La búsqueda de buenas instituciones: un imperativo para llegar a la paz

El momento que está viviendo Colombia es realmente histórico. No vivíamos situaciones tan cruciales desde que creamos una nueva constitución a inicios de los años noventa. Colombia abraza la posibilidad de ir cerrando las puertas de un conflicto tan largo como dañino. El pasado 26 de septiembre se realizó lo que muchos colombianos esperamos por algo más de cuatro años: la firma final y definitiva del Proceso de Paz con las FARC.

Y el 2 de octubre, aunque ganó el “no” en el plebiscito que aprobaría el acuerdo con las FARC, y por tanto no se puede proceder a una implementación directa, sí seguimos en un espacio de discusión en torno a la paz. El triunfo del “no” más que ser el fin de los acuerdos y de la esperanza de paz, es la puerta a un segundo capítulo de esta historia. Quedan, de hecho, diversos caminos para la implementación de los mismos: primero, una Asamblea Nacional Constituyente, que incluya a todos los sectores políticos y sociales, y que busque la paz; segundo, que por medio de tramites de ley en el Congreso se gestionen las amnistías y los puntos del acuerdo; tercero, que se conforme otra fase del proceso, en el que haya tres grupos representativos, los antes opositores del proceso, el Gobierno Nacional, y las FARC; y cuarto, que la misma ciudadanía convoque a cabildos abiertos en los municipios para refrendar los acuerdos. Así mismo, han tomado fuerza propuestas como el Gran Diálogo Nacional, que nace de diversos actores sociales y políticos para promover una amplia participación de la sociedad en la construcción de la paz. Esta oportunidad de paz aún está viva, solo que habrá que ser más paciente y esforzarnos más.

Dicha coyuntura de paz no solo sirve como una oportunidad para bajar aún más los índices de violencia (que ya han bajado gracias a la realización del Proceso de Paz y el cese al fuego), sino que además será una buena excusa para pensar y repensar el país que soñamos, será una gran oportunidad de poner ahora los ojos en las problemáticas más cruciales y profundas que tiene el país, y que son, además, la verdadera raíz del conflicto. La verdad es que no es exagerado o utópico asegurar que este momento podría ser una oportunidad inmensa de empezar a mejorar el país, o que podría sumirnos en un nuevo capítulo, más incluyente, más tolerante, más participativo, y más equitativo, de nuestra historia nacional.

En otras palabras, es una gran oportunidad para empezar a construir, mínimamente, con sólidos y democráticos cimientos un verdadero “Estado Social de Derecho”.

Ahora, independiente de que se apruebe o no este Proceso de Paz, así como uno eventual con el ELN, si hay algo cierto es que es hora de ir poniendo los ojos en las instituciones del aparato estatal. Es hora de analizar cuáles instituciones han hecho (o han tratado de hacer) su trabajo con rigurosidad y siguiendo los procedimientos que la Constitución ordena, y cuáles, por el contrario, se han convertido en fortines de la corrupción y la criminalidad, o en simples espacios para pagar cuotas políticas y para acaparar más el poder. Para dicha tarea, que requiere de un análisis detenido y ordenado, y que ya está siendo objeto de escrutinio y discusión por parte de grandes constitucionalistas del país,  es necesario, además, poner los ojos tan siquiera por un momento en hechos del pasado.

El 4 de julio de 1991 la Asamblea Nacional Constituyente, después de tortuosas discusiones, promulgó nuestra nueva carta política, nuestra “norma de normas”: la Constitución Política de 1991. Esta fue una carta que cambió, no parcial, sino radical y profundamente, nuestra construcción como país y nuestro rumbo político. La Constitución de 1886, anterior a esta, nos había durado un poco más de un siglo y nos había sumido no solo en un profundo bipartidismo, con una inclusión nula de las comunidades, los grupos indígenas y de las corrientes políticas divergentes como las de izquierda; sino que además nos había sumergido, políticamente, en lo que muy bien podría llamarse una “moral cristiana”, pues dicha carta declaraba a Dios como “principal fuente de autoridad”. Además era marcadamente centralista y otorgaba fuertes facultades al poder ejecutivo.  En resumen, y además pasando por alto otros aspectos negativos de esta, se puede decir que se trataba de una Constitución poco acorde con las necesidades políticas, pluralistas y sociales del país, que lejos estaba de hacernos vivir en un estado laico e incluyente.

Ahora, volviendo a la Constitución de 1991, es importante mencionar y recalcar que más allá de las serias críticas que se le puede hacer –como que tiene un carácter, para muchos, neoliberal- sí fue incluyente, sí fue un buen intento de reabrir el panorama político y de responder a las necesidades del pueblo. Los principales cambios y postulados de esta Constitución son: el querer expandir el panorama político, antes resumido en los intereses de dos partidos nada más; el incluir varios mecanismos para mejorar la participación ciudadana en los procesos y las decisiones políticas (como el referendo, la asamblea nacional constituyente, la consulta popular, y el plebiscito), que en la actualidad se han convertido en mecanismos de lucha contra grandes poderes, como lo es la consulta popular con la mega minería y las empresas transnacionales. Creó, además, nuevas instituciones que se convertirían en piezas claves para el estado, como la Fiscalía General de la Nación, encargada de investigar y acusar cuando se viola la ley, y la muy importante Corte Constitucional, encargada de vigilar la constitucionalidad de las leyes del Congreso y de defender y luchar por los derechos. Y fuera de eso, incluyó en la Constitución la Carta de Derechos, guía clave para definir lo constitucional; y creó la tutela, un mecanismo legal para que los ciudadanos pudieran defender sus derechos fundamentales cuando estos se vieran vulnerados.

