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“Este hombre anglo vino aquí para matar latinos”.
Richard Wiles, Alguacil del condado de El Paso.

Es un joven blanco de escasos 21 años, con estudios universitarios, aficionado a la informática, y vive pegado ocho horas diarias a su computador personal. Sus vecinos y compañeros de clase dicen que siempre anda solo, no tiene amigos ni compañera sentimental, es muy tímido e incluso algunos afirman que es una nulidad, un tonto. En sus cuentas en redes sociales se quejaba de la falta de perspectivas laborales y pensaba que en el mejor de los casos podría desempeñarse como técnico de informática. Ese joven, que responde al nombre de Patrick Crusius, habitaba en un suburbio de Dallas (Texas), y el sábado 4 de agosto condujo su coche particular durante un poco más de 1000 kilómetros durante 10 horas para dirigirse a la ciudad de El Paso, fronteriza con la ciudad mexicana de Ciudad Juárez. En su automóvil portaba un fusil AK-47, con el que llevaría a cabo la misión de matar a personas inocentes.

El Paso, el lugar donde ocurrió la masacre, fue seleccionado en forma premeditada, puesto que esa ciudad de 700 mil habitantes tiene una particular característica demográfica: el 80% de sus habitantes son de origen latino, especialmente mexicano, y en los últimos meses ha adquirido importancia por la afluencia de migrantes centroamericanos que quieren ingresar al territorio de los Estados Unidos desde México. Además la selección de un supermercado, Walmart, para efectuar la matanza, responde a que en ese sitio concurren a diario cientos de personas de origen mexicano.

Antes de efectuar la masacre, Patrick Crusius colgó en un portal digital denominado 8chan ―en el que se difunden opiniones racistas, xenófobas y misóginas― un manifiesto de 2300 palabras con el título La verdad inconveniente. Esta perorata racista se basa en la “teoría” del “gran reemplazo”, promovida tanto en Europa como en Estados Unidos, por ideólogos de extrema derecha que sostienen que la “raza blanca” está en peligro de desaparecer porque está siendo sustituida por “razas inferiores”, procedentes de África, Asia o América Latina. La supremacía de los blancos sale a relucir en este manifiesto de odio, con la terrible novedad de que los enemigos que se señalan como el objetivo a liquidar ya no son los musulmanes o los árabes, sino que son los migrantes de origen latino (principalmente mexicanos) que malviven en los Estados Unidos. Crusius dice que Texas se encuentra en peligro porque está siendo invadida por los mexicanos y es imperativo matarlos, para salvar a los blancos, con lo cual “nuestra forma de vida puede ser más sostenible”. Con tono de mesías salvador, Crucius sostuvo que su acción criminal es “solamente el principio de la lucha por Estados Unidos y Europa […] Me siento honrado de encabezar la lucha para recuperar mi país de la destrucción”.

Al llegar al Walmart con la frialdad del asesino que actúa meticulosamente para hacer daño y causar dolor, Crusius accionó su AK-47 contra las personas que estaban en el lugar, como luego lo confesaría a la policía, con el objetivo de matar a “la mayor cantidad de mexicanos posibles”. Al final de su cruzada mortal perecieron 22 personas y otras 26 resultaron heridas. Entre los muertos se encuentran tres mexicanos y otros seis más fueron heridos. Una mujer mexicana de 25 años, madre de tres niños, fue abatida mientras llevaba a su pequeño bebé de dos meses en brazos, como constancia de la determinación criminal del joven racista de acabar con las personas que se encontraba a su paso, así fueran niños.

Esta ha sido la masacre número 248 de este estilo que ha sucedido en los Estados Unidos en el 2019, pero es la primera en donde se afirma que su objetivo son los latinos que viven en los Estados Unidos. Esa terrible novedad, que no puede pasar desapercibida, refleja el impacto directo del discurso de Donald Trump cargado de odio y racismo hacia los latinoamericanos, a quienes califica de “plaga”, “asesinos” y “violadores” que están “invadiendo a los Estados Unidos”. Este discurso en sí mismo no es nuevo en los Estados Unidos, pues viene siendo esgrimido por distintos sectores de la extrema derecha en ese país, lo que sucede es que ahora esa perorata tiene “carta de ciudadanía oficial” y “licencia para matar”, al ser propugnado por el presidente de los Estados Unidos.

De ahí que por primera vez y en forma directa el asesino de El Paso haya aludido a los latinos y mexicanos como los enemigos a matar. Un terrible antecedente que no puede separarse del discurso incendiario de Trump, que ha avivado el odio de importantes sectores de la población “blanca” de los Estados Unidos, que consideran a los migrantes latinos como los responsables del desempleo y el deterioro de sus condiciones de vida. Pero atención, no es que el odio sea promovido de manera exclusiva por Trump, ni sea una cuestión reciente, como afirman ciertos políticos y periodistas en los Estados Unidos. Es el resultado de procesos de odio y racismo de larga duración, incubados en la sociedad estadounidense, en la que se rinde culto al individualismo, a la violencia, a las armas, a las acciones homicidas dentro y fuera de ese país, encubiertas además con un barniz religioso de tinte apocalíptico.

Por ello, no extraña que aparezcan jóvenes blancos como Patrick Crusius, convertidos en criminales por la influencia de la propaganda racista que circula por todos los medios en la sociedad estadounidense promoviendo el odio. Estos individuos pasan del anonimato al desprestigio criminal, porque ellos encarnan la intolerancia homicida que siempre ha caracterizado a diversos sectores de la sociedad estadounidense desde hace siglos, y que podría expresarse en forma lacónica con un lema emblemático: odio luego existo. Con ese lema, miles de jóvenes blancos de los Estados Unidos están dispuestos, y armados que es lo peor, para matar en cualquier esquina y a cualquier hora a los que conciben como enemigos e invasores, porque están permeados por una lógica racista de pretendida superioridad sobre todos aquellos que son considerados inferiores.

Una masacre como la de El Paso no es una acción de lobos solitarios o de casos aislados, ni mucho menos. Es un proyecto criminal de envergadura que seguirá generando muerte y desolación dentro de los Estados Unidos, en la medida en que las transformaciones demográficas se tornan irreversibles, y como resultado los “blancos puros” tienden a convertirse en una minoría en los próximos años. Dentro de esa minoría operan fuerzas retrógradas de la extrema derecha, de la cual Donald Trump es por ahora su vocero más visible, que acarician la vana ilusión que matando a los “invasores” van a impedir el flujo de inmigrantes al territorio de los Estados Unidos. Así, este tipo de masacres tiene un porvenir asegurado en los suelos del Tío Sam.

Hoy la sociedad colombiana se encuentra ante el desafío de la transición, es decir, tiene la oportunidad de construir un país distinto, en paz. Dicha transición adquiere mayor sentido si logramos comprender el país que habitamos, no en singular sino en plural, y no solo desde lo individual sino también desde lo colectivo. En particular aquello que tiene que ver con los impactos del conflicto armado en la política, la economía, la cultura, las relaciones sociales y las formas organizativas como los sindicatos, que han moldeado una sociedad con una mezcla de diversas expresiones, conflictividades y tensiones; con fracturas, exclusiones y diferencias profundas.

