Verdad y memoria, para que florezca la primavera de la Unión Patriótica.

Ella estaba en la tribuna del frente con un pendón que honraba la memoria de Diana Cardona, “matan la flor mas no la primavera”, se leía en él. Después de que el cielo grisáceo escurriera agua sobre Medellín, supe que no había ido al Museo de Antioquia a escuchar un conversatorio sobre los retos de la verdad en Antioquia, sino para conocerla a ella.

Luz Helena Cardona es pensionada. Una habitante del Centro de Medellín. Es bajita, de carácter robusto, mirada sólida, sonrisa desinteresada y contagiosa. Los labios de color carmesí. Las uñas pintadas de rosa. Camisa blanca con visos negros. Y la sonrisa, de par en par, como si de todas fuera la prenda más importante. El último almuerzo que compartió con su hermana fue aquí, en el primer piso del Café Versalles, un día antes de que la asesinaran.

“Mi hermana no era belicosa, era más bien conciliadora. En esa época, y todavía, si usted pensaba diferente a los partidos tradicionales, usted era una piedrita en el zapato, lo mandaban a liquidar. Apartadó lamentó mucho su muerte porque ella trabajaba por la dignidad de la mujer. Ella decía que como fuera tenía que sacar a la mujer por delante. Esa era la meta, luchar por ellas. Pero le truncaron su camino en la mejor época de su vida”.

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Diana Stella Cardona Saldarriaga sentía afinidad por los principios sociales que pregonaba la Unión Patriótica, movimiento político surgido en 1985 tras las negociaciones entre el gobierno de Belisario Betancur y una fracción de la guerrilla de las FARC. Diana estudió derecho en la Universidad de Antioquia. Trabajó en la Contraloría, y la política apareció en su vida como una revelación en 1989 cuando el entonces alcalde de Apartadó, Ramón Elías Castillo, militante de la Unión Patriótica asesinado en 1996, renunció al cargo por amenazas en su contra. Diana integró la terna para suplir la vacante, y en septiembre de ese año fue nombrada alcaldesa del municipio más extenso de Urabá.

En los seis meses que duró su administración saneó los recursos, inició las obras del relleno sanitario, emprendió la actualización del catastro municipal, adelantó la instalación de redes de alcantarillado y de alumbrado público, adjudicó lotes, legalizó viviendas, e impulsó debates públicos sobre el presente y el futuro de Urabá.

El viernes 23 de febrero de 1990, después de reunirse con Helena Herrán de Montoya, la entonces gobernadora de Antioquia, Diana estuvo de visita en su casa paterna. El domingo, Luz Helena caminaba pensativa hacia el Parque Bolívar, ubicado en pleno Centro de Medellín. Venía de llevarle flores a su padre en el cementerio Jardines Montesacro. Desde una de las esquinas del Parque Bolívar Luz Helena vio una trenza. “Ve, esa es Diana”, pensó. Premisa que confirmó cuando vio la sudadera que llevaba puesta. Diana estaba con su novio. Luz Helena se acercó a ellos, escucharon juntos la retreta, una orquesta sinfónica que antaño tocaba en lugares públicos, y luego fueron a almorzar al café Versalles. Terminaron de almorzar, se despidieron, y Diana avisó que en la noche pasaría por la casa para despedirse: al otro día, bien de mañana, salía el vuelo hacia Apartadó.

Diana, recuerda Luz Helena, llegó a las siete de la noche, “muy bonita, bien puesta como ella siempre se mantenía. Era morena y alta, y con garbo. No es porque sea mi hermana, pero era muy linda. Mi hermana era muy linda de todo: de espíritu, de cuerpo, de alma, de sentimientos”. Hicieron chocolate, y compraron empanadas y parva para amenizar la despedida. La familia, casi toda, conversaba sentada en el comedor. Luz Helena aprovechó que Diana se alejó del banquete por un instante para salir de la duda:
–¿Diana, a vos te han amenazado en Apartadó? – le preguntó.
–No, a mí no me han amenazado. Pero estoy segura de que si me amenazan no me matan en Apartadó, me matan en otro lugar menos en Apartadó.

La cuestión quedó ahí. Diana había cumplido 34 años el 12 de febrero. Como le gustaban tanto las cachuchas, Luz Helena le regaló una boina roja. “Te queda bonita”, le dijo. “Mañana me la pondré, o sino esta semana”, le respondió Diana. La cuarta de los nueve hermanos empacó todos los detalles que le dieron, dio las gracias, y se despidió: “cuando llegue a Apartadó yo las llamo”, dijo.

