El Bajo Cauca se desangra

“Hay que ser muy meticuloso, muy juicioso, muy malicioso para sobrevivir en este mar de confusiones. Yo hasta el momento nunca he fallado, y si un día fallo, yo creo que es el último día mío. Hay que leer el territorio todos los días, cuando amanece y cuando va anochecer. Antes de salir del territorio me doy cuenta cómo lo dejo, qué hay en el camino. Cuando voy a entrar lo mismo: cómo están las cosas, quién me puede orientar, qué está sucediendo o qué va a suceder, y por qué están sucediendo las cosas. En su mente uno hace unas alertas tempranas. Líder que no aprenda a leer el territorio es víctima de su territorio”.

El testimonio de Francisco Morales* no alcanza a ilustrar lo letal que puede ser esta región. Las organizaciones defensoras de derechos humanos previeron la crisis humanitaria, pero la Fuerza Pública las llamó mentirosas y alarmistas. La Defensoría del Pueblo les dio la razón al emitir dos alertas tempranas el año pasado. La respuesta estatal fueron 1000 soldados de refuerzo. El Ejército asegura que las 78 operaciones militares ejecutadas en el Bajo Cauca han dejado excelentes resultados, pero los asesinatos no merman, el miedo y los desplazamientos tampoco.

Segunda estación: Puerto Valdivia
Lo que queda de Puerto Valdivia es el primer golpe. Este corregimiento que aprendió a interpretar los estados de ánimo del río Cauca es la puerta de entrada a la subregión, y también una advertencia de lo que uno puede encontrarse conforme se adentra en el territorio.


Hidroituango, el proyecto hidroenergético más ambicioso del país, el símbolo de la pujanza paisa, dejó en Puerto Valdivia las mismas cicatrices que deja la guerra: los barrios a cada orilla del río abandonados, el puesto de salud arruinado, la escuela cerrada, casas destruidas, silencios y ausencias, gente de río sin poder usar las bateas ni las atarrayas, y un río –antes brioso y de color amarillo marrón– convertido en un estanque manso y verdoso.

Los pobladores que quedan estiman que Hidroituango desplazó el 80% de la población. La última emergencia ocurrió el 12 de mayo del 2018. Ese día el Cauca subió proporciones nunca antes vistas en Puerto Valdivia. Inundó algunas casas, mutiló otras y tumbó el primer puente ancestral que conectó a Antioquia con la Costa Atlántica. Liliana Aristizábal*, una de las afectadas que se vio obligada a vender su casa y desplazarse, recuerda que “la comunidad de [el barrio] Remolinos salía corriendo, salía llorando, salían desesperados. Hubo personas que tuvieron que sacar en canoa porque el paso estaba tapado por el río”.

Liliana asegura que quienes se quedaron o retornaron al puerto, lo hicieron porque no les quedó otra opción. Y que a quienes el miedo les impide volver, EPM y la Unidad de Gestión del Riesgo los intenta presionar con circulares para que retornen, aunque no existan las condiciones de seguridad necesarias. “Hace unos días expresaron que había unos microsismos en una margen del proyecto. ¿Entonces cómo vamos a estar tranquilos? La comunidad le dice a uno, a nosotros nos tocó regresar porque ya firmamos un documento, pero nosotros no estamos tranquilos, sabemos que tenemos que tener un bolsito listo, los documentos, y de pronto una linterna por si es de noche”.

A finales de julio, Gestión del Riesgo levantó la alerta roja para las poblaciones ubicadas aguas abajo de la represa. El movimiento Ríos Vivos, encabezado por la lideresa Isabel Cristina Zuleta, alega que la unidad no ha entregado la resolución, y exige un informe en el que se expresen las razones técnicas que motivaron el levantamiento de la alerta. “Lo único que han hecho es presionar a la gente para que firme documentos y retornen al territorio sin ninguna garantía. El desastre antrópico podía ser atendido por la Unidad de Gestión de Riesgo, solo si ellos comprueban que se hizo sin intencionalidad. ¿Cómo puede probarnos hoy la Unidad de Gestión del Riesgo que EPM tapó unos túneles sin intención? Porque ese es el origen del desastre. Pero lo más grave es que EPM determina los riesgos y la manera de atenderlos. La ley lo que hace es dejarnos solos. Estamos sometidos a lo que quiera la empresa”, aseguró la lideresa.

