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Desde el 13 de agosto y hasta el 15 de noviembre del presente año, cubanas y cubanos tienen la posibilidad de participar en una consulta popular sobre el proyecto de nueva Constitución que debe responder al momento internacional y nacional actual, y que ordenará el proceso de actualización del modelo político, económico y social que tiene como objetivo la construcción del Socialismo. Pero entre pretensión, propuesta y realidad, emerge un debate necesario donde juegan muchas cartas.

Cuba se encuentra en efervescencia. Se asiste a otro momento relevante para quienes desde dentro y desde fuera siguen la realidad de un proceso que despierta sentimientos diversos y polémicos. Las lecturas, pese a todo argumento dado, nunca escaparán a visiones que navegan entre la realidad histórica, la complejidad cotidiana, la verdad sublimada, y abundantes percepciones hipercríticas que tampoco ayudan al verdadero entendimiento.

Una pregunta sigue latente desde que en 2006 se diera la transición del poder de Fidel a Raúl, y las reformas que siguieron: ¿Cuál será el destino de la Revolución Socialista? A ello siguieron otros procesos no menos complejos y polémicos: los llamados Lineamientos de la Política Económica y Social; luego la Conceptualización del Modelo Socialista Cubano; varias leyes principales aprobadas como la que regula un naciente (y en vías de consolidación) sector privado, la empresa estatal socialista, inversión extranjera, código de trabajo y seguridad social… y ahora la nueva Constitución. Un verdadero momento de cambios.

La nueva Constitución. El proceso
En el mes de junio se creó una comisión liderada por Raúl Castro, que retomó varios estudios y propuestas desde hace varios años, y que tenía como misión escribir un anteproyeto de Reforma Constitucional. Un mes después se discutió en el Parlamento cubano ese documento, y con algunas modificaciones, se convocó a consulta popular para enriquecer la propuesta. Este momento en el que estamos tiene múltiples espacios para que la población opine sin restricciones de ningún tipo. La comisión nacional tomará el resultado de esta consulta y reformulará el proyecto que debe someterse nuevamente al Parlamento, para luego ser votado en referendo a inicio del próximo año. Cuba tendría una nueva Constitución.

Analizado técnicamente, el proceso recibiría loas de todo tipo. Pero deberían entrar al análisis otras variables no menos influyentes en el resultado final: el poco tiempo de preparación entre un momento y otro, sobre todo para que el pueblo maneje y tenga criterios más fundados para la consulta popular; las sabidas fallas que tienen nuestros mecanismos de participación popular, y la cultura propia del pueblo cubano de aceptar más que disputar; la no poca apatía que también se manifiesta; los criterios con bases lógicas de para qué voy a opinar si ya eso es decisión tomada, o no podré cambiar nada en la práctica; las tendencias que desde hace 30 años se vienen dado en Cuba; y muy significativo, que los resultados de esta consulta no tienen carácter vinculante.

El proyecto. Puntos relevantes y el criterio popular
El proyecto, sin dudas, es mucho más avanzado y revolucionario que la Constitución vigente. Se mantiene el papel rector superior del Partido Único que está por encima de la propia Constitución. En los fundamentos económicos se admiten diversas formas de propiedad, reconociendo la privada y la cooperativa, aunque la principal es la social sobre los principales medios de producción controlados por el Estado; se habla de regular la concentración de propiedad pero no de la riqueza; de autonomía de la empresa socialista, pero sin establecer pautas que aseguren su efectividad; de que el trabajo debe ser la fuente principal de ingresos, pero no asegura revertir la actual pirámide invertida que incumple el principio de distribución socialista de “cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”.

Respecto a derechos, deberes y garantías, se amplía en diversas categorías que no estaban contempladas, pero aún sin reconocer libertades civiles claves para la auto organización y la participación política, al margen de la estructura social armada desde el propio Estado. La nueva estructura del Estado introduce cambios sustanciales en sus nombres, más no en las funciones. Se incorpora el cargo de Presidente y Vicepresidente de la República; se separan los cargos de Primer Ministro y Presidente del Consejo de Estado (que será a la vez el presidente del Parlamento); se elimina a la Asamblea Provincial del Poder Popular y se crea el cargo de Gobernador con un Consejo de Gobierno a esa instancia; se habla de más autonomía a los municipios en donde se mantiene la Asamblea Municipal del Poder Popular, y se introduce el cargo administrativo de Intendente.

El criterio popular es muy diverso, pero sin dudas, el tema que acapara la atención es la propuesta de reconocer el matrimonio igualitario, lo que tiene dividida a la nación con una legendaria cultura machista y patriarcal, sin formas asociativas de una comunidad que defienda por derecho y afectación propia este tema, y una iglesia evangélica y algunas otras denominaciones haciendo fuerte campaña por preservar la familia desde el concepto tradicional. Cosas como estas quitan la atención a otros aspectos más relevantes para el presente y futuro de la Nación.

Puntos de alerta y la construcción del socialismo
En medio de todo este complicado proceso, hay puntos que deberían ser debatidos con mucha profundidad, como que el pueblo debería tener mayor incidencia, y quienes conformarían el proyecto final asumirlo con toda transparencia y responsabilidad. Me refiero a temas claves que asegurarían un proceso legítimo de construcción del socialismo, y evitarían una concentración indebida del poder en una élite estatal y partidista que controle todos los procesos vitales. Para ello debería explicitarse y legitimarse las formas de participación y control popular, la nominación, elección y revocación directa por el pueblo de todos los principales cargos públicos; y la construcción de poder popular real que sigue siendo planteo discursivo pero esquivo en la práctica concreta.

Cuba se encuentra, como era de esperar, en el epicentro de un debate (con consecuencias en la vida cotidiana que prolonga una situación de estancamiento muy nociva) entre fuerzas ortodoxas del socialismo tradicional, con bases en un sector de la dirigencia histórica de la Revolución; la emergencia de fuerzas mixtas con bases y límites muy mixturados que abogan por cambios necesarios en un momento político extremadamente complicado en lo nacional e internacional; posturas reformistas muy apegadas a lo que podría ser un capitalismo de Estado muy perjudicial para para el pueblo, y la propia intención manifiesta de construir el socialismo; tendencias internas y externas que alimentan un giro al capitalismo neoliberal.