Es necesario conocer la verdad de lo que pasó en el marco del conflicto armado interno, de qué manera diferencial ha tocado cada vida individual y colectiva, por qué y cómo llegamos a semejantes niveles de barbarie y deshumanización, conocer las causas y las consecuencias, identificar las responsabilidades, así como las distintas respuestas frente a lo padecido. Estos son algunos de los propósitos trazados en la implementación del Acuerdo de Paz, y es lo que se espera frente a los derechos de las víctimas, en particular.

Lo que está en juego es el rol transformador que debe jugar la verdad en una sociedad en proceso de transición, darle el giro a una realidad plagada de barbarie y violaciones a los derechos humanos, mutar la apuesta hacia la construcción de la paz, que no es posible concebir sin iniciativas de verdad que pongan en el centro a las víctimas como sujetos de derechos. No solo por la estigmatización, persecución y violaciones masivas a sus derechos, a su libertad individual y colectiva, sino porque en muchos casos encarnan voces históricamente marginadas y excluidas.

En Colombia las víctimas son un sujeto diverso. Una de las historias más graves de victimización sistemática y selectiva, ha sido la del sindicalismo. La violencia en su contra ha sido de tal dimensión y complejidad, que no se compara con otro país en el mundo. Según los registros de la Escuela Nacional Sindical, ENS, desde 1973 hasta agosto de 2019 se registraron alrededor de 14.931 violaciones contra la vida, la libertad y la integridad de los sindicalistas. 3195 han sido homicidios, 3372 violaciones contra mujeres sindicalistas, 6288 contra la dirigencia y el activismo sindical. Al menos 487 sindicatos, de alguna forma, han sido afectados por esta violencia antisindical.

Más allá de las cifras, es preciso anotar que la violencia antisindical aún no es un hecho del pasado y que los graves daños que ha desatado tanto en lo individual como en lo colectivo aún no han sido reparados. Miles de vidas aniquiladas, familias afectadas, sindicatos debilitados y desaparecidos, liderazgos sindicales exterminados y menguados, derechos vulnerados, garantías sindicales y democráticas truncadas, ruptura del tejido social, proyectos colectivos entorpecidos, implementación de relaciones y modelos laborales que van en contravía de los derechos de los trabajadores, así como la profundización de la estigmatización y la exclusión política del sindicalismo, son algunos de los daños e impactos dejados por la victimización sindical.

¿Cuál es el papel de la verdad frente al fenómeno de la violencia antisindical en el marco del conflicto armado? Es avanzar en explicaciones que permitan a la sociedad conocer qué y por qué pasó, para que no se repita. Es dignificar el nombre de las víctimas, identificar a los presuntos responsables y los factores que permitieron que esta violencia persista hoy en día. Es identificar los impactos en el ejercicio del derecho a la libertad sindical como derecho humano para avanzar hacia la reparación integral.
La construcción de verdad es asimismo un camino para reconocer las luchas y los aportes del sindicalismo a la democratización de la sociedad y el logro de mejores condiciones de trabajo, para dejar atrás la estigmatización y la cultura antisindical, y hacer que el sindicalismo se reconozca como sujeto colectivo y actor fundamental en la construcción de la paz, la democracia y la justicia social.

Pero el camino a la verdad está lleno de altibajos, obstáculos y tensiones, pues la pluralidad de voces y de narrativas no es asunto fácil de abordar ni de resolver. Se trata de escuchar a quienes más han sufrido el conflicto y no han sido reconocidos, y de que la verdad cumpla una función reparadora y reconciliadora en clave de no repetición.

Para eso será necesaria la suma de muchos esfuerzos y el trabajo de muchas manos. No solo es tarea de la Comisión de la Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Tal desafío implica asumir la verdad como un asunto de interés común, que compete a toda la ciudadanía, a los movimientos y organizaciones sociales, a los sindicatos, a la academia y a diversos colectivos y comunidades. Para lograrlo, es necesario que la sociedad colombiana asuma la verdad como un derecho y un bien público a defender, como una condición necesaria para avanzar en la construcción de una paz estable, duradera e incluyente.

La ENS apoya esta tarea a partir de la experiencia investigativa, la construcción de memoria histórica, el registro y documentación de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra sindicalistas, y la asesoría a las organizaciones sindicales para que concurran ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
*Profesional de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical

En su más reciente informe sobre desempleo en el país, el Dane ubicó en 10,7 por ciento el número de quienes no cuentan con trabajo, una de las cifras más altas de las dos décadas que constituyen este siglo.

Sin embargo, esta cifra no alcanza a reflejar la dimensión profunda de una realidad que el mismo Dane maquilla cuando dice que una persona con ingresos mensuales de $450.000 puede ser considerada de clase media. Es decir, quienes están desempleados pero por cuenta propia logran reunir algunos cientos de miles de pesos, no sobreviven, como corresponde en la vida real, sino que viven o bien viven.

Más allá de los números y cifras, es la realidad de los de a pie, los que sufren la realidad del desempleo, la que nos muestra la otra cara de la explotación capitalista y el proyecto neoliberal dominante en la actualidad.

“No creo que pueda conseguir un empleo formal, con sueldo, salud y pensiones”
“Vendo lo que se pueda en las calles. Casi tres años sin trabajo me obligan a rebuscármela como pueda, las deudas no dan espera y de hambre no se puede dejar morir. Yo trabajaba impulsando productos en almacenes de cadena, ya sabe, promocionando salsas, jabones o gaseosas para que la gente las compre. Pero la cosa comenzó a ponerse dura hasta que al fin las temporales, donde nos mandaban a firmar contrato cada tres meses, empezaron a ponerle problema a mi hoja de vida. Unas veces era porque ya tengo más de treinta años, otras porque no he podido estudiar y casi siempre porque tengo un niño de cinco años con parálisis cerebral. Así inicié el martirio de pasar hojas de vida por toda la ciudad, de aplicar a bolsas de empleo e incluso pagar ante la promesa de un trabajo que nunca salía.

Una vez encontré un anuncio en el periódico donde convocaban madres cabeza de familia para un proyecto productivo. Una vecina me cuidó a Mateito, mi hijo, y me prestó lo de un par de pasajes para poder ir a la cita. Cuando llegué a una oficina grande me explicaron que realmente se trataba de vender enciclopedias y libros en los colegios e incluso puerta a puerta. Pasé todo el día escuchando cómo se habla en público y se convence a la gente. Al final nos dijeron a más de once mujeres, que no habíamos ni siquiera almorzado, que no tendríamos un salario sino que pagaban un porcentaje sobre cada libro vendido, que la cosa era de berraquera y de querer salir adelante. Nunca me sentí más humillada.

