas, nadie escuchó su opinión y su palabra antes de tomar cualquier decisión sobre sus territorios y su existir, quedando como queda siempre la madre tierra: como paisaje explotado, cosa u objeto propiedad de otro.

Sí, en medio de esas formas directas de violencia, se fueron volviendo lideresas y defensoras. A la fuerza y por instinto de sobrevivencia, ellas llegaron a ser lo que hoy son.

En este instante de la historia, el pos-acuerdo no ha logrado la añorada y esquiva paz estable y duradera, esa que se desvanece en el horizonte otra vez, como si estuviera Colombia condenada a cien años de soledad. Otra vez la guerra cambia de máscaras, de nombres, personas y actores, pero el continuum de violencias sobre los territorios y las vidas de las mujeres rurales permanece. ¿Cuál paz si la violencia está en los campos y las casas? Si la pobreza y la falta de oportunidades las persiguen y vulneran cada día.

Las mujeres rurales y las defensoras del territorio son vulneradas, porque la violencia que se cierne contra ellas es tan estructural como la cultura y tan normal como el paisaje, tan pública, abierta y avalada, que ni siquiera se logran observar.

Las defensoras del territorio han nacido, crecido, y vivido con esa historia de la Colombia tranzada por el conflicto armado, sus historias están llenas de tragedias grandes, medianas y pequeñas, todas ellas han sido víctimas indirectas. Otras, no pocas, víctimas directas de crímenes terribles, con impactos que van de grandes a gigantes… pero de ahí no bajan.

La condición humana de las mujeres ha sido profanada por la violencia en su contra, ejercida con tal impunidad que ni siquiera cuando logran llegar a estrados judiciales logran tener voz, su versión de la historia difícilmente cuenta en la memoria colectiva y/o en la oficial, designando un lugar histórico de eterna subordinación.

Las historias de las mujeres están llenas de dolores generados por el despojo de sus territorios a manos de intereses económicos de una empresa, el político de turno, o el negocio de unos pocos.

En un encuentro con defensoras del territorio ellas contaban como fueron desplazadas, como asesinaron sus maridos, como secaron los ríos en los que barequeaban. Ellas contaban que tenían casas livianas para echárselas al hombro porque vivían en las playas del río Cauca, y cuando una playita se deterioraba, se pasaban para otra, y así vivía una comunidad de nómadas barequeros cuya cultura fue secada cuando les quitaron el Cauca para construir el proyecto Hidroituango. En esa ocasión una defensora indígena de la etnia Zinú decía que el espíritu del agua y el viento ya no hablaban, que sus almas no lograban comunicarse con la tierra, que el río se había muerto.

El sufrimiento de la tierra entera se lleva en el cuerpo de las mujeres, la falta de alimento y agua por la contaminación de los pesticidas, las fumigaciones con glifosato y la guerra, crearon un paisaje de destrucción en lo que era su hábitat, llevándolas a la mendicidad o a la prostitución como fórmula de sobrevivencia. Así lo narró otra lideresa del municipio de Tarazá, Antioquia, quien a sus 25 años fue despojada de su esposo, su tienda, su casa y su negocio por un grupo armado. Ella se vio en la obligación de hacer un cambuche de plástico a la orilla de la carretera, allí vivía con sus 4 hijos y salía a mendigar. Ellos/as sobrevivieron, pero el daño y las pérdidas fueron profundas, las heridas en el alma sin reparar infancias rotas por la degradación de la guerra. Ella superó esa situación porque logró levantar de nuevo su tienda y un restaurante a la orilla de la carretera. Gracias a su persistencia y su pedido de ayuda terminó ayudando a otros/as, eso la hizo lideresa, su comunidad la reconoció.

La guerra ha dejado marcas por toda la geografía de la ruralidad femenina en los territorios, cuerpos y vidas que lo habitan. Las defensoras del territorio no pocas veces han perdido todo por el desplazamiento forzado y las fumigaciones de cultivos de coca. Esta geografía tiene cicatrices por los crímenes vividos de generación en generación, por la violencia de todos los órdenes, esa que arrebató la condición humana de las mujeres al despojarles de su territorio y con él de sus medios vitales de subsistencia, sus redes afectivas y de apoyo, su comunidad.

La guerra en Colombia no sólo ha dejado profundas heridas sino también terribles clasificaciones geográficas, paisajes del desprecio y el terror. Ese desdén urbano por la ruralidad, señalada de atraso, ha impedido ver a las personas. La ruralidad se ha configurado como un espacio para sacarle provecho, plata y recursos, todo medido en dividendos económicos, haciendo como si los bosques, ríos, playas y montañas no estuvieran habitados por seres vivos como animales, plantas y árboles, los cuales en el mejor de los casos se observan como cosas que deben ser estudiadas para mitigar el daño.

Ese desprecio citadino por el territorio rural, ha llevado al desprecio por las personas que hacen parte de él. En los mapas no aparecen las personas, ni sus casas, ni sus historias, esta sociedad urbana no logra reconocerse en el rostro de la diversidad rural que nos da de comer.

Las defensoras de los territorios rurales de Antioquia, incluso urbano-periféricos, están llenas de propuestas de vida, proyectos productivos de apicultura o viveros en el Nordeste; de alimentos en el Suroeste; de minería ancestral y barequeo como en el Norte y Bajo Cauca; o del cuidado y la defensa del agua en el Oriente.

