"A Duque no le interesa la reparación de las víctimas" María Camila Arias

La joven abogada fue invitada en marzo al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidad en Ginebra, Suiza, por la asociación francesa Le Pont, organización no gubernamental defensora de Derechos ante el organismo internacional. Allí denunció a Iván Duque y su gobierno por hacerse los de la vista gorda ante la muerte sistemática de líderes sociales, la incierta implementación del acuerdo de paz y sus objeciones a la JEP.

María Camila Arias, nació en Armenia, Quindío. Es abogada de la Universidad La Gran Colombia y líder social juvenil. Junto a otros jóvenes construyó un Campamento por la Paz, y se plantaron en la Plaza de Bolívar de Armenia, capital del Quindío. Tiene 22 años y ha sido presidenta de la Plataforma Municipal de Juventudes de Armenia. Viajó a La Habana durante el proceso de renegociación del acuerdo de paz entre las Farc-Ep y el Gobierno nacional de Juan Manuel Santos. Además, asesoró la campaña política de Gustavo Petro. Durante los últimos dos años, María Camila Arias ha recibido varias amenazas de muerte.

Periferia: Usted estuvo en Ginebra, Suiza, exponiendo la situación de vulneración de Derechos Humanos en Colombia. Estando allí recibió una amenaza. ¿Qué fue lo que ocurrió?

María Camila: Me han amenazado en varias ocasiones. La primera fue en el 2016 durante el Campamento por la paz. La segunda se dio en el 2018, cuando un hombre en una moto abordó mi carro y sacó un arma de fuego; fue en son de advertencia. Tuve entonces que salir del país. Después sería en la ONU, cuando un funcionario de la embajada colombiana en Ginebra me dijo en repetidas ocasiones que ya me estaban esperando en Colombia, y se atrevió a preguntar cuándo era la fecha de mi regreso al país. He denunciado todas estas amenazas ante la ONU.

P: ¿Usted espera algún pronunciamiento por parte de la cancillería?

MC: Yo espero que este funcionario de la embajada colombiana sea sancionado y expulsado. Es una persona muy joven. Trabajó para el gobierno de Juan Manuel Santos e incluso trabajó en posconflicto con el alto consejero Rafael Pardo, y posteriormente fue enviado por el presidente Iván Duque a la ONU. Es preciso aclarar que él no es el embajador, pero sí tiene un alto cargo dentro de la embajada.

P: ¿Qué arrojó ese balance sobre la vulneración de derechos humanos que expuso en la ONU?

MC: Ese informe dice que el 59% de los asesinatos en Colombia se realizan en ámbitos comunitarios; y que el 66% de las razones por las que se asesinan personas en el país se debe a la oposición y denuncia de accionares criminales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos observa que aún no se han aprobado las disposiciones y garantías para la movilización y la protesta pacífica.

P: Usted ha puesto en juicio el respeto a los Derechos Humanos en el país. ¿De qué manera se puede velar por el cumplimiento real de estos?

MC: El cambio debe darse desde el Gobierno. Debemos empoderar a la comunidad, la gente debe reconocer cuál es la responsabilidad que tiene el Estado de velar por sus derechos. El ejemplo más reciente fue la Minga Indígena en el Cauca. Sin embargo, vimos cómo intentaron asesinarlos. Tiene que darse un cambio de Gobierno, porque este no es consciente de los derechos del pueblo y nos los respeta, así nos empoderemos no lo vamos a lograr.

P: ¿Qué le hizo creer que Petro era la respuesta al cambio?

MC: Yo apoyé la candidatura de Gustavo Petro porque creo que era la única persona que representaba un verdadero cambio. Aunque creo que todos los colombianos deberíamos salir de esa dicotomía de la derecha o la izquierda, eso ya no tiene ningún sentido. Todo se trata en últimas de las políticas de la vida versus las políticas de la muerte, desde ahí debe construirse. Por ello debemos elegir unos gobernantes que estén dispuestos a velar por el cuidado y respeto de la vida.

P: ¿Qué observaciones puede hacerle al Acuerdo de paz y su actual implementación?

MC: Estuve en el proceso de renegociación y en la ruta de implementación. Considero que fue el mejor acuerdo posible. Esa frase ha sido repetida por muchos, pero estoy convencida de eso, fue una lucha muy grande por parte de las víctimas, la sociedad civil, el Gobierno y las Farc. La implementación en este momento está por debajo del 20%, la reincorporación económica, por ejemplo, se había planteado a través de los subsidios de sostenimiento, correspondientes al 90% del salario mínimo. Este dinero a veces llega, otras veces no. Del otro lado están los proyectos productivos, la televisión muestra al país unos cuantos proyectos que no corresponden ni al 10% de la comunidad en proceso de transición y reincorporación. El temor de muchos, y mío, es que reincidan en la medida en que no encuentren otra alternativa de vida. Para la restitución de cultivos, el Gobierno pareciera que no conoce el campo colombiano. Los han tratado como criminales y los han perseguido. Muchos departamentos aún no tienen vías de acceso para sacar otra cosa que no sea coca, es una cuestión de supervivencia. Se debe combatir el narcotráfico.

P: Uno de los puntos que expuso en la ONU fue la JEP y las objeciones de Iván Duque. Tal parece que para muchos colombianos aún no está claro su objetivo. ¿Cuál es su objetivo e importancia?

MC: La JEP debe ser entendida como el órgano esencial y transversal del acuerdo de paz. No es un plan de justicia para las Farc, eso fue un mito que nos vendieron desde el Centro Democrático. Esta jurisdicción es para que se acojan todos los actores implicados en el conflicto: fuerzas armadas, políticos, empresarios. El principal compromiso es decir toda la verdad sin sesgos. Son más de 500 militares que ya se han acogido a la JEP. Hace más o menos dos meses el General Rito Alejo del Río, conocido por sus vínculos con el paramilitarismo, lo hizo. Hace dos semanas Salvatore Mancuso envió desde los Estados Unidos, donde se encuentra preso, una carta en la que manifiesta querer acogerse a la JEP. Necesitamos saber qué fue lo que pasó durante estos años de conflicto y cerrar este capítulo. Las objeciones que hizo el presidente Iván Duque fueron políticas y no jurídicas, es claro que intentaba cubrir una vez más a su jefe, y no operó en función de la reparación a las víctimas y al pueblo colombiano.

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Valeria Uran Sierra

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