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Sin duda es la chicha una tradición muy antigua que nos une con nuestros ancestros, en la alegría de juntarse, de compartir lo místico-natural y lo político. Lo uno porque son verduras, frutas o granos que, con panela y tiempo, fermentan las ideas e impulsan un estado de conciencia diferente al cotidiano, y lo otro porque aparte de la resistencia que se genera al hacer, el hecho de tomarse un totumado de chicha, en lugar de una cerveza u otro licor, nos recuerda que en la cotidianidad se deben asumir posturas.

La modernidad hace mirar lo artesanal con miedo, desconfiando siempre de eso que no tiene códigos de barra, fórmulas o ingenieros tras su elaboración. Y es que si bien se ha querido acostumbrar a las personas a un sabor siempre igual, la monotonía de sabores y las seguridades que se creen tener al comprar, ahogan definitivamente las posibles diversidades alcohólicas que la ancestralidad propone.

La chicha medicinal, por ejemplo, es una conexión profunda que se hace desde el pensamiento individual y se propone a la conciencia colectiva de quienes participan del ritual, para sanar e intencionar la preparación del remedio. Diferentes personas y planos de conciencia se dan cita en el hacer, para cuando sea servida y tomada, logre el propósito que fue sembrado al revolver, en la espesura del calor desde las imágenes y senti-pensares.


Como en el ll Festival de la Chicha y la Cultura…
El 30 de junio, en El Santuario, Antioquia, se celebró un evento que pasó por su segunda entrega. Allí, entre el dar y recibir totumas, con inimaginables combinaciones de frutas con especias, de sabores y olores –¡uff, qué sabor! ¿Qué tiene esa de mora? ¿Canela?, ¿cardamomo? – se enchichó por un momento la realidad entre los árboles que se podían adoptar, las luchas que resurgen púrpuras, las abuelas sabedoras y sanadoras, vasijas sonoras, artesanías, libros, semillas, chichas y risas, cantares y danzares.


Arrancó el viernes 29 en una finca amiga con la batida de una chicha medicinal, guiada por la abuela Amtokatlnesli, donde muchas personas que acudieron al llamado se dispusieron a revolver sentipensares, fermentados colectivamente, siempre en busca de una intención sanadora, que se repartiría en la mañana del 30.

Así como se danzaba, la palabra iba y venía al igual que la chicha, con alrededor de 160 personas que llegaron a la Casa de la Cultura para aliviarse, hablando y tomando.

Ya en la tarde y por los diferentes estantes, las chichas más fermentadas amenizaron el encuentro, procurando la diversidad y la unidad, “porque eso es lo bueno de los que fermentan en Santuario, cada uno tiene su toque, que hace particular el sabor”, afirma un chichero, mientras acaba las últimas gotas que había en la totuma que recién recibía.

Para las comunidades del Catatumbo, Norte de Santander, el 2018 llegó con el incremento de la confrontación militar y política entre actores armados en distintos municipios de la región, que trae como consecuencia la incertidumbre y zozobra en las comunidades. La situación, sin embargo, se ha estado gestando desde hace varios años a raíz del abandono estatal, causa principal de la violencia en el Catatumbo. En el marco de este escenario, se encuentran la guerra entre insurgencias, el silencio del Estado y una comunidad que ha generado propuestas sociales que buscan, entre tanto, una paz estable y duradera, y un territorio en el que se respeten sus derechos y en el que se viva dignamente.

Para quienes la guerra ha cambiado sus prácticas cotidianas, las razones del conflicto no han sido del todo claras. El desconocimiento acerca de los orígenes de la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), deja a la población a la expectativa de un cese armado. “Las gentes del Catatumbo no vivimos como se vivía anteriormente; hemos vivido entre pobreza, hemos vivido entre abandono estatal, pero vivíamos tranquilos”, dice un líder social del municipio de San Calixto.

En correspondencia con lo anterior, las mismas comunidades han sido partícipes activas en la construcción de la paz, creando escenarios de participación social e institucional, como lo son el gran Encuentro de El Tarra, que hizo un llamado a no involucrar a la población civil en la confrontación armada, y que tuvo como resultado la creación de la Comisión por la vida, la reconciliación y la paz del Catatumbo. Dicho escenario está conformado por el Comité de Integración Social del Catatumbo-CISCA, la Asociación Campesina del Catatumbo-ASCAMCAT, El Movimiento por la Constituyente Popular-MCP y el Movimiento Comunal de la región.

La Comisión por la vida, la reconciliación y la paz del Catatumbo desarrolló desde su creación la Misión de verificación, acompañada por el Gobierno nacional, organizaciones defensoras de Derechos Humanos nacionales e internacionales y medios de comunicación, quienes reconocieron la crisis humanitaria ocasionada por el conflicto. Igualmente, se conformó la Comisión mediadora para generar una interlocución, respaldada institucionalmente, con los actores del conflicto. Esto dio paso a la instalación de la Mesa Humanitaria, que tiene el propósito de articular un trabajo con la institucionalidad, además de generar un escenario de seguimiento a los acuerdos pactados con el Gobierno y las comunidades en las movilizaciones campesinas.

La Mesa Humanitaria y su apuesta por la paz
La Mesa Humanitaria, originada por la preocupación social frente al conflicto armado, busca realizar un balance de las situaciones que han ocurrido en la región como resultado de la confrontación entre el ELN y el EPL. Del mismo modo, tiene como prioridad atender asuntos de orden estructural con la institucionalidad, detonante de la crisis social de la región, y a su vez, ratificar el compromiso de esta con las comunidades del Catatumbo.

Para la Mesa Humanitaria, la salida a la crisis actual se materializa con el diálogo entre las partes, por lo que es prioritario exigir a las entidades gubernamentales una intervención social, no militar, a través de la creación de una Comisión Mediadora, garante, para resolver problemáticas netamente humanitarias. “La salida de este conflicto no son las armas. La confrontación la resuelve el diálogo”, afirma el presidente de una Junta de Acción Comunal, quien tiene la confianza puesta en la Comisión.

Exigencias para el cese de la guerra en el Catatumbo
Parar la guerra representa la máxima tarea de la Mesa Humanitaria. Para ello, las comunidades exigen a los principales actores –Gobierno nacional y grupos armados– ser escuchadas a través del escenario validado por la población civil del Catatumbo: la Comisión por la vida, la reconciliación y la paz del Catatumbo.

