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Una viajera poco común arribó al aeropuerto El Dorado de Bogotá con su compañera Gina Dent el domingo 12 de septiembre a las 3pm. Una mujer afrodescendiente, proveniente de Estados Unidos, en cuyos antecedentes está el haber pasado por la cárcel, el haber militado en las panteras negras y el partido comunista estadounidense en plena guerra fría y el haberse unido a movilizaciones feministas y antirracistas desencadenaron desconfianza y miedo en el ambiente del aeropuerto. Las autoridades colombianas prevenidas, tal como Ronald Reagan hace más de 30 años al haberle prohibido la entrada a las Universidades de California, enviaron perros a la misión de oler sus maletas en el aeropuerto y posteriormente en el hotel, lo cual ha de producir una particular reflexión en la viajera.

El pasado domingo 15 de agosto, día de mercado, el ejército asesinó a un joven campesino en el casco urbano del municipio de El Tarra y después un soldado pretendió ponerle al lado una pistola. La reacción de los campesinos no estaba prevista por los uniformados: los disturbios duraron varios días, pero los medios de comunicación desatendieron lo que allí ocurría; a lo sumo RCN informó que las Farc estaban destruyendo el pueblo, con lo cual no solo ocultó lo que había pasado sino que desconoció una historia larga del conflicto armado que ha azotado la región del Catatumbo y aterrorizado a su población.

 

Es cruel lo que se caracteriza por su índole insufrible y excesivo; inhumano, lo que revela falta de sensibilidad; degradante, lo que rebaja, humilla, y envilece. Todo lo cruel es inhumano y todo lo inhumano resulta degradante.

Néstor Moya Gutiérrez, actualmente recluido en una  cárcel de máxima seguridad, hace 10 años cometió el peor error de su vida. Se atrevió a referirse con palabras de grueso calibre al temido paramilitar el mono  Veloza, o alias HH, quien era el que controlaba toda la zona del Urabá. Era lo único que Néstor podía hacer, después de haber visto a su hijo asesinado por orden del señor HH el 31 de diciembre de 1995.

En la comuna San José de Manizales, un sector con cerca de 28 mil habitantes empobrecidos, el gobierno nacional, de la mano de la administración municipal, viene ejecutando un macroproyecto al cual podríamos denominar terremoto urbanístico. En líneas gruesas, el proyecto busca tumbar 233 manzanas, unas 2660 casas que actualmente ocupan personas de estrato 1, 2 (92%) y 3 (8%), para edificar allí un par vial de 3 carriles, construir centros comerciales, edificar la “ciudadela de la justicia”, construir un megacolegio, cerca de 250 edificios multifamiliares para apartamentos de 42mts2 y un Call center, entre otras construcciones. El proyecto está valorado, según la alcaldía de Manizales, en $630 mil millones, que se destinarán a la transformación completa de esta comunidad.

 

La estrategia de agresión consistente en la judicialización de personas (detenciones masivas y selectivas de dirigentes sociales, comerciantes, políticos y pobladores en general), ha sido de las más utilizadas en los últimos 7 años, principalmente en el departamento de Arauca; con él se criminaliza la protesta social, se persigue a la oposición, se penaliza el pensamiento crítico o diferente y se pretende desarticular el tejido social que históricamente han construido las comunidades.

Un encuentro con HH

Apartes de la última entrevista a Ever Veloza alias H.H (comandante del bloque Bananero y Calima de las AUC), para el programa People & Power del canal Al-Jazeera, antes de su extradición a los E.U.

 

En febrero del año 2009, recibí una llamada; era una mujer al otro lado de la línea hablándome en un inglés un poco confuso. Dijo llamarse Juliana Ruhufus y trabajar para el canal de televisión Al-Jazeera con sede en Londres*. Buscaba a alguien que pudiera acompañarla a la región de Urabá para hacer un reportaje sobre el caso de la bananera norteamericana Chiquita Brands, antes United Fruit Company, por sus vínculos con grupos de autodefensas en esa región bananera y el uso de instalaciones de la compañía y sus barcos para ingresar armas al país para los mismos.
Nos encontramos en el hotel Nutibara de la ciudad de Medellín esa noche, y me precisaron los puntos de mi labor. Consistían básicamente en servir de intérprete entre los idiomas inglés- español y viceversa, pero también hacer el trabajo de asistente de producción, una de las labores más difíciles en una filmación, pues esta persona deberá tener todo bajo control, desde las citas para entrevistas hasta la comida para el equipo.

