¡Ojo, viene el tranvía!

Han tocado las puertas a la administración municipal y al Metro para buscar un diálogo. Han expresado que no se oponen al tranvía, pero ahora es su peor pesadilla. Les prometieron que sus condiciones de vida serían iguales o mejores; eso no ocurrió ni está ocurriendo. El Metro les dijo que se basaban en la legalidad, pero “extrañamente” aparecieron unos documentos falsos en los avalúos. Y, aún así, como están las cosas, las/os habitantes del Alejandro Echavarría se irán para darle paso al proyecto del Tranvía. Su futuro es una incertidumbre.{jcomments on}

La tranquilidad sólo en los recuerdos queda
La tranquilidad que se gozaba en el barrio Alejandro Echavarría -en el oriente de Medellín- era como el lunar de una ciudad atravesada por el conflicto. De eso se enorgullecían Jesús y Gilberto, dos de sus fundadores y vecinos desde hace aproximadamente 50 años, pues recordaban que por allí nunca se establecieron bandas y la comunidad era concebida casi como una familia. Ahora Jesús y Gilberto, dos pensionados de Coltejer y Peldar respectivamente, junto al resto de la comunidad afectada, ya no viven esa tranquilidad. “Nos dijeron que nos comprarían modos de vida”, recordaba Gilberto. Junto a estas palabras, la empresa Metro de Medellín llegó a anunciar que el barrio sería el lugar en donde se construiría la terminal del tranvía y, a su vez, conectaría a la comuna 8 con un cable aéreo.

Irse del barrio y llegar a otro que esté inundado de vacunas y enfrentamientos ha sido un temor constante en los habitantes del Alejandro Echavarría. De ahí que una de las primeras propuestas hechas al Metro por parte de la comunidad consistía en que no les ofrecieran dinero por sus casas sino que los reubicaran en otras que tuvieran iguales o mejores condiciones. “Y la propuesta estaba acorde a la promesa que nos hicieron”, decía uno de los vecinos. Pero la propuesta no tuvo eco.

Las ofertas, la piedra angular para despojar
Desde que se anunció la puesta en marcha del proyecto del “Tranvía de Ayacucho”, por parte del exalcalde Alonso Salazar, ha habido desacuerdo con las ofertas económicas que ha hecho el Metro para comprar las casas.

El Metro ha ofrecido entre $880.000 y $1.100.000 por metro cuadrado, según se pudo establecer con el Comité de Afectados por el Tranvía de Ayacucho, un espacio creado por la misma comunidad para llevar a cabo movilizaciones y denuncia colectiva. Preguntándose el por qué de lo irrisorio en los precios arrojados por los avalúos del Metro, varios/as vecinas/os tomaron la iniciativa de contratar a algunas agencias para que determinaran cuál era el valor de sus casas. Los resultados arrojaron una cifra mucho mayor: en promedio, el metro cuadrado se determinó $1.300.000.

El Metro no ha tenido en cuenta estos estudios para reconsiderar sus valores en las ofertas. Sin embargo, el Comité denunció el pasado 3 de julio de 2012, en el recinto de la Asamblea departamental, que los avalúos hechos por la Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz -LCP-, agencia contratada por el Metro para hacer los estudios, carecían de validez por falsificación en las fuentes. Con documentos en mano, los/as vecinas/os explicaron que LCP hizo a cuatro casas afectadas sus respectivos estudios basándose en una base de datos tomada de las páginas web de dos agencias, Bien Raíz e Inmobiliaria Ardila Gómez; además, de la información suministrada por Santiago Londoño, supuesto antiguo dueño de una las 4 casas.

Pero en cartas firmadas por las dos agencias y en una declaración juramentada por Santiago Londoño, estos manifestaron que hasta la fecha no han tenido estas 4 casas y que dicha información sobre fechas de transacción y valores negociados no son publicados por seguridad de sus clientes. Igualmente, Santiago Londoño declaró ante la notaría cuarta que nunca ha tenido que ver con la venta de uno de los inmuebles mencionados.

El Metro dice no tener conocimiento de lo que denuncia el Comité, y hasta que no se reconsidere el valor ofrecido por las casas, 25 familias inconformes expresaron que se irán a expropiación por vía administrativa.

Por estar al lado de la quebrada, serán desalojadas/os
En la última semana de junio fueron notificadas 15 personas de su desalojo por parte de la Inspección de Policía de Buenos Aires. Todas ellas tienen sus viviendas -algunas tienen también su negocio- en la ladera de la quebrada Santa Elena, que divide al barrio de la comuna 8. En su mayoría son comerciantes, mecánicos y pintores de carro; y no tienen escrituras de propiedad.

Por no ser propietarios de los lotes en los que están asentados es que la inspección de Policía apeló al decreto 1355 de 1970 para anunciarles su desalojo, mientras que estas personas ya venían hablando con el Metro sobre cómo resolver su situación, tanto por la vivienda como por la actividad económica. Esa es su principal preocupación, pues hay personas como Luz Amparo Mira que dice haber estado desde hace más de 20 años viviendo y trabajando allí, “y eso el Estado lo tiene que reconocer”. Estas personas se están preparando para acudir al recurso de apelación, y para defenderse esperan demostrar que tienen derecho a ser reconocidos como poseedores por haber vivido hace más de 10 años allí.

Y ante este panorama, el Metro sigue declarando que las cosas las están manejando dentro de la “legalidad”. Los/as habitantes del barrio no lo controvierten, más bien expresan que lo que quieren es “vivir dignamente”. Pero con los gestos del Metro y del alcalde Aníbal Gaviria sí queda la sensación de que el tranvía no va a transportar sino a atropellar.

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Andrés "El Germen"  Markez

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