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Desde el pasado 21 de marzo, en la playa el Arenal del municipio de Sabanalarga, Antioquia, las comunidades campesinas, barequeras, arrieras y pescadoras han salido a defender su territorio, su forma de trabajar y a su patrón mono –como le dicen al río–, frente al despojo generado por la construcción de una de las hidroeléctricas más grandes de América Latina: Hidroituango.

Las comunidades que hacen parte de la Asociación de Mineros Artesanales de Sabanalarga, adscritos al Movimientos Ríos Vivos Antioquia, han visto amenazada su integridad con el accionar de las empresas contratistas de EPM (como Refocosta y Plantar), especialmente ahora que han decidido arremeter deforestando 4.500 hectáreas de bosque seco tropical y bosque húmedo tropical, para la inundación que hará en junio la multinacional.

Con esto se afectará a más de 19 municipios y a las comunidades que han habitado ancestralmente estos territorios del cañón del Cauca, destruyendo sus lugares de vida y de trabajo, así como el hábitat de comunidades animales y vegetales.


Un proyecto con historia
La idea de transformar el agua en un negocio energético no es nueva en Antioquia, actualmente el departamento más inundado de Colombia. En la cuenca del río Cauca de este departamento se vienen realizando estudios desde 1969, cuando José Tejada Sáenz, de la consultora Integral S.A, realizó un estudio titulado “Desarrollo Hidroeléctrico del Cauca Medio”. Entre 1979 y 1982, la misma firma consultora realizó los estudios de factibilidad del proyecto Hidroituango. Desde entonces, el proyecto fue incluido en los planes de expansión del Sector Eléctrico Colombiano como uno de los emprendimientos hidroeléctricos con factibilidad terminada, es decir, que se proyecta como rentable.

En 1997 a través de la Ordenanza 35, la Asamblea Departamental facultó al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, para promover una empresa que realizaría los estudios en un corredor del río Cauca. De esta manera en 1998 se protocolizó el nacimiento de la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero Ituango para construir y comercializar la energía generada por el proyecto.

Este proyecto hidroeléctrico, localizado en ambas márgenes del río Cauca entre las desembocaduras del río San Andrés y el río Ituango, obtuvo de manera irregular la declaratoria de Utilidad Pública e Interés Social en el año 2008, antes de otorgársele la licencia ambiental en el año 2009. Esto permitió a EPM y a la Gobernación de Antioquia iniciar las obras para construir un muro de 225 metros para un embalse de 79 kilómetros, que generará 2.400 MW, lo que implica la inundación de 26 mil hectáreas.

Marta Lucía Rodríguez, proveniente de Puerto Valdivia y afectada por el primer túnel de la hidroeléctrica, cuenta que “Cuando ellos empezaron a construir el túnel me dijeron que me tenía que ir por siete meses y luego podía regresar sin ningún problema, y fue falso porque no he podido regresar. Yo tenía una cocina de leña con la que me buscaba el sustento, hacía empanadas, buñuelos, hasta las muchachas que trabajaban en la represa me compraban. No regresé ni firmé el acto de vecindad, porque ahí no se contemplaba el daño que nos hacían; ha habido muchos derrumbes desde que el túnel está ahí y EPM no me ha querido responder, yo necesito un techo digno, necesito que EPM me responda por mi sustento económico que ya no lo puedo tener”.

Marta se encuentra desplazada y con su esposo enfermo, a raíz de un paro respiratorio por la difícil situación que están viviendo y que ahora no le permite trabajar. Un día Marta se encontró con el Alcalde del municipio en el puesto de salud y lo confrontó: “Jonás usted qué va a hacer con nosotros, yo necesito un techo digno para meterme con mi familia”. La respuesta del Alcalde fue que la situación se le salía de las manos y que eso lo debía resolver EPM, “y me dijo que entonces me pusiera un lazo, lo amarrara a una piedra y me arrojara al río… qué esperanzas con las que uno vive después de esa respuesta de un alcalde”, recuerda con indignación.

Afectaciones ambientales
El bosque seco tropical se encuentra en tierras bajas entre los 0 y 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y se caracteriza por presentar lluvias durante el año, pero también largos períodos de sequía que pueden ir desde tres hasta cinco meses. Esto permite encontrar una diversidad única de plantas, animales y microorganismos adaptados a condiciones extremas. Además, se puede encontrar este hábitat en regiones con bastantes lluvias, pero donde los suelos retienen poca agua.

Entre las especies de árboles que se encuentran en la zona están la ceiba, el amargo, el almácigo, el piñón de oreja y el cedro; algunas de las especies animales son la guacamaya verde oscura, el toche enjalmado, la habia ahumada, el tucán limón, el cacique candela y el tití gris, “estas especies son de especial cuidado porque algunas son endémicas, o sea que si llegan a desaparecer para esa zona es una especie extinta, desaparece para el mundo porque solo viven ahí, o están en alguna categoría de amenaza, puede que el ave no sólo viva ahí pero se encuentra vulnerable o en peligro”, afirma María José Andrade, joven defensora del territorio.

Actualmente, en Colombia solo queda un ocho por ciento de bosque seco tropical; es decir, solo se conservan 720.000 hectáreas de los nueve millones con las que contaba originalmente el país. Uno de los grandes afectados del modelo minero-energético son precisamente estas zonas de vida, ya que muchas de las infraestructuras hidráulicas para la generación de energía están asociadas al bosque seco tropical. Proyectos como El Quimbo, el Espíritu Santo e Hidroituango, destruirían estos territorios agro-biodiversos con la inundación.

Las comunidades entre el conflicto y la revictimización
La zona de el cañón del río Cauca ha sido disputada entre las FARC, el ELN, los grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas, lo que ha dejado 73 masacres, en su mayoría cometidas desde el año 1997. Debido a este contexto, gran parte de los habitantes de estos territorios han sido víctimas del desplazamiento forzado.

Con Hidroituango, las Empresas Públicas de Medellín y la Gobernación de Antioquia están revictimizando a las comunidades afectadas por el conflicto armado, ahora al ser desplazadas por el megaproyecto energético. Son más de 700 familias que están viendo transformadas sus formas de vida con la privatización y militarización de los territorios cañoneros, con la llegada a la región de maquinaria, ejércitos públicos y privados, y contratistas de EPM.

“La llegada del proyecto a estos municipios ha traído desplazamientos, desalojos de las playas, daños al medio ambiente, un censo nefasto que hizo, un manual de valores que lo hicieron a su amaño, y el barequeo y la pesca se está perdiendo. Las culturas ancestrales que había alrededor del cañón también. La negociación que hizo fue muy injusta con algunos de los barequeros que habíamos quedado censados. Hay varias familias que están en el cañón del Cauca ejerciendo aún el barequeo, y están siendo desalojadas, ya que EPM dice que el proyecto no se puede parar, entonces que les den soluciones”, dice Cristóbal Giraldo, presidente de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos, ASVAMITUANGO.

Giraldo se refiere al censo realizado por EPM, en el que según las comunidades no se realizó una debida caracterización de la población afectada, situación que reconoció la empresa en respuesta a un derecho de petición, y explicó que no entró a las playas donde trabajan las comunidades debido a la situación de orden público.

Con la inundación del cañón, además, se cierra la posibilidad de que familias que fueron afectadas por el conflicto armado tengan acceso a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, puesto que, de inundarse la zona, perderían la posibilidad de encontrar los cuerpos de sus seres queridos y poder ejercer el derecho al duelo.

Hasta ahora las autoridades han exhumado en el área de impacto 159 cuerpos, aunque las cifras oficiales documentan más de 650 casos de desaparición. Es el caso de uno de los barequeros de la playa Guayacán, quien describe su situación actual así: “atropellado por la violencia, desplazado y desalojado por Hidroituango y víctima del conflicto armado, tengo un hermano desaparecido, ya va a ajustar 16 años, no hemos sabido nada de él. Arrinconado y acribillado por la indemnización que da Hidroituango, es una indemnización que no nos da ninguna garantía de una vida mejor sino antes de vivir peor”.

El pasado 21 de abril, 25 eurodiputados enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos, al Fiscal, Procurador y al Gobernador, a quienes les expresaron su preocupación por la inundación que se realizará el mes de junio. Los parlamentarios les solicitaron a las autoridades “garantizar a las víctimas del conflicto armado y a los familiares de personas desaparecidas que en la zona de afectación de Hidroituango no quedan más cuerpos por exhumar, antes del llenado del embalse. Suspender el llenado de ser necesario hasta que estas labores no sean debidamente realizadas en su totalidad y den certeza a las víctimas y comunidad internacional", puntualizaron en la misiva.