Ante la falta de opciones recurrí a la calle, al transporte público. La primera vez que me subí a vender dulces a una buseta sentí que la vergüenza no me dejaba hablar. Al final una se acostumbra a que algunos miren con lástima, otros te ignoren y algunos sean solidarios. No creo que pueda conseguir un empleo formal, con sueldo, salud y pensiones. La cosa está muy dura y a mí se me está pasando el tiempo”.

“Un día el supervisor me entregó un sobre
azul”
“Un día me dijeron que ya no tenía empleo. Después de más de veinte años en una empresa de doblaje de metales me levanté una mañana con la angustia de no poder ir a mi estación de trabajo a ganarme el pan. Yo salí de un colegio técnico y después me especialicé en el Sena, estuve trabajando siempre en compañías grandes donde tuve todas las garantías: salud, pensiones, vacaciones… o bueno eso pensaba. La única garantía que no te dan es que con el pasar de los años, cuando te faltan las fuerzas y el cabello se te pone blanco, puedas competir con los más jóvenes por un trabajo cada vez más duro y peor pago.

De esta realidad comencé a darme cuenta desde antes que me echaran, haciendo el turno nocturno. Entraba a las nueve y salía rayando las seis. Cada vez sentía más el desgaste: algunas piezas me comenzaron a salir mal y estaba muy irritable, incluso con mis hijos. Obviamente me enfermé con más frecuencia, al principio era una gripa prolongada o dolores de estómago que no me dejaban comer bien. Un turno de noche es como trabajar sin descanso cinco días seguidos.

Un día el supervisor me entregó un sobre azul… todos sabíamos que era una hoja de despido. Lo interesante es que ni siquiera tenía mi nombre bien escrito. Aunque la persona de la oficina del segundo piso me dijo que no había problema, yo sentí que era una humillación final. Que después de veinte años solo recibes un sobre azul con tu nombre a medio escribir… que no vales nada.

Estuve un tiempo buscando empleo en lo mismo, pero siempre me rechazaban por la edad. Levanté bultos en la plaza de abastos hasta que las fuerzas me lo permitieron. Hoy, con más de sesenta años, vendo helados por la calle empujando un carrito a sol y lluvia. Creo que este Gobierno no se interesa lo más mínimo por la gente como yo”.

“Hoy estoy en la casa con la angustia de cómo conseguir trabajo”
“El accidente lo tuve comenzando este año. La empresa para la que supuestamente estaba trabajando contrata gente con moto o bicicleta para entregar domicilios. Las personas contactan por celular y en menos de quince minutos ya tienen su pedido en la casa… lo pintan como el negocio del siglo.

Lo cierto es que tenía más de dos años saltando de un empleo informal a otro. Repartiendo papelitos de publicidad en la calle, empacando productos en almacenes de cadena y cuidando carros en parqueaderos públicos. Cuando llegué a la casa con el morral de la compañía pude notar cómo los ojos de mi hijo se encendían de alegría: ahora podría decir en el colegio que su papá tiene un trabajo.

Pero las esperanzas se desvanecieron rápidamente. Debía entregar un pedido de comidas por el centro de Bogotá, cuando por el afán me le atravesé a un taxi. Después solo me acuerdo que estaba en el hospital con una pierna y varias costillas rotas. La tal empresa, de innovación y negocios en internet, nunca afilia a sus trabajadores al régimen de salud y ni hablar de otras garantías que son de ley. Casi pidiendo limosna entre amigos y familiares pudimos pagar la cuenta del hospital, y hoy estoy en la casa tratando de recuperarme y con la angustia de cómo conseguir trabajo después.

Yo siempre dije que el que no trabaja es porque no quiere, que si algunos salen adelante –a pesar de las condiciones difíciles– eso indica que todos podemos. Ya sabe, los discursos que nos mete en la cabeza la derecha para que la gente no salga a protestar y termine pensando que la culpa es de uno. Hoy me he preocupado por leer más, y estoy seguro que si antes lo hubiera hecho hoy estaría mejor… o por lo menos no tan jodido. Pienso en el futuro de mi esposa y mi hijo, y a veces me da por largarme de este país donde no hay oportunidades para nadie. ¿Pero si todos nos vamos… quien podrá cambiar esta vaina?

Puede ser, por qué no, que en algo haya mejorado la infraestructura, algunas vías y pasajes peatonales, reformas a las jardineras, la Oriental sin calenturientas pirámides, los parques arregladitos, en fin, pero de ahí a tener una Medellín incluyente y segura para el ciudadano hay miríadas de distancia. La brecha entre sectores sociales se sigue abriendo y profundizando. No hay progreso del nivel de vida, y con desempleo y trabajo informal no se resuelven ni las hambres ni las carencias. La ciudad, además de contaminada, se tambalea en la cuerda floja de una permanente inseguridad.

A veces da la impresión de que el alcalde estuviera jugando a los ladrones y policías. Un jueguito de calle y de infancia remota. Es como si hiciera un show, malo por lo demás, para registrar en pantallas y salir en titulares de prensa. Y todo con un helicóptero de fondo, bueno, no tan de fondo, más bien un mosquito zumbador que día y noche se pasea por los cielos de la urbe, al tiempo que aumentan los homicidios, que se acelera la burda extensión del lumpen en el centro y en los barrios, que el ciudadano cada día se siente hostigado, intranquilo, preocupado porque no se sabe en qué esquina le saldrá el diablo, como en alguna novela de Mijaíl Bulgakov.

Nos han pintado muñequitos. Nos embobaron mucho antes con que éramos parte de la ciudad más educada. Nos embaucaron con falsas revoluciones industriales, con demagogia de oropel, nos han hecho creer con la acrítica versión de los medios de información que estamos arañando el cielo. Como decían antes, nos pintan pajaritos en el aire. Y así nos vamos tragando la indigesta mentira que ha sido la de una ciudad maquillada, en la que más bien se ocultan las causas de la tragedia, las inequidades sociales, los despropósitos oficiales.

No puede ser que haya aumentado el homicidio. Pero así es. El irrespeto por la vida en la ciudad es una consecuencia de la falta de civilización, de carecer de unas adecuadas dosis de educación y cultura, en las que se tenga en cuenta al otro. Y eso no ha sido posible, por razón de factores diversos. Entre esos está el establecimiento desde hace años de una “cultura de la muerte”, de la violencia, de la resolución de las diferencias, de los conflictos, por la fuerza y no por la razón y el diálogo. ¿A quién corresponde una iniciativa en esos aspectos cruciales?