Por otro lado, está un pueblo que siempre confió en su Revolución y su dirigencia histórica, y hoy ve cambiar muchas cosas y a mucha velocidad que a veces no da tiempo para procesar objetivamente. El mismo pueblo que no tiene toda la experiencia y el acumulado, ni la base social verdaderamente organizada y formada para enfrentar un debate como el que se está dando más allá de la Reforma Constitucional, y mucho menos para disputar y acumular en el actual debate y reconfiguración política de la Nación, y todo lo que ello deriva en la práctica. Un pueblo que tiene aceleradamente que aprender-haciendo, porque no seguimos la idea del Che cuando nos dijo que era preciso haber aprendido antes.

No obstante, toda mi confianza al pueblo cubano, aquí subyace una base que es la fuerza principal que mueve todo proceso.
*Periodista y educador popular cubano.

“Alguien dijo que hacer fracking responsable es como decir que a una mujer se la puede violar responsablemente o que le van a dar garantías para ser violada”. Carlos Andrés Amaya, Gobernador de Boyacá.


En los últimos meses hemos escuchado una letanía de estupideces de boca de individuos de las clases dominantes o sus voceros, que denotan su analfabetismo ambiental, tales como decir que para combatir el cambio climático no hay que hacer el amor en días calurosos (afirmación de un funcionario de la Alcaldía de Santa Marta), o que el glifosato es benigno y debe volverse a emplear contra los cultivos de hoja de coca (como lo ha dicho el ahora flamante Embajador ante la OEA, Alejandro Ordoñez). Este analfabetismo se inscribe en el ámbito de justificar la destrucción de nuestro patrimonio ambiental, bajo el pretexto que el “desarrollo” y el crecimiento exigen extraer bienes comunes de tipo natural para mantener su ritmo insaciable, el cual finalmente se materializaría en dinero.

En este artículo recogemos uno de esos embustes, que ilustra el “elevado” nivel intelectual de ciertos personajes que, sin inmutarse y con plena impunidad, contaminan el ambiente con sus insostenibles afirmaciones. Ese embuste es el del pretendido fracking responsable, una afirmación de la nueva Ministra de Minas y Energía que no pasaría de ser una anécdota cantinflesca, un chiste de mal gusto, si no fuera porque legitima acciones que destruyen los ecosistemas y la biodiversidad del territorio colombiano.

La recién posicionada Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez Londoño, formada en prestigiosas universidades de los Estados Unidos, inauguró su gestión declarando que el país debe emprender el fracking (fractura hidráulica) para auto-abastecerse de petróleo en los próximos años. Esta afirmación no tiene nada de extraño, puesto que está claro que el proyecto extractivista –impulsado por el bloque de poder contrainsurgente en Colombia– no se va a detener en su carrera suicida por extraer hasta la última gota de petróleo y de gas que se encuentre en nuestros suelos, para entregar gran parte del mismo a las compañías multinacionales.

Lo “novedoso” de la afirmación, como expresión de un pseudo-lenguaje políticamente correcto de tipo ambiental, estriba en que se agrega que puede desarrollarse el fracking de “manera responsable” y “segura” con el medio ambiente, sin “poner en riesgo las fuentes hídricas”. Decir esto, que ya es todo un “descubrimiento” intelectual sobre la extracción de petróleo, se encubre con una retórica en la que se asegura, sin tartamudear, que “el mundo se está moviendo hacia energía más limpia, y tenemos que trabajar en esa misma vía. Es un compromiso con el cuidado del medio ambiente y con el cambio climático”. ¿Cómo así? Qué tal el galimatías de afirmar que se implementa el fracking, una tecnología contaminante que incrementa la temperatura del planeta, y al mismo tiempo se piensa cuidar el medio ambiente y combatir el cambio climático. ¡Seguro que Cantinflas o la Chimoltrufia habrían sido más brillantes y sin necesidad de ser ministros!

El fracking, recordemos, es una tecnología destructora, que arrasa con los ecosistemas, contamina el agua (de la cual precisa de enormes cantidades), y produce terremotos y alteraciones geológicas, como ya está demostrado en Estados Unidos, Canadá, y China. Requiere de costosas inversiones en tecnología para hurgar a varios kilómetros de profundidad en las entrañas de la tierra y hacer explotar las rocas que estén untadas de petróleo. Libera gases tóxicos (como el radón, un radiactivo de origen natural) que producen enfermedades, entre ellas cáncer de pulmón y problemas cardiacos, que afectan directamente a las personas que viven cerca. Esto se ha comprobado en Colorado, donde un estudio demostró que aquellas madres que habitan en zonas próximas a los sitios de fracking son un 30% más propensas a engendrar bebés con defectos congénitos del corazón.

Para quienes hablan de fracking sustentable y amigable con el clima y el medio ambiente, a la cabeza del cual están las empresas multinacionales del petróleo y el automóvil, debe recordárseles que con el fracking se libera el metano, que es un gas de efecto invernadero más contaminante que el dióxido de carbono (CO2), con lo cual la fracturación hidráulica resulta siendo peor que quemar carbón.

Claro que el mal chiste del “fracking responsable” (sustentable ambientalmente) se entiende como parte de la historia de cierto oxímoron que han promovido funcionarios del Estado colombiano, y convertido en propaganda corporativa como la de los “barriles limpios”, cien por ciento ecológicos, con lo que se da a entender que puede existir un “barril de petróleo” producido “sin accidentes, sin incidentes ambientales y en armonía con los grupos de interés”, tal y como lo anuncia Ecopetrol. ¡En ningún lugar del mundo ha habido ni habrá nunca un barril de petróleo limpio, y mucho menos en Colombia donde cada gota de petroleó está untada, además de agua contaminada y de los ecosistemas destruidos, de la sangre de las comunidades arrasadas por la extracción de hidrocarburos!

El pasado 26 de agosto se llevó a cabo la consulta popular anticorrupción, una jornada electoral sin precedentes que dejó en claro la exigencia de los colombianos de un cambio real en la política y el Gobierno. Pese a no pasar (por muy poco) el umbral establecido para ser aprobada por el Congreso y convertirse en ley, lo propuesto en la iniciativa ha generado un gran impacto en distintas esferas de la sociedad y los diversos aspectos su alrededor invitan al análisis y a la reflexión.

