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El pasado Primero de mayo del presente año, las comunidades organizadas de Arauca salieron a las calles y carreteras para confrontar  la crisis del sistema de salud.

 

Causales como la cartera morosa que tienen las EPS's (Entidades Prestadoras de Salud) y la UAESA (Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca) con los hospitales, que oscila alrededor de 60 mil millones de pesos; la negativa de las EPS's para contratar lo de ley con los hospitales y el desconocimiento de la red de referencia y contra referencia, son algunos de los aspectos que motivaron el ejercicio de reclamación de derechos por parte de la comunidad araucana.

Dicho ejercicio se desarrolló por medio de tres fases, la primera de estas fue la movilización. En ese primer momento la comunidad araucana se concentró en once puntos estratégicos del departamento. Durante ocho días los manifestantes se movilizaron, a partir del primero hasta el ocho de mayo. Las comunidades le exigieron al gobernador solución a la crisis de salud del departamento. De esta manera se logró presionar para instalar la mesa de salud de Arauca, en Bogotá, con presencia del Gobierno nacional y representantes de las EPS's, entre otros actores gubernamentales. Así se dio paso a la siguiente fase.

En un segundo momento se desarrolló la instalación de la mesa de salud de Arauca en Bogotá, el ocho de mayo, día en el que los voceros del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, como representantes del pueblo araucano, desarrollaron acuerdos y compromisos con el Gobierno. Unos de los acuerdos que se establecieron fueron: trabajar en materia de garantías de la protesta social, con el ánimo de que ninguno de los líderes concentrados en los puntos fuera señalado. También se logró comprometer a las EPS's a pagar la cartera corriente y que no se sume a la deuda.

Otro de los compromisos fue que cada EPS que se encuentra en el departamento (Salud Vida, Cafesalud, Uaesa, Comparta, Nueva EPS y Caprecom) debe pagar a las ESE's (Hospital del Sarare, Hospital San Vicente de Arauca, Moreno y Clavijo y Jaime Alvarado y Castilla) el total de la deuda en acuerdos de pagos que se harán efectivos desde este mes.

Finalmente las comunidades organizadas se encuentran evaluando y verificando el cumplimiento de los acuerdos firmados en la mesa de salud. De esta forma el tercer momento en el cual se encuentra el departamento está caracterizado por un cese momentáneo de las movilizaciones, ya que si no se cumplen los aspectos señalados anteriormente, las comunidades realizarán un paro, que se extenderá hasta tanto el Gobierno departamental, nacional y EPS's  cumplan de manera inmediata.

El pueblo araucano que se encuentra en resistencia y realizando ejercicios de reclamación está alerta ante cualquier acción que afecte el camino para la vida digna de los habitantes del departamento.

De esta forma los araucanos enfrentan la crisis del sistema de salud, y el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia como la máxima expresión organizativa del departamento está dispuesto a salir nuevamente a las calles exigiendo condiciones de salud digna, pública y soberana.

Ángel María Salinas, vocero de este movimiento expresó que se lograron acuerdos tangibles cuantitativos, además que la receptividad del gobernador facilitó la realización del objetivo de las concentraciones, y reafirmó la decisión de las comunidades de levantar temporalmente las concentraciones, mientras en las mesas de evaluación se realiza el seguimiento a los acuerdos.

Por décadas todos los colombianos y colombianas que visitaban  Buenaventura se encontraban con la paradoja de ver tanta pobreza y desamparo social en medio del puerto más rico del país. Pero, si se extiende la mirada a todo el Pacífico se aprecia un panorama similar; el cinismo estatal con esta región es pasmoso, ni un solo Gobierno le ha cumplido a los habitantes de esta región, los niveles de necesidades básicas insatisfechas son del 36%, las más preocupantes del país, a pesar de contar con incalculables riquezas estas son explotadas de manera inmisericorde con el medio ambiente y son comercializadas por mafias, transnacionales, paramilitares y toda clase de delincuencia. La tapa de la olla es la corrupción de la clase política nacional y local, que campea ante la mirada permisiva de los organismos de control.

Ante la gravedad de la situación social, la mañana del 16 de mayo de 2017 el comercio, los trabajadores portuarios, los transportadores, los maestros, los estudiantes y las comunidades en general decidieron apoyar el llamado al paro cívico convocado por las 61 organizaciones sociales, políticas, económicas, religiosas, indígenas y negras más importantes de la región. La indignación es total para los habitantes del puerto, ya que según el comunicado publicado por el Comité de Paro, Buenaventura le aporta al año 5,47 billones de pesos a la Nación por concepto de recaudo de aduanas por comercio exterior, y a pesar de ello la sociedad de Buenaventura, en especial los más pobres, atraviesan una situación insostenible.

El paro ha sido declarado desde el día 16 de mayo, con carácter indefinido y bajo el lema “Para vivir con dignidad y en paz en el territorio” y persigue que el Gobierno declare el estado de emergencia económica, social y ecológica. Los indicadores sociales de marginalidad, discriminación y desconocimiento, manifiesta el comunicado, se agravan por la presencia de grupos armados que han causado miles de víctimas, especialmente en la última década.

El desempleo se ubica en un 62%,  y el empleo informal llega al 90%. La pobreza en la zona rural pasa del 91% y en la ciudad es del 64%. Existen más de 162 mil víctimas del conflicto armado, casi el 40% de la población total. El déficit en salud y vivienda es crítico. Las cuencas de los principales ríos de la región están contaminadas con mercurio. Por otro lado Buenaventura es una ciudad controlada por actores armados ilegales.

