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Homenaje 44

Aprovechando nuestra corta estadía en Panamá, conversamos con el doctor José Luís Vaquedano Hernández, fiscal de la confederación sindical de la CUT, candidato a diputado y uno de los líderes más reconocidos del Frente de Resistencia contra el golpe de Estado en Honduras. Con él pudimos hacer un breve bosquejo de lo que es la situación de Honduras hoy, dos meses después del golpe de estado contra el presidente elegido constitucionalmente, Manuel Zelaya; pero también conocimos algo del contexto que rodeó dicho golpe.

 

La derecha latinoamericana y colombiana siempre se ha caracterizado por su brutalidad y su ignorancia, la cual se manifiesta tanto en sus acciones como en el lenguaje que emplea para justificarlas. Ese lenguaje se usa como una cortina de humo para desfigurar conscientemente la realidad e impedir la comprensión de la misma de manera crítica, y para convertir a la gente en un rebaño sumiso e indolente, como lo vemos hoy en nuestro país, así como para justificar la desigualdad, la miseria y la violencia. En Colombia, el proyecto traqueto (gansteril) y de extrema derecha que se ha impuesto a sangre y fuego ha recurrido a lo que considera una “novedosa” utilización del lenguaje, un intento que no es ni mucho menos original, si recordamos experiencias similares en la Alemania nazi, en la Italia fascista o en las dictaduras de Pinochet en Chile y Videla en Argentina.

 

El lenguaje del uribismo está formado por oximorones, es decir, por términos en sí mismo contradictorios, algo así como afirmar la claridad de la oscuridad, o el calor de la nieve o la sequedad del agua. En ese sentido, tal vez el oximoron más notable ha consistido en afirmar, por boca del mismo AUV, que se va a construir una carretera ecológica en el Tapón del Darién, en plena selva pacífica, para completar la vía Panamericana. Sobran comentarios a tan grandioso descubrimiento, cuando hasta la persona dotada del más elemental sentido común entiende que una carretera es lo más antiecológico que existe.

Ese lenguaje también acude al uso de términos que originalmente tienen otro sentido, que ahora ha sido totalmente transformado, cuando se habla, para citar algunos casos, de “Revolución educativa” para caracterizar la brutalización completa del pueblo colombiano, de “migrantes” para denominar a los cuatro millones de desplazados, de “acuerdos de paz” para legitimar la legalización de bandas narcoparamilitares, o de “contratistas” para referirse a los mercenarios gringos.

De la misma manera, el lenguaje del régimen suele banalizar hechos de una gravedad extrema usando eufemismos, o sea diciendo mentiras, como cuando se acuña la noción de falsos positivos para referirse a los crímenes cometidos contra gente indefensa o, en aplicación del lenguaje imperialista de Washington, se habla de “ubicaciones de cooperación en seguridad” para denominar a las bases militares en suelo nacional.

Igualmente, la imposición de este tipo de lenguaje corre paralela con la prohibición de palabras consideradas impronunciables por el régimen, como sucede con reforma agraria, conflicto armado, insurgencia, movimientos guerrilleros, desigualdad, las cuales han sido erradicadas del lenguaje cotidiano en los últimos siete años.

Con relación al lenguaje uribista, deben destacarse dos términos que en las últimas semanas han adquirido gran relieve: “estado de opinión” y “soberanía nacional”. En cuanto al primero se dice, en lo que los aduladores del régimen consideran un extraordinario desarrollo teórico, que es “la etapa superior del estado de derecho”, para justificar todas las tropelías y maniobras fraudulentas que se han cometido para aprobar las reelecciones, bajo el pretexto que el eterno candidato-presidente es aclamado por el pueblo, por la vía de manipuladas encuestas de opinión y mentiras mediáticas, y que éste quiere mantenerlo en el poder en forma permanente. Sin embargo, sobre el pretendido “estado de opinión” hay un hecho reciente que lo ha puesto en aprietos: la cumbre de UNASUR.

En efecto, si el régimen uribista reclama el “estado de opinión” para hacer lo que se le venga en gana en el país, por qué no lo aplica en América Latina, donde la mayor parte de los países ha condenado la instalación de bases militares de los Estados Unidos. Ahí si ni se menciona el tan mentado “estado de opinión”, con lo cual se desconoce la convicción dominante en más de 10 países de Sudamérica sobre lo inconveniente que resulta la presencia de soldados y mercenarios de los Estados Unidos en nuestro mancillado suelo. Esta opinión de las mayorías latinoamericanas es hecha a un lado, e incluso se le calumnia y vilipendia por los plumíferos del régimen uribista, acudiendo a otra noción muy mencionada en estos días en Colombia: la soberanía nacional.