En este sentido, es importante hacer un balance entre lo que se ganó y lo que se perdió en la consulta, qué nos dice como sociedad la participación y el abstencionismo ciudadano, revisar la agenda y las acciones del Gobierno frente al flagelo de la corrupción; y finalmente, rescatar las enseñanzas y las posibilidades de la lucha anticorrupción.

¿Realmente perder es ganar un poco?
De acuerdo con la Ley 134 de 1994, que establece los requisitos para la aprobación de este tipo de consultas populares, es necesario que participe “no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral”. Es decir, más de 12 millones de colombianos de los 36 millones que componen el censo electoral. De alcanzarse esto, en un plazo de tres meses la instancia respectiva adoptaría lo votado mediante decreto con fuerza de ley, ordenanza, acuerdo o resolución local.

A estas condiciones se acogieron las proponentes de la consulta Claudia López y Angélica Lozano, quienes señalaron que en diferentes oportunidades se habían propuesto en el Congreso proyectos para la reducción del salario de altos funcionarios, límites de periodos para ser elegidos, obligatoriedad de rendición de cuentas, imposibilidad para contratar con el Estado si se es condenado por delitos de corrupción, entre otros puntos; pero siempre eran hundidos en las diferentes instancias. Por esta razón, se tomó como camino la consulta popular, con la confianza en que la voz del pueblo fuera el mandato obligatorio para tomar medidas reales.

Con el apoyo de todas las bancadas del Senado, la consulta se hizo realidad y se decidió ponerla en marcha luego de las elecciones presidenciales para que no se volviera un asunto de campaña. No obstante, pasadas las elecciones, el partido de gobierno, Centro Democrático, le dio la espalda argumentando que era una consulta viciada y que mejor apoyarían los proyectos anticorrupción formulados por el presidente Duque. Mientras tanto Duque hacía algunas declaraciones apoyando la consulta, que se quedaban en simples afirmaciones ya que no hubo un esfuerzo real por parte del Gobierno en las acciones pedagógicas necesarias a las que se había comprometido (tanto en campaña como en posesión del poder). Finalmente, la consulta logró más de 11 millones de votos, solo faltaron cerca de 480 mil para alcanzar el umbral aprobatorio.

Con la derrota de la consulta quedaron en evidencia las enfermedades de la democracia que afectan a nuestra sociedad: las costumbres clientelistas que persisten en el sistema electoral, la desinformación de la que muchos se aprovechan para sembrar miedo y caos, la cultura abstencionista, la politización, entre otras. Pese a esto, la consulta anticorrupción es un hecho político de gran importancia y se puede considerar como un triunfo, en tanto se envió un mensaje claro y contundente a la clase política tradicional: o se da un cambio real y honesto en la política o se irá desmontando su poder. Así mismo, se evidenció el nacimiento de una generación de votantes independientes que toman decisiones informadas, son conscientes de su voz, de sus derechos y están dispuestos a preguntarse:

¿Qué dice y qué hace el gobierno?
El apoyo de labios para afuera del Gobierno a la consulta contrasta con las medidas tomadas por el mismo en dos líneas: la declaración de guerra frontal a la corrupción con elementos discursivos como “El que la hace la paga”, pero que se quedan cortos en acciones estructurales; y la excesiva burocratización del Estado con la creación de nuevas carteras ministeriales, nuevos cargos, apoyo político a funcionarios cuestionados y reducción de presupuesto para materias como educación y cultura, que impactan directamente en la lucha anticorrupción.

Después de la consulta, Duque se reunió con sus proponentes para establecer unos puntos de acuerdo y pasar las propuestas de la consulta como proyectos de ley. Con esta acción el Gobierno cumple, inicialmente, su promesa en la lucha anticorrupción, pero genera dudas con otras actuaciones.

Por ejemplo, el apoyo que le ha dado al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, negando sus actuaciones indebidas con los bonos de agua, que han desangrado la economía de diferentes municipios, bajo el argumento de no ver ninguna falla ética; así mismo, la permanencia de la figura de consejerías, que casi igualan en número a los ministerios, y que en lugar de apoyar lo que hacen es generar burocracia, y contradicción entre palacio y las distintas carteras (poderes paralelos); además del excesivo gasto público. No hay que olvidar que se avecina una fuerte disminución de recursos para carteras como Educación, Cultura, Ambiente, Deporte, Vivienda y Agricultura.
Así mismo, la creación de ministerios como el de Ciencia y Tecnología o el de la Familia, la vinculación de instituciones independientes como el Centro de Memoria Histórica con el Ministerio de Cultura, y la Unidad de Atención a Víctimas con el Ministerio de Justicia, generan preocupación por su carácter dogmático, el gasto presupuestal y la sensación de una salida fácil para la no reestructuración y revisión de entidades, algo así como borrón y cuenta nueva.

Todo lo anterior muestra a un Gobierno que arranca con muchos cuestionamientos frente a la corrupción. Si bien por un lado su posición es la de atacar y erradicar cualquier forma de corrupción, la agenda no da buenas señales al respecto.

Entonces ¿qué nos queda?
La corrupción es una enfermedad arraigada en la sociedad colombiana desde su conformación. Esta se presenta de diferentes formas, en diferentes espacios y escala a medida que hace presencia el poder, ya sea económico o político. Cada día son más evidentes sus consecuencias y las víctimas somos todos. Por esta razón, es importante actuar, opinar, moverse; y eso quedó demostrado con la participación en la consulta. Aún falta mucho y son muchas las preguntas y los retos. No es suficiente hablar de corrupción y montar sobre ese discurso campañas y movimientos, es necesario sentar posiciones críticas, velar para que el gobierno destine los recursos y las herramientas efectivas para la lucha anticorrupción; y no permitir que esta se vuelva un espacio para la consecución de capital político, porque esta lucha es de todos.

La historia de explotación hacia el campesinado, y su experiencia de resistencia a través de los años, se ha reflejado en los procesos organizativos que este sector ha impulsado con creatividad y astucia, y que han nacido como reacción a distintas políticas de los gobiernos en contra de los campesinos. Un ejemplo es la Guardia Campesina, una expresión que impulsan los sectores reunidos en el Coordinador Nacional Agrario, y que tiene como objetivo defender los derechos humanos y el territorio.