Una vez el Gobierno nacional declare la emergencia económica, social, y ecológica, los organizadores del paro se pondrán a disposición para iniciar un proceso de negociación de ocho puntos fundamentales: cobertura en prevención y atención de salud de baja, media y alta complejidad y medicina tradicional; recuperación y conservación de cuencas y otros ecosistemas estratégicos degradados; cobertura, calidad y pertinencia de la educación básica, media, técnica y universitaria; fortalecimiento y promoción masiva de las prácticas culturales, recreativas y deportivas; saneamiento básico e infraestructura de operación pública y comunitaria de los servicios públicos domiciliarios; acceso a la justicia y reparación a las víctimas individuales y colectivas; ordenamiento del territorio, como hábitat para la vida y el bienestar colectivo, con reparación y nuevas viviendas para las familias; fortalecimiento de la producción local y regional y otras medidas económicas, jurídicas y políticas que garanticen la generación de empleos dignos y los ingresos requeridos por las familias.

En pocos días se espera que toda la comunidad se sume y fortalezca el paro cívico, manifestaron los líderes del movimiento, e invitaron a las regiones cercanas y al país a solidarizarse con Buenaventura y sus pobladores.

El pasado tres de mayo en la vereda Volcanes del municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), se llevó a cabo el proceso de levantamiento de piezas arqueológicas que corresponden a tumbas precolombinas de la cultura Quimbaya. Este hallazgo se dio en el momento que la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) realizaba trabajos para el establecimiento de la torre número 61 del proyecto de transmisión eléctrica UPME-02-2009, subestación Armenia a 230 KV y líneas de transmisión asociadas, que contempla en total 83 torres, las cuales pasarán por cinco municipios de los departamentos de Risaralda y Quindío, involucrando cerca de 27 veredas y  atravesarán el distrito de Conservación de Suelos Barbas – Bremen.

Inicialmente la EEB guardó silencio frente al hallazgo de las piezas arqueológicas y pretendió retirarlas sin reconocer los procedimientos que se requieren para ello. Así lo relató un vecino de la vereda Volcanes, quien además explica que estas piezas habían sido cuidadas por el propietario del predio y campesinos de la zona, así como que fue él quien dio aviso a las autoridades competentes sobre este importante descubrimiento.

Posteriormente funcionarios de la EEB, en compañía de la Policía y Ejército Nacional, Sijin y personal del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, procedieron a la extracción de las piezas halladas, incurriendo en varias irregularidades, como lo señala el Comité por la Defensa del Territorio de los municipios de Pereira y Santa Rosa de Cabal, en un comunicado en el cual manifiestan que “No se presentó una orden de allanamiento oficial y se ingresó sin autorización del dueño del predio, en la operación hubo un despliegue exagerado de fuerza pública con aproximadamente 100 agentes entre personal del ESMAD, la policía, SIJIN e incluso el Batallón 8 Móvil del ejército en una clara actitud intimidatoria y de amedrentamiento frente a una comunidad desarmada”.

Así mismo, relatan que “Los agentes de la fuerza pública se dirigieron a la comunidad de manera despectiva, además realizaron daños en fincas aledañas al armar campamentos sin el consentimiento de los propietarios y aprovechando que los predios se encontraban solos. Para realizar el levantamiento de las Tumbas ingresaron por sitios no autorizados de la finca, incluyendo la casa principal interrumpiendo la privacidad de los propietarios, y la acción de desmantelamiento se realizó pasando por encima de una solicitud de medida cautelar de suspensión ante el Tribunal Administrativo de Risaralda en el marco de una Acción Popular, instaurada por la Defensoría del Pueblo seccional Risaralda”. Por estos motivos, el Comité por la Defensa del Territorio argumenta que esta situación constituye un abuso por parte de la Empresa de Energía de Bogotá, las autoridades departamentales, municipales y la fuerza pública, contra la comunidad de la vereda Volcanes y la memoria e historia del pueblo Quimbaya.

Por su parte la comunidad denunció que estas piezas fueron trasladadas en costales y se encuentran en una oficina de la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, y aún no se conoce el destino del hallazgo cultural.

Las piezas encontradas consisten en dos tumbas de cancel, es decir, estructuras en piedra que utilizaba la cultura Quimbaya para rituales de sus funerales. Según autoridades, estas piezas arqueológicas datan del año 500 después de Cristo.

Para las organizaciones ambientalistas, sociales, la academia y los habitantes de la zona, este hallazgo significa una oportunidad para el rescate de la historia, la cultura y memoria de los pueblos y por ello proponen que las piezas sean retornadas al sitio y allí se realice la construcción de un parque arqueológico que conecte con otros lugares culturales como el Salado de Consotá y Piedras Marcadas. Igualmente proponen que dicho parque sea administrado por la comunidad organizada, la cual cuenta con un Plan de Manejo que ha sido construido con la asesoría de expertos en el tema.

De igual modo el Comité por la Defensa del Territorio ha solicitado que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, explique a la comunidad por qué no se consultó al Consejo Departamental de Patrimonio, entidad asesora de la Dirección de Cultura de la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura de Risaralda, para tomar una decisión más acertada sobre el manejo del hallazgo arqueológico, a la vez que señalen por qué no estuvieron presentes y supervisaron el operativo que empleó la EEB para el “rescate” de las tumbas que en momentos se hizo sin la supervisión ni siquiera de los mismos arqueólogos de la empresa.

Por último, piden a la Defensoría del Pueblo efectuar una demanda a la EEB por violar la ley que protege el patrimonio arqueológico por encima de leyes que permiten proyectos de infraestructura, y exigen que se tomen las acciones disciplinarias al personal de la Policía Nacional, el Ejército, la Sijin y el Esmad  por incursionar en una acción judicial ilegal, ya que no contaban con una orden judicial concebida por un juez.

En semana, desde muy temprano, Maria Rubiela Vargas se levantaba para salir con el mayor de sus siete hijos a coger los limones, las naranjas, las mandarinas y los plátanos que cultivaba en su huerta, también algo de caña para moler en el trapiche comunitario del que se beneficiaban nueve familias que habitaban en esa vereda, La Aurora, de Cocorná. La vida allá era muy buena, cuenta Rubiela, el agua era abundante, y la comida nunca les faltaba, “yo era feliz, feliz, madrugaba a trabajar; cada ocho días el papá de mis hijos me daba para lo del mercado, y yo  ajustaba con lo que realizaba de mis frutas, de mi caña, de mi molienda, a veces me hacía hasta 600mil pesos”.

