paz

Actualmente Colombia se encuentra oscilando entre la desinformación de los medios de comunicación y la esperanza de superar tantas décadas de violaciones a los Derechos Humanos -DDHH-y al Derecho Internacional Humanitario -DIH-.

Con el propósito de generar escenarios de justicia transicional, se ha acordado el diseño e implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), como una oportunidad histórica para develar los factores que dieron origen y han determinado el desarrollo del conflicto que vive el país.

Este sistema contiene diez principios que nacen en el acuerdo de La Habana y son desarrollados mediante el Acto Legislativo 01 del cuatro de abril del 2017, donde se ubica a las víctimas en el centro de este andamiaje de justicia transicional, concibiéndolas como el actor principal en el restablecimiento de sus derechos y la contribución para que los actores -grupos insurgentes, paramilitares, terceros que se han beneficiado por el conflicto y principalmente agentes del Estado-, no vuelvan a repetir los hechos victimizantes.

Uno de los escenarios del Sistema será la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), la cual obedece a los principios de equidad, equilibrio y simetría en el tratamiento a todas aquellas personas que tienen responsabilidad en la comisión de delitos configurados como graves violaciones a los DDHH y al DIH.

Bajo esa lógica se diseñó la ley 1820 de 2016, una iniciativa legislativa que busca aplicar algunos beneficios tanto a insurgentes como a agentes del Estado, con el fin de reducir la utilización de medios retributivos de la justicia, y de esa manera instar a los actores armados a contribuir a la materialización de los derechos de las víctimas, siempre bajo la premisa de generar un trato simétrico, equilibrado y equitativo.

Conforme a estas condiciones, se crean tres figuras aplicables a los integrantes de la insurgencia, a saber: amnistía de iure, libertad condicionada y traslado a zona veredal. Al transcurrir los 180 días (prorrogados) de la existencia de las zonas veredales, los excombatientes de las FARC-EP adquirieron la libertad condicionada mediante Decreto 1274 de 2017. Asimismo, se crean tres figuras aplicables para los agentes del Estado: renuncia a la persecución penal, libertad condicionada y traslado a guarnición militar. Cada una de ellas con requisitos exigibles de manera simétrica y equilibrada.


Tanto la amnistía iure como la renuncia a la persecución penal son destinadas para delitos no graves; la libertad condicionada ha sido diseñada para aquellos casos graves como crímenes de lesa humanidad o de guerra, siempre y cuando el implicado (insurgente o agente de Estado) se encuentre privado de su libertad por cinco años o más.

Por último, el traslado a zonas veredales o a guarnición militar (según sea aplicable), únicamente se puede predicar para delitos graves como crímenes de lesa humanidad o de guerra, siempre y cuando el implicado lleve menos de cinco años privado de su libertad.

Sin embargo, por iniciativa y discurso engañoso del señor Néstor Humberto Martínez Neira, fiscal general de la nación, se impulsó por parte del Gobierno nacional el Decreto 706 de 2017, cuya pretensión era aplicar únicamente a agentes del Estado otros beneficios sumados a los ya desarrollados mediante la Ley 1820.

Figuras como la revocatoria y la sustitución de las medidas de aseguramiento para agentes del Estado, hacían parte del cúmulo de nuevos beneficios para estos, cuyo sustento no era más que, según el análisis miope del fiscal general, equilibrar la balanza en el tratamiento para los militares, toda vez que, a diferencia de los insurgentes, estos aún se encontraban privados de la libertad.

Nada más alejado de la realidad que lo afirmado por el fiscal general de la Nación; la Ley 1820 desarrolló figuras equilibradas para todos aquellos actores que pretendan sujetarse a la JEP. Además, según cifras de la Secretaría de la Jurisdicción especial Para la Paz, son 1.751 Agentes del Estado que se encuentran en el censo de esta dependencia. De dicha cifra, 1.693 personas, es decir el 96%, han suscrito actas de compromiso de sometimiento a la JEP, de estas, 669 personas han sido beneficiadas con la libertad condicionada y 87 con el traslado a alguna guarnición militar.

En otras palabras, y en concordancia con lo señalado por la Corte Suprema de Justicia, la aplicación de la revocatoria y sustitución de la medida de aseguramiento, contenidas en el Decreto 706, únicamente para los agentes del Estado, estaría creando un trato asimétrico y ventajoso a favor de los militares. No obstante, hasta hoy han sido beneficiados con estas figuras 243 castrenses.

La problemática se tornó más grave aún tras la expedición de la Circular 0005 del 19 de mayo del año en curso, suscrita por la señora María Paulina Riveros Dueñas, vicefiscal general de la Nación, donde imparte una directriz a sus funcionarios delegados ordenándoles solicitar de manera inmediata la revocatoria y/o sustitución de la medida de aseguramiento a favor de los militares involucrados en casos de lo que la opinión pública ha conocido como ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, aseverando que los únicos requisitos de ley que se deben considerar para aplicar estos beneficios son la solicitud presentada por el agente del Estado dirigida a la Fiscalía y la suscripción de un acta de compromiso de sometimiento a la JEP.

Esta situación evidencia que el espíritu del acuerdo de paz celebrado entre las FARC-EP y el Estado colombiano, se ve desdibujado una vez ingresa al Congreso de la República y al Gobierno, los cuales han modificado elementos determinantes de las normas que han surgido alrededor de esta oportunidad de alcanzar la paz en el territorio nacional.