Aquella persona que hace parte de la Guardia Campesina (de aquí en adelante GC) sufre una transformación en sí misma, guiada por los principios de igualdad y solidaridad. Es la construcción constante de un líder o lideresa. Es una persona que sacrifica la vida por defender su comunidad.

Una simbología
Este espíritu de resistencia política se expresa en la simbología de la vestimenta propia de la GC. Un primer distintivo es el chaleco, que dice Guardia Campesina, y que tiene el respectivo escudo; escudo que, actualmente, está en reelaboración, en pro de hallar uno que represente los sectores agrarios, étnicos y urbanos o populares. Se ha invitado a las comunidades a que participen en este proceso creativo. No se discrimina el campo o la ciudad, pues la idea es que todos los actores aporten a la simbología del guardia algo propio de su territorio.

Sigue el berraquillo o garrote, que simboliza la forma como el guardia orienta las actividades en la comunidad. No hay que olvidar la herramienta histórica del campesino: el machete o peinilla que se usa para distintas actividades, en especial la agricultura, y que representa el trabajo incansable y guerrero del campesino. Además, hay comunidades que incorporan el sombrero o la gorra, así como botas, linterna, ruana o cualquier otro elemento propio de la región.

Una autoridad para la paz
Todo en su conjunto es un referente simbólico, pero también un referente de respeto y autoridad. No una autoridad impuesta como la de las fuerzas militares o policiales del Estado; su reconocimiento se gana a través del ejemplo, trabajo colectivo y entrega voluntaria.
En la GC no se habla ni ejerce la violencia, lo que se pone en práctica es la defensa de los derechos humanos y de la movilización. Este proceso pone por encima la autoprotección de todas las expresiones de vida que confluyen en los territorios. Es por eso que la GC se prepara para ayudar a solucionar los conflictos en la comunidad, tanto los derivados de asuntos cotidianos o familiares, como aquellos propios del conflicto armado. El guardia tiene la potestad de conversar con los actores armados para que estos no violen el Derecho Internacional Humanitario ni los derechos humanos, para que no irrespeten el territorio, ni tengan alguna intromisión con las personas. La GC tiene la función de acordar normas de juego entre la comunidad para que los conflictos se resuelvan y no se repitan.

Todo esto tiene su raíz en uno de los motivos fundacionales del movimiento. La GC surge por la necesidad de defender la comunidad de la delincuencia, para resolver problemas familiares y defender los bienes comunes del territorio, teniendo como referencia el plan de vida de la comunidad y el plan de trabajo de las organizaciones sociales de las cuales la GC hace parte.
Por ejemplo, ante un problema ambiental, la comunidad se organizó para realizar trámites en las instituciones y poder limpiar un río cercano, pero no se obtuvo ayuda. Por ello crearon el grupo de la GC, de carácter campesino y ambiental. Al recorrer el río descubrieron un proyecto para sacar arena, la GC reunió a la comunidad y exigieron la salida de este proyecto de extracción, aplicando el principio de defensa de los bienes comunes de la naturaleza.

En cuanto a la delincuencia común, se han presentado los típicos casos de robo a los habitantes en el camino a los caseríos. La GC empezó a caminar por las rutas con su simbología, como una forma de hacer notar su existencia y funcionalidad de protección. La GC no está para cazar ladrones, está para ahuyentar este tipo de personas sin necesidad de pelear con el otro. Su presencia misma hace respetar la comunidad porque su existencia es una muestra de organización. Ahora bien, si se presenta el caso de captura de un ladrón, este se retiene hasta que se le entrega a las autoridades competentes para que ejerzan la ley, más no se ejecuta un castigo a la persona.

Una lucha distinta
Cada guardia tiene sus propias iniciativas y normas de funcionamiento. La indígena tiene cientos de años de experiencia y conocimiento, pues hace parte de la historia de lucha de este pueblo. Por otro lado, las diferencias son notables de una a otra, porque la Guardia Indígena implementa el castigo, en cambio la Guardia Campesina controla. Además, su guía política es la cosmovisión étnica.

Otra diferencia es la forma de concebir el territorio y ordenarlo popularmente. El campesinado no posee una figura de ordenamiento territorial propio como el resguardo o cabildo del pueblo indígena, o el título colectivo del pueblo afro. El campesinado tiene la Junta de Acción Comunal (JAC) que se rige bajo la normatividad estatal, pero no delimita el territorio campesino, lo que denota la ausencia de reconocimiento del campesinado como sujeto político. Por ello, la GC contribuye a la conformación de los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECA) que buscan ser la figura territorial de ordenamiento y gobierno propio del campesinado para potenciar su cultura, su quehacer y su condición de sujeto político de cara al Estado.

Ahora bien, un punto de encuentro con estos dos pueblos es el control territorial contra las violencias en las comunidades. Otro es la resolución colectiva de conflictos cuando un indígena o campesino viole alguna norma de otra comunidad.

Un reto
La consolidación del proyecto de la GC es posible si las familias y la comunidad se articulan en pro de su reconocimiento. Otra tarea a realizar es la creación de unos estatutos que guíen el trabajo a nivel nacional, para ello la base social campesina se debe ver reunida en espacios asamblearios, donde se redacte y acuerde cómo será el paquete normativo que regule las actividades de la Guardia, en pro de poder continuar el camino con solidez, y poder seguir la historia de lucha y resistencia social de los campesinos, que desde la insurrección popular de José Antonio Galán se vieron obligados a organizarse y luchar por sus derechos. La articulación con las comunidades y la creación del estatuto servirán para continuar el apoyo de la Guardia Campesina a la lucha social que impulsan los pueblos explotados de Colombia y el mundo.

*Secretaría de Formación y Comunicación. Coordinador Nacional Agrario

Mientras vamos marchando, marchando a través del hermoso día
Un millón de cocinas oscuras y miles de grises hilanderías
Son tocados por un radiante sol que asoma repentinamente
Ya que el pueblo nos oye cantar: ¡Pan y rosas! ¡Pan y rosas!