Decía del número de asesinatos que cada día conmueven a una ciudad que parece ir sin rumbo. O que el rumbo lo marcan los delincuentes, las mafias, las “fuerzas oscuras” (un lugar común para denominar a quienes delinquen y cultivan inclinaciones por lo ilegal y lo ilícito) que desde hace años sostienen un régimen de despropósitos y desafueros. Hasta mediados de agosto de 2019 en Medellín iban 435 asesinatos, lo cual no deja de ser una cifra aterradora. ¿Qué tipo de sociedad es esta?
El miedo y la intranquilidad asedian al ciudadano. Abundan los fleteros, los asaltantes de calle, los vacunadores. La extorsión es una constante en el centro y las barriadas. Taxistas, vendedores ambulantes, pequeñas empresas, parqueaderos, los buseros, en fin, se someten al imperio delictivo de bandas. El territorio está dominado por la ilegalidad de grupos que ejercen su dominio y dictan cómo debe ser el reparto geográfico. “En la comuna 13 la disputa no es por una plaza de vicio. Tiene que ver con corredores estratégicos que van a Urabá”, señaló la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades.

En Medellín hay más de 350 bandas delictivas que controlan por lo menos el setenta por ciento del territorio. Es como habitar en un infierno, en un mundo de ilegalidades, en el que se ha implantado una especie de mandato del miedo, las amenazas, los crímenes, las intimidaciones a la ciudadanía. Hay robos de carros. Robos a granel de celulares, bicicletas, motos… En la periferia y en el centro se viven tensiones inaguantables.

Una ciudad debe ser otra cosa. Que esté atada a la razón, a la civilización, a la creación de canales que permitan el acceso a la cultura, la educación, la vida laboral digna, la atención de salud pública, con políticas claras como debe ser el control de una contaminación que a cada momento prende sus luces de alerta extrema. Sí, a una infraestructura adecuada debe acompañarla el ciudadano que pueda caminar con calma y si se quiere con placer las calles, los parques, los senderos. Que se pueda ir a teatro o a un concierto sin el temor que, a la salida o terminación de tales eventos, lo aborden los delincuentes.

Durante la actual administración de Medellín, más dada al efectismo y deleznables expresiones populistas que en nada contribuyen a solucionar los más candentes problemas sociales, se desmorona cada vez más la confianza del ciudadano, que en rigor no se siente protegido. Que sigue siendo víctima de las bestialidades de la delincuencia, en una sociedad en la que el Estado parece estar más lejano de la resolución de los principales problemas de la gente.

La ciudad debe concentrar esfuerzos y políticas de civilización, de bienestar para las mayorías, de cambios en la mentalidad y en relación racional de los ciudadanos. Y eso no es propiamente lo que se ha visto ni vivido en los últimos tiempos en Medellín. Así vamos.

Cayó la noche y La Gabarra se oscureció, no precisamente porque la luna se escondiera tras las nubes, sino porque ellos quitaron la electricidad. Era un sábado, y el pueblo, pese al temor silencioso, continuaba en su cotidianidad. Se rehusaban a creer en los rumores, “que vienen en la vereda 25, que vienen en la 28”, se decía. Pero esa noche, el 21 de agosto de 1999, llegaron los paramilitares. Fue en ese momento que la historia del corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, cambió para siempre.

“Llegaron varios camionados de paramilitares, se apoderaron del pueblo, duraron media hora, el terror fue mucho”, recuerda el profesor Pedro Josías Buitrago. El cura tocó las campanas para pedir ayuda, pero fue en vano. “La llegada de ellos aquí al pueblo fue como la invasión de los españoles a América”, compara Pedro.

Ese día, más de 35 personas fueron asesinadas en el pueblo, y otras más fueron desaparecidas. Los habitantes de la región cuentan que además, durante los días siguientes, muchas más fueron asesinadas en los campos. Con este hecho los paramilitares anunciaron el inicio del control territorial en el Catatumbo, con la mirada cómplice del Ejército nacional, quien ese 21 de agosto removió los puestos de control antes de la llegada de los paramilitares.

***


Veinte años después, otra visita interrumpió la cotidianidad de La Gabarra. El sábado 17 de agosto entraron al pueblo buses de la empresa Catatumbo, camionetas y motos. Venían de distintos lugares: Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Bogotá, Cesar y de otras partes de la región del Catatumbo. Esta vez no se trató de camiones plagados de armas y maldad, sino de niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, personas de la tercera edad y miembros de la comunidad Barí que le cumplían una cita a la verdad y a la justicia, y sobre todo, a la resistencia al olvido.

El domingo 18 de agosto de 2019, diferentes organizaciones y colectivos de la región unieron fuerzas para, a través de expresiones artísticas y culturales, conmemorar los 20 años de la masacre y reivindicar la vida y lucha de quienes se fueron y de quienes sobrevivieron.

Cantando al sol como la cigarra
El reloj marcaba las cinco de la mañana cuando a través de un megáfono la guardia campesina anunció que la hora había llegado. Las diferentes delegaciones salieron a las calles acompañadas de la banda del colegio. Entre la melodía de las liras, el retumbar de los redoblantes y el estallido de la pólvora, se dio inicio a la alborada, un recorrido por todo el pueblo.

Desde puertas, ventanas y balcones los habitantes se acercaban a mirar qué era lo que estaba ocurriendo, ¿por qué en un pueblo donde todas las actividades normales comienzan a partir de las siete de la mañana se presentaba tanto escándalo de madrugada? La respuesta era: las víctimas no se olvidan. Las calles que en su momento fueron testigos de la barbarie, este 18 de agosto se vistieron de iniciativas de memoria y resistencia.

Por los que se fueron pero aún están con nosotros
Con la alborada se dio inicio a la mística en el parque principal. De manera simbólica se hizo, junto con familiares y amigos de las víctimas y la comunidad, un homenaje a la memoria de las más de 30 personas asesinadas. Bajo el intenso calor y acompañados de la canción “sobreviviendo” de Víctor Heredia, visitantes del evento declamaron poemas y realizaron puestas en escena. Encarnaron y expusieron las cifras y vivencias de ese 21 de agosto. Posteriormente le dieron la palabra al padre Víctor Hugo, quien estuvo presente el día de los hechos, y finalmente, el acto simbólico culminó con las palabras de tres caciques de la Comunidad Barí.

Los rostros que no se olvidan
En el parque principal, en biombos de cartón, estaban los rostros y los nombres de quienes partieron aquella noche. En estos marcos fotográficos estaban el río y las canoas, las calles y su gente, los bailes, las denuncias y las luchas que han conmemorado tal atrocidad.

Un árbol conservó en sus ramas renglones que recordaban a las víctimas desde sus gustos, pasiones y quehaceres; relataron lo que las fotografías no alcanzaban a contar: los sueños, las familias y los amigos. Eran líderes amantes del fútbol, defensores de la tierra y de la acción comunal. Ismael tenía talento para la carpintería, Juan José para las matemáticas y Nelson amaba las fiestas. En árboles de Palma paraíso, Pera de agua y Crotos, próximos a plantar, se sembraron palabras de amor. “¡Gracias! ¡Le extrañamos! ¡Jamás le olvidaremos! ¡Espero se encuentre bien!”, eran expresiones que se repetían en las cartas que los familiares, amigos y amigas de las víctimas les regalaron. La galería fotográfica fue un espacio de encuentro para contar historias, rememorar escenas… para tenerlos cerca.