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En las playas Guayacán y Mote, jurisdicción del municipio de Ituango, desde el miércoles 11 de abril el río empezó a crecer y arrasó con la cobertura vegetal que ha talado Hidroituango desde el municipio de Peque. Esta palizada ya no pudo seguir como antes lo hacía, pues ahora hay un muro y unos túneles que bloquean el río, lo que generó grandes inundaciones que afectaron a dichas comunidades. Al amanecer del 15 de abril fueron rescatadas dos personas del río, a quienes la institucionalidad no brindó atención ante la emergencia que se vive, sin cumplirse la Ley 1523 de 2012 donde obliga a los comités regionales del riesgo a realizar el registro único de damnificados. La queja de las comunidades es que nadie las visita. A pesar de esto continúan unidos bajo el lema: ¡Aguas para la vida, no para la muerte!

 

“Mire uno se mete al río
y todo se ve acabado
pues donde uno barequeaba
ya todo está bien tapado
de piedras, palos y escombros
que esta empresa tiró
y los puntos de bareque
esta empresa los tapó”
Trova de Edinson Pérez, El Mal Peinado.

Asistimos al despliegue de una crisis civilizatoria, es decir orgánica, del sistema mundo vigente desde los años setenta; eso implica un cambio radical en la gestión de nuestro modo de vida. Su deconstrucción requiere de años y centurias como lo ilustra la historia, pues no se trata de una crisis funcional al mantenimiento del sistema sino a la emergencia de uno nuevo.

Dos son las variables que fundamentan el carácter de este tipo de crisis: un nuevo patrón o paradigma energético y un nuevo giro comunicacional. El primero relacionado con el tipo primordial de energía utilizada para el sostenimiento de todo el sistema por parte de las respectivas formaciones sociales, y el segundo con la forma de comunicarse entre sí.

En la historia de la humanidad se han dado dos de esas crisis, y actualmente nos encontramos en la transición hacia una tercera, debido a la emergencia de un nuevo patrón energético, sustentado en las energías renovables –que son las más abundantes en el planeta y el universo–, y de la comunicación en red-internet que fundamenta la naciente sociedad informacional.

La primera fase premoderna se erigió por sobre las comunidades primitivas a partir de la aparición de las ciudades-estados –hace unos diez mil años–, acompañada de la invención de la escritura y el uso de la leña, que superaba su tradición oral. Su gestión estaría a cargo de los sistemas políticos despóticos y patrimonialistas concentrados en un soberano: Faraón, César, Mandarín, Gran Inca o Rey, quienes disponían de forma personal de la organización de esas sociedades conocidas como hidráulicas.

La segunda fase emerge a partir del siglo XV con base en el uso de las energías fósiles como el carbón, y en el siglo XIX el petróleo, junto a la escritura de Gutenberg, que dio al traste con la premodernidad y erigió la sociedad moderna. Por sus características de ser una energía almacenada y de riqueza única, su gestión requiere de monopolios centralizados –de gran capital de inversión– como las empresas transnacionales, y políticos –de gran poder–, como los estados nacionales con sus agentes, los partidos políticos; todos estos asistidos por el despliegue científico y tecnológico “duro” y macro, la administración empresarial taylorista-fordista, y la democracia representativa liberal, entre otros. Su impacto ambiental y la reducción de las reservas del petróleo gatillan la aparición de una nueva fuente.

La crisis petrolera de los años setenta y su réplica a partir de entonces hace de las energías limpias el nuevo paradigma energético, a su vez acompañado de la comunicación en red, ambos en correspondencia con el nuevo espíritu de la época: lo diverso. Diversidad en las fuentes energéticas y en los discursos de la riqueza étnica y cultural. Fuentes energéticas que al no estar almacenadas sino disipadas en diversas fuentes: solar, eólica, hidráulica, térmica, biomasa, biogás, mareomotriz, olamotriz, hidrógeno, etc., revaloran el lugar como un punto vital y ponen en el centro la participación de sus lugareños en su producción y gestión. Como explica Gunter Pauli (2011) en su texto La economía azul, “se trata de un nuevo enfoque de la gestión de la demanda: la intervención en el lado del suministro…”

Esa nueva gestión cuestiona la administración corporativa vertical y monopólica de las grandes empresas, fundadas en la administración de la energía fósil almacenada. Así, da cabida al ejercicio de la participación directa de los productores y distribuidores individuales y colectivos, organizados en pequeñas y medianas empresas comunitarias autosuficientes, autogestoras y cogestoras, en red con otras comunidades e individuos, para el uso de sus propias energías, que como diría Gandhi, “no se basa en la fuerza, sino en la gente en su propio hogar, no una producción para las masas, sino de producción de las masas”. Sistema de producción de la mano de las tecnologías “blandas”, “pequeñas y hermosas”, de punta como la producción en 3D, que sigue la filosofía de acceso de código abierto, donde el software con las instrucciones para imprimir objetos no es propiedad de nadie, en el que se usan materiales de origen local que la hace una tecnología de aplicación universal.

Y como el asunto energético se concentra en la obtención de electricidad a partir del calor, la fricción, la presión, el magnetismo y la bioquímica, se abre entonces todo un arcoíris de posibilidades energéticas que incluye la producida por los mismos cuerpos biológicos a través de la química del potasio, el sodio y el calcio, que no necesita de pilas ni de cables, ni metales, requiriendo menos energía externa y la disminución en la dependencia de la minería, como explica Pauli.

Quedan de lado esas imágenes de grandes depósitos y chimeneas de las que salen diversas fuentes contaminadas y contaminantes –administradas por monopolios–, para imaginar tiempos en que se intercomunican los más diversos y constantes flujos limpios de energía, que mantienen en funcionamiento permanente la red, sin stock críticos por efecto de la acumulación, sino obrando armoniosamente a través de la complejidad distribuidora-productora.

Estas redes intercomplejas van construyendo espacios como Internets de energía local, cuyo ejemplo se ilustra en la India, “en dónde debutó a lo grande en julio de 2012, cuando el país sufrió el peor apagón, entrando en pánico gran parte de su territorio, mientras en una pequeña aldea de una zona rural de Rajastán siguió como si nada gracias a su micro red de electricidad verde”, según relata Jeremy Rifkin (2014) en su texto La sociedad de coste marginal cero.

De esa manera se va predisponiendo una civilización del Procomún Colaborativo, como la denomina Rifkin, que se traduce en una nueva “manera de organizar la vida económica, y ofrecer la posibilidad de reducir las diferencias en ingresos, democratizar la economía mundial y de crear una sociedad más sostenible desde el punto de vista ecológico (…) procomún colaborativo que está en alza y es probable que hacia 2050 se establezca como el árbitro principal de la vida económica en la mayor parte del mundo”. Año a partir del cual el petróleo entre en picada productiva ante el agotamiento de sus últimas reservas en la actualidad, objeto del fracking.

*Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Miembro del Grupo de Seguridad y Defensa, y del Centro de Pensamiento y seguimiento al diálogo de Paz de la Universidad Nacional.

Si hay un país latinoamericano que conozca de cerca lo que es petróleo, falso desarrollo y extractivismo, es Venezuela. Desde 1922 con la concesión dada a la Royal Dutch-Shell sobre el pozo Barroso II, y hasta el día de hoy, la República Bolivariana de Venezuela ha padecido los avatares de poseer una inmensa riqueza bajo el subsuelo que ha estado lejos de materializarse en beneficios reales para la población más desfavorecida y que bien pudo haber servido de inspiración para que Gabriel García Márquez, con su realismo mágico, hiciera una extensa novela.

Los números de la historia petrolera venezolana son más que asombrosos. A la fecha se han extraído por lo menos 63 mil millones de barriles de crudo, equivalentes a 3,8 billones de dólares a precios actuales, y aún queda por extraer la astronómica cifra de 297.500 millones de barriles certificados. No obstante los números podrían ir más allá. De acuerdo al Servicio Geológico de los Estados Unidos, Venezuela posee en realidad 513.000 millones de barriles extraíbles, mientras que estimaciones propias de Petróleos de Venezuela (PDVSA) sitúan el total de crudo depositado bajo el subsuelo en 1,3 billones, suficientes para abastecer al planeta entero por 37 años de forma ininterrumpida.

Tomando en cuenta solo las reservas plenamente certificadas, Venezuela se convierte en el primer depósito de crudo del planeta. Estados como Anzoátegui, que tiene poco más de 40 mil kilómetros cuadrados, poseen tres veces más petróleo que todos los demás países de Latinoamérica juntos. A su vez cuencas como la del Lago de Maracaibo superan por más de diez las reservas petroleras de Colombia.