Entre 2011 y 2013, cuando la empresa HMV Ingenieros adelantó la construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica El Popal sobre las aguas del río Cocorná, Rubiela y los demás habitantes de La Aurora tuvieron que desplazarse porque el agua con la que se abastecían se secó, la tierra empezó a agrietarse y a derrumbarse, y el trapiche comunitario donde todos molían sufrió grandes daños. “Cuando vimos que ya habían terminado y no nos solucionaban los problemas, ya nosotros nos reunimos con el presidente de la JAC, estuvimos donde el alcalde, él nos mandó para Cornare, de Cornare nos mandaron para la alcaldía otra vez. Era como cuando uno chuta un balón en una cancha; así nos han tenido a nosotros. Ya van cinco años y esta es la hora que no nos han solucionado nada”, cuenta indignada.

¿Qué pasa en Cocorná?
Cocorná es un municipio incrustado en las montañas boscosas del Oriente antioqueño, una subregión productora del 29% de la energía del país, que desde los años 70 sufre los efectos sociales y ambientales de los proyectos hidroeléctricos. Para el caso de Cocorná, las comunidades pensaron al principio que las PCH El Popal, San Matías, El Molino, o la Central Hidroeléctrica San Miguel traerían beneficios para sus territorios, pero estos no llegaron, y por el contrario, afectaciones como las de la vereda La Aurora pusieron en alerta a los cocornenses, más aún cuando supieron que, incluyendo los que ya están en funcionamiento, hay aproximadamente 11 proyectos marcados en su territorio.

Actualmente se encuentran en trámite las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas a filo de agua Cocorná 2 y Cocorná 3, y la minicentral Quebrada El Viaho, a cargo de SOTECO S.A, Taborda Vélez y Cía, y HMV Ingenieros, respectivamente; también, EADE – EPM tiene licencia ambiental aprobada para la construcción de la Central Hidroeléctrica Santo Domingo, sin contar otros proyectos más que tienen recurso de reposición, se les declaró caducidad, o están en proceso de revocatoria.

Por esta situación, Javier de Jesús Villegas, habitante de la vereda La Peña y presidente de la ANUC Cocorná, cuenta que “nosotros los campesinos fuimos desplazados por los grupos armados, algunos fuimos antes también desplazados por la construcción de la autopista, y ahora que volvemos a nuestro territorio vemos con mucha preocupación el otro desplazamiento disimulado por culpa de las hidroeléctricas y la minería”. Para Javier, igual que para muchos otros campesinos, es preocupante además que la mayoría de sus fuentes hídricas ya no les pertenezcan, y que incluso, ya no puedan  visitarlas para su recreación familiar porque están secas o tienen sedimentos.

Sumado a esto, hay otro problema que inquieta e indigna principalmente a los pobladores rurales. Recientemente en sus facturas de energía eléctrica les empezaron a cobrar un alumbrado público con el que no cuentan, porque los caminos, según relatan, ni siquiera están iluminados todavía en su totalidad. Jesús Orlando Gómez, habitante de la vereda El Sinaí, dice que “nos están cobrando un alumbrado público que no alcanzamos a pagar, porque los recursos son muy escasos. Muchos estamos sin saber qué hacer, algunos ya han dicho que van a tener que cortar las líneas de energía porque no tienen con qué pagar esas cuotas”.

Este problema no es aislado, porque al ser el Oriente antioqueño, y en este caso Cocorná, un gran productor de energía, el mínimo beneficio que esperarían las comunidades es acceso a bajo costo a este recurso. “Las comunidades hace 10, 15, o 20 años reforestamos las microcuencas sin pensar que años después vendrían las hidroeléctricas. Este es un municipio que tiene la materia prima, pero lamentablemente nos cobran la energía más cara que en cualquier parte del país”, puntualiza Javier.

Acción jurídica y movilización
Para los habitantes más jóvenes de este municipio, el sábado 13 de mayo fue un día histórico. La presencia de decenas de campesinos indignados, pero también esperanzados en obtener soluciones, alimentó una movilización que recorrió las calles del pueblo. Al unísono, la gente gritaba “agua, bosques, tierra, para los que no queremos guerra”, y rechazaron con contundencia los proyectos hidroeléctricos en sus territorios. “Estoy aquí porque vemos que es una injusticia que el Estado le esté vendiendo a las multinacionales los recursos que nosotros hemos protegido durante tantos años. La única solución es unirnos y buscar una Consulta Popular para votar no a las hidroeléctricas”, expresó Gerardo Enrique, agricultor de la vereda Las Playas.

Mauricio Castaño, concejal y abogado, manifestó que “las comunidades están pidiendo de las administraciones, de los entes político-administrativos, acciones y decisiones que permitan blindar el territorio frente a este tipo de proyectos”. Mauricio, junto a la Corporación Cocorná Consciente, presentó ante el Concejo municipal un proyecto de Acuerdo que busca ratificar la autonomía de los municipios en cuanto al  uso que se le da a los recursos del territorio, y prohibir cualquier tipo de proyecto extractivo.

“Este proyecto de acuerdo surtió el primer debate, se aprobó, y está pendiente el segundo debate. Hemos venido estudiando el tema y creemos que puede ser mejor desarrollado; estamos en construcción de esa propuesta para mejorarlo, para que al segundo debate llegue más fortalecido y pueda ser adoptado en el municipio. Sin embargo, esta decisión no es fácil, porque no nos podemos extralimitar en nuestras funciones”, explicó Castaño, quien se refirió además a otro proyecto de acuerdo que se tramita por iniciativa de la administración municipal.

Se trata del Plan de Desarrollo y Sostenibilidad Turística, que según Castaño, define o relaciona unas zonas de desarrollo turístico prioritario, que de acuerdo con la ley 300 del 97, deben prevalecer sobre cualquier otro tipo de desarrollo o de explotación. “Esa es otra forma de blindar el territorio, entonces tenemos identificadas al menos nueve zonas de desarrollo turístico prioritario, entre ellas los principales ríos y cascadas, que entrarían en esa declaratoria. Sin embargo, lo más importante en este proceso es que siga activa la acción ciudadana y la movilización social”.