Y con el uso de este término son todavía más evidentes los abusos del lenguaje por parte de la extrema derecha y sus áulicos de prensa, que han escrito mares de tinta o han esparcido mucha verborrea para justificar la imposición de las bases militares de los Estados Unidos en Colombia a nombre de la soberanía nacional. Este puede considerarse como el oximoron mayor, puesto que es muy difícil encontrar una contradicción tan flagrante en los términos y, por supuesto, en la realidad. Porque lo que resulta notable radica en que se reivindique la soberanía nacional contra los países vecinos a nombre de entregarla en bandeja de plata y en forma indigna a los Estados Unidos. En esta lógica de pervertir el lenguaje hasta límites inconcebibles se han visto muchos descaros en estos días, entre los que pueden mencionarse algunos casos, a manera de ejemplos:

-Se ha acusado al gobierno de Venezuela de violar la soberanía colombiana por su rechazo a la implantación de las bases militares, cuando quien violenta la soberanía y dignidad, no sólo de Venezuela sino de todo el continente, es el ilegal régimen uribista no sólo por las bases mismas, sino por todas las agresiones cometidas en los últimos años, entre las que sobresale el secuestro de connacionales en territorio venezolano por parte de fuerzas represivas del estado colombiano.
-La organización de marchas pretendidamente mundiales, con la participación de la CIA, vía Facebook, y adictos incondicionales del uribismo para agitar la consigna “No más Chávez”, a la par que se piden más gringos, más dependencia, más armas, más bombarderos y más bases. No por azar en esa vergonzosa marcha, por fortuna un ridículo fracaso, desfilaron por las calles de Bogotá unos cuantos “niños bien” con banderas de los Estados Unidos y algunos entre ellos enarbolaban la esvástica nazi. Es bueno recordar sobre este mismo asunto que en Tegucigalpa se realizó una marcha antichavista, encabezada nada más ni nada menos, por si hubiera dudas sobre el verdadero sentido de este proyecto antilatinoamericano, que por el dictador ilegal de turno, Gorileti.
-Las cínicas declaraciones del virrey que manda en este país y que oficia como Embajador de Estados Unidos, William Brownflied, en las que sin aspavientos sostiene que no ve razones justificadas para que se haga tanto escándalo por los delitos cometidos por soldados de los Estados Unidos en territorio colombiano, si solo se sabe de seis casos de violación de jóvenes de este país por parte de los marines yanquis. Como quien dice, no se quejen por la violación de algunas jóvenes colombianas, puesto que en Iraq y Afganistán los soldados gringos no sólo violan a las mujeres, sino que además las torturan, las matan y filman orgías sangrientas con ellas. Si esas violaciones son poca cosa para Mr Brownflied ¿que diría él si a la que violaran en Colombia fuera a su mujer? ¿Tendría la misma condescendencia con un violador criollo que la que él tiene con los soldados y mercenarios made in USA? Y a propósito ¿dónde queda la violación de la soberanía nacional?

Estos hechos, entre muchos, indican bien la idea de soberanía que tienen las clases dominantes de este país, y que ha ido calando en importantes círculos de la población. Esa idea de “soberanía” se basa en la oposición a todo aquello que intente construir otro tipo de sociedad en los países vecinos, en sabotear cualquier proyecto de integración latinoamericana, en entregar sin tapujos los recursos naturales y energéticos del país, en convertir a Colombia en un paraíso de las multinacionales de los Estados Unidos y de Europa, en hacer de nuestro territorio un portaviones terrestre de las tropas yanquis, en fin, en transformarnos en la práctica en otro estado libre asociado de los Estados Unidos, como Puerto Rico.

Como esto no tiene nada que ver con la soberanía nacional, cuyas características distintivas son la independencia, la autonomía y el respeto a los otros países, nada de lo cual se vive y practica en este régimen traqueto, entonces podemos intuir que ciertos politólogos del IEPRI y la Universidad de los Andes, voceros incondicionales de AUV, deben estar en camino de patentar un nuevo término, que de seguro enriquecerá el lenguaje de la estupidez humana y producirá burlas en todo el mundo, como podría ser el de soberanía colonial. Esta no es otra cosa que el proyecto de los arrodillados y de los abyectos, propio de los cipayos, que a cambio de un autógrafo del mandamás del imperio –en una servilleta, para más señas- están dispuestos a entregar todo un país, con sus riquezas y sus gentes.
Con esta perspectiva, no sería sorprendente que en pocos días el “honorable” Senado de la República de esa finca ganadera llamada Colombia aprobara un proyecto en el que se ordene cambiar el pabellón colombiano por otro en el cual ondeen las barras y las estrellas, convierta al inglés en nuestro idioma oficial, transforme la Plaza de Bolívar (al fin y al cabo, el primer infiltrado de Venezuela en los asuntos internos de esta “soberana” hacienda) en Plaza de George Washington, decida sustituir el ajiaco santafereño o la bandeja paisa como platos nacionales por la hamburguesa y la coca cola como los “emblemas dietéticos” de Colombia y, en fin, disponga la obligación de enseñar la historia de los Estados Unidos en sustitución de nuestra historia y la de América Latina. Todo ello sería la más auténtica y genuina expresión de la soberanía colonial, de la cual el régimen de AUV, que gobierna en forma ilegal a Colombia, es desde ya su más indigno vocero y representante.

