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La fiesta de la protesta

El corazón de Willinton Quibarecama retumbaba, la ansiedad se apoderaba de él, sabía que tomarse la carretera a la altura de la Delfina en la vía que de Buga conduce al puerto de Buenaventura, no iba a ser cosa fácil, así estuviera acompañado de cientos de sus hermanos Emberas, vecinos y amigos de su resguardo Dachini, municipio de Trujillo en el Valle del Cauca. Pero la decisión estaba tomada, el furor del guerrero milenario que corría por sus venas lo empujaba, además, esta acción daría inicio a la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular y a un paro de magnitud insospechada. Su ansiedad se convirtió en angustia cuando agentes del Esmad arremetieron contra el grupo en donde él se encontraba y sin mediar palabra los golpearon con sus armas contundentes, con puños, patadas y con las tanquetas. A pesar de su valerosa reacción, la mayoría fueron agredidos sin piedad, unos heridos de gravedad y Willinton arrollado por una tanqueta que lo hizo caer desde el puente, unos 50 metros y estrellarse contra las piedras. Eran las 10 de la noche del 29 de mayo de 2016; la oscuridad del inmenso cielo que los arropaba cubrió como su manto a Willinton y apagó la luz que lo alumbraba. El Estado cobraba con sangre la osadía de los desobedientes, no permitiría que esta semilla germinara.

El viceministro del Interior, Guillermo Rivera, frente a los 115 mil hombres y mujeres que estuvieron durante más de 15 días cerrando las carreteras, expresó a la prensa su sorpresa por la protesta contra un gobierno que quiere la paz. Al finalizar la Minga Nacional, el ministro Cristo dijo otra perla: que su gobierno era un gobierno progresista al que le gusta el diálogo. Lo dijo cinco segundos después que los voceros de la movilización hicieran un homenaje a los tres indígenas asesinados por el ESMAD en el curso de las protestas. Ambos funcionarios fueron más bien renuentes a definir un mecanismo de participación decisorio de la sociedad en el proceso de paz, que era uno de los puntos del pliego; la Minga al final logró con esfuerzo que el gobierno concierte con la Cumbre Agraria un mecanismo de participación directa en el proceso de paz.

¿Cómo es que un gobierno de paz requiere de un paro de 15 días para acordar que la sociedad participe de forma protagónica en un proceso de paz con el que el propio gobierno está comprometido? ¿Cómo es que un gobierno de paz considera la protesta social una contradicción frente a los propósitos de terminación de la guerra?

Los grupos modernizantes que impulsan el proceso de diálogo con las guerrillas, en realidad entienden la paz como un estadio de nula movilización social y de armonía social. En su lógica, la conflictividad social debe expresarse únicamente mediante la participación electoral y la incidencia en espacios reglados. Rivera lo decía en una primera reacción al Pliego de la Cumbre: “si quieren cambiar el modelo ganen las elecciones” (valga señalar que luego no insistió en este enfoque, es decir, se le chispotió). Según él, el único lugar para negociar la conflictividad social es el ámbito de mayorías-minorías electorales; lo que dicho en Colombia, donde la corrupción y la violencia imponen a los ganadores en las elecciones, es rayano en el cinismo.
Veamos más atentos el argumento, y asumamos que hablan de buena fe: en un estado ideal de participación electoral, no deberían tramitarse los problemas sociales por otros canales. La idea del Estado como expresión armonizada de la sociedad no es nueva, es heredera del Estado absolutista; y esa idea es la que ha sido refutada una y otra vez por los levantamientos y revoluciones sociales; fruto de esas refutaciones, los Estados liberales modernos incorporaron derechos a la protesta y la movilización, y algunos incluso incorporaron el derecho a la rebelión. El Estado como perfecta armonización de los conflictos, es hermano gemelo del corporativismo fascista. Por eso no debe extrañar que en la imposición de la Ley de Seguridad Ciudadana convergieran desde su ponente Vargas Lleras hasta los llamados liberales progresistas.

Cuando les preguntamos a estos sectores pro-paz del gobierno que nos explicaran cómo sería la protesta, diferente a nuestros formatos de Minga y paro, sus respuestas son sintomáticas. Quieren una protesta con permiso de la autoridad, en lugares donde no se altere el orden ciudadano, con el tono de voz moderado, que dure poco, respetuosa de la autoridad (es decir, que le haga caso a la policía). En otras palabras no quieren la protesta. A lo sumo, aceptan el derecho a la movilización y a la opinión (siempre que sea moderada); pero una protesta es obviamente otra cosa, y por eso el derecho a protestar es diferente al derecho a la movilización. Una protesta es un acto de fuerza no violento que quiere alterar el orden público para llamar la atención, para presionar un cambio de políticas, para impedir una acción gubernamental o empresarial, para educar en el sentimiento y pensamiento constituyente. Una protesta que requiere permiso es un desfile.