Esto da pie para que en el imaginario general se haya formado la falsa idea del desarrollo a través de la explotación petrolera, lo que ha conducido desde finales de la década de los años 30, a la instauración del Petro Estado como estructura política y económica que mueve, pero también vuelve estéril cualquier iniciativa que no vaya en torno a este. Es importante destacar que la figura del Petro Estado no nació de manera natural, sino que fue impuesta por factores hegemónicos mundiales que, por medio de lo que se conoce como la división internacional del trabajo, dieron a cada uno de los países suplidores de materia prima un papel por jugar dentro del entramado capitalista mundial. Así Colombia se especializó en producir café, Centroamérica frutas y Venezuela petróleo, por sólo poner unos ejemplos.

Políticos, empresarios y medios de comunicación repiten al unísono, y generación tras generación, una frase atribuida a Arturo Uslar Pietri hace más de 80 años, la cual llama a “sembrar el petróleo”, es decir, a invertir los ingresos de la renta petrolera en desarrollo y diversificación económica. Contrario a lo que se piensa, la dependencia petrolera ha dejado más distorsiones que beneficios, a su vez genera inequidad, parasitismo industrial, paternalismo, daños ecológicos irreversibles y mucha corrupción.

El ascenso en el precio internacional del barril de crudo avizora el nacimiento de una nueva etapa de derroche con divisas por doquier, pero también el advenimiento de una posterior etapa de escasez, endeudamiento y crisis como la que se vive en estos momentos. Se presenta entonces un reflujo de divisas, que se mezcla con distorsiones y que genera lo que se conoce como la infaltable “enfermedad holandesa”.

Desde la guerra árabe-israelí de Yon Kippur en 1973, el PIB venezolano se ha comportado de manera muy semejante al precio del petróleo: si este asciende, el PIB se expande, y si este decrece, el PIB retrocede. Debido a esta dependencia, cerca del 92% de las divisas que produce el país las origina la exportación petrolera, y tan solo el 2%, es decir, poco menos de 2 mil millones de dólares, las produce el sector privado, mientras que al momento de hacer uso de las divisas, el sector privado consume hasta 40 mil millones de dólares en un solo año. Ello ha dado pie para que una clase elitista, con la anuencia de altos funcionarios, prefiera mantener la economía de puertos que producir.

La inmensa cantidad de dólares que ingresan a la economía, aún con los precios del petróleo bajos, encandila a la totalidad de la sociedad y da pie para que se ignore por completo el llamado pasivo ambiental. Esto ha llevado a que el Lago de Maracaibo sea considerado una inmensa cloaca, producto de infinidad de derrames petroleros ocurridos, tanto en territorio venezolano como en territorio colombiano, siendo importante acotar que buena parte del oleoducto Caño Limón-Coveñas circula por la cuenca del Lago.

Más recientemente, y a pesar de algunos avances en materia ambiental tales como la Constitución Bolivariana o la Ley de Aguas, el ejecutivo nacional se ha puesto como meta la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco, espacio geográfico que contiene el 90% del total de reservas de crudo del país y que se caracteriza por ser del tipo extrapesado altamente viscoso. De llevarse a cabo este proceso de explotación tal como está planteado, el río Orinoco, el quinto más largo del mundo y el segundo en cuanto a volumen de agua, estaría gravemente afectado, pues producir un barril de petróleo implicaría el uso de entre 460 y 700 litros de agua, un verdadero ecocidio si tomamos en cuenta que la meta para 2019 es la producción de cuatro millones de barriles/día.

Los procesos extractivistas en general afectan de manera especial a las poblaciones más vulnerables, que no figuran para las estadísticas del desarrollo centro periférico. La contaminación de las aguas, la desaparición de los bosques y su inmensa riqueza en flora y fauna, la desertificación de los suelos, el amenazante cambio climático y la aparición de posteriores enfermedades, castigan con especial inclemencia a los pobres de Latinoamérica y de los llamados “países en vía de desarrollo”. La respuesta que ofrece el capital es cada vez más depredadora y violenta; el capitalismo tradicional que conocíamos hasta hace unos años, de explotación de recursos con la anuencia de los gobiernos de turno, se ha venido transformando, de acuerdo a los más recientes conflictos bélicos, en capitalismo por despojo.

Venezuela no escapa de la codicia del capital. La constante preocupación que manifiestan los Estados Unidos y la Unión Europea por lo que ocurre en el país es, en realidad, la necesidad del capitalismo corporativo de apropiarse, por la vía del despojo, de las inmensas riquezas de petróleo, oro, diamantes, coltán, gas y torio (metal radioactivo) que por cosas de la providencia posee la República Bolivariana. Dichas reservas, valoradas en más de 58 billones de dólares, garantizarían la supremacía militar, económica y tecnológica de los Estados Unidos, frente al amenazante ascenso de potencias como China, India y Rusia.
*Economista.

La huelga inició el siete de enero de 1948. Tras muchos intentos de negociación y promesas incumplidas por parte de la empresa, trabajadores de la Tropical Oil Company, afiliados a la Unión Sindical Obrera –USO–, decretaron jornadas de paro y movilización por tiempo indefinido. Aunque los antecedentes inmediatos se remiten a los despidos masivos y al incumplimiento en la modificación del escalafón, en el centro de la discusión se ubicó la política petrolera colombiana.

El objetivo de la USO, entonces, se convirtió en la nacionalización de la extracción del petróleo en Colombia, que hasta el momento estaba en manos de esta empresa norteamericana, hija de la poderosa Standard Oil Company, perteneciente al grupo Rockefeller. Así mismo lo narra César Julio Carrillo, antiguo dirigente sindical de la USO y quien, aunque no vivió estos sucesos, los conoce y recuerda como parte de esa memoria colectiva que enorgullece al sindicato y le obliga, hoy, a mantener firmes sus reivindicaciones.

La disputa política de la USO
La Troco, como era conocida la empresa, por medio de acciones ilegales adquirió desde 1916 la concesión que años atrás le había otorgado el Estado al colombiano Roberto de Mares, en la zona del Magdalena Medio. Sus operaciones iniciaron en 1921, por lo que logró que el Estado extendiera la concesión hasta 1951. Las precarias condiciones de trabajo y de vida en este enclave petrolero dieron nacimiento, en 1923, a la Unión Obrera. “La USO nació al poco tiempo de que iniciara la industria petrolera en Colombia, entonces comenzaron a desarrollar sus luchas por las cuestiones más mínimas. En el Catatumbo los trabajadores hicieron una huelga muy famosa, que se llamó la huelga del arroz, por el derecho de los trabajadores a comer arroz. En Barrancabermeja fundamentalmente por el derecho a las cosas mínimas, de alimentación, de mejores condiciones de trabajo, de vivienda, etc., y poco a poco fueron ganando espacios que les permitía ascender en sus exigencias”, explica Carrillo.

Según se relata en la investigación Petróleo y Protesta Obrera –realizada por Renán Vega, Ángela Núñez y Alexander Pereira, y publicada en 2009 por la USO–, desde 1946, año en que legalmente la Troco debía revertir al Estado la Concesión de Mares, la empresa inició una campaña para desacreditar las explotaciones, y “afirmaba que la concesión se había convertido en un mal negocio, por cuanto los yacimientos estaban agotándose y no se justificaban nuevas inversiones […]. Actuando en consecuencia, y violando los convenios laborales, en diciembre de 1947 la empresa despidió a 107 obreros, que laboraban en áreas de exploración, limpieza y perforación de pozos, es decir, en sectores cruciales para mantener la rentabilidad de las explotaciones cuando la compañía revirtiera al Estado”.

La Troco, según se explica en este mismo documento, buscaba que la USO se lanzara a una huelga como una forma de presionar al Gobierno a prorrogar la Concesión, pues reintegrar a los trabajadores solo era posible si esto último ocurría. Lo que no se esperaba la compañía es que la huelga se lanzara con un profundo discurso antiimperialista y en defensa de la soberanía nacional. La huelga duró 49 días, y allí participaron aproximadamente 5000 trabajadores de la industria. Sus exigencias fueron, no solo el reintegro del personal despedido, la garantía de estabilidad y derecho a ascensos estipulados en el escalafón, sino que la Nación recibiera la Concesión De Mares, argumentando que esta sí estaba en capacidad de hacerse cargo de los diferentes procesos de la explotación petrolífera.

