El grupo Dávila Abondano condena al despojo a 600 campesinos

La hacienda Las Pavas tiene aproximadamente tres mil hectáreas de extensión, la mayoría de las cuales están ubicadas en jurisdicción del municipio El Peñón, al sur del departamento de Bolívar. De allí fueron desalojadas el 14 de julio pasado por fuerzas del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía 123 familias de campesinos, aproximadamente 600 personas, para entregarle el predio a las empresas de palma Aportes San Isidro y Comercializadora Internacional Tequendama, ambas pertenecientes al Grupo Daabon, propiedad de la familia Dávila Abondano del departamento del Magdalena, cuyo pasado deja mucho que desear. Este despojo ha contado con la complicidad de las autoridades municipales, departamentales y nacionales, que han favorecido irrestrictamente a los empresarios. 

 

 En una acción solidaria con los campesinos desalojados de la hacienda Las Pavas, se organizó una comisión conformada por 25 personas integrantes de diferentes organizaciones nacionales e internacionales. La Comisión se dirigió al corregimiento Buenos Aires del municipio del Peñón, a donde se han refugiado los campesinos sacados a la fuerza de sus tierras. Al llegar allí, nos dispusimos durante varios días a escuchar los testimonios de los campesinos y sobre esos testimonios, Periferia reconstruye la historia del despojo de estas 600 personas.

Camino al despojo
En medio de un campamento construido con palos y plásticos, hay una especie de salón comunal donde nos reunimos con los campesinos; unas 80 personas se dispusieron a contarnos cómo han sido tratados por las diferentes autoridades hasta llegar al más reciente desalojo del 14 de julio. Comienzan contando que en la época de oro del cartel de Medellín, a mediados de los años 80, de vez en cuando hasta predios de la hacienda Las Pavas llegaba un grupo de hombres vestidos de civil y fuertemente armados y que, según los comentarios de los campesinos que vivían alrededor de la hacienda, eran los escoltas del mafioso Pablo Escobar Gaviria, propietario de la finca que iba a descansar allí. “Cuando Pablo venía por acá nos prohibían ir a trabajar a las parcelas y salir del caserío, nos daban plata para nuestro sustento pero durante los días que ese señor estuviera por acá nadie podía hacer nada ni irse para ninguna parte”, cuenta uno de los líderes rememorando sus épocas de juventud. “Posteriormente, poco después que fue asesinado el Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el ejército allanó la hacienda buscando a Pablo Escobar”.

Después de este allanamiento, la persona que aparecía como dueña de la  hacienda, el señor Jesús Emilio Escobar Fernández, la abandonó, quedando durante más de 10 años como predio sin ningún tipo de uso productivo. En 1997, y a raíz de la falta de tierras para cultivar y producir sus alimentos, 123 familias ocuparon el predio y comenzaron a cultivar allí productos de pancoger y algunos productos para comercializar, como cacao. Fue ahí cuando decidieron agruparse en la Asociación de Cacaoteros de Buenos Aires – Asocab. Se mantuvieron allí hasta el año 2003, cuando un grupo de paramilitares reunió a los campesinos de Las Pavas y de Buenos Aires y les notificó que a partir de aquel momento quien quisiera preservar su vida tenía terminantemente prohibido volver a trabajar en esas tierras. Simultáneamente los “paras” establecieron su base en el corregimiento Papayal, a unos 40 minutos de Buenos Aires, y comenzaron a correr por el río que comparten Buenos Aires y Papayal cuerpos humanos descuartizados. Ante las amenazas y la evidencia de que los paras estaban dispuestos a cumplirlas, los campesinos de Asocab decidieron salir de la hacienda y refugiarse en Buenos Aires.

En los siguientes tres años, los campesinos se decidieron a regresar de a poquitos a la hacienda Las Pavas; pudo más la necesidad de cultivar alimentos para resolver al menos el problema del hambre que el miedo que les producían las amenazas de los paras. En 2006 las 123 familias estaban de nuevo ocupando completamente la hacienda y arrancaron nuevamente sus actividades agrícolas. En 2007 acudieron al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder- para solicitar que se iniciara un proceso de extinción de dominio de ese predio, pues, de acuerdo con el artículo 52 de la ley 160 de 1994, el propietario había dejado de ejercer posesión del predio por más de tres años continuos. Y es que justo en ese año se completaban los 10 años desde que Jesús Emilio Escobar dejó abandonada la hacienda. Se realizaron algunas diligencias por parte de la Unidad Nacional de Tierras para verificar la veracidad de lo declarado por los campesinos en el sentido de que el predio había sido abandonado por su propietario, y en vista de que se pudo corroborar se procedió a abrir el proceso de extinción de dominio por parte del Incoder un año después de presentada la solicitud por parte de los campesinos. Este proceso está pendiente de una resolución definitiva.

