No hay paz para los líderes sociales en Sur de Bolívar

A las tres de la mañana se rompió la poca calma que se respiraba en el caserío. Entre patadas a la puerta y gritos de “salgan hijueputas”, miembros de la Policía, el Ejército y la Fiscalía allanaron la casa de Isidro Alarcón, en Micoahumado, Sur de Bolívar. A esa hora se encontraban en ella la compañera de Isidro y su nieta, una niña de cuatro años. Los invasores maltrataron a la mujer y a la niña, y dijeron de mala manera que estaban buscando a Isidro y las armas que, según ellos, se encontraban allí. “Voltiaron todo patas arriba pero no encontraron nada, porque nada teníamos escondido”, dice la señora. Era la madrugada del 22 de marzo de 2017.

Dos días antes habían llegado al corregimiento Micoahumado unidades del Ejército y la Policía, acompañados de civiles sin identificar, se dedicaron a patrullar el caserío, a preguntar por los líderes y a vigilar las casas de estos. Preguntaron insistentemente por Pablo Santiago, el líder más reconocido del corregimiento y fiscal de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar; Pablo estaba de viaje, pero eso no los detuvo, consiguieron su número de teléfono y lo llamaron con la excusa de que lo necesitaban para que convocara a la comunidad a una reunión para “conversar sobre la situación de seguridad del caserío”. Similar procedimiento siguieron con Arisolina Rodríguez, lideresa del mismo corregimiento que tampoco se encontraba allí; presionaron a su familia hasta obtener su número de teléfono y también le insistieron en que regresara para que estuviera en la mencionada reunión.

Mientras se llevaba a cabo el allanamiento en la casa de Isidro y el corregimiento se encontraba sitiado, se adelantaba un operativo sin antecedentes en la región y simultáneamente fueron detenidas varias personas. Allí mismo fueron detenidos dos jóvenes, hombre y mujer, a quienes obligaron a recorrer semidesnudos el trayecto que había desde el sitio donde fueron detenidos, hasta donde se encontraba el helicóptero en que se los llevaron.

La noche del 21 de marzo, en el casco urbano del municipio de Arenal, ya había sido detenido Isidro Alarcón, quien ha liderado procesos organizativos desde 1985 y fue uno de los fundadores de la Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado. En la madrugada del 22 de marzo fue detenida Milena Quiroz, a quien le invadieron su casa por el techo en un operativo digno de película. Milena es vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y directiva de la Cooperativa Multiactiva de Arenal. A Floro Edilberto Díaz, el conductor que presta servicio de transporte hacia Mina Proyecto, lo capturaron en Aguachica en la tarde del 21. Floro desde hace muchos años ha sido quien, sin importar las circunstancias, ha puesto su vehículo al servicio de las personas que lo requieran, sea para transportar carga, para sacar enfermos al hospital más cercano o para mover a una persona así no tenga con qué pagar el pasaje.

En el corregimiento Casa de Barro, del municipio de Norosí, fue capturado en la madrugada del 22 Manuel Francisco Zabaleta. Kito, como es conocido por todos, es tal vez el líder más antiguo y reconocido del Sur de Bolívar. Es uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, fundador junto a otros campesinos de Fedeagromisbol, vocero de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y presidente de la Asociación Agrominera de Casa de Barro.

Ese mismo 22 de marzo fue detenida Nubia Gómez en el municipio de Arenal, y allanada la finca del señor Joaquín Gómez Quiñonez, padre de Nubia y directivo de la Junta de Acción comunal de la vereda Unión Doradas. Joaquín fue detenido en mayo de 2017.

Ese operativo fue ordenado por la Fiscal Tercera Especializada de Cartagena, María Bernarda Puentes, quien basándose en dichos de supuestos desmovilizados del Ejército de Liberación Nacional, actuó contra los líderes comunitarios que presuntamente eran miembros o auxiliadores de esa organización insurgente. Es de resaltar que pocos meses después de ordenar estas capturas, la fiscal María Bernarda fue detenida por graves hechos de corrupción vinculados con organizaciones paramilitares de la Costa Caribe.

Los líderes y pobladores capturados fueron trasladados a la ciudad de Cartagena. En la audiencia de legalización de las capturas y allanamientos, que duró 12 días, uno de los argumentos utilizados por la Fiscalía fue que “organizaban marchas y eran un peligro para la sociedad”. El juez de control de garantías acogió los argumentos de la Fiscal y ordenó el encarcelamiento de todos los capturados por los delitos de rebelión y otros conexos.

Ocho meses después de las capturas, un juez de segunda instancia concedió la libertad a varios de los detenidos y reconoció que la actuación de la Fiscalía Tercera de Cartagena se asimilaba a un falso positivo judicial en contra de reconocidos líderes de la región. Sin embargo el proceso sigue su curso y catorce meses después de las detenciones aún no se inicia el juicio en contra de los imputados.

La arremetida contra líderes regionales no paró allí: en septiembre de 2017 en otro operativo espectacular, que incluyó helicópteros, la Fiscalía Primera Especializada del Magdalena Medio intentó capturar a la lideresa de Fedeagromisbol, María Antonia Rangel, bajo el pretexto de ser la determinadora de dos homicidios cometidos por las FARC años atrás. La firmeza de la comunidad y de los líderes de la región impidieron la captura, y meses después la Fiscalía se vio obligada a suspender esta orden ante lo endeble de las pruebas que tenían en este caso.

Sin embargo, mientras se judicializaba a los detenidos, en operativos repetidos y sistemáticos, el Ejército nacional intimidó a los líderes que no habían sido capturados y a sus familias, bajo el argumento de que eran guerrilleros y tenían orden de captura. Fueron más de 365 días y noches en los que esta situación irrumpió con su tranquilidad. La presión nunca se detuvo, tanto por la presencia de los llamados “zorro solos” que vigilaban las viviendas, o por la actitud de miembros del Ejército nacional que “no dejaban de joder noche y día acusando de guerrilleros a los líderes”.

Fue tal la presión que el 11 de abril de 2018, y después de un año de soportar los continuos hostigamientos a que fueron sometidos, cinco líderes regionales decidieron presentarse voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación “para de una vez por todas saber qué estaba pasando con nosotros que no nos dejaban en paz”.

Pablo de Jesús Santiago, Eugenio Gómez Quiñonez, Raúl Balmacea, Julio Arboleda y Andrés Trillos llegaron hasta Bogotá y se presentaron en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata ubicada en el búnker de la Fiscalía. El trámite fue atendido por Leonor Merchán, Fiscal Segunda Especializada Delegada para Seguridad Ciudadana. Realizada la consulta en los diferentes sistemas de antecedentes, se constató que ninguno de los líderes que hizo su presentación registraba algún tipo de requerimiento judicial.

Aunque esa verificación dio un parte de tranquilidad temporal a los líderes y sus familias, queda en el aire la inquietud acerca de las intenciones de la Fuerza Pública que durante un año los señaló y persiguió, y de lo que pueda pasar ahora que la Fiscalía General de la Nación ha dicho que desde lo jurídico no hay requerimientos contra estos líderes, que en su momento le hicieron el quite a las capturas masivas que se adelantaron en la región.

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Nelson Orrego
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