Opinion

Palabras que matan

El 16 de diciembre de 2017, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó sin inmutarse que los asesinatos de dirigentes sociales, líderes comunitarios y ex guerrilleros no estaban relacionados con sus actividades, sino que, en su “inmensa mayoría”, “son fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de peleas por rentas ilícitas”.

Esta afirmación, aparte de ser completamente irresponsable, se convierte en una legitimación de los cientos de asesinatos políticos que siguen sucediendo en Colombia. Declaraciones de este tipo forman parte de la muralla desinformativa que se ha erigido en este país, y la cual no se quiere derribar por parte de los voceros del Estado ni de los grandes medios de incomunicación.

Este tipo de lenguaje denota que la lógica terrorista del Estado no se ha atenuado ni una pizca, a pesar de que se genere una retórica paralela de paz y de concordia, que no logra ocultar las dimensiones del lenguaje contra-insurgente y de enemigo interior que se ha creado en este país durante el siglo XX, y que se niega a desaparecer, como lo muestran las infames declaraciones del Ministro de Ofensa (perdón, de Defensa).

Al respecto, vale la pena recordar en forma rápida algunos de los peores ejemplos del uso de un lenguaje que justifica el crimen de los que son considerados como adversarios y enemigos, y cuyas vidas no tendrían ningún valor en esa lógica criminal de tipo contra-insurgente. El asunto se remite a lo sucedido desde 1918, con las primeras manifestaciones y protestas obreras y artesanales, las cuales fueron catalogadas –como sucedió con las huelgas en la costa atlántica y la masacre de artesanos en Bogotá en marzo de 1919– como producto de la acción del bolchevismo. Utilizar ese mote justificaba la muerte de obreros y trabajadores humildes, a los que se les indilgaban propósitos desestabilizadores que estaban muy lejos de su sentir.

El hecho más lamentable en esta misma dirección fue el de la Masacre de las Bananeras, cuando cientos de trabajadores fueron asesinados en diciembre de 1928 por el Ejército colombiano con el pretexto de que los huelguistas se habían convertido en una “cuadrilla de malhechores” que ponía en peligro la estabilidad del país, como producto de la acción de comunistas y anarquistas.

De ahí en adelante, hasta el día de hoy, esa lógica anticomunista y contrainsurgente se ha mantenido, siendo una de sus manifestaciones esenciales el uso de cierto tipo de lenguaje, descalificador, peyorativo y señalador, para legitimar la muerte o la desaparición de aquellos que deberían ser eliminados física y espiritualmente, porque así lo consideran los “colombianos de bien”.

Lo cierto es que ese lenguaje ha sido reiteradamente usado por presidentes de la República, Ministros, parlamentarios, sacerdotes de las altas jerarquías, militares, empresarios…, siempre con las mismas consecuencias. Los ejemplos abundan.

Cuando en junio de 1954 fueron masacrados varios jóvenes en el centro de Bogotá, los voceros del régimen militar se inventaron la versión de que los militares se defendieron de una agresión realizada por miembros del comunismo internacional y por eso dispararon contra inermes estudiantes. En agosto de 1959, durante una pacífica marcha de trabajadores de la caña de azúcar que se dirigía a Cali, fueron asesinados dos corteros en forma aleve por tropas del Ejército. Inmediatamente, el presidente Alberto Lleras Camargo adujo que “los dirigentes del paro son responsables de la tragedia y el desorden”.

En febrero de 1963, luego de que fueron masacrados doce personas en el municipio de Santa Bárbara (Antioquia), entre ellas una pequeña niña, cuando huelguistas intentaban impedir la circulación de camiones con cemento, la prensa, y los voceros del gobierno de Guillermo León Valencia señalaron que el Ejército se había visto obligado a disparar porque había sido atacado por trabajadores “revoltosos, agitadores comunistas y subversivos”.

En septiembre de 1977, el paro cívico nacional fue reprimido sangrientamente y en la ciudad de Bogotá dejó un saldo de una veintena de muertos, los que fueron calificados por los voceros del gobierno de Alfonso López Michelsen como “personeros de la subversión y traficantes de la inconformidad popular”.