A medida que vamos marchando, marchando, traemos con nosotras días mejores
El levantamiento de las mujeres significa el levantamiento de la humanidad
Ya basta del agobio del trabajo y del holgazán: diez que trabajan para que uno repose
¡Sí, es por el pan que peleamos, pero también peleamos por rosas!

Nuestras vidas no serán explotadas desde el nacimiento hasta la muerte
Los corazones padecen hambre, al igual que los cuerpos
¡Pan y rosas, pan y rosas!

Las luces de colores, las fachadas de pueblo y los ruidos estridentes de las discotecas de Itagüí, dan vuelta a una callejuela en la que la pujanza empresarial paisa se desmorona a pedazos. Tras empinadas paredes de ladrillo blanco, las obreras se amontonan frente a sus viejas máquinas: la fábrica devora sus días con pávida indiferencia. El sereno paisaje es interrumpido al fondo del corredor, sobre una reja amarilla se suceden carteles rojinegros que llaman a la huelga, tras ella, el mundo al revés: un grupo de mujeres ocupa la fábrica a la que hace 92 días el patrón no entra.

Desde el pasado 27 de junio las obreras de IAS –Integrated Apparel Solutions, en español Soluciones Integrales de Indumentaria– empresa del sector textil manufacturero, que contrata con marcas como Leonisa y Zumba, tienen tomada la fábrica a la que dedicaron 30 años de sus vidas. Hace aproximadamente 10 años, el patrón (Federico Arriola Moreno, primo segundo de Lina Moreno, esposa de Álvaro Uribe) dejó de pagarles oportuna y cabalmente sus salarios; solo la tercera parte de este era entregado a las operarias en fechas cada vez más distantes. La liquidación de las cesantías tampoco llegó, igual suerte corrieron las primas de junio y diciembre y la indemnización de una vida de labor. A esto se sumó el no pago de los meses de abril y mayo de este año, y el proceso de liquidación de la empresa, declarada en bancarrota.

Este es un cierre planificado, conscientemente ejecutado por la administración de IAS, para deshacerse de sus obreras vinculadas sin reconocer sus acreencias laborales. Arriola Moreno, dueño, Francisco Díaz, contador, Joaquín Cabrera, jefe de producción, y Gloria Álvarez, jefe de planta, intentan desde 2009 desangrar la empresa y justificar una masacre laboral desobligante. En 2008, IAS se llamaba Codintex, 1400 obreros hacían mover sus máquinas y los contratos llovían a granel. Un año más tarde, 900 empleados fueron despedidos y la empresa cambió su nombre en una sustitución patronal. Los rumores de crisis fueron ampliamente difundidos entre el personal; cada 30 días las obreras recibían un salario equivalente a 10 días de labor; los objetivos de producción aumentaron en cantidades drásticas; las jornadas se prolongaron, y las horas extras fueron pagadas ilegalmente según el número de prendas producidas.

Mientras el salario de las obreras desaparecía, las producciones eran ejecutadas cabal y puntualmente para las marcas contratistas; a la par, la administración compraba fincas en el Oriente antioqueño y montaba una comercializadora de aguacates para exportación. En los 10 años siguientes, las condiciones de explotación se agudizaron y los recortes de personal se sucedieron. Los patrones montaron nuevas empresas a las que trasladaron los activos de IAS; máquinas, insumos, contratos y trabajadores temporales, fueron traspasados a fábricas vecinas con evidente argucia. Si bien estas empresas emergieron con una razón social y un dueño diferente, fue abiertamente sabido que pertenecían a los propietarios de IAS, incluso hoy, utilizan la misma planta energética que usaba la fábrica.

Me matan si no trabajo y si trabajo me matan
Eran las cinco de la mañana y un rechinado timbre anunciaba la entrada. Las mujeres avanzaban en multitud pasmosa hacia el inmenso salón repleto de máquinas. Del cielo de zinc resbalaban infinitas luminarias que envolvían el lugar en un aire lúgubre y sofocante. Oxidados ventiladores botaban más ruido que aire. En la planta, las obreras se agrupaban por zonas: pantys, conjuntos, resortes. Un tablerito por sector comparaba las expectativas de producción con las unidades ejecutadas, en un inhumano índice de eficiencia. 1200 cinturas en un día: con 200 cinturas se hacían el día las siete compañeras del módulo ¿Lo otro? Se lo apropiaba el patrón. Los turnos para el desayuno comenzaban a las 7:00 a.m., 15 minutos para comer, ir al baño y lavarse los dientes. Las llamadas estaban prohibidas. Los permisos, rotundamente negados. Las jornadas llegaron a extenderse por 24 horas, y hubo meses en los que se les obligó a trabajar los domingos a cambio de los pasajes de la semana. El sueldo de los demás días nunca llegó.

La fatiga de años se apoltronó en sus músculos, un falso e infundado amor a la empresa nubló sus conciencias, la servidumbre se materializó en sus cuerpos y la fábrica devoró sus vidas. Con llanto en los ojos recuerdan a los niños dejados en casa, tres años y tres teteros envueltos en una toalla, o al esposo y la hermana que murieron solos porque no les dieron permiso. Recuerdan la vida que se escurrió entre las manos para construir un futuro. Y eso que el futuro es ahora. “Si no trabajaba me moría de hambre, y si lo hacía, también me moría”, manifestó una operaria.

Cuando muere el miedo nace la libertad
Dice así un cartel al interior de la fábrica. Ante una vida de abusos y explotación, las mujeres de IAS decidieron organizarse en sindicato el pasado 18 de mayo, dos días después, a las 5:00 a.m., 18 trabajadoras fueron despedidas, 14 pertenecían al sindicato. Sin embargo, resisten y pelean por lo que les pertenece. La vida las hizo hermanas de lucha y así se reconocen. La solidaridad sindical, estudiantil, barrial y popular no se hizo esperar. La toma de IAS es una llama que se enciende ante un capitalismo cada vez más cruel e inhumanizante.

De domingo a domingo, las 24 horas del día, estas mujeres se organizan para proteger los activos que garanticen su indemnización. En turnos de ocho horas, y con responsabilidades como la seguridad, la cocina, las finanzas y los procesos legales, dan muestra de disciplina y convicción. Hoy, celebran la organización y celebran la unión, reconocen que el sindicato les permitió conocerse como compañeras y que a partir de la toma pudieron habitar la fábrica como un espacio de encuentro, para conversar y reír, para llorar y luchar. “Gracias a dios por 92 días de bendiciones y lucha”, reza otro cartel. Si bien el camino es largo, estas valientes mujeres tienen claro que ya han ganado, les ha quedado lo más importante: su dignidad.

