Con la hidroeléctrica Pescadero-Ituango se promete progreso y se encima despojo

(ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA 58 EN EL 2011)

El lugar en donde se construye el proyecto hidroeléctrico Pescadero-Ituango, al  norte del departamento de Antioquia, sobre las orillas del río Cauca, sus habitantes se rebuscan alguna piedrita de oro en el río por la imperiosa obligación de satisfacer a duras penas sus necesidades básicas. Paradójicamente, la Gobernación de Antioquia y las Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. se vanaglorian del proyecto por ser la insignia del progreso y desarrollo más ambicioso de la región, el más grande del país. Entre tanto lado la pequeña minería tendrá que desaparecer de allí. “¿Qué pasara con nosotros/as?” se preguntan algunos/as mineros/as, quienes por la incertidumbre y la preocupación se llenaron de valentía y coraje para afrontar su situación.

 

Se organizan para no joderse
Miércoles 15 de diciembre del año que pasó. El invierno aun no había cesado. Reflejo del azote invernal: las carreteras, en especial la que comunica la vereda la Nueva Vía de Yarumal con el corregimiento de El Valle, del municipio de Toledo, San Andrés de Cuerquia e Ituango, en donde hay tramos en que la carretera se transforma en lodosa pista de patinaje para todo tipo de vehículo, sea grande o pequeño. El que logra salir de esos trajines, por solidaridad con los demás vehículos, le toca asumir el papel de grúa y jalar con lasos y cadenas hasta que se salgan los demás de las trampas de pantano.
Y eso que hay maquinaria trabajando sobre esta vía, pero parece que los mismos trabajos empeoran el estado de esta destapada carretera y algunos tramos en los que ya esta pavimentado se han empezado a hundir o hay derrumbes que obstaculizan hasta un carril, haciendo aun más grande la hazaña para todo aquel o aquella que con su vehículo pase por unas márgenes tan estrechas y con tan solo unos pocos centímetros cerca del borde de los abismos.

Cerca del mediodía, con un cielo opaco y algo de bochorno, se desarrolló una asamblea de la Asociación de Pequeños Mineros Afectados por el Proyecto Hidroituango, ASOMITUANGO, en el corregimiento de El Valle, exactamente en la finca Tacui, en donde cerca de 300 personas, hombres y mujeres de todas las edades, llegaron en chivas, a caballo o simplemente a pie, con muchas expectativas para tratar una problemática trascendental para sus vidas mineras.

Hubo un poco de tensión durante un buen rato. Algunos/as mineros/as expresaron su enojo con la restricción del ejército y de la empresa de seguridad privada que custodia las riberas del río Cauca, alegando que era constante y que además en algunas ocasiones intimidatorias. “Si salen del río no pueden volver a entrar”, expresaba un minero sobre lo dicho por un vigilante en esa misma semana cuando salía de su rancho. Como para sumar más a la rabia, dos integrantes de la asociación minera no alcanzaron a llegar, y se comunicaron por celular para manifestar que estaban retenidos por el ejército sin motivo alguno, al tratar de salir de las riberas del río. 

Coincidencialmente, miembros del ejército se estaban apostando en esta finca casi todos los días. Se le preguntó al cabo Varela sobre las restricciones para el acceso al río, ante lo cual se comunicó por radioteléfono con sus superiores para verificar la información y luego negó rotundamente el reclamo, solo advirtió que “en el lugar se requisa a toda persona que ingrese porque hay colaboradores de la insurgencia merodeando en la zona. Y si se presentan abusos para el acceso al lugar, que anoten la placa para que denuncien ante el coronel Gutiérrez”. Por momentos se calentaron los ánimos pero la calma sobresalió a la hora de proseguir con la asamblea.

Y es que la presencia de cerca de 300 personas evidenció la voluntad para planear acciones con respecto de su situación, en donde ASOMITUANGO reclama enfáticamente ser reconocida y que cualquier negociación que se adelante sobre la actividad económica de la minería sea acordada directamente con la asociación como organización representante de la pequeña minería; es decir, que se pueda deliberar sobre la reubicación de sus ranchos, la indemnización por el cese de actividad económica y la generación de alternativas económicas para su supervivencia.

Actualmente, atendiendo la resolución ejecutiva 317 de 2008, en la que se declara de utilidad pública e interés social los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero-Ituango, el Ministerio de Minas y Energía emitió la resolución 18 0577 el pasado 9 de abril de 2010, en la que, basado en el artículo 10 de la Ley 56 de 1981, “dispone que para determinar los valores que se han de pagar a los propietarios de los predios y de las mejoras que se requieran para el desarrollo de los proyectos se integrará una comisión tripartita, compuesta por un representante de la empresa propietaria del proyecto, un representante designado por los propietarios de los predios afectados por el mismo, cuya remuneración será sufragada por el ministerio del ramo, y un representante del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la cual tiene la función de elaborar un manual con los valores unitarios que sirvan de base para liquidar los inventarios de los bienes que habrán de afectarse con la obra; determinar el avalúo comercial de los predios y dirimir los conflictos que se presenten en la determinación de inventarios y las áreas”.

En una carta enviada con fecha del 20 de noviembre de 2010 a la empresa HIDROELECTRICA ITUANGO S.A E.S.P., la operadora del proyecto, se le expresó por parte de ASOMITUANGO que, además de ser reconocida, proponen como lugar de reunión el corregimiento de El Valle por estar equidistante de los otros municipios; y que se actualizara el censo para la comunidad dedicada a la pequeña minería realizado por la empresa, ya que solo fueron censadas tres personas. Sin embargo no hubo respuesta por parte de la empresa.