El agua potable de USA tiene los días contados, por eso sus misiles apuntan hacia Latinoamérica. Y es que Latinoamérica, como gran potencia de agua dulce a escala mundial, se ha transformado en objetivo mezquino de la política expansionista de USA y, la traición de la oligarquía colombiana plegada sumisamente a los dictados de Washington. El afán mezquino de vivir mejor en detrimento del resto de países sur americanos, los ha confabulado para desencadenar la invasión y recolonización de Latinoamérica, despreciando la vida de otros seres humanos.

Nancy Magaly Paz Benavidez es una mujer de 48 años de edad, a quién le ha tocado vivir situaciones de desplazamiento muy críticas a causa del conflicto que vive el país. Llegó a Potrero Grande procedente del asentamiento de Charco Azul, en donde se destacaba como una líder de la comunidad. No pasó mucho tiempo para que ese mismo reconocimiento se le concediera en su nuevo barrio, pues tan pronto llegó y se enteró de las condiciones adversas del sector, se puso a la tarea, junto con otras personas, de sacar adelante su proyecto de vida político. Fue así como los habitantes del barrio la designaron como Juez de Paz de la comuna 21 de Cali en marzo de 2007.

 

Labores de Jueza en los barrios populares

El barrio Potrero Grande, como cualquier barrio nuevo del país, tiene una gama de problemas sociales como la mezcla que se hace con los habitantes que provienen de sectores diversos con sus culturas, costumbres y hábitos, además de las galladas juveniles, y los problemas políticos como la disputa por el territorio entre los jóvenes y aquellos adultos que desean llegar a la Junta del barrio para trabajar por el bienestar de su comunidad. No falta tampoco la mano dura del Estado representada en la fuerza pública con acciones intimidatorias y represivas.

Las rencillas por el cerco en el antejardín, la desaparición de una gallina, objetos y prendas de vestir dejados en el interior de las viviendas, el no pago de una deuda, altos costos de los servicios públicos, el engaño del Estado frente al costo de las viviendas por concepto de reubicación, son los casos cotidianos de nuestra Juez de Paz de la Comuna 21, la “Dra. Magaly”, como cariñosamente la llaman en su comunidad.

En su liderazgo, acompañada de un puñado de hombres y mujeres que les duele la injusticia y la discriminación, el señalamiento y la estigmatización, han tejido una red de hermandad y solidaridad entre los de abajo, para resistir los embates de los amos del poder, que no son otros que las mismas instituciones del Estado, llámese Presidencia de la República, Secretaría de Vivienda Municipal, Emcali EICE ESP, Catastro Municipal, la Fuerza Pública y personalidades que han pretendido hacer “ochas y panochas” con los sueños de los desposeídos y desamparados. Han realizado marchas hasta el Centro Administrativo Municipal – CAM para obligar al Gerente de Emcali a abrir una mesa de negociación por el tema tarifario, al Alcalde por el tema de excesivos cobros de vivienda, por la no inclusión del barrio en la nomenclatura urbana del municipio, etc.

La cuestión de la vivienda: del engaño oficial al desalojo
toca fondo y conmueve hasta el alma por la actitud de los funcionarios “Contratistas” de la Secretaria de Vivienda Municipal, a través del Fondo de Vivienda, quienes, conocedores de la situación de algunos habitantes a quienes en tiempo atrás ellos mismos les colaboraron para ser beneficiados por el programa piloto de vivienda del gobierno, ahora les tiren la policía encima para sacarlos por la fuerza de sus techos. Son casos muy particulares que a continuación relataremos:
El señor José Ovidio Ramírez recibió en el 2007 las llaves de su vivienda ubicada en el sector 3 manzana 5 predio 2, distinguida con la dirección Calle 125 A No. 28 A1-22 de las manos de la Dra. Amparo Viveros Vargas, Subsecretaria de Programas Básicos y Asociativos de la Secretaría de Vivienda Social del Municipio de Santiago de Cali. El señor Ramírez, como otros, se desempeñaba como vigilante del barrio cuando éste estaba en construcción y por acción de los integrantes de la incipiente Junta de Acción Comunal se logró “beneficiar” con su casa de habitación.

