El Bajo Cauca, entre el fuego cruzado

Un capítulo de violencia está viviendo nuevamente, desde hace algunos meses, el Bajo Cauca, subregión de Antioquia históricamente ocupada por grupos paramilitares. Los grupos en disputa no son pocos, y tienen como escenario de confrontación un corredor que empieza en los municipios de Ituango y Valdivia (último municipio del Norte antes de comenzar el Bajo Cauca), atraviesa Tarazá, Cáceres, y Caucasia, y llega hasta San José de Uré, municipio de Córdoba que limita con estos. A raíz de las confrontaciones armadas en estos municipios, 732 familias (2.192 personas) han sido desplazadas, según la Defensoría del Pueblo.

¿Cuáles son los grupos armados que actúan en esta región? En Tarazá y en Cáceres hay presencia de la Compañía Móvil Héroes y Mártires de Tarazá y del Frente de Guerra Compañero Tomás, del ELN. En los límites entre Tarazá e Ituango está la disidencia del Frente 36 de las FARC-EP. Sin embargo, los dos actores que encendieron la violencia en la región fueron el Frente Virgilio Peralta Arenas de las Autodefensas Campesinas, los llamados caparrapos, un reducto paramilitar que viene desde la desmovilización de las autodefensas del Bajo Cauca, y el grupo que tiene mayor dominio en la zona, el mismo que se ha convertido en el centro de la persecución criminal del Estado colombiano: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-. Los caparrapos estaban subordinados a las AGC, pero el año pasado se sublevaron y decidieron enfrentarlas.

Las AGC se adueñaron de la región
Según el informe “Presencia de grupos paramilitares y algunas de sus dinámicas en Antioquia”, realizado por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CCEEU–, Nodo Antioquia, las AGC tienen presencia en 22 departamentos del país, y están en 97 municipios de Antioquia.

Su incursión en esta región empezó en el 2008, año en que tuvo que enfrentarse –según un informe de la Fundación Ideas para la Paz– “a dos estructuras herederas de las AUC, particularmente a 'Los Paisas', una extensión rural de la llamada 'Oficina de Envigado' conformada por antiguos miembros del Bloque Mineros, y a una facción de 'Los Rastrojos', integrada por ex paramilitares del Bloque Central Bolívar (BCB)”. Esta primera confrontación ocasionó el retiro de “Los Rastrojos”, y el fortalecimiento en la región de las AGC.

Hubo un tiempo de relativa calma, signada por el empoderamiento de las AGC y por la salida de las FARC-EP de algunos terrenos circundantes al Bajo Cauca. Pero al finalizar el 2017 dicha calma se rompió, primero, por confrontaciones internas de las AGC, y segundo, por la incursión de otros grupos que querían hacerse al control de las rentas ilícitas. Estos grupos, según Oscar Yesid Zapata, representante en Antioquia de la CCEEU, no son solo locales. Para él hay una relación entre las confrontaciones en la región y los carteles internacionales de la droga. “Por informaciones que hemos recibido sabemos que eso también debe estar relacionado con carteles mexicanos de la droga, que pueden estar apadrinando a uno de estos dos grupos. Eso puede estar generando una explosión criminal en Bajo Cauca”, explica. Dice además que estas rentas ilícitas son de los cultivos de coca, la minería, el tránsito de sustancias de uso ilícito, y la extorsión.

Pero de estas, la principal economía ilícita por explorar es la producción de la coca. Por eso, cuando se vio reducida en el 2017 por los planes de sustitución del Gobierno, las confrontaciones y el control sobre la población se intensificaron. Según una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, “el principal objeto de disputa de las estructuras asociadas a las AGC, está centrada en las necesidades de control de la cadena del narcotráfico”. Agrega que son precisamente “los territorios del cultivo de coca vinculados al PNIS –Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito–, el escenario principal de riesgo de las comunidades rurales en los municipios de Tarazá y Cáceres”.

El centro de la confrontación
En los corregimientos y en la zona urbana de Cáceres y Tarazá, fue donde inició la confrontación. Tarazá, por ejemplo, fue noticia los primeros dos meses del año, luego de que se conociera que hubo 26 asesinatos, cuando en el mismo periodo del año pasado solo hubo seis. Se trata de un incremento del 383%. Además de eso, en cuatro eventos de desplazamiento se produjeron cerca de 1600 víctimas, como muestra de lo que la Defensoría llama “una clara estrategia de vaciamiento del territorio”.

En este pueblo, además de los desplazamientos, hay serias restricciones a la movilidad, pues según registra la Defensoría, los residentes no pueden movilizarse hacia algunos lugares aledaños. También ha habido toque de queda: “Desde marzo de 2018 circula un panfleto firmado por el Bloque Virgilio Peralta Arenas, en el que se restringe la movilidad a partir de las 7:00 p.m. en los sectores en los que tiene injerencia”. Además, se han visto afectadas las dinámicas económicas de estos municipios, donde en dos ocasiones varios grupos de mineros han sido expulsados de sus lugares de trabajo por miembros de las AGC y los caparrapos.

No es distinto el panorama en Cáceres. Según un comunicado de Derechos Humanos sobre la situación de seguridad en este municipio durante los primeros meses del año, en la población hay temor a causa de los enfrentamientos y por el límite en el control territorial que ejercen los grupos armados ilegales, por lo que los sitios públicos y establecimientos comerciales permanecen vacíos, afectando las actividades económicas.

Poder político y grupos ilegales
Según Oscar Yesid, “ha existido en el correr de este tiempo una serie de nexos entre las AGC y las autoridades locales. Todavía hay una connivencia que les facilita accionar en este territorio. El problema está dentro del mismo Estado”. No son pocos los casos que sustentan esta idea. En enero fue capturado el alcalde de Cáceres, José Mercedes Berrío, por nexos con las AGC. Según la Fiscalía, Berrío llegó en las elecciones del 2014 al cargo gracias a una alianza con este grupo.

En febrero, el capturado fue Mario Eliecer Sierra Correa, vicepresidente del Concejo de Tarazá, a quien la Fiscalía señala de dar información a “polocho”, un cabecilla del Frente Julio César Vargas, para que este supiera cuándo habría operativos en su contra. Alias “polocho” fue abatido por la policía ese mismo mes y ejercía su control en el corregimiento Barro Blanco de Tarazá. Además de ellos dos, ya habían sido capturados desde el año pasado el concejal de Tarazá, Carlos Mario Mira, el jefe de personal del hospital de dicha localidad, Boby Bedoya, y una enfermera del hospital.

Lo más grave es que al parecer vienen más capturas en camino, precisamente en Cáceres, Tarazá y Caucasia. Esto cuenta Leiderman Ortiz, periodista de Caucasia que ha denunciado a los dirigentes políticos por sus nexos con los grupos criminales: “A la alcaldesa de Tarazá están que la capturan. Al de Caucasia están que lo capturan por concierto para delinquir, por nexos que tiene con grupos armados, y por corrupción. Eso ya está que revienta”.

El Bajo Cauca, históricamente fortín paramilitar, está volviendo a vivir las manifestaciones de violencia que vivió a finales de los noventa y principios de la década pasada. Según Leiderman, a la zona, que está intervenida militarmente desde hace unos meses, va a llegar una nueva intervención grande, de inteligencia, contrainteligencia, ejército”. Por esto, una compleja situación de derechos humanos, y el riesgo de desplazamiento para las comunidades, siguen latentes. A esto se suma la reciente tragedia a causa de las fallas del proyecto Hidroituango, en donde resultaron afectadas las comunidades de estos mismos municipios.

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Juan David Guerra
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