Por segundo año consecutivo, el próximo dos de junio organizaciones sociales, jóvenes, mujeres, niñas y niños, campesinos, pobladores urbanos y de los reverdecidos campos quindianos se manifestarán en la segunda Marcha Carnaval Somos Territorio, Agua y Vida en la ciudad de Armenia, con el propósito de ratificar la defensa del territorio que se encuentra amenazado por el modelo económico extractivista del Gobierno nacional, y para reafirmar que el agua vale más que el oro, que tienen el derecho a habitar el territorio y que también la naturaleza tiene el derecho a que se le cuide y proteja para preservar la vida en el planeta.

El Quindío asediado por el extractivismo
Este pequeño departamento clavado en la cordillera central, en la región del Eje cafetero, es uno de los territorios de mayor biodiversidad y riqueza natural en nuestro país y por ello está bajo la mirada codiciosa de las multinacionales, con el beneplácito de los gobiernos de turno.

Luego del terremoto del año 1999, que devastó a la capital Armenia y a varios municipios como Pijao, La Tebaida, Circasia, entre otros, sumado a la crisis cafetera, los gobernantes de esta región en complicidad con empresarios, impulsaron una economía fundamentada en el turismo que genera contradicciones significativas, ya que por un lado ha conllevado a una ruptura de tejidos sociales, cambios bruscos en la cultura campesina y popular de sus habitantes, contaminación, además de situaciones de orden público asociadas al microtráfico de drogas, el consumo de licor y delincuencia, y por el otro lado ha generado importantes recursos económicos para sus habitantes y en algunos aspectos ha permitido edificar alternativas desde un turismo consiente.

Sin embargo durante la última década se ha venido imponiendo otro énfasis en la economía del territorio. Igual que en buena parte del país, el Gobierno nacional viene implementando la extracción de minerales como renglón económico primordial; es por ello que como lo señala Néstor Ocampo, ambientalista de la región “a principios del 2008 nos enteramos que el 61.8% del área de todo el departamento estaba comprometido en proyectos de gran minería, 98 contratos de concesión ya otorgados para ese año,  de los cuales 80 en manos de multinacionales y en trámite 133 más. Eso significaba que habíamos sido desposeídos del territorio y ni siquiera nos habían avisado, porque ni en la Gobernación ni en la CRQ (Corporación Autónoma Regional del Quindio), ni en la Asamblea departamental, ni en los municipios, se sabía de eso, situación que venía caminando desde el 2003”.

A esto se suma la preocupación por el impacto que el proyecto La Colosa de la Anglo Gold Ashanti podría generar en el territorio, pues aunque la Consulta Popular del pasado mes de marzo en Cajamarca (Tolima) haya puesto freno a las intenciones de la multinacional, esta maniobra para no irse con las manos vacías. Tal preocupación se sustenta en el hecho que “La Colosa no queda solo en Cajamarca, porque de 16 títulos mineros que conforman el proyecto La Colosa regional, 11 se encuentran total o parcialmente en el Quindío. Y luego de los problemas que hubo con los precios del  café, aquí en el Quindío se le ha apostado a otros proyectos, la agricultura en otras áreas, el turismo, y son actividades que se echarían al traste con la gran minería, en caso que permitiéramos que por lo menos un solo proyecto se consolidase en estas tierras, y ya tenemos algunos impactos en los municipios de cordillera como lo son  Salento, Pijao, Córdoba, Génova y Calarcá”, asegura Néstor.

Pero la minería no se constituye en la única amenaza, cabe recordar la problemática de la cual ya hemos hablado en Periferia sobre las 86 torres de energía de alta tensión que se vienen instalando desde Risaralda hacia el Quindío, y que están en función de la producción de energía para la gran minería; pero también el riesgo que significa para el agua del departamento “la presencia de otra multinacional, la Smurfit Kappa Cartón de Colombia, quien ha sembrado y está sembrando con pinos y eucaliptos todas nuestras montañas, avanzan como un cáncer por las montañas con la complicidad de las autoridades  ambientales y gubernamentales, pero eso hace parte de un mismo modelo económico  extractivista, lo más atrasado que hay, que es lo que se le está imponiendo al país”, concluye Néstor Ocampo.

La movilización social en Carnaval
Dicha situación ha conllevado procesos de movilización social permanente, pero no solo entendida como salir a marchar, sino también como lo señala Blaney  Arístizabal, guía de montaña e impulsor, al igual que Néstor, de la Marcha Carnaval,  “existen iniciativas particulares de personas que tienen procesos de eco granjas, producción desde huertas orgánicas, también a través de cierto turismo se ha rescatado parte de la cultura cafetera siempre que los pequeños productores han visto la oportunidad de ofrecer su producto directamente al consumidor nacional o extranjero; también están los procesos educativos que buscan llegar a las escuelas y colegios llevando esta educación de lo que es nuestro territorio y nuestro entorno. Dichas iniciativas apuntan a la sostenibilidad desde la producción local y para lo local se convierten en experiencias de resistencia”.

Sobre esto, Néstor agrega que “la gente en el mundo del arte está haciendo pinturas, obras de teatro, títeres, danzas relacionadas con esta problemática y lo que representaría la gran minería para nosotros; además de profesores en universidades que están motivando a los estudiantes a hacer investigaciones que permitan aclarar todo eso porque es un tema muy complejo”.