La reglamentación e implementación de los acuerdos, mediante el proceso legislativo, no puede convertirse en un escenario donde se cambien las reglas de juego a quienes participaron de los acuerdos de paz, no se trata de una renegociación de los acuerdos.

Aunque ya se han elegido los 51 magistrados que conformarán la JEP, aún se encuentra en trámite la ley estatutaria que le dará reglamentación y existencia material a este escenario de justicia transicional, ya que si bien se expidieron los Actos Legislativos 01 y 02 de 2017, estos se han configurado como parámetros generales que exigen un nivel más específico de regulación por parte del legislador colombiano.

Hasta la fecha se han aprobado 102 artículos de 160 que contiene la ley estatutaria, en medio de álgidos debates y shows mediáticos de algunos partidos políticos, quienes de manera cínica se han escudado en un falso discurso en el que se abanderan de las luchas de las víctimas para negar su respaldo a la Justicia Transicional.

La ausencia de Cambio Radical y el Centro Democrático no es una situación fortuita, se consideran detractores de la ley estatutaria debido a su supuesta “defensa de las víctimas”, empero, tras bambalinas esconden su intención de proteger los intereses de terceros beneficiados con el conflicto colombiano, e incluso cuidar los suyos, toda vez que ambos partidos han tenido una larga trayectoria de relación con el paramilitarismo y la corrupción. No en vano, muchos de sus integrantes y cercanos, han sido sancionados penalmente por parapolítica, paramilitarismo, narcotráfico, homicidios, entre otros hechos victimizantes que ponen en tela de juicio la imparcialidad y seriedad de estos partidos políticos

A esto se suma las declaraciones del señor Germán Vargas Lleras, integrante también del partido Cambio Radical, quien ha aseverado de manera engañosa que la JEP juzgará 48 millones de colombianos, intentando polarizar la sociedad civil frente al rechazo de la legitimidad de la JEP, maquillando las relaciones paramilitares de su partido político.

Asimismo, el fiscal general de la Nación, señalado en los escándalos de corrupción en los debates del Congreso, ha sido un obstáculo más para la aprobación de la ley estatutaria, pues ha centrado su discurso mediático en la responsabilidad de la insurgencia, pero de otro lado imparte directrices a sus delegados para que otorguen beneficios a los agentes del Estado, generando tratamientos asimétricos y ventajosos, haciendo venia al cinismo del ente acusador mediante entuertos jurídicos que dan la espalda a la ley y la constitución.

La ratificación de las víctimas como centro del sistema de justicia y la participación de las mismas, si bien era un aspecto poco claro hasta el momento, quedaron consignadas en el articulado aprobado, que ha establecido que estas mínimamente tendrán una participación como intervinientes especiales, y las normas que se expidan en el futuro podrán considerarlas más que esto.
También se deja claro que el juzgamiento y sanciones se generarán conforme a una interpretación complementaria del Derecho Internacional de los DDHH y del DIH, asumiendo la responsabilidad estatal de materializar la protección y respeto por las garantías fundamentales de los ciudadanos.

Asimismo, ha quedado con carácter explícito el compromiso del Estado colombiano de no repetir hechos victimizantes como lo ocurrido con la Unión Patriótica, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y la creación, promoción o apoyo a grupos paramilitares.


A pesar de ello, aún se encuentra en tela de juicio el compromiso del Estado con la paz y las garantías de no repetición, pues el discurso que se ha querido posicionar ante la opinión pública invisibiliza su responsabilidad como principal actor victimizante. Las constantes declaraciones en las que se asevera que las víctimas son falsas o se pretenden mostrar a los militares como mártires de la justicia colombiana son muestra de ello.

No en vano el Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y de Policía ha manifestado que la JEP es un instrumento para continuar la guerra jurídica que se ha generado en los estrados judiciales contra los agentes del Estado. Pronunciamientos irresponsables que buscan mostrar a los victimarios como víctimas.

Las FARC-EP hasta la fecha han llevado a cabo actos tempranos con carácter reparador, como el perdón pedido a las víctimas de Bojayá y de Granada, mientras que el Estado colombiano sigue negando su responsabilidad.

Aun así, la sociedad colombiana no puede caer en el pesimismo absoluto. En este momento de nuestra historia existe una pugna para definir quién la escribe y cuál verdad se posiciona. Las víctimas de crímenes de Estado han asumido esta disputa mediante el ejercicio de la memoria colectiva, negándose a que el victimario (Estado) escriba la historia del conflicto que ha vivido el país, batallando para que las generaciones venideras escuchen sus voces y conozcan la realidad de esta historia de dolor y lucha.

Visitar una zona veredal es una experiencia que ayuda a entender de manera directa lo que es Colombia, un país pletórico de injusticias y desigualdad, lo que ha sido la guerra de los últimos 60 años y la magnitud de los incumplimientos del Estado al pretendido acuerdo de paz con las FARC.

La zona veredal de Planadas se encuentra ubicada a casi dos horas del casco municipal, en la vereda El Oso, localizada a unos 25 minutos del caserío de Gaitania. Para llegar allí desde Bogotá se hace un recorrido en bus de unas 10 horas, en una vía que, a medida que se acerca a ese casco municipal, se encuentra destapada, semi-destruida. Aunque se viaje de noche, es imposible dormir al final del trayecto por la cantidad de huecos y derrumbes que encuentra el bus en su recorrido, sobre todo entre Ataco y Planadas.

Luego de llegar al casco municipal de Planadas, nos trasladamos en moto a la Zona Veredal, por una carretera en su mayor parte sin pavimentar, que es una trocha en pésimo estado de conservación.