Las empresas palmeras entran en el escenario
A comienzos de 2009, los campesinos decidieron darle un empujón a su actividad agrícola y consiguieron un crédito para sembrar cacao y obtener así algunos ingresos económicos para subsanar sus necesidades, lo que no significa que renunciaran a su actividad agrícola de cultivar productos de pancoger, sino que la complementan con la siembra de cacao.

Pero entonces entran al escenario las empresas palmeras Aportes San Isidro y Comercializadora Internacional Tequendama, quienes presentan ante la inspección única del municipio del Peñón una querella de amparo de la posesión por ocupación por vía de hecho contra los campesinos y alegan ser los propietarios de este predio que, según dicen, le compraron a Jesús Emilio Escobar. La inspección decide la querella a favor de las empresas, desconociendo que hay un proceso de extinción de dominio de este predio en contra de Jesús Emilio Escobar por abandono de la hacienda, y ordena el desalojo de los campesinos y la “restitución” del predio a las empresas querellantes. Los campesinos interpusieron una acción de tutela y el juzgado Promiscuo de San Martín de Loba falló en su favor y revocó la orden de desalojo emitida por el inspector de El Peñón. El juez argumentó que la inspección violó el debido proceso al ordenar una acción de hecho sin tener en cuenta los antecedentes de las acciones jurídicas adelantadas por los campesinos. Las empresas impugnaron el fallo y el juzgado de segunda instancia revocó la decisión del juez y revivió la orden de desalojo.

¿Quiénes son los propietarios de las empresas palmeras?
Las empresas que han adelantado toda serie de intrigas legales e ilegales para lograr apropiarse de la hacienda Las Pavas son Aportes San Isidro S.A. y Comercializadora Internacional Tequendama. Ambas son propiedad del Grupo Agroindustrial Daabon Organic., que toma su nombre de los apellidos Dávila Abondano y se dedica a tres actividades económicas: Los agrocombustibles, de los cuales se encargan las empresas Aportes San Isidro, Comercializadora Internacional Tequendama, La Comercializadora Internacional Palmares de Río Viejo - Riopalma, La Terminal de Graneles Líquidos del Caribe S.A, y la Planta de Biocombustibles del Caribe S.A. El segundo renglón es el de la producción y comercialización de banano del que se encargan las empresas Comercializadora Internacional La Samaria, la Fundación Social Dávila BioBanana – Fundabanana y la Fundación de los Trabajadores de las Bananeras. El tercer renglón productivo es el de producción y comercialización de café orgánico y otros productos del que se encargan las empresas Comercializadora Internacional Kyoto S.A. y Ecobio Colombia. Su actividad productiva y comercial está orientada fundamentalmente para la exportación de sus productos a Japón, Corea, Holanda, Inglaterra, Australia, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana y Alemania, y para ello cuentan con certificaciones de buenas prácticas ambientales y sociales que, según algunas averiguaciones en curso, no han sido conseguidas de manera transparente.

Este grupo fue conformado por la familia Dávila Abondano, de tradición terrateniente en el departamento del Magdalena, pero también conocida a nivel nacional por su tradición politiquera y porque al menos dos de sus miembros se han visto envueltos en asuntos criminales: Eduardo Dávila Armenta pagó una condena por narcotráfico y actualmente está siendo investigado y se encuentra detenido por concierto para delinquir agravado por sus nexos con los paramilitares comandados por Hernán Giraldo, y por homicidio agravado. Otro de los miembros de esta familia, el exgobernador del Magdalena José Domingo Dávila Armenta, está siendo procesado por paramilitarismo, ya que fue uno de los impulsores del llamado “pacto de Chivolo”, que es un documento que se firmó en una reunión que se llevó a cabo entre diferentes personalidades políticas magdalenenses y el jefe paramilitar Jorge 40. De esa reunión, realizada en el año 2000, José Domingo Dávila salió ungido como candidato a la gobernación del Magdalena, cargo que ganó y ejerció entre 2001 y 2003. Dentro de su tradición politiquera, el grupo Daabon participó también en las más recientes elecciones para la alcaldía de Santa Marta, en las cuales salió electo Juan Pablo Diazgranados Pinedo, que hasta antes de posesionarse era el director de la división de finanzas del grupo Daabon. La familia Dávila Abondano aportó también a través de diferentes empresas pertenecientes al grupo Daabon, al fondo del referendo que busca la segunda reelección de Álvaro Uribe a la presidencia de Colombia. Los aportes, según la página de Internet de periodismo investigativo primerapagina.com, fueron: C.I. La Samaria: 15 millones; C.I. Tequendama: 15 millones; C.I. Banasan: 50 millones.  