El Catatumbo ha exigido, por muchos años, salud, educación y vida digna. La garantía de los derechos básicos posibilita a las comunidades el crecimiento social, económico y cultural; sin embargo, la escasa inversión social ha obstaculizado el desarrollo comunitario en el territorio catatumbero. El levantamiento armado en el territorio colombiano es, según la historia y las voces de quienes han tenido que hacerle frente, la consecuencia de estos hechos. Por esta razón, las comunidades de base, representadas por las Juntas de Acción Comunal y las organizaciones sociales, exigen al Gobierno nacional detener las agresiones al territorio, consecuencia de la deuda histórica reflejada en la falta de garantía de los derechos y en los problemas de orden estructural.

Pese a que “la región tiene su plan de vida, su plan de desarrollo y su gobierno local construido, el Gobierno ha hecho oídos sordos a la región y ha demostrado poco interés en escuchar”, manifiesta un líder social. La población, que conoce la situación porque la está viviendo, sabe que las declaraciones del Ministerio de Defensa representan la negación de la crisis humanitaria que envuelve al Catatumbo.

La guerra ha implicado graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), manifestadas en las afectaciones a la población civil, como el sembradío de minas antipersona, confrontaciones en viviendas, desplazamientos y amenazas a los líderes y lideresas sociales y comunales. La población civil hace un llamado urgente a los grupos armados en cuestión, a resolver, con voluntad, sus diferencias a través del diálogo y a excluir de la guerra a las comunidades, respetando los Derechos Humanos.

Las comunidades en medio del conflicto
La gente del Catatumbo se ha caracterizado por su resistencia, por la capacidad de organizarse, social y comunitariamente, para buscar salida a los problemas y recomponer el tejido social que las diferentes olas de violencia han querido eliminar. Hoy, mientas hay un silenciamiento selectivo de quienes se atreven a defender la vida de las comunidades, convirtiéndose en un estorbo para los enemigos de la paz, la posición del Estado se acentúa en la indiferencia.

La guerra en el Catatumbo ha puesto de manifiesto la crisis social, mostrando un panorama desalentador en un territorio de riqueza. La crisis se está reflejando en la salud, en los caminos y vías ahora poco transitadas, en la cotidianidad de la población, lo que genera desesperanza en un territorio que ve lejos la paz. En la Mesa Humanitaria se recalca que “no hay médicos, se necesita un plan de contingencia de salud, […] hay atentados, hay amenazados, no hay tranquilidad”.

En consecuencia, se hace un importante llamado a la protección y garantía del derecho a la vida y a la integridad de las y los habitantes de la región de Catatumbo.

“La comunidad sabe que la presencia institucional ha sido siempre de carácter militar, reflejando una mayor vulneración de los DDHH”, cuentan las comunidades que están sumergidas en la confrontación y afectadas en términos económicos, políticos y sociales.

“La guerra contra las drogas es también una guerra contra la gente”. Con esta sentencia, el representante de Estados Unidos cerraba su intervención en la asamblea general extraordinaria que convocó Naciones Unidas para abordar el problema mundial de las drogas en el 2016.

Cada que la ONU publica su informe anual sobre el tema, se escucha decir en Colombia y en el mundo que la lucha contras las drogas “la estamos perdiendo”; los expertos saben, aunque no lo digan, que si no se modifica la actual política antidrogas la guerra estará perdida, y solo se podrá escalar el problema a proporciones manejables –aunque no haya consenso sobre dónde empieza y dónde termina el termino manejable–.

Históricamente Colombia ha combatido las drogas, en especial la siembra y producción de coca, con un enfoque prohibicionista y punitivo. Las cifras de kilos incautados, la cantidad de áreas cultivadas y el número de personas judicializadas permiten determinar avances o retrocesos y justificar dicho enfoque, pero impiden abordarlo de forma integral y atacarlo con medidas a largo plazo que erradiquen el problema de raíz.

Los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno nacional y la desmovilizada guerrilla de las FARC planteaban la posibilidad de resolver conflictos históricos con la ayuda de las comunidades, sin necesidad de recurrir a medidas represivas ni militares. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), consignado en el punto cuatro de los acuerdos, pretendía ofrecer alternativas productivas para que de manera voluntaria los campesinos reemplazaran la coca por otra actividad agrícola que les permitiera tener condiciones de vida digna y los integrara a la economía formal del país.

Pero una firma resuelve poco y nada. Por culpa de las trabas burocráticas y la incapacidad del gobierno Santos para poner en marcha lo pactado, los cultivos de coca se multiplicaron y la aspersión aérea de glifosato se consolidó como medida coyuntural ante la presión del norte. Según cifras del gobierno estadounidense, las hectáreas de coca pasaron de 188.000 en 2016 a 209.000 en 2017, un incremento del 11%. Análisis de la fundación Paz y Reconciliación determinaron que 10 municipios concentran el 50% de la coca sembrada en el país. En el listado de territorios con mayor cantidad de hectáreas aparecen ranqueados Tumaco, en Nariño, Tibú, en Norte de Santander, El Tambo, en Cauca, Valle del Guamuez, en Putuyamo, entre otros municipios de estos cuatro departamentos que tienen altos índices de violencia, desempleo y necesidades básicas insatisfechas.

En octubre del 2015, sin haberse firmado el acuerdo de paz, el gobierno de Juan Manuel Santos suspendió la aspersión del glifosato acatando el fallo de la Corte Constitucional que prohibió la erradicación de cultivos ilícitos con este método, tras estudiar una tutela de la comunidad indígena de Carijona, del resguardo de Puerto Nare en Guaviare, que alegaba estar siendo afectada por el uso del herbicida, que según estudios de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer tiene efectos cancerígenos en el cuerpo humano.

El rechazo a las soluciones caídas del cielo no es nuevo. En 1978 el extinto Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena) alertó al gobierno de turno por las consecuencias negativas para la salud humana y los recursos naturales que provocaría fumigar 19.000 hectáreas de marihuana en la Serranía de Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, tal como lo proponía Estados Unidos. La presión estadounidense aumentó con los años influenciando negativamente nuestra política anti-drogas. Entre 1984 y 1987 más de 30.000 hectáreas de marihuana fueron fumigadas con glifosato.

El cultivo neto de marihuana aumentó más de 150% entre 1985 y 1987. Desde el gobierno de Ernesto Samper, cuyo mandato terminó en 1998, se han fumigado cerca de dos millones de hectáreas en el país. Entre 2003 y 2007 las hectáreas de coca se mantuvieron entre 85.000 y 90.000 hectáreas. Los años posteriores, sobre el Putumayo las lluvias de glifosato fueron las mismas durante cuatro años y las hectáreas de coca se triplicaron. En Antioquia la fumigación se triplicó entre 2013 y 2014, y las hectáreas de coca se duplicaron. En 2014, disminuyó un 30% la aspersión en Meta y Guaviare, y las hectáreas sembradas disminuyeron un 3%.