La verdad es que de no ser por organismos como la Corte Constitucional, y por postulados de la Carta Magna como el libre desarrollo de la personalidad o la libertad de expresión, así como la vida digna, no sería posible entablar luchas tan arduas como lo son la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI, la eutanasia, el aborto, el porte de dosis mínimas de droga, o las luchas contra las grandes empresas.  

Pero –y esto es lo más importante– en su parte orgánica, esto es, en cuanto a instituciones o partes del estado se refiere, nos dejó con serias y estructurales falencias en las tres ramas del poder público. A partir de los debates y los análisis que muchos investigadores, periodistas y constitucionalistas han hecho de este tema, surgen muchas preguntas, todas de mucha importancia, como estas:

¿No es redundante que haya una entidad como la procuraduría, con funcionarios que, entre otras cosas, pueden destituir a dirigentes elegidos por voto popular, contradiciendo el “bloque de constitucionalidad”? ¿Ha sido bueno el papel de la Corte Constitucional como defensora e interprete natural de la Constitución? ¿Es conveniente que la Fiscalía General de la Nación haga parte de la rama judicial; o debería ser mejor una entidad externa a las tres ramas (como la procuraduría o la contraloría), o debería estar mejor en el ejecutivo, como en Estados Unidos?

En cuanto a juzgar a altos funcionarios ¿Se debería buscar otro mecanismo distinto al que existe, en el que en la Cámara se acusa y en el Senado se sanciona, viendo que en décadas solo una persona (el magistrado Jorge Pretelt) ha sido sancionada, y viendo que hay archivadas miles de investigaciones, como las casi 300 del Álvaro Uribe por delitos relacionados con violación a los derechos humanos? ¿Se debería sustituir el “Consejo Superior de la Judicatura”, entidad encargada de administrar la rama judicial y de ser ente disciplinario de los magistrados o funcionarios de la misma, viendo que, no solo no ha administrado bien sino que además ha fallado en su función disciplinaria? ¿Se debería crear un “Tribunal de aforados” que sea el que juzgue a los aforados?  

Coso se ve, las discusiones no son pocas y fuera de eso no son simples preguntas. A continuación una pequeña radiografía de las falencias de las ramas del poder público.

Poder ejecutivo: centralización de la democracia y el acaparamiento de poder  
El poder ejecutivo, en cabeza del presidente, siguió creciendo, siguió siendo fortín poderoso desde el cual no solo se gobierna muchas veces sin límite, sino que además se erigió como controlador de los otros poderes. El mejor ejemplo es el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que sin duda fue el más autoritario de todos en estos 25 años.

Bajo este Gobierno el Congreso y las más importantes Cortes sucumbieron ante sus intenciones. El Congreso aprobó casi la totalidad de lo que éste propuso, como cuando propuso la Ley de Justicia y Paz, que en su primer momento se llamó “Ley de Alternatividad Penal”, que pretendía concederle amnistía e indulto a 31.000 paramilitares, y que, gracias a las organizaciones de derechos humanos y a la oposición que había, no prosperó; o cuando el Congreso aprobó un referendo para que Uribe, solo él, pudiera reelegirse por una segunda vez, y que por fortuna fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Un presidente tiene mucho poder, constitucionalmente es el “jefe de estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa”. Por eso fue un error permitir la reelección, eso es faltar al equilibrio normal que deben tener los poderes y las instituciones de un gobierno.

La Rama Judicial: La politización de la justicia y la inoperancia como regla
En cuanto a la Rama Judicial hay varios problemas. No hay suficiente investigación, y la que se hace es investigación “de escritorio”, con poco trabajo de campo. Segundo, el sistema ha colapsado. Le hacen faltan recursos y no ha habido cómo agilizar un sin número de procesos penales; por algo se dice, en broma, que aquí hay “un sistema penal aplazatorio”. Otro problema que hay tiene que ver con el llamado Consejo Superior de la Judicatura, la entidad encargada de administrar la carrera judicial y la Rama Judicial, y de ser juez disciplinario de los magistrados de las altas cortes, jueces o abogados cuando estos incurran en malas conductas, pero no hace bien ni lo uno ni lo otro. No es buen administrador, entre otras cosas, porque muchos de quienes lo conforman no tienen conocimientos en administración, y lo peor, su sala disciplinaria no cumple a cabalidad su papel, porque muchos de los magistrados son postulados y elegidos (por el presidente y el Congreso) para pagar favores políticos, para mantener fichas claves en esa esquita del estado, y no por ser personas íntegras, imparciales y calificadas.