Colores y experiencias para la memoria
A una cuadra del coliseo, la juventud se unió para llevar, con botes de pintura, un mensaje que perdurara en el tiempo, y rechazaron así la militarización y el extractivismo. Los murales recordaron los hechos perpetrados hace 20 años, pero también exaltaron a los hombres y mujeres que han alzado los brazos en favor de su comunidad.

Mientras el color se convertía en un acto de memoria, los micrófonos del coliseo le apostaron a la reflexión. Fue el momento del Foro “20 años en Búsqueda de la Verdad y Justicia”. En la conmemoración intervinieron diversos participantes: Luz Elena Galeano Laverde relató su experiencia como víctima de La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín; el profesor Pedro Josías Buitrago recordó las vivencias que padeció su comunidad y su región cuando los paramilitares arremetieron, y el periodista Gearóid Ó Loingsigh hizo una reflexión sobre las causas de las masacres.

Al caer la noche se compartió una velada que reivindicó a las víctimas desde la unión y el regocijo. “¡No callaremos, cantaremos la verdad!”, fue la consigna de la noche. El grupo Pasajeros de Medellín le cantó a la educación, a la utopía y a la esperanza, Bucaramanga alegró con malabares y violines, y el Catatumbo, una vez más, resistió: a través del canto Barí, de las coplas, las letras inéditas de campesinos y campesinas de varios municipios de la región, el rap, la carranga y el teatro de la juventud catatumbera.

Memoria y paz para las víctimas
“Qué bueno que no la olviden”, dijo una madre entristecida, al recordar a su hija desaparecida. Se llenó de orgullo al darse cuenta que ese 18 de agosto las personas que se encontraban en el pueblo habían llegado en honor a las víctimas, y entonces supo que su hija, como las demás personas masacradas, nunca serán olvidadas.

Al calcular ese diferencial que me enseñaron en la universidad, tiempo final menos tiempo inicial, me doy cuenta de que los múltiples calendarios han cumplido su cometido.

Cada tarde de esos seis años de mi formación secundaria −“el bachillerato” en esa época−, además de tener atiborrada la mente de fórmulas estadísticas, términos de cortesía del Inglés comercial y garabatos de taquigrafía, mis piernas –aunque largas y fortachonas− padecían de cansancio prematuro cuando traspasaban la portería del colegio para encontrarse con esas calles cuesta arriba y el sol imperante de las cuatro de la tarde.

Para ese entonces, mediados de los 80's, existía una oferta popular que para mí era bálsamo y gozo. Nada extraño era encontrar, casi en cada cuadra, un aviso con letra irregular pegado detrás del vidrio de alguna ventana, en donde con toda seguridad vivía una señora ama de casa o matrona, que anunciaba: “Venta de cremas y bananos congelados”.

Yo siempre hacía la reserva presupuestal desde el primer descanso en el colegio. Subir la cuesta con los labios deliciosamente refrescados por el hielo adherido a la fibra de la fruta rica en potasio, o el que yacía contenido en las cremas de leche y coco, mora, mango biche con sal o vainilla, era un placer inigualable.

Mientras cumplía mi recorrido con el botón del uniforme desabrochado después de nueve horas de disciplina escolar y las medias blancas de lana hasta la rodilla –evitando enrollarlas hasta mis tobillos para no parecer demasiado irreverente−, veía a los niños divertirse en las aceras con juegos como bolas de cristal, triciclo, muñequero, cocinita o yeimi –este último como juego tradicional en el que un equipo es perseguido y el otro persigue buscando atrapar con la pelota−.

Poco a poco, esas señoras y esos juegos fueron mutando en otras formas quizá más acordes con los afanes y la modernidad.

Entre uno y otro verano, fueron proliferando las fábricas de helados, algunas poderosas y otras no tanto, pero todas vendiendo. No sé a qué hora las primeras fueron tocando las puertas de casas y tiendas donde se vendían aquellas cremas artesanales para seducir con refrigeradores “sin costo” y un variado surtido industrial que ahora es tan cotidiano como la bolsa de leche en la tienda de la esquina.

Y a la larga, hasta la leche tiene su historia. Éramos las señoras y las niñas quiénes más madrugábamos con el canasto metálico y los frascos de vidrio, tan solo para esperar el carro surtidor y alcanzar a comprar el precioso líquido.

Y cuando yo acudía a misa, también en esas épocas de juventud, podía avistar los pañolones y velos blancos, negros y grises, cubriendo las cabezas de las señoras más ancianas que, en su mayoría, se habían criado en algún pueblo de Antioquia.

Las calles ya no son las mismas. Las reformas de aceras, fachadas y estructuras han cambiado a la mayoría de ellas. Pero lo que más se ha transformado son los rostros, las conversaciones, las actitudes de quienes aún habitamos allí.

Hace algunas semanas mi sobrino nos preguntó en casa qué plato tradicional aportar para la fiesta de la antioqueñidad que realizan en su escuela. De inmediato, mi mente viajó décadas atrás y rememoró en mis sentidos las delicias del cofio azucarado, del minisigüí con su ácido gusto y de las obleas con arequipe que afortunadamente perduran con variaciones de salsas y de queso.

Hay casas que no han cambiado su aspecto físico. Sabrá Dios de cuántos devenires podrían hablar sus paredes interiores. Entre ellas, hay dos que sobresalen en mi recuerdo.

La primera, una casa grande, de amplios corredores y habitaciones, abundantes trebejos y objetos decorativos, todos ellos acompañando a una mujer madura que nunca se casó, que decidió quedarse habitando la casa paterna, mientras sobrinos y hermanos residen en otras latitudes de la ciudad.

La segunda, una casa blanca, con habitaciones en las que sobreabundan los portarretratos, los cuadros de la Virgen María y del Corazón de Jesús acompañados de algunos santos, y en donde la señora viuda que allí reside se recrea con los recuerdos del maravilloso esposo que la acompañó por muchos años para luego solo estar presente en sus añoranzas.

Tiempo atrás yo destinaba algunos momentos para visitarlas. Me asombraba la magnitud de esos espacios en medio de esas grandes soledades. Y los años pasan, el diferencial de tiempo final al momento cero (es decir, el hoy) versus el tiempo inicial se va ampliando y los vericuetos de la adultez han llevado mis pasos a otros destinos.

Hace poco pregunté a mi familia por ellas. La dama de la primera casa, debido a sus quebrantos de salud, ya vive con sus familiares en otro barrio. La mujer de la segunda falleció recientemente y aquella casa blanqueada de recuerdos fue heredada por sobrinos que ahora buscan modernizarla.

El barrio que habito no es el mismo, pero no es su responsabilidad. Ha sido el cometido de quienes lo habitamos. Y entre todo esto, sigue siendo un feliz hallazgo tocar la puerta de una casa del vecindario, domingo de sol en la tarde, donde ofrecen en venta cremas de maní, coco, queso con bocadillo, milo y la tradicional vainilla, todas hechas por manos de señoras.