Aunque las cifras demuestran que además de cancerígeno, el glifosato es costoso y poco efectivo, el 26 de junio del presente año el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) aprobó el uso de drones de baja altura para que las Fuerzas Militares y la Policía fumigaran con este químico los cultivos ilícitos. Cabe señalar que en septiembre del año pasado Trump amenazó con descertificar al país debido al aumento de hectáreas cultivadas. Santos justificó la medida del CNE afirmando que: “Son avioncitos no tripulados y por su altura se asimilan a una aspersión terrestre”.

Los cultivos ilícitos engrosan la larga lista de fracasos y promesas incumplidas del gobierno Santos: hoy el país tiene 140.000 hectáreas de coca más que las que tenía en 2010 cuando se posesionó el Presidente saliente. En estos ocho año,s Santos le allanó el camino al uribismo. Durante la campaña presidencial el Centro Democrático, Álvaro Uribe y su alfil Iván Duque prometieron enfrentar con todo el rigor necesario los cultivos de coca, considerando las fumigaciones con glifosato y la erradicación forzada como las soluciones más viables al problema, pues la estrategia de erradicación voluntaria la consideran una concesión a las FARC.

Las comunidades del Catatumbo, de Antioquia y del Cauca han manifestado públicamente su voluntad de erradicar de manera voluntaria los cultivos de coca. El pasado cinco de julio, Eduardo Díaz, director del PNIS, aseguró que hasta la fecha 124.745 familias se habían acogido al programa. Sin embargo, a principios de marzo, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) manifestó que la judicialización y los incumplimientos del gobierno los obligaba a reconsiderar su participación y su confianza en el PNIS. Además, entre el primero de junio del 2017 y el 26 de junio de 2018, asesinaron 36 cultivadores y líderes que apoyaban iniciativas de sustitución voluntaria, 12 de ellos en el Cauca, 11 en Nariño, y seis en Antioquia.

La coca nunca ha sido un proyecto de vida para el campesinado colombiano; sí un método de supervivencia. Allí donde el Estado solo hace presencia con fusiles y metralletas, donde sembrar café o plátano genera más perdidas que ganancias, donde el puesto de salud y la comercializadora más próxima está a tres horas de camino, las comunidades no tienen otra alternativa que insertarse en la cadena productiva del narcotráfico.

En zonas remotas del Catatumbo y el Putumayo siguen esperando el alumbrado público, la maquinaria, y las vías terciarias que les prometieron hace veinte años para conformar un mercado local que sea productivo y legal. Los campesinos siembran la coca, raspan la hoja, la mezclan con cal, cemento, y gasolina, la cristalizan, la filtran con ácido sulfúrico y amoniaco, la secan hasta que quede la pasta, la escurren, la presan, la secan, y la empacan al vacío. Son ellos los que hacen el trabajo sucio, los que son fumigados con veneno, los que son estigmatizados, perseguidos y judicializados. Son ellos los que reciben la porción más pequeña del negocio.

Hace veinte años el periodismo le demostró a la sociedad colombiana que el narcotráfico —el cartel de Cali— financió la campaña presidencial de Ernesto Samper. Mientas Samper presidía la secretaría general de UNASUR, viajaba muy majo por todo el continente y daba clases de moral en Universidades, los cocaleros de la periferia temían ser envenenados, arrestados o asesinados: la guerra contra la coca es, sobre todo, una guerra contra la gente.

La Consulta Anticorrupción, impulsada por la senadora Claudia López, ha levantado ampollas en varios sectores, que han respondido con una serie de argumentos en contra de la efectividad de este. En este espacio intentaré desmentirlos y dejaré dos puntos más para nutrir el debate.

Costo de la consulta
Una buena parte de las críticas a esta consulta ha surgido a partir del costo que amerita una jornada electoral de esta proporción. Los 300 mil millones que costaría realizarla han dejado un sinsabor, reflejado en las declaraciones y columnas de opinión de diferentes figuras públicas, pues aseguran que este gasto sería un despropósito en términos de presupuestales que dejaría un enorme hueco fiscal en los fondos nacionales. Pero vale preguntarse si estos temores están justificados. Y para saber si es así, hablemos de plata:

El referendo que prohibiría la adopción por parte de parejas del mismo sexo, impulsado por Vivian Morales, hubiese costado 280 mil millones, de no ser porque la Cámara de Representantes lo tumbó en tercer debate; por otra parte, el Plebiscito por la Paz, donde se refrendaron los Acuerdos de Paz, costó esos mismos 280 mil millones, y fue realizado en el 2016 en medio de numerosos contradictores.

Ahora, si hablamos de presupuestos de la Nación destinados a sus carteras, sabemos, según informes del Ministerio de Hacienda, que para el 2018 los ministerios de Cultura y Ciencia y Tecnología recibieron respectivamente 396 mil millones y 339 mil millones. Para financiar proyectos sociales de varias de estas carteras, en el 2018 el Gobierno nacional pidió 400 mil millones al Fondo Nacional del Ahorro, lo que se traduce en descapitalización de dinero que proviene de aportes de afiliados a través de cesantías o ahorro voluntario.

A la hora de hablar de obras que se podrían realizar con este mismo presupuesto, la Autopista Bicentenario sería un buen ejemplo: esta carretera que atravesaría de sur a norte la capital del Valle del Cauca en sus 14,7 kilómetros de largo, tendría un costo aproximado de 350 mil millones.

En este orden de ideas, quienes se oponen a la consulta argumentan que esos 300 mil millones de pesos podrían ser invertidos en otros proyectos de gran envergadura y que requieren estos fondos con mayor urgencia, como los presupuestos presentados anteriormente. Pero no tienen en cuenta dos puntos importantes en la discusión: primero, la Ley 134 de 1994, en sus artículos 99 y 100, exigen un “Fondo para la Participación Ciudadana” que garantiza la realización anual de procesos de participación ciudadana, por lo que esos fondos están destinados desde la distribución de presupuestos realizado a comienzos de cada año por parte del Ministerio de Hacienda, y por ello, esta consulta no generaría un hueco fiscal. En resumen, ya hay plata para realizarla, y no descabezará ningún otro presupuesto nacional para consolidar la misma.