La zona veredal
Cuando uno se aproxima a la zona llama la atención un grupo de casas prefabricadas, recién construidas, y más o menos homogéneas, que indican que allí están concentrados ex guerrilleros y sus familiares. En la entrada ya se perciben los primeros contrastes, puesto que todavía hay cambuches, recubiertos en plástico negro, donde se alojan, en peores condiciones que en tiempos de guerra, antiguos combatientes de las FARC.
El sitio escogido es propiedad de un campesino, que le arrendó el lote al Estado a cambio de un canon monetario, bajo el compromiso de que la ocupación de ese terreno solo iba a durar seis meses, al cabo de los cuales lo devolverían. El Estado escogió un potrero, peor aún, un pantano repleto de barro, como evidencia de su “interés” en cumplir lo acordado. La transformación que ha experimentado la zona en los últimos meses se debe a la acción mancomunada de los miembros de las FARC, que construyeron lugares de habitación y sitios comunes, entre ellos una pequeña biblioteca.

La población de la zona veredal es flotante, oscila en la actualidad en alrededor de unas 60 o 70 personas. De los 180 guerrilleros que inicialmente se trasladaron a ese lugar, solamente quedan unos 20. Los otros se han ido silenciosamente, sin decirle a nadie para dónde. Y tienen razón en salir de esa forma, porque su vida pende de un hilo, ante el asedio de paramilitares y grupos criminales, que en distintos lugares del país han asesinado a una decena de ex guerrilleros desarmados y en estado de indefensión. Incluso, quienes se van sin señalar su destino están más seguros que los que se quedan en las zonas veredales, como nos lo indicaron varios de ellos. Un grupo indeterminado de habitantes del lugar trabaja en las fincas vecinas, la mayor parte de ellos como recolectores de café.

De los 30 niños que se encontraban al principio, hoy quedan nueve. Han llegado ex prisioneros de las FARC recién liberados, y también se encuentran familiares de los antiguos combatientes, entre ellos sus hijos, quienes por primera vez han tenido la oportunidad de reunirse con su padre o madre. En la zona nacen nuevos colombianos, cuyo destino es tan incierto como el de sus padres. En los días que visitamos la zona estaba a punto de nacer un nuevo hijo del antiguo comandante, Donald.

En cuanto a la vida cotidiana se refiere, aunque ya no existe la disciplina militar de otros tiempos, se han establecido unos horarios de actividades, relativos a las horas de las comidas, que siguen sin las viejas pautas de los campamentos guerrilleros referentes a la preparación de los alimentos, encomendada cada turno a personas diferentes, con el fin de que todos participen en esa labor. Asimismo, se disponen de horarios de actividades por las noches, para evaluar algunos asuntos internos y charlar sobre la situación política y económica. También existen horarios de estudio en los que se imparte una instrucción, para aquellos que no han terminado sus estudios en educación básica.

Pese a todo, entre los habitantes de la región, así como en los de la zona veredal, cunde el escepticismo, ante el incumplimiento de lo acordado por parte del Estado. Varios habitantes de la región nos dijeron que dudan que el Gobierno vaya a cumplir con lo acordado e indicaron que la salida de las FARC de sus zonas de influencia había significado el retorno del robo, del consumo de drogas y de la prostitución, puesto que se rompió con un orden establecido durante décadas.

Ahora, la presencia del Estado, mediante sus instrumentos represivos, viene acompañada de delincuencia y drogadicción. Un resumen lacónico de lo que es la zona veredal lo proporcionó un antiguo guerrillero con más de 30 años de pertenecer a las FARC, cuando indicó en forma gráfica que ese sitio es como un “gueto judío” o un “campo de concentración a cielo abierto”.

El paisaje humano
En la zona veredal de Planadas, como de seguro sucede en las otras zonas veredales, se percibe el paisaje geográfico de ese otro país rural y desconocido en las ciudades, con su extraordinaria diversidad y con esas historias personales de dolor, lucha y resistencia, el trasfondo directo del terrorismo de Estado. Allí se encuentran hombres y mujeres de origen humilde, pobres, muchos de ellos apenas saben leer y escribir. Duraron muchos años en la guerra, y portan consigo heridas imborrables. Sufrieron bombardeos inverosímiles, y vieron cómo morían camaradas de lucha, y en muchos casos sus propios hijos y compañeros sentimentales.

Allí están mujeres que estuvieron en la cárcel durante interminables años y madres que se vieron obligadas a dejar a sus hijos en manos de familiares, hijos que nunca volvieron a ver, o que solo podían contemplar de vez en cuando, y bajo el riesgo de ser capturados o asesinados. Hijos que quedaron huérfanos a temprana edad porque sus padres fueron masacrados durante los bombardeos. Campesinos externos a la zona que todavía portan consigo los papeles que prueban que a uno de sus familiares se le asesinó y desapareció hace 30 años. También hay personas que llevan las marcas de la guerra, bien porque están lisiadas o porque los estragos de las esquirlas o de las balas les dejaron imborrables huellas en alguna parte de su cuerpo.