Álvaro Uribe tiene 28 procesos penales en la Corte Suprema. La investigación por la cual está llamado a indagatoria el 8 de octubre tiene que ver con soborno y fraude procesal. Ante la posibilidad de que un expresidente colombiano comparezca directamente ante la Corte, se avivan los debates sobre el rol de la Corte Suprema, la doble instancia y el fuero constitucional que poseen los presidentes. Periferia conversó sobre todo ello con Tulio Elí Chinchilla Herrera, profesor de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia.

Periferia: ¿Qué significa que Álvaro Uribe haya sido llamado a indagatoria?
Tulio Elí Chinchilla: La indagatoria es la primera vez que el investigado entra en contacto con el juez. A la persona le hacen unas preguntas y tiene la oportunidad de defenderse. Si no se llama a indagatoria es porque la Corte de entrada está diciendo que no hubo delito, o que sí hubo un delito pero no fue Álvaro Uribe el que lo cometió, pero en este caso sí encontró mérito para llamarlo. Luego de la indagatoria, la Corte analiza si debe tomar una medida más fuerte, como la detención, ya sea domiciliaria o intramural.

P: ¿Cómo le parece que ha actuado la Corte Suprema en el caso de Álvaro Uribe?
TEC: La Corte ha dado los pasos que están establecidos en el código de procedimiento penal: recibir una denuncia, abrir unas investigaciones preliminares, y si hay indicios de que la persona cometió un delito, se abre formalmente la investigación. El primer acto que se dicta es llamar a indagatoria. No es una actuación desbordada de la Corte Suprema. La Corte está siguiendo el procedimiento que la ley establece. Puede que alguien dude de las actuaciones de la Corte, pero no debería ser así porque hay una denuncia, testimonios, grabaciones, y eso amerita ser investigado.

P: ¿Por qué hay personas que dicen que “el fuero constitucional” que tienen los presidentes, los magistrados de las cortes y el fiscal, ha llevado a la impunidad cuando estos cometen delitos?
TEC: La figura del “fuero constitucional” se creó con la Constitución de 1886. José María Samper dijo que era como un filtro para proteger al Presidente de todas las denuncias que le iban a llover siempre. La excusa es que un Presidente no puede estar todo el tiempo bajo juicio. Entonces el Congreso hace un antejuicio político: la Cámara actúa como fiscal y el Senado como juez. Si este proceso se logra, los investigados pasan a la Corte que los juzga penalmente. La Constitución del 91 no cambió nada, fue como un “copie y pegue” de la del 86. De hecho, amplió la figura al fiscal, que antes del 91 no existía.

Tienen “fuero constitucional” el Presidente de la República, los magistrados y el fiscal. Pero la Comisión de Acusaciones tiene un alto índice de ineficacia. Solo funcionó en 1962 cuando sancionó al general Rojas Pinilla y con el magistrado Jorge Pretelt en 2016. Solo dos casos en medio siglo. Los demás se han salvado: Samper, Pastrana, Uribe, los fiscales. Esa comisión se demora eternidades. No es eficiente presentando la acusación.

P: ¿Cómo debería ser entonces?
TEC: O que se cambie la mecánica de funcionamiento, o que se inicien los procesos directamente en la Corte. O que se cree un “tribunal de aforados”, que es una supercorte, con los más altos magistrados nombrados de una manera muy selecta. Es una propuesta interesante que podría destrabar ese camino.

P: ¿Exactamente cuál función cumplen la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, la Sala de Instrucción y la Sala de Primera Instancia?
TEC: Separar las funciones de investigación de las de juzgamiento es un principio del sistema penal universalmente operante. No puede ser el mismo el que investiga que el que juzga. Hasta que entró en vigencia el Acto Legislativo 01 del 2018, la misma Sala Penal investigaba, practicaba las pruebas, acusaba y juzgaba a las personas. En cambio ahora las funciones están repartidas. La que abre investigación, llama a indagatoria, recoge las pruebas y finalmente decide si hay mérito para acusar o no, es la Sala de Instrucción. Ellos acusan ante la Sala de Primera Instancia que expide una sentencia inicial. Y finalmente, si la persona involucrada decide apelar la sentencia de primera instancia, lo hace ante la Sala de Casación Penal. Ahora cumplimos el requisito de que toda sentencia sea revisada por un segundo juez, que pueda corregir posibles errores del primero.

P: ¿O sea que antes no había segunda instancia?
TEC: No. Antes la Sala Penal hacía todo: investigaba, acusaba y decidía. Además cualquier decisión tomada era “cosa juzgada”, verdad incuestionable, no había apelación ni nada. Por ahí interponían tutelas pero eso nunca funcionaba, entre otras cosas porque la tutela va ante la misma Corte, por ejemplo si la tutela es por una sentencia de la Sala de Casación Penal, entonces va a la Sala de Casación Civil, a los amigos, y entre bomberos no se pisan las mangueras.

P: ¿Por qué después de 28 años con la constitución del 91, apenas hasta ahora se hace ese ajuste?
TEC: Hay una presión internacional, porque esas garantías están en dos tratados internacionales. El pacto de derechos civiles de la ONU de 1966 y el pacto de San José de Costa Rica de 1969. Ambos pactos garantizan la doble instancia. La excusa de muchos es que porque la Sala Penal está compuesta por nueve magistrados, entonces ya había segunda instancia y que no había errores. Había una presunción de que la sentencia tiene más certeza, más fundamentación, por ser tomada por nueve magistrados.

P: ¿Qué piensa de la llamada Ley Andrés Felipe Arias que le da segunda instancia a procesos antiguos?
TEC: El dilema que hay es: ¿la nueva norma cobija únicamente lo que va suceder en el futuro o también cobija lo que está en el pasado? Cuando hay cambios en la norma procesal ese cambio cobija las actuaciones a partir de su vigencia. No hay que destapar todo lo que se hizo, porque se vuelve un caos. Serían más de 200 sentencias que habría que revisar. Esa sobrecarga podría incluso paralizar la Corte Suprema, la Sala de Casación Penal, si se resucitan todos esos 200, o 300 casos en que la Corte ya condenó, como los parapolíticos, o políticos condenados por malversación de fondos, peculado.

Cuando se trata de normas favorables, en derecho penal se aplica la favorabilidad para los casos viejos, es decir, si la nueva norma mejora la situación, entonces se aplica para antiguos casos. Pero el problema aquí no es que el delito se vuelve más castigado, o menos castigado, sino de índole procesal. Esa favorabilidad aplica es para los delitos y las penas, la parte sustantiva, pero la parte mecánica y procesal aplica es hacia el futuro. Los uribistas quieren aplicar la favorabilidad en los asuntos procesales.