El 22 de marzo de 1990 fue asesinado el candidato presidencial de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo. Dos días antes, Carlos Lemos Simonds, Ministro de Gobierno, señaló: “el país ya está cansado y una prueba de ese cansancio es que en estas elecciones votó contra la violencia y derrotó al brazo político de las Farc que es la Unión Patriótica”. En este caso, el lenguaje oficial se convirtió en una orden para matar a un candidato de la izquierda.


Más recientemente, cuando fueron asesinados varios dirigentes sindicales en Arauca, el cinco de agosto de 2004, el vicepresidente de la República, Francisco Santos, los catalogó como terroristas que habían muerto en combate con el Ejército.

La joya de la corona, por sus dimensiones, cinismo e impunidad, se la lleva Álvaro Uribe Vélez cuando hablando del asesinato de varios miles de colombianos, en lo que de manera eufemística se denominó “falsos positivos”, justificó ese crimen diciendo que los muertos “no estaban precisamente recogiendo café”.

La lista podría extenderse hasta llenar cientos de páginas. Solo se trataba de recordar algunos ejemplos del empleo de un lenguaje agresivo que se usa como un arma de guerra, para destruir física y/o moralmente a los adversarios. Con la utilización de dicho lenguaje ya se siembra duda y cizaña sobre una persona determinada, antes o después de matarla.

Por esa razón, declaraciones como las del Ministro de Defensa simplemente proyectan un comportamiento de larga duración, sustentando en la impunidad que genera cinismo y desfachatez, que recurre a un lenguaje deshumanizante y que bestializa a los adversarios. Si dicho lenguaje no tuviera las consecuencias criminales que conocemos y padecemos en este país, el asunto no pasaría de ser meramente anecdótico, pero por desgracia no es así. Y en tal sentido es una manifestación de una lógica contrainsurgente que impregna el comportamiento de las clases dominantes de este país, reafirmada con las influencias de una lógica traqueta, para la cual la vida de los luchadores sociales y políticos no vale nada.

Para ellos, además, se agrega el estigma que tiene efectos aprobatorios entre la población, de señalar que si a alguien lo matan… por algo será, algo habrá hecho. En el caso que comentamos, simplemente decir que a los líderes sociales los aniquilan por líos de faldas, quiere decir que son crímenes pasionales aislados, y no una práctica genocida y sistemática, en la que tiene una responsabilidad central el Estado, las fuerzas armadas y sus socios paramilitares.

El nuevo imperialismo, a través de su hegemon estadounidense, como parte de su proyecto de dominación de espectro completo, ha implementado un tipo particular de ciencias sociales, que son funcionales a sus intereses. En esa perspectiva, los países en guerra, o asolados por conflictos armados, han servido como centro de experimentación de este tipo de ciencias sociales, de estirpe claramente imperialistas, como es el caso de Colombia.

En ese contexto, aparece la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados para la Defensa(DARPA), que agrupa empresas aeronáuticas, militares, laboratorios de investigación y universidades, las cuales se encargan de desarrollar tecnología con fines militares, que le sirva a las grandes empresas multinacionales. La DARPA adelanta investigaciones sobre diversidad lingüística y cultural con el objetivo de incorporar esos conocimientos en un sistema computarizado, capaz de interactuar, asimilar o reproducir ciertas estructuras de pensamiento en el terreno militar y geoestratégico.

La Oficina de Servicios Militares en el Extranjero (FSMO) de los Estados Unidos es la encargada de programas analíticos sobre las “amenazas” asimétricas (guerrillas/terroristas) y emergentes (movimientos sociales y comunidades), desarrollos militares a nivel regional y ambientes operacionales en todo el mundo. La FSMO patrocina el proyecto México Indígena, cuya base de operaciones se encuentra en Oaxaca, uno de los estados donde existe mayor población indígena y protesta social. Ese proyecto busca construir un Sistema de Información Geográfica que permita mostrar las dinámicas de las comunidades de Oaxaca, o el llamado panorama cultural, como parte de las estrategias de monitoreo militar.