El Gobierno, por su parte, esperaba que la huelga se agotara en los enfrentamientos entre trabajadores y Fuerzas Militares. Pero contrario a producir un debilitamiento, a nivel nacional se emprendieron acciones de respaldo por parte del movimiento obrero. El clima nacionalista estaba en auge, y el gaitanismo presente en instancias del Gobierno fue decisivo para que el 24 de febrero del año 48 el presidente Ospina Pérez convocara a un tribunal de arbitramento, a través del cual la USO, según se explica en dicha investigación, “consiguió un fallo que además de obligar al reintegro del personal a sus anteriores puestos, presionaba a la compañía a seguir con las labores de mantenimiento y exploración de pozos hasta el último día del contrato”.

Así, la reversión tomó fuerza, y se despejó el camino para la nacionalización de la Concesión. El 27 de diciembre de 1948, el Gobierno profirió la Ley 165, por medio de la cual se autorizaba a la creación de la Empresa Colombiana de Petróleos, que entraría en funcionamiento a partir del 25 de agosto de 1951, día exacto de la reversión. Por ahora, el Sindicato había ganado esta batalla.

Defensa de Ecopetrol y alternativas al extractivismo
Con el nacimiento de Ecopetrol, los retos que se impusieron a la Unión Sindical Obrera fueron mayores. El primero de ellos, no desaparecer. Esto no solo por la imposición de sindicatos patronales desde el momento mismo de la reversión, sino por la oleada de represión, criminalización y exterminio que vivió el movimiento sindical. El segundo reto era, evidentemente, la defensa de Ecopetrol como empresa estatal. “Eso sí tenían claro los trabajadores, constituimos esta empresa, nos costó sacrificio, pero ahora hay que defenderla. Cuando muchos entramos a trabajar a Ecopetrol, ya existía la disputa por el peligro que representaban las multinacionales, al querer adueñarse de esta empresa”, relata Carrillo. Pese a estas luchas, desde el 2006 en el gobierno de Álvaro Uribe, y hasta el momento, se ha venido materializando la privatización de la estatal, con la venta de sus acciones al capital privado.

Un tercer desafío, mucho más grande y más actual, tiene qué ver con el debate nacional en torno a la política minero-energética del país, del cual la Unión Sindical Obrera no es ajena. En ese sentido, la apuesta es “pensar en la Ecopetrol del futuro... si esta debe apostar por seguir en el extractivismo de un recurso que poco a poco se va agotando, o pensar en la consolidación de una empresa productora de energías limpias, que sea fuerte, eficaz, nacional, que no despida ni un trabajador, sino por el contrario, que sea una fuente de empleo”, explica Carrillo.

Es por esto que la Unión Sindical Obrera, como conclusión de la 2da Asamblea Nacional por la Paz que impulsó en 2015, hoy integra la Mesa Social Minero-energética y Ambiental, donde reunidos con sectores ambientalistas, obreros, sociales y políticos discuten la necesidad de trascender la política de despojo y degradación ambiental y social, para construir una que se piense los derechos de la naturaleza, y en su caso, la transición paulatina hacia energías limpias. Carrillo quien también participa de esta iniciativa, cuenta que “este sindicato tiene unas cosas claras ya, por ejemplo, no cambia agua por petróleo. Este sindicato, por ejemplo, no permite que a pocos metros de un río se vaya a perforar un pozo petrolero... eso está claro. Lo que pasa es que no es de un día para otro que cambien las cosas, es un proceso. Son desafíos no solamente del sindicato, sino de la sociedad”.

Hace más de dos décadas, Juan Guillermo Carvajal, tecnólogo agropecuario, licenciado en agricultura y administrador de empresas agropecuarias, envió un estudio de suelos a la Universidad de California con los datos del cañón del río Arma, en Sonsón, y recibió como respuesta que se trataba de la segunda o tercera zona más propicia a nivel mundial para sembrar Aguacate Hass. Esta es una de las razones por las que Carvajal tiene una finca productora de la fruta en la vereda Tasajo este municipio ubicado en el Oriente de Antioquia.

Juan Guillermo recuerda que en octubre de 1987, mientras solucionaba un problema con el tomate de árbol en Sonsón, dictó unos talleres sobre distintos frutales a varios campesinos. “Por aquí todo el mundo decía que cómo iba a pegar el aguacate en tierra fría; que eso no servía. Entonces dije 'cómo no, espere y verá', y me fui allí a Tasajo y allá me recibió la familia Castañeda, que fueron de los primeros en empezar a sembrar aguacate en Sonsón”. Ya instalado en Tasajo, desplegó su accionar por veredas como Llanadas, El Brasil, La Morelia y muchas otras, injertando en la cultura campesina de la región el apego a productos como el aguacate y la uchuva. En los últimos días, desde el acopio de Sonsón han llegado a salir, en un mes, unas 280 toneladas de aguacate.

Según un artículo publicado en el periódico De La Urbe por la estudiante de Comunicación Social y Periodismo Jesica Montes en diciembre de 2018, a la fecha había aproximadamente 3000 hectáreas cultivadas con aguacate en Sonsón y en 28 de las 153 veredas del municipio se sembraba la fruta. El articulo llamado “Si todos nos ponemos a sembrar aguacate ¿qué vamos a comer?”, dice que en 2016 Colombia exportó 35 millones de dólares en aguacate de la variedad Hass y que al año, Sonsón cosechaba unas 15.000 toneladas de aguacate. Sobra decir que el foco de este artículo giraba en torno a fomentar la discusión sobre la expansión acelerada del monocultivo.

“El padre Henry”, reconocido líder comunitario de Sonsón, perteneciente al Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio -MOVETE- expone claramente los efectos negativos de la siembra extensiva de aguacate en la vereda Sirgua Abajo del corregimiento Los Medios: “Ahora solo se nos habla del aguacate y entonces todo el mundo comienza a sembrarlo porque es el boom del momento y lo que más plata va a dar. Tradicionalmente por aquí esta vereda es de mucho cultivo: la papa criolla, la papa capira, el maíz, el frijol, la arveja. Pero al parecer, solamente vamos a comer después aguacate”.

Entre el consuelo y la preocupación, el padre narra cómo toda esa diversidad va quedando en el olvido, mientras el monocultivo se expande. En Sirgua Arriba, muchas fincas las han comprado y arrendado inversionistas de EEUU y Chile. Esto ha hecho que la tierra se privatice al punto que prohíben el paso a personas de la comunidad por caminos que originalmente han sido comunes.

Rosa, una mujer de avanzada edad, relata cómo se ha visto afectada por este y otros fenómenos. “A uno ya le toca dar la vuelta por la quebrada, porque por encima no se puede; dicen que es malo para el cultivo. Otra cosa es que primero uno podía tomarse el agua así cruda y ahora ya nos da miedo porque está contaminada con tantos venenos que le echan al aguacate”.

Juan Guillermo ha sido testigo de cómo el cultivo se ha extendido de manera exponencial. Pasó de ser uno de los mayores productores, a ser uno mediano precisamente por la saturación del mercado. “De una u otra forma no es bueno que la gente se dedique a sembrar solo aguacate porque uno ve que por ejemplo muchos que sembraban papa, ahora la compran en el pueblo. Yo en mi finca procuro sembrar muchas cositas para comer, porque sé que hace falta”.

Sin embargo, asegura que es más buena que mala la expansión del cultivo en Sonsón, y piensa que el monocultivo de aguacate le ha dado un mejor nivel de vida muchos campesinos. Carvajal tiene algunos referentes para asumir su posición. En la actualidad, países como México y Chile tienen gigantes proyectos en marcha con el monocultivo del “Oro verde”, al punto tal de que hace poco México dijo que generaría más ingresos a la economía nacional con el aguacate que con el petróleo. Es por eso que no solo en Sonsón, sino en muchas regiones de Colombia, la moda de sembrar la fruta está en pleno auge y en muchos proyectos productivos está inmersa la idea de hacer brillar más este “metal” vegetal.

Por el contrario, el ambientalista Sebastián Román, representante de la Corporación Ambiental “Amigos del bosque andino”, asegura que la expansión del monocultivo promueve la deforestación, la desmineralización del suelo y la contaminación del aire y las fuentes de agua. Román amplía la perspectiva de la situación al hablar de la legislación frente a la producción y de cómo el mercado maneja a su amaño el accionar de los campesinos. “Esta semana escuchaba en la radio a un profesor explicar la manera en que el mercado era quien imponía las leyes de producción en un país como Colombia; y eso es muy delicado, porque sabemos que son los mercados los que están acabando con los recursos naturales”.

