La Corporación Jurídica está en el ojo de la reacción militar

Recientemente se conoció que una banda de delincuentes de Campo Valdés, Medellín, recibió dinero para asesinar al abogado Bayron Ricardo Góngora, integrante de la Corporación Jurídica Libertad y profesor de la Facultad de derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Según la Corporación Jurídica Libertad, esta decisión de asesinato hace parte de una serie de presiones y persecuciones hacia la Corporación en los últimos años por parte del gobierno e inteligencia militar, como respuesta a su empeño en la defensa de los derechos humanos, particularmente por su denuncia a los militares por la campaña sistemática de ejecuciones extrajudiciales en el Oriente Antioqueño, y por la defensa que ha asumido de los estudiantes de la Universidad de Antioquia, acusados de terrorismo bajo la presión de inteligencia militar de la IV Brigada, con sede en Medellín.

 

El caso de los falsos positivos
Desde el año 2005 la Corporación Jurídica comenzó a detectar que en el Oriente Antioqueño se venía presentando una nueva modalidad de violación a los derechos humanos: el ejército, acompañado de personas encapuchadas, llegaba a las viviendas de los campesinos o a sus zonas de trabajo y se los llevaba, muchos de estos campesinos eran líderes sociales, incluso algunos se movían con el tema de derechos humanos y tenían alguna representación a nivel local con los alcaldes. En otros casos el ejército llegó y sin tener un señalamiento directo igual se los llevó y luego aparecieron muertos en otras partes y presentados como guerrilleros abatidos en combate.

La Corporación Jurídica comenzó a documentar esos casos y así llegó a la conclusión de que aquello se constituía en una práctica sistemática del ejército en el Oriente. A partir de entonces se concentraron en hacer un trabajo de denuncia. Luego reconocieron, por informes de otras organizaciones, que la problemática no solo se presentaba en Antioquia sino a nivel nacional. Pero la respuesta que recibieron de las autoridades militares y civiles fue de total rechazo. “Ellos manifestaban que nosotros lo que estábamos ejecutando era una guerra jurídica de la insurgencia, que éramos como un apéndice de los grupos guerrilleros y que lo que estábamos haciendo era denunciar la muerte de guerrilleros como la muerte de civiles ejecutados por fuera de un combate”.

Sin embargo, la Corporación siguió en su trabajo de denuncia e inició una batalla a nivel jurídico. Es que los casos de los famosos falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales estaban inicialmente a cargo de la justicia penal militar y estaban archivados en su mayoría. “Nosotros comenzamos a mostrarles a los jueces penales militares que ellos estaban tomando esas decisiones sin hacer una investigación seria. Eso los obligó a tener que desarchivar los procesos”. Pero de todas maneras, según la Corporación Jurídica, la justicia penal militar no ofrece garantías en estos casos. Por eso se empeñaron en un debate con la Fiscalía General de la Nación para que fuera la justicia ordinaria la que asumiera la investigación de estos crímenes. Finalmente casi todos los casos denunciados han sido asumidos por la Fiscalía.

En este contexto se destapa el fuerte escándalo de los asesinatos de los jóvenes de Soacha a manos de los militares y presentados lejos de su tierra como muertos en combate. El escándalo mediático tuvo mucho que ver con el trabajo que venía haciendo la Corporación, aunque los medios no lo mencionaron siquiera. Según los abogados de esta Corporación, La Jurídica venía haciendo un trabajo a nivel nacional e internacional, que de alguna manera estaba dimensionando el problema y lograba tocar la sensibilidad de ciertos sectores en el país y de la comunidad internacional.

“Entre la Corporación y la Coordinación Colombia Europa- explica el doctor Góngora- se hizo un esfuerzo para traer a unos delegados internacionales que fueran a las regiones y escucharan a las víctimas. Visitaron cuatro regiones del país, entre ellas Antioquia, y escucharon las versiones directas de las víctimas sobre lo que estaba pasando. Luego se reunieron todos los delegados en Bogotá y sacaron un informe final”. Eso fue en el 2007y surtió el efecto de una presión efectiva. Según la Corporación, el hecho de que la Fiscalía asumiera buena parte de esas investigaciones indica sobre todo un manejo político. “Es decir, el gobierno también está interesado en mostrar a nivel internacional que se preocupa por la situación de los derechos humanos. Esa es una cara que tienen que mostrar”.