En la zona veredal hay campesinos, indígenas, afrodescendientes, trabajadores urbanos, profesionales…, como expresión a pequeña escala de la diversidad étnica del país, una diversidad que se expresa en la composición social de la base guerrillera. Una indígena, procedente del Tolima, que tiene unos 30 años de edad, nos cuenta que lleva más de media vida en las FARC, a la cual se vinculó al comprender que no podía estudiar y que el futuro que le deparaba su pobreza familiar era terminar como cocinera en Natagaima, con un miserable sueldo. Nadie la obligó a vincularse, ella lo hizo convencida que tenía más opciones en la guerrilla, que permaneciendo en su pueblo.
Una persona, también de 30 años, nos cuenta que lleva 17 años en las FARC, a la cual ingresó cuando era casi un niño. Fue miembro del Bloque Oriental. Su anhelo es poder estudiar y llevar una vida digna. Nos asegura que si el Gobierno no cumple los acuerdos él volverá a empuñar las armas, y que ahora este hecho tendría una ventaja: el pueblo colombiano ya habrá confirmado que la paz no fue posible porque el Gobierno no cumplió lo pactado. Nos dice que conseguir las armas no es difícil y que organizar a los descontentos tampoco va a ser complicado, en caso de que sea necesario.

La zona veredal está situada al lado del resguardo indígena Páez (Nasa) de Gaitania, el cual firmó un acuerdo de paz con las FARC el 26 de julio de 1996. Pacto que se ha cumplido estrictamente desde entonces. Este acuerdo fue posible por la buena disposición de las dos partes, y en especial del comandante Jerónimo. Este carismático guerrillero, quien fuera asesinado por el Ejército en 2011, es recordado con mucho cariño y admiración por los miembros de la insurgencia que lo conocieron, así como por la comunidad indígena y en general los habitantes de Planadas.

Para la reconstrucción de la historia del conflicto colombiano y el papel desempeñado por líderes insurgentes, la mayor parte de los cuales han sido calumniados por el bloque de poder oligárquico y sus medios de desinformación, es imprescindible recuperar la vida y luchas de personajes como el comandante Arquímedes Muñoz, Jerónimo. Las lágrimas de sus compañeros de lucha al recordarlo ponen de presente el ascendiente que aquel logró entre las tropas a su mando, y más allá, en todo el sur del Tolima.

Marquetalia
Tuvimos la oportunidad de visitar a Marquetalia, el lugar donde se originó la agresión armada por parte del Ejército y del Estado colombiano a un grupo de campesinos, lo que a poco tiempo originaría a las FARC.

Para llegar allí se hace el recorrido desde la zona veredal por una trocha de difícil recorrido, en la cual el destartalado campero que nos lleva se demora 90 minutos, hasta llegar a Villanueva. Luego se continúa el trayecto a pie o a caballo, durante tres horas. Ascendimos y descendimos en caballo, en parte porque no teníamos el calzado que se requiere para caminar en este tipo de camino de herradura y en parte porque de alguna forma esa experiencia es única en el intento de reconstruir el trayecto que debieron recorrer infinidad de veces los guerrilleros de las FARC, incluido el propio Manuel Marulanda Vélez, utilizando a esos nobles animales.

Es extraordinario el paisaje montañoso y de vertiente cafetera. A medida que avanzamos por el lugar, pensamos y nos imaginamos ese escenario de guerra, trascendental en la historia colombiana de los últimos 53 años. Al fin llegamos a Marquetalia, o mejor a lo que quedó de ella. Nos referimos a la pequeña explanada en donde se encontraban las humildes viviendas de los campesinos de autodefensa que fueron agredidos en ese malhadado mayo de 1964.
En ese sitio solo existe una casa –era la vivienda de Marulanda, nos recordó una persona de la región– que ahora se encuentra habitada por una pareja de adolescentes campesinos, que acaban de tener un hijo.

El lugar está ocupado por tropas del Ejército, que tienen un campamento base a unos doscientos metros de la casa mencionada, pero que tienen carpas desperdigadas alrededor de la vivienda, y en la cual entran y salen con normalidad y donde guardan avituallamiento y pertenencias, como si fuera de su propiedad. La presencia de la tropa nos cohíbe y nos impide hablar con tranquilidad con nuestros acompañantes, entre los que se encontraban dos antiguas guerrilleras de las FARC, una de las cuales conoce el lugar como la palma de sus manos y nos cuenta que no le sorprende ver al Ejército. En varias ocasiones ella, con otros guerrilleros, sorteó el lugar a hurtadillas sin que las tropas se dieran cuenta.

En Marquetalia se ven las secuelas de la guerra. Hay túneles y trincheras, pequeños cráteres que deben ser producto de bombardeos del Ejército estatal. Pero el símbolo estrella son los restos de una aeronave de guerra derribada por los guerrilleros. En lo que fue una de las alas de ese aparato se ven impactos de bala, presumiblemente de fusil, que fue disparado desde tierra y que lo derribó.


En la zona hace un tremendo frío, sobre todo en las horas de la noche. A pesar de la decepción que nos produce la presencia del Ejército, decidimos pasar una noche en esa casa, y le solicitamos al guía de los caballos que regresara a Villanueva, y volviera al día siguiente a las ocho de la mañana. Nos acostamos temprano, antes de las nueve de la noche, sin cruzar muchas palabras. La ocupación del Ejército, nos dicen unas personas de la zona, pretende que en Marquetalia no se pueda construir un museo de la resistencia, como lo han insinuado algunos dirigentes de las FARC.