Cada familia afectada aportó diez mil pesos. Gracias a la colecta, el 10 de septiembre seis mujeres y dos hombres se desplazaron desde el extremo sur del país a Bogotá. ¿Por qué un grupo de voceros ha de realizar un recorrido de más de 600 kilómetros para que pueda ser escuchada la voz de miles de familias que lo han perdido todo?

En primer lugar, los habitantes de Mocoa vienen sufriendo las consecuencias de una tragedia silenciosa. Hay un total desconocimiento en el país y en el mundo entero de la verdadera situación que sufren quienes después de un año y medio no han podido volver a reconstruir sus vidas y se encuentran en el olvido mediático y humanitario.

La avalancha de tierra y agua era una tragedia anunciada. Diferentes administraciones municipales y departamentales permitieron y auspiciaron el poblamiento de zonas catalogadas de alto riesgo. Miles de desplazados, indígenas, inmigrantes pobres, fueron vistos como botín electoral, lo que llevó a las autoridades a incumplir su labor de prevención y diseñar propuestas para construir viviendas seguras. La avalancha nocturna del 31 de marzo del año pasado encontró a una población durmiendo confiada, indefensa ante un fenómeno natural que ya había ocurrido en varias oportunidades. En esta ocasión la avalancha acabó con la vida de 336 personas, destruyó más de 10 barrios y afectó otros 18.

Las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para la reconstrucción de la capital del Putumayo se han hecho a espaldas de la población: las donaciones nacionales e internacionales fueron invertidas sin consultar a los damnificados. A la hora de construir las viviendas, pavimentar las calles, reconstruir puentes y disponer de jarillones de arena y piedra, no se tuvieron en cuenta las necesidades reales de los afectados directos por la tragedia, tampoco las condiciones topográficas y naturales de Mocoa. Esta manera de proceder permitió que el 12 de agosto la tragedia se volviera a repetir. Una nueva lluvia torrencial destruyó totalmente cientos de viviendas, derrumbó varios puentes, y arruinó los bienes y negocios de las personas damnificadas que con mucho esfuerzo hicieron lo posible por restaurar su proyecto de vida.

Las constantes inundaciones y avalanchas demuestran que las medidas de reconstrucción de Mocoa tienen que ser proyectadas a largo plazo y con la perspectiva de atención social, pues hasta el día de hoy se han hecho de forma improvisada. Mocoa ni siquiera cuenta con un Plan Básico de Ordenamiento Territorial vigente. La firma de súper expertos contratada por más de 4.800 millones de pesos para que hiciera el POT, ha postergado los resultados progresivamente.

Cuando haya una definición clara, concertada, justa y equitativa de qué va a pasar con la reubicación de las miles de familias damnificadas, cuando se sepa dónde podrán construir sus viviendas, dónde podrán establecer sus pequeñas empresas y negocios, qué programas sociales y económicos les ayudarán a rehacer sus vínculos familiares y comunitarios, podrán dormir tranquilamente sin temor a que una nueva desgracia les impida despertarse al lado de sus seres queridos.

Conscientes de que la solución debe involucrar a todos los estamentos de la sociedad colombiana, la delegación tocó diversas puertas. Del 10 al 15 de septiembre visitaron a funcionarios de la Vicepresidencia de la República, de los ministerios de Vivienda y de Comercio, se reunieron con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, acudieron a entes de control como la Superintendencia Financiera y la Contraloría General de la Nación, y a miembros del Congreso de la República.

La presencia de las mujeres damnificadas despertó la sensibilidad de todos los funcionarios visitados, los cuales se comprometieron a dialogar y abrir canales de participación. Cabe destacar el compromiso de los Representantes a la Cámara y Senadores de los diferentes partidos políticos, quienes dejando a un lado las posturas ideológicas se reunieron conjuntamente con la delegación y se comprometieron a impulsar proyectos de ley, audiencias públicas de control político y ciudadano, y conformar una comisión accidental tanto en el Senado como en la Cámara que haga posible estas acciones.

La delegación hizo énfasis en la necesidad de tejer lazos con los movimientos sociales, y unir esfuerzos con otras poblaciones afectadas por desastres, por ejemplo los damnificados por la construcción de Hidroituango.

Es importante poner en conocimiento del pueblo colombiano varias afectaciones que deben solucionarse con la reconstrucción de Mocoa y que hasta el momento han sido ignoradas: antes que nada, las deudas bancarias que ahogan a los sobrevivientes. Después de haber perdido familiares, todos sus enseres y propiedades, sus negocios y sus casas, no es justo que la banca termine de empobrecer a los damnificados; no les perdone un solo peso de los intereses y los acose diariamente con amenazas de embargo y procesos judiciales. A la banca, que hace veinte años quebró y que fue auxiliada con más de veinte billones de pesos por el pueblo colombiano, que desde entonces viene pagando el impuesto del 4 por 1000 gracias a ese salvamento, se le exige la condonación total de las deudas de los damnificados.

También es necesario que, al ser víctimas del conflicto armado, las familias desplazadas reciban las ayudas que hasta el momento no han sido otorgadas. A los comerciantes informales, que por no estar registrados en Cámara de Comercio no han recibido ayuda en capital de trabajo y equipamiento, se les debe brindar las mismas ayudas que recibieron los comerciantes formales. Y, en lugar de contratar profesionales de otras regiones, deben implementarse medidas para sacar provecho del talento humano de cientos de profesionales que se encuentran sin trabajo y con la amenaza de que el ICETEX embargue las propiedades de sus fiadores. Por último, las veredas afectadas deben tener planes de reconstrucción de sus viviendas y unidades productivas. No pueden continuar en el olvido.

“A mí me rescataron de la playa Guayacán, jurisdicción del municipio de Ituango, porque estábamos barequeando en el momento que el río empezó a subir, y las montañas empezaron a venirse, las piedras, una cosa impresionante. Ya no teníamos por dónde salir, y nos metimos por una cañada arriba, hasta que cinco días después arrimó un plan de contingencia y nos sacaron de allá en lancha. Sin embargo, después de la emergencia, a las personas que estamos aguas arriba no nos han brindado ninguna garantía. Ni el Alcalde, ni la Gobernación, ni EPM. Estamos es a lo que las buenas personas nos quieran brindar”.