Seguramente el grupo Daabon a través de las empresas Aportes San Isidro y C.I. Tequendama están felices con las acciones de apoyo de la familia presidencial al cultivo de palma africana. Cuentan los campesinos de Las Pavas y algunos pobladores de los municipios de Arenal y Río Viejo del departamento de Bolívar que en los meses de febrero y abril de 2009 Jerónimo Uribe Moreno ha realizado dos visitas a la hacienda Chipre, ubicada en el municipio de Río Viejo; durante estas visitas ha impulsado el incremento del cultivo de palma en la región.  Así mismo cada que ha tenido la oportunidad el presidente Álvaro Uribe Vélez, ha hecho vehementes llamados para que se aumenten el número de hectáreas de palma sembradas en el país, ya que a su juicio “éste es un cultivo que permite generar ingresos hacia la revolución educativa por la competitividad que demanda la producción de la palma. También permite la ampliación de la protección social porque, en la medida que reivindica amplias masas campesinas, facilita el acceso de estas al sistema de protección. Y, estimula la generación de empresas de economía solidaria”. Ha dicho también el presidente que “el cultivo de la palma de aceite permite, de manera excelente, avanzar en el país de propietarios porque, lo que amenaza el concepto de empresa privada es la falta de capacidad del capitalismo para generar nuevas empresas y nuevos empresarios, pero en el caso de la palma de aceite la situación es contraria”.

Así las cosas, nadie puede extrañarse de la posición asumida por los jueces y demás autoridades frente a la querella interpuesta por el grupo Daabon. Por eso el 14 de julio pasado unos doscientos agentes del escuadrón Móvil Antidisturbios – Esmad – de la policía nacional rodeó el predio, impidiendo la entrada y salida de las personas que allí se encontraban, entre las que estaban los campesinos y representantes de diferentes organizaciones sociales que habían llegado hasta allí a acompañarlos y apoyarlos en su acción de resistencia frente al desalojo.

Al frente de los llamados robocops, como les dicen popularmente a los Esmad, se encontraba el inspector de El Peñón, Omaldo García Capataz, y a su lado se encontraba el abogado de las empresas palmicultoras quien, según los campesinos, era el que le daba las órdenes al inspector. También hicieron presencia allí funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la Personería municipal del Peñón, quienes le insistían al inspector sobre la ilegalidad del acto; pero el inspector, alegando no ser abogado, mantuvo su decisión de desalojar a los campesinos para complacencia de las empresas palmeras. Las únicas personas que pudieron mantenerse en el predio fueron tres mujeres cabeza de familia a las que un juez de San Martín de Loba les tuteló su derecho al trabajo, ellas quedaron rodeadas de los policías que custodian la hacienda y tienen expresamente prohibido adelantar cualquier tipo de labor agrícola en estas tierras, así sea solo el mantenimiento de los cultivos de maíz, ahuyama y otros productos de pancoger que se están ahogando en la maleza.

Paradójicamente, el mismo juez que permitió la permanencia de tres mujeres en el predio sin poder adelantar ningún tipo de labor agrícola, en un acto de malabarismo jurídico sin precedentes tuteló también el derecho que tienen las empresas palmeras a ocupar y trabajar este mismo predio. En una visita que hicimos para verificar las condiciones de las tres señoras, encontramos que las empresas palmeras ya tienen allí un tractor y un grupo de personas trabajando en un pequeño cultivo de palma que lograron sembrar hace unos meses, cuando llegaron y por la fuerza destruyeron el cultivo de cacao de los campesinos. Toda la actividad de las empresas palmeras está siendo protegida por un piquete de unos 20 policías que están allí acantonados y que han tomado la única vivienda que sobrevivió a la destrucción del día del desalojo como su sitio de vivienda. En una de las habitaciones de esa casa, rodeadas de camuflados, fusiles y carpas militares, se hacinan las tres campesinas que permanecen en el predio.

A unos 40 minutos de Las Pavas, las 120 familias restantes que se refugiaron en el corregimiento Buenos Aires se preparan para recuperar estas tierras que ellos consideran propias.

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