Al otro día, con la llegada de los caballos, echamos un último vistazo al lugar, a los restos del avión, a los túneles y trincheras, así como a los jóvenes campesinos que allí habitan y a los soldados, porque todo ello deja una extraña sensación. Es como si la historia se hubiera detenido, ya que seguimos gravitando entorno a las terribles injusticias que en 1964 dieron origen a un conflicto armado que se proyecta hasta nuestros días. Luego de esto nos despedimos de este histórico lugar de la resistencia popular de Colombia, con la certeza de que nunca lo volveremos a ver.

 

La Fundación Pueblo Indio en Quito fue la sede que recibió a cerca de 20 medios de comunicación alternativos y populares que llegaron desde Colombia, con el objetivo de conocer de primera mano el estado de la negociación entre el Gobierno colombiano y la insurgencia del ELN, convocados por la Federación Internacional de Prensa de los Pueblos (FIPU). Este lugar, legado del MonseñorLeonidas Proaño, sacerdote aquien le acuñan “la revolución del poncho”,un proceso a favor de los indígenas empobrecidos del Ecuador, abrió el espacio para preguntas e inquietudes sobre el curso de la negociación, sobre la cual ante la llegada próxima del Papa Francisco a Colombia se cierne en el debate un posible cese bilateral.

Un día inicia temprano para los integrantes de la delegación de paz del ELN. A las seis de la mañana comienzan a trabajar, y a las ochoya deben estaren la mesa para dar inicio a las discusiones con su contraparte, que se desarrollan hasta la una de la tarde. Pablo Beltrán confiesa que hace un esfuerzo, “así los debates sean muy fuertes, profundos y con muchas distancias, para que esto no se convierta en un asunto personal”. En las tardes preparan los elementos para las discusiones del día siguiente, atienden a la prensa y a las relaciones políticas.

Paradójicamente, lo que más extrañan de la vida en las selvas es la tranquilidad. “En las montañas de Colombia uno vive muy tranquilo, cero ruidos, agua limpia… esta vida aquí es muy agitada, es bastante fuerte y en ese tren de trabajo estamos seis semanas seguidas”, afirma el jefe de la delegación.

Lo claro de la negociación es que encontrar un punto de aproximación no ha resultado fácil, y no es para menos. En la mesa se encuentran sentadas dos partes totalmente opuestas. Desde el inicio ha existido una serie de desencuentros que han marcado el ritmo lento del proceso; el Gobierno por su parte ha condicionado la negociación a temas que van a apareciendo en el transcurso de esta, y en ese sentido la delegación expresó que si bien son conscientes de que son un organización pequeña, en la mesa están en condiciones de igualdad con la delegación del Gobierno.

Los negociadores del Gobierno, en cabeza de Juan Camilo Restrepo, buscan aplicar un modelo de negociación basado en el proceso llevado a cabo en la Habana con las FARC, pero el ELN insiste en que  para ellos este proceso tendrá que ser muy diferente. “Las FARC se sentaron a negociar, nosotros queremos poner los temas que son importantes para el país”,manifestó el delegado Carlos Reyes. La realidad es que si alguna vez las insurgencias buscaron dos mesas y un proceso, nunca existió una sincronía debido al desarrollo de los mismos tiempos de cada mesa y a la voluntad del Gobierno.

De las experiencias pasadas de exploración de negociación, como la llevada a cabo en la época de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, o del proceso durante el gobierno de Samper, expresa Beltrán que “hemos aprendido que cuando avanzamos con un Gobierno, llega el siguiente y lo desconoce. Quiere decir que no hay una política de Estado. ¿Qué otra cosa hemos aprendido? De toda esa élite dirigente ya vamos aprendiendo quiénes tienen voluntad de que esto cambie y hay una gran mayoría que están cómodosde cómo está Colombia y no quieren que cambie”.

Su visión sobre la paz  es que esta tiene que ser un proceso de abajo hacia arriba. “El primer punto de la mesa es la participación y este no ha comenzado”,comentó  Consuelo Tapias. En este sentido, en el momento no se está discutiendo cómo va a ser la participación que es el 60% del proceso. Para esto, las partes han llegado al preacuerdo de realizar las audiencias preparatorias con 25 estamentos de la sociedad colombiana, los cuales representarán desde lo sectorial y territorial la diversidad de voces sobre este primer punto  y darán como resultado la estructura de la participación  de la sociedad.  Según la delegación del ELN, el Gobierno concibe la participación como reunir gente sin ninguna repercusión, mientras que para ellos este ejercicio debe ser parte esencial del contenido del acuerdo de paz.

A pocos días de terminar el tercer ciclo, las fuerzas y las discusiones sevolcaron en conseguir el Cese al Fuego Bilateral. Las partes dieron a conocer sus condiciones para este, sin embargo el cese del que se hablaba en este momento no corresponde al del punto 5 de la agenda de negociación. Según la delegación, “este cese es de un momento especial que busca crear confianza en el desarrollo de la mesa y busca desatrancar los puntos de la agenda”. Este momento ha sidoimportante en la mesa porque el Gobierno, quien desde el inicio se había negado a hablar del cese, desde hace unos meses evalúa esta posibilidad y porque la guerrilla de manera conjunta como organización está cohesionada entorno a la decisión de pactar este cese.

Las expectativas de la negociación de la delegación del ELN son claras. Al preguntarle a Pablo Beltrán sobre los mínimos que esperan de esta, responde decididamente: “los mínimos es que saquemos la violencia de la política,  y que se cree una mayoría por la paz que imponga unos cambios básicos urgentes, si esta negociación aporta a eso nos damos por bien servidos”, también afirmó que esta negociación les ha permitido ver una élite dividida entorno a la paz,y comprender la importancia del momento histórico que cruza el país.