El pasado 6 de Mayo de 2008 se presentó la Dra. Juanita Rodríguez, abogada de la subsecretaría de Programas Básicos, acompañada de un piquete de policía antimotín “ESMAD” en la vivienda del señor Ovidio Ramírez, donde se encontraba una menor de edad. La comunidad al ver la situación de desalojo de su vecino, se apostó alrededor de la vivienda e inició una serie de consignas en contra de la diligencia que se estaba desarrollando. Cuando el Despacho a cargo ordenó la apertura de la puerta se caldearon los ánimos y la respuesta oficial no se hizo esperar: gases lacrimógenos en contra de la vecindad, golpes y contusiones de bolillo a varios residentes del sector.

En ese instante hace su aparición la “Dra. Magaly” y trata de apaciguar los ánimos tanto de la comunidad como de quienes dirigen el operativo de restitución del inmueble; a éstos últimos les sugiere hacer las cosas de manera pacífica y concertada y no de la manera violenta como se estaba ejecutando. Ante la situación crítica y una masa popular enardecida, se toma la decisión de suspender la diligencia y todo volvió a la normalidad en Potrero Grande.

Y así como el caso anterior, se ejecutaron diversos operativos restitutorios de bienes fiscales en el barrio de Potrero Grande en las siguientes direcciones: Calle 124 A No. 28 B 92, Carrera 28 C5 No. 124 A 72, Calle 123 A No. 28 D2 Bis 12 y Calle 123 No. 28 D4 09. En Potrero grande hoy todos se preguntan cómo es que el Gobierno Nacional y Municipal engaña a la población y la ilusiona con una solución de vivienda, si es que a las casas de Potrero Grande se les puede denominar vivienda, y a poco tiempo les arrebata sus sueños y esperanzas. “Vivienda digna no recibimos- cuenta uno de estos engañados-, es una cajita de fósforos lo que nos entregaron, ahí uno no puede tener intimidad, es como para una pareja de recién casados que viven solos, es como si uno estuviera en el patio con los vecinos porque el estornudo se oye en la tercera casa, es una solución estrecha, una salita y comedor, una pieza en el segundo y hasta debajo de la grada me tocó armar una camita”.

Esta es la triste, amarga y cruda realidad, el famoso país de propietarios de que tanto se jacta Álvaro Uribe Vélez en todos sus absurdos consejos comunitarios, no es más que una farsa, una mampara mediática que ilusiona, engaña y distorsiona la política oficial en términos de la vivienda tanto urbana como rural de los colombianos. En términos de dos años a José Ovidio Ramírez y otros el Estado les entregó el bombón, se dio la publicidad del caso, y enredó a millones de colombianos con unas entregas de viviendas que deberían solucionar el drama de miles de colombianos que, a causa del desplazamiento, se han quedado en la calle varados y sin con qué levantar nuevamente su proyecto de vida. Pero les impuso un tren inaguantable de cobros excesivos de servicios públicos, de la misma vivienda para cubrir con las obligaciones con el Fondo de Vivienda, a parte de obligación de construir muros en el patio para asegurar su escaso patrimonio y la integridad de sus familiares.
Nadie se explica muy bien cómo ocurre esto con un bien inmueble entregado bajo el concepto de “Reubicación”, y que por ende no debe haber cobro alguno de la vivienda, máxime si los aportes de las entidades donantes o colaboradoras del proyecto piloto de vivienda junto con el monto del subsidio oficial sumaban la no despreciable cifra de diecinueve millones de pesos, que en últimas es el valor real de un tipo de vivienda como la que se encuentra en el sector de Potrero Grande.

La reubicación obedece a criterios de trasladar a grupos humanos que se encuentran en situación de alto riesgo por diversos factores, más que todo por fenómenos naturales - derrumbes o deslaves, invierno, inundaciones, movimientos telúricos, etc.- y a quienes el Estado les reconoce su condición de morador – tenedor de un terreno en determinada zona suburbana o propietario en “barrios legalizados”, en zonas de ladera por lo general. Entonces se les entrega una casa de habitación a cambio de la otra que debe despojarse, es un trueque entre el asociado y el Estado ante la ausencia de una verdadera política nacional de vivienda.

Respuesta del estado contra la jueza de paz


Ahora los funcionarios que han sido inferiores a su deber y capacidad de actuar, que priorizan el uso de la fuerza por el de la razón, que compiten por los logros y felicitaciones o reconocimientos de sus superiores, le corrieron traslado del accionar “terrorista” de la Jueza de Paz de la Comuna 21, Nancy Magaly Paz, ante el Consejo Seccional de la Judicatura para iniciar un proceso disciplinario y quitarse la piedra del camino. La Magistrada Dra. Carlina Mireya Varela es quien lleva el proceso y no se vislumbra un sendero esperanzador para la “Dra. Magaly”.