Perder esta fuente de trabajo significaría para muchas familias arriesgar su techo y su comida. Los ánimos apuntaban a realizar una movilización. “Hagamos un paro aquí en la región para que nos puedan escuchar en todo el país”, decía uno de los mineros. Pero dos opciones saltaban a la vista para llevarla a cabo: un paro cívico en las vías que contara con el apoyo de sus poblaciones respectivas o hacerla en la ciudad de Medellín en las instalaciones de la oficina del gerente general de la empresa, Luis Guillermo Gómez Atehortúa. La segunda opción fue aplaudida a favor debido a los problemas de seguridad, ya que en la zona hay una fuerte presencia de la insurgencia de las FARC y hacer este tipo de movilizaciones “daría pie para que se estigmatizara la movilización, además realizar un paro indefinido demandaría muchos recursos que las comunidades no tienen”.

Acordada la movilización siguió un tema más: el censo de la población minera, aquel que permitiría determinar la cantidad de personas que se dedican a la actividad minera.

Con preocupación, el presidente de la Asociación expresó que al parecer estaban llegando personas forasteras a las riberas del río: “¿Quiénes son? ¿Acaso son personas oportunistas que quieren pescar en río revuelto? ¿Es una estrategia de la empresa?”. De inmediato, otras personas respaldaron lo dicho por el presidente de la asociación y el dilema por la fecha ofrecía como propuesta de reconocer al minero/a que haya empezado a trabajar desde antes de julio de 2008.  Y cuando parecía que la propuesta estaba calando en la asamblea, una señora tomó el micrófono y habló en tono bajo pero claro y conciso: “Algunas personas y yo hemos llegado al río Cauca de nuevo porque los grupos armados nos sacaron de nuestras casas y nuestras tierras hace unos años, pero toca retornar porque la situación está muy difícil y siempre hemos considerado el rebusque de oro en el río como una de nuestras opciones. No tenemos la culpa de ello”.

Con este nuevo panorama, muchas voces reclamaban como propuesta que no se fijara fecha límite para definir la antigüedad de cada minero/a; otras voces manifestaron que había que evaluar cada uno de los casos ¿bajo qué criterios? Finalmente se tomó la decisión para que la junta directiva de la asociación entrara en discusión para definir si se determina una fecha de antigüedad o no y cómo demostrarla, y presentar luego la propuesta a la asociación.

En el mismo sentido, con respecto al censo desde la asociación, expresan que la empresa “tan solo censaron a tres personas y en abril de 2010 entró en vigencia un contrato de reconocimiento de medida transitoria por cese de actividad económica entre la empresa y estas tres personas,  al resto de mineros/as se les dijo que se fueran de las riberas del río para permitir las obras del proyecto hidroeléctrico y que estuvieran a la espera en el municipio de San Andrés de Cuerquia, que en los días siguientes se realizarían el resto de contratos, lo que no ha sucedido hasta el momento y por tal motivo los mineros/as fueron regresando paulatinamente a sus ranchos en el río”. Ante esta situación, proponen a la empresa que en el momento de hacer el censo no sólo vayan a los ranchos sino también al río porque allí mucha gente se encuentra realizando sus labores.

El proyecto se hace porque se hace

Jueves 16 de diciembre del año que pasó. En horas de la mañana, José Posada fue informado por el inspector policial del municipio de Ituango, Jaime León Palacio Palacio, que en las próximas 48 horas sería desalojado de su rancho y lugar de trabajo, ubicado en la vereda Tenchi, finca San Juan de Rodas, a orillas del río Cauca. Se dirige ante la Personera Municipal de Ituango, Astrid Elena García Angulo,  para declarar la situación del desalojo, y la respuesta recibida fue que no podía hacer nada y debían ir hacia el Procurador Regional. Decide irse en el bus que sale del parque de Ituango al mediodía para la ciudad de Medellín y que lo deja cerca del lugar donde residía y trabajaba.

Por información de la Asociación sabía que la empresa había manifestado que las personas que estuvieran en las orillas del río debían irse de allí antes del 20 de diciembre de 2010 para abrir paso a las obras de la construcción de la hidroeléctrica. Llegando casi dos horas después al lugar donde residía, la sorpresa de ver que ya su rancho estaba cayéndose al suelo por acción de efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía y que esta suerte la compartieron otras 23 personas, lo hizo irse para el municipio de San Andrés de Cuerquia. Al día siguiente varios mineros se dirigieron hacia la oficina de la Personera Municipal de San Andrés de Cuerquia, Mariela Ramírez, pero ella no recibió sus declaraciones sobre lo sucedido.

A las 7:00 pm del mismo jueves 16 de diciembre, en el parque principal del municipio de Ituango, la empresa HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. organizó con el párroco del municipio y con el apoyo de la Policía Nacional la tradicional Novena de Aguinaldos. Una buena presencia de la niñez Ituanguina hacía sonar las maracas, hecho que llamó la atención de la televisión local para transmitir para todos los hogares del municipio la novena, al menos para aquellos que tienen energía eléctrica y televisor. Eso sí, mucha propaganda para el proyecto hidroeléctrico, que repetía durante cada vez que podía el animador, el prometido progreso para la región. Lamentablemente, ningún medio de comunicación local, regional o nacional se dio a la tarea de informar lo ocurrido en las orillas del río Cauca.

Share this article

Acerca del Autor

Andrés "El Germen"  Markez

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

Litografía Periferia

 

Ubicación

 

 

Medellín - Antioquia - Colombia

Calle 50 #46-36 of. 504

(4) 231 08 42

periferiaprensaalternativa@gmail.com

Apoye la Prensa Alternativa y Popular

o también puede acercarse a nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, Edificio Furatena (calle 50 #46 - 36, oficina 504) y por su aporte solidario reciba un ejemplar del periódico Periferia y un libro de Crónicas de la Periferia.