Es en esa perspectiva que surge la iniciativa de realizar la Marcha Carnaval, siguiendo el ejemplo de los y las tolimenses, poniendo de manifiesto que la amenaza sobre los territorios requiere del latido y el caminar urgente de todas y todos.  Como lo afirma Adriana Adarve, integrante del Círculo del Fuego y también organizadora de la Marcha Carnaval,  “esta inició en el Círculo del Fuego, pero sumado a esta movilización ciudadana se han unido personas naturales y organizaciones sociales que lo que quieren es defender nuestro territorio y en esta segunda versión se ha visto mucho más el acoplo de la marcha, muchas personas y organizaciones que desde sus labores diarias, por ejemplo como agricultores, empresarios independientes, creativos, personas naturales que ven en la mega minería una amenaza para lo que ellos son y admiran y amamos que es nuestro territorio. Ha sido una plataforma para que a todos quienes vemos la vitalidad de que se conserve y se  respete el territorio, se nos escuche; es un espacio donde todos nos unimos pues generalmente todos los procesos están individuales, pero aquí nos juntamos y le demostramos a las personas, al mundo, al Gobierno que no queremos que nuestro territorio sea irrespetado”.

En este sentido, han venido en una labor permanente de comunicación, de gestión, de dar a conocer en qué consiste la marcha, pero no solo la misma, sino como señala Adriana, “por qué tienen que defender el territorio, porque una falla que hemos encontrado es que los mismos cuyabros tenemos un desconocimiento sobre dónde estamos parados, no tenemos ni idea qué es el Quindío y por qué debemos cuidarlo”. Así mismo, esperan que el dos de junio sea todo un carnaval, pues tendrán artistas en tarima y durante los recorridos, que estarán llenos de colorido, música y alegría.

Y posterior a ello como menciona Adriana “la marcha se ha transformado en una plataforma creativa, es decir, muchas personas que estamos allí tenemos nuestros procesos particulares de defensa del territorio, entonces tenemos guías turísticos, agricultores, creativos; todas las profesiones, todos los que haceres se han ido articulando para que desde la cotidianidad esté la defensa del territorio”.  Estas acciones en su conjunto, igual que el impulso de acciones jurídicas como las Consultas Populares que ya vienen dinamizando en municipios como Pijao, Córdoba y Calarcá, buscan construir una estrategia integral para defender la vida y el territorio.

Latinoamérica desde hace siglos  ha sido codiciada y sometida al saqueo y exterminio. Hoy, Estados Unidos señala al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de violador de los derechos humanos, como excusas para entrometerse en los asuntos internos de otros países, y consolidar su plan de dominio sobre las naciones latinas, poseedoras de inmensos recursos naturales y estratégicos –petróleo, gas, minas metálicas, y otros–.

Hay muchas razones para la obsesión contrarrevolucionaria de Estados Unidos, entre ellas, la caída del presidente de Venezuela. Sin embargo, no siempre el blanco de la agresión es el verdadero motivo de la confrontación. Un golpe de Estado pondría fin a la Revolución Bolivariana, y después vendría la recolonización de América del Sur. Esta guerra que se avizora se debe a las reservas de agua potable que posee el continente. Hay otras razones, entre ellas: el petróleo, el coltán y el aluminio –Venezuela posee las mayores reservas de estos recursos a escala mundial–. Pero el agua es la dinámica obsesiva de Estados Unidos, que intenta superar a través de la contrarrevolución venezolana, invasiones y recolonización.

Según informe de la Dirección del Departamento de Agricultura de EE.UU, para 2080 este país habrá acabado su última reserva selvática, y con ella, las fuentes de agua. También  señala que el 90% de la superficie de la cadena montañosa de los Apalaches ha desaparecido por contaminación, sus áreas desérticas se observan como si los árboles fueron bombardeados con napalm o gasolina gelatinosa. Agrega el informe que el Monte Mitchell –Carolina del Norte–, despliega una extensa zona de árboles secos; el ecosistema, según el Servicio Forestal de Estados Unidos, parece haber sido rociado con productos químicos defoliantes, o fumigado con herbicida de alta concentración, a base de glifosato.

La región de los Grandes Lagos se seca pavorosamente. Ya en 1960, el congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución cuando descubrió la elevada concentración de fósforo presente en los lagos Erie, Ontario y Míchigan. Por el agotamiento de sus fuentes hídricas, sus habitantes abandonarán su país natal, rumbo hacia un triste, penoso y amargo exilio.

Un estudio realizado durante la era Clinton, concluyó que 39 Estados de las 50 entidades sub-nacionales padecerá a partir de 2022 las consecuencias de la escasez de agua, y en 2025, todos sus ríos, lagos y fuentes de agua potable estarán en fase toxico-dinámica, “donde ningún ciudadano podrá sobrevivir”, según la Asociación Mundial del Agua.
El Ogallala, el mayor acuífero de Estados Unidos, suministra la irrigación de 6.5 millones de hectáreas dedicadas al maíz, sorgo, soya y trigo, pero consumen 160% la tasa de recarga del acuífero. Mientras “Estudios científicos estiman que el lago Mead en los próximos 18 años, será un árido desierto” que según la FAO, afectará en los próximos siete años la producción agrícola en 33,33%.

El futuro Armagedón de los Estados Unidos incita su ánimo invasor. Y para apropiarse de las reservas de agua de América Latina, necesita derrocar la Revolución Bolivariana, pero el objetivo es el agua. La Amazonía es la región biológica más diversa, con el sistema hidrológico más vasto del planeta. El acuífero Guaraní, es el mayor curso de agua dulce bajo tierra. Con un área total de 1,2 millones de km², se extiende bajo el  subsuelo de los Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul. Reserva 1.175.000 km3 de agua. Es tal su capacidad que podrá abastecer 6.000 millones de personas durante 200 años.

Por su parte, el acuífero de Puelche –Argentina–, alberga 300 billones de litros de agua, que distribuidos entre 6.000 millones de humanos, equivale a 200.000 litros por persona. Esto es 33% más del agua que una persona consume en toda su vida. Es decir que los dos acuíferos pueden abastecer la actual humanidad durante 350 años.
 
El control del acuífero, es un reto al dilema estadounidense: hacer frente al futuro de airadas espirales de violentas protestas reprimidas sangrientamente, u ocupar militarmente las fuentes hídricas. La demanda de agua es para EE.UU. energía y  parte de su doctrina de seguridad, que está buscando en Suramérica, pero el gobierno de Washington lo niega.