Este sistema se basa en las investigaciones militares hechas en Colombia, como parte de las operaciones de Estados Unidos. El análisis de datos geográficos de carácter civil permite crear estrategias de contrainsurgencia y monitorear los diferentes espacios geográficos de posibles conflictos. Esto último se proyecta con el estudio de la evolución de los conflictos sociales generados en el país, a lo que se suman los componentes de organización de las comunidades y movimientos sociales, para proyectar estrategias del conflicto. Este tipo de análisis se sustenta en la noción de ecología de la insurgencia, en el que se integra la información civil de carácter sociológico y antropológico, con datos lingüísticos, geográficos y ambientales, con la pretensión de elaborar un sistema de análisis contextual que sirva a las estrategias contrainsurgentes.

Este tipo de actividades contrainsurgentes son sistematizadas teóricamente por Geoffrey Demarest, que las sustenta en gran medida en sus análisissobre la evolución del conflicto en nuestro país y la necesidad de intervenir el territorio colombiano, con el fin de construir sistemas de control apropiados para la valorización e inversión de capital extranjero y el fortalecimiento de la “democracia” fantoche. Este plan de acción ha sido retomado en los gobiernos de Uribe y Santos, durante los cuales se han generado condiciones para privatizar el territorio de las comunidades, desde la perspectiva militar, legislativa y política, para que sea repartido como una tarta de cumpleaños entre las grandes transnacionales.

Es bueno precisar que Geoffrey B. Demarest es un militar contrainsurgente activo, egresado de la Escuela de las Américas. Fue agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala entre 1988 y 1991, una época de grandes masacres contra la población indígena. Pretende teorizar para proporcionar herramientas a las prácticas contrainsurgentes, a partir de un desprecio explícito a las comunidades populares, a las que considera como fuente de delito y criminalidad. Por eso, propone la privatización del suelo y la propiedad y la disolución de los vínculos comunitarios, mediante programas encaminados a generar una lógica individual y competitiva.

Pero sus estudios no se reducen a la contrainsurgencia en el mundo rural, sino que también aparece la contrainsurgencia urbana. Al respecto cabe mencionar el estudio de Demarest de 1995, titulado "La Geopolítica y conflicto armado urbano en América Latina", en donde sostiene que “los anarquistas, los criminales, los desposeídos, los entrometidos extranjeros, los oportunistas cínicos, lunáticos, revolucionarios, líderes sindicales, ciudadanos étnicos, especuladores de bienes raíces y otros pueden formar alianzas de conveniencia”. Asimismo, indica que esos sectores “pueden cometer actos de violencia y manejar ideas que provoquen a otras personas. Estas ideas pueden ser tan específicas como la resistencia a un aumento en las tarifas de autobús, tan inmediatas como los saqueos después de una celebración masiva, o tan amplias como la identidad étnica”.

Demarest propone la privatización de los terrenos de las comunidades pobres que habitan en los barrios de las ciudades, y la gentrificación (desplazamiento de los pobres de las zonas céntricas y su reemplazo por población de clase media o millonarios), como forma de expulsar a la población incómoda, la que es presentada como la base de la criminalización y el cuestionamiento de la propiedad privada y la seguridad en las urbes. Demarest tuvo la oportunidad de revisar sus análisis sobre contrainsurgencia urbana a la luz de un caso de Colombia, más exactamente de la ciudad de Medellín, específicamente la Operación Orión de octubre de 2002.

El mencionado G. Demarest ha efectuado estudios sobre dicha operación, a la que considera como un ejemplo exitoso de la contrainsurgencia urbana, cuyas enseñanzas se deben tener en cuenta en futuras operaciones de este tipo. En uno de esos estudios concluye: “El gobierno de Medellín ya está trabajando en la concepción de la administración de la ciudad en torno a los principios de ordenamiento territorial y el uso de tecnologías GIS sofisticadas. El éxito de las fuerzas de seguridad colombianas en Medellín puede atribuirse, en parte, a su aceptación y adopción del lenguaje y del método de planificación urbana”.