Se logró el Cese Bilateral

Después de extender este tercer ciclo, el lunes  4 de septiembre el país se levantó con la noticia de que las partes lograron acordar el Cese al Fuego Bilateral, en la madrugada del domingo. Tanto  el Gobierno como la insurgencia consiguieron comprometerse con el objetivo principal de mejorar la situación humanitaria de la población del país.

El Cese iniciará el 1 de octubre y se extenderá hasta el 9 de enero, con la posibilidad de prorrogarse en la medida en que las partes cumplan los compromisos adquiridos en este acuerdo. Por su parte el gobierno se comprometió con el sistema de alertas tempranas para la protección a líderes sociales, un programa de carácter humanitario para mejorar condiciones de salud de los presos del ELN y la puesta en marcha de las audiencias preparatorias. El ELN se comprometió a suspender retenciones, enrolamientos de menores y detonaciones contra la infraestructura.

Por el momento, el ciclo de conversación se extenderá para precisar los aspectos logísticos del Cese que será verificado por un mecanismo en donde estarán la ONU, la Iglesia y las partes.

 

 

PIE DE FOTO:La delegación que recibió a los medios de comunicación estuvo integrada por diferentes figuras dentro de la guerrilla como Gustavo Martínez, Aureliano Carbonell, Carlos Reyes Niño, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Alirio Sepúlveda y Tomás García. Luego del recibimiento a este espacio se uniría después el Comandante y jefe de la delegación de paz de la guerrilla, Pablo Beltrán. La FIPU entregó camisetas a la delegación con el mensaje “Stop Wars”.

El pasado 29 de junio terminó el segundo ciclo de negociación entre Gobierno y ELN. Desde entonces las partes han dado a conocer sus propuestas para un posible cese bilateral; el camino hacia este propósito humanitario apenas comienza.

 

A casi seis meses de la instalación de la fase pública de diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN,  se han desarrollado dos ciclos donde  ambas partes han  discutido  en  submesas de trabajo y   alrededor del primer punto, “Participación de la sociedad civil”, y el subpunto 5f,  “Dinámicas y acciones humanitarias”, de la agenda pactada en marzo de 2016.

La evaluación de estos ciclos iniciales deja como resultado una serie de preacuerdos que buscan dinamizar el trabajo de la mesa, en este sentido se ha conseguido  conformar el Grupo de Países de Apoyo Acompañamiento y Cooperación -GPAAC-   al proceso de paz,  integrado inicialmente por Alemania, Holanda,  Italia, Suecia y Suiza. De igual manera se ha acordado construir un equipo conjunto de pedagogía y comunicación para la paz, con el objetivo de promover confianza y credibilidad en los acuerdos a los que se lleguen. También se avanzó en establecer un fondo para la financiación  de la mesa.

Respecto al punto de la participación, las partes acordaron la realización de unas “Audiencias Preparatorias” que le darán forma al diseño de este primer punto. Estas audiencias podrían comenzar durante el tercer ciclo de esta negociación, que inició el 24 de julio de 2017.

Todo apunta a que la mesa está pasando por una nueva etapa; por lo menos  parecen superadas las desconfianzas a raíz de los diferentes inconvenientes que demoraron el  inicio de los  diálogos en su fase pública. Este nuevo ambiente en la mesa se evidencia en que ambas partes comenzaron a hablar de la necesidad de abordar un tema que hasta hace poco parecía lejano: el cese bilateral. Durante las próximas semanas, esto se discutirá en la submesa encargada de los temas humanitarios que actualmente trabaja temas álgidos como las retenciones, el asesinato a líderes sociales, el sabotaje a infraestructura, entre otros.

Demos el primer paso: Iglesia
En una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos y a las delegaciones del proceso de paz, la Conferencia Episcopal colombiana hizo un llamado en el cual instaron a las partes a “concertar y convenir un acuerdo bilateral de cese al fuego y hostilidades, como expresión de su voluntad, común con la del Pueblo colombiano, de acoger al santo Padre y darle la bienvenida a su persona y a su mensaje", haciendo referencia a la próxima visita del Papa Francisco.
La misiva firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Augusto Castro, el cardenal Rubén Salazar, el arzobispo de Villavicencio Óscar Urbina y el arzobispo de Cali Darío de Jesús Monsalve, puso a las delegaciones a retomar el tema en los medios, y a comprometerse a trabajar en este durante el tercer ciclo.

Reiteramos voluntad: ELN
Nicolás Rodríguez, comandante de esta guerrilla, respondió a la carta recordando que “Desde que se iniciaron los diálogos con el actual gobierno, el ELN ha reiterado la urgencia de pactar un Cese Bilateral del Fuego, contrariando al presidente Santos y su gobierno, quienes argumentaron que los diálogos deben adelantarse en medio de la guerra”.

De igual manera la delegación de paz del ELN manifestó  a través de un comunicado que “espera del gobierno un compromiso serio a la hora de pactar una suspensión de las afecciones a la población”. También recordaron que para que este cese ocurra debe haber compromiso de las dos partes, y seguidamente expusieron cinco puntos que para su organización deben parar antes de que se pueda dar este hecho: el primer elemento es la “agresión contra el movimiento popular” y  la desestructuración del paramilitarismo; el segundo es el incumplimiento de acuerdos de garantías en Derechos Humanos con el movimiento social; el tercero es el control sobre alimentos, medicamentos y bienes necesarios para las comunidades; el cuarto es la judicialización de la protesta social y el quinto el hacinamiento en las cárceles.