Para cuestionar la Minga Nacional, Rivera acudía a un argumento reiterado en estas situaciones: los derechos de terceros “inocentes” puestos en riesgo por las personas manifestantes; y por supuesto hacía alusión a niños, viejos, enfermos, gente sin oxígeno, estudiantes de comedores comunitarios, aunque en el fondo se refería a los derechos de los empresarios, los grandes negociantes, los vendedores de gasolina, vale decir, los derechos del capital afectados por la protesta. Subrayo el “inocentes” porque efectivamente se quiere balancear los derechos de “inocentes” que no protestan y los derechos de los manifestantes “culpables”. Por supuesto, los derechos de esos “inocentes” que no protestan no vuelven a aparecer en su discurso hasta que los “culpables” volvamos a las carreteras.

La naturalidad con que este sector político resuelve la tensión entre el derecho a la movilidad de los no-protestantes y el derecho a la protesta, dice bien cuál es su idea de los derechos; según ellos el derecho de los primeros prima sobre los derechos de los segundos ¿Por qué? No lo dicen. En realidad la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (a la que no se puede señalar de izquierdista) es clara al advertir que la invocación del orden público no puede constreñir el derecho a la protesta.

Es entendible que un gobierno que es objeto de una protesta esté en desacuerdo con ella. Pero, ¿puede “oponerse” legítimamente en un estado liberal (o social y democrático de derechos)? ¿Puede legítimamente impedirla o intentar destruirla? En la Minga Nacional circuló un panfleto del Ejército -distribuido por cielo y tierra- en el cual llamaban a “parar el paro”. Ningún funcionario civil desautorizó esa propaganda militar contra una acción de protesta civil. Es curioso que un gobierno “de la paz”, que reconoce que efectivamente hay un bloqueo institucional a la protesta, que acuerda con las FARC la necesidad de un cambio en el tratamiento de la protesta e incluso que se requiere cambiar la normatividad para proteger esa protesta y la oposición social y política, condene por definición toda protesta.


En el fondo, todos estos sectores están presos de un enfoque funcionalista, en que todo desajuste es una patología. Como toda la oligarquía colombiana, tienen una melancolía aristocrática, tienen la ilusión de que fuera de las élites -que se movilizan, transan, negocian, inciden- solo haya una ciudadanía electoral silenciosa y ojalá que solo fuera un público consumidor del espectáculo electoral; la sola idea de que haya sujetos constituyentes y de cambio repugna a su instinto.

Hay una segunda versión, la cínica, que quizá está más vinculada al pensamiento de Santos que al de Rivera. Se trata de la tesis transaccional: a cambio de la terminación de la guerra -que el movimiento social vive como terrorismo de Estado- el campo popular debe responder con el fin de la reclamación de los derechos y garantías democráticas. O, si quieres la paz, aguántate el golpe de macana. El discurso del perdonavidas.

En esta versión el gobierno presume de controlar a los malos de la película. Y eso es precisamente lo que no hace, porque no tiene cómo. El ejército en Colombia constituye de hecho un golpe de Estado. La única forma que tiene Santos de desmontar ese aparato criminal sería con un consenso muy amplio del establecimiento para atacarlos; consenso que no tiene porque en la élite hay demasiados sectores que prefieren aliarse con ellos, al fin y al cabo los servicios prestados son infinitos, sobre todo en el control violento del movimiento popular. No olvidemos que Santos es sobrino-nieto del presidente que pactó con las oligarquías rurales el cese de la modernización del país, por miedo al ascenso de la clase obrera.

La otra apuesta del gobierno de Santos es la instrumental—victimista. Es un discurso viejo, que Santos utiliza desde el principio del proceso: la extrema derecha acecha, el gobierno no tiene toda la fuerza necesaria -o la ha perdido-, la izquierda no puede deslegitimarlo so pena de que el proceso de paz se rompa, la protesta social deslegitima al gobierno (y vaya que tiene razón), el movimiento social debería apoyar a Santos en la paz... y de contera en la profundización del neoliberalismo.

Ante la Minga (el paro, en realidad) y ante el Pliego de la Cumbre, la primera reacción del gabinete de Santos fue insistir en el llamado a la “unidad nacional” a diversos sectores populares y de la izquierda, como lo hizo en la segunda vuelta presidencial del 2014. Al parecer no lo logró, aunque efectivamente algunos sectores populares vieron inconveniente la realización de las jornadas de protesta por su impacto sobre la negociación de paz. Frente a este llamado, la primera reacción es pensar que se trata de un mero truco para inmovilizar a las organizaciones sociales, buscar legitimidad en un momento crítico de la gestión gubernamental y encontrar aliados de ocasión. Muy posiblemente sea cierto. Y el reciente traspaso de Clara López de presidenta del Polo a ministra de Santos, lo confirma.