Para este personaje, teniente-coronel e investigador del ejército de los Estados Unidos, la paz es un resultado de resguardar la propiedad privada, de donde se desprende la necesidad de mapear los territorios como forma de garantizar su incorporación al régimen capitalista. Se trata de ocupar y despojar los territorios de las comunidades y someterlos a un férreo control militar y contrainsurgente, lo cual se facilita por la utilización de sofisticados sistemas de mapeo e información geográfica.

Este tipo de estudios en el ámbito social son impulsados por la oficina de Estudios Militares Extranjeros de los Estados Unidos con dos objetivos principales: “1) Se pone a prueba la posibilidad de utilizar científicos sociales para obtener información de inteligencia abierta, que el Ejército no puede recolectar de otra forma; 2) construir un catastro mundial que permita monitorear la transferencia de la propiedad, especialmente en áreas indígenas, centros del “crimen organizado”, y los grandes cinturones de miseria urbanos, donde la Oficina de Estudios Militares Extranjeros considera que se originarán las amenazas militares en el futuro”.

En conclusión, se trata de unas ciencias sociales al servicio del despojo imperialista, que utiliza académicos de la guerra en una clara perspectiva contrainsurgente y en beneficio del capital. Y Medellín ha sido un laboratorio para este tipo de estudios y por eso se le presenta como un caso exitoso, que incluso se ofrece y vende como una nueva mercancía, la de la contrainsurgencia urbana camuflada con nombres pomposos y atractivos (“innovadora”, “moderna”, “pujante”), como señuelo para atraer turistas e inversores. Con estos se quieren borrar las huellas del terrorismo estatal y paraestatal y de sus fosas comunes en el basurero de La Escombrera, a donde fueron lanzados los restos de las personas asesinadas. Sobre sus huesos reposa la imagen simulada y mentirosa de la modernización emprendedora de Medellín y de la “pujanza paisa”.

El pasado 24 de noviembre se cumplió un año de la culminación oficial del proceso de diálogo y negociación llevado a cabo entre la guerrilla FARC-EP y el Gobierno nacional, para darle, por fin, una salida social y política a ese conflicto militar cuya duración superó el medio siglo.

 

El proceso de negociación social y político al que estas dos fuerzas militares confrontadas entre sí por más de 50 años se involucraron, es el reconocimiento mutuo de la incapacidad de cada una de ellas de derrotar militarmente a la otra, pero también, y sobre todo, de aceptar que cada una de ellas es portadora de un modelo económico, de poder y de sociedad diferentes y adversos entre sí: la Mesa de Negociaciones en La Habana, un escenario sin derrotados ni vencidos militarmente, pero sí reconocidos como actores sociales y políticos.

El Acuerdo Final que da fe de ello, es el resultado de un consenso nacional social y político en el que participaron, además de los representantes de las FARC y del Gobierno nacional, muchos sectores sociales y comunitarios importantes del país, que de manera presencial aportaron valiosos insumos que enriquecieron cada uno de los temas gruesos del documento, en el que además se recogieron e incluyeron infinidad de proposiciones que llegaron a través de las redes sociales.

Es decir, a pesar de la distancia física entre la Mesa de negociaciones y la sociedad, se puede afirmar que este proceso en general fue el escenario de un diálogo social entre los administradores del modelo económico vigente y una gran parte de sus víctimas. Por efecto, el Documento (Acuerdo Final) reconoce tanto las razones sociales que motivaron el alzamiento de armas de dicha guerrilla (y por tanto, también víctima) como de la histórica deuda social que aún hoy el Estado tiene para con el pueblo colombiano.

El estado de salud del Acuerdo Final
Sin pretender “aguar la fiesta”, pero sí reflexionando sobre el estado de salud actual del Acuerdo Final (original), debemos echar un repaso al recorrido accidentado de (desde) esos cinco años que duró la gestación y posterior alumbramiento de esa hoja de ruta para la construcción de la paz con justicia social y dignidad, tan anhelada y soñada por varias generaciones, y mirar cómo va hoy.