Ese lunes 26 de febrero de 1990, el vuelo salía a las seis de la mañana. Siendo las cinco, hombres armados que aseguraron pertenecer al DAS, el organismo estatal que realizaba inteligencia y contrainteligencia en el país, llegaron al edificio donde vivía Diana. Le pareció raro que llegaran por ella tan temprano, avisó que no estaba lista, y terminó de arreglarse a las carreras. Diana abandonó el edificio con los sujetos. Minutos después llegaron al lugar los verdaderos escoltas.

A Diana la encontraron muerta en el puente de Argos, en el sector industrial de Guayabal. A las seis de la mañana ya estaba en la morgue. La Secretaria de Gobierno de Apartadó llamó a la familia, Diana no llegó a la reunión que tenían programada a las diez de la mañana. Los familiares comenzaron la búsqueda por todas las clínicas de la ciudad, hicieron varias llamadas, pero nadie daba razón de ella. A las cinco de la tarde recibieron una llamada del exesposo: había encontrado a Diana en la morgue.

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Los lineamientos políticos de la Unión Patriótica estaban resumidos en un documento de 21 puntos. Uno de sus mayores intereses era potenciar el carácter democrático de la nación eliminando el control electoral que estaba en manos de los dos partidos tradicionales, y fomentar la participación de la sociedad a través de consultas populares y referendos. También hacía parte de los mandatos políticos convocar una Asamblea Popular Constituyente; decretar un alza general de salarios; reducir los gastos militares y de la policía, de manera que no fueran superiores al presupuesto de los ministerios de salud, educación, ciencia y cultura, agricultura y obras públicas; nacionalizar la banca y las materias primas; aprobar una reforma agraria; entre otras deudas sociales que el aparataje político sigue teniendo con la nación.

El 28 de mayo de 1985, primer aniversario del acuerdo entre Belisario Betancur y las FARC, oficializaron en Bogotá la creación del partido. Ese año realizaron 572 eventos en todo el país, y en 209 municipios constituyeron 2229 organizaciones de base llamadas Juntas Patrióticas. La UP estaba conformada por las FARC, el Partido Comunista de Colombia –una de sus extremidades más importantes–, sectores independientes, organizaciones y líderes de todo el país provenientes de partidos tradicionales y fracciones de izquierda. La UP pretendía ser una propuesta política que invitara a la convergencia democrática.

Las presidenciales de 1986 fueron la primera prueba electoral. Jaime Pardo Leal, asesinado al año siguiente, fue el candidato en aquellas elecciones. 328.752 personas votaron por Pardo Leal, la mayor cantidad de votos que hasta el momento había obtenido una propuesta de izquierda en el país. En las elecciones de ese mismo año, las alianzas resultaron fundamentales para que la Unión Patriótica contara con nueve representantes a la Cámara y seis senadores. También fueron electos 24 alcaldes, y 325 concejales en 167 municipios.

El Centro Nacional de Memoria Histórica registró 1284 asesinatos y desapariciones de personas que tenían filiación con la UP, entre 1984, año del acuerdo, y 1988, año de las segundas elecciones a gobernaciones y alcaldías en las que participó el partido. Los gobiernos municipales encabezados por representantes de la Unión Patriótica se caracterizaron por ser administraciones que procuraron mantener una comunicación directa con la ciudadanía. Se valieron de convites para paliar necesidades básicas de infraestructura que los recursos públicos no permitían solventar. Y las actividades o discusiones que antes se realizaban a puerta cerrada las hacían en lugares públicos.

Las agresiones nunca cesaron, pero los picos más altos de violencia contra la Unión Patriótica fueron los años de 1988, 1996 y 1997. El aumento de las acciones violentas fue directamente proporcional a la disminución del caudal electoral. 256 concejales en 115 municipios, 23 diputados en 14 departamentos, y 17 alcaldes de la UP resultaron electos en las elecciones de 1988, mientras que en las elecciones de 1990 solo fueron elegidos 9 concejales, 11 diputados, y 11 alcaldes. El patrón volvió a repetirse años después: mientras que en las elecciones de 1994 posicionaron 173 concejales en 87 municipios, 13 diputados en 10 departamentos, y 10 alcaldes, en 1997 solo fueron elegidos 49 concejales y 5 alcaldes.

Entre 1984 y 2002, año en el que la UP perdió la personería jurídica, el Centro Nacional de Memoria Histórica documentó el asesinato o desaparición de 4153 integrantes de la Unión Patriótica. Lo que quiere decir que cada 33 horas, cada día y medio, hubo un muerto o un desaparecido. En total, 1229 personas que representaban a la UP fueron elegidas para ocupar cargos públicos, 227 de ellas fueron asesinadas o desaparecidas, es decir, una de cada cinco. Además, asesinaron 32 candidatos a concejos municipales, alcaldías, asambleas, y dos aspirantes a la presidencia.

