Tumbas de arena en el Sáhara

La Unión Europea (UE) impone su frontera en los países más pobres del mundo y obliga a frenar las migraciones africanas hacia su territorio.

 

“Mi sueño es llegar a España, es lo que siento en mi corazón y es lo que mi familia también quiere. Si vuelvo a mi país, seguiré estando en la mierda”, asegura rotundo Joseph, un migrante de Camerún de 31 años, desde Níger, el país más pobre del planeta, en pleno desierto del Sáhara. Como él, Melvin, de 25 años y procedente de Liberia, intentó cruzar a la Península Ibérica por mar, sin fortuna. Las autoridades marroquíes lo interceptaron. La segunda vez lo intentó por las vallas de Melilla, territorio español en suelo africano, pero tampoco tuvo suerte. “Vi gente que se rompió las piernas, otra que se quebró los brazos. Estuve dos años en Marruecos y lo intenté varias veces, pero al final desistí y volví a Argelia porque oí que había otra vía más accesible por Libia”, relata. Finalmente, no logró atravesar. Ahora se encuentra en un centro de tránsito de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Burkina Faso, otro país entre los más vulnerables de la tierra.

Las historias de Melvin y Joseph representan las de decenas de miles de personas que no lograron superar los muros que la Unión Europea construye a diario en países del norte de África y ahora también en el desierto del Sáhara. No son muros físicos, pero suponen fosos hondos, barreras y obstáculos que impiden el acceso a la fortaleza Europa, de forma parecida a las fronteras de Trump en México. Los países europeos aprobaron su estrategia represiva en la Cumbre de la Valletta, en Malta, en 2015. Desde entonces, han desplegado un dispositivo basado en seguridad y desarrollo, aumentando las deportaciones y condicionando la ayuda humanitaria al compromiso de los estados con el freno migratorio.

Los países más pobres del planeta se han erigido en nueva frontera de Europa, y el desierto del Sáhara se ha convertido en el cementerio al aire libre más grande del mundo. “Me pregunto cuántos muertos habrá en el Sáhara sin que hablemos de ellos”, señala la responsable de ACNUR en Níger, Alessandra Morelli. Estos cadáveres sepultados por la arena, no contabilizados y olvidados son la otra cara de los obstáculos de la frontera sur de España; de los botes de plástico cruzando el Mediterráneo para alcanzar Italia o Grecia y de las caravanas de migrantes atravesando Centroamérica con destino al “sueño americano”.


El “basurero” de Europa
“Fuimos lanzados al Sáhara, abandonados a nuestra suerte, sin agua ni comida. Nos trataron como animales y nos lo cogieron todo, incluso el móvil”, asegura Ibrahim, procedente de Senegal. “El trayecto por el desierto a la ida no fue tan duro como a la vuelta”, afirma Abdoulaye, de Guinea Conakry, repatriado de Libia. Los africanos subsaharianos que quieren llegar a Europa tienen que pasar forzosamente por el desierto del Sáhara. Cruzar las dunas de arena es de por sí difícil, pero con la policía y el ejército la caza para impedirlo es aún más espinosa. Los que lo logran son interceptados y deportados al punto de partida, Agadez, la puerta del desierto del Sáhara y principal cruce migratorio de toda África. Es el caso de Ibrahim y Abdoulaye, que se encuentran entre los 40.000 expulsados por Argelia hacia suelo nigerino desde 2014 –11.000 solo en 2018–, o los más de 2000 evacuados del “infierno libio” el año pasado.

Todos confluyen en Níger, el cortafuegos contra la migración irregular a cambio de ayudas económicas. El país más necesitado del mundo, con gran parte de su territorio formado por arena y donde proliferan decenas de grupos terroristas, recibe todo lo que Europa no quiere. Los propios lugareños dicen haberse convertido en el “basurero” del viejo continente. Argelia realiza “el trabajo sucio”, según activistas de derechos humanos, y procura sacar rédito en sus negociaciones bilaterales con la Unión. Para Níger, en cambio, “es un chantaje en toda regla. No dan ayuda si nuestros gobiernos no se comprometen a frenar las migraciones”, como asegura el periodista y activista nigerino, Ibrahim Manzo Diallo. Además, desvían fondos humanitarios hacia programas de seguridad para reforzar el control de fronteras y desmantelar redes, según denuncian movimientos sociales africanos y europeos como Concord o Loujna Tounkaranké.

