Consulta popular en San Lorenzo: un mecanismo legítimo

Desde el municipio de San Lorenzo, Nariño, llegaron delegados y delegadas a la Asamblea Legislativa Popular y de los Pueblos para poner un granito de arena junto al resto de pueblo que también participó. En un ratico del evento conversé con uno de los delegados de ese municipio, Antonio Alvarado, quien pertenece al Comité de Integración del Macizo Colombiano –CIMA–. Lo cogí en turno de guardia, en uno de los bloques de salones del colegio donde sesionaba la Asamblea.

Lo abordé para que me hablara de la Consulta Popular Legítima programada para el 25 de noviembre, una iniciativa impulsada por las comunidades de San Lorenzo a punta de autogestión y convicción de defender el territorio. La iniciativa hace parte de la construcción del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, ya que en esa lucha se identifica una debilidad: la desarticulación territorial entre los municipios, que se da mientras los problemas estructurales del país continúan. Bajo este análisis, llegaron a la conclusión de que el territorio es el techo que garantiza la protección de la vida, y que también impulsa la conquista de los derechos.  

Para Antonio, un tema de articulación en el norte de Nariño y el sur del Cauca es el problema minero-energético y del agua, por lo que surgió la necesidad de formar un lenguaje común e integrador. Y para materializar ese lenguaje, decidieron acudir a una herramienta constitucional: la consulta popular. Parten del aprendizaje que dejó la consulta contra el Tratado de Libre Comercio, hecha en los municipios de Toribío, Jambaló, Caldono, Silvia, Inzá y Belalcázar, ubicados al norte y oriente caucano. Esta fue realizada en el 2005, y arrojó un resultado de 3000 votos, lo que evidencia la fuerza que tiene la gente para votar en contra de las políticas que los afectan. “No nos consultaron para hacer las leyes, vamos a desobedecerlas democráticamente acudiendo al constituyente primario”, expresa Antonio.    

Cuenta, además, que el Ministerio de Hacienda dijo que no hay plata para la consulta, y que en la Alcaldía tampoco. “La haremos nosotros mismos. Estamos en minga consiguiendo los recursos, para ir construyendo elementos que creen poder en la gente. Y esta pregunta me puso a pensar… si Hacienda dice sí, la hacemos. ¿Y si dice no? ¿No la hacemos? ¿Dónde está la autoridad?”.

El tema de los recursos está siendo solucionado, como lo dijo Antonio, a través de la minga. ¿Pero de cara al Estado, cómo se posicionarán los resultados de la consulta? Al respecto, nuestro amigo de Nariño hizo énfasis en que la consulta popular legítima potencia la articulación de la comunidad, e incide políticamente entre las personas bajo el tema del agua por ser un bien común que no distingue colores políticos. Todos necesitamos del agua, sea cual sea su forma de ver el mundo. Además, la voluntad de los votantes en la consulta se traducirá en propuestas políticas para la Alcaldía y el Consejo municipal el próximo año.

Con respecto al reconocimiento gubernamental de este proceso, los habitantes de San Lorenzo argumentan que son los constituyentes primarios y ese carácter está por encima de la posición de un ingeniero, doctor, ministro, o la Corte Constitucional. Dicen que no dependen de lo que ellos digan. La idea es ir de una manera legítima y enseñarle al departamento de Nariño, al sur-occidente y al mundo con este tipo de mecanismos populares.   

Hay que recordar que la Ley de Presupuesto General de la Nación, propuesta en octubre, contempla que las administraciones locales, como alcaldías, departamentos, o distritos, deben contar con los recursos para realizar las consultas populares, lo cual tiene una clara intención de asfixiar por el lado económico este mecanismo de participación ciudadana. Por eso la consulta popular legítima también será una acción de protesta contra el gobierno de Duque. Sin embargo, explica Antonio, si el presidente hubiera sido Petro la consulta legítima se haría. Dice que un presidente necesita de la acción de las comunidades para legitimarse: “Hay que hacer las cosas así haya un alcalde o presidente amigo, para que afine. Ese individuo no podrá cambiar el sistema, solo las comunidades podrán hacerlo”.

En este proceso han surgido cuestionamientos de parte de otros actores sociales por el hecho de que esta consulta popular legítima no está “dentro de la Constitución”, a lo que Antonio responde que “la Constitución hace parte de un sistema y si nosotros no paramos el sistema, el sistema sigue siendo el mismo. Los que tenemos que transformar el sistema somos nosotros. Si no, ellos van a seguir haciendo leyes y nosotros calladitos. Hay que enseñarles así; hacen una ley, tenga papá, nosotros no la aceptamos. Hacia allá queremos avanzar”.

Cuenta Antonio que hay gente al interior del movimiento nacional ambiental que está de acuerdo con la parte legal-constitucionalista, y que no acepta el carácter legítimo de la consulta en San Lorenzo. Sin embargo, la postura de sus impulsores es que el amarrar estas acciones comunitarias con la Constitución limita la construcción del verdadero poder local legítimo. Las consultas legítimas empoderan más los procesos.

El otro trabajo que adelantan las comunidades de San Lorenzo es tener el acompañamiento internacional, incluyendo a medios de comunicación alternativos y no alternativos que acompañen el proceso, con el ánimo de blindarlo, y de difundir esta experiencia en otras partes. Mientras se va logrando este acompañamiento, Antonio Alvarado nos invita a participar este 25 de noviembre en la Consulta Popular Legítima de San Lorenzo, Nariño, y a votar “NO” contra la mega-minería.

*Secretaría de Formación y Comunicación. Coordinador Nacional Agrario.

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