Así conocí casos muy desgarradores y tristes de la historia reciente de este país. Mujeres relatando el asesinato de su padres, esposos,  familiares, hijos o hijas a manos del bloque Bananero de las AUC, bajo las órdenes de Ever Veloza, conocido en la región de Urabá como H.H o Hernán Hernández o el Mono Veloza; éste, a su vez, estaba bajo el mando de Carlos Castaño, máximo jefe militar de las autodefensas paramilitares en Colombia.

Recorrimos algunas fincas bananeras, e incluso acompañamos una diligencia de exhumación de un hombre en una fosa común por parte de la fiscalía general de la nación. Por cierto, el hecho me lleva a recordar la inoperancia de los servicios de seguridad en este país. La fiscalía llegó a esta fosa por información de la esposa de la persona exhumada, quien necesitó 10 años para que en lenguaje colombiano, “le pararan bolas a su denuncia”. Fue cruel también saber que esta persona no fue asesinada por tener inclinaciones políticamente incorrectas, ni fue un auxiliador paramilitar ejecutado por los mandatos de algún jefe intermedio. Esta persona fue desaparecida porque un paramilitar de base se enamoró de una mujer casada y para liberarla de su yugo nupcial decidió asesinar al esposo. Cabe resaltar que la investigación seguida por esta mujer reveló la ejecución de este paramilitar en el ajuste de cuentas al momento de la reinserción de estos grupos en 2002. Es decir, nadie a quien juzgar.

De regreso a Medellín, nos esperaba el premio mayor, el pez gordo por aquella época, H.H. En un acto de contrición propia, este personaje andaba denunciando a políticos y militares por sus vínculos con el proyecto paramilitar de este país, vociferando airadamente en los medios masivos que había sido engañado por Carlos Castaño creyendo hacer un bien para el país.

Después de muchas preguntas de fiscales, policías y el INPEC, obtuvimos 10 minutos de entrevista, mejor 20, contando el tiempo de desobediencia periodística. Así comienzan las últimas palabras de Ever Veloza, jefe de Bloque Bananero y Calima de la AUC, a un medio de comunicación antes de su extradición por narcotráfico al gran país de la libertad... E.U. (el programa completo se encuentra en http://www.youtube.com/watch?v=ONCTOiKT42U&feature=channel_page)
H.H empezó reconociendo que las verdaderas causas de esta guerra no fueron luchar contra la guerrilla y que realmente fueron unos pocos los que se lucraron de ella, y no precisamente los combatientes. “El mejor ejemplo es Urabá- dice H.H-; el objetivo era ayudar a la región, y en este momento los dueños de la región son los paramilitares con la complicidad de las autoridades”.

Según H.H, cuando incursionaron en Urabá, el blanco militar era la guerrilla que operaba en la zona, pero reconoce que muchas víctimas nada tenían que ver con la guerrilla. Por otra parte, allí se implementó el cobro de impuesto al narcotráfico. “Algo que Pablo Escobar no pudo hacer- insiste el jefe del Bloque Bananero-, los Castaño si lo lograron: cobrarle impuesto a todos los narcotraficantes que tenían rutas por el Urabá. Esto fue utilizado como instrumento militar por los Castaño para financiar su guerra”.

H.H también reconoce que había intereses económicos en todas las zonas donde hubo paramilitarismo, y que fueron otros los que se lucraron de ese beneficio. “Por eso quiero decir la verdad- insiste-, y que esos políticos que se lucraron de toda esa sangre paguen por sus crímenes también, y reparen a las víctimas. Es que nosotros, las AUC, no llegamos porque sí; llegamos por pedido expreso de los dueños de las haciendas bananeras, y ellos fueron los que se beneficiaron económicamente”.

Así nos adentramos en los vericuetos de la relación entre empresarios, políticos, militares y paramilitares, a través del relato de un hombre que tenía por qué conocer la situación. “Fue a principios de 1995 que llegamos, porque los empleados de las fincas bananeras estaban agremiados y hacían paros regularmente apoyados por el EPL, y porque habían ganado demasiadas prebendas, como horarios más cortos, salud, educación y vivienda, que debían pagar los dueños de las fincas”.