De esta manera explica María Mendoza*, lideresa articulada al movimiento Ríos Vivos Antioquia, la situación de los afectados por la tragedia ocurrida hace cinco meses, producto de una cadena de irregularidades en la construcción del megaproyecto Hidroituango. Su denuncia es más grave si se tiene en cuenta que desde que la emergencia inició, el 28 de abril del presente año, la respuesta a la pregunta de quién debe responder por las afectaciones, tanto como por las fallas de la obra, no es del todo clara.

Víctimas y afectados a la deriva
Para el caso de las comunidades aguas arriba, refugiadas en Sabanalarga y en Ituango, la situación ha sido particularmente compleja. “La verdad es que después, cuando lo de la emergencia, aguas arriba nunca nos mencionaron. Para EPM nunca hubo damnificados aguas arriba, siempre se concentraron aguas abajo, pero fue un maquillaje, porque tampoco hicieron lo que debieron hacer correctamente con todas las comunidades. Ni siquiera nos han hecho un censo de damnificados. En Ituango no lo hicieron, en Sabanalarga tampoco, a pesar de que cuando salimos de allá fuimos rescatados por el mismo EPM”, explica María.

Es por esto que a finales de septiembre la Alcaldía de Ituango ordenó desalojar a 22 familias que estaban refugiadas en el coliseo Jaidukamá de este municipio, argumentando que allí no habían damnificados, y que su presencia en el lugar afectaba el derecho a los niños a recrearse, razón por la cual estaban siendo reclutados por los grupos armados. En el caso de Sabanalarga, las comunidades que se albergaron en las oficinas de EPM, debido a que nunca recibieron ayuda humanitaria de emergencia ni les fueron brindados albergues, también corren el riesgo de ser desalojados de allí en cualquier momento.

Según explica Isabel Zuleta, vocera del movimiento Ríos Vivos Antioquia, en situaciones de emergencia son las entidades municipales las primeras que deben garantizar la atención; y los dueños de la amenaza, según la ley de emergencias, son los que deben responder en las siguientes etapas, que son de estabilización y reconstrucción. En este caso, Empresas Públicas de Medellín – EPM. A pesar de esto, ante la falta de respuesta y garantías para los afectados, explica Isabel que “la manera como se han sostenido es por la campaña de solidaridad que tenemos como movimiento Ríos Vivos, y eso es lo que ha hecho posible que hasta el momento se hayan dado alimentos, medicinas, algunos traslados, porque hay personas que están sufriendo mucho con el tema, y tienen crisis postraumáticas, y estrés postraumático relacionado con la pérdida del río, de su fuente de vida”.

A la compleja situación humanitaria, se suman las amenazas y asesinatos que han venido sufriendo líderes de Ríos Vivos, así como sus familiares. También el aumento de pie de fuerza y de control territorial por parte de EPM, pues en el caso de Ituango, por ejemplo, los horarios de entrada y salida del pueblo están siendo regulados.

Con el pasar de los días, sus exigencias siguen siendo “un albergue digno y dónde trabajar, también exigimos una reubicación a EPM, porque ya nosotros sabemos que el río no lo vamos a recuperar nunca más, entonces que nos reubiquen, una indemnización digna”, puntualiza María, quien además manifiesta que su principal exigencia como movimiento es que desmantelen Hidroituango de manera controlada, debido a las irregularidades y violaciones a los derechos humanos que han estado detrás de la construcción de la megaobra.


Hidroituango en la mira
Mientras esto sucede con los afectados, los directivos de Hidroituango intentan a capa y espada salvar este megaproyecto, aunque tengan todos los ojos puestos encima. A las denuncias hechas desde hace años por las comunidades y movimientos sociales, se sumó un informe de la Contraloría General de la Nación el pasado mes de agosto, en el que registró 35 hallazgos administrativos sobre irregularidades en el licenciamiento, y donde cuestionó además las actuaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla. Esta, por su parte, manifestó que el informe de la Contraloría era inexacto, pero días después, a principios de septiembre, interpuso una multa de 2419 millones de pesos a la Sociedad Hidroeléctrica Ituango por hechos anteriores a la emergencia.

Mientras avanzan investigaciones en la Fiscalía y la Procuraduría para determinar los responsables de las irregularidades, EPM, socio y encargado de la construcción del proyecto debe responder por los costos extraordinarios que han surgido tras la emergencia, tal como lo determinó la junta directiva de Hidroituango. Por su parte, EPM declaró problemas de liquidez para solventar la crisis y el retraso de tres años que tendría la obra, por lo cual el pasado 31 de julio, con el aval de su junta directiva, pidió al Concejo de Medellín la autorización para vender algunos de sus activos que suman alrededor de $4 billones, y que incluyen acciones en ISA y en algunas empresas colombianas, así como la totalidad de las empresas Aguas de Antofagasta y el parque eólico Los Cururos, ubicadas en Chile.

Esta propuesta, consignada en el proyecto de acuerdo 150 de 2018, será debatida por el Concejo en el mes de octubre, pero ha generado múltiples preocupaciones por tratarse de una de las empresas públicas más importantes del país. Así mismo quedó de manifiesto en el Debate de Control Político, realizado en la plenaria de la Cámara de Representantes el pasado 26 de septiembre, en el que además los congresistas León Fredy Muñoz, David Racero y María José Pizarro, citantes al debate, enfatizaron en que la crisis ha sido producto de malas decisiones y falencias en la planeación, e instaron al Gobierno a atender esta emergencia, que sigue generando el desplazamiento de familias que perdieron sus formas de vida y de subsistencia.

*El nombre fue cambiado por solicitud de la entrevistada.

Decidir es también renunciar, elegir solo una posibilidad, descartar formas distintas de hacer las cosas. Muchas veces, aunque el curso del tiempo impida comprobarlo, las decisiones tienen consecuencias significativas por aquello que se descarta más que por aquello que se elige.

