La guerra por el territorio y los recursos naturales

La región donde se construye el proyecto hidroeléctrico más grande del país vive la agudización de la confrontación armada entre las Farc y la Fuerza Pública. Los impactos del proyecto han generado gran descontento en las poblaciones afectadas, alimentado por el abandono del Estado y una situación que avanza hacia una crisis humanitaria.

 

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La obra del despojo
Los municipios afectados por la construcción del proyecto Hidroituango han sido de vocación agrícola, ganadera y minera. Empresas Públicas de Medellín –EPM-, para llevar a cabo las obras del desvío de la vía que comunica a Medellín –capital antioqueña- con el municipio de Ituango ha realizado varios censos para determinar qué personas habitan en la zona de influencia, cuáles son sus propiedades y sus actividades económicas, y de esta manera iniciar el proceso de negociación para la compensación e indemnización. Sin embargo, los procesos del censo han sido el punto de los malestares.

Desde el año 2007 se iniciaron las encuestas en algunos puntos del río Cauca, correspondientes a los municipios afectados por el proyecto hidroeléctrico. Las comunidades mineras alegaron que no fueron censadas todas las personas dedicadas a esta actividad debido a que la empresa encargada, Integral S.A., no visitó todas las playas y ni siquiera anunciaron sus visitas, con lo cual excluyó a una buena cantidad de personas. Esto, teniendo en cuenta, tal y como lo manifiestan los/as mineras/os, que “no nos quedamos en un sólo punto buscando el oro, vamos de playa en playa buscando las mejores condiciones para extraerlo y cuando las condiciones se ponen difíciles, algunas personas alternan su actividad minera con la agrícola”.

En cambio, EPM y el gobernador Luis Alfredo Ramos han señalado que ha habido un aumento de personas viviendo en el río y que son “avivatos” que quieren aprovecharse de algún beneficio económico. Para solucionar este conflicto, algunos/as mineras/os han propuesto hacer de nuevo el censo acompañado de una prueba de pericia. Algunos mineros dicen que son alrededor de 1400 personas dedicadas a la minería y EPM dice que 327 fueron las censadas. Por eso desde diciembre del año pasado la fuerza pública ha hechos dos desalojos en el río Cauca, uno en las playas de Ituango y el otro en las playas de Briceño, en las que desalojó a 170 personas afectadas.

Por el lado de los/as agricultores tampoco pinta bien. Algunos propietarios de terrenos han expresado el malestar y el inconformismo con respecto al precio ofrecido por la compra de los predios. Aseguran que los precios son tan irrisorios que no alcanzarían a adquirir otro predio de mejores o iguales condiciones, y, además, no pueden invertir ni trabajar en sus tierras porque en cualquier momento llega la negociación y no se les reconocería lo que hay después de la fecha del censo. Asimismo, otros propietarios expresaron haber hecho la negociación con EPM y luego de un año no han recibido un solo peso, aspecto que tiene en jaque especialmente a los pequeños propietarios.

Para completar la lista de afectados, están las/os desempleados/as y las/os comerciantes. La población lamenta que esto no haya sido realidad la publicidad que se anunciaba en las vallas, donde la gobernación aseguraba progreso y empleo para la subregión. Jóvenes estudiantes de Ituango, que realizaron sus estudios en técnicas y tecnologías, dicen haber tenido la ilusión de atender la demanda de empleos que iba a generar las obras del proyecto, y lamentablemente hasta ahora sólo han sido contratados 30 personas para prestar seguridad en los predios del proyecto. “Y ni siquiera oficiales ni albañiles, ya que al parecer trajeron personal del suspendido proyecto hidroeléctrico Porce IV”. Tan lejos ha llegado la crisis económica que muchos/as comerciantes aseguran una reducción en sus ventas hasta en un 50% y en algunos la quiebra. Esperanzados/as en un primer momento por la masiva presencia de trabajadores/as del proyecto, se fueron desilusionando luego de ver como EPM ha contratado a empresas que ofrecen alimentación, transporte de personal, ha construido sus propias residencias para alojar a sus trabajadores/as.