El material probatorio es tan confuso y a favor de la presunta implicada, que el mismo Capitán Manuel Pinilla expresa ante la Inspección de Los Mangos: “Primero que todo se debe realizar una reunión previa al desalojo para coordinar la cantidad de personal … y darles una solución ya que hay presencia de menores de edad y adultos mayor, es de anotar que hay que buscar otras posibilidades para conciliar con la comunidad para evitar un problema mayor, ya que una de las funciones de la policía es la prevención social. También se debe buscar la reubicación de las personas a desalojar”. (Diligencia de Desalojo Exp. 4161.2.9.6.045 ante la Inspección Urbana de Policía Primera Categoria de Los Mangos en Mayo 6 de 2009).-

Mientras tanto, la Dra. Juanita Rodríguez, de la Secretaría de Vivienda Social, expresa que: “la señora Magaly Paz quien dice ser Juez de Paz, incitó a la comunidad que empezara a agredirnos con piedras y demás elementos contundentes, y se deja constancia de que los funcionarios recibieron golpes en espalda, brazos y piernas, vehículos rayados”. Seguidamente en la misma diligencia añade: “Que los contratistas programados para colaborar durante el operativo, escucharon a la señora Magaly Paz y a otros líderes de la comunidad, cuando los incitaban para rosear los vehículos y a los demás asistentes a la diligencia para prenderle fuego y por tal motivo ellos se retiraron”. (Diligencia de Desalojo Exp. 4161.2.9.6.045 ante la Inspección Urbana de Policía Primera Categoría de Los Mangos en Mayo 6 de 2009).-

A los tres días, en su informe por escrito, la misma funcionaria Juanita Rodríguez ante la Arquitecta Amparo Viveros Vargas, se contradice al afirmar: “Para ese entonces, yo me encontraba ubicada dentro de uno de los vehículos de la Secretaría de Vivienda por recomendación del Comandante de Policía, quien se percató de la actitud que la comunidad en general asumió en mi contra. … En ese momento la comunidad al mando de la señora Nancy Magaly Paz Benavidez se retiraron a buscar gasolina y prender fuego a los funcionarios, la fuerza pública y a los vehículos, igualmente por información no confirmada uno de los habitantes pretendía activar una granada en el lugar, motivo por el cual, la inspectora de policía decidió suspender la diligencia, y nos dirigimos a la Estación de Policía de Decepaz y allí levantar un acta de lo ocurrido. … Afortunadamente, en el lugar de los hechos no hubo heridos, ni daños que lamentar, pero no pudo haber sido así.”

La comunidad de Potrero Grande resalta las contradicciones en las declaraciones de esta funcionarias. Lo primero es que no entienden cómo, estando allí presente la fuerza pública, al detectar la presencia de una persona con una granada no lo capturó y decomisó tal artefacto de guerra. Además, en su diligencia inicial afirma que varios de los funcionarios que asistieron a realizar la diligencia salieron lesionados y se registraron daños en los vehículos, y en su informe dice lo contrario. ¿Por qué no cumplieron con su deber de desalojar a los moradores de la vivienda si, como ella lo afirma, la comunidad al mando de la jueza de Paz se fueron a buscar gasolina?

De la verdad oficial a la de las comunidades
Daniel Velásquez, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Potrero Grande, manifiesta que los vigilantes de los sectores durante la construcción y entrega de las primeras casas llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Vivienda para colaborarles con su vivienda, y hoy los están desalojando. “Y es un proceso complicado, puesto que nuestro barrio está catalogado como de alta peligrosidad, pero no es cierto, antes por el contrario se están vulnerando los derechos humanos, el derecho a tener una vivienda digna y dar solución a estas familias”.

Elizabeth Cañón, madre cabeza de hogar con 2 niños menores, vive en el barrio desde el 2007, cuando su ex compañero Luís Hernando Narváez salió beneficiado con una vivienda, porque no tenían como pagar un arriendo. Ellos han sido objeto de dos desplazamientos; Luís Hernando se fue de su lado y la dejó en esa vivienda. A la fecha ha sido atropellada en tres ocasiones por los funcionarios de la Policía y la Secretaría de Vivienda, han llegado con Bienestar Familiar para quitarle sus hijos. Ahora, cada vez que le llega un comunicado de desalojo, lo que hace es avisarles a los vecinos y a la Dra. Magaly para que la acompañen. “Pero nunca hemos agredido a nadie, antes los antimotines son los que nos han agredido, disparando gases y golpeándonos con los bolillos”.

Ana Cecilia Quiñones, moradora del barrio Potrero Grande, es madre cabeza de hogar con 4 hijos y dos sobrinos que está criando, a pesar de ser desempleada. “En el barrio estamos viviendo un conflicto más que todo con las autoridades, la misma policía es la delincuencia, es lo malo que hay en el barrio”. Ana Cecilia fue agredida por unos agentes de policía, que ella misma demandó, por no dejar maltratar a su hijo. “En el barrio todos somos unidos y nos gusta colaborarnos entre todos”.