Pero no es un truco. Es un chantaje. Como anotamos arriba, Santos nunca ha dejado la carta de la recomposición del pacto entre la oligarquía comercial-financiera que él representa y la lumpen-oligarquía rural representada por Uribe. Porque desde muy temprano hizo las paces con las oligarquías agrarias más viejas, principalmente las de la Costa Atlántica, que lo acompañaron felices por la mermelada en su segunda elección. Lo que plantea el discurso de la unidad nacional con la izquierda a bordo, en realidad es un dilema: o me apoyan en la paz, o la paz será con la continuidad del paramilitarismo. Quién se gana los favores de Santos, pareciera ser el asunto.

Pero el problema es que ilegitimidad de Santos no deviene en que esté tramitando un diálogo de paz. Varias encuestas muestran que Santos tiene bastante menos prestigio que la paz negociada. Su ilegitimidad está asociada a su modelo económico y al incumplimiento de su palabra. La Minga Nacional que acabamos de realizar tuvo un gran simpatía de sectores medios de la sociedad y un trato benigno de la prensa burguesa, en buena medida porque consideran que efectivamente el gobierno es “faltón” y trata al movimiento popular como una molestia que debe aplacar y no como un actor con el que debe negociar la política pública.

Con movilización popular organizada o sin ella, Santos sigue su declive por profundizar el neoliberalismo. Y ahora porque la crisis del petróleo incluso le quita el margen de maniobra presupuestal que tenía para contener a redes clientelares chantajistas y para mantener un gasto público que dinamizara parcialmente la economía. Santos necesita despejar la profundización del modelo para mantener el apoyo a la paz de los gremios del capital (así se lo han hecho saber el Consejo Gremial Nacional y la Andi en declaraciones recientes).

Por paradójico que parezca, el margen de maniobra que necesita Santos para mantener las negociaciones de paz y cerrar el acuerdo con las FARC no lo dará la pasividad popular, pues ésta solo le da margen a los gremios del capital que tienen a Santos agarrado del cuello; en cambio, una sostenida lucha popular en todos los frentes sociales le mostrará a esas oligarquías que son ellos los que no tienen margen de maniobra, y que Santos no tiene otra opción que avanzar con las negociaciones de paz en una clave menos inmovilista que la mantenida hasta ahora. El apoyo que Santos necesita del establecimiento en la paz se logra presionando a ese establecimiento, no aflojándole la presión.

Estos tres enfoques de hecho constituyen una concepción compartida por todo el establecimiento favorable a terminar la guerra. La diferencia entre ellos es el énfasis entre esas versiones: la funcionalista, la cínica o la victimista. Su uso depende de la audiencia que tengan frente. Y es esa concepción la que debe superarse definitivamente si se piensa en la posible terminación del conflicto armado. No es posible una paz democrática que no acepte naturalmente la protesta.

El gobierno nacional y las oligarquías se deben acostumbrar a la negociación callejera y a la movilización popular. Habrá decenas de Mingas en los años que vienen. En lugar de acudir al mismo protocolo militarista, debieran simplemente asumir las demandas como una exigencia legítima. Incluso el Estado debe adecuarse institucionalmente a que la paz será con mucha movilización y pelea social, o no será; en otras palabras, como sugería un columnista, irse preparando para interlocutar con el movimiento popular y no solo con los lobistas corporativos; saber qué es Comosoc y sus matices con Marcha Patriótica, o las diferencias entre ONIC y el Congreso de los Pueblos, o qué cosa rara es el CNA y la Confluencia de Mujeres, o de dónde ha salido el PCN, y conocer qué hace posible y necesario que se hayan juntado en la Cumbre Agraria. Porque será con estos actores que tendrá que dialogar y negociar. Pero lo más importante, entender que estos liderazgos no vienen por pesitos, ni por ayudas, sino para construir políticas públicas; leer con seriedad el Pliego de la Cumbre y constatar que hay una propuesta de país. Y de paso, acostumbrarse a las muchedumbres, a la algarabía de cientos de personas que se sientan en los espacios de negociación y no se asustan ni se deslumbran con el título de ministros y viceministros, ni con el apelativo de doctor.

El país realmente existente no es un país de ciudadanos disciplinados y convencidos de las virtudes de la democracia liberal, que comparten la ilusión de que votar cada cuatro años es democracia. Eso ya deberían saberlo. No hay forma de que la sociedad real, sobre todo la sociedad popular, acepte como forma privilegiada de democracia las elecciones. La élite del país debe aceptar que hay otras formas de participación que no son las elecciones ni las formas liberales burguesas; la gente seguirá tomándose los espacios públicos, ocupándolos con diversas formas culturales.

Lo que debe removerse no es la protesta ni la movilización, sino la cultura de la estigmatización a toda disidencia, la política de contención social de policía y ejército, la militarización (naturalizada) de la protesta y de toda manifestación pública de la gente, el discurso que condena incluso lo que la ley permite. Esa es la única participación que satisface al movimiento popular. En eso consiste la idea de una participación decisoria en el proceso de paz que se adelanta en el país: participación es movilización social y política. La paz solo será con cambios. La paz solo será con contundentes luchas sociales.