Es imposible ocultar que este proceso desde sus inicios ha sido asediado y atacado por sectores poderosos de la élite colombiana que se niegan, no solo a compartir el poder que han usurpado por más de 200 años, sino a responder ante la sociedad colombiana por sus delitos atroces y de lesa humanidad que han cometido en toda la geografía nacional, en aras a conservar y ampliar cada vez más su poder, recurriendo incluso a la creación de grupos criminales narco-paramilitares.

Quisiéramos creer en la buena voluntad del presidente Juan Manuel Santos para con este proceso y para con la paz misma, pero no podemos dejar de lado la suspicacia que despertó su anuncio unilateral e inconsulto con las FARC, de llevar a un plebiscito el Acuerdo Final, toda vez que “este era innecesario e inconstitucional, ya que la firma misma del proceso de paz con la guerrilla era una aplicación concreta del derecho constitucional fundamental consagrado en el art. 22 de la Carta Política de 1.991, que reza 'la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento'” (Jesús Pérez González, Revista Semana, 11-10-2017). El resultado de este plebiscito puso en entre dicho el trabajo de cinco años, y en aprietos al Acuerdo mismo, pero se sorteó haciéndole las primeras modificaciones acorde a los intereses de los más recalcitrantes enemigos de la paz.

Posterior a esto y como efecto de los resultados adversos, Juan Manuel Santos entregó el Acuerdo Final para su convalidación y reglamentación por Fast Track (vía rápida para la aprobación por bloque temático del Acuerdo Final), a las manos del Congreso de la República, en el que la gran mayoría de sus integrantes se hallan inmersos en procesos jurídicos y disciplinarios por delitos de corrupción (ejemplo Cambio Radical) y de para-política (ejemplo Centro Democrático).

No es fácil entender cómo alguien con una pisca de sentido ético entregue a una instancia tan cuestionada e ilegitimada, el fruto de cinco años de trabajo que apenas son los mínimos necesarios para empezar a saldar la gran deuda social con los colombianos, a través de los Planes Nacionales, los Proyectos de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los Planes Nacionales Integrales de Sustitución (PNIS), así como a través del Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y el compromiso de No Repetición (SVJRNR), para, tal como lo mandata el Acuerdo, poner al día la deuda jurídica acumulada en esos 50 años de guerra fratricida.

Como si fuera poco, la Corte Constitucional, a inicios del mes de mayo, hizo su primer aporte contra el Acuerdo Final, tumbando la esencia del Fast Track, y brindando la posibilidad al Congreso de la República para iniciar “estudio” (léase manoseo) de punto por punto y posterior modificación a su antojo.

Al unísono de estos lamentables episodios, se suma el del cuestionado fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien descarga “petardos” contra la Jurisdicción Especial para la Paz (punto 5 del Acuerdo Final y columna vertebral del Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición), contra el derecho a la participación política del nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (punto 2 del Acuerdo Final), y contra sus dirigentes, amenazando con una pronta persecución jurídica hacia ellos.

A este panorama ya caldeado de por sí, la sangre de campesinos, indígenas y afros hace su presencia cuando una manifestación de cocaleros en Tumaco, que se resistían a la erradicación manual, la cual va en contravía a lo acordado sobre la Sustitución de cultivos de uso ilícito (punto 1 y 4 del Acuerdo Final), fue atacada a tiros por el Ejército y la Policía nacional y, que según informe de Defensoría del Pueblo y de Organismos de Derechos Humanos, dejó un saldo de diez muertos y una veintena de heridos. Posterior a este sangriento suceso, han sido asesinados varios dirigentes sociales y comunitarios de esta región del pacífico colombiano, que se suman a la larga lista de casi un centenar de asesinatos de líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos durante el 2017, sin contar los más de 30 ex militantes de la antigua FARC-EP que han sido asesinados a mansalva en diferentes regiones del país.