Desde la colonia a la seguridad democrática

La historia de Marmato ha corrido de la mano de la historia de la colonización. Tierras habitadas ancestralmente por las tribus Cartamas, desde el comienzo de la conquista han tenido que lidiar con la sed insaciable de oro que trajo por sus laderas en 1536 a las huestes conquistadoras bajo la orden de los genocidas Sebastián de Belalcázar y Jorge Robledo. Se calcula que para mediados del siglo XVII (1625) la población indígena explotada, que se mantuvo en pie de guerra durante más de una centuria, fue aniquilada. Luego vendrían varios siglos de explotación esclavista de las poblaciones negras traídas desde África a morir exhaustas en las minas. Es además interesante señalar cómo tras el advenimiento de la República y la mal llamada independencia que cumple 199 años, en 1825 se entregan las minas de Marmato a compañías inglesas para garantizar un empréstito que permitió consolidar la independencia de la Gran Colombia.

Colombia llego a ser el mayor productor histórico de oro del imperio español. La producción de oro entre 1514 y 1934 se estima en 49 millones de onzas, el 38% de la producción total de América del sur. Sin embargo, tras el embrujo de la inseguridad democrática la explotación minera por empresas extranjeras se ha incrementado sustancialmente. Entre el 2006 y 2007 la producción de oro fue de 770.000 onzas por año, lo que le ha significado el séptimo puesto a nivel latinoamericano y el veinteavo a nivel mundial. Multinacionales como la AngloGold Ashanti con solicitudes de contrato de concesión en más de 21 departamentos del país, actualmente piensan explotar minas como Gramolete (Antioquia) con más de 2.12 millones de onzas y la Colosa (Cajamarca, Tolima) con mas de 9.7 millones de onzas.

Despojo de los marmateños en beneficio de las multinacionales

Los problemas de la población Marmateña se agudizan desde que la Colombian Goldfiels Limied empieza a apoderarse de algunas minas en el cerro “el burro” en 2005, a través de su filial la Compañía Minera de Caldas S.A. Esta estrategia ha recibido un total apoyo del gobierno colombiano, quien declaró, a partir de la emergencia invernal vivida en 2006 en todo el país, como zona de alto riesgo al casco urbano del municipio, lugar donde pretenden establecer la mina a cielo abierto. La declaración de alto riesgo que pretende desterrar a la población al sector “El Llano”, desconociendo los estudios de Corpocaldas, según los cuales: “La conformación geológica de la zona favorece la estabilidad del área, debido a que las rocas ígneas, dacíticas y andesititas, por su textura homogénea y compacta son altamente resistentes a la acción de los procesos erosivos”, limitando el riesgo a fenómenos antrópicos. Sin embargo, el estado colombiano, cegado por la fiebre del oro y la “inversión extranjera”, ha asumido que el riesgo no es mitigable y que se corre el riesgo de una avalancha similar a la del nevado del Ruiz, equiparando el cerro “El Burro” con un volcán en actividad.

En realidad, el proyecto de exploración y explotación está compuesto por dos proyectos: “The Marmato Mountain Development Project”, en el Departamento de Caldas, y “The Caramanta Exploration Project”, en el Departamento de Antioquia. El “Proyecto Caramanta” englobaría los municipios de Tamesis, Valparaíso y Caramanta (mas de 200 km2) en el sur del departamento de Antioquia. Estos proyectos aparecieron en bolsas de valores internacionales como promesas de las riquezas a explotar, pretendiendo la capitalización de las empresas.

Sin embargo, tras la crisis del capitalismo financiero que sacudió a las bolsas mundiales a finales del año pasado, la multinacional Colombia Goldfields Limited se vio en la obligación de vender sus activos a la multinacional Medoro Resourses, propietaria de la empresa petrolera canadiense Pacific Rubials, con presencia en los Llanos Orientales de Colombia, en Venezuela y en Malí. En marmato, de las 117 minas que se han podido legalizar, 95 son propiedad de dicha empresa, que si bien no ha presentado un proyecto minero concreto, es de conocimiento colectivo que sus intereses están colocados en el territorio ancestral de los marmateños y en sus montañas aledañas (Caramanta, Tamesis, Valparaíso, Jardín).


Cinismo del gobierno

El pasado 29 de Julio de 2009 el Ministro de Minas y Energía Hernán Martínez Torres; el Gobernador del Departamento de Caldas, Mario Aristizabal Muñoz; el Representante a la Cámara, Mauricio Lizcano, y los alcaldes de los municipios de Marmato y Riosucio visitaron a Marmato. La reunión programada por el Comité Cívico Pro defensa de Marmato tenía la intención de informar y buscar soluciones a la grave problemática social, cultural y minera que sufre la comunidad marmateña.