El tema central del ciclo que inicia será el cese: Gobierno
En una entrevista para el programa Pregunta Yamid, el jefe negociador del Gobierno, Juan Camilo Restrepo, reconoció que su delegación junto con la de la insurgencia comenzará a abordar este tema en el ciclo iniciado el lunes 24 de julio en Quito, Ecuador. Además fue enfático en reconocer que si bien la iniciativa parte de la propuesta que ha venido haciendo el grupo guerrillero desde el inicio de las conversaciones, este cese bilateral debe ser “cualificado”, es decir, para el Gobierno también debe ser un cese de hostilidades de su contraparte. “Si el ELN se aviene a aceptar un cese de hostilidades, el Gobierno simultáneamente estará dispuesto a avanzar en un cese al fuego”, expresó Restrepo.

En su cuenta de Twitter, el mismo negociador amplió la posición del Gobierno sobre este tema, especificando que “ejemplos de hostilidades: secuestro en todas sus expresiones, enrolamiento de menores, minas antipersonales, atentados contra oleoducto”. A la vez, confirmó que el tercer ciclo de negociaciones con el ELN se extenderá hasta la víspera de la llegada del Papa a Colombia, es decir, hasta comienzos del mes de septiembre, por lo cual este ciclo tendrá a los negociadores reunidos durante seis semanas, mientras existen altas expectativas en el país por la presión que podría generar la visita del Sumo Pontífice en la partes para el tema del cese bilateral.

Así las cosas, a pesar de que la visita del Papa le da a la mesa un nuevo impulso para hablar sobre el cese bilateral, el camino para llegar a este no será sencillo, teniendo en cuenta las condiciones que proponen ambas partes. También porque existen inamovibles para el ELN como la necesaria participación de la sociedad en la construcción del acuerdo de paz, y para el Gobierno este punto se reduce a consultas. Se requiere de las dos delegaciones, y de sus máximos líderes (Coce - Gobierno) toda la voluntad política. Sin embargo, el hecho de que en tan poco tiempo se comience a discutir este tema demuestra que este proceso será diferente al llevado a cabo en La Habana con las FARC, esto debido a las partes, a la metodología en la mesa, pero también al mismo contexto político del país.

Carta de un integrante de las FARC privado de la libertad

 

La huelga que iniciamos el pasado 26 de junio acá en la cárcel de Chiquinquirá, Boyacá, es el primer paso, con el que pretendemos visibilizar nuestra condición como prisioneros políticos, y los tratos degradantes a los que somos sometidos diariamente, además de mostrar cómo el Gobierno nacional no solo incumple lo acordado en La Habana en lo relacionado con la Ley de Amnistía e indulto, sino cómo también rompe el punto que se refiere al cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, pues las condiciones a las que nos someten son directamente hostiles.

Además de la huelga, nos encontramos en jornada permanente de desobediencia pacífica (alrededor de 1760 hombres y mujeres). Esta desobediencia se realiza día a día. En la madrugada se inicia con el primer acto de desobediencia; no se permite la primera contada, la cual en condiciones normales la haría el Inpec a las 6:00 a.m, luego todos a las duchas, y este procedimiento va hasta las 7:00 a.m. aproximadamente. De ahí llega el desayuno para algunos compañeros, que por su estado de salud no participan en la huelga (pero sí en la desobediencia); hacia las 8:00 a.m. permitimos la contada, luego continúa la desobediencia, negándonos a salir a las actividades como estudio (CLEI), a talleres, a deporte, al aseo de zonas comunes, entre otras. En este espacio nos reunimos y  hacemos un balance de lo acontecido el día anterior, se proyectan y planean las actividades para el día.

A las 10 am aproximadamente traen el almuerzo de los enfermos, salen al médico los que estén en peor condición de deshidratación, entre ellos los que se han suturado sus labios. Intercambiamos experiencias con otros pabellones y se trata de hacer el menor gasto energético posible y así vamos hasta las 3:00 p.m. cuando llegan los alimentos para los enfermos. A las 4:00 p.m. tampoco se permite la contada, ni permitimos que nos encierren en las celdas como sería lo rutinario, más bien aprovechamos ese espacio para hacer otro balance y conversar y subir el ánimo para continuar.

Es triste que los medios masivos sigan ocultando lo que nos ocurre. No dicen ni lo más mínimo; por ejemplo no hablan de 250 adultos mayores en huelga, ni de compañeros lisiados de guerra como es el caso (por mencionar sólo uno) de Oscar Tordecilla Madera, quien al momento de ser detenido aún podía ver, y por negligencia e indolencia del Gobierno y del Inpec fue perdiendo progresivamente la visión hasta quedar totalmente ciego; esto sin contar que él sufrió amputación de la mano derecha. Estos medios de comunicación tampoco informan sobre las represalias que toma el Inpec, como la suspensión de las visitas, o las amenazas frecuentes de ingresar a la fuerza y golpear a los prisioneros, según ellos para  restablecer el orden. Nosotros hemos denunciado todos estos atropellos a través de nuestros propios medios y el Gobierno se hace el de la vista corta.

En esta huelga y desobediencia pacífica nuestra familia y amigos juegan un papel fundamental, y son un puntal de apoyo para nuestra lucha, con la ayuda en las denuncias, en la gestión de documentos y sobre todo con la participación de ellos en plantones y movilizaciones en favor de nuestra justa lucha por la libertad, y en general por la implementación integral de los acuerdos.