Y si les parece poco en término de ahorro presupuestal, la aprobación del punto que disminuiría el salario de los congresistas y altos cargos nos permitiría ahorrar al año 213 mil millones de pesos. Y si fuésemos más optimistas y los siete puntos de la consulta fueran votados positivamente, mitigarían en gran medida el desfalco anual de entre 40 y 50 billones de pesos que se lleva cada año el fenómeno de la corrupción en Colombia.

Alcance jurídico
Otro de los argumentos de los que se han apropiado los contradictores de esta jornada de participación ciudadana, es que ya existe todo un aparataje jurídico-político que ha sido reglamentado desde hace un par de décadas y que tiene como propósito combatir, en sus diferentes niveles, la corrupción. Pero la pregunta que nos merece este argumento es si estas disposiciones normativas han servido para algo.

Desde la constitución del 91 se han dictado unas 38 normas en materia de contratación pública, regulación fiscal y disciplinaria, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información pública, todas enmarcadas en la lucha contra la corrupción en los ámbitos de lo público y privado. Entre este aparataje de leyes, existen algunas que resaltan frente a las demás por ser integrales en la lucha contra este flagelo:

Por ejemplo, está la Ley 1778 del 2016, que dicta una serie de normas sobre la responsabilidad de personas jurídicas en actos de corrupción y las disposiciones en la lucha contra este fenómeno; o desde el ámbito de la administración pública, la Ley 1474 del 2011, que constituye un aparato normativo que busca fortalecer mecanismo de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción en la gestión pública. Y la Ley 1828 del 2017 que crea el código de ética de los congresistas, que tiene un carácter disciplinario frente a conductas de dudosa moralidad en el ejercicio de su función.
Si bien existen esta serie de normativas que mitigan los impactos de este fenómeno, parece que no han sido lo suficientemente eficientes en su labor. En el informe del CPI (Índice de Percepción de Corrupción) publicado en el 2016, Colombia ha seguido con una calificación desfavorable desde hace por lo menos 15 años, teniendo un promedio de 37 puntos en una escala de 0 a 100, donde 0 es mayor percepción de corrupción, y 100 es menor, sin haber cambios significativos en estos puntos. Y por si esto fuera poco, el país empeoró en su posición respecto a los 176 países que hacen parte del estudio, pasando de un año al otro del puesto 83 al puesto 90.

Agregado a esto, en una encuesta realizada por Transparencia Internacional en el 2017, la misma firma que realizó el informe del CPI, 61% de los colombianos encuestados creen que la corrupción en nuestro país ha aumentado con respecto a los anteriores años y, asimismo, el 59% asegura que las acciones por parte del Gobierno no han mitigado en gran medida los impactos de este fenómeno.

¿Qué trae de nuevo la Consulta?
Además de los 213 mil millones anuales que ahorraríamos con la reducción de salarios a congresistas y altos funcionarios que propone el primer punto, los siguientes seis que configuran la consulta tendrían impactos positivos en términos punitivos: por ejemplo, lo que dicta la segunda pregunta, que exigirá que los corruptos paguen la totalidad de las penas en la cárcel sin posibilidad de una reclusión especial, además de prohibirle a estos contratar con el Estado. Esto permitiría que el peso de la ley caiga con el mismo rasero a estos altos funcionarios sin distinción de colores políticos.

También fortalecería los procesos de veeduría ciudadana y de apropiación de espacios de decisión política, en puntos como el cuarto, que obligará a realizar audiencias públicas para que, de forma mancomunada, los ciudadanos y entidades encargadas decidan en qué se invierten los presupuestos nacional, departamental y municipal. Así mismo con el punto cinco, que obligaría a los congresistas a rendir cuentas sobre su gestión y asistencia; o el punto seis que también les obliga a declarar sus bienes, patrimonio, rentas, entre otros. Si bien estos puntos no atacan de forma integral el fenómeno, representa un precedente en la articulación entre la ciudadanía y las entidades gubernamentales en la lucha conjunta contra la corrupción en nuestro país.

El 24 de julio se produjo una actuación judicial sin precedentes. La Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de justicia ordinaria del país, llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Si bien este hecho es producto de un proceso por manipulación de testigos que tiene el expresidente encima, la verdad es que su origen se encuentra en un debate que le hizo el congresista Iván Cepeda para esclarecer su responsabilidad, participación, y connivencia con grupos paramilitares. Cepeda había conversado con varios exparamilitares que trabajaron para la familia Uribe Vélez, y que han revelado hechos muy delicados que lo involucran.

El principal testigo contra Uribe es Juan Guillermo Monsalve, hijo de Óscar Monsalve, el administrador de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia de Uribe. En los noventa, luego de un conflicto que hubo con la guerrilla en esta finca, Santiago Uribe ordenó, según Monsalve, regresar a sus trabajadores para recuperar un ganado robado, lo que desencadenó en una masacre, la masacre de San Roque. Como si eso fuera poco, Monsalve ha expresado en distintas ocasiones que Álvaro Uribe es “el fundador del Bloque Metro”, junto con su hermano Santiago (actualmente juzgado por su participación en el también grupo paramilitar los Doce Apóstoles), Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe, y Santiago Gallón Henao.

Monsalve ha sufrido varios intentos de asesinato –una vez atacado en la cárcel a cuchillo, y otra vez encontró veneno en su celda– y su esposa está fuera del país por amenazas a su vida.

Cronología

2011: El representante a la Cámara del Polo Democrático, Iván Cepeda, visita y entrevista a Pablo Hernán Sierra y a Juan Guillermo Monsalve, dos exparamilitares que relacionaron a Álvaro Uribe Vélez con grupos paramilitares, más exactamente con el Bloque Metro. Este bloque, según los exparamilitares, fue creado por Álvaro Uribe, su hermano Santiago, y otros ganaderos de Antioquia.

2014: Iván Cepeda realiza un debate de control político en el Congreso por la responsabilidad del senador Álvaro Uribe con el paramilitarismo en Antioquia.

A raíz de esto, Álvaro Uribe interpone una denuncia en la Corte Suprema contra Iván Cepeda. Le endilga los delitos de fraude procesal, calumnia, y abuso de la función pública. Uribe y sus abogados dicen que Cepeda, supuestamente, le prometió beneficios jurídicos, económicos, y hasta sacar del país a estos y otros paramilitares, con la condición de que relacionaran a Uribe con el paramilitarismo.