No obstante, no se permitió que los asistentes a la reunión presentaran públicamente sus denuncias, exigencias y dudas a los funcionarios. Con el subterfugio de salir a conocer el pueblo directamente, el ministro no recibió a los asistentes que pretendían denunciar la violencia económica ejercida por las compañías mineras, el riesgo constante a que se ven sometidos por la falta de condiciones laborales dignas, el destierro obligado, la falta de consulta sobre los proyectos a las comunidades étnicas presentes en el territorio, la inexistencia de espacios de socialización de los proyectos de las multinacionales, entre otras problemáticas.

Además, el ministro de minas declaro que no se desarrollará el proceso de Consulta Previa con la comunidad indígena de Cartama, argumentando que no aplica por tratarse de una explotación minera centenaria. Esta declaración que no solo viola el Convenio 169 de la OIT, sino que desconoce el auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional sobre la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas desplazados o en riesgo de desplazamiento, donde se reconoce el alto riesgo del pueblo Embera Chami, y la necesidad de establecer los planes de salvaguardia étnica.

La visita del ministro, calificada por las organizaciones sociales presentes como “simple show mediático” de los funcionarios, ignoran la complejidad social y étnica de las problemáticas que se ciernen sobre la región. El desempleo generado por la compra y posterior cierre de minas, los obstáculos para la compra de la dinamita a los pequeños mineros, la incertidumbre sobre las regalías, los impactos sociales, ambientales y culturales de la ejecución de los proyectos mineros son temas sobre los cuales se espera todavía una respuesta seria, respetuosa y digna al pueblo de Marmato, Caramanta y Tamesis por parte del gobierno y las multinacionales.

Alternativas de la comunidad

Los pueblos tras el caminar la historia hemos sabido que los poderosos nunca nos regalarán nada, antes nos quitarán todo si lo permitimos. Las organizaciones presentes (El Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), El Comité Cívico Pro defensa de Marmato, La Asociación de Mineros Artesanales de Marmato, El Cabildo Indígena de la Parcialidad de Cartama, Asap Caramanta, Biabuma (Támesis) y Censat - Agua Viva), después del desplante del Estado, realizamos una reunión donde, tras evaluar lo sucedido, hemos llegado a algunos acuerdos:

La movilización, la organización de las bases y las construcciones de redes de solidaridad son el camino para configurar realidades dignas donde se respete el derecho de los pueblos a su autodeterminación, a un ambiente sano y a un territorio libre de macroproyectos de multinacionales.

Es necesaria la realización de un encuentro académico y popular en la región, donde se retomen los aportes de los foros mineros realizados en Marmato y Tamesis los años anteriores, con el fin de socializar la problemática del pequeño productor minero y campesino.

Consolidar la red entre las organizaciones presentes en el evento mediante un acompañamiento a los procesos locales con miras a la participación en la Minga de Resistencia Social y Comunitaria para el mes de octubre.
Hay una polémica muy delicada en Medellín sobre el tratamiento que se les debe dar a las personas que sufren accidentes en la vía pública. Este no es un problema menor, es un problema de salud pública que tiene que ver con la enfermedad por accidentes, las secuelas futuras y la vida o la muerte de muchos conductores, pasajeros y transeúntes.

Todos necesitamos transportarnos, ya sea al trabajo, al estudio o  sin dirección ni futuro claro, pero para algún lado tenemos que ir. Y eso nos obliga a decidir en qué forma lo hacemos. Los de cuna, los ricos y los medio ricos, no tienen mucha dificultad en escoger ya que desde antes de nacer ya viajan en vehículos último modelo. Los de abajo, los desposeídos y los que no tienen nada que perder tenemos un mundo más amplio, muchas posibilidades: gateando, arrastrándonos, caminando, corriendo, pirateando, en bicicleta, en taxi, arrumados en bus, en algunos carros particulares destartalados y, los más privilegiados, en las motos de la muerte.

Pero cómo les vaya a unos u otros no son cosas de la suerte ni del destino. Sabemos que hay factores del azar, que la probabilidad existe y que nosotros no la podemos manejar a nuestro antojo. Lo que nosotros sí podemos hacer es tratar de disminuir los riesgos, y eso se hace, tomando una serie de precauciones, conductas y actitudes frente a los peligros y frente a la vida y a su valor como posibilidad de disfrute y proyección.