P: En cuanto a la elección del fiscal, hay gente que dice que el Presidente no debería hacer la terna y que la Corte Suprema no debería decidir sobre esa terna, porque crea vínculos entre magistrados y la Fiscalía. ¿Está de acuerdo? ¿Cómo debería ser la elección del fiscal entonces?
TEC: Lo que hay es un problema de clientelismo judicial vergonzoso. Los magistrados de la Corte Suprema aprovechan y hacen pactos con el fiscal que van a nombrar. Son cuatro mil fiscales, cada magistrado se lleva sus 100 amigos. Los candidatos a la Fiscalía hacen una campaña electoral vergonzosa, van a almorzar a restaurantes del Norte de Bogotá con los magistrados y quién sabe qué pactos hacen. Esa es la más dura crítica: el fiscal elegido nombra en la Fiscalía a personas cercanas a los magistrados que lo escogieron. Otro problema es que la terna la hace el Presidente, el Presidente nombra a tres amigos que tienen el compromiso de que no lo van a investigar mucho.

Eso ha llevado a la propuesta de que el mecanismo de elección del fiscal sea meritocrático totalmente, con una comisión de los más altos juristas y facultades de derecho, que hagan una elección y que vayan decantando hasta que queden pocos. Otra propuesta es la de una comisión internacional, pero el problema de que una comisión internacional ayude es que los críticos van a decir que la soberanía no puede estar en manos de unos señores externos. Otra propuesta es que candidaticen las facultades de derecho, los colegios de abogados, y después la Corte escoja. Pero que cambien eso es muy difícil…

P: ¿No hay voluntad política para hacer esos cambios?
TEC: Hay resistencia de las Cortes a que les quiten esos privilegios. La Corte Suprema es feliz nombrando el fiscal. Hay personal del fiscal que no es seleccionado por méritos, sino por voluntad política. El fiscal tiene hoy más poder de nombramiento que el Presidente de la República. El Presidente nombra tres mil o cuatro mil cargos, el fiscal nombra como veinte mil. Y es poderosísimo el fiscal: si él te quiere enlodar te monta una investigación, pone un fiscal y te monta hasta pruebas. Es un aparato peligroso y tenebroso.

“No hay futuro –me dijo un hombre con una sonrisa nostálgica mientras escuchábamos el acto de inicio de la Caravana Humanitaria por la Vida en Riosucio, Chocó–. Fueron 30 años de trabajo perdidos, y ya no quiero volver a perderlo todo… mi casita, los cultivos. De verdad que por allá no hay futuro”.

La Caravana Humanitaria por la Vida llegó a Riosucio desde el 7 de agosto con un propósito claro: hacer posible que las comunidades que habitan en el Bajo Atrato chocoano le hablaran al país y al mundo sobre la situación que viven a causa del abandono estatal y el conflicto armado. Yo estaba ahí, viendo rostros que decían más que cualquier discurso.

***


En 1997 comenzó la avalancha. Por los ríos, ejes de la vida en la región, pasó una fuerza incontenible que se lo llevó todo a su paso. 54.000 personas desplazadas, según el Registro Único de Víctimas, fue el tamaño de una tragedia para nada natural que ese año azotó al Bajo Atrato. Las AUC y la Fuerza Pública se aliaron para combatir al Frente 57 de las FARC por medio de la Operación Riosucio, la Operación Génesis, y otras tantas acciones militares. Indios y negros, habitantes y dueños milenarios de estas tierras, apenas tuvieron tiempo de huirle a la guerra.

“En Salaquí fue que empezaron a bombardear los grupos, unos con otros, y a nosotros nos dio miedo. Es que eso se escuchaba como si fuera aquí mismito, la tierra acá temblaba común y corriente. Eso nos obligó a dejar todo, la comida, las gallinas, los marranos, los perros, todo quedó abandonado”, cuenta Pedro* rememorando esos días en que las 126 familias que habitaban la comunidad negra de Clavellino, ubicada en la cuenca del Truandó, tuvieron que moverse durante días buscando refugio.

Su drama no fue sencillo: “Llegamos a La Nueva, nos quedamos un día, de ahí arrancamos para un caño que le dicen Metisaca, que sale a Domingodó, y por allá duramos tres días. Ahí llegaron unos botes grandes y arrancamos río Atrato hacia arriba, entramos por Jiguamiandó, llegamos a un pueblo que le dicen Churima, y de ahí llegamos a otro pueblo que se llama Cuatro Tapas. Allá nos saltamos y cogimos tierra adentro, llegamos a Pueblo Pipón… en todos esos pueblitos íbamos durmiendo, hasta que llegamos a Pavarandó, y ahí nos quedamos porque el Ejército no nos dejó pasar, pero nuestra meta era seguir hasta donde pudiéramos de ahí para allá”.

Este éxodo fue emprendido no solo por la comunidad de Clavellino, sino por diferentes comunidades desde el Salaquí y el Truandó. Por eso, al llegar a Pavarandó, el grupo superaba las 3000 personas. La situación de refugiados nunca fue fácil. Hambre, hacinamiento, enfermedades, y un terrible desarraigo, hicieron que muchos emprendieran otros caminos o decidieran retornar lentamente, aunque sin muchas garantías por parte del Gobierno.

Los que nunca se desplazaron sufrieron el drama de otras formas. En Marcial, una comunidad indígena ubicada a orillas del río Chintadó, afluente del Truandó, cuentan que la defensa de sus cuatro principios como pueblos indígenas –unidad, territorio, cultura y autonomía– fue el impulso para resistir conjuntamente. Sin embargo, no fueron días fáciles. Restricciones en la alimentación y la medicina fueron las primeras formas de control en el territorio tras la llegada de los paramilitares a la zona. A eso le siguieron asesinatos selectivos o masivos, y acciones traumáticas que finalmente ocasionaron la muerte de abuelos y niños.

Juan*, profesor y líder indígena de esta comunidad, a la que llegamos luego de ocho horas navegando el Truandó-Chintadó desde Riosucio, cuenta que el Ejército nunca los acompañó. “El Ejército y la Marina solamente trabajaban unidos a las Autodefensas. Ellos nos decían, cojan esta medicina y la entregan a una persona que está allá en tal parte. Lo mismo con alimentos. Ellos no ayudaban y nosotros sufríamos control, mataban en la entrada del Atrato para acá, asesinaban compañeros afros, paisas, chilapos, indios, aunque indios más poco porque nosotros insistíamos que nos dejaran quietos, pero a algunos los golpeaban y llegaban enfermos acá, los embolsaban con detergente y cloro. Eso eran los paramilitares, y el Ejército no decía nada”.

– ¿Y usted cree que todo ese control finalmente sí desplazó a la guerrilla?
–Sí… pero más a las comunidades.

Juan pone como ejemplo que ese año, 1997, llegó a Marcial otro grupo de 1200 desplazados también de Salaquí y Truandó. Con ayuda de todos, y gracias a la caña y el plátano comunitario, pudieron sobrevivir durante ocho meses. En cada casa albergaron a cuatro o cinco familias para dormir, hasta que un día, cuenta Juan, cogieron trocha por la cordillera para salir a Panamá o a Bojayá y seguir buscando refugio.

