Paramilitarización de las universidades

Con el noble objetivo de reducir la criminalidad y la tasa de homicidios en la ciudad de Medellín (Antioquia), el pasado 27 de enero el Presidente de la República lanzó durante un foro económico en Davos-Suiza, la “humanitaria” propuesta de promover la creación de una red de cooperantes compuesta por jóvenes universitarios, los cuales, según el presidente, se vincularán a través de la fuerza pública. Serán cerca de mil estudiantes universitarios que recibirán una bonificación mensual de $100.000 para desarrollar trabajos como informantes bajo la asesoría del “glorioso Ejército colombiano”.

 

En el último año (2009) las muertes violentas, en especial de jóvenes, se han incrementado en la ciudad de Medellín en un 110% con relación a las producidas durante el 2008. Para muchas organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, investigadores sociales de ONG´s, y para las mismas víctimas, dicho incremento está directamente relacionado con el fracaso del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares. Pero, la misma Policía y el Ejército han estado directamente vinculados con masacres y crímenes de lesa humanidad, los cuales se efectuaron utilizando las redes de informantes o cooperantes que trabajaban de la mano con las Autodefensa Unidas de Colombia- AUC. Estas masacres como las de Mapiripán y el Salado fueron el producto de dicha cooperación.

La persecución del estado paramilitar
Esta iniciativa de alistar jóvenes universitarios para crear una red de informantes no es más que una artimaña para tratar de legalizar una especie de CONVIVIR estudiantiles en las Universidades Públicas. Y es similar a lo que sucede en EEUU, en donde funcionan desde el año 2006 con el nombre de centros comunitarios de Inteligencia de Excelencia Académica, con presencia en 22 campus universitarios. Según David Price (Historiador) y Forrest Hylton (Politólogo- Universidad de los Andes, Bogotá) representa el mayor esfuerzo de reclutamiento en los centros educativos de los EEUU desde el inicio de la Guerra Fría.

Las diferentes organizaciones sociales, estudiantiles, y colectivos de trabajo, vemos en la belicista propuesta de Álvaro Uribe no solo el desconocimiento al derecho internacional humanitario, ya que envuelve a la población civil en el conflicto armado, sino además la pretensión de extender a las Universidades Públicas el proyecto de paramilitarización de los centros académicos. Aunque estos son aspectos que ya se están viviendo en algunos centros de pensamiento, y en Universidades como la Industrial de Santander (UIS), en donde se utiliza a los vigilantes de una empresa de seguridad privada para que realicen tareas de cooperación con el DAS, CTI-  Fiscalía, y Policía Judicial.

Dichos vigilantes efectúan dentro del campus universitario seguimientos ilegales a la Comunidad (trabajadores, profesores y estudiantes) y poseen una base de datos de estudiantes, la misma que manejan las Decanaturas, Vicerectoría Académica, y Admisiones de la UIS. Además, andan armados y tienen la orden desde la Rectoría de la Universidad de “disuadir” cualquier intento de protesta social al interior del Alma Máter so pretexto de mantener la normalidad académica. Así mismo, en dicha institución existe un grupo con camisetas blanqueadas llamados “Quiere la UIS”, los cuales reciben una serie de gabelas por parte de la administración universitaria para que cumplan con funciones de saboteo hacia las distintas manifestaciones y trabajos que desarrolla la Asamblea General Estudiantil [máximo órgano decisorio de los estudiantes]

Parte de estos jóvenes de “Quiere la UIS” son los ilustres tutores de un programa institucional de adiestramiento reaccionario denominado el PIVU (Programa de Inducción a la Vida Universitaria), el cual tiene, entre otros fines, el de propagar políticas de obediencia a los medios y altos mandos que hacen parte de los mal llamados “Cuerpos Colegiados” de la Universidad (Consejos de Escuelas, Facultad y Académico), y sembrar pensamientos fascistas en los estudiantes de los primeros semestres hacia las actividades no “institucionalizadas” (marchas, asambleas, mitin, plantones y bloqueos), produciendo de paso una indolencia por las justas luchas populares que viene desarrollando el movimiento estudiantil UIS.

Los ataques y embestidas a los centros públicos universitarios han sido el común denominador durante estos 8 años de tiranía Uribista. Hay que recordar que en el año 2008 (en el mes de noviembre), mientras el país no se acaba de reponer del estrepitoso escándalo de las Ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas, y 3 semanas antes del ingreso a la Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá) de la Minga Indígena y Popular, se dictaron por parte del Fiscal Jorge Iván Piedrahita Montoya (Unidad Antiterrorista de la Fiscalía General de la Nación) alrededor de 70 órdenes de captura contra algunos profesores y activistas estudiantiles de Bogotá; y todo esto para tratar de impedir la movilización y el acompañamiento a la Minga Popular Indígena en su recorrido por la capital del País.

Además, el mismo Fiscal Jorge Piedrahita solicitó a la dirección de algunas Universidades en Bogotá como la Universidad Nacional, Universidad Distrital, la Pedagógica Nacional, Universidad Libre y al mismo SENA, las bases de datos de estudiantes y profesores desde al año 1992, con el falaz argumento de “Realizar un descarte de las personas que aparecen dentro de las investigaciones como miembros de grupos armados”, lo cual, bien sabemos, es una de las tantas tácticas de guerra que usan dichos organismos para orquestar montajes contra estudiantes, académicos, profesores y trabajadores, como parte de la antropófaga persecución paramilitar que se nos viene aplicando.

Durante el periodo 2008-2009 la Regional de Inteligencia Militar No 7 (RIME) del Ejército Nacional, y la Fiscalía 74 Seccional delegada ante la IV Brigada en Medellín, con base en unos supuestos informes de “inteligencia”, utilizando versiones de hipotéticos desmovilizados, pretendió incriminar y judicializar de manera tendenciosa como Parte del Partido Comunista Clandestino de las FARC (PC3) a un grupo de dirigentes estudiantiles y profesores de la Universidad de Antioquia, lo mismo que a una gran parte de organizaciones defensoras de derechos humanos de la región, como el Comité Universitario de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, la Corporación Jurídica Libertad, y la Asociación Campesina de Antioquia. 

Este es el contexto en el cual se inscribe la propuesta de los estudiantes informantes, y deja bien clara la intención de tal propuesta, la cual es desestabilizar a las organizaciones sociales, y estudiantiles universitarias que luchamos por una verdadera transformación social en nuestro país.

Modificado por última vez el 16/06/2012

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