Ahora bien, presenciamos cómo la Corte Constitucional se pronunció respecto a la Jurisdicción Especial para la paz (JEP), pero más parece otra arremetida contra la esencia del Acuerdo Final, toda vez que al excluir a terceros (empresarios, ganaderos) que participaron en crímenes atroces, dio vía libre a la permanencia de la impunidad, limitó a 20 años la permanencia de la JEP, y trasladó lo pertinente a las tutelas hacia la justicia ordinaria, es decir, gran parte de lo que adelante y sentencie la JEP quedará a merced de la justicia ordinaria que siempre ha favorecido con notoria impunidad o condenas irrisorias al “poderoso”.

Así mismo, la Corte Constitucional dio vía libre para que, al día siguiente de dicha sentencia, la plenaria del Senado “amordazara” a la JEP y la reglamentara, como ya lo advertimos, a merced de los intereses de los verdaderos responsables directos y terceros de la guerra sucia que enlutó y sigue enlutando nuestra patria. Así, la Corte Constitucional también arremete contra las garantías de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición (punto 5 y 6 del Acuerdo Final).

Por su parte, los medios masivos de comunicación (RCN, Caracol, City Tv, CM&, Noticias Uno, El Tiempo, El Espectador, etc.), han sostenido un libreto noticioso y de opinión en estos temas de paz y de justicia social con un formato que estigmatiza, desinforma y oculta la verdad. En este caso en particular, han servido de parlante para desviar la atención de la esencia fundamental de este proceso, poner en la tribuna pública a la guerrilla y su dirigencia como único actor militar de la guerra y sus consecuencias desafortunadas, y engañar al país al proteger a los verdaderos responsables de los cientos de miles de asesinados, cientos de masacres, de los casi cinco millones de desplazados y de cientos de miles de hectáreas de tierra rural arrebatadas a sus legítimos y legales dueños (campesinos, indígenas y afros).

Soplan vientos de traición
En ese orden de acontecimientos, para nada aislados entre sí, se evidencia de manera clara, desde nuestro punto de vista, un perverso entramado sistémico conspirativo contra el Proceso de Paz y su Acuerdo Final, iniciado por el mismo presidente Santos y orquestado con las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación, el Congreso de la República, la Corte Constitucional, los medios masivos de comunicación, los empresarios, ganaderos, terratenientes, y los sectores, ya no tan oscuros, de la narco-parapolítica institucionalizada.

Ajeno a lo acertado que sea esta hipótesis, lo cierto e inocultable es que al Acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y la FARC, le soplan fuertes vientos de traición por parte del régimen, desde sus diferentes vertientes, sin excluir al ejecutivo mismo. Abonan así el terreno hacia una nueva burla y frustración a los anhelos de paz con dignidad y justicia social para la presente y futura sociedad colombiana.

Quienes algo conocemos de esta oligarquía, sabemos que la vergüenza por el incumplimiento a su palabra empeñada siempre ha brillado por su ausencia, y en este caso no será la excepción, incluso frente a la misma comunidad internacional que respaldó y acompañó este proceso. La pregunta que surge, en el marco del actual estado de Acuerdo Final es: ¿con qué argumentos éticos pretende el Gobierno llevar a “feliz término” las negociaciones con la guerrilla del ELN, que hoy se adelantan en la llamada “Mesa de Quito”?

Octubre nos dejó una nueva jornada de indignación en el país. Miles de hombres y mujeres del campo y la ciudad decidieron lanzarse de nuevo a calles y carreteras para mostrar su descontento con las políticas del gobierno de Juan Manuel Santos, pero no solo de él sino de lo que han sido históricamente las decisiones y acciones de quienes han hecho del ejercicio del poder un mecanismo para saciar sus propios privilegios.