16 de febrero de 2018: La Corte, después de tres años y dos meses de investigación, y a través de un documento de 218 páginas, toma una decisión que le da una vuelta al proceso. Decide no investigar a Cepeda y, por el contrario, empezar un proceso contra Uribe. Para el Tribunal, Cepeda no se excedió en sus funciones, mucho menos sobornó o manipuló testigos. Además, descubre en su investigación que es realmente alrededor de Uribe que se creó una red para cometer los delitos por los que este denunció a Iván Cepeda. Quien denunció la manipulación de testigos, resultó ser el verdadero manipulador.

22 de febrero: Un día después de esta relevante decisión, llegaron a la Corte anónimos y mensajes que advirtieron a los magistrados lo que confirmó Reynaldo Villalba –abogado de Iván Cepeda–, el

22 de febrero: al exparamilitar Monsalve y a su familia los buscaban para que este se retractara y Uribe pudiera, a través de un recurso legal, revertir la decisión de la Corte.

24 de julio: La Corte Suprema llama a indagatoria a Álvaro Uribe Vélez. Fueron cinco meses de una silenciosa investigación, con interceptaciones telefónicas, análisis de audios, fotos, y con la participación activa de Monsalve, quien grabó con un reloj especial el momento en que Diego Cadena (abogado de narcotraficantes y de Uribe) le pide que firme un documento retractándose de sus declaraciones contra Uribe.


La persona con más investigaciones

Según la Misión de Observación Electoral, la persona con más investigaciones en la Comisión de Acusación del Congreso es Álvaro Uribe, con 276. Además de ellas, en la Corte Suprema tiene 28 procesos, entre los que destaca uno sobre falsos positivos, uno sobre el sabotaje informático al proceso de paz, y otros más por disputas que terminan en procesos por injuria y calumnia. Entre todas estas investigaciones resaltan varias por su gravedad, en especial las relacionadas con las masacres, que han perseguido al expresidente en varias ocasiones.

Hace unos años el Tribunal de Justicia y Paz pidió investigarlo por la presunta participación de su gobernación en la masacre de El Aro, en 1996, luego de que se dijera que esta tenía suficiente información sobre los acontecimientos y que el helicóptero oficial había sobrevolado la zona “durante la ejecución de la incursión y que en dicho helicóptero, según informó (…) Carlos Castaño Gil, se encontraban el Gobernador de Antioquia y dos miembros de la Cruz Roja”. Este mismo año, de nuevo, se sumó una nueva compulsa de copias en su contra por este mismo hecho: el Tribunal Superior de Medellín pidió que se le investigara, argumentando que existen elementos de juicio que comprometen directamente la “responsabilidad penal de varias personas como el gobernador de Antioquia de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez”.

Retrato del actuar de la Policía en la Comuna 13

 

El miércoles cuatro de julio un joven fue asesinado en la Comuna 13, al parecer, por miembros de la Policía. La muerte del muchacho, llamado Arley Steven Zuluaga, no se dio en medio de uno de los enfrentamientos entre bandas que ocurren en la Comuna, sino que hace parte de un conjunto de irregularidades que involucran directamente a la Policía del sector.

“Casi que no matamos ese delincuente”
Iban siendo las dos de la tarde cuando Arley Zuluaga, padre del joven, recibió la noticia. A su hijo, Arley Steven Zuluaga, un barbero de 23 años que trataba de terminar sus estudios secundarios, lo habían asesinado. Cuando llegó al lugar –en la vereda Corazón-El Morro, en el corregimiento de Altavista, cerca de Belencito–, a reconocer el cuerpo, fue recibido por un grupo de policías que señalaron a su hijo. “Casi que no matamos ese delincuente”, dijo uno, que no solo tachaba a su hijo de delincuente, sino que admitía haberlo matado. Arley no ocultó la rabia que sintió en aquel momento: “al que mataron es al hijo mío, a mí me duele lo que están diciendo, eso demuestra una complicidad en el hecho”.

James Zuluaga, reconocido líder de derechos humanos de la Comuna 13, hermano de Arley y tío de Steven, tampoco ocultó su molestia con los comentarios. James, que había llegado con Arley al lugar, le preguntó al policía que si de verdad era un delincuente por qué no lo había capturado. Un sargento que estaba presente intervino al ver que los ánimos estaban exaltados, y que varios de los policías se sentían culpados por el asesinato de Steven. “Nos están metiendo a nosotros”, decían. Y justo cuando el policía que hizo el comentario se retiraba de la zona, un amigo de Steven intervino diciendo que la semana anterior ese policía los había individualizado y los había amenazado, diciendo que los iba a matar y que él mismo les iba a hacer el levantamiento.

¿Todo empezó con un juego?
Antes del asesinato, Steven ya había tenido problemas con la Policía del sector, que no solo lo perseguía, sino que lo llegó a agredir en varias ocasiones. Para el padre de Steven, la persecución de los oficiales hacia su hijo tiene origen en un juego callejero. Steven vivía con su abuela materna cerca de la vivienda de un cabo de la Policía del sector, y un día un hijo de este, que jugaba en la calle con un balón, golpeó las rejas de la casa de Steven, y la abuela de este salió y lo regañó, a lo que el muchacho, hijo del policía, respondió insultándola.

“El muchacho la trató mal, y a esa señora la estiman mucho porque ha sido muy servicial. A los días, lo cogieron saliendo del colegio, lo golpearon, y le dijeron que respetara a la gente. Luego dijeron que el hijo mío le había mandado a pegar”, cuenta Arley. Lo malo vino unos días después. Steven llegaba a su casa de madrugada después de una fiesta, y lo cogieron varios hombres por detrás, lo derribaron y lo golpearon. “Eran policías que estaban de turno mandados por el cabo Montero. Lo dejaron como un monstruo, le dañaron toda la cara”, cuenta.

Así empezó la persecución hacia Steven. Varias veces lo retuvieron y le quitaron sus documentos sin motivo. El último problema que tuvo con la Policía fue un par de semanas antes de su asesinato, el día que un uniformado lo amenazó de muerte. El cabo que vivía cerca de la casa de Steven fue trasladado y al lugar llegó a vivir otro oficial, “un agente Morales”, precisa Arley. Este “agente” lo retuvo, le quitó los documentos, y le reclamó por un dinero que llevaba, por lo que salió la abuela y le explicó al oficial que el dinero se lo había dado ella, y que era producto de unos arriendos. Pero el oficial, molesto con Steven, lo golpeó, lo insultó, y profirió contra él la amenaza que recordó su amigo el día del asesinato: “Le dijo que él se iba a morir y que ocho días le ponía como máximo”.

