Ser líder social no es un delito

“¿Cuántas veces no habremos visto, de [Simón] Bolívar a [Salvador] Allende, la interrupción de la vida por una macabra pantomima que, en nombre de la defensa de la vida, impone la desolación de la muerte? ¿Cuántas veces en nombre de la defensa de la democracia, no se han impuesto dictaduras nugatorias de la misma libertad que decían proteger? ¿Cuántas veces en nombre del orden autoritario, no se ha establecido el desorden desautorizado del secuestro, la cárcel, la tortura, el asesinato?”.

Si el mexicano Carlos Fuentes nos hubiera hecho esas preguntas a los líderes y lideresas sociales, le habríamos respondido que desde hace más de doscientos años la política en Colombia no es un trato —una disputa— entre iguales, sino la humillación del débil por el fuerte.

Durante doscientos años nos negaron la palabra, nos ignoraron, nos satanizaron, nos tergiversaron, nos persiguieron, nos condenaron, nos mintieron, nos torturaron, nos amenazaron, nos volvieron a amenazar, y nos mataron. Doscientos años llevamos viviendo como si fuera el ultimo día, el último año, de nuestras trágicas vidas. Doscientos años —73.000 días— gobernados por el miedo y los prejuicios, por un futuro que nunca cambia, por verdades metafísicas innegables e indemostrables.

Este país sigue prescindiendo de sus mejores hombres y mujeres —de sus colombianos más necesarios—. De colegas que renuncian a sus familias, a los placeres, a sus proyectos de vida para exigir lo que todos deberíamos exigir para todos: una vivienda, un puesto de salud con médicos, un colegio con profesores, un trabajo bien remunerado, agua, luz, alcantarillado, una carretera transitable… oportunidades: condiciones de vida digna.

Nadie nos paga por ser líderes, la mayoría de veces tenemos que destinar parte de nuestro escaso patrimonio para sacar las fotocopias, radicar el derecho de petición, o pagar la chalupa, la moto o el chivero y poder asistir a la reunión con nuestros colectivos, organizaciones o asociaciones, o con los delegados enviados por el Gobierno nacional. Ninguno de nosotros tiene la obligación de evitar que nuestras comunidades, que solo aparecen en el radar de la sociedad y el Gobierno cuando ocurre una tragedia, naufraguen en las inseguras aguas del Estado colombiano, sin embargo, lo hacemos porque el barco necesita un capitán capaz de dar su vida por su tripulación.

Muchos jamás asistimos a un salón de clase, no tenemos un cartón que nos avale como profesionales, conocimos primero el azadón, la escoba, o la atarraya antes que un cuaderno o un libro. De forma empírica nos volvemos expertos en las leyes que nuestra gente desconoce, y que el Gobierno viola; nadie nos paga por eso, pero decidimos renunciar a la tranquilidad que produce aceptar el mundo tal cual es —aceptar que lo que fue es lo que debió ser—.

Aunque lo único que hacemos es trabajar por el bien común y exigir lo que merecemos, sentimos miedo. Miedo de que a la vuelta de la esquina un arma acabe nuestra vida o alguien nos condene a estar muertos en vida en una cárcel. En este país anestesiado que naturaliza y justifica la muerte del prójimo, donde los políticos de rapiña se alían con el diablo para desangrar la nación, ser líder social es cargar con un ataúd a cuestas.

Casos como los de Juli, frustran, desaniman, nos hacen sentir como criminales. Desde el 2006 Juli participó y fomentó escenarios para soñar y construir otro país. Ese año, vinculado a la Corporación Claretiana, acompañó comunidades de Boyacá y Casanare. Mientras estudiaba filosofía en la Universidad Pedagógica Nacional participó en la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia (ANJECO), y fue cofundador del Movimiento Juvenil y Popular Quinua. El pasado 6 de junio cinco hombres de civil y otros dos uniformados, que al parecer pertenecen a la Policía Nacional, detuvieron a Juli en Bogotá.

Un testigo que recibe beneficios de la justicia por sus declaraciones, aseguró que Juli pertenecía al ELN por lo que el juez encargado del caso decidió dictar medida de aseguramiento intramural. Hasta el momento de su detención, Juli era responsable de la Secretaría Técnica del movimiento social y político Congreso de los Pueblos, participaba también en la Comisión de Formación, en la Comisión de Economía Propia y en la Comisión Internacional. Yo conozco a Julián Gil, y estoy seguro que si lo privaron de la libertad fue por decir lo que pensaba y hacer lo que decía, mas no porque sea un delincuente. A sus 31 años, Juli se perfilaba como un pilar fundamental en el Congreso de los Pueblos y otros espacios políticos de movilización. El vacío que ha dejado así lo demuestra. No solo lo recordamos por su compromiso y sus aportes metodológicos; también por su sonrisa silvestre y su fraternidad.

El montaje judicial contra Juli fue un golpe certero que nos tiene abatidos. Aunque sabemos que este tipo de hechos pueden suceder en cualquier momento, nunca vamos a estar preparados para recibir ese tipo de noticias. También nos atormenta la constante persecución a los líderes del Sur de Bolívar o del Suroccidente colombiano, el asesinato de Héctor Santiago Anteliz, líder del municipio Teorama y de la Asociación Campesina del Catatumbo, los casi 400 líderes asesinados entre 2016 y los primeros seis meses de 2018... Cada homicidio, cada trampa jurídica, es una oportunidad de cambio perdida.

Nos hemos convertido en cifras que solo importan por lo que niegan. Entre enero y marzo de 2018, el Sistema de Información de Agresiones contra defensores de derechos humanos Colombia (SIADDHH), hecho por el Programa Somos Defensores, registró 132 agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos. De esas agresiones 66 fueron amenazas, 12 atentados, seis hurtos de información, una desaparición forzada, una judicialización, y 46 asesinatos —26 más que el año anterior, un incremento del 130%—. ¿Hasta cuándo van a permitir que nos maten? ¿Hasta cuándo ser líder social va ser un delito, una amenaza?

Los verdugos del pueblo suelen recurrir a la trampa y la violencia cuando se sienten derrotados, cuando sienten amenazada su indigna victoria. La brecha entre la democracia formal y la democracia real tardará en cerrarse, pero tarde que temprano la cerraremos. No es con soluciones fáciles que se resuelven problemas complejos, T. W. Adorno nos lo advirtió: “Un mundo justo sería intolerable para cualquier ciudadano de nuestro mundo fallido”. De momento, mientras materializamos ese mundo plural, incluyente, participativo y equitativo, nos aferramos a la tolerancia, la imaginación, la convivencia, la creación y la solidaridad. Recurrir al rencor y a la venganza sería parecernos a ellos.

Si las convicciones son esperanzas, como dicen que decía Bertol Brecht, la nuestra es la más noble de las utopías. Seguiremos “reprehendiendo los vicios ajenos con la virtud propia”. Seguiremos al frente del barco hasta que todo ese desprecio que nos tienen se transforme en admiración.

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Juan Alejandro Echeverri
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