Román habla de la importancia de ir cambiando paulatinamente, porque el campesino es muy reacio y se ha dejado influenciar del discurso extractivista de las multinacionales. “Yo pienso que al campesino hay que brindarle esa capacitación que no se le ha brindado y recordarles que sus abuelos cultivaban de todo un poquito, sin ningún veneno y con las fuentes de agua limpias. El campesino debe dejar de sembrar una sola cosa y sembrar de todo para el consumo: hortalizas, tubérculos, frutas, y si quiere vender, está bien que deje de usar tanto químico”.

Frente al uso de agrotóxicos en el cultivo de aguacate, Juan Guillermo piensa que aquí el campesino por lo general los usa de manera irregular y con pocos controles. “Yo mantengo otros sistemas de control biológico, pero los vecinos míos que son de cultura papera y frijolera, y que están acostumbrados a usar mucho veneno, dicen que tienen que regar cada ocho o cada quince días, cuando el aguacate no necesita tanto”.

Si bien el aguacate ha sido clave para el fortalecimiento de las economías campesinas de Sonsón y de otras regiones del país donde se cultiva la fruta, cabe resaltar que hay pérdidas ecológicas y sociales que a mediano plazo pueden ser irremediables. La contaminación de las fuentes de agua, la deforestación y la pérdida de la soberanía alimentaria, son algunas. Si Colombia tiende a cambiar su dependencia de los hidrocarburos, deberá poner en el centro la soberanía; al fin de cuentas, como sucede con el oro amarillo o el oro negro, el oro verde no se come, se va para el extranjero.

Sentado en la popa de su canoa que se mece al ritmo del río Sogamoso, Henrique Arias se lamenta porque su empresa quebró quince días antes de semana santa, y tendrán que pasar 20, o quizás más años, para que vuelva a ser productiva.

Desde que el crudo emanó del campo petrolero Lizama y llegó a Caño Muerto –el cauce donde las hembras ponían sus huevos, los machos los fertilizaban, y luego los alevinos salían al río Sogamoso– nadie volvió a comprar pescado en la vereda San Luis de Río Sucio, un caserío pesquero hecho de madera, construido entre un brazuelo del río Sogamoso y la carretera que conduce de Barrancabermeja a la Costa Atlántica.

Desde entonces, las canoas de la vereda quedaron sumidas en un profundo letargo y el Sogamoso, del cual dependían casi 700 pescadores, entre ellos Henrique, es un tapete marrón desierto.

—Tanto trabajo que ha habido con Ecopetrol, la gente ganando plata, y yo en el puerto sentado mirando que otro trabaje, pasando tristezas en la vida… no tener un peso ni para la familia ni para darle a los niños que van al colegio. Estando el pescado contaminado yo no puedo sacarlo y venderlo; porque una persona lo consumió, se enfermó, y lo primero que va a hacer es demandarme a mí como pescador. ¿Y yo dónde voy a parar? A la cárcel. Tras de fracasado, sin trabajo y sin nada, voy a parar preso por haber vendido un pescado contaminado–, dice, quejumbroso, este viejo ajado que tiene 61 años, las orejas puntiagudas, y una deuda bancaria de diez millones con los que compró un motor y una canoa.

Pescar es un arte, una comunión metafísica entre el hombre y la naturaleza: entre el obrero y su patrón. El mejor amigo del pescador es el azar. La pesca –y Henrique lo sabe– es como la vida: hay días que vuelves a casa con las manos vacías, y hay días que puedes pescar hasta dos millones de pesos. Por eso Henrique es capaz de vivir sin su esposa, pero no puede soportar el tedio, no puede dejar de intentarlo.

Nos vamos y San Luis de Río Sucio queda tal como estaba cuando llegamos: naufragando en un río de amargura. William Rojas, otro pescador cesante, termina de remendar la atarraya, agarra el remo, y camina rumbo al embarcadero en busca de la cena de hoy y de los próximos días. Nos dice que si no tenemos afán lo esperemos para que llevemos pescado y le cojamos el sabor a petróleo. De su cara brota una sonrisa que hiela la sangre.

La tragedia
Como de costumbre, el dos de marzo los niños peregrinaban por la zona. No se sabe si iban o venían del colegio. Una vigilante los vio y les preguntó por qué traían los zapatos sucios. Ellos respondieron que había una mancha de petróleo. El pozo 158 del campo petrolero Lizama llevaba horas emanando gases y crudo.

—Los chorros de crudo sobrepasaban la altura de las palmas–, asegura Emilse Ruiz, habitante de la zona que fue reubicada junto a 23 familias en el hotel Olga Lucia, a las afueras de Barrancabermeja, 16 días después de que la tierra empezara a vomitar petróleo.
Las plantaciones de palma se hundieron. En las noches los olores a podrido y a gas se intensificaban, y el cielo quedaba envuelto por un perceptible manto blanco. Y aparecieron los problemas de salud: dolores de cabeza, problemas respiratorios, brotes en la piel, ardor en los ojos y en la garganta.

Inmediatamente los guardias reportaron la emergencia, funcionarios de Ecopetrol llegaron hasta el lugar de los hechos. Pero solo 10 días después, gracias a la naturaleza que tiene sus propios mecanismos de alerta, el país se enteró de lo ocurrido. Después de 63 días sin lluvia, la mancha de crudo endurecida por el calor abrasador que hace en la zona, fue diluida por un torrencial aguacero que duró casi doce horas. El agua rompió las trampas colocadas por la empresa en Caño Muerto, y el petróleo desembocó en el río Sogamoso, el cual luego lo vertió en el río Magdalena. El 27 de marzo, aproximadamente 24.000 barriles de crudo habían llegado hasta los afluentes del Sogamoso. Los videos caseros inundaron las redes y los noticieros. La desgracia, una vez más, nos daba clases de geografía a todos los colombianos.

El daño ambiental es irreparable y las consecuencias incalculables. En una carta el obispo de Barrancabermeja manifestó que: “No hay palabras para expresar la profunda tristeza frente a la magnitud de la tragedia ambiental. Quienes caminábamos por orillas de esas quebradas llenas de vida y paz días atrás, parecía que estuviéramos escuchando el llanto de la naturaleza por la agresiva acción del oro negro”.

Esta no es la única tragedia en la historia de Ecopetrol. En 1966 el pozo 13 del campo Lizama estalló en llamas y mató a cinco trabajadores. Los ecosistemas han sido los más afectados por la extracción del oro negro. Manuel Rodríguez Becerra, el primer ministro del Medio Ambiente que tuvo Colombia, le dijo a Pacifista que: “Ecopetrol ha utilizado las ciénagas del país como depósito para aguas contaminadas por la actividad petrolera. Esto sucedió mucho en los setenta, cuando no existía reglamentación ambiental, pero también ha sucedido después. Ecopetrol ha restaurado algunos de estos daños, otros no. Por eso creo que Ecopetrol es la empresa con más pasivos ambientales en la historia de Colombia”.

Hasta el momento la emergencia del pozo 158 está controlada en un 80%. Para ello Ecopetrol arrasó entre 5 y 10 hectáreas, y contrató cerca de 700 personas, más de la mitad son de las zonas afectadas. Sin embargo, las labores que requieren mayor experticia para sellar el punto exacto del afloramiento están a cargo de unos ocho trabajadores extranjeros conocidos como 'diablos rojos', quienes en total le cuestan a Ecopetrol 90.000 dólares diarios.

Por ahora, en el corregimiento La Fortuna y en la vereda Lizama 2, ubicados a menos de 500 metros del pozo 158, la vida parece llevar su afán natural: los niños asisten a la escuela, el tráfico es constante, y la adrenalina económica que se multiplicó con las posibilidades laborales a raíz de la emergencia no dan tiempo de reflexionar sobre lo ocurrido.

Entre la comunidad se siente zozobra porque no hay una versión oficial sobre las causas de la tragedia. Algunas hipótesis indican que fue producto del mal mantenimiento, de un intento de fracking, o de la presión que ejerce la Hidroeléctrica Sogamoso construida sobre la misma formación terrestre del campo Lizama, alrededor del cual viven 10.000 personas repartidas en más de 20 veredas de Barrancabermeja y San Vicente de Chucurí. El temor de que ocurra otra tragedia es palpable, pues en el campo hay 77 pozos activos, 70 inactivos, y 120 abandonados.

El fastidio también aflora. Según Rafael Quintero, presidente de la Junta de Acción Comunal de Lizama 2, no se atendieron adecuadamente las afecciones de salud: “Hubo una injusticia porque le daban una fórmula al paciente y la persona debía comprar la droga”. Las exigencias de Rafael a la empresa y al Estado son concretas: un hospital –solo hay un puesto de salud para atender 10.000 personas– y una reparación justa para todas las personas afectadas, desde el señor que sembraba y vendía aguacates hasta los propietarios de las fincas que Ecopetrol dañó sin permiso alguno.