“Quédese ahí que la vuelta está cuadrada”
En la comunidad han circulado varios rumores que involucran tanto a los oficiales de la Policía como a los soldados del Ejército que trabajan en la zona. Uno de los testimonios que llegó a oídos de la familia de Steven asegura que a pesar de que el asesinato fue cerca de la base del Ejército que hay en el barrio, de esta no salió nadie cuando se escucharon los disparos. “Incluso alguien me comentó que cuando sonaron los tiros, un soldado iba a salir, pero un compañero le dijo: no, no, quédese ahí que la vuelta está cuadrada. Eso escuchó alguien de la comunidad que pasó por ahí, pero la gente no declara porque le da miedo”.

Ahora, tanto Arley como James están llevando a cabo todo el proceso para realizar las denuncias y procedimientos legales con los que buscarán justicia por la muerte de Steven. “Espero que los policías y soldados que estuvieron involucrados sean destituidos de su cargo mientras se hace la investigación. Que se esclarezcan los hechos y sean castigados los culpables”.

No es un hecho aislado
El asesinato de Steven ocurrió un día después de que oficiales de la Policía y miembros de una banda del sector patrullaron juntos zonas de la Comuna 13, amenazando ciudadanos, ingresando a viviendas sin órdenes legales, y sacando jóvenes de sus casas, como sucedió en el 2002 en la Operación Orión. Al día siguiente, por la presión de los periodistas y de la ciudadanía que pedía explicaciones, se realizó una rueda de prensa en la que el secretario de seguridad de Medellín, Andrés Tobón, “explicó” que se estaban realizando operativos en la zona, que había aumentado el pie de fuerza, y que “estaban trabajando de la mano de la comunidad”, lo que contrasta con los testimonios de los ciudadanos que aseguraron –incluso en la misma rueda de prensa–, que desconfían del actuar de los uniformados y que no es la primera vez que pasa algo así.
La Comuna está viviendo una guerra entre bandas –como La Agonía, La Torre, El Coco y Betania–, que explica el alza en un 100% de los homicidios, en comparación con el mismo periodo del año anterior: pasaron de 23 a 46.

Entre las principales denuncias que hacen los líderes de la Comuna está que en ocasiones los policías retienen a los jóvenes, les quitan sus documentos, y los llaman desde el CAI pidiendo entre cien mil y doscientos mil pesos por devolverlos. Otras veces, según el líder James Zuluaga, los oficiales detienen a los jóvenes que van en moto y les piden dinero, si no tienen llaman al Tránsito para inmovilizar las motos, o golpean a los muchachos y les quitan los documentos.

Otra denuncia, más grave que las anteriores, es que ha pasado que los oficiales cogen a los muchachos y los llevan en sus motos o en las camionetas oficiales a otros sectores para que “los que mandan” los identifiquen. “Cogen un pelao de este sector, se lo llevan y lo pasean donde está la otra banda enemiga. Los enemigos están ahí porque ya tienen todo cuadrado. Los llevan en la moto o los montan atrás en las camionetas. Los bandidos están por ahí pilas viendo cuándo bajan a alguien, para mirarles la cara y después asesinarlo”, afirma un habitante de la Comuna.

“Son los uniformados que por lo general llevan aquí de cinco a diez años. También conocemos casos concretos de policías que viven aquí mismo en la zona, y la esposa termina siendo hermana o prima de uno de los duros del combo, lo que se presta para esas connivencias”, complementa James.

Mucho se ha hablado últimamente sobre la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, específicamente por la gran cantidad de asesinatos, amenazas y procesos judiciales en su contra. Aunque esto no es algo nuevo, el alarmante crecimiento de estos casos está en el foco de la opinión pública. Esta visibilización es importante y necesaria para movilizar al Estado, la sociedad civil e incluso a la comunidad internacional en torno a la protección de estas personas y el apoyo a los procesos que desarrollan, pero también trae especulaciones e información contradictoria. Por esta razón, es importante establecer qué es verdad en esta situación, cuáles son los mitos a su alrededor y qué preguntas hacerse como sociedad frente a este fenómeno.

VERDADES

Entre los grupos de personas olvidados por el Estado colombiano e invisibilizados en el conflicto armado están los líderes sociales y defensores de derechos humanos. A lo largo del tiempo los gobiernos de turno han hecho poco o nada por apoyar el liderazgo social y desconocen la violencia sistemática que la afecta. De acuerdo con Carlos Guevara, coordinador del programa Somos Defensores, la tasa de homicidios focalizada en estos activistas se disparó y viene en aumento sostenido desde el inicio y la implementación del proceso de paz con las FARC.

Guevara señala que los activistas que reportan mayor número de afectados son líderes campesinos, comunitarios, de juntas de acción comunal, indígenas y afro de diferentes zonas de los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Córdoba y Chocó. En este sentido, se evidencia una violencia concentrada en representantes de minorías con pocas oportunidades de acceso a la ayuda estatal y en lugares donde la guerra ha sido una constante, hay algún tipo de interés económico y político o se llevan a cabo luchas de reivindicación social.

Denuncias
Organizaciones como la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y popular, la Marcha Patriótica e Indepaz, en alianza con el instituto Heinrich Böll Stiftung Colombia, presentaron en mayo de 2018 un Informe Conjunto Especial de Derechos Humanos-Situación de lideresas y líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos y de excombatientes de las FARC y sus familias, ampliado y actualizado en julio del mismo año por Marcha Patriótica en su rueda de prensa sobre el tema.

En este informe se habla, hasta el cinco de julio de 2018, de 123 líderes y/o defensores de DDHH asesinados en lo que va transcurrido del año. Dicha cifra fue ampliada en el comunicado oficial de Marcha Patriótica del 17 de julio, al considerar datos desde enero de 2016 hasta julio 2018, para una cifra final de 445 líderes asesinados, de los cuales 169 pertenecían a Marcha Patriótica y 22 de estos eran mujeres.

Entre los datos relevantes presentados por el informe están: en el 2018 las organizaciones que reconocen como suyos a los asesinados son en su mayoría la Cumbre Agraria (ONIC, Marcha Patriótica, PCN, Congreso de los Pueblos y Ríos Vivos) y la Confederación Comunal de Colombia; el 81,5% de las personas afectadas pertenecen a organizaciones campesinas, étnicas o a JAC; los relacionados con cultivos de coca (pactos de sustitución o erradicación forzada) son el 12,6%; los conflictos por tierra, territorio y recursos naturales representan el 83,19% de los asesinatos en 2018; el 15,12% de los homicidios fueron mujeres y desde la elección presidencial el 17 de junio del presente año, hasta el cinco de julio, se han asesinado a 22 líderes y/o defensores de DDHH, y la cifra aumenta día a día.