Una de las grandes apuestas que movilizó el proceso constituyente a inicios de 1990 fue la tensión por la descentralización territorial y el intento por reforzar figuras político administrativas que tuvieran más control y presencia en los diferentes territorios del país. De allí se deriva que el primer artículo de la Constitución de 1991 consagre la descentralización y la autonomía de las entidades territoriales como principios fundamentales de nuestro ordenamiento.

Esta tensión ha sido históricamente generadora de múltiples conflictos por la tierra y el territorio, alimentada por un excesivo centralismo en el cual las decisiones más importantes son tomadas en Bogotá, expropiando así competencias que son naturaleza celular: el rumbo que tomarán los territorios que habitamos. Tanto así que en el mismo corazón del actual conflicto armado que intentamos solucionar como país y en el cual se pretende dar un nuevo rumbo y tratamiento a las tensiones sociales, las palabras como campo, territorio, soberanía, capacidad de decidir, son correlatos de una reivindicación histórica de los movimientos sociales: autonomía.

Dando vigencia a este debate, el pasado 25 de mayo la Corte Constitucional (en una votación de 5-4) declaró inexequible artículo 37 del Código de Minas que prohibía a las entidades regionales y locales establecer zonas que quedaran excluidas de la minería. La demanda, interpuesta por Yorman Torres, Miguel Arias, Luis Guillermo Osorio, Juan David Franco y Damián Ramírez jóvenes estudiantes de Derecho de la Universidad de Antioquia y practicantes de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en compañía de la profesora Diana Carolina Sánchez, expresaron que este ejercicio jurídico les ha permitido ver el derecho como una herramienta y un instrumento, que a partir de un ejercicio riguroso y argumentado se pueden lograr cambios para la realidad social de los territorios; además que conciben, desde una visión sociopolítica del derecho, formas en que se puede intervenir sobre problemáticas de interés general y de alto impacto en las comunidades.

El fin del artículo 37: permitido prohibir
Los últimos quince años, donde se ha desarrollo de manera más agresiva y a gran escala la locomotora minera, fueron los años de vigencia de este artículo, que ya había sido demandado en tres oportunidades bajo argumentos como la vulneración a la autonomía de los territorios indígenas, vulneración al principio de concurrencia y vulneración a la autonomía territorial en general. La tarea no fue sencilla ya que se debían presentar nuevos argumentos ante la Corte. Diana Carolina confiesa que no era una tarea fácil elaborar una demanda a este artículo debido a las grandes exigencias de la Corte para aceptar estudiar que debieron plantear una argumentación que permitiera tanto que la corte aceptara la demanda como que fallara de fondo.

En un trabajo de artesanos que duró 12 meses, los estudiantes se fundamentaron en sentencias, salvamentos de voto y diferentes apoyos bibliográficos sustentaron sus argumentos en dos cuestiones: primero, demostraron que el artículo 37 al ocuparse de una distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales, violaba el artículo 151 de la Constitución que exige al Congreso expedir leyes orgánicas en ésta materia y no leyes ordinarias como lo es el Código de Minas. Segundo, demostraron que sobre la revisión de este artículo no había cosa juzgada, es decir, que al presentar nuevos argumentos la Corte se podría pronunciar de fondo sobre la demanda, mucho más, cuando en el trámite de este artículo se configuró un vicio material.

Implicaciones de la decisión
Hasta el momento la Corte no ha proferido la sentencia completa pero al fallar en favor de los demandantes reconoce un argumento central en esta discusión: el ordenamiento territorial es uno sólo y la minería está incluido en él; por ende, son las entidades territoriales quienes tienen la competencia de prohibir qué proyectos afectan y chocan con otros intereses en sus territorios.

También este fallo se constituye en un instrumento jurídico clave para que ciudades –como el caso de Ibagué– y diferentes municipios y departamentos, cuenten con un respaldo normativo en sus luchas y movilizaciones, contando con mayor relevancia en el uso de mecanismos de participación, que como lo manifestó Miguel, “no solamente queda la potestad en el alcalde sino en concejos municipales y en las comunidades que deben reivindicar la iniciativa y consultas populares, y se apropien hacia poder decidir si sus pueblos tienen o no vocación minera”.

Es preciso aclarar que esta decisión de la Corte no hace ninguna modificación sobre la forma como se entregan los títulos mineros, ni cambia las competencias de otros trámites que tengan que ver con las licencias mineras, por lo cual las entidades territoriales quedan facultadas solamente para la prohibición de la minería; esta decisión también complementa anteriores fallos de la Corte frente al tema en el cual venía exigiendo que tanto el gobierno central como los regionales y locales deben acordar medidas necesarias de protección ambiental y de otros usos que se deseen dar al territorio.