El documento Santa Fe IV, preparado por el partido republicano en el año 2000, a fines del gobierno de Bill Clinton, plantea la doctrina geo-estratégica, vigente para la seguridad nacional de los Estados Unidos en el siglo XXI, donde habla de “garantizar que los países del hemisferio provean los recursos naturales, especialmente el agua”.

En estrecho vínculo, hay otro punto en el documento de los ex asesores de Rehagan, Clinton y Bush, que instan a países suramericanos a promulgar legislaciones favorables a sus intereses. Dice el documento: “los EE.UU. debe asegurar que los recursos naturales del hemisferio estén disponibles para responder a nuestras prioridades nacionales…esta prioridad requiere de aliados confiables de EE.UU”.

En febrero de 2004, el diario británico The Guardian publicó un informe secreto del consejero del pentágono, Andrew Marshall. Allí se sugiere que “EE.UU. debe prepararse para estar en condiciones de apropiarse de este recurso estratégico allí donde esté y, cuando sea necesario”.

Para recolonizar Suramérica, Estados Unidos está utilizando el mismo pretexto aplicado contra Sadam Husein para invadir Irak y apropiarse del petróleo. Ese mismo libreto pretende ahora  aplicarlo contra el presidente Nicolás Maduro para apropiarse de los recursos de Venezuela, y del  agua del continente, por lo que plantea una lucha en torno a quien va a controlarla. En Venezuela no existe oposición, sino un proceso contra-revolucionario que se vislumbra como el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI, vaticinado por Hugo Chávez: “El imperio viene por gas, petróleo, vegetación y agua”.

Un informe del pentágono de fines de febrero de 2004, dice: “el gobierno de Estados Unidos debe desplegar sus Fuerzas Armadas por todo el planeta, para tomar el control de sus recursos naturales, especialmente el agua, donde quiera que se encuentre, es vital para la supervivencia de Estados Unidos como potencia rectora del mundo… su hegemonía tendrá continuidad, en la medida que controle el abastecimiento de agua dulce”.

El 10 de enero 2017, Rusia Today publicó un artículo de Ariel Noyola Rodríguez titulado Sudamérica bajo amenaza: EE.UU. instalará una nueva base militar en Perú. Dice el periodista que el Comando Sur de Estados Unidos –U.S. Southern Command– instaló “una nueva base militar en Perú, camuflada bajo el nombre de Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Amazonas”. La intervención fingida de ayuda humanitaria desembarcó 3200 soldados del Comando Sur en el Terminal Portuario del Callao – Perú.

Continúa diciendo el investigador: “antes de establecer esta nueva base militar en el departamento de Amazonas, el Comando Sur de Estados Unidos ya se había establecido en las regiones de Lambayeque, Trujillo, Tumbes, Piura, San Martín y Loreto”.

Actualmente el gobierno de Mauricio Macri adelanta negociaciones con los Estados Unidos para emplazar otra base militar en Argentina, próxima a la frontera con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, área donde exactamente está el acuífero Guaraní.

Ante la aventura contrarrevolucionaria promovida, financiada y asesorada por el imperio estadounidense y la extrema derecha internacional, es necesaria la solidaridad incondicional para defender, rodilla en tierra, la Revolución Bolivariana, revolución de América Latina. De otro modo, Suramérica sería recolonizada.

Nacido y criado en Ocaña, Luis Emil Sanabria Durán alternó su actividad estudiantil en la Universidad Industrial de Santander  con la militancia en el partido Comunista Marxista Leninista, PCML, que dirigía la guerrilla del Ejército Popular de Liberación, EPL. Él mismo asegura que quien lo llevó a la Juventud Revolucionaria de Colombia, y luego al partido PCML fue el propio Oscar William Calvo, destacado dirigente revolucionario, asesinado con tan solo 32 años de edad el 20 de noviembre de 1985, a manos de agentes del Estado y en pleno proceso de paz con el gobierno de Belisario Betancur.
 
La conversación con Sanabria no tiene el objetivo de mostrar el terrorismo de Estado en medio del proceso de paz y desmovilización del EPL en 1991, sino las experiencias de participación ciudadana y procesos constituyentes a los que, una vez reinsertado a la legalidad, Luis ha dedicado décadas.

Entre los años 80 y 90 existía alto nivel organizativo social y popular en la región de Norte de Santander, allí tenía fuerte presencia el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el EPL. Este último siempre le apostó a la participación electoral de las masas, y  tuvieron éxito igual que la Unión Patriótica cuando pudieron hacer uso de la elección popular de alcaldes, aprobada en 1986 y ejecutada por primera vez en 1988. El EPL enarbolaba la consigna “Por una nueva Asamblea Nacional Constituyente” desde el año 1984, que fue fortalecida con la iniciativa estudiantil de 1990, llamada “Séptima papeleta” que coincidía con esta propuesta. En 1991, tras los acuerdos de paz y la desmovilización armada del M-19 y el EPL, y la muerte de miles de militantes de izquierda a manos del terrorismo de Estado y sus grupos paramilitares, se haría realidad la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.

Después de la compleja situación creada en los procesos de izquierda revolucionaria, muchos combatientes de las guerrillas desmovilizadas entraron a engrosar las  filas del paramilitarismo, y de los organismos de seguridad del Estado, mientras se realizaban masacres, confrontaciones entre guerrillas y desmovilizados, mientras que otros, la mayoría de ellos, se dedicaron a fomentar procesos organizativos en las mismas comunidades en donde habían desarrollado su actividad guerrillera o política; en este caso con el apoyo y la coordinación de otras fuerzas políticas y sociales de la región.

Cuenta Luis Emil que por allá en 1998 cuando se desempeñaba como subsecretario de paz en Norte de Santander, llegaron a recoger hasta 200 cadáveres de líderes sociales asesinados por los paramilitares, por su participación en las marchas de esa época. Por su labor política y las actividades ejecutadas dentro de su cargo fue incluido en una lista de 13 personas declaradas objetivo militar por los paramilitares y el Ejército. De estos solo viven dos, uno de ellos es Sanabria.