Así mismo, el informe señala que “La presencia de grupos paramilitares, del ELN y disidencias se ha incrementado, en especial en las zonas donde hacía presencia las Farc-Ep y actualmente las amenazas contra miembros de organizaciones sociales es permanente”. Con lo anterior, se pone de manifiesto el peligro en el que están los territorios prioritarios para la implementación de los acuerdos de paz. Además, concluye que se observa un número significativo de asesinatos de personas pertenecientes a los mismos grupos sociales o políticos ocurridos en un mismo periodo de tiempo y en los mismos espacios geográficos, evidenciando una sistematicidad en la que se destacan los actores que las ejecutan y los modos de ejecución de acuerdo con el territorio y los fines que persiguen.

Frente a esto, las organizaciones sociales piden al Estado, entre otras cosas, investigar el origen de las amenazas y los asesinatos para evitar más casos, y esclarecer los ya existentes; una ruta de concertación para garantizar la vida e integridad; medidas de prevención y de protección territorial y colectiva, como fortalecimiento de los mecanismos de autoprotección, entre los que están las guardias indígenas, cimarronas y campesinas; pactos regionales de no violencia; cumplimiento de los acuerdos de paz, e implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial y los pactos de sustitución.

Otras organizaciones se han visto afectadas en lo que podría considerarse una ampliación de esta violencia hacia sectores sociales. Es el caso de los integrantes del movimiento político Colombia Humana asesinados y amenazados. Al respecto, Jorge Rojas, gerente de la campaña política de este movimiento señaló en varios medios de comunicación que se han recibido amenazas, en su mayoría, en zonas de interés político, y que se trata de un “plan de exterminio” aprovechando el momento de empalme entre el gobierno saliente y el entrante, espacio en el que ninguno se responsabiliza sobre la problemática.

Amenazas, judicialización y otras formas de violencia
No solo se trata de asesinatos. Existen otras formas de violencia recurrentes y caracterizadas en contra de los activistas sociales que dan cuenta de una sistematicidad en las acciones. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo están las amenazas, que se presentan de manera individual y colectiva mediante panfletos, llamadas, mensajes o redes sociales y buscan intimidar y servir de advertencia. Las violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad con toma de fotografías no autorizadas y robo de información, la violencia sexual, las detenciones arbitrarias, el desprestigio, las desapariciones y el desplazamiento forzado son las maneras recurrentes en las que se ataca a los líderes sociales y deben ser consideradas como parte de la problemática.

Por su parte, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales, la Corporación Jurídica Yira Castro, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos –GIDH y el Programa Somos Defensores, realizaron un informe para la Comisión de la Verdad, titulado Defender la Vida. En este muestran cinco patrones claros de agresión: la represión por entidades de inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos; la criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal; las ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado; las ejecuciones por grupos paramilitares o grupos pos-desmovilización que actuaron con la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas de seguridad del Estado; y el uso excesivo de la fuerza contra defensores de derechos humanos en protestas sociales, especialmente por el ESMAD de la Policía Nacional.

¿Qué dicen el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional?
Frente a la problemática, el Estado ha manifestado su posición de diferentes formas. A finales de 2017 el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó que no había una organización asesinando líderes sociales y que la “inmensa mayoría” de estos asesinatos eran producto de problemas de linderos, rentas ilícitas y líos de faldas. A esta declaración se suma la del presidente Juan Manuel Santos en octubre de ese mismo año, en la que afirma que no hay un patrón sistemático y que se trata de hechos aislados.

A julio de 2018, con el obvio incremento de las muertes, el ministro Villegas señaló que “le preocupa enormemente el asesinato de líderes” y que se están tomando las medidas necesarias. La Fiscalía General indicó que las investigaciones están en curso y el ministro del Interior informó que se empezó a implementar un modelo de “protección colectiva”. Por otro lado el presidente electo Iván Duque prometió “cero tolerancia” frente a la violencia que sufren los líderes sociales, y el presidente Santos condenó enfáticamente los hechos de violencia y pidió a la fuerza pública actuar con contundencia.

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, reconoció la sistematicidad en el caso de los asesinatos de líderes de tierras, afirmó que la defensa debe hacerse desde los territorios, con esquemas de protección rural, colectiva y con enfoque diferencial. En cuanto al defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, este afirma que: “No puede haber ni un líder social o defensor de derechos humanos más asesinado en Colombia y por eso reiteramos la obligación que tiene el gobierno de reforzar su seguridad y de garantizar la labor social que ellos realizan en todo el país”.

La sociedad civil se ha mostrado inquieta y solidaria con la situación de los líderes sociales y se ha manifestado de diferentes formas, por medio de performances artísticos en diferentes partes del país y movilizaciones en las calles y redes sociales. Entre las diferentes manifestaciones se destaca la Velatón del pasado seis de julio, en la que miles de colombianos salieron a las plazas principales de diferentes pueblos y ciudades, tanto en Colombia como en el extranjero, para sentar su voz de protesta en contra de la violencia y por el derecho a la vida.

En cuanto a organismos internacionales, Amnistía Internacional, le ha llamado la atención al gobierno de Santos por la situación de seguridad que hay en algunos territorios y que representa un riesgo para la vida de los líderes. 38 Diputados del Parlamento Europeo dirigieron una carta a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de seguridad, Federica Mogherini, en la que manifiestan su profunda preocupación por la situación de los líderes sociales en el país y hacen un llamado urgente y de carácter humanitario para la inmediata intervención, con el fin de salvar la vida de los líderes. Por parte de la ONU, Alberto Brunori, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en entrevista a medios de comunicación expresó que: "la defensa de los derechos humanos en Colombia se ejerce bajo asedio" y que la situación es tan grave que se ha normalizado el riesgo y el miedo en la defensa de los derechos humanos.

MITOS

¿Por qué hay diferentes cifras de asesinatos?
Para muchos, la discrepancia en las cifras sobre asesinatos a líderes sociales genera dudas respecto a la credibilidad del problema, y para otros representa intereses específicos de las entidades que las presentan. Lo cierto es que la diferencia en cifras se debe a dos factores: las metodologías para verificar los casos y los periodos analizados.

