Editorial 107. La memoria colectiva clama por la justicia popular

 

Lo que pasó con los informes de la Comisión Histórica del Conflicto es una señal del rumbo que la élite de este país, apoyada en sus intelectuales, periodistas y medios de comunicación quiere darle al proceso de paz y al posconflicto. La idea es que los guerrilleros se desmovilicen, sin que el Estado y los empresarios  se tengan que incomodar siquiera un poco, sin que tengan que reconocer ninguna responsabilidad en esta negra noche que ha vivido Colombia ni pagar nada por ello. Eso mismo parece estarse jugando hoy con la puesta en marcha de una Comisión de la Verdad.

 

El gobierno empezó por acomodar en la Comisión la mitad de sus integrantes con la función de exculpar al Estado y a los empresarios de su responsabilidad en esta la guerra. Cuando la calidad de dichos informes mostró la flojera intelectual de sus autores, éste optó por manipular las relatorías que daban cuenta de los informes y los debates. Particularmente lo hizo así el relator Eduardo Pizarro León Gómez, desconociendo las observaciones de Renán Vega Cantor y desestimando los puntos centrales de su informe, anteponiéndole el informe de otros autores como si fueran suficientes para refutarlo.

 

Seis de los doce comisionados aportaron argumentos históricos y analíticos para demostrar que la guerra en Colombia responde a causas objetivas, centradas en las formas como se ha organizado la explotación capitalista en este país y el tipo de institucionalidad que la ha sostenido. A pesar de los argumentos rigurosamente fundados, y los autores, cuya estatura intelectual era ampliamente reconocida en Colombia y en el mundo, tales como Alfredo Molano, Renán Vega, Darío Fajardo, Javier Giraldo y Jairo Estrada, las verdades históricas que evidenciaba fueron ignoradas en los grandes medios de comunicación. Y cuando algún periodista o intelectual del régimen se refirió a ellos, lo hizo para desestimarlos de la forma más grosera, sin esforzarse siquiera en tejer argumentos serios.

Un ejemplo ramplón es el de León Valencia, que utilizó una de sus columnas de opinión en semana para desbarrar del informe, porque, según él, ninguno señalaba con claridad las causas del conflicto y de su persistencia. Definitivamente no hay peor ciego que el que no quiere ver. Nadie realmente serio podría esperar que estos informes rebelaran algo nuevo; las causas del conflicto en Colombia son ampliamente conocidas, y se reproducen y evidencian cada vez con mayor descaro, pero también han sido ampliamente negadas y desestimadas por el establecimiento y sus intelectuales de oficio. El valor de los informes que estos estudiosos presentaron no radicaba en la novedad, sino en los nuevos datos que aportaban para hacerlos tan evidentes que nadie realmente serio pudiera desmentirlos sin caer en el ridículo. Además, está la rúbrica de los autores, su talante intelectual y ético, su historia académica y su repertorio investigativo en el tema. Algo de lo que carecen los autores de los informes por encargo que seleccionó el gobierno para que le lavaran la cara.

Lo peor fue el circo mediático que montaron algunos periodistas y algunos medios contra el informe de Renán Vega, tratando de deslegitimar su tesis de que el conflicto armado en Colombia y su sostenimiento no podría explicarse sin la intervención de Estados Unidos y la subordinación estratégica de la élite colombiana, que construyó una contrainsurgencia nativa mucho antes de que se hubiera organizado una insurgencia propiamente dicha. Ni siquiera fueron capaces de desmentir los argumentos sino que quisieron deslegitimar su rigor investigativo tergiversando una entrevista que le hicieron y omitiendo información.

Estos intentos rampantes de ignorar o descalificar los informes críticos, nos obligan a preguntarnos qué intentarán hacer los medios masivos con los informes de la Comisión de la Verdad. De entrada, pareciera que el gobierno y las Farc hubieran pactado una Comisión sin dientes, pues la información que arroje no tendrá efectos jurídicos, lo cual, desde luego, puede convertirse en una estrategia para garantizar la impunidad. La comisión misma no está planteada como una instancia de investigación y parece reducir su función a garantizar la catarsis de las víctimas y las confesiones de los victimarios.

La catarsis es, desde luego, algo necesario para las víctimas, ello aliviana sus existencias y les permite normalizar hasta cierto punto sus vidas para continuar en la brega. Pero no es suficiente para construir una sociedad en paz, después de haber atravesado tantas décadas de barbarie. En un proceso de estos la búsqueda de la verdad tiene que servir para construir la memoria colectiva del conflicto, sobre todo desde la mirada de las víctimas, y, desde luego, para que la justicia al fin se imponga. Que nada afecte a aquellos que han sido responsables de tanto dolor, después de que la verdad haya sido revelada, se convierte en otra afrenta insoportable para las víctimas.

No puede negarse que la reconstrucción colectiva de la verdad es uno de los asuntos más complicados, y tal vez un escollo fundamental en este proceso de diálogo. No solo porque  pueden existir muchas verdades, sino porque la verdad indiviudual o gremial es interesada según el sujeto que la emite y según lo que busque esconder o evidenciar. Y en este proceso sí que hay intereses en torno al problema de la verdad. De hecho el mismo Procurador General, tan interesado en que los miembros de las Farc vayan a la cárcel y los funcionarios del Estado se quedan tranquilos,  piensa que “la Comisión de la Verdad pretende exculpar a las FARC y culpar al Estado”. Y el general Jorge Mora, en la Mesa de Negociaciones, se opuso siempre a que los militares reconocieran su responsabilidad en el conflicto, por el impacto que eso pudiera tener en las filas.

Si se trata de la construcción colectiva de la memoria de las víctimas, habrá que contar con que hay toda una maquinaria institucional, mediática y militar cuya función es tergiversarla, borrando la responsabilidad del Establecimiento en esta guerraLos medios de comunicación son el mecanismo privilegiado de embotamiento de la verdad histórica y su función es lograr una reinserción poco traumática de la insurgencia en la vida civil, para no frenar el proceso de acumulación de capital y la explotación de nuestros recursos naturales, pero sin que cambie nada para la oligarquía, sin que tenga que pagar por tanto oprobio, dolor y humillación a la que ha sometido a las clases populares, hasta el punto de obligar a algunos sectores a levantarse en armas.

 

Aquí es donde los medios de comunicación alternativos y populares juegan un papel fundamental, no solo en el proceso de paz, siempre amenazado por los titulares de prensa de los grandes medios, sino en la construcción de una sociedad en paz. Y más allá de los medios, sería importante el desarrollo de procesos de comunicación popular en el seno mismo de las comunidades, en sus propios territorios, donde la memoria se construye como un tejido que unifica y fortalece el espíritu colectivo en el dolor y la lucha. Son ellos realmente la posibilidad de que las víctimas tengan una voz efectiva, que se sustantive en la memoria colectiva de este país para que la verdad del horror no quede en el olvido ni en la impunidad, para que los responsables no se queden sin la sanción social que se merecen, ya que pretenden escaparse de la sanción penal. Al fin de cuentas, la justicia popular es más importante, y ésta se expresa en la deslegitimación definitiva de los victimarios. Esta es una de las tareas que debería unificarnos en los próximos años.

Modificado por última vez el 01/07/2015

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