Las Asambleas Constituyentes Populares
A pesar de la arremetida paramilitar, la convergencia de varias fuerzas políticas, organizaciones sociales y populares y sectores de la iglesia logró conformar, hacia finales de los años 90, una Mesa por la paz, un Comité de atención a desplazados, y un Comité de paz, que hacían parte de Redepaz. Existía también la Asamblea Popular de desarrollo y paz del Catatumbo y Diálogos locales de paz, liderados por monseñor Leonardo Gómez Serna. La experiencia de la Asociación de campesinos de la India en Santander sirvió de ejemplo, ya que fue una de las primeras experiencias de participación popular en los procesos de paz.

Por otro lado, se habían instalado Asambleas Populares en San Calixto y El Tarra, procesos participativos sociales que recogían elementos de las propuestas de las FARC y especialmente del ELN, en la lógica de la Convención Nacional que por esos tiempos tomó gran audiencia en el país. La del municipio de Mogotes, en Santander, se bautizó como Asamblea Municipal de Constituyentes; era el pueblo haciendo uso del artículo tercero de la Constitución del 91. La consigna era “con Biblia y Constitución hacemos revolución”, porque era una alianza entre la iglesia y el pueblo, con sectores del cooperativismo y la organización campesina, principalmente.

Era tan importante y fuerte la iniciativa popular en Mogotes, que en 1997 cuando el ELN retuvo por denuncias de corrupción al alcalde Doryan Rodríguez, que le decían chocatón –y que por cierto, dice Luis Emil, recientemente volvió a ser elegido y capturado por corrupción–, la gente del pueblo, acompañada de monseñor Gómez Serna, se fue para el campamento del ELN y le exigieron que entregara al alcalde, porque ellos también sabían que era corrupto y lo querían juzgar. El ELN no tuvo más remedio que devolverlo. La Asamblea le pidió rendición de cuentas, confirmó los actos de corrupción y le exigió la renuncia. Quedó al frente del Gobierno la Asamblea Municipal de Constituyentes, la cual trabajaba de la mano con el Concejo, y con un nuevo alcalde elegido del proceso, y que hacía las veces de gerente bajo la orientación de la Asamblea.

Empezó un ejercicio de planeación y  participación basado en el artículo tercero de la Constitución, en donde figura que la democracia es directa. Los constituyentes eran los comerciantes, transportadores, campesinos, la iglesia, los maestros, etc. Estos se fueron a las veredas, planearon con la gente el diseño social, cultural y económico de su municipio. Ahora el alcalde tenía que hacer rendición mensual de cuentas, la Asamblea Popular tomaba decisiones que se llamaban mandatos y los concejales convertían esos mandatos en acuerdos municipales. Muchas regiones se sintieron convocadas a aprender del proceso; algunas embajadas acompañaron también.  Mogotes ganó en 1999 el Premio Nacional de Paz.

En adelante y durante cinco años los alcaldes no se inventaron programas de gobierno sino que se sintieron con la responsabilidad de construirlo con la población. Antes de este proceso solo estaban los partidos Liberal y Conservador, luego de eso estaban casi todos, incluido el Polo. Además, Redepaz promovió 100 ejercicios de procesos participativos constituyentes de las mismas características en 100 diferentes municipios de Nariño, Antioquia, y Huila. Unos con mayor éxito que otros.


La contra-constituyente
Pero como dicen popularmente, tanta dicha no podía ser cierta. Mientras que el ELN se alejó de la zona como organización armada, el paramilitarismo del Bloque Central Bolívar  nunca cumplió con las condiciones que la Asamblea Constituyente le había impuesto a los grupos armados de retirarse del territorio; retomaron el control y ubicaron su retaguardia en el corregimiento del Riachuelo, del municipio de Charalá, y desde allí planearon la estrategia para acabar con la Asamblea Municipal Constituyente. Amenazaron a los más destacados en el proceso como los padres Joaquín y Héctor, asesinaron a una religiosa y desplazaron a los maestros. En ese momento Álvaro Uribe subió al poder y se convirtió en un enemigo de los procesos constituyentes. Ahora Mogotes es satanizado.

No obstante, la meta de 100 municipios con procesos constituyentes se multiplicó a 200 en todo el país, pero con algunos de ellos muy desvirtuados en su esencia fundacional, y manipulados por los partidos políticos. Uribe persiguió las constituyentes por doquier; la iglesia católica que había apoyado el proceso, ahora amenazaba con excomulgar a quienes lo apoyaban. Hoy existe en Mogotes un comité constituyente pero muy discreto. Redepaz fue perseguida y amenazada y tuvo que disminuir su dinámica organizativa. Los procesos populares pasaron a la resistencia adoptando procesos de participación, de defensa del territorio, de movimiento cívico y otras expresiones que les permiten actuar directamente en la construcción de sus planes de vida y de sus propuestas de localidad, región y país, porque la gente, dice Luis Emil, “a pesar de todo no renuncia a su deseo de participar y decidir sobre sus territorios”.

Busco a Bernardo

A Bernardo López Arroyave no es muy fácil encontrársele, este sistema fascista de largas y sistemáticas impunidades se ha dado las mañas para ocultar las huellas de sus víctimas; y este hombre, tan carismático como profético, no es la excepción, hasta en esto se parece al montón de hombres y mujeres humildes, por los que gastó su vida. A este luchador se le estigmatizó como guerrillero para poder asesinar, no solo su humanidad, sino sus siembras de amor eficaz. Claro que no todo su legado lograron destruirlo.

Indagando por las huellas de Bernardo, encontramos a Manuel Buitrago, hombre octogenario, oriundo del corregimiento de Estación Cocorná  del Magdalena Medio antioqueño. Cuenta que lo conoció en la década de los setenta, cuando llegó como cura párroco al pueblo. Cuando le pregunto si tiene una foto que diera cuenta de cómo era, responde con notoria tristeza, “nada, yo no tengo fotos de él porque a mí me tocó salir de Cocorná solo con el encapillado”.