Se intensifica el conflicto
En la noche del 9 de septiembre de 2011, con alrededor de 200 personas, se dio inicio al “Panel Nacional Itinerante sobre política minero- energética y sus conflictos en Colombia”. Al evento, que se realizó en el coliseo municipal de Ituango, acudieron varias delegaciones de organizaciones sociales, tanto nacionales como internacionales; comunidades afectadas por proyectos hidroeléctricos de diferentes puntos del país y el diputado a la Asamblea Departamental Jorge Gómez. Allí sé denunció, por medio de comunicados, la omisión de varias autoridades con respecto al peligro que genera la existencia de un blog desde mediados de junio del presente año. Este sitio en internet publicó varios listados que contiene nombres, documentos de identificación y demás datos personales de cerca de 1900 personas, entre ellas funcionarios públicos, líderes sociales y comunitarios, docentes, comerciantes, mototaxistas, estudiantes y personas en situación de desplazamiento; cerca de 900 personas de estas listas son sindicadas de colaboradores, milicianos y guerrilleros del frente 18 de las Farc.

“32 comunicaciones se le dirigieron al gobernador el día 7 de julio del presente año por parte de 32 sectores organizados de nuestro municipio y esta es la hora en que no hemos obtenido respuesta”. También 405 personas que aparecen en el blog pusieron en conocimiento a la Fiscalía General de la Nación pero hasta ahora no ha tomado cartas en el asunto.

Entre otras cosas, se están volviendo comunes en la región los famosos falsos positivos judiciales. Tal es el caso, por mencionar apenas uno, de 9 comerciantes reconocidos del municipio, que fueron capturados el 12 de marzo de este año en el municipio de Ituango, acusados de delitos de rebelión y concierto para delinquir. Según los/as habitantes del pueblo, la mala imagen de estas 9 personas fue creada mediáticamente por las declaraciones del coronel José Gerardo Acevedo Ossa, comandante del departamento de Policía  Antioquia, y el Director de Fiscalías de Antioquia, Jaime Ángel Londoño Uribe, quienes señalaron “que estas personas eran reclutadoras de menores, transportadoras de narcóticos e informantes a la guerrilla”. Ese día, hacia el mediodía, se iniciaron los operativos de las capturas y simultáneamente la población de Ituango se movilizó para exigir su libertad, alegando “la inocencia de estas personas reconocidas del pueblo”.

A la problemática de la persecución se suman los combates en la zona de influencia del proyecto, que se han vuelto más constantes. Las vías han sido escenarios de conflagración de vehículos que trabajan para el proyecto y de transporte público por parte de la guerrilla; en respuesta, el ejército ha bombardeado varios puntos cercanos al río Cauca: el más reciente bombardeo fue el pasado 13 de septiembre a las 8am, en el sector conocido como “el Bombillo”, margen del rio correspondiente a Ituango. El sector “Plan Icura”, al frente del “Bombillo” y correspondiente a Toledo, es el lugar donde hay cerca de 200 personas mineando en el rio y que serán desalojadas próximamente, según les notificó a 5 mineros censados de esta playa la inspectora de policía de Toledo, Tatiana Hinestroza Monsalve, mediante un amparo policivo solicitado por EPM Ituango S.A. E.S.P. También existe la alerta entre los pobladores por la presencia de paramilitares en el casco urbano de Briceño, que ya han puesto la mira hacia el lugar de las obras. Como preámbulo de su actuación empiezan a circular los señalamientos a mineros/as de ser parte de la guerrilla. Este no es, en realidad, un ingrediente nuevo, lo han expresado constantemente los militares y personal de EPM, que se los dice en tono amenazante. El riesgo de derramamiento de sangre es alto.

Modificado por última vez el 16/06/2012

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