Esto ha llevado a una politización de la justicia. De hecho hubo una iniciativa de ley que buscaba suprimir y cambiar dicha entidad, y reformar el equilibrio de poderes. A pesar de todo esto, y de que muchos presidentes han tratado de entorpecer el trabajo de las altas cortes (como cuando en el gobierno de Uribe se chuzaron las comunicaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia), muchas veces sí han tenido un papel determinante en la construcción de un país mejor, la Corte Suprema ha sido valerosa juzgando a personas con mucho poder, y la Corte Constitucional ha tomado las decisiones que el Congreso no ha sido capaz o no ha querido, como las referentes a los derechos de las víctimas y de la comunidad LGBTI.

El Congreso: institución cavernaria, oligárquica y corrupta
Para empezar, el Congreso, con sus líderes y partidos tradicionales, se ha convertido en un estamento “contrarreformista”, dado que se ha opuesto a las ideas, las decisiones y a las instituciones que han defendido los derechos de las comunidades, como las Cortes, o hasta el mismo Gobierno Nacional –quién lo creyera-, con la intención de querer mantener favorabilidad con quienes votan. Por otro lado, sigue siendo demasiado clientelista. O muchas veces el Congreso rehúye a tareas que se le encargan, como legislar de manera integral en defensa de los derechos de la comunidad LGBTI, o como reglamentar la eutanasia; porque saben que así, aun cuando se hace un bien y se avanza en materia de derechos, se pierden votos, se pierde poder.

Otras veces, de manera dañina y sucia, se ha convertido no en el ente que hace control político al Gobierno (como lo estipula la constitución), sino, por el contrario, en el encargado de “aprobarle” todo a este, de hacerle caso y de seguirle el juego en todo; en otras palabras, se convierten en congresistas del bolsillo del presidente. O peor, en otras ocasiones han sido el brazo político de organizaciones criminales, como cuando estalló el escándalo de la “parapolítica”, en el que más de la mitad del Congreso estaba siendo investigado por nexos con grupos y líderes paramilitares.  

Organismos de control: ¿defensa de los intereses del pueblo o representación de la “plutocracia” y el conservatismo radical del país?
Colombia acaba de vivir un mal episodio por cuenta del exjefe del Ministerio Público, el señor Alejandro Ordoñez. Este no solo fue elegido y reelegido con vicios de trámite y gracias a sus influencias sobre los que lo eligieron (el tan conocido “yo te elijo, tú me eliges” que le costó su cargo), sino que además, y por ocho años, usó su poder para inculcar, defender y promover sus creencias católicas, homofobas y discriminadoras. Sancionó y destituyó a varias personas más por querer hacerlo que por haber un motivo, como a Gustavo Petro y a Piedad Córdoba. Sanciones que, como ya lo demostraron el Consejo de Estado y múltiples sectores políticos, se basaron en triquiñuelas jurídicas insostenibles e impresentables (como usar evidencia falsa o manipulada en los procesos). Pero el mayor costo es el político: que la principal cabeza del Ministerio Público sea una persona sesgada, parcializada, y que use todo su inmenso poder en contra de sus contradictores políticos, no solo no tiene presentación, sino que invita a revisar qué tan pertinente es que haya una persona que no fue escogida por voto popular y que aun así tenga facultades tan extralimitadas. Y lo mismo pasa con la Defensoría del pueblo. Nada más hoy quien ostenta el cargo de defensor de pueblo es uno más de los influyentes políticos de la capital del país. Quizás la institución que mejor hace su trabajo en cuanto a estos organismos se refiere es la Contraloría, que a pesar de verse envuelta en escándalos gigantescos, ha podido mantener un nivel decente de trabajo al cuidado de lo público.   

En conclusión, los órganos de control no han defendido los derechos de los ciudadanos a cabalidad, incluso se han convertido en tranca para la democracia. La rama judicial es muy inoperante y además se ha politizado; el Congreso no ha hecho su trabajo de representar al país, de hacer control político al Gobierno, ni de defender los derechos e intereses de los ciudadanos. Y el ejecutivo sigue siendo el mayor centro del poder, aún extralimitado y poderoso.

La paz no solo se construye con acuerdos de papel; implica más que eso. Implica, primero, cambios trascendentales y profundos a las principales problemáticas del país, que son la raíz del conflicto colombiano; es necesario buscar la justicia social y la igualdad en Colombia. Y segundo, implica instituciones estatales donde prime la participación ciudadana, la inclusión de todos los sectores sociales, la meritocracia y la defensa de los derechos humanos y de los intereses del pueblo.

Es más que crucial que el país entre en este tipo de debates. Es hora de que la academia, los estudiantes, las organizaciones sindicales y sociales, las víctimas, la comunidad LGBTI, y los ciudadanos de a pie, se interesen e inmiscuyan en estas discusiones, mucho más ante un eventual escenario constituyente en búsqueda de la paz.

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Juan David Guerra

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