Pero el trabajo de la Fiscalía en realidad ha sido muy lento, a juicio de los abogados de la Jurídica. “Si uno mira el trabajo que ha hecho la Fiscalía, encuentra que se creó un cuerpo de fiscales para que adelantaran estas investigaciones, pero no los han dotado de la suficiente capacidad para que puedan desarrollarlas de manera pronta. Por eso nosotros hemos estado vigilantes con la mayoría de estos casos, tratando de que la Fiscalía realmente se vea presionada para adelantar los procesos”.

Denuncias contra altos mandos militares y pasividad de la fiscalía.
Desde el 2005, cuando la Corporación inició la documentación de los casos de falsos positivos en el Oriente Antioqueño, le informó de la problemática a los comandantes de los batallones. Y es que los militares, según el abogado Góngora, no solo tienen una labor de protección sino que tienen una función de garante; ellos tienen que hacer lo que esté a su alcance y más para evitar que las violaciones se cometan. Pero los comandantes nada hicieron por proteger a la comunidad para que esto no siguiera sucediendo. Entonces la Corporación le solicitó a la Fiscalía que hiciera una investigación penal en contra de los comandantes de los batallones. “Pero la Fiscalía ha evadido hacer esas investigaciones. A nosotros nos tocó incluso  tutelar, porque cuando hicimos la petición, la Fiscalía no nos quiso prestar mucha atención”. Lo que se necesita, según la Corporación Jurídica, es abrir una investigación particular para analizar cuál fue el actuar del comandante en cada caso.

La insistencia de la Corporación por establecer la responsabilidad de los comandantes de batallón en los falsos positivos se fortalece cada vez más al analizar efectivamente las políticas de estos batallones en los últimos años. “Hace poco estábamos en una audiencia pública y mirábamos la hoja de vida de los oficiales, en particular de un teniente y un cabo- comenta el abogado Góngora-. Hay una parte donde ellos dicen: “Metas que me comprometo alcanzar”. Uno de ellos, por ejemplo, se comprometía a presentar tres guerrilleros muertos, otro se comprometía a presentar narcoterroristas dados de baja. Y en ninguna parte decía que se comprometían a presentar capturados. Y eso lo firma el militar que se compromete, pero también lo firma un superior en el batallón. ¿Cómo es posible que en el batallón permitan ese tipo de compromisos?”.

 

El caso del general Montoya

La Corporación también le hizo una solicitud a la Fiscalía para que abriera investigación penal en contra del general Mario Montoya. Y es que son bien conocidos los desmanes que la fuerza pública cometió en la famosa operación Orión desarrollada en la comuna 13 de Medellín, a mediados de 2002, cuando el general Montoya era comandante de la IV Brigada. Ha sido muy claro que la operación Orión fue coordinada con efectivos de organizaciones paramilitares y que cuando la fuerza pública logró penetrar a esa zona dejó el control social a los paramilitares. “La fuerza pública hacía un cerco para custodiar externamente la zona, pero internamente quienes estaban haciendo el control social eran los paramilitares. Por eso hay mucha denuncia; también hay más de 70 desapariciones denunciadas”.

Como para reforzar la lógica de esta solicitud han surgido recientes declaraciones de algunos jefes paramilitares que comienzan a narrar cómo coordinaron la operación con el General Montoya y con el general Leonardo Gallego, que era entonces comandante de la Policía Metropolitana de Medellín. “La Fiscalía ante esas denuncias tenía la obligación de investigar. Pero lo que hizo fue ignorar las denuncias y no quiso abrir investigación. Entonces nosotros la presionamos, inicialmente con una petición, incluso con varias, y la Fiscalía dilató la situación; hasta que finalmente nos tocó, por vía de tutela, presionarlos para que nos respondieran, abriendo una investigación previa en contra del General”.

En ese mismo proceso han surgido declaraciones de nuevos jefes paramilitares, como Alias don Mario y Alias Bam Bam, que han venido narrando no solo lo de la operación Orión, sino que han involucrado al general Montoya en su apoyo al bloque minero y a otras estructuras paramilitares. También surge la declaración de un oficial del ejército, que responsabiliza al General Montoya por la planeación de la operación Fénix en la comunidad de paz de San José de Apartadó, en febrero de 2005, donde fueron asesinados unos líderes de la comunidad con sus hijos, una niña de cinco años y un bebé de 18 meses. La Corporación Jurídica ha venido exigiéndole a la Fiscalía esa investigación; de hecho, uno de sus abogados aparece como denunciante y pretende también hacerle una vigilancia al proceso a través de la representación judicial de algunas víctimas.