—Donde llega petróleo, y todas esas cosas de oro, llegan es problemas para las comunidades, para los lideres…–, dice Rafael resignado, como quien debe contraer matrimonio por traer al mundo un hijo no deseado.

¿Dónde está el desarrollo?
De noche, desde un cuarto piso, el horizonte de Barrancabermeja, la ciudad del sol, termina en otra ciudad de luces milimétricas y estructuras esqueléticas que expelen finas columnas de humo las 24 horas del día. Es la refinería que transforma el crudo en gasolina y otros derivados, el complejo industrial que, según cifras de Portafolio, generó 820 millones de dólares entre 2015 y 2016.

—Nosotros vivimos en una ciudad hecha un caos. Barrancabermeja es una tierra de nadie, aquí no existe autoridad, no hay Estado. Eso es lo que ha traído el petróleo: una corrupción de todo tipo en cualquier instancia–, las palabras son de Oscar Sampayo, politólogo e integrante del Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio (GEAM).

Los habitantes de Barrancabermeja –una pintoresca mezcla costeña y santandereana– parecen tener siempre en la punta de la lengua las palabras Ecopetrol, petróleo, pozo. La dependencia económica y espiritual de la ciudad es absoluta, por lo tanto, Ecopetrol se convierte en el amo y señor del territorio.

En Barranca la riqueza petrolera es un espejismo porque no trae consigo calidad de vida. La relación costo-beneficio es tan desproporcionada que el matrimonio ciudad-empresa se convirtió en un calvario:

—La explotación minero energética no trae ningún beneficio a las comunidades. Ya hemos vivido 100 años con esta tragedia, otros 100 años nos tendremos que aguantar, es un matrimonio por siempre como dice Ecopetrol. Aceptamos hasta lo convencional, que nos sigan asesinando lentamente con la contaminación diaria, las aguas que consumimos, el aire que respiramos. Pero lo que sí no vamos aceptar es el desarrollo de los yacimientos no convencionales: el fracking–, asegura Sampayo.

A 40 minutos de Barrancabermeja, en el corregimiento El Centro, también esperan la llegada del popular desarrollo. En las 36 veredas que componen el corregimiento, del cual Ecopetrol extrae 46.000 barriles de petróleo diarios, no hay alcantarillado ni red de gas, los paraderos de buses están hechos de madera y las vías de acceso están en pésimas condiciones, tampoco hay plaza de mercado ni un puesto de salud apto para atender a los 26.000 habitantes; pero las unidades de bombeo están ahí, a metros de las casas, sacando petróleo día y noche.

—Ahora que hay más producción de crudo hay más pobreza. El Centro no tiene una perspectiva de proyectos productivos. Si mañana el Gobierno dice “se acabó Ecopetrol”, no sé de qué vamos a vivir–, dice el líder sindical Alex Castro mientras recorremos la zona.

Las fuentes de empleo también escasean. La demanda supera la oferta laboral de las empresas contratistas. La cantidad de personal foráneo viene en aumento, y aunque algunas compañías realizan sorteos cuando hay vacantes, otras se prestan para que los presidentes de las juntas comunales compren y vendan los puestos de trabajo.

Conseguir empleo es una misión mucho más difícil para aquellos que están vinculados a la Unión Sindical Obrera, el sindicado de Ecopetrol. Edgar Jiménez, habitante de la vereda Polo Regado que no trabaja desde hace tres años, manifiesta que a los integrantes de la USO los vetan y los señalan de revolucionarios y malos trabajadores.

Precisamente en la sede local de la USO, Eliseo Gómez, otro líder de la zona, justifica con ahínco la existencia del sindicato:

—Hay un decir del Gobierno: que nosotros, una manada de burros, ganamos mucha plata. Yo solo tengo el bachillerato. Supuestamente pal' Gobierno soy un burro. Pero vaya póngale el culo todo el día a un aparato que le está echando olores y humo en la jeta. Aquí vienen a trabajar ingenieros egresados de la UIS [Universidad Industrial de Santander], y dicen “uy, no marica, esto es arrecho” (…) ¿Cómo se le ocurre que un obrero gana dos millones de pesos al mes y no está contento, si en las ciudades se ganan 800.000, un millón, y están contentos? Pero no ven la diferencia de los trabajos. Este trabajo es de alto riesgo. Usted tiene una duración de 100 años, cuando yo tenga 60 años ya estoy vuelto mierda. Yo tengo un primo que trabajó en esto y está en silla de ruedas. Eso es lo que no ve el Gobierno; porque según tengo entendido ellos dicen: “allá esos hijueputas joden por joder, esos hijueputas están llenos de plata y jodiendo”. Pero vengan a trabajar. Aquí vino un rolo… trabajando por ahí se murió de la calor, lo mató, le dio un infarto. Ahorita estamos en invierno, pero el veranito ese que pasó… a más de uno se le aguaban los ojos, no sabían dónde meterse”.

El ocaso de Ecopetrol
Para Henrique Castro todo pasado fue mejor. 60 años atrás Ecopetrol era autosuficiente. Subsidiaba la gasolina, era dueño de la ladrillera con la que construía sus edificios, de la hielera, de las fábricas donde se hacían los tornos y las forjas, del colegio donde estudiaban los hijos de los trabajadores, del comisariato donde acopiaban la carne y los alimentos. Abundaba el trabajo, los hijos heredaban el puesto de sus padres. Ecopetrol era de todos y para todos.

—Todo eso empezó a desaparecer en 1977, después de una huelga. Pierde fuerza Ecopetrol aquí y pierde fuerza en la nación. Se vende el alma de Ecopetrol: los equipos de perforación. Se vende el nacional 130 que era el emblema de nosotros, el corazón, y se acaba la perforación. Ecopetrol empezó a ser administrador, y otra empresa la operadora–, cuenta Henrique empotrado en una silla de mimbre.

Henrique empezó a trabajar en Ecopetrol a los 18 años, en 1978. Durante 27 años les hizo mantenimiento a los tanques de almacenamiento.

—Cada campo tenía su cancha de fútbol, el campo seis, el campo cinco. Aquí se jugaron nacionales y suramericanos de béisbol. Aquí vino a jugar Panamá, Cuba, Puerto Rico–, recuerda.

Cuando Henrique se jubiló, los primeros años del 2000, la privatización y la decadencia de Ecopetrol era inminente. A pesar de que la USO demostró lo contrario, la empresa y el Estado abandonaron muchos pozos alegando que producir 1.500 barriles diarios no era un negocio rentable. Los privados aprovecharon, hicieron una etapa de recuperación, y hoy Ecopetrol, y el Estado, deben pagarle a una empresa extranjera para que saque el crudo.
—Nosotros éramos una familia privilegiada. Había privilegios porque el petróleo es lo que todavía mueve el mundo.

Tal como lo insinuó Kapuściński 36 años atrás, el petróleo creó en nuestra clase dirigente “la ilusión de una vida gratis”, envenenó y corrompió sus ideas. Una de las empresas más prosperas de nuestra trágica historia se hundió en las engañosas aguas del desarrollo. Los privilegios ya no alcanzan para todos, ni siquiera para los que sacrifican su salud, su río, su proyecto de vida. Tampoco alcanzará para el resto de nosotros.

Francia Elena Márquez Mina es lideresa afrodescendiente, fue desplazada de su pueblo en 2014 tras recibir amenazas por participar de las movilizaciones en contra de la gran minería. Integra el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y la Movilización de Mujeres Negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales, en el Norte del Cauca. Participó como víctima en las audiencias en La Habana, en las negociaciones Gobierno-FARC. Actualmente es integrante del Consejo Nacional de Paz y Convivencia, instancia destinada al seguimiento de los acuerdos de paz.

Recientemente Francia recibió el premio Goldman, un reconocimiento a las iniciativas comunitarias por proteger y mejorar el medio ambiente. Esta entrevista hace parte de “Final abierto: 20 miradas críticas sobre las negociaciones con las insurgencias (2010-2018)”, libro lanzado en abril durante la Feria del Libro de Bogotá.

Usted, su familia y su comunidad fueron víctimas del conflicto armado. ¿Se siente satisfecha con los alcances del acuerdo de paz firmado en La Habana?


El proceso que se dio en La Habana es importante en términos de disminuir el conflicto armado, que ha afectado sobre todo y de manera desproporcionada a los pueblos étnicos, afros e indígenas. Digo que es importante porque a nuestros pueblos les ha tocado vivir en medio del conflicto armado. Fuimos nosotros los que vivimos los enfrentamientos, las tomas guerrilleras en muchos de municipios, la siembra de minas antipersonas, el desplazamiento forzado… Lo hemos vivido como pueblo afrodescendiente, y creo que desde allí hemos considerado importante el proceso que se dio.

