El mayor castigo para un condenado: que lo alejen de su familia

Muy temprano sonó  mi teléfono celular. Al contestar escuché en la línea la voz de un detenido político, ubicado en la cárcel de máxima seguridad de Puerto Triunfo, en Antioquia. A su saludo le respondí que le agradecía mucho el preocuparse por mi y que  también le deseaba que estuviera bien, a lo cual  respondió algo que me llegó al alma: “la  quiero mucho, usted no sabe cómo me  encuentro de agradecido; cuando este en libertad le voy  a pagar lo que ha hecho por mi,  por lo que eso  significó  en mi  vida”, me dijo.{jcomments on}

Él es un preso con el que, por medio de una acción tutela en el 2010, logramos que lo acercaran a su familia. Él se encontraba en una de las cárceles más crueles e inhumanas que hay en Colombia, “La Tramacúa”, ubicada en Valledupar, departamento del Cesar. Y no es que la cárcel de Puerto Triunfo sea un paraíso; es una cárcel con tantos problemas y dificultades como muchas otras, donde también se violan los derechos a los detenidos, donde se carece de atención en salud, en fin, lo que ya muchos conocemos de inhumano en las cárceles de nuestro país. Pero para este detenido la diferencia se encuentra en que en esta cárcel, a pesar de todo lo difícil, está cerca de su hijo, de su compañera afectiva, en fin, cerca a su familia y amigos.

Para los que estamos en libertad, estar cerca a nuestra familia hace parte de nuestra cotidianidad, lo mismo que la cercanía a nuestros vecinos y amigos. Pero para un preso estar cerca a su familia y amigos es un tesoro, pues como todo, es algo que extrañamos cuando ya no lo tenemos. Y es esto precisamente, el tejido social y familiar, el que a cada rato debe estar construyendo un preso, pues con cada cambio de prisión debe empezar de cero. Y allí, donde más duele, es donde el INPEC ataca, haciendo traslados por lo regular inesperados, sin respetar el principio de que las cárceles tengan como propósito fundamental la seguridad y no el castigo de los penados detenidos en ella. A pretexto de precaución conduce a mortificarlos más allá de lo debido. Es decir, el disponer frecuentemente un traslado de prisión a un condenado, por lo regular alejándolo cada día más de su región y, por ende, de su familia, es imponer una pena accesoria, pues le genera a este un sufrimiento que va mas allá de la sanción que se encuentra cumpliendo.

El alejamiento de presos de su región puede considerarse una injusticia social, y es un problema muy grave que contradice en cierto modo el principio de autoría. Es como si los autores del delito fuesen toda su familia y sus seres queridos, ya que la pena no sólo la sufre el autor, sino todos sus allegados, desde el saber a éste privado de la libertad hasta no poder verlo durante años.

Claro que esto no aplica para todos los que están presos, pues, como sabemos, los que se roban los recursos, los que conciertan con los paramilitares, los que son cómplices de las mayores atrocidades están en la capital, con grandes comodidades, cerca a sus familiares, y hasta dirigiendo o incidiendo desde allí sobre las reformas o creación de las leyes que nos rigen. No, el alejamiento sólo aplica para los pobres de este país, que son los que llenan las cárceles colombianas. Y son sus familias las que carecen de recursos económicos para visitarlos y ofrecerles en cada visita una comida casera, para consignarles algo de dinero, para hacer una llamada, o comerse un dulce por fuera del menú que a diario ofrece el INPEC.

También ocurre que muchos hombres y mujeres cuando son privados de la libertad y les son impuestas condenas muy altas, por lo regular pierden a sus compañeras y compañeros afectivos. Es una constante que estos terminan por cansarse de desplazarse kilómetros de distancia para entrevistarse por sólo 4 horas que dura una visita familiar o 50 minutos que dura una visita conyugal.

La Corte, en sentencia T 1096 de 2005, hace énfasis en la importancia de la familia como elemento esencial en el tratamiento penitenciario y en la posterior reincorporación social de la persona sobre la que ha recaído una condena privativa de la libertad: “para esta Corporación, la importancia que reviste la presencia activa de la familia durante el periodo de reclusión de las personas condenadas es indudable. Motivos de índole jurídica, psíquica y afectiva así lo indican… La admisibilidad de este postulado encuentra respaldo en el argumento normativo que se desprende del sistema progresivo penitenciario, que cuenta entre sus supuestos el de la presencia de la familia en el proceso de resocialización del interno… La posibilidad de mantener comunicación oral y escrita con personas fuera del penal, de conservar una vida sexual activa permitirán, las más de las veces, una reincorporación menos traumática al mundo de la vida fuera de la cárcel. Lo anterior está además asociado con las garantías básicas de la dignidad humana, la libertad y la intimidad personal (estas últimas con sus obvias limitaciones)”.

No obstante lo anterior, al mismo tiempo considera la Corte que la conservación de los vínculos filiales no siempre es posible, pues existen circunstancias que lo impiden, circunstancias que son, en este caso, inherentes a la restricción severa que sufre la libertad de circulación. La Corte recuerda que uno de los derechos que resulta limitado como consecuencia del ingreso en un establecimiento de reclusión, es la garantía de la unidad familiar, cualquiera sea la idea que se tenga de esta. Pero, el verse limitado el derecho a la unidad familiar, al ser privado de la libertad, no implica que esta sea cercenada, al enviar a un preso a una cárcel bien alejada de su lugar de origen. Ahí es donde nos preguntamos ¿por qué un preso del Meta no está en Acacías, o un preso de Bogotá está en Medellín y uno de Medellín en Bogotá?

Y algo más que nos llama la atención, es que los pocos acercamientos que se han logrado por medio de la tutela son para presos que tienen hijos menores de edad, pero ¿qué pasa entonces con un detenido que no sea padre de familia, o que sus hijos ya sean mayores?, ¿acaso estos no tienen esposa, novia, hermanos, padres, o amigos, que de alguna manera representen un arraigo o algo que incentive su vida?

La Corte está hablando de la presencia activa de la familia en el proceso de resocialización. Pero frente a este tema no se encuentran desarrolladas Sentencias de Tipo Constitucional (C) ni Sentencias de Tipo Unificador (SU), debido a que las primeras resuelven problemas de exequibilidad o inexequibilidad de normas, y el tema sobre el acercamiento familiar no se halla regulado normativamente.

En este orden de ideas, el panorama sobre acercamientos familiares no es muy amplio, sino que se limita únicamente a sentencias de tutela que de manera divergente han resuelto casos particulares demandados mediante la acción constitucional, por encontrar vulnerados y/o amenazados derechos fundamentales tales como los de los niños, la familia, la igualdad, entre otros.

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