Algunas organizaciones reportan solo los casos que tienen que ver con sus miembros y las diferentes denuncias que se realizan, otras tipifican la función del líder social para determinar si realmente lo era o no, y de qué forma se presentó su fallecimiento (si tuvo o no relación con su labor social), y otras tienen en cuenta de qué forma ejercía su liderazgo y qué cargo tenía.

Así mismo, en cuanto a los periodos de tiempo reportados, algunas organizaciones establecen como fecha de inicio enero de 2016, otras el día D de los acuerdos de paz, algunas reportan año a año y no un total, y otras amplían su espectro de análisis hacia el 2015 o años anteriores. La frecuencia de reporte de víctimas también es un factor, ya que organizaciones como la ONU o la Defensoría del Pueblo presentan informes oficiales cada trimestre, mientras que otras organizaciones van actualizando las cifras día a día.

Por esta razón se encuentran cifras que van desde los 200 hasta los más de 400 líderes asesinados. Lo que no se puede perder de vista es que más allá de los diferentes reportes, se trata de vidas humanas valiosas e importantes, que debieron ser respetadas y a las que se les debió dar garantías para el trabajo social que desempeñaban.

PREGUNTAS

Las dimensiones de una problemática que pudo haberse atendido con celeridad y contundencia han alcanzado los niveles de crisis humanitaria. La situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos es insostenible, y en este punto coyuntural en el que es tan evidente que existe un problema, vale la pena preguntarse: ¿Por qué se llegó tan lejos? ¿Qué hay detrás de las muertes sistemáticas de los líderes y defensores humanos? ¿Acaso no todos los ciudadanos son potenciales líderes sociales? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué exigirle al gobierno y cómo? ¿Qué nos dice como sociedad los alcances de esta problemática? Ahora es momento de reflexionar y de reconocer que la sociedad en su conjunto debe actuar con responsabilidad y sin indiferencia ante algo que está pasando y que afecta a todos.

Una de las regiones más afectadas por los crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos es el Pacífico colombiano. En esta región, el contraste entre la abundancia de bienes naturales y económicos de los puertos y la extrema pobreza de sus habitantes, es un paisaje habitual. Esta desigualdad que afecta a la población, la moviliza y la pone en pie de lucha por sus derechos.

Como ejemplo de la lucha de los pueblos del Pacífico está Buenaventura, una tierra que, según Arturo Grueso, docente experto en educación popular y coordinador del Nodo de Pensamientos Ancestrales de la Corporación de Educación e Investigación Intercultural para los Pueblos (CEIP), contiene una gran cantidad de imaginarios culturales que configuran a su población, en su mayoría afro, alrededor de sus raíces y de la tierra, a pesar de las difíciles situaciones que enfrentan.

Las problemáticas que afectan a esta población y por las cuales se han generado protestas y levantamientos de líderes sociales son la falta de infraestructura, la precaria atención en salud, el escaso acceso a la educación y la mala prestación de servicios públicos. Al respecto, Grueso señala que existe un abandono total del Estado y que cuando hace presencia afecta mucho más a la población. La población los reclama, pero a la vez desconfía absolutamente de sus intenciones y de su accionar.

En mayo de 2017 la comunidad, a través de diferentes organizaciones sociales, convocó a un paro cívico que mantuvo 22 días en parálisis al puerto. Con la organización de un Comité ejecutivo del Paro Cívico, que agrupaba las demandas de las organizaciones, se generó un pliego de peticiones. Después de días difíciles de negociación, problemas de orden público y desacuerdo entre las partes, se logró la sanción de la ley de diciembre de 2017, que garantiza recursos para cumplir las obras prioritarias de la ciudad: se aprobaron recursos para el desarrollo de una ciudadela hospitalaria y una Unidad de Cuidados Intensivos, inversión en acueducto, agua, saneamiento y educación. En la actualidad se mantienen los acuerdos y el Comité ejecutivo verifica su implementación.

El profesor Arturo señala que aparte del hambre y la pobreza que sufren los bonaverenses, la población se ve afectada por diferentes máquinas de guerra que quieren el control territorial. En este sentido, además de estas condiciones sociales vinculadas con el abandono estatal, Buenaventura sufre por el narcotráfico, el paramilitarismo, la corrupción, la privatización del puerto, la segregación racial y el desplazamiento forzado. “En el puerto la violencia se da por oleadas. Hay momentos de letargo, de calma, en la que los actores de alguna manera están calmados o han hecho acuerdos para realizar sus acciones y de repente vuelve la violencia”, afirma Grueso.

Todas la anteriores problemáticas sociales traen violencia a la población y entran en conflicto con el trabajo social desempeñado por líderes. Entre los casos más notorios de líderes sociales afectados está el de Temístocles Machado, del Proceso de Comunidades Negras e integrante de la mesa que promovió el paro cívico, quien fue asesinado el 27 de enero de 2018 por hechos relacionados con su liderazgo, que aún se encuentran en investigación. Otro caso es el de Orlando Castillo, quien ha recibido cerca de 37 amenazas por parte de grupos armados, y desde hace cuatro años está con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Aunque este panorama social no difiere del que se presenta en diferentes partes del país, Buenaventura es un lugar especial en el que el territorio es la vida misma, porque genera una identidad cultural a partir del imaginario de lo afro. Por esta razón, explica Grueso, hay una rebeldía en la comunidad y, aunque soporta condiciones difíciles, en su ADN está la protesta social que los impulsa a luchar por su territorio y por su identidad afro.

Por lo mismo, la ancestralidad es algo que ha sido atacado por parte de diferentes actores armados en busca de la ruptura del sistema de creencias de la población. Ejemplos documentados de este tipo de violencia son las casas de pique, en las que por medio de la desaparición de los cuerpos de los muertos se impedía a la comunidad sus ritos y así se destruía la ancestralidad. También es el caso de las “sabedoras”, mujeres con saber ritual propio de la cultura afro que, según el profesor Arturo, han sido atacadas y estigmatizadas por su saber y su papel dentro de los imaginarios que fortalecen la cultura de la población.

De esta forma, en una radiografía general de Buenaventura, es posible identificar problemáticas sociales generales que aquejan a sectores rurales y regiones apartadas de los centros de poder; pero también problemáticas específicas que pertenecen a esta comunidad en particular y que deben ser comprendidas y atendidas en su particularidad. Por esta razón, son tan importantes los enfoques diferenciales en los territorios para la implementación de los acuerdos de paz y la construcción de un país en el que todos puedan vivir.

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