Esta decisión también implica nuevos retos para la Clínica Jurídica quien ya formula ideas luego de esta primera experiencia. Alejandra Arismendy, integrante de la nueva cohorte de la Clínica, expresó que se están proponiendo dar a conocer el fallo y comenzar un trabajo con comunidades y entidades territoriales que crean en esta nueva herramienta y generen procesos de empoderamiento y movilización frente a grandes proyectos mineros que afectan la vida y el uso del suelo en sus territorios.

Minería en el postacuerdo
La discusión social sobre la locomotora minera ya está instalada en el debate público. La decisión sobre la minería que toca con la ordenación del territorio y los usos que se darán a sus suelos, tiene una influencia directa con la vida, la economía y la cultura de un territorio, por lo cual merecen de mayor nivel de participación de los mismos moradores y no pueden quedar a merced únicamente de las decisiones centrales.

Las negociaciones en La Habana han puesto el debate sobre la paz territorial, que se traduce en construcción colectiva del territorio y en responsabilidad del Estado por la garantía de los derechos en todo el país; también el actual proceso de movilización de la Minga Campesina, Étnica y Popular reivindica la autonomía y soberanía sobre los territorios propios y las diferentes territorialidades que allí se expresan. Por eso este fallo es un nuevo instrumento que motiva la movilización, la minga, el encuentro, las consultas, la participación, las nuevas ciudadanías. Enhorabuena los estudiantes usaron para este caso el derecho: cuando la protesta crece en Colombia.

El departamento del Tolima ha afrontado una lucha incansable contra la minería, sobre todo ante la inminente posibilidad de la apertura de la Mina LA COLOSA en Cajamarca y la entrega de títulos mineros para explotación de oro en 46 de los 47 municipios del Departamento. Desde que se dieron a conocer estas propuestas de falso desarrollo, año tras año miles de personas, hombres, mujeres, niños y jóvenes se movilizan en defensa de la vida y el territorio.

Con la coordinación de múltiples organizaciones ambientales, políticas, sociales, estudiantiles y religiosas que confluyen en el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, en el año de 2009 se inició una propuesta llena de vida, diversidad, color y lucha por la tierra, el agua y el territorio: “Gran Marcha Carnaval en Defensa de la Vida”, propuesta que solo ha sido posible desarrollar gracias al trabajo de hombres y mujeres que se han encargado de ir a los barrios, colegios y municipios para que los pobladores comprendan la magnitud del daño ecológico, ambiental, político y social que trae la minería para los territorios.

Con el tiempo se ha tornado en un espacio de resistencia lleno de alegría, música, baile y cultura que le hace frente a la muerte, a la destrucción y al modelo extractivista implementado por los gobiernos de turno que responden a un sistema económico global que no cuenta con la opinión de los pueblos históricamente explotados y desarraigados de sus territorios.

Este año se realizó la VIII Marcha Carnaval. La temática de esta gran fiesta por la vida fue la consulta popular de Ibagué. Las cerca de 100 mil personas que se movilizaron gritaron en una sola voz un NO rotundo a la minería contaminante en el Municipio de Ibagué. La universidad del Tolima y las Instituciones educativas pintaron con su alegría las calles de la capital Tolimense luego de haber participado de varios ejercicios preparatorios; uno de ellos se realizó el 2 de junio, en donde con música hip hop en vivo, telas para hacer grafiti y el simulacro de consulta popular, entre la comunidad universitaria se vivía ya el ambiente de carnaval ambiental. En medio del bullicio se acercaron profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad con sus telas y pinturas para comenzar a construir el más creativo pasacalles, la mejor pancarta o tan solo para plasmar su sentir frente a la defensa de la madre tierra.

Con el apoyo del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo quien declaró el 3 de junio como día cívico, se dio la participación masiva de instituciones educativas, públicas, sindicatos, organizaciones sociales, ambientales, culturales, entre otras. También participaron los comités ambientales de los municipios del departamento; algunos como el Municipio del Líbano lo hicieron en el marco de la Minga Nacional Campesina Étnica y Popular, donde 'la mancha naranja', color característico del Congreso de los Pueblos, hizo parte de esta gran fiesta.

La marcha inició de tres puntos de la ciudad de Ibagué, uno de ellos fue Chapetón. Allí se encontraron todos los pobladores del cañón del río Combeima, región afectada por la posible explotación de oro sobre la cuenca de esta importante fuente hídrica y que afectaría a los habitantes de Ibagué. Los otros dos puntos fueron el SENA y la Universidad del Tolima. En cada punto estaban listas las comparsas alusivas a la cultura tolimense, a la defensa de la vida y la biodiversidad de especies, fauna y flora típica del departamento.