Criminalización provoca más clandestinidad
En Agadez coinciden las personas expulsadas con quienes aún quieren probar suerte, mientras esperan escondidos su oportunidad de embarcarse hacia el norte. Lo hacen en albergues clandestinos, parecidos a las casas de hospedaje de la ruta americana, cada vez más secretos por miedo a ley que criminaliza el tráfico de personas en el país, aprobada en 2015 en instancias de la UE. Con su aplicación, las autoridades nigerinas han detenido a cientos de personas, ha confiscado hasta 200 vehículos y han aplicado “una fuerte represión”, en palabras de la responsable de la agencia contra el tráfico ilícito y trata de personas, Gogé Maimouna Gazibo.

Algunos traficantes se han adherido voluntariamente al programa de reconversión promovido por la UE para incitarles a dejar la actividad. “Me dieron varias motos y ahora hago de taxi, pero tengo varios amigos que aún no han recibido nada”, asegura Ahmed, extraficante. Una asociación creada por contrabandistas en el norte de Níger se queja de la insuficiencia y los retrasos en la llegada de fondos europeos y confirma que el tráfico continúa, aunque menos visible. “Ahora lo hacen de forma clandestina y cogen rutas secundarias mucho más peligrosas, más caras y donde una pequeña avería puede causar la muerte. Hemos visto muchos pasajeros y choferes muertos en el desierto”, reconoce Abba, exconductor de la ruta hacia Libia. Las organizaciones internacionales lo ratifican. “Cuando se pusieron las vallas en Ceuta y Melilla, la gente gritó 'victoria' pensando que los flujos disminuirían, pero no fue así y se triplicaron. La gente solamente cambió de itinerario y tomó más riesgos, como sucede ahora”, argumenta Mahamadou Goita, responsable de la ONG panafricana Pandimir. Las migraciones no se detienen sino que se desvían rutas, generando más obstáculos.

Dispositivo de contención
La UE y el gobierno de Níger se congratulan de la supuesta reducción de los flujos cruzando por Níger, hasta un 90% según aseguran, aunque los expertos lo ponen en duda por la propia clandestinidad de los desplazamientos que escapan a puestos de seguridad y control. No obstante, la comunidad de estados europeos quiere premiar el buen hacer de Níger con casi 2 billones de euros previstos hasta 2020, consolidando al país como el primer receptor de ayuda europea al desarrollo del mundo, procedente sobre todo del Fondo Fiduciario para la Emergencia de África (EUTF), el instrumento creado para supuestamente “atacar las causas profundas de la migración”.

Este dinero se canaliza a través de la OIM, agencia vinculada a la ONU, que se encarga de disuadir a las personas con campañas de información sobre los peligros de las rutas, materializa proyectos de desarrollo local y refuerza el control fronterizo. También organiza los retornos de expulsados de Argelia y evacuados de Libia hacia sus países de origen, a través de distintos centros de tránsito esparcidos por toda la región, no solo en Níger, sino también en Mali o Burkina Faso. Estos regresos, “calificados de voluntarios, vienen determinados por una deportación forzada”, según especialistas como Idrissa Zidnaba, investigador del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) de Burkina Faso.