El proceso contra los estudiantes
La Fiscal 74, delegada ante la Cuarta Brigada, adelanta una investigación en contra de algunos estudiantes de la Universidad de Antioquia, a partir de unos testimonios recogidos por la regional de Inteligencia Militar del Ejército- RIME. En principio, la fiscal analizó eso y encontró que la información no era muy precisa y entonces archivó el proceso. “Sin embargo, luego los militares la presionan y comienzan a presentar otros  testimonios; eso da lugar a que la fiscal desarchive el caso”.

Pero se comenzaron a presentar muchas situaciones irregulares porque, según el abogado Góngora, inteligencia militar le empieza a presentar una información a la fiscal un poco distorsionada de lo que estaba pasando, pero que la fiscal no sopesó. “Por ejemplo, que un investigador le diga que salió de su casa y vio una gente rara y asegura entonces que van a atentar contra él. Pero ¿de dónde hace esa inferencia? ¿Y de dónde deduce que son los estudiantes? Porque eso no se logra establecer; no se logra establecer si había gente armada esperándolo”. Este proceso se hizo muy complejo porque le empezaron a dar tratamiento de terrorismo, e incluso lo sacaron de la fiscalía acantonada en la IV brigada y lo trasladaron para una unidad antiterrorista en Bogotá.

La Corporación, en compañía del IPC, empezó a denunciar toda esta situación. Pero según el doctor Góngora, la Fiscal entendió eso como una injerencia en el proceso y tomó la decisión de judicializar a los abogados. Pero, además, en el proceso inteligencia militar comenzó a aportar declaraciones de unas personas que afirman ser desertores de grupos guerrilleros y hablan de la Corporación y de algunos de sus integrantes, señalándolos como miembros de agrupaciones armadas. En ese mismo proceso señalaron a muchas organizaciones sociales y de derechos humanos como la ACA, ADIDA y otras de ser integrantes o tener vínculos con organizaciones subversivas, en concreto con las Farc. Ahí, por ejemplo, se abrió una investigación penal contra el abogado Alejandro Sierra y contra otras personas de la Corporación y de otras organizaciones.

El proceso se ha enrarecido mucho más porque han surgido denuncias por posibles atentados en contra de funcionarios judiciales. “Parece - explica el doctor Góngora- que una de las investigadoras del proceso percibió un movimiento extraño cerca a su casa. Y afirma que si le llega a pasar algo es por ese proceso. Entonces la fiscal casi que deja una constancia diciendo: si le pasa algo a la investigadora, es por los abogados que están en el proceso”.

En esos mismos días, a mediados de agosto del año pasado, se hace circular en internet una carta que aparece firmada por dos abogados de la Corporación, Elkin Ramírez y Bayron Góngora. En esa carta supuestamente manifiestan que son integrantes de un grupo subversivo, e infiltrados en las organizaciones sociales, y denuncian a una gran cantidad de personas del movimiento social como también integrantes de la guerrilla. Lo más sorprendente, según los abogados de la Corporación, es la coincidencia de la información plasmada en la carta con la información que se está manejando al interior del proceso suministrada por el RIME. “Entonces nosotros manifestamos en su momento- comenta el doctor Góngora- que las investigaciones que se estaban adelantando en el tema tenían que partir de investigar qué estaba pasando con el RIME concretamente en este proceso”.

Según denuncia la Corporación, las presiones y amenazas que ha sufrido son permanentes desde hace mucho tiempo. Constantemente sus integrantes han sido objeto de seguimiento; cartas como la que circuló en agosto del año pasado aparecen con frecuencia y constantemente se han visto enfrentados a procesos de judicialización. “Incluso están visitando personas detenidas por causas políticas, solicitándoles que, a cambio de favores, declaren en contra de integrantes de la Corporación”. Sin embargo, la misma Corporación reconoce que este último hecho, del que se enteraron en febrero de este año y que busca el asesinato del abogado Bayron Góngora a través del pago a una banda de asesinos de Campo Valdez, es un escalón más alto en esta presión, y hace parte de una retaliación de la Inteligencia Militar ante las reiteradas denuncias. Ante eso, lo que ha hecho la Corporación es la denuncia a nivel nacional e internacional, buscando el respaldo de las organizaciones sociales de Colombia y del mundo, sabiendo que no hay mucha esperanza en que por iniciativa propia el gobierno y las autoridades militares asuman su protección.

 

Modificado por última vez el 16/06/2012

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