Borrar el pasado Destacado

En el mundo entero, y Colombia no es la excepción, la extrema derecha alienta un proyecto negacionista sobre el pasado, que consiste en rechazar la investigación, enseñanza y difusión de los crímenes del capitalismo y de las atrocidades de dictaduras militares y gobiernos colaboracionistas con los grandes poderes imperialistas. Dicho negacionismo busca borrar el pasado e imponer una verdad oficial, a la cual deben sujetarse los ciudadanos de un determinado país, so pena de ser juzgados y condenados por ponerla en cuestión. El hecho más reciente es el del gobierno derechista de Polonia, que el seis de febrero aprobó una ley que castiga con condenas de hasta tres años de cárcel a quienes afirmen que el Estado o el pueblo polaco estuvieron vinculados con los crímenes nazis, cuando ese territorio estuvo ocupado por las tropas hitlerianas.

Esta postura se sustenta en un patriotismo torpe y barato que llega al extremo de prohibir el uso de expresiones como “campos de concentración polacos”, “nazis polacos” y “campos de muerte polacos”, y a criminalizar a quien las utilice, no solo dentro del territorio de Polonia sino en cualquier lugar del mundo.

La turbia persecución y censura ya empezó a operar contra el periódico Página 12 y el periodista Federico Pavlovsky, sudamericano, concretamente de Argentina. En días recientes, una ONG polaca, denominada La Liga Polaca contra la Difamación, cuyo segundo nombre es Reducto del Buen Nombre, y aliada directa del gobierno de extrema derecha, presidido por Andrzej Duda, decidió demandar a Página 12. Esa organización cree que Polonia es tan grande e inmaculada que hasta puede juzgar a cualquier extranjero, sin importar dónde se encuentre, como si las leyes nacionales tuvieran un carácter de extra-territorialidad que permita aplicarla en cualquier sitio del planeta tierra. Además, se supone que esas leyes operan con retroactividad, lo cual indica el rigor intelectual y la sapiencia de sus impulsores. Así, el periódico señalado ha sido demandado porque el 18 de diciembre de 2017 publicó un artículo, con el título de Rostros familiares, que es encabezado por la foto de cuatro cadáveres de la resistencia anticomunista polaca de después de la Segunda Guerra Mundial. Esa ONG acusa a Página 12 de "manipular" la información con el objetivo de "dañar a la nación polaca y la imagen de los soldados polacos" y de "engañar conscientemente" a sus lectores para hacer "creíble la tesis del antisemitismo polaco".

En el artículo se hace referencia a un hecho histórico puntual, que aconteció el 10 de junio de 1941, en el pequeño pueblo de Jedwabne, en la Polonia ocupada por los nazis. En ese pueblo de solo 3000 habitantes fueron masacrados 1600 judíos por el resto de habitantes polacos: “Ese día, mil quinientas personas mataron o vieron matar a otras mil seiscientas, éstas últimas de origen judío, y en el exterminio no hubo ninguna distinción entre hombres, mujeres, niños y ancianos”. Resulta llamativo de esta masacre que no fuera ordenada por los nazis, sino que fuera un crimen colectivo efectuado por “pacíficos vecinos”, comunes y corrientes, que de repente procedieron a torturar y masacrar a quienes eran sus amigos y/o conocidos.

Según el historiador polaco-estadounidense Jan Gross, quien escribió el libro Vecinos, que desnuda este suceso histórico, fue un asesinato en masa “en un doble sentido, por el número de las víctimas y por el número de los verdugos. Los mataron de modo frenético, barbárico, y de múltiples maneras, a unos con herramientas de metal, a otros a cuchilladas, a otros a estacazos”. Según Pavlovsky, “uno de los elementos más perturbadores de esta historia es que rompe el arquetipo de monstruo que comete actos inhumanos”, porque “los verdugos fueron unos polacos normales y corrientes”.

Sin embargo, para el actual gobierno de Polonia, hablar de estas atrocidades es inaceptable porque cuestiona la pretendida pureza y heroicidad de los polacos, nacionalistas, católicos y anticomunistas, de los que ellos se proclaman descendientes.

Pero si por Polonia llueve negacionismo histórico, en Colombia no escampa en materia de borrar el pasado. La prueba más elocuente son las continuas alusiones de la representante del Centro (Anti)Democrático, María Fernanda Cabal, quien ha dicho que “la masacre de las bananeras es otro de los mitos históricos de la narrativa comunista” y que “fueron más los soldados asesinados en esa confrontación, donde el sindicato fue penetrado por la Internacional Comunista”. En cuanto a los asesinatos de Estado, que alcanzaron su máximo nivel en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, los justificó diciendo que “parece que esos muchachos (víctimas de falsos positivos) habían cometido muchos crímenes”.

Estas afirmaciones son producto de la ignorancia, de un desprecio hacia aquellos que fueron asesinados por las Fuerzas Armadas de este país, y de una exaltación de los crímenes que estas han cometido, por defender la santa propiedad privada de la oligarquía criolla. A borrar los crímenes de esas Fuerzas Armadas y de los “hombres de bien de la patria”, como los grandes terratenientes y ganaderos, gremio al que está ligada directamente la mencionada congresista, y a presentarlos como héroes, se dirige ese intento de borrar el terrible pasado, y presente, de la sociedad colombiana. Por ello, tampoco sorprende que uno de los objetivos centrales de la extrema derecha colombiana, en cabeza de un criminal de guerra, cuyos principales amigos son paramilitares, sea el de impedir que no funcione ninguna comisión de la verdad ni que sean juzgados los empresarios patrocinadores de miles de asesinatos, torturas y desapariciones realizadas en Colombia. De llegar a triunfar en las próximas elecciones presidenciales ese sector, no sería extraño que se impulsara una ley por el estilo de la de Polonia.

Para que los colombianos no sepan que en este territorio se han cometido crímenes similares a los de los nazis, como los hornos crematorios (en Antioquia y Santander) para matar y desaparecer a humildes colombianos; que fueron asesinados cerca de diez mil colombianos entre 2002 y 2010 por miembros de las Fuerzas Armadas, cumpliendo órdenes del presidente y los ministros de defensa, solamente para presentar resultados positivos en la lucha contra-insurgente; que durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) se generalizó la tortura a los presos políticos; o que en la retoma del Palacio de Justicia fueron asesinados y desaparecidos por el Ejército decenas de trabajadores y visitantes de ese lugar…

Como bien lo dice el dramaturgo y novelista Miguel Torres en su libro La invención del pasado, sobre ese intento de borrar el pasado que tanto caracteriza a las clases dominantes, haciendo alusión a los sucesos del Palacio de Justicia: “Solitarias y vestidas de luto en un rincón de la plaza de Bolívar, se ven mujeres levantando los retratos de los empleados de la cafetería que los militares se llevaron del Palacio de Justicia y que hasta hoy no han vuelto a aparecer. Nadie se acerca a ellas. Dicen que eso no es cierto, que no ha pasado nada, que no hay desaparecidos, ni guerra, ni masacres, ni centenares de miles de muertos, que la gente como ha olvidado todo lo inventa todo. Eso es lo que dicen”.

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