Comer —ingerir las calorías necesarias para que funcionen estas cáscaras complejas rellenas de carne— es una necesidad biológica: una obligación. Hace miles de años —cuando no existían los refrigeradores, el hombre no conocía la sal, ni los conservantes— el dueño del granero donde se almacenaban los granos tenía el control sobre aquellos que necesitaban comer esos granos, porque podía decidir el valor de cada grano, podía decidir cuándo comía él y cuándo comían los demás.

Lo que hoy es normal, años atrás no lo era. Históricamente el elemento principal de la dieta humana fueron los cereales. Como estos no aportan la cantidad de proteínas necesarias, los acompañábamos de leguminosas, luego de tubérculos y, si la capacidad adquisitiva lo permitía, acudíamos a los aceites; solo cuando el nivel de vida era lo suficientemente alto se podía acompañar de un trozo de carne. Comer carne fue —y lo sigue siendo— sinónimo de poder. Comían carne no quienes querían sino quienes podían pagar o eran dueños de ella. Comer carne fue una de las primeras fronteras que separó a pobres y ricos.

No solemos darnos cuenta de que lo aparentemente normal, no es tan normal. En apariencia son muchas las posibilidades que tenemos de saciar el hambre: existen 250.000 especies de vegetales de las cuales unas 50.000 son comestibles, pero comemos 250: cereales, raíces, tubérculos, frutas, verduras, hierbas, nueces, especias… El noventa por ciento de nuestras calorías provienen de 15 especies vegetales, dos tercios de ellas producidas por tres plantas: arroz, maíz, y trigo. La mitad de toda la comida que los 7000 millones de humanos comemos cada día es arroz.

El humano fue el primer animal capaz de transformar el alimento. La perfección de la técnica de producción, recolección y preparación, con el paso de los años, encogió nuestro repertorio gastronómico.

Nunca antes fuimos capaces de producir tantos alimentos: —nunca antes fuimos capaces de producir tantos hambrientos: 821 millones— nunca antes fuimos capaces de hacerlo tan mal. Antes comíamos lo que sembrábamos, y vendíamos o intercambiábamos lo que nos sobraba con otros que también sembraban. Ahora compramos lo que comemos a multinacionales que producen alimentos a gran escala, alteran genéticamente los frutos y las semillas, sobreexplotan los suelos y destruyen los ecosistemas, especulan con los alimentos en la bolsa de Nueva York y utilizan agrotóxicos y herbicidas nocivos para la salud.

Es por culpa del uso indiscriminado de agroquímicos que lo que comemos cada vez tiene más toxinas y menos minerales. Anualmente Colombia fabrica 78.469 toneladas de plaguicidas, importa 64.000 y exporta 23.000. De estas, 119.486 toneladas son para consumo interno. Lo que quiere decir que a cada colombiano le corresponderían 2,5 kilos de plaguicidas. Los agroquímicos atracaron en el país en 1962. Actualmente existen 2490 productos con aval para ser utilizados en territorio nacional. Son 376 las empresas nacionales e internacionales que producen este tipo de venenos en Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Medellín y Palmira. Las ciudades envían el veneno al campo, y los campesinos lo devuelven a la ciudad transformado en alimento. Dice el adagio que uno recibe lo que da.

Según cifras compiladas por el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), de los 39.709 casos de intoxicación por sustancias químicas registrados en el país en el 2017, 8423 fueron causados por plaguicidas. El informe sobre Antioquia, publicado en 2016 por la misma institución, indica que, de las 2419 intoxicaciones registradas, 501 corresponde a plaguicidas; siendo el químico con mayor número de casos después de los fármacos. En el Norte, Nordeste y Magdalena Medio la mitad de intoxicaciones fueron provocadas por plaguicidas.

Los estudios sobre las consecuencias de los pesticidas en la salud humana escasean en Colombia. Sin embargo, los pocos análisis realizados han demostrado que, por ejemplo, las mujeres expuestas a este tipo de químicos presentan menores índices de colinesterasa —la enzima que permite que una neurona se comunique con otra para que los órganos funcionen e una manera adecuada—. Tambien También se ha comprobado que los problemas respiratorios, la alteración del sistema nervioso, y la degradación de los neurotransmisores que segrega el intestino están íntimamente relacionados con los plaguicidas.

Este no solo es un problema de salud pública, también cultural y económico. La agroindustria promovida por las multinacionales reemplazó las formas ancestrales de cultivar y relacionarse con la tierra. Relegó al campesino al último eslabón de la cadena productiva, le paga poco por su trabajo y lo obliga a pagar grandes cantidades de dinero por los venenos.

El sistema obliga al campesino a resignarse y aceptar sus reglas de juego. Desde que la publicidad empezó a ser utilizada en la industria alimentaria, el primer mordisco lo damos con los ojos. Al mercado —y al consumidor— le interesa la factura —el color, el tamaño—, no los nutrientes del producto. Y la única manera de cumplir con esos estándares publicitarios, según las grandes multinacionales, es utilizando pesticidas y agrotóxicos.

Pasan los años y la agricultura sigue resumiéndose en cinco procesos básicos: seleccionar plantas utilizables, manejar el agua, renovar y enriquecer los suelos, proteger los cultivos de las pestes, usar fuerza de trabajo para recogerlos. Las actuales prácticas agrícolas cada vez utilizan menos plantas, hacen mal uso del agua, alteran los ciclos de la materia orgánica, y envenenan a quien cultiva y a quien consume para evitar las plagas.

“Como se interpreta una crisis determina como se actúa ante ella”, dice Martín Caparrós. El campesino debe replantear sus formas, y el consumidor asumir su responsabilidad en esta cadena de errores. Cuando preferimos ir a un supermercado de cadena en lugar de ir a la plaza de mercado, estamos siendo cómplices del mercado. Algunos comen lo que pueden, el resto cree que puede comer lo que quiere. Muchas veces las decisiones no dependen de nuestra voluntad y nuestro deseo, sino de los factores económicos y culturales que las condicionan. Ante una situación tan penosa, mientras encontramos una idea clara para cambiar eso, la indignación y el arrepentimiento son el primer paso que nos comprometen a inventar algo mejor. Recuperar la propiedad absoluta de nuestras decisiones —de las consecuencias— tal vez sea el norte que tanto hemos buscado: esa es la verdadera emancipación.

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