Dentro de esa generalidad, “disminuir riesgos”, podemos discutir varios aspectos: Primero, ojalá no compre moto, camine y haga deporte, respire polvo y humo pero no se monte en ese peligro. “Compre carro”, lógico, si tiene con que comprarlo y mantenerlo; no se preocupe por el problema ecológico del calentamiento global y de si hay espacio en la ciudad para circular; esos son problemas minúsculos y no son de su incumbencia. Segundo, no sea iluso, no salga a esa jauría de carros bisoño, aprenda bien el arte de conducir; no crea que porque maneja más o menos en una cuadra solitaria de su barrio ya es tremendo piloto; usted no sabe qué es una autopista y una glorieta con todos esos atarbanes al volante. Tercero, si le gusta la alta velocidad, lo que mejor le recomiendo es que se meta a una de esas competencias de fórmula 1 donde se pueda matar usted sólo y no ponga en riesgo la vida de los demás.
Cuarto, si le gusta el chorro, la mariguanita, la coca, la cuca, el perico, la bazuca y otras porquerías más, por favor, no conduzca bajo sus efectos; esas sustancias producen en el cerebro una serie de efectos muy peligrosos para poder controlar el vehículo adecuadamente: hay problemas de coordinación, concentración, visión, escucha, orientación, sueño y disminución en la percepción del peligro, entre otros. Quinto, si lo que quiere es suicidarse y no es capaz, busque ayuda que hay otras mil formas de lograrlo y menos dolorosas, y sin poner en peligro la vida de los otros. Seis, recuerde lo que dice el populacho: en una moto el parachoques es usted; no hay vehículo, excepto la bici, donde los pasajeros estén más desprotegidos que en una moto, y si no mire que hasta el clima los aporrea sin clemencia. Siete, por mucho cuidado que usted coloque, siempre hay otros bisoños, otros borrachos, otros acelerados, otros delincuentes, otros ciegos, a los que usted y su vida les importa un pepino. Ocho y último, recuerde que existe el aceite, la arena, el agua, los huecos y muchos más imprevistos que lo pueden desestabilizar y hacer caer; ojo, mucho cuidado.

Y bueno, los motociclistas son unos de los que más sufren accidentes en la ciudad. La problemática es grande, delicada y compleja; las respuestas que dan los administradores no han sido eficaces. La medida de no levantar a las personas accidentadas debe ser bien analizada y discutida por las repercusiones y las consecuencias que trae.

Quizás el principal argumento de sus promotores es el hecho de evitar las posibles complicaciones que se puedan generar cuando un accidentado no es movilizado adecuadamente. Entre esas complicaciones tenemos: agravamiento de un trauma de columna vertebral, y si es trauma de columna cervical la situación puede ser aún más grave, hasta con peligro de muerte. Un manejo inadecuado de las hemorragias, las fracturas y las vías aéreas.

No conozco un estudio concreto, de la vida real, donde haya unos buenos datos, análisis e interpretaciones de cuántas personas se han complicado por el mal manejo de otras que han tratado de ayudar. Hay mucha inconformidad en el pueblo con la medida, pues los organismos de socorro llegan, por diferentes motivos, muy tarde a auxiliar a los accidentados y son varios los que allí han fallecido sin saber, a ciencia cierta, si sus traumatismos eran mortales o más bien se complicaron y progresaron hasta la muerte por la indiferencia, la insolidaridad y la ignorancia.

Es indiscutible,  a nadie le gusta ver a un ser querido, familiar, amigo o compañero, tirado y sin ninguna ayuda. Es una situación muy dolorosa y desesperante. Pero, entonces, ¿cuál es la solución a dicha problemática? Solamente recordemos “que el único dolor soportable es el dolor del otro”.

Ahora sí la propuesta, de mediano a largo plazo, partiendo de la base que nuestro pueblo no es idiota y es, por el contrario, muy inteligente se requiere una política que le dé la gran importancia que merece la enseñanza masiva de los PRIMEROS AUXILIOS. Primero que inglés y computadores. ¿Cuáles siguen siendo los argumentos sólidos para poner, casi obligar, a toda la población a aprender inglés y computadores, cuando muchos obreros y campesinos de nuestro pueblo no tienen nada asegurado, ni comida ni salud ni educación ni vivienda, ni recreación ni futuro? Para venirles ahora a decir que deben saber inglés. No más mentiras y desfachateces. Todos los seres humanos deberíamos saber leer, escribir, matemáticas, historia, geografía, filosofía, política, culinaria, agronomía y PRIMEROS AUXILIOS con bases de anatomía y fisiología humana. Partimos del hecho que si conociéramos más nuestro cuerpo, más lo cuidaríamos.

Hay cosas que se podrían hacer para ayudar en casos de accidente: mirar si está respirando o si algo en su boca o fosas nasales lo está impidiendo, hay que despejar las vías aéreas; evitar que se ahogue con el vómito o la sangre, colocándolo suavemente de lado; la sangre es un precioso líquido, más importante que el petróleo, se debe evitar su derramamiento; por ello hay que controlar las hemorragias comprimiendo con un pañuelo, suave pero firmemente, en las zonas donde hay sangrado, etc, etc, etc. Pero es urgente que toda la población tenga bases sólidas de primeros auxilios para actuar adecuadamente en situaciones como los accidentes de tránsito y otras calamidades de salud donde por segundos de desatención se pone en riesgo la vida.
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