El Gobierno nacional el día 10 de julio emitió decreto para dar amnistía supuestamente a 3252 guerrilleros, pero solo cobija delitos políticos y es básicamente para quienes tienen requerimientos y no pudieron ser detenidos, es decir para miembros de las FARC que están en las zonas y que hicieron dejación de las armas. Por estos motivos se ha retrasado la liberación de los prisioneros políticos de las FARC.

Desde hace más de seis meses se firmó la Ley 1820 de 2016. Con relación a la amnistía, indulto y tratamientos penales especiales, desde el inicio los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, se han mostrado en desacuerdo. Decían para ese entonces que requerían tiempo prudencial para estudiar, entender y aplicar la ley, tiempo que usaron para dilatar su aplicación, así mismo, para poner trabas, por lo que fue necesario que se hiciera un decreto reglamentario, el 277 de febrero de 2017, pero aun así no aplican la ley.

De lo anterior se puede deducir que es falta de voluntad política, la cual cubrieron con el argumento de la falta de personal en los juzgados y la congestión de los mismos, así que se declararon en huelga. Luego de que les fue asignado presupuesto y levantaron el paro, y al no haber más excusas para no aplicar la ley, entonces apareció la causa real, una causa fuera de toda lógica, pues ahora los jueces dan carácter político e incluso se sienten investigadores (es claro que un juez debe aplicar la ley sin que en la aplicación influya su ideología política o su creencia religiosa).

Cuando un prisionero político de las FARC cumple con los requisitos (tener el certificado de pertenencia a la organización expedido por el Alto Comisionado para la Paz, haber firmado el acta de compromiso ante el secretario de la JEP, y llevar mínimo cinco años privado de la libertad) los jueces deben dejarlo en libertad condicionada.  Aun cumpliendo estos requisitos, el juez pregunta: ¿cómo compruebo que una persona pertenece a la organización FARC? Se han visto innumerables casos de presos políticos que están en prisión desde el año 2000 y el juez aduce que no tiene cómo verificar los cinco años privados de la libertad.

También los jueces le solicitan a un interno que le haga llegar el certificado del Alto Comisionado, cuando este documento reposa precisamente en la oficina de él. Así, un sin número de actuaciones demuestran claramente la falta de voluntad, la mala fe y la postura política de muchos jueces. Pero lo anterior no es nada al lado de lo que opina el juez primero de Tunja, Camilo Ernesto Becerra Espitia, juez de ejecución de penas y medidas de seguridad: “por mi cuenta no va a salir ningún guerrillero de la cárcel". A este señor se le interpuso una demanda por negligencia, violación al debido proceso y retención ilegal e indebida de prisioneros, por entorpecer la justicia, entre otras.  Así es que los jueces politizan la aplicación de la ley.

  

Contexto 

Esta carta de Clemente, preso político de las FARC en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá, fue enviada a la redacción del periódico Periferia. La huelga de hambre de los presos políticos de las FARC fue acompañada desde el primer momento por el líder guerrillero y miembro del secretariado Jesús Santrich, quien aseguró que ya son 3400 los reclusos reconocidos por las FARC, 900 de los cuales aún no han sido acreditados por el Gobierno.

El 15 de julio esta huelga cumplió 19 días y afectó no solo la salud de cientos de presos políticos, sino la de Santrich, a pesar de encontrarse en libertad, tanto que fue necesario internarlo de urgencia en la clínica Shaio de la ciudad de Bogotá el día 14 de julio, en donde estuvo en delicado estado de salud y en la unidad de cuidados intensivos.

Los presos políticos a los que se les incumple el acuerdo de La Habana y se les niega ilegalmente su libertad, a la fecha de publicación de esta edición, se mantienen en desobediencia en 19 cárceles del país. Son aproximadamente 1110, que según la Coalición de Derechos Humanos Larga Vida a las Mariposas se encuentran adelantando la protesta que no cesará, manifiestan los presos, hasta que alcancen su libertad. “De 3400 personas reconocidas por las Farc faltan 2.577 por ser liberadas, lo que evidencia el incumplimiento por parte del Estado colombiano, mientras que el grupo finalizó la dejación de armas en cumplimiento a lo pactado”, explicaron voceros de esa organización de derechos humanos.

El Gobierno y el sistema de justicia colombianos se encuentran frente a una situación delicada en materia política y legal, respectivamente, ya que la propia Misión de las Naciones Unidas en Colombia hizo un enérgico llamado al Estado para que dé aplicación a la Resolución 2366 de 2017, aprobada por el Consejo de Seguridad el pasado 10 de julio, para que se solucione la situación de los integrantes de la guerrilla que se encuentran privados de la libertad.

En un comunicado el Consejo de Seguridad de la ONU se pronunció en los siguientes términos: “La detención de los miembros de las Farc en las cárceles por más de seis meses después de la aprobación por el Congreso de la Ley de Amnistía y dos semanas después de la finalización de la dejación de armas individuales, socava el proceso de reincorporación y la consolidación de la paz”.

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

últimas publicaciones

Contacto

Medellín - Antioquia - Colombia

 

Calle 50 #46-36 of. 504

 

(4) 231 08 42

 

periferiaprensaalternativa@gmail.com

 

Apoye la Prensa Alternativa y Popular

o también puede acercarse a nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, Edificio Furatena (calle 50 #46 - 36, oficina 504) y por su aporte solidario reciba un ejemplar del periódico Periferia y un libro de Crónicas de la Periferia.