Mocoa: una tragedia que no termina

Cada familia afectada aportó diez mil pesos. Gracias a la colecta, el 10 de septiembre seis mujeres y dos hombres se desplazaron desde el extremo sur del país a Bogotá. ¿Por qué un grupo de voceros ha de realizar un recorrido de más de 600 kilómetros para que pueda ser escuchada la voz de miles de familias que lo han perdido todo?

En primer lugar, los habitantes de Mocoa vienen sufriendo las consecuencias de una tragedia silenciosa. Hay un total desconocimiento en el país y en el mundo entero de la verdadera situación que sufren quienes después de un año y medio no han podido volver a reconstruir sus vidas y se encuentran en el olvido mediático y humanitario.

La avalancha de tierra y agua era una tragedia anunciada. Diferentes administraciones municipales y departamentales permitieron y auspiciaron el poblamiento de zonas catalogadas de alto riesgo. Miles de desplazados, indígenas, inmigrantes pobres, fueron vistos como botín electoral, lo que llevó a las autoridades a incumplir su labor de prevención y diseñar propuestas para construir viviendas seguras. La avalancha nocturna del 31 de marzo del año pasado encontró a una población durmiendo confiada, indefensa ante un fenómeno natural que ya había ocurrido en varias oportunidades. En esta ocasión la avalancha acabó con la vida de 336 personas, destruyó más de 10 barrios y afectó otros 18.

Las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para la reconstrucción de la capital del Putumayo se han hecho a espaldas de la población: las donaciones nacionales e internacionales fueron invertidas sin consultar a los damnificados. A la hora de construir las viviendas, pavimentar las calles, reconstruir puentes y disponer de jarillones de arena y piedra, no se tuvieron en cuenta las necesidades reales de los afectados directos por la tragedia, tampoco las condiciones topográficas y naturales de Mocoa. Esta manera de proceder permitió que el 12 de agosto la tragedia se volviera a repetir. Una nueva lluvia torrencial destruyó totalmente cientos de viviendas, derrumbó varios puentes, y arruinó los bienes y negocios de las personas damnificadas que con mucho esfuerzo hicieron lo posible por restaurar su proyecto de vida.

Las constantes inundaciones y avalanchas demuestran que las medidas de reconstrucción de Mocoa tienen que ser proyectadas a largo plazo y con la perspectiva de atención social, pues hasta el día de hoy se han hecho de forma improvisada. Mocoa ni siquiera cuenta con un Plan Básico de Ordenamiento Territorial vigente. La firma de súper expertos contratada por más de 4.800 millones de pesos para que hiciera el POT, ha postergado los resultados progresivamente.

Cuando haya una definición clara, concertada, justa y equitativa de qué va a pasar con la reubicación de las miles de familias damnificadas, cuando se sepa dónde podrán construir sus viviendas, dónde podrán establecer sus pequeñas empresas y negocios, qué programas sociales y económicos les ayudarán a rehacer sus vínculos familiares y comunitarios, podrán dormir tranquilamente sin temor a que una nueva desgracia les impida despertarse al lado de sus seres queridos.

Conscientes de que la solución debe involucrar a todos los estamentos de la sociedad colombiana, la delegación tocó diversas puertas. Del 10 al 15 de septiembre visitaron a funcionarios de la Vicepresidencia de la República, de los ministerios de Vivienda y de Comercio, se reunieron con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, acudieron a entes de control como la Superintendencia Financiera y la Contraloría General de la Nación, y a miembros del Congreso de la República.

La presencia de las mujeres damnificadas despertó la sensibilidad de todos los funcionarios visitados, los cuales se comprometieron a dialogar y abrir canales de participación. Cabe destacar el compromiso de los Representantes a la Cámara y Senadores de los diferentes partidos políticos, quienes dejando a un lado las posturas ideológicas se reunieron conjuntamente con la delegación y se comprometieron a impulsar proyectos de ley, audiencias públicas de control político y ciudadano, y conformar una comisión accidental tanto en el Senado como en la Cámara que haga posible estas acciones.

La delegación hizo énfasis en la necesidad de tejer lazos con los movimientos sociales, y unir esfuerzos con otras poblaciones afectadas por desastres, por ejemplo los damnificados por la construcción de Hidroituango.

Es importante poner en conocimiento del pueblo colombiano varias afectaciones que deben solucionarse con la reconstrucción de Mocoa y que hasta el momento han sido ignoradas: antes que nada, las deudas bancarias que ahogan a los sobrevivientes. Después de haber perdido familiares, todos sus enseres y propiedades, sus negocios y sus casas, no es justo que la banca termine de empobrecer a los damnificados; no les perdone un solo peso de los intereses y los acose diariamente con amenazas de embargo y procesos judiciales. A la banca, que hace veinte años quebró y que fue auxiliada con más de veinte billones de pesos por el pueblo colombiano, que desde entonces viene pagando el impuesto del 4 por 1000 gracias a ese salvamento, se le exige la condonación total de las deudas de los damnificados.

También es necesario que, al ser víctimas del conflicto armado, las familias desplazadas reciban las ayudas que hasta el momento no han sido otorgadas. A los comerciantes informales, que por no estar registrados en Cámara de Comercio no han recibido ayuda en capital de trabajo y equipamiento, se les debe brindar las mismas ayudas que recibieron los comerciantes formales. Y, en lugar de contratar profesionales de otras regiones, deben implementarse medidas para sacar provecho del talento humano de cientos de profesionales que se encuentran sin trabajo y con la amenaza de que el ICETEX embargue las propiedades de sus fiadores. Por último, las veredas afectadas deben tener planes de reconstrucción de sus viviendas y unidades productivas. No pueden continuar en el olvido.

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