Para el Gobierno y la Fiscalía ser líder social sí es delito

El pasado 10 de septiembre, siete líderes y lideresas sociales de los municipios Castilla La Nueva y Acacías, Meta, fueron capturados por supuestamente pertenecer a bandas delincuenciales cuyo objeto es organizar las protestas para perjudicar a Ecopetrol y atentar contra la fuerza pública. Lo cierto es que allí, donde Ecopetrol explota varios pozos mientras evade su responsabilidad de invertir socialmente en la zona y proveer empleo a los habitantes del territorio, las comunidades se han organizado para desarrollar jornadas de protesta, en las que han exigido a la petrolera que cumpla con sus obligaciones.

¿Protestar es delito?
En mayo de 2016, julio de 2017 y febrero de 2018, “las comunidades de Acacías y Castilla La Nueva (Meta) realizaron movilizaciones para exigir a Ecopetrol la contratación de mano de obra en el área, pues revelaban que mientras en la región hay altos índices de desocupación, la petrolera empleaba mano de obra de otras regiones del país y hasta del extranjero; igualmente denunciaban los incumplimientos de Ecopetrol en la inversión social acordada anteriormente con las comunidades. Como ha sido costumbre de empresarios y gobernantes, en vez de dialogar para encontrar soluciones, les arrojaron las fuerzas del Esmad, cometiendo todo tipo de atropellos en viviendas, fincas y contra motos y vehículos de la comunidad, dejando decenas de heridos”. Así lo afirmaron el pasado 12 de septiembre los miembros del sindicato de la Unión Sindical Obrera, de la seccional Meta, en una denuncia pública realizada a través de las redes sociales.

A pesar de que la mayoría de estas protestas se sellaron con la firma de actas y acuerdos entre las comunidades y Ecopetrol, con presencia de las autoridades, lo que no sabían ni se imaginaban los líderes y lideresas es que entre la Fiscalía General de la Nación y la empresa estatal Ecopetrol existen convenios y contratos de cooperación por miles de millones de pesos. Y estos contratos buscan acabar con este tipo de protestas a través de la judicialización de sus promotores.

Son muchos contratos “que se desprenden de un contrato marco, que dice que [la Fiscalía y las autoridades] proveerán todos los funcionarios y elementos necesarios para el trabajo [de colaboración], por ejemplo nos sorprendió muchísimo la presentación de videos grabados por la fuerza aérea; porque mover un avión encima de una zona durante media o una hora cuesta millones de pesos, y tienen muchos de esos videos”, afirma la abogada Liria Manrique, refiriéndose a las supuestas pruebas que presentó la Fiscalía en medio de la audiencia que se adelantó el 12 de septiembre en contra de estos tres líderes y cuatro lideresas capturadas.
Entre estas personas, informa el comunicado de la USO Meta, está “la líder comunitaria Sandra Patricia Ruiz Riaño, de quien la Policía dice: “inició su actuar delictivo al estar como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda del Municipio de Acacias”, no sabemos a qué horas se volvió delito presidir una organización comunitaria; también fueron detenidos el líder de los oficiales civiles y las mesas de concertación laboral, Flaminio Mendoza, Jorge Hugo Sarmiento, José Fernando Barbosa Corredor, Doris Sánchez, Gustavo Carrión, Nidia Janeth Martínez y Jessica Hernández Quevedo”.

Los cargos
Luego de la captura de los líderes y las lideresas, que son ampliamente conocidos en la zona y apoyados por las comunidades en sus labores de veedurías, negociaciones y representación legal de las juntas de acción comunal, el 11 de septiembre se llevaron a cabo las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, y el día 12 de septiembre la audiencia de imposición de la medida de aseguramiento. Sorprendió allí la cantidad y complejidad de los cargos que se le imputan a los líderes; según la Fiscal, los detenidos hacen parte de “una banda criminal” y les imputó nueve delitos: concierto para delinquir, homicidio agravado en la modalidad de tentativa, terrorismo, violencia contra servidor público, constreñimiento ilegal, daño en bien ajeno, violación a la libertad de trabajo, obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones.

Según Liria Manrique, quien es asesora penal de la USO seccional Meta, “nos hemos enterado que existe una campaña de desprestigio por parte de la Policía nacional contra los líderes, ya que informa y denuncia públicamente que han capturado una banda criminal, cuando saben que se trata de líderes de las comunidades; todo este proceso es impulsado por la Fiscalía General de la Nación a través de la estructura especial de apoyo EDA, que es financiada y pagada por Ecopetrol. La empresa lo que busca es eliminar toda clase de obstáculos a sus políticas económicas en los territorios, como son los líderes… hemos dicho que en estos procesos hay una asimetría judicial ya que en lo corrido de este año han asesinado más de 30 defensores de derechos humanos, todos en absoluta impunidad, mientras tanto una estructura como la EDA destina fiscales especializados, recursos y funcionarios, solo para investigar a los líderes y vincularlos irregularmente con el crimen organizado, tratándolos como delincuentes”.

Debido a las extensas intervenciones de la Fiscalía y de la defensa de los imputados durante la audiencia del 12 de septiembre, la Juez encargada pidió un plazo, que se cumplió el pasado 25 de septiembre, para tomar la decisión. En esta fecha, la defensa presentó la consideración que no se podían imputar cargos tan delicados pues no era posible comprobar la vinculación entre el hecho y los detenidos. Atendiendo a estos argumentos y al material probatorio, la Juez consideró que una medida intramural no era la adecuada y ordenó la libertad de los detenidos, imponiendo unas medidas no intramurales.

A pesar de que estos líderes recobraron la libertad desde las 6:00 p.m. de este mismo día, la Fiscal y el abogado de Ecopetrol interpusieron un recurso de apelación, porque consideran que deben estar privados de la libertad durante el proceso, calificándolos como un peligro para la sociedad y la empresa. Sin embargo, explica la abogada Manrique, “la Procuraduría apoyó la solicitud de la defensa de que se mantuvieran en libertad, e incluso mencionó que el proceso era el típico proceso judicial espectáculo donde la Fiscal detuvo los líderes y lideresas más por hacer llamar la atención que porque tuviera material para ello”.

La estrategia de criminalizar la protesta social no es nueva es este departamento ni tampoco son nuevos los actores. Ya en septiembre de 2017 la líder Marisol Parra Ramos, de Guamal - Meta, tuvo que enfrentar además de una fuerte golpiza por parte de la policía, una imputación penal de las mismas características derivada de un conflicto entre las comunidades y Ecopetrol, por las afectaciones ambientales que provocaba la empresa Repsol en la zona. De este intento de judicialización Marisol salió ilesa gracias a la defensa legal de la abogada Manrique.

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