En el peor de los casos, si llega a romperse el muro de contención de la presa, Puerto Valdivia desaparecería, quedaría un 50% del casco urbano de Tarazá, un 5% de Cáceres, el 30% de Caucasia, y de Nechí no quedaría nada. De colapsar Hidroituango los perjuicios patrimoniales serían incalculables, pero lo más difícil de resarcir son las afectaciones psicológicas y sociales. El hijo de una prima de Liliana que ahora vive en Yarumal, llora cada vez que su mamá considera la opción de retornar, “tiene pesadillas, tuvo bajón en el estudio, cuando le dicen que hay que retornar a la vivienda coge una aguja y empieza a coserse las manitos del estrés que le da. Las personas llevan derechos de petición a la oficina de EPM –asegura Liliana–, y en algunos casos la respuesta es que tienen que habitar el territorio para que el niño se adapte a ese peligro”.

Cualquier escenario es catastrófico para Puerto Valdivia. Aunque Hidroituango logre generar energía, del corregimiento solo quedaría el recuerdo de lo que fue alguna vez.

Tercera estación: Tarazá-Caucasia
Por épocas, los aproximadamente 40 kilómetros de carretera que separan Puerto Valdivia de Tarazá se convierten en uno de los tramos más peligrosos del Bajo Cauca. Son 15 veredas construidas a la vera de la vía, nombradas con números del 1 al 15; del 1 al 12 pertenecen a Tarazá, del 13 al 15 a Valdivia. En lo que va del año, una fuente consultada por Periferia contabilizó seis camiones incinerados en este tramo. Y cuenta que el año pasado, durante tres meses, desaparecieron a toda persona que transitara en moto por la vereda conocida como El 12.
Quien controle este pedazo de la Troncal del Caribe, puede controlar qué entra y qué sale del Valle de Aburrá. El Bajo Cauca es una zona geoestratégica porque también limita con Córdoba, departamento con altos índices de cultivos de uso ilícito. Colinda con el Nudo de Paramillo y por ende con Urabá. Limita también con el Nordeste antioqueño, subregión que la conecta con el Magdalena Medio. Esa localización hace del Bajo Cauca una región apetecida para movilizar armas, droga, contrabandado, y demás cosas ilegales. “Si hay un solo grupo que ejerza el dominio territorial es muy probable que todas las dinámicas de violencia como tal se reduzcan. El problema es cuando varios grupos entran en disputa por todos esos intereses. No es exclusivamente el tema del narcotráfico como dice el Gobierno nacional. Aquí realmente un grupo lo que quiere hacer es un control económico, político y territorial que sea funcional a él, para consolidar una ideología muy similar a estas políticas neofascistas donde solamente se puede ejercer lo que ellos digan”, sostiene Oscar Yesid Zapata, integrante de la Fundación Sumapaz y del Proceso Social de Garantías.

Ese lugar en el mapa puede significar un sinfín de oportunidades, pero cuando los vacíos estatales son llenados por grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC, los Caparrapos, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y bandas transnacionales como el Cartel de Sinaloa que apoya con armas y dinero a las AGC, el resultado es una crisis humanitaria sobre diagnosticada por instituciones y organizaciones sociales. Según Oscar Yesid, en la región –conformada por Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, y Zaragoza– la tasa de homicidios supera los 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El Bajo Cauca es la subregión de Antioquia donde ocurren más homicidios y agresiones contra líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos. Entre 2016 y 2019 registraron 26 homicidios y aproximadamente 200 amenazas contra estas personas. Desde el Proceso Social de Garantías calculan que al menos 45 líderes y sus núcleos familiares han tenido que abandonar sus territorios.

Camilo Pérez* es uno de ellos. En una región binaria y machista, abanderar las exigencias de la comunidad LGBTI, como comenzó a hacerlo Camilo a finales del 2015, es una labor de alto riesgo. Un día un hombre fue hasta su casa, le mostró una pistola, y le dio un plazo de una semana para que se fuera de Tarazá, porque “si no se va ya sabe lo que le pasa”. “Fueron días muy difíciles porque me tuve que quedar un tiempo en Tarazá aún amenazado. Me tocaba hasta dormir debajo de la cama por miedo a que alguien entrara y me hiciera algo”, asegura el joven de 18 años que no ha recibido ninguna ayuda estatal y que sigue defendiendo los derechos de la población LGBTI en el municipio al que llegó a finales de 2016, año en el que según Camilo fueron desplazadas más de 2000 familias de Tarazá.

– ¿Es muy difícil ser homosexual en el Bajo Cauca? – le pregunto a Camilo en el lobby de un hotel de Caucasia.
–Es difícil, porque tenemos que estar escondidos. La población LGBTI aunque no parezca es muy atropellada por la violencia, porque hay personas muy homofóbicas, el comandante paramilitar que había en ese tiempo [en Tarazá] era muy homofóbico. No soy el primero desplazado, conmigo ya son tres líderes desplazados de Tarazá.
– ¿No crees que en esas organizaciones también puede haber homosexuales?
– Tuve un amigo que era gay, y él me contaba que se acostaba con hombres que eran paramilitares. Es algo que no tiene sentido, se acuestan con otros hombres y luego los matan.