Desde que llegó el Bloque Bananero no se presentaron más paros y los trabajadores perdieron todos sus logros como agremiación. Entre tanto, a los empresarios les iba cada vez mejor. “Y es que antes de las AUC, las tierras en Urabá valían cincuenta mil pesos por hectárea y hoy valen treinta millones; fue por eso que los hacendados pagaron voluntariamente para que las autodefensas estuviéramos en la región.

Después, entre el 97 y el 98, las autodefensas crecieron, llegaban muchos personajes a entrevistarse  con los Castaño, en su mayoría políticos, la mayoría de las veces en la finca 21, otras en la finca Villanueva y el Tomate. Allí fueron las cumbres de las AUC, todas en tierras de los Castaño. Si el Estado colombiano hubiera tenido la voluntad de atrapar a los Castaño lo hubiera hecho desde el 97, pues ellos vivían a 15 minutos de un batallón del ejército, y de un puesto de policía”.

Por otro lado, el arreglo con la Chiquita era simple, según lo relata H.H: limpiar de sindicalistas y de gremios que hacían paros. “Nosotros asesinamos aproximadamente 70 sindicalistas de Sintrainagro. ¿Cuánto pagó Chiquita? No estoy seguro; ellos han reconocido pagos por U$ 10.000...” Y en relación con los militares, H.H reconoce que las AUC y el ejército patrullaban juntos en la zona. Era el ejército precisamente el que les pasaba información de inteligencia. “Incluso- reconoce H.H- yo llegué a entrar varias veces a un batallón en uniforme, en una camioneta civil, por presuntos guerrilleros, los cuales luego ejecutábamos. También recuerdo que San José de Apartadó, iba a ser un falso positivo... aunque nosotros y el ejército los realizábamos desde el 95”

Quedará para la historia saber por qué cuando Ever Veloza estaba diciendo todo esto fue extraditado “al país de la leyes y el orden”.

El pasado 7 de abril de 2010, en horas de la tarde, luego de haber terminado el corte dentro de una mina artesanal – La Balanta – a orillas del río Ovejas, fueron masacrados ocho mineros. El hecho se presentó en el paraje conocido como El Hato Santa Marta, municipio de Suárez, ubicado en el noroccidente del departamento del Cauca. Esta es una región rica en minerales preciosos codiciados por las multinacionales como Anglogold Ashanti y Cosigo Resources; también es un paraíso paisajístico para la inversión de Smurfit Kappa - Cartón de Colombia, y una despensa de energía para la Unión Fenosa, hoy Colinversiones, del Grupo Empresarial Antioqueño- GEA que la adquirió en una oferta pública de adquisición por una gran suma de dinero.

 

A inicios del pasado mes de enero fue noticia para los grandes medios des-informativos, la cabalgata emprendida por los altos representantes demócratas del Congreso de los EEUU, hacia la hacienda “EL UBÉRRIMO”, del Presidente Álvaro Uribe Vélez. Con la visita de los facinerosos gringos a la hacienda del Presidente se plasma una vez más su estrecha relación con el narco paramilitarismo, y de la manifiesta presencia de altos delegados del gobierno de los Estados Unidos se interpreta que dentro de sus agendas está como prioridad el seguir alimentando y financiando el conflicto colombiano a través de la lógica militar.

 

Esta finquita, a cinco minutos de Montería, y en donde el jefe de Estado se interna para hacerse acompañar de algunos peones y nobles funcionarios, ha sido testigo de macabros acontecimientos: por allí han circulado oscuros personajes de la ganadería, grandes empresarios, y políticos colombianos comprometidos hasta el tuétano en la estrategia narco-paramilitar que ha diseñado el Estado contra las mayorías nacionales, siendo uno de sus aventajados estrategas Uribe Vélez. Hay que resaltar que fue en el departamento de Córdoba donde se establecieron y reorganizaron los grupos paramilitares en las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia-AUC, las cuales emprendieron una guerra sin tregua contra la población civil y no sólo han participado en masacres contra la población indefensa, sino que, además, son las artífices del 80% del desplazamiento forzado en Colombia, convirtiéndose, a punta de amenazas, en los nuevos mega-terratenientes.