Recostado sobre su cama, que busca desde muy temprano, recuerda con cierto grado de nostalgia, “¿Bernardo? ¡Aj, ese hombre era muy especial! ¡Entusiasta!… El revivió ese caserío. Mejor dicho, todos los más humildes nos fuimos con él, yo fui uno. ¡Ay sí, yo tengo mucho que contar! Yo salía al pueblo, era de una vez pa' la cantina; él se iba, me sacaba de allá, me llevaba para la casa cural, me servía almuerzo y me mandaba a dormir. Así me fue alejando del licor”, relata dejando notar su inmensa gratitud.

Hay otras huellas que no han desaparecido, libros como “Aquellas muertes que hicieron resplandecer la vida”, del padre Javier Giraldo, nos dejan ver como por una rendija de la historia y la memoria otras huellas de Bernardo.

Bernardo López es un hijo de humildes campesinos, nacido en Montebello, Antioquia, huérfano de padre desde niño, siempre de talante alegre pero firme, obstinado y decidido. Se hizo abogado en la Universidad Pontificia Bolivariana. Militante del partido Conservador, en donde defendió, según él mismo lo cuenta, el gran capital. Con fogosa elocuencia se presenta en las plazas, y esta capacidad oratoria le vale para escalar posición en el partido. Se cuenta que le correspondió abrir la Campaña presidencial de Guillermo León Valencia en el departamento, al lado de la choza de Marco Fidel Suárez de Bello en agosto de 1961.

En 1962 tomó la decisión de hacerse Sacerdote e ingresó a “Vocaciones tardías” en el seminario Cristo Sacerdote del municipio de La Ceja, deseando un día “ser obispo”, pues el sistema enseña que hay que ser alguien en la vida y para muchos de los seminaristas ser alguien es ser obispo, alguien más que un simple sacerdote. Muy pronto Bernardo se encontró un tropiezo para lograrlo: Tomás Calvo, sacerdote español, y profesor de teología en el seminario, desbarató esa pretensión en el novato seminarista. Renunció entonces a esa aspiración de privilegio, para dedicarse a luchar en un escenario muy poco usual en las reducidas mentes del clero: la conciencia de los humildes, para emanciparla de sus miedos y lanzarla a la infinita senda de la esperanza.

Signado fuertemente por el pensamiento de Camilo Torres, y por el Concilio Vaticano II, compartió habitación con Ernesto Cardenal, un nicaragüense que siendo sacerdote llegó a ser ministro del Gobierno sandinista. Al lado de este absorbió como esponja de las fuentes de la Teología de la Liberación.

Tomó partido por los excluidos desde los inicios de su formación sacerdotal, criticando y denunciando la vida cómoda que llevaban los altos jerarcas de la iglesia, mientras la inmensa mayoría del pueblo vivía en condiciones muy deplorables, y los designios de Cristo eran claros en su opción radical por los empobrecidos. Por esta razón fue expulsado del Seminario.

Pero Bernardo, porfiado como siempre, siguió buscando su objetivo, ya que subido en el púlpito, su ideal de justicia cobraría contundencia. Terminó sus estudios en la Universidad Javeriana de Bogotá, vinculado a la diócesis de Barrancabermeja, y fue ordenado por el papa Pablo VI en su visita que hizo a Bogotá el veintidós de agosto de 1968.

Bernardo, es quizá quien más claramente leyó los acontecimientos y las señales de nuestro tiempo. Textualmente Javier Giraldo nos narra: “En diciembre de 1968 asiste a la segunda reunión del grupo sacerdotal colombiano Golconda, y desde entonces no dejaría de formar parte de esos grupos de sacerdotes que se pronunciaban críticamente frente a diversas coyunturas nacionales, primero Golconda, luego el grupo de  Sacerdotes para América Latina –SAL–”.

Despertó tanto amor, afecto y admiración en las comunidades a las que acompañó, como odio y persecución en el corazón de sus detractores a quienes denunció con vehemencia por su desmedida ambición y voraz apetito y codicia.

Puso en el centro de su predicación y de la acción pastoral a la comunidad; su alto poder de convencimiento lo utilizó para organizar toda clase de grupos, en los que buscó sembrar conciencia de clase. En un artículo que la revista Semana publicó días después de su martirio, titulado “Almas benditas”, dice: “se identificó más con aquellos que rechazaban la lucha armada como opción cristiana”.

Su sincera y franca mirada le acompañaron aun en los momentos más crudos de su existencia, cuando recibía noticias de su inminente martirio, o amenazas contra su humanidad. Enfrentó a los verdugos como quien mira a un inocente mandadero que le entrega un recado. De esos recados le llegaron seis, sin contar el que sembró su semilla en la memoria de los caídos por la vida, la paz con justicia social y la dignidad humana. Él ya lo tenía claro, porque las altas esferas del poder manejaban amañados informes de inteligencia que lo vinculaban con el ELN, como el que luego se publicó en el libro “El ELN por dentro. Historia de la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago”, del coronel de la reserva del ejército Luis Alberto Villamarín Pulido. A Bernardo, cuentan los que lo conocieron, nunca pudieron amedrentarlo.

El 15 de febrero de 1986, en el  veinte aniversario del asesinato de Camilo Torres, Bernardo pronunció un discurso en el que dejó ver aportes al conocimiento de una porción de su vida. Allí expresó que “la vida solo tiene sentido cuando se toma la inquebrantable decisión de perderla para que la historia cambie y el pueblo viva”, y lo dio todo desde su comodidad en la conducción de un rancio partido burgués, o en un sacerdocio mediocre; en cada gota de sudor y sangre entregó lo suyo, hasta que el 25 de mayo de 1987 en Sincé, Sucre, le correspondió regar el suelo del Sagrado Corazón con su sangre.

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