Los acuerdos en sí no son la paz. Son un paso, un camino para orientar el rumbo de conseguir una paz estable y duradera en este país, pero no son en sí mismos la paz. Para mí la paz implica inversión social, transformación de las brechas que han generado el conflicto armado, y esas brechas son el empobrecimiento, el despojo territorial de las comunidades, la implementación de megaproyectos que han empobrecido a la gente en sus territorios y que en nombre del desarrollo han terminado destruyendo la vida de mucha gente. Por eso para mí la paz tiene que ver con la justicia social, y si hablamos de justicia social eso implica hacer una revisión de la historia, porque el conflicto armado contemporáneo, para nosotros como pueblos, es parte del conflicto histórico colonial, por tanto hacer la paz implica erradicar las brechas de desigualdad generadas por la colonización y el racismo estructural, enfrentar las injusticias generadas por la esclavitud y la colonización, las generadas por el conflicto armado e injusticias ocasionadas por las violencias del Estado.

Esas brechas de desigualdad son las que han generado que hoy haya cientos de víctimas afrodescendientes indígenas y campesinas en este país, cientos de desplazados de sus territorios; esas brechas no se han cerrado. En el país existe el Decreto 4635 del 2011 que se creó para víctimas afrodescendientes, y sin embargo hoy, en términos de reparación colectiva, no hay una sola comunidad afrodescendiente que se haya reparado en forma integral. Lo que se ha entregado han sido indemnizaciones económicas, pero no el restablecimiento de los derechos de la comunidad. Yo salí desplazada forzosamente del territorio hace ya 4 años y nunca recibí ningún apoyo del Estado. Lo único que recibí fue un esquema de protección, pero de ahí en adelante, en términos de asistencia y de restablecimiento de los derechos, nada. Una esperaría que la paz que se estuviera dando en el país le permitiera regresar a su territorio, pero hoy no tengo garantías para decir que voy a retornar a mi territorio de forma segura. Mucha gente que ha salido desplazada de sus territorios hoy no tiene las garantías reales para volver y retornar. Eso quiere decir que el acuerdo firmado en La Habana es insuficiente, no porque no se hayan firmado puntos importantes, sino porque no hay garantías en términos de la aplicación desde el Gobierno nacional.

Como víctima estuve en La Habana en los diálogos de paz, y desde mi condición de mujer afrodescendiente, racializada y victimizada en este país, creo que avanzar en la paz en este país implica cerrar las brechas que ha generado el racismo estructural; eso implica pensar en reparación histórica, y en este país de eso no se habla, ni siquiera hay la posibilidad de que la gente empiece a discutir sobre el tema. Por eso para mí es insuficiente el proceso de paz. Como comunidades y pueblos afrodescendientes hicimos un capítulo étnico que no ha tenido ningún efecto en términos de cambiar las condiciones de vida de la gente ahora, en tiempos de paz, por así decirlo. Entonces, le corresponde a la sociedad construir la paz; desde ahí nosotros seguiremos empujando estos procesos. La paz hoy no ha llegado a los territorios étnicos, afros. Todos los días siguen matando gente en nuestros territorios… Si bien el número de enfrentamientos entre actores armados disminuyó, el número de líderes y lideresas asesinados, de jóvenes asesinados, de mujeres asesinadas en nuestros territorios, de comunidades que resisten, no ha disminuido. Desde ahí podemos decir que la paz no es una realidad en nuestras comunidades, en nuestros territorios.

¿Por qué cree que tras los acuerdos de La Habana y la entrega de armas de las FARC los asesinatos de líderes sociales se incrementaron?


Yo creo que hay varias razones por las que todavía se sigue asesinando a líderes y lideresas en los territorios. Si bien se ha avanzado en la dejación de las armas por parte de las FARC, el incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno nacional está haciendo que muchos actores armados estén promoviendo eso que llaman las «disidencias». Varios jóvenes e integrantes de estos grupos se han ido saliendo porque no ven garantías, no hay cumplimiento de la palabra por parte del Gobierno nacional. Por otro lado, la mesa de diálogos con el ELN no ha logrado avanzar. Todavía el ELN y el Gobierno con su fuerza armada se siguen enfrentando en territorios donde la gente sigue sufriendo y se sigue desplazando forzosamente. En esos mismos territorios se siguen asesinando a líderes y lideresas, porque el paramilitarismo no se ha desmontado.

Muchos de los líderes y lideresas han sido asesinados por la decisión de defender los territorios como espacio de vida, por defender el medio ambiente, la vida. A los líderes y lideresas los están matando por tener una posición clara de defensa del territorio. En Buenaventura, por poner el caso de Temístocles Machado, a él lo asesinaron porque estaba teniendo una pelea con el Puerto de Buenaventura que estaba despojando a la gente de sus territorios ancestrales. Yo salí de La Toma, el lugar donde vivía, porque decidí enfrentar la minería a gran escala, la minería ilegal, auspiciada por la corrupción institucional. Entonces a nosotros nos persiguen, nos amenazan y nos matan, porque quienes nos hemos estado oponiendo a ese modelo de desarrollo de muerte somos un estorbo para los intereses de muchos privados que, en nombre del Estado, dicen que nos oponemos al desarrollo.

En últimas una dice, ¿cuál desarrollo, si en nombre del desarrollo nos expropian, en nombre del desarrollo contaminan, en nombre del desarrollo generan grandes impactos sociales, pero no generan mejores condiciones de vida? Hoy no tenemos salud, no tenemos agua potable, no tenemos saneamiento básico… En este país hay alrededor de 80 ríos envenenados con mercurio, ¿entonces cuál desarrollo? A muchos de los líderes sociales los están matando actores armados con complicidad institucional, porque el Estado no hace nada para evitarlo. El Estado, en cabeza del Gobierno Nacional, tiene la responsabilidad de garantizar la protección a todos sus ciudadanos, pero no hace nada. Todos los días toca lamentarse por el asesinato de un líder o lideresa, pero no sólo eso, porque también los jóvenes están siendo asesinados. En el oriente de Cali, por ejemplo, se ve cómo la violencia rural se ha trasladado a la ciudad: en una semana han matado a 11 jóvenes.


¿Cree entonces que las FARC podrían haber llegado a un mejor acuerdo, y que el ELN debería ser más exigente en el reclamo de garantías y cumplimientos por parte del Estado?


Mucha gente dice que los acuerdos quedaron así por la correlación de fuerzas de dos partes en conflicto sentados en una mesa. De eso yo no entiendo mucho… Creo que frente al tema de recursos mineros faltó mucho más, sobre hidrocarburos y sobre explotación de minería faltó, eso no fue discutido en La Habana y no sé si con el ELN se va a discutir. Ahora el ELN ha planteado la necesidad de la participación de las comunidades, participación directa de distintos sectores sociales, y ha planteado que cada acuerdo que se haga se vaya implementando. Las FARC hicieron su papel. Como comunidades étnicas llegamos a última hora, porque el Gobierno había planteado un no rotundo a la participación de los pueblos afrodescendientes e indígenas en el proceso de paz, bajo el argumento de que el acuerdo que se estaba haciendo en La Habana era un acuerdo general, que por eso como pueblos étnicos no teníamos el derecho a participar allá y que los derechos nuestros ya estaban reconocidos en la Constitución. Sin embargo, creo que ese argumento del interés general ha sido un argumento para expropiar los derechos de la gente, para violentar los derechos de los pueblos que «somos particulares». Como si la protección de la diversidad étnica y cultural en esta nación no fuera parte de interés general, ese ha sido un argumento racista para excluir y destruir.

En nombre del interés general se han concedido títulos de explotación minera sin consulta previa, en el marco del conflicto armado, en territorios étnicos sin ningún control y sin ninguna condición más que la del desarrollo. Porque según ellos el desarrollo es el interés general, entonces hay que violentar los derechos de un pueblo específico, de una comunidad específica. Ese fue el argumento para decir que no había que participar y bueno, nosotros creamos una comisión étnica a la que llamamos Comisión Étnica para la Paz. Desde ahí empezamos a hacer incidencia para poder presionar hasta que, a última hora, al momento de firmar el acuerdo, quedaron tres páginas de las que hacen parte unas reglas, unos principios y unos mecanismos de cómo se deben implementar los acuerdos en territorios étnicos. Ahora que se hizo el plan marco, no sé si refleje las garantías reales para que los acuerdos de paz se implementen con ese enfoque diferencial que se planteó en el capítulo étnico. Creo que estamos ante un desafío muy grande. Toca seguir empujando la paz, pero sobretodo seguir construyendo la paz desde nosotros, porque no creo que sean los actores armados quienes vayan a construir la paz, creo la paz la debe construir la sociedad colombiana.