Las mujeres en esta ocasión se vistieron de lindas y coloridas aves en busca de la libertad, pero que además representan la diversidad de la madre tierra. Vale la pena mencionar el gran trabajo realizado por los jóvenes artistas estudiantes de la Universidad del Tolima, quienes con la creatividad pusieron su grano de arena en la creación de máscaras y pasacalles bastante llamativos y coloridos. Uno de los aportes culturales más creativos y que pone la energía a la marcha carnaval en los últimos años es la plataforma con el concierto rodante, donde los jóvenes le cantan a la vida e interpretan mensajes que llaman a la defensa del territorio y contra la minería.

En la marcha hizo presencia Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y quien lideró uno de los movimientos más fuertes por los derechos de la Madre Tierra en su país. Alberto expresó su alegría y satisfacción por este río de gente: “es algo majestuoso e incomparable, es imposible no lograr la consulta popular, el llamado que se hace con esta movilización al gobierno y los demás habitantes es contundente, es imposible no entender que el pueblo no quiere minería en su ciudad y departamento. Es tanta la diversidad pero también la tolerancia y la aceptación que veo que hasta el partido Liberal se moviliza, en mi país no pasaría esto”.

El parque Manuel Murillo Toro, punto de llegada, quedó pequeño ante los miles que se movilizaron, la entrada fue triunfante, se sentía el latir de los corazones de todos, y una sensación de alegría, emotividad y energía por continuar defendiendo la vida. Los integrantes del Comité Ambiental dieron la bienvenida al igual que Alberto Acosta, Jorge Robledo, y el Alcalde municipal. Los mensajes fueron enfáticos: “No queremos minería en nuestro territorio, la apuesta es por la vida, la consulta popular es un hecho que se convertirá en un gran ejemplo de participación y decisión del pueblo sobre su territorio”.

Ese mismo día Saldaña desarrolló su “Segunda Marcha Carnaval en defensa del rio Saldaña”. El Municipio del Líbano se manifestó el día 10 de junio en contra de la minería y el proyecto de microcentrales eléctricas sobre el rio Recio. Por esto, los procesos sociales y ambientales ven el 2016 como un año contundente y de gran relevancia, en el que además de verse la oleada de inconformidad y desacuerdo con los proyectos mineroenergéticos, el pueblo tolimense decidirá sobre su futuro.

La casa retumba

8,2 kilómetros es lo que la concesión Túnel Aburrá-Oriente debe romper de la montaña para unir el Valle de San Nicolás con el Valle de Aburrá, solo para que los viajeros ahorren entre 18 y 20 minutos. Pero estos minutos parecen ser más importantes que los cientos de árboles que serían talados, y el riesgo que correría la fauna y la flora, con especies únicas y escasas, según explica la Corporación Penca de Sábila. Encima de todo, el agua de la que bebe y vive el corregimiento de Santa Elena se puede ir literalmente por el Túnel, dejando a los habitantes secos y amenazando la principal actividad del corregimiento: la floricultura.

Sobre el daño ambiental provocado por los trabajos que se han realizado se ha escrito bastante, pero realmente se ha contado poco sobre el daño que está generando a los habitantes cercanos. Para la comunidad vecina al Túnel de Oriente y para las organizaciones ambientalistas este proyecto no es necesario, pues ya existen cinco vías para ir desde Medellín hasta el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, vías que al parecer son ineficientes en el diseño y en el mantenimiento, porque de lo contrario no necesitarían otro acceso para poder unir los dos Valles.

Una de esas vías es la de Santa Elena que conecta el corregimiento desde la carrera 48 Ayacucho en el centro de Medellín, una carretera estrecha y con curvas parecidas a las que salen en los video juegos de carreras automovilísticas; a sus costados hay casas sencillas, y una que otra finca con familias que se han levantado en la tranquilidad que les da el campo y la facilidad que les da la cercanía a la ciudad. Sus únicas preocupaciones por algunos años era la guerra que había entre las bandas delincuenciales del barrio 8 de Marzo y los de La Sierra, que en ocasiones se iban por la vía para meterse al barrio vecino.

Pero desde hace algunos años eso quedó en el pasado, vivían tranquilos; las balaceras que solían oír a algunos kilómetros, los petardos y el ladrido de los perros en la noche quedaron atrás; hasta que la Concesión Túnel de Oriente empezó a escavar la montaña, a reventarla con explosiones de dinamita, que los despierta a cualquier hora de la madrugada.

–Eso lo pueden detonar a las 10 de la noche, o a las 3 de la mañana, no hay hora fija–, asegura Rodrigo Tabares habitante de la zona quien nació y se crió cerca a la vereda Media Luna y levantó a sus hijos. El hombre de altura media y barba rasurada muestra cómo el techo de su casa, donde también queda su tienda, le ha ido abriendo paso a la luz y a la lluvia con cada explosión que hacen a menos de un kilómetro. Don Rodrigo, al igual que los otros vecinos, ha hablado con representantes de la concesión pero sus respuestas son evasivas y mentirosas, según cuenta.

