Tras el asesinato de la jueza Gaona, arrecia la represión en Arauca

Hace más de 3 años (en noviembre de 2007), dos jóvenes fueron desaparecidos en Saravena (Arauca), torturados, asesinados y sus cuerpos abandonados en el vecino municipio de Cubará (Boyacá). El día siguiente al crimen, la emisora comunitaria de Saravena emitió en su noticiero un comunicado de prensa de la Brigada XVIII del ejército nacional, mediante el cual se reportaba la “muerte en combate de dos guerrilleros del ELN, no identificados”. Los dos muchachos que, según el comunicado oficial no habían sido identificados, sí lo fueron por sus familiares y precisamente se trataba de quienes desaparecieron el día anterior: SAMUEL NAVIA MORENO tenía 27 años y le ayudaba a la mamá en su taller de sastrería; JHON CARLOS NOCUA RUEDA, de 18, trabajaba como vendedor en el día y en la noche hacía su bachillerato en el colegio José Eustacio Rivera de Saravena.{jcomments on}

Como siempre sucede en estos casos, la investigación inicialmente fue asumida por el juzgado penal militar de Saravena, que funciona en la sede del batallón Revéiz Pizarro del ejército nacional. Pero luego de las denuncias ante la fiscalía y la procuraduría por parte de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra y de los familiares de las víctimas, el proceso fue asignado, un año después, a la Unidad de Derechos Humanos de la fiscalía. Esa entidad acusó formalmente a un sargento y a tres cabos del ejército por homicidio agravado, en septiembre de 2010.

En Tame, otro municipio de Arauca, en octubre del año pasado, una niña de 14 años fue violada y luego desaparecida junto con sus dos hermanos menores, mientras su padre se encontraba trabajando en una finca cercana. Los cuerpos de los 3 niños fueron hallados al día siguiente por los vecinos del sector, quienes habían organizado una jornada de búsqueda. Las fosas en las que habían enterrado a los menores se encontraban a pocos metros de un sitio en el que acampaban miembros de la brigada móvil 5 del ejército y a quienes los campesinos habían pedido ayuda para encontrar a los niños desaparecidos.

De inmediato se identificó a un sospechoso, teniente del ejército adscrito a la móvil 5, a quienes sus superiores y subalternos señalaron de comportamientos extraños en el área de operaciones. Éste fue detenido y está siendo investigado por ese crimen y por la violación a otra niña de 13 años, también integrante de una familia campesina de Tame, quien lo señaló de ser el responsable directo del abuso.

Estos dos casos tienen algo en común: son investigados por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la fiscalía, y correspondieron para su conocimiento al juzgado penal de Saravena, del cual era titular la funcionaria Gloria Gaona, asesinada en ese municipio el pasado 22 de marzo. En los días previos a este hecho, se celebró la audiencia preparatoria en el proceso por la violación y el homicidio de los menores y en el caso del asesinato de los dos jóvenes la juez recibió declaraciones de algunos testigos del crimen.

Algunos medios han insinuado que el homicidio de la juez tendría relación con este último caso, dadas las decisiones que el despacho había tomado recientemente, en el sentido de negar la libertad por vencimiento de términos al militar y compulsar copias al Consejo Seccional de la Judicatura para investigar disciplinariamente a las últimas dos defensoras que tuvo el acusado, con fundamento en que por parte de la defensa se venían realizando diversas maniobras para dilatar el proceso.

También se ha dicho, especialmente por parte del gobierno, que la responsabilidad del homicidio de la juez podría recaer en las organizaciones insurgentes que operan en Arauca, ya que en ese juzgado se adelantaban varios procesos por rebelión contra personas acusadas de pertenecer a las FARC o al ELN, y que esas guerrillas mantienen una presencia de más de 30 años en el territorio araucano, tiempo en el que la región ha sido escenario de múltiples acciones de la insurgencia.

Ninguna de las anteriores tesis tiene respaldo probatorio. Lo cierto es que hasta el momento no se conocen mayores avances en la investigación, que fue asignada a la Unidad de Derechos Humanos de la fiscalía, y las causas del homicidio siguen sin establecerse.

Lo que sí se conoce es la reacción oficial: el juzgado penal de Saravena fue trasladado a Arauca capital, desde donde despachará indefinidamente; al parecer lo mismo sucederá con la fiscalía seccional que conoce de los casos sometidos al nuevo sistema penal acusatorio. Esta medida incrementa la dificultad de acceder a la administración de justicia para los habitantes del departamento, pues ello significa que testigos, víctimas, defensores, procesados y demás sujetos procesales deben acudir a la capital del departamento para llevar a cabo trámites y diligencias judiciales.

Además de lo anterior, otras consecuencias para el pueblo araucano ya empiezan a padecerse: los habitantes de Saravena y del resto del departamento son objeto de mayores controles por parte del ejército y de la policía, a través de retenes permanentes y ocasionales en la zona rural, en las carreteras e incluso al interior de los cascos urbanos. Estas medidas ya son conocidas en la región, especialmente desde que inició la explotación del campo petrolero de Caño Limón, que luego arreciaron con el establecimiento de las famosas “zonas de rehabilitación y consolidación”.

Por esto, las organizaciones sociales de Arauca no sólo esperan una pronta y eficaz investigación del homicidio de la jueza Gloria Gaona; también han exigido al Estado que ese hecho no sea utilizado como excusa para arreciar la represión judicial y de facto contra la ya golpeada población del departamento, particularmente de los municipios que como Saravena han sufrido el acoso y la estigmatización de la fuerza pública, los organismos de seguridad y las autoridades civiles y judiciales.

Al respecto, se ha conocido la preocupación expresada por la Fundación Joel Sierra y la Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca, al denunciar una nueva captura masiva que se produjo el pasado 4 de abril en la capital del departamento contra 4 personas, 3 de ellas dirigentes campesinas y comunales de ese municipio, a quienes se les imputa los delitos de concierto para delinquir, rebelión, secuestro y extorsión.

Este hecho se constituye en la continuación de la estrategia de represión judicial, que se consolidó con las capturas masivas efectuadas desde el año 2002 contra miles de personas en todo el departamento y que apunta a la destrucción del histórico movimiento social araucano.

Modificado por última vez el 16/06/2012

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