Particularmente en Urabá –zona de la que hacen parte cuatro de los 40 municipios que concentran el 63,4% las víctimas de la UP–, la agresión estuvo motivada por una suma de factores económicos, sociales y militares. En la primera fase de violencia, que abarca desde 1986 hasta 1990, hubo una alianza entre la Fuerza Pública, empresarios bananeros y grupos paramilitares provenientes del Magdalena Medio y el Nordeste Antioqueño. En la década siguiente, el aumento de los homicidios y desapariciones coincide con la llegada y expansión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), quienes declararon objetivo militar a cualquier miembro de la UP, según ellos por pertenecer a las FARC-EP, que, ante la falta de garantías, se retiraron de la UP en 1987 e hicieron un llamamiento para que sus miembros reintegraran los frentes militares.

El genocidio de la Unión Patriótica es una página singular, vergonzosa y tenebrosa del conflicto armado colombiano. Los avances en materia de justicia, verdad y reparación son insuficientes. Falta mucha parte de la historia por develar. Por eso, el 4 de marzo de este año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –uno de los tres organismos que integran el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR)–, abrió el caso 006, reconociendo, simbólicamente, que el genocidio de la Unión Patriótica exige atención especial.

El organismo también anunció que trece integrantes de la Fuerza Pública se habían acogido a la JEP por participar en casos de victimizaciones contra miembros de la UP; y que otros dos militares de alto rango, además de trece ex agentes del DAS, solicitaron acogerse por las mismas razones. En los informes que suministró la Fiscalía General de la Nación, la JEP encontró que había 863 procesos en investigación, 53 procesos en juicio, 246 sentencias y 67 casos declarados como crímenes de lesa humanidad.

Gracias a los informes de la Corporación Renacer, la JEP identificó que de 1984 a 1986 hubo mayor participación de los agentes del Estado en los hechos victimizantes. Mientras que de 1996 a 1998 se presentó un aumento significativo de las acciones conjuntas entre estructuras paramilitares y agentes de Estado. Para la JEP el genocidio de la Unión Patriótica resulta un caso primordial, entre otras razones, porque al parecer la persecución sistemática estuvo enmarcada en una operación anticomunista ejecutada por las Fuerzas Armadas.

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Fueron 34 crímenes contra integrantes de la Unión Patriótica, entre ellos el de Diana Cardona, los declarados crímenes de lesa humanidad por la Corte Constitucional en 2014, pero para Luz Helena con eso no basta. La Comisión de la Verdad representa una oportunidad para que las víctimas puedan cerrar el ciclo de dolor e incertidumbre que con tanta dignidad llevan a cuestas todos los días. Esta entidad, que también hace parte del SIVJRNR, tiene la misión de ofrecerle al país una verdad histórica que esclarezca qué ocurrió, por qué ocurrió, y quién se benefició de lo ocurrido.

Para ello, la Comisión dividió el país en nueve macroregiones: Caribe e Insular, Pacífico, Surandina, Orinoquía y Amazonía, Nororiente, Magdalena Medio, Centro Andina, y Antioquia-Eje Cafetero. El año pasado, los 11 comisionados que hacen parte del organismo recorrieron el territorio para hacer pedagogía y entablar vínculos con procesos y organizaciones que tienen un acumulado en términos de memoria.

Este año se han inaugurado las 19 casas de la verdad. Espacios permanentes a los que cualquier colombiano podrá acudir para ofrecer su testimonio y aportar a la construcción de una memoria plural del conflicto armado. En Antioquia –departamento con el 17% de las víctimas registradas por la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas–, se estipularon dos casas de la verdad: una en Apartadó, y otra en Medellín, que fue inaugurada el 10 de abril –el día que conocí a Luz Helena–.

–A mi hermana no me la van a devolver. A nosotros no nos van a devolver la tranquilidad. Nosotros no somos familia de rencores, pero sí quisiéramos saber la verdad. Aun siendo conscientes de lo que pasó y quién lo patrocinó, es bueno saberlo por boca de quien lo hizo.

Cuando vi a Luz Helena me pregunté durante cuántos años y a cuántos sitios habrá ido ese pendón con ella. Tal vez –porque quizás no–, ese pendón quedará guardado el día que conozca la verdadera verdad.

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Juan Alejandro Echeverri

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