La participación es el corazón de la paz

Los alcances de la participación en Colombia han estado en permanente disputa entre las clases dominantes y el pueblo, que se expresa de diferentes maneras en los movimientos sociales, los partidos de izquierda y las comunidades, principalmente. Esto sucede porque los espacios y mecanismos de participación de la sociedad que existen en la Constitución Política son irrelevantes e ilegítimos, ya que no tienen la capacidad de materializar los resultados de esa participación en políticas públicas.

El ejercicio de la democracia está cada vez más restringida a espacios electorales y de representación; no se promueve la participación directa y vinculante que le permita a las comunidades contribuir en políticas de diseño de su territorio, acordes con su vocación productiva; tampoco facilita definir el uso o destino de sus riquezas. Por el contrario, las clases dominantes en Colombia han desarrollado por siglos formas de dominación que incluyen la desaparición, el asesinato y la judicialización de líderes para desarticular los procesos sociales que actúan como sujetos de transformación.

Sin embargo, el logro de una paz estable y duradera genera expectativa y esperanza en la población; parar la guerra y construir un ambiente donde la acción política esté libre de violencia está al centro de los debates y de las dinámicas territoriales; esta expectativa potencia la organización, la movilización y la construcción de agendas y espacios para avanzar en la solución política al conflicto social y armado.

El incumplimiento del Gobierno a los acuerdos de paz firmados con las FARC; la falta de voluntad para acordar el punto de participación de la sociedad en la construcción de paz, en el proceso con el ELN, y la ausencia de pedagogía necesaria para que la sociedad se entusiasme, no ayudan en nada al ambiente social y político que legitime el proceso de paz y las transformaciones que requiere el país. Por eso es necesario superar los obstáculos y dificultades que las organizaciones sociales, las comunidades y en general la sociedad civil encuentran en ese camino.

El enfoque de la paz
Una cosa piensa el Estado sobre la participación de la sociedad en la construcción de la paz, y otra las comunidades. Por un lado, el Estado quiere una participación pequeña, simple, que recomiende o incida, pero que no sea vinculante, es decir que no obligue. Las comunidades quieren todo lo contrario. Para el Estado, alcanzar la paz tiene que ver con la superación de la confrontación armada, por lo tanto su principal apuesta es la desmovilización de las fuerzas insurgentes y la entrega de sus armas. Así, cesarían las acciones militares sobre las fuerzas armadas estatales, y se posibilitarían las actividades económicas en los territorios, a las grandes empresas nacionales y extranjeras.

Las comunidades consideran imperativo resolver los problemas históricos de pobreza y exclusión que son la causa del conflicto armado y la ausencia de la paz. Por ejemplo, el acceso a la tierra para millones de familias; el manejo soberano y el beneficio común de los bienes de la naturaleza; la garantía de los derechos sociales, políticos, culturales y ambientales, entre otros. Es fundamental que el enfoque sobre la paz contemple las más diversas posturas, y no simplemente las que llevan a una mesa de negociación las dos partes; el enfoque de paz también debe ser una construcción social y democrática.

La cultura política
Desde el mismo Estado y a través de diversos estamentos gubernamentales se fomentan prácticas antidemocráticas, violentas y corruptas, que unidas con las carencias sociales y económicas promueven una decadencia de la cultura política en toda la sociedad. Los medios masivos de comunicación empeoran este triste panorama, pues con sus prácticas, en lugar de generar capacidad de razonamiento, reflexión y actitud crítica, alimentan la mediocridad, el odio, el egoísmo y la indiferencia de la sociedad hacia los asuntos políticos y públicos.

Además, el desprecio por la vida y la justificación de la violencia, la muerte y la desaparición del contrario han provocado tal insensibilidad social, que le da vía libre a los violadores de derechos humanos para actuar con la mayor impunidad. La falta de garantías para la vida, las acciones colectivas y la defensa de los territorios, es el resultado de estas prácticas sociales y políticas. Entonces estas realidades, en vez de incentivar la cultura de la participación, la reducen, la coartan y la hacen lejana a las aspiraciones de las comunidades.

Se necesitan garantías
El Estado carece de la voluntad política para orientar a su amplia institucionalidad en la aplicación, promoción y defensa de los derechos fundamentales de los colombianos y colombianas. Especialmente en el disfrute de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y políticos. Las Instituciones no disponen de mecanismos, espacios, recursos y decisión para el ejercicio participativo en los territorios, desde los sujetos políticos activos y desde las estructuras sociales locales y sectoriales; esta situación hace inviable la incidencia en la realidad económica, política, social, ambiental e ideológica por parte de las mayorías excluidas en sus territorios.

La negociación entre el Gobierno nacional y el ELN en la ciudad de La Habana-Cuba, tiene por delante no solo la superación de todos estos vacíos de la democracia colombiana, sino el complejo momento político que incluye el fin del gobierno Santos, y la incertidumbre frente a la postura en materia de paz de su reemplazo en agosto de 2018.

Poner a jugar las experiencias
Es en este contexto que las organizaciones sociales y políticas que le apuestan a la paz con justicia social deben jugársela toda, para así provocar una política estatal de continuidad del proceso de paz. Como se ha dicho, es necesario construir un enfoque común y democrático, pero especialmente promover y ejecutar en la práctica hechos de participación.

Para eso se deben articular los procesos sociales y políticos, y con ellos dinamizar el movimiento por la paz, poniendo al frente las experiencias territoriales, las agendas, los espacios colectivos y las aspiraciones de vida digna de miles de personas. Por ejemplo, la propuesta de las mujeres, de diálogos territoriales por la paz que se instalaron en Barrancabermeja el 18 de mayo de 2018; o la Comisión Étnica por los derechos territoriales que logró, en el proceso con las FARC, un acuerdo para los pueblos indígenas y negros, y que puede seguir ganando terreno con sus apuestas colectivas, autónomas y territoriales; o la Mesa Social Minero Energética y Ambiental que ya tiene propuesta construida intersectorial y colectivamente en el marco de la soberanía nacional; así mismo regiones como el Magdalena Medio, Arauca y Suroccidente que de forma sostenida en el tiempo han construido alianzas, propuestas y espacios locales, sectoriales, interétnicos y demás, están preparados para hacer escuchar la voz de la región en este proceso de paz.

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Marylen Serna
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