El machismo en el Bajo Cauca cuesta vidas, pero los evidentes nexos entre la institucionalidad y el paramilitarismo también ponen en peligro la vida, e impiden satisfacer las necesidades básicas. “Hoy la gente piensa que los paramilitares son personas que están allí en la vereda con un fusil terciado en el hombro. No, los paramilitares están en todos lados –manifiesta Jesús Alean Quintero, director de la Fundación Redes ONG–. En las alcaldías tenemos paramilitares manejando la salud, los contratos de infraestructura, los contratos de la dotación que abastece los municipios. Los organismos de control han sido inoperantes en esta región porque hay mafias trabajando en el sector público”.

Además, la podredumbre institucional ha permitido que mucha tierra se concentre en pocas manos. Basta recorrer las afueras de Caucasia para comprobar que el ganado tiene más tierra a disposición que la misma gente. Según Jesús Alean, esas fincas que alcanzan a ser de hasta 3000 hectáreas, fueron tomadas por el paramilitarismo de manera ilegal, compradas a bajos precios, o adquiridas a través de la Ley de baldíos. “Hoy tenemos la oficina de Restitución de Tierras en Caucasia, pero ha sido muy lento, es un plan tortuga. No hay garantías. A muchas personas que les han dado las tierras les toca volver a desplazarse porque se ven sometidos otra vez por las amenazas de estos grupos y los enfrentamientos”.

El municipio más extenso y con mayor población del Bajo Cauca no es ajeno al sometimiento armado en que se encuentra la región. Al caer la noche Caucasia queda sin vida, las calles son mucho más oscuras, el comercio suspende labores, y solo algunos tercos pueblan el parque. Los comerciantes del municipio, dice Jesús, quien ha sido amenazado por varios grupos, reciben hasta tres boletas extorsivas, y el medio regional NP Noticias reporta a diario el asesinato de al menos una persona. Los jóvenes militares de gesto agrio que están firmes como banderas en la carretera, aferrados a sus fusiles, no impiden que los violentos circulen por el territorio. Un día antes de que la Caravana Humanitaria llegara a Caucasia, explotó un artefacto en el parque principal.

“El señor Presidente la semana pasada estuvo en Caucasia. No escuchó, vino a inaugurar un hospital que lo han inaugurado ya dos veces; una infraestructura que está vacía. En nuestra región todo es crítico, porque es inesperado lo que pueda suceder. Se hacen capturas permanentemente. Capturan 10, 11, 15 y siguen los homicidios. El Estado no reivindica la gobernabilidad, no tiene una política pública eficiente. Parece que hubiera un gobierno sobre otro gobierno”.

Cuarta estación: Cáceres
Cualquier foráneo podría pensar que aquí no pasa nada. Cae la tarde, el sol pierde agresividad, el parque está desierto, una cuadrilla de militares observa el vacío paisaje, y un bafle amarrado a la parrilla de una moto escupe con todos sus decibeles una canción de Michael Jackson.

La palabra que mejor puede definir a Cáceres es soledad. En el casco urbano hay barrios totalmente vacíos, decenas de casas abandonadas, y muchas otras en venta. Raúl Cardona* me dice que no dejan de pasar hechos que lamentar, pero que actualmente hay una “calma aparente” porque de momento la presión militar ha surtido efecto y, sobre todo, porque están claramente demarcadas las zonas que domina cada grupo. Lo que Raúl Cardona no puede negar es que cuando se desatan las confrontaciones, el resultado es lamentable. Según José Alean, este año han salido desplazadas 700 familias, y según el Secretario de Gobierno encargado –designado por el Gobernador, puesto que el Alcalde electo se encuentra en curso de un proceso penal–, hasta el mes de agosto de este año se han registrado 59 homicidios, mientras que en todo el 2018 ocurrieron 56 homicidios. Tres de esos 56 asesinados eran presidentes de Juntas de Acción Comunal que hacían parte de un proceso liderado por Raúl.