¿Qué valoración general tiene de los procesos de negociación con ambas insurgencias llevados a cabo durante estos últimos ocho años?


Me resulta increíble entender que en una sociedad como la nuestra todavía haya gente oponiéndose a que se pueda hacer un proceso de paz, estable y duradero. Esa paz, repito, no está terminada con los acuerdos, pero los acuerdos son un paso importante. Me da tristeza saber que los que lucraron con la violencia, con la guerra, con el desangre de muchas vidas, con la destrucción de nuestros territorios, hoy sean quienes se oponen a ese proceso de paz. Gente que nunca ha vivido la violencia y la guerra real, porque estaban en la ciudad o porque solo vieron la guerra por la televisión: esos son los que salen hoy a decir que hay que volver añicos los acuerdos, porque es más fácil para ellos seguir generando violencia, porque no son ellos quienes han puesto los muertos. Los muertos de un lado o de otro salieron de nuestros territorios, de nuestras comunidades empobrecidas y marginadas; fueron los hermanos nuestros, los sobrinos, los amigos, los compañeros, los que fueron a la guerra a hacer una guerra absurda; no fueron los hijos de los millonarios, y ahora son ellos los que más se oponen a este proceso.

Es triste ver cómo han polarizado al país, como han fraccionado a la comunidad y sobre todo cómo han puesto a la gente más empobrecida a defender una ideología estúpida y absurda que no permite tener bienestar. También han usado la fe religiosa, entonces vemos a los que hablan de Dios y a los que profesan el amor, promoviendo el odio frente a un sector «x», que cometió errores, pero que hoy está dispuesto a abrirse camino para transformar esas realidades.

El acuerdo estableció 16 curules para las comunidades que habían vivido hechos victimizantes, para los ocho millones de víctimas que tiene este país, para que tuvieran una voz allá y para que de alguna manera esa voz fuera parte del pago de esa deuda histórica y esa reparación. Pero los sectores que se oponen a la paz simplemente terminaron diciendo que eso no está bien, que las víctimas no tienen derecho a tener voz allá. Quienes tienen derecho a hablar por las víctimas son los mismos victimarios.

Tras 60 años de conflicto armado —para ellos, porque para nosotros son 500 años—, en donde en este continente no ha parado la violencia, para los pueblos originarios, llamados indígenas hoy, la violencia no empezó ahora, ha sido una violencia histórica que no ha parado. Visiono un futuro muy incierto, pero seguiremos caminando, tejiendo caminos de esperanza y de vida digna para nuestros pueblos, para este país y para el mundo.

Acumular poder económico, político y militar sin límite y sin escrúpulos para apropiarse de la fuerza de trabajo de los demás, de su conocimiento, y de todos los medios de producción creados por la inteligencia, el esfuerzo de la sociedad, y la propia naturaleza; beneficiarse de su comercialización y de las ganancias individualmente o entre un pequeño grupo de personas, hace parte de un sistema llamado capitalismo, que hoy en día muy pocos cuestionamos como inmoral, antiético e inhumano, y al cuál lamentablemente nos hemos acostumbrado, al punto de practicarlo sin darnos cuenta. De este sistema hacemos parte desde hace más de cuatro siglos, por tanto, es a este que debemos atribuirle las inmensas injusticias que se imponen en todo el planeta.

La forma como los capitalistas han logrado tener poder económico, político, militar, y hasta mediático, se llama modelo de acumulación. Este ha ido desde el atesoramiento de joyas y metales preciosos, hasta la acumulación desbordada de tierras, inmuebles, vehículos, empresas, dinero, bonos y acciones, entre otros.

Convertir los bienes naturales como el agua, los bosques, la salud, las pensiones, la educación, la vivienda, los servicios públicos de acueducto, energía eléctrica, gas o medicinas, en negocios privados, e invertir las jugosas ganancias en el sector financiero, para que los inescrupulosos empresarios de la banca y otros sectores se llenen los bolsillos y defrauden a la nación, es una de las formas o modelos con los cuales los capitalistas nacionales y extranjeros se enriquecen en Colombia, y se llama modelo económico neoliberal, y se profundizó desde los años noventa con la apertura económica y los Tratados de Libre Comercio.

Hoy en día y con la desenfrenada y competitiva carrera por apropiarse del poder y las riquezas del planeta, los capitalistas practican y combinan todas las formas de acumulación posible sin importar que sean antiguas y atrasadas, como la extracción de oro y piedras preciosas, o sofisticadas como las inversiones y transacciones electrónicas de bonos y acciones en el mercado virtual del sistema financiero, que especula con la plata de la salud, la educación, los servicios públicos, las pensiones, es decir con la plata pública.

El problema es que hoy, para los capitalistas, todo es susceptible de convertir en mercancía, y tampoco hay límite en los métodos para hacerlo. Le han puesto valor y mercado a los bienes más sagrados y necesarios para la vida. Ni la fantasía, el ocio y los sueños de la gente han escapado a esta lógica; en su loca carrera están dispuestos a destruirlo todo: páramos, bosques, tierras fértiles, ríos, quebradas, culturas, etnias, en fin. El sistema y sus modelos de acumulación son una amenaza para la supervivencia de las especies, la convivencia entre los humanos y la vida toda. Los responsables de semejante tragedia siguen conduciendo el presente de las naciones y de los pueblos, y planean el futuro ante su mirada frustrada, esquiva, indiferente o complaciente.

Sin embargo, en las últimas dos décadas los procesos sociales, algunos movimientos y convergencias políticas y naciones en Latinoamérica han puesto sobre el tapete este debate y en algunos casos han ganado el corazón y la razón de sus pueblos, permitiendo la oportunidad de cambiar los gobiernos tradicionales por unos alternativos. En Colombia la cosa ha sido más difícil, no obstante también se han desarrollado este tipo de propuestas y recaen en procesos sociales nacionales como la Minga Social e Indígena, el Congreso de los Pueblos, la Marcha patriótica, la Cumbre Agraria; otros regionales y locales, la mayoría de corte ambientalista como Ríos Vivos, Cinturón Occidental Ambiental - COA, Movete, y todos los movimientos espontáneos o permanentes que han enfrentado los megaproyectos extractivistas en el Tolima, el Meta, Cundinamarca, Quindío, Santander, Casanare, entre decenas de ejemplos a lo largo y ancho del país.

También existen partidos como el Polo Democrático Alternativo, los Verdes, los Progresistas, y Mais, entre otros, cuyas plataformas políticas si bien no impulsan transformaciones radicales y estructurales que acaben con el sistema y sus modelos, al menos se circunscriben en reformas que caminan en la vía de recuperar principios democráticos y equidad social.

Los movimientos sociales, las iniciativas populares y los partidos alternativos se empeñan en recuperar el valor de lo público como esencia de la democracia. En ese sentido han logrado generar una opinión importante en los pueblos alrededor de unos mínimos básicos como la defensa del territorio, del agua, la distribución de la tierra, la soberanía alimentaria, el respeto por la diversidad sexual, los derechos de las mujeres, entre otros asuntos que permitan abrir las puertas a una nueva era social y política. En todo caso, lamentablemente, no se puede esperar que esos cambios se den de la noche a la mañana y que sean de carácter estructural, porque falta sumar comunidades, voluntades y compromisos con esas apuestas.

La actual coyuntura electoral en Colombia presenta oportunidades que no se pueden dejar perder para avanzar, así sea levemente. Mucho menos si se valora la crítica situación y el entorno negativo que presenta la coyuntura regional latinoamericana que atenta contra estas propuestas de cambio de modelo económico y de paz. Hay que saber leer el momento político y actuar de manera acertada porque tal vez no se presente en años. Aún hay tiempo para que movimientos sociales, comunidades, procesos e iniciativas democráticas, y todo el espectro político en donde se reflejan o se sienten identificadas estas propuestas, presionen por la base la unidad en torno al candidato que mejor pueda transitar el camino de las transformaciones.

Las élites terminarán como siempre unificadas alrededor de sus intereses comunes, los mismos que han defendido por siglos. Los demás, que no sean o no se sientan de la élite deberían pensar en el pueblo y sus necesidades y menos en sus intereses de grupo. Hay una oportunidad, una que tal vez no resuelva los más graves problemas de Colombia, pero que podría ponernos sobre la ruta acertada, aquella donde nos encontraremos caminando para el mismo lado.

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Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

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