El papel de la OIM, por tanto, es cuestionado por gran parte de la sociedad civil que la califican de “agencia de deportación” u “organización al servicio de las fronteras cerradas”, según la red europea Migreurop. El organismo trabaja por “una migración regular, ordenada y segura”, en la línea del Pacto Mundial para las Migraciones, pero sin ofrecer alternativas oficiales y canales regulares a las personas que desean moverse. Su propósito es “la reducción de los flujos irregulares”, pero admite su incapacidad de reclamar “más rutas legales y seguras”, según reconoce el coordinador en Bamako, David Cumber. Su jefe de misión en Níger, Martin Wyss, también admite la voluntad de la UE de “externalizar fronteras” y asegura no poder pronunciarse ni criticar las expulsiones de Argelia “porque es una cuestión que concierne a los dos países”. No obstante, se muestra satisfecho por su apoyo al despliegue de “controles biométricos muy sofisticados para controlar quién entra y quién sale del país”.

La OIM, como instrumento clave de las políticas de contención de la UE, se ha asentado con fuerza en los últimos tiempos en países vecinos como Burkina Faso y Mali, mediante un discurso disuasorio y una vinculación entre falta de desarrollo y la migración, algo discutible puesto que “el desarrollo intensifica la movilidad”, según especialistas como Harouna Mounkaila, de la Universidad Abdou Moumouni de Niamey.


Historias de arena
El cierre de Europa no solo hace más vulnerables a las personas en movimiento, sino que afecta también a los desplazamientos en el interior de África que, aunque se desconozca, son los más importantes. De hecho, la imagen de africanos queriendo llegar a Europa no es ni mucho menos la más frecuente, pero “los medios han construido este relato eurocéntrico dejando de lado la mayoría de las movilidades internas”, según el sociólogo, Hamani Oumarou, del LASDEL, el centro de estudios sociales más importante de Níger. El 75% de las migraciones en África subsahariana se produce hacia países vecinos y, de estas, el 90% se da entre estados de África Occidental. Por tanto, la obsesión de la UE en frenar los flujos hacia su territorio no está fundamentada y las muertes a sus puertas son solo consecuencia de la restricción y no de un incremento desmesurado de los flujos.

En este sentido, la sociedad civil denuncia la vulneración del protocolo de libre circulación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y critica que el aumento de controles en carreteras y fronteras viola la libertad de movimiento de los ciudadanos de la zona. El Gobierno de Níger lo niega y la responsable de la agencia de trata de personas defiende que la ley contra el tráfico proporciona más garantías a las personas migrantes. La UE, por su parte, niega incluso la externalización de fronteras y se escuda en que los acuerdos en Níger son fruto de una relación “de igual a igual”, según su embajadora, Denise-Elena Ionete.

Distintas entidades sociales como Alternative Espace Citoyen, de Níger, o la Casa del Migrante, de Mali, también denuncian la vulneración sistemática de derechos para las personas migrantes a lo largo de toda la ruta, no solo por parte de traficantes, como expone la UE, sino también por parte de autoridades, policías, militares y bandas criminales. Certifican violaciones de mujeres, e incluso de hombres; infracciones del derecho internacional; deportaciones forzadas; tráfico de todo tipo de mercancías ilícitas –desde drogas hasta armas–, y limitación del derecho a migrar, reconocido en la Carta de Derechos Humanos. “Níger se ha convertido en una especie de prisión a cielo abierto para los candidatos a la migración”, según el activista Tcherno Hamadou Boulama. En la misma línea, el antropólogo y misionero argentino afincado en el país, Mauro Armanino, denuncia el neocolonialismo vigente y subraya la importancia de estar presente en Níger. “Aquí la gente vuelve herida de espíritu y cuerpo. Son criaturas de arena, historias de arena, marcadas por las dunas, frágiles, donde no es fácil pisar tierra sólida. Lo que aquí se necesita no es dinero, sino respeto”, concluye.


*Este reportaje se enmarca en el proyecto de Alianza por la Solidaridad y Oriol Puig titulado “El Sáhara, un desierto en movimiento: más allá de Frontera Sur y mar Mediterráneo”, financiado por la Beca DevReporter, impulsada por Lafede.cat-Organitzacions per a la justicia global con fondos europeos. @oriolpuigce

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Oriol Puig

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