Sus propuestas intergeneracionales de resistencia siguen estando llenas de revuelto y comida, cuidado del agua y la vida, esa geografía de la ruralidad femenina tiene el anverso de la resistencia y la esperanza. Tejen redes, hacen actividades, producen en comunidad, se conocen las historias y comparten su dolor.

Las defensoras caminan el territorio, trabajan muchas en silencio, otras hablan bajito, para que el marido no se enoje “porque salgo mucho”. Otras hablan duro y les dicen marimachos o brujas, cuando no locas e histéricas… Tienen en común que tejen a fuego lento la resistencia vital, cuidando de la vida misma, de la tierra, del agua, de las flores y las abejas, haciendo la panela, ordeñando la vaca, haciendo la comida, cuidando los niños y las niñas, juntando la familia, juntando la comunidad, haciendo economía productiva que las hace sentirse en su territorio. Esa es la estética de su resistencia.

El 22 de septiembre, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Ministerio de Defensa, en representación del gobierno nacional, que en un plazo máximo de 48 horas pidiera perdón por el exceso de fuerza que las autoridades desplegaron durante las marchas de noviembre de 2019. Además, ordenó al Esmad dejar de usar escopetas calibre 12, cuya munición fue la causante de la muerte del joven Dylan Cruz el 23 de noviembre del año pasado. También, ordenó a las fuerzas militares y de policía publicar la sentencia en sus portales.

El gobierno respondió de manera evasiva, como es su costumbre, y en términos leguleyos, engañosos y confusos, trató de dar preponderancia al salvamento de voto de uno de los magistrados, como si eso sirviera de algo legalmente hablando. Para alargar el enredo, manifestó que pediría la revisión del fallo a la Corte Constitucional, aunque el gobierno no tiene ningún recurso legal para pedir la revisión del fallo, y es su obligación cumplir las órdenes de la Corte, mientras eventual o extraordinariamente ésta revisa el fallo.

Es muy fácil advertir la intencionalidad de Duque de desconocer y atacar la institucionalidad que tanto se esfuerza, supuestamente, en defender. Como era de esperarse, una vez se agotaron las 48 horas, el ministro Holmes Trujillo salió de manera cínica e insensible, con eufemismos y trucos gramaticales, a desconocer y burlar las órdenes de la Corte Suprema. En suma, no pidió perdón, más bien justificó lo ocurrido, y dejó en el ambiente que seguirían usando la fuerza y la letalidad cuando lo crean conveniente.

Si no fuera porque la vida de los liderazgos sociales y los bienes comunes de los territorios están en inminente riesgo por la mano de hierro y el autoritarismo del Centro Democrático, el papel de Duque causaría risa y desconcierto por su ineptitud. Sin embargo, lo que sienten los procesos sociales, la oposición, los líderes y lideresas en los territorios, los excombatientes, y los jóvenes en Colombia, es una mezcla de miedo e indignación, una combinación explosiva que el ilegítimo gobierno seguramente va a enfrentar como lo ha hecho hasta ahora: a sangre y fuego.
La sociedad y el movimiento social deben estar alerta, las intenciones de vieja data del patriarca en decadencia hoy son astutamente alcanzadas por Iván Duque, quien ha logrado el sueño de todo dictador: concentrar el manejo casi absoluto de las tres ramas del poder y de los organismos de control, el Fiscal General, la Procuradora y el Defensor del Pueblo, son funcionarios de bolsillo, alfiles del gobierno. Además, cuenta con el respaldo de unas fuerzas militares poderosas, genocidas, corruptas, y anticomunistas, que aún se mueven bajo la doctrina del enemigo interno y de la seguridad nacional. Y, lamentablemente, cuenta con la alcahuetería de los medios de comunicación corporativos, que son propiedad de sus amigos multimillonarios, y que le ayudan a levantar cortinas de humo cada que los escándalos y las pruebas lo incriminan y lo relacionan con el narcotráfico, el paramilitarismo y la mafia.

Iván Duque quiere concentrar el poder judicial en una “supercorte” que le permita ser juez y parte, sueño que contempla en estos momentos en que su mentor se encuentra en líos con la justicia. Duque aprovecha los fallos de las Cortes que le exigen respeto constitucional al derecho humano a la protesta, para imponer protocolos que permitan atacarla, violentarla y prohibirla.

Ojalá no sigamos viendo, en vivo y en directo, los asesinatos de líderes de la talla y honradez del profesor Campo Elías Galindo, hombre unitario y amigo de todos, torturado y acuchillado en su propia casa en Medellín, al cual rendimos homenaje. O de jóvenes, con los cuales se ha ensañado la violencia estatal, ni de mujeres valientes y con carácter como las que salen a marchar a diario, ni de indígenas valerosos defensores de la madre tierra, ni de negros y negras defensoras del territorio y la cultura.

La Nación, esa que está por construirse colectivamente bajo referentes y valores humanos, solidarios, patrióticos, soberanos, y autónomos, debe levantarse, reivindicar sus derechos humanos para dignificar la vida, transformar el país, construir poder popular y demostrar que si hay otras formas de gobernar y de conducir la patria con humanidad.

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

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