—Ellos dicen que las tejas se han corrido porque los carros que pasan por la vía van moviendo la tierra y así van sacudiendo los muros y el techo se corre, y que por ese mismo motivo se han generado las grietas en los muros­–. Dice mientras pone algunas papas rellenas a calentar para un cliente y saca unos refrescos de la nevera. Él sabe que en más de 30 años que ha estado en esa casa los daños por deterioro del tiempo no se presentaban así de un momento a otro y menos en el techo.

Aunque su rostro muestra a un hombre tranquilo y paciente, cuando habla sobre la actitud de los ingenieros de la concesión sobre los reclamos de la comunidad su ceño fruncido delata la molestia y el enojo por la situación. –Para ellos todos los daños en las casas, la contaminación del agua y la muerte de algunos animales son culpa de otros. Del tránsito en la vía, de la sequía, de los dueños, pero no de ellos–. Asegura sentado en una banca de madera a unos metros de la vía, y justo al frente de una calle que permite la integración de las volquetas que salen de la obra para la carretera de Santa Elena, vehículos que por su peso y tamaño tienen prohibido circular por esa zona.

Más abajo yendo al centro de Medellín, una familia que cría conejos ha perdido más de 10 camadas con las detonaciones, pues los conejos se estresan por el ruido y abortan. Los gazapos o crías de conejos que logra nacer, son aturdidos por las explosiones.

Juan David Ramírez vive hace dos años en la zona y es quien está más pendiente de los conejos. Mientras nos muestra las jaulas grandes de los conejos nos dice:
–El 25 de abril nos levantamos y encontramos varios conejos muertos, hasta los grandes han muerto. No hay razón porque ellos tienen comida, agua, los habíamos inyectado y todo. Y esa noche habían hecho explosiones–.

Juan David asegura que llevó las fotos a los ingenieros y se hicieron los de oídos sordos. Cuando se enteraron que se había deshecho de las crías, lo buscaron para decirle que le enseñara los animales para hacerles un estudio y él les dijo que ya no los tenía y con eso se lavaron las manos.

Juan David también nos enseña los tanques en los que tenían agua y afirma que cuando hay detonaciones se ensucian y huele a pólvora. Ingresamos a la casa, una parte que remodelaron para estar más seguros, pues la casa vieja se convirtió en un peligro para los habitantes, particularmente, para los más pequeños. Los perros también sufren con las explosiones inesperadas, –cuando eso explota los perros se ponen inquietos, con miedo y nos toca levantarnos para que ellos se tranquilicen–, dice Juan David.

Ellos son solo dos familias de las afectadas con este proyecto que para Javier Márquez, funcionario de la corporación Penca de Sábila, es un negocio financiado con dineros públicos para beneficio de los privados; es en suma un proyecto ilegal, realizado en contra de la voluntad de la comunidad, que por cierto tendrá que pagar por él dos veces: una por la valorización de sus propiedades y dos por los peajes que deberán cancelar si quieren transitar por donde antes caminaban libremente. Solo carros particulares circularían, pues hasta el momento no se habla de un sistema de transporte masivo para unir los valles; solo se sabe del Túnel y sus peajes.

Las casas retumbarán tal vez hasta el año 2018, fecha en la que se espera que se entregue la obra. Mientras tanto ellos duermen con la certeza de que su sueño será interrumpido, ya no por los grupos delincuenciales que se peleaban un territorio, sino por las concesiones que se quedaron con la montaña, la privatizaron, la tallaron y la talaron para el
negocio.

En octubre de 2010 los gobernadores de los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle firmaron un acuerdo de voluntades para impulsar el llamado “Plan Pazcífico”. Propuesta que en sus palabras se constituye en una “estrategia regional para la integración que tiene como propósito fundamental el cierre de brechas socio-económicas existentes en la región y la reducción de las asimetrías entre los departamentos”.

Un propósito que en su enunciación resulta loable y a quien nadie sensato podría oponerse, pues se reconoce que la nación tienen una deuda histórica con esta región. A su vez, plantean que la subregión del pacífico presenta los mayores niveles de pobreza e indigencia y los menores en cobertura educativa y servicios públicos. En conclusión, identifican que la situación de pobreza y desigualdad que ha caracterizado a esta región se constituye en un gran obstáculo para el “desarrollo”, concepto seriamente cuestionado por las comunidades organizadas y las ancestrales que consideran al planeta como algo finito que se agota y que se está depredando de forma irreversible, y en cambio, consideran más apropiado construir conceptos como “Buen Vivir” o Vida Digna, que involucran más su apuesta por la vida de la humanidad y el planeta.

Aún cuando la enunciación pareciera resultar coherente y defendible, deberíamos reservarnos el derecho a la duda. Al profundizar en el estudio de plan: su diagnóstico, sus componentes, los presupuestos destinados para cada rubro, los reparos comienzan a salir a flote. El plan realiza un diagnóstico de los problemas de la región, identificando las causas u obstáculos que a su modo de ver impiden el “desarrollo”: la desarticulación regional, el modelo económico extractivista y excluyente, las bajas capacidades político institucionales y el uso inadecuado de los recursos, todos estos aparecen como los factores que limitan la posibilidad de alcanzar dicho estado.