–De nuestra comunidad algunos también se desplazaron por el miedo. Esto que usted ve ahí atrás, alrededor de la cancha, todo era comunidad. –Juan guarda un breve silencio y continúa­–. Para decirle la verdad, esta es una historia que a nosotros nos duele, a nosotros recordar nos da lástima.

 

***


Las secuelas de esta guerra son todavía visibles. No han sanado, tal vez, porque la guerra perdura y parece no tener fecha de vencimiento.

26 familias retornaron a Clavellino un año después. Todo lo encontraron quemado. De la desolación sacaron las fuerzas para construir, kilómetros más abajo, el “Nuevo Clavellino”, un caserío pequeño de una infraestructura precaria donde hoy, 21 años después, apenas sobreviven. El tejido social está debilitado. No hay puesto ni promotor de salud. Tampoco hay escuela porque la cantidad de niños no es suficiente para que el Estado envíe un profesor.

En cercanías a Clavellino la situación no es mucho mejor. Peñas Blancas, Dos Bocas, Pavas, Quiparadó y Juindur son algunas de las comunidades que hoy continúan despobladas o en las que viven en total precariedad. Muchos de sus antiguos habitantes han preferido no retornar, a pesar de la miseria en que se han visto sumidos en las ciudades o cascos urbanos.

A propósito, la Caravana Humanitaria que conoció estos territorios manifestó durante el cierre del recorrido su preocupación por la persistencia del desplazamiento forzado, y la desolación en lugares donde habitaron comunidades étnicas: “tras años de varias leyes, sentencias y autos que exigen al Estado implementar programas para el retorno con garantías de las víctimas del desplazamiento forzado, esto no se ha logrado y aún las comunidades siguen fracturadas y desarraigadas”.

Por su parte, las comunidades de Marcial, Jagual y Pichindé (todas del resguardo Jagual – río Chintadó, donde habitan indígenas Embera y Wounam), aunque con menores condiciones de precariedad y un tejido social menos debilitado, se enfrentan a las amenazas y vulneraciones constantes a los derechos humanos. Los grupos armados han declarado a muchos de sus habitantes como objetivo militar, por lo incómoda que ha sido su resistencia a lo largo de estos años.

Sin embargo Juan y su comunidad están convencidos de algo: “Somos organizaciones autónomas, y ellos quieren romper esa barrera para que trabajemos con la política de los grupos armados y hacer lo que ellos digan… sembrar coca, subir el mercado de ellos desde Riosucio, hacer un registro de dónde es que vienen los otros grupos, o que los jóvenes ingresen con ellos para trabajar como informantes. Eso es lo que no debemos permitir, y esa es la barrera que quieren quitarnos”.

A pesar de esta resistencia silenciosa que consiste en retornar o permanecer en el territorio en medio de la guerra, hay grandes dificultades –además, o en el marco de la guerra misma– que imposibilitan el disfrute pleno de los derechos y ponen en altas condiciones de vulnerabilidad a estas comunidades. En el Bajo Atrato, a pesar de ser una tierra especialmente fértil, son escasos los cultivos de alimentos. La razón: las que antes fueron parcelas cultivadas con arroz, plátano, maíz, cacao, chontaduro, yuca o fríjol, hoy son campos minados y controlados por los grupos armados.

“Hace como un mes apenas que estamos empezando a movernos, y hace una semana que una señora casi pisa una mina. Le dijimos al Ejército, pero jumm… esto nos dificulta mucho a nosotros el tema de la alimentación, no podemos ir a cortar los plátanos, por eso usted ve que en esta Caravana escasos de plátano, difícil. Usted hubiera ido de casa en casa, no ve ni un racimo de plátano. Esas son las condiciones que estamos sufriendo. Todo eso es por las minas y los grupos armados, porque usted se mete al campo y ve que están chiflando, y de una se presentan tres personas, que qué está haciendo, qué está buscando, quién lo mandó para acá”, cuenta Juan mientras lanza una mirada de profunda tristeza.

Aunque pudieran cultivar, comercializarlo resultaría imposible. Además de la distancia y los costos que implica movilizarse hasta Riosucio, los cobros o “impuestos”, y el control a la alimentación que todavía ejercen los grupos armados, hacen de la agricultura un oficio nada rentable. La única fuente de trabajo que han encontrado estas comunidades ha sido la madera, y aunque es un negocio lleno de intermediarios y por el que tanto el ELN como las AGC cobran, es el único que les ha permitido obtener lo mínimo para el sustento y calmar su hambre.

La madera es otro tema, pues aunque muchos viven de ella, contribuyendo a una deforestación acelerada, no son los únicos ni los mayores responsables de esto. Empresas como Maderas del Atrato, Maderas del Darién o Maderas de Urabá aprovecharon el desplazamiento del año 97 para apropiarse de territorios y acceder a licencias irregulares. Hoy son las que se enriquecen con la tala masiva de uno de los bosques más biodiversos del mundo.

 

***


La guerra fue y sigue siendo contra las comunidades. Son las únicas que no reciben réditos por ella. Grupos armados, empresa y Estado, en cambio, parecen beneficiarse del hambre y el desarraigo de estos pueblos indígenas y negros. En 2017 una nueva oleada de desplazamientos se presentó en la región a causa de los combates entre grupos armados. Hay otro desplazamiento forzado, que es silencioso, y es el que se da cuando un líder, con toda su familia, resulta amenazado. Hay que saber que no son pocos los líderes que hoy están amenazados. La avalancha que comenzó en el 97, hoy sigue agitando los ríos en el Bajo Atrato.

–Juan, ¿para usted qué es el territorio?
–Para nosotros –siempre en colectivo– el territorio es nuestra madre tierra. En ella hemos tenido y logrado todo lo que queremos, y por eso la defendemos y la cuidamos.
– ¿Cuáles son las exigencias que hay que hacerle al Gobierno?
–Queremos que nos asegure la tranquilidad en el territorio, que nos deje trabajar bien, los productos. Segundo, una salud digna, y una educación bien así como la traíamos. Queremos esa tranquilidad como la teníamos. Trabajar, construir la vivienda, el tambo tradicional, no así occidental… que tengamos todo, eso es lo que queremos nosotros.
– ¿Y cómo se imagina el futuro de estos niños que están creciendo acá?
–Le voy a hablar del pasado, porque así queremos que sea el futuro. Nuestros niños estaban bien, bien de alimentación, de recreación, se movían sin dificultad, cargábamos a un niño a una pesca, cargábamos a un niño a cortar unos platanitos, el niño venía de la escuela y luego se bañaba en la playa, como es la costumbre del indígena. Actualmente eso se nos perdió todo. Hoy los niños de nosotros están bastante… para decirle, los niños de nosotros están sufriendo, han sufrido, no están como nosotros los teníamos, bien alimentados, sin enfermedad. Queremos ese cambio, queremos que mañana mejore, que todo lo que hemos pasado se mejore, se normalice, que nos dejen como estábamos… tranquilos.

*Los nombres de las fuentes fueron cambiados por su seguridad.

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