Mesa de vida y territorio en el Sur de Bolívar

La Comisión de Interlocución del sur de Bolívar conformada por la Federación Agrominera del sur de Bolívar, los espacios humanitarios de la región, organizaciones comunales y que cuenta con el acompañamiento de organizaciones como La Corporación Sembrar y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y la Red de Hermandad y Solidaridad convocaron a campesinos y mineros del sur de Bolívar, a representantes de los gobiernos locales y nacional a debatir sobre el tema de la vida y el territorio en la región. La reunión, que formalmente era la primera que se realizaría,  estaba pactada para las 9 de la mañana del 30 de enero en el municipio de San Pablo (Bolívar) y había mucha expectativa de la gente por lo que allí se discutiría, más cuando una reunión que había el día anterior entre los alcaldes y los pobladores para conversar sobre el mismo tema no se realizó porque los alcaldes nunca llegaron.

 

Poco antes de las nueve de la mañana, unas 100 personas provenientes de diferentes municipios del sur de Bolívar ya estaban en la puerta del salón donde se realizaría la reunión, pero se abstuvieron de entrar cuando la policía destacada en el municipio intentó tomar los datos a cada uno de los que ingresara al sitio; entonces se habló con el alcalde de San Pablo quien levantó la orden de censar a los asistentes. Ya en el recinto y a punto de iniciar la reunión, ingresó la policía y se ubicó en los 4 costados del salón desde donde se podía ver y controlar fácilmente a los asistentes. Con la policía ingresaron dos jóvenes y uno de ellos de inmediato sacó una pequeña cámara digital y comenzó a fotografiar descaradamente a los campesinos, mineros y dirigentes de las organizaciones presentes en el salón, amparado por la policía de la que no se despegaba. El otro se dedicó a hablar por celular casi todo el tiempo.

Los representantes de la Comisión de Interlocución le pidieron a la representante de la Defensoría del Pueblo que se hallaba en el lugar que exigiera el retiro de los agentes de policía y que identificara al civil que estaba tomando fotos y las razones por las que lo hacía. Las razones para exigir el retiro de la policía es que este es un espacio trabajado desde la civilidad y en pro de la construcción de la paz, además hay una profunda desconfianza hacia la fuerza pública debido a su comportamiento de maltrato y atropello a la población. Pasó casi una hora para lograr que la Defensoría convenciera a la policía de salirse del salón y llevarse a los civiles que estaban con ellos allí. No se logró identificar al sujeto que tomaba las fotos, aunque se rumoraba que era un agente de la Sijín, tampoco se logró que borrara las fotografías que había tomado. Más tarde nos comentaron que era un muchacho de la región que había sido paramilitar y se mantiene con la policía para todos lados. Ninguna de las dos versiones pudo ser confirmada, pero sea lo que fuere, la policía los alejó del sitio de la reunión en un carro de la institución policial.

Con el ambiente tenso se inició la reunión. Además de los campesinos y los líderes regionales, estaban representantes del Ministerio de Agricultura, del Ministerio del Medio Ambiente y del Incoder. Tres voceros de la Comisión de Interlocución presentaron una breve síntesis del camino recorrido para la defensa de su vida y su territorio, las movilizaciones, los incumplimientos del gobierno, las persecuciones y agresiones de las que han sido víctimas y la voluntad de campesinos y mineros de mantener espacios de diálogo y concertación con el gobierno nacional. Por su parte, los funcionarios gubernamentales plantearon su disposición a hacer acuerdos con los pobladores sobre el tema de la tierra en el sur de Bolívar.

Los intereses en juego
A propósito, este espacio de interlocución se denomina “Mesa de Vida y Territorio en el sur de Bolívar” y fue propuesto por organizaciones de la región con el fin de discutir con el gobierno nacional sobre la tenencia, la distribución y los usos de la tierra. Tema que tiene una actualidad tremenda hoy, cuando empresas multinacionales que explotan diversos recursos naturales han comenzado a explorar riquezas como el oro y el petróleo que contiene la región y han hecho acuerdos con el gobierno nacional para que se les entreguen esos recursos para su explotación. Así mismo, empresarios de la palma africana están muy interesados en expandir sus cultivos y apropiarse de una mayor cantidad de hectáreas que las que actualmente tienen. El tema de la tierra es muy sensible en la región sur de Bolívar, tanto campesinos como mineros saben que los recursos naturales abundantes que contiene la región despiertan la codicia de muchos.

En este contexto, hay una diferencia importante entre el gobierno nacional y las organizaciones de la región. El gobierno pretende levantar los impedimentos jurídicos que no le permiten titular de manera individual los predios en gran parte de la región, estos impedimentos están contemplados en las declaratorias de zona de reserva forestal y zona de reserva campesina que cubre una importantísima parte de los municipios del sur de Bolívar. A pesar de ello, el Incoder ha titulado algunos predios irrespetando lo establecido en la ley y ahora pretende hacer un nuevo delineamiento de la cobertura de las zonas de reserva campesina y de reserva forestal para así poder llevar a cabo o autorizar la realización de una serie de actividades que no están permitidas hasta ahora y que fundamentalmente son de orden económico a favor de las grandes empresas que  tienen interés en los recursos naturales de la región.

Por su parte, las organizaciones de la región plantean que antes que tomar decisiones, es necesario que el gobierno les informe a las comunidades sobre los recursos que ha identificado, las cantidades estimadas de los mismos, las propuestas que ha recibido para su explotación, la manera como serán explotados y qué se va a hacer para evitar el impacto económico, ambiental, social y cultural que se presentaría con la explotación indiscriminada de estos recursos.

Disposición del gobierno
Durante la reunión fue evidente el afán del gobierno nacional de allanar el camino para superar los limitantes jurídicos que impiden la titulación individual de predios, porque ellos saben que si esto no se logra será mucho más difícil cumplir los compromisos adquiridos con las multinacionales  para la explotación de los recursos de la región. Además porque saben que si hay titulación individual de los predios lograrán dividir a los pobladores entre quienes quieren título individual y quienes quieren título colectivo; sabe también el gobierno que la titulación individual es el primer paso para la expropiación legal o ilegal de las tierras.

En el transcurso de la reunión los campesinos presentaron muchas denuncias sobre el tratamiento de guerra que se les sigue dando, campesinos del municipio de Regidor denunciaron que están siendo despojados de las tierras por parte de empresarios de palma africana, agricultores de la zona centro de la región denunciaron con mucha preocupación la llegada de paramilitares de alias “don mario” que están ofreciendo dinero para financiar nuevos cultivos de coca, de una especie más rendidora que las conocidas en la región. Otros denunciaron las agresiones y señalamientos que la fuerza pública hace permanentemente contra los líderes señalándolos de guerrilleros y de enemigos del ejército. Por eso, aunque las organizaciones sociales de la región manifestaron claramente su disposición a seguir participando en los espacios de interlocución establecidos con el gobierno, tienen la suficiente claridad de que solo con el fortalecimiento organizativo, la unidad y la movilización podrán enfrentarse al propósito gubernamental de feriar los recursos naturales del sur de Bolívar.

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Nelson Orrego

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