Con respecto a la desarticulación regional, resalta las asimetrías entre las regiones andinas y pacífica, al igual que con el resto del país. Sin indagar sobre las causas, los actores y la historia que configuraron esta situación de profunda desigualdad. No mencionan que algunos sectores de la economía regional funcionan como un enclave en medio de un mar de pobreza y marginalidad; véase el caso de la Sociedad Portuariaria de Buenaventura y los nuevos terminales marítimos: Agua Dulce, Tcbuen, Cemas y Grupo Portuario.

Tampoco plantea que otros sectores, con poderosos vínculos políticos y económicos, han logrado inmensas fortunas estableciendo poderosos carteles que restringen la competencia, que evitan las importaciones y se lucran irregularmente de subsidios estatales y que han realizado un robo continuado al bolsillo de los consumidores de todo el país, como el caso del cartel del azúcar.

En este sentido, la desigualdad y la consecuente asimetría que esta genera, aparece como un problema si se quiere técnico o producto de la falta de visión de la sociedad, pero no como un producto de relaciones económicas históricas de explotación y saqueo, y de valores culturales elitistas, que pretenden desconocer la existencia de otros sujetos y actores que habitan el territorio, entre ellos: comunidades afros, indígenas y campesinas.

Con respecto a sus componentes, en primer lugar se encuentra lo que han llamado “vías e infraestructura para la conectividad e integración regional” y la “energía para la autosuficiencia energética de la región y el país”, es decir, las condiciones necesarias para fortalecer un modelo de flujo de mercancías y de extracción de la riqueza natural y en un segundo plano, una serie de enunciados como: calidad educativa, agua potable, acceso a servicios de salud, desarrollo rural, entre otros; que tiene el propósito de generar la ilusión de acabar con los siglos de marginación que ha tenido esta región.

Sin embargo, la ilusión se desvanece al conocer en detalle las inversiones proyectadas y en ejecución en este plan. Según El Tiempo.com del 20 de enero de 2015, se tiene presupuestado 2.2 billones de pesos en la doble calzada Buga – Buenaventura, 947 mil millones en la vía Mulaló - Loboguerrero, 1.2 billones en la doble calzada Santander – Popayán, solo por mencionar algunos casos entre una larga lista de proyectos viales. A estas gigantescas inversiones públicas, que pagamos todos los contribuyentes, se corresponden importantes inversiones privadas en la construcción y ampliación de las terminales marítimas del puerto de Buenaventura, con la claridad, eso sí, que las utilidades no serán socializadas.

No obstante, los autores del plan son consientes que se requiere realizar algunas inversiones de tipo “social” para garantizar algún asomo de legitimidad. Por lo cual, plantean una serie de obras y acciones que más adelante quedarían plasmadas en el llamado plan “Todos Somos Pacífico”, que recibió el visto bueno del departamento de Planeación (CONPES 3847). En este proyectan la realización de obras de mejoramiento en acueducto, alcantarillado, saneamiento básico, entre otros servicios públicos, por valor cercano a los 641 millones de pesos, compárese esta cifra con las inversiones en infraestructura, en municipios como Buenaventura, Tumaco y Guapi.

Situación que se convierte en un chantaje, plantea, para las que comunidades puedan acceder a las más elementales condiciones de vida, como son el acceso al agua y a condiciones mínimas de salubridad, deben financiar y respaldar los negocios de los más poderosos. Eso sí, sin aspirar a recibir nada de los cuantiosos beneficios que estos generarán.

Cobra justificación, en la región sur occidental, el renacer de protestas sociales como la adelantada en todos sus departamentos, en especial la que se mantuvo sobre la Vía Panamericana por la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular; que plantea un justo reclamo frente a las innumerables promesas incumplidas por todos los gobiernos y un escepticismo justificado ante un mal llamado posconflicto, que corre un altísimo riesgo de profundizar el modelo de saqueo y explotación imperante, y que continúe alimentando y creando nuevos conflictos.

Un mapa realizado por la Organización de Naciones Unidas señaló 29 puntos de la geografía nacional en donde los campesinos, las comunidades negras y los indígenas se concentraron o bloquearon las carreteras durante la Minga Nacional que convocó la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. El mapa no era tan preciso, ya que le faltaban 13 puntos en el territorio del Centro Oriente colombiano; en los departamentos de Arauca, Casanare, Boyacá y Santander, que incluían el bloqueo de dos campos petroleros, una estación de bombeo y una de gas, y había más de 8.500 campesinos, afros e indígenas. También faltaba otro en Antioquia que se traslado por razones de seguridad de Tarazá a Porcesito.

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