Cuando hubo, la coca trajo problemas a Cáceres. Ahora que no hay, también. Entre el 2002 y el 2011, 'Macaco', ex jefe del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, y 'Cuco Vanoy', ex jefe del Bloque Mineros, se disputaron el negocio del narcotráfico en el Bajo Cauca. “Quien se torciera a vender un gramo de base al otro bando, perdía la vida […] La gente subsistía bien –explica Raúl–. Quince, doce años atrás, una libra de base valía un millón doscientos, pero yo compraba los insumos a unos precios muy bajos. Un timbo de gasolina me valía 55.000 pesos, hoy vale 186.000, y así todos los insumos, en comparación con la base que nunca tuvo un aumento. A muchos campesinos todavía les parece que sembrar y raspar cada 60 días puede ser una solución, pero hoy podemos decir que es una brutalidad sembrar coca”.

El Acuerdo de Paz significó una posibilidad de encontrar una alternativa de subsistencia diferente a la coca. De las 109 familias que habitan la vereda Alto del Tigre, 103 se inscribieron en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), y arrancaron las matas de forma voluntaria. El programa prometió que a partir de febrero de 2018 cada familia recibiría doce millones de pesos, divididos en seis cuotas de dos millones. A la par de los pagos, la administración municipal se encargaría de ejecutar una serie de proyectos productivos para que las familias tuvieran una huerta casera que les garantizara una seguridad alimentaria.

Hasta el momento ni al municipio han llegado los recursos, ni a esta vereda, ubicada a tres horas del casco urbano de Cáceres, han llegado los proyectos. “Hace siete meses recibimos el último pago, y la seguridad alimentaria no ha llegado. La gente está perdiendo la esperanza. Quieren irse de por aquí porque no ven proyectos ni ayuda del Gobierno. Nosotras tenemos una asociación de 38 mujeres que están trabajando apicultura, estamos a la espera de poder ejecutar el proyecto para tener un sustento. Si ahora llegan las cosas, estamos en tiempo de verano y aquí no tenemos acueducto. Aquí el agua llega por horas, por eso las dificultades tan grandes que hay en esta vereda”, manifiesta angustiada una lideresa, quien además agrega que los Caparrapos los obligaron a darles 200 mil pesos de cada pago.

A diferencia de otras veredas, Alto del Tigre no padece la violencia que azota al municipio y al Bajo Cauca. En esta zona, aseguran los líderes, los grupos armados se respetan sus territorios. Sin embargo, no dejan de suceder escaramuzas. Hace aproximadamente dos meses, la comunidad impidió que el ELN minara una parte de la vereda para evitar alguna avanzada del Ejército. La de hoy es una endeble calma. El incumplimiento del PNIS, el corazón del punto cuatro de los Acuerdos de Paz, motiva a la resiembra de coca, y a cosechar nuevas oleadas de violencia.

La implementación de los Acuerdos de Paz, mejorar los canales de comunicación, y no dejar únicamente en manos de las administraciones los recursos destinados para inversión social, son las medidas que según Raúl garantizarían las condiciones necesarias para la permanencia y el porvenir de Alto del Tigre y el Bajo Cauca. “Hay territorios donde si tú te demoras 15 días, son 15 días que estás lejos del contexto nacional. Si hubiera una comunicación fluida habría posibilidad de gestar muchos proyectos que ayuden a fortalecer la vida campesina. Hay territorios donde hay actores con unos reglamentos, pero no hay comunicación, ese delito se llama confinamiento, y es lo que están viviendo las comunidades”.

Quinta estación: Medellín
Alguien dijo que este país tiene la guerra que se merece en los lugares que menos se la merecen. Pequeñas grandes guerras desangran el país. Solo recorriendo los territorios se pueden encontrar soluciones, entender las verdaderas dimensiones del problema y sentir asombro.

Ni la Gobernación de Antioquia, ni la Procuraduría, ni la Defensoría del Pueblo participaron en la Caravana Humanitaria que recorrió parte del Bajo Cauca durante tres días. Las instituciones perdieron la posibilidad de escuchar al Secretario de Gobierno de Cáceres asegurar que los municipios están asfixiados económicamente porque deben mantener a los policías y asumir el traslado de los asesinados a medicina legal y luego al cementerio; perdieron la posibilidad de decirle a los líderes y a las organizaciones que les importan, porque aparte de vías, proyectos productivos, transparencia, educación, salud, y seguridad, el Bajo Cauca necesita esperanza.

La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo argumentaron que no participaban de la Caravana porque no estaban dadas las condiciones de seguridad. La Gobernación pidió aplazarla para después de las elecciones locales y departamentales. Pero como dijo Johan Giraldo, integrante de la Corporación Jurídica Libertad y del Proceso Social de Garantías, “lo que está viviendo el Bajo Cauca no puede seguir esperando los tiempos de la institucionalidad”. Los tiempos de la crisis humanitaria no son los tiempos lentos de la institucionalidad.

*Los nombres fueron modificados por seguridad

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Juan Alejandro Echeverri

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