EL paramilitarismo se está reeditando
Durante el periodo 2003-2006, el Gobierno adoptó un proceso de “supuesta desmovilización” de cerca de 40 grupos terroristas que integraban la mafiosa coalición de las AUC (Autodefensas unidas de Colombia). Según la propia voz de los asesores del proceso, éste fue todo un éxito, ya que 30.000 personas que participaron en la “Desmovilización” se comprometieron a no seguir delinquiendo, y a sumarse a los benéficos programas presidenciales de empleo y capacitación. Desde ese entonces, tanto los voceros de este gobierno, como los altos mandos de las Fuerzas Militares vienen reiterando que ya no hay paramilitarismo en Colombia.               
Sin embargo, Human Righs Watch (HRW), en su más reciente publicación de febrero de 2010 titulada: “Herederos de los Paramilitares: La nueva cara de la violencia en Colombia”, demuestra que la mayoría de individuos que participaron en los actos protocolarios de las ceremonias de “Desmovilización” fueron absueltos por la participación en estos grupos, y nunca fueron investigados por otros delitos atroces contra la población civil. Además, HRW deja en claro que los antiguos bloques paramilitares se están reorganizando dentro de un proceso de reingeniería. Este informe es el resultado de 2 años de investigación de campo en Colombia, en donde se entrevistó a las mismas víctimas, a los paramilitares desmovilizados, miembros de la fuerza pública, y organizaciones no gubernamentales en Sincelejo, Barranquilla, Pasto, Tumaco, Cúcuta, Barrancabermeja, Bucaramanga, Medellín, Bogotá, Villavicencio, Puerto Rico (Meta), y de las Zonas Humanitarias de Curvaradó y Andalucía en Chocó.            

En dicho estudio, Human Righs referencia, entre otros aspectos, que durante la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en el año 2003, las fuerzas paramilitares reclutaban solo hombres jóvenes con el objetivo de que participaran en dichos actos de “Desmovilización”, prometiéndoles generosos beneficios. Las denuncias eran tan públicas que el mismo Luis Carlos Restrepo (Alto Comisionado para la Paz en dicha época) señalaba en ese momento que: “Nos revolvieron delincuentes callejeros 48 horas antes de la desmovilización, y nos los metieron en el paquete de los desmovilizados”. De igual forma un desmovilizado del Norte de Santander narra cómo en la desmovilización del Bloque Catatumbo hubo personas que nunca pertenecieron a dicho grupo, pero que se desmovilizaban buscando un beneficio.

MacFarland, Investigadora de HRW para Colombia, afirma que estos “nuevos grupos” armados, a los cuales el gobierno insiste en llamar pequeñas bandas emergentes, están compuestos por lugartenientes paramilitares que nunca se desmovilizaron, paramilitares que se desmovilizaron, y jóvenes que están siendo reclutados (incluyendo adolecentes). Para la investigadora de HRW tales grupos están operando de la misma forma que lo hacían antes las Autodefensas – AUC.

Dicha publicación muestra, además, que estos grupos poseen nombres como “Los Paisas”, “los Rastrojos”, “los Urabaeños”, “El Grupo Magdalena Medio”, “los Nueva Generación” y los conocidos “Águilas Negras”. Este último, muy probablemente con el nombre del Bloque Metropolitano Nueva Generación, fue el que el año pasado presentó su apoyo y respaldo político al cuestionado Rector de la Universidad Industrial de Santander, Jaime Alberto Camacho Pico, el mismo que fue reelegido por parte del Gobierno Nacional para el periodo 20009-2012. También fue este grupo quien, a través de un panfleto, amenazó y declaró objetivo militar a 44 miembros de la Comunidad universitaria, el 16 de febrero de 2009.

Asimismo, del estudio de HRW se desprende que el actual gobierno de Álvaro Uribe no ha hecho nada para prevenir los posibles vínculos entre los agentes del estado y estos nuevos grupos sucesores del paramilitarismo; y que no se están asignando a tiempo los fondos suficientes para activar medidas de protección como el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, para proteger a la población frente a esta inminente amenaza por parte de dichos grupos armados. Estos grupos, para el mes de Julio de 2009, hacían presencia en al menos 173 municipios de 24 departamentos del país, con más de 10.000 hombres que podrían ya estar reclutados.
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Finalmente, no hay que ser un especialista para saber que las próximas víctimas de estos grupos serán los sectores vulnerables que huelan a oposición política: estudiantes, maestros, líderes sociales, campesinos, indígenas, periodistas, etc. En fin, todos aquellos que se opongan al actual régimen o al que lo suceda, que  seguirán trabajando y trabajando para reencauchar el ADN paramilitar de sus cuadros políticos, elegidos en el nuevo Congreso de la República, y así garantizar la continuidad de su Estado narco de opinión.

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