La exigencia de mejores condiciones de salud y educación, del cumplimiento de los acuerdos firmados por los distintos Gobiernos con las comunidades, más la lucha por garantías para la participación, la denuncia y visibilización del asesinato de líderes y líderesas sociales y defensores de derechos humanos, el rechazo al modelo económico extractivista, y la exigencia de la implementación de los acuerdos del Gobierno y las FARC y de la participación social en la mesa conel ELN, estuvieron entre las razones que enarbolaron campesinos, indígenas, mujeres, estudiantes, trabajadores y trabajadoras estatales, maestros y pobladores urbanos, para levantar en un solo tono su grito de Indignación.

La indignación se mantiene y avizora mayores luchas
Esta nueva jornada evidencia que el descontento de amplios sectores sociales se mantiene. Si bien estas jornadas de la indignación no tuvieron la fuerza de la Minga del 2016 ni de los paros agrarios, mineros y de transportadores que le precedieron entre el 2013 y el 2015, es significativo que, pese a la criminalización de la protesta social con la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía, más la represión ilegal ejercida por el neoparamilitarismo sembrando el terror, la incertidumbre y el desconsuelo entre las comunidades organizadas, aún persista la dignidad popular y se manifieste en las calles expresando que no se dejará amedrentar en su lucha por la paz con justicia social.

En esta ocasión, ante el evidente esfuerzo de los medios masivos de comunicación alinderados al poder de las élites, se movilizó la comunicación alternativa y popular para visibilizar las acciones de las comunidades en los territorios; la voz de campesinos, indígenas y mestizos se hizo escuchar por los diferentes medios que las mismas comunidades y organizaciones sociales impulsan para expresar sus problemáticas, sus luchas y sus propuestas. También surgieron creativas y alegres maneras de movilizarse, con batucadas, comparsas, danzas, y cantos cargados de indignación y alegría como un acto de rebeldía contra quienes quieren seguir sembrando de guerra los territorios.

Más importante aún es que esta jornada que tuvo su momento cúspide en la movilización del 12 de octubre, permitió que múltiples sectores que han actuado solos durante estos años, se juntaran para hacer más fuerte su grito, agrupados en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, la Coordinadora de Organizaciones Sociales y el Comando Nacional Unitario, en una jornada que deja nuevos escenarios de lucha, organización y movilización para el campo popular.

Que el descontento se transforme en indignación y rebeldía
Son varios los retos que tiene ahora la movilización popular. En primer lugar, dar continuidad a los esfuerzos de movilización y organización de cada sector, y mantener y nutrir los espacios de articulación, asunto indispensable para elevar los niveles de movilización y acción de las organizaciones sociales, sindicales y políticas de la clase popular.

Un reto mayor está en tener la capacidad de traducir el descontento generalizado, tanto con el Gobierno nacional como con la clase política dirigente que históricamente ha gobernado, en indignación popular y rebeldía. Para nadie es un secreto que en las esquinas, en los buses, en las cafeterías, en el cultivo, en la obra y hasta en la casa, la voz de cada hombre, mujer, joven y viejo, expresa su inconformismo, su queja permanente por el costo de vida, por los precios de los alimentos, por el pésimo servicio de salud, por la nefasta movilidad de las ciudades, por la mala y costosa calidad de la educación pública, por las altas tarifas de los servicios públicos, y por la inseguridad generalizada producto de las desigualdades sociales. Pero todo ese descontento no necesariamente se ha traducido en acción transformadora por parte de la gente de a pie. Al contrario, tal molestia generalmente se ha traducido en conformismo que lleva a la quietud; claro está que ello es producto de los hábiles mecanismos que las clases dominantes desarrollan para mantener adormecida a la gente, lo que no libra de responsabilidad a los sectores organizados que luchamos por la transformación social, de nuestra incapacidad para seducir, enamorar y acercar a las mayorías descontentas.

De allí que un tercer reto esté en la capacidad de generar nuevas y variadas formas organizativas, que trasciendan las que comúnmente conocemos y que en muchos casos no resultan atractivas para la gente trabajadora de este país.

Desatar la participa-acción para que la indignación dé sus frutos
Si bien los acuerdos alcanzados entre el Gobierno nacional y las FARC no son todo lo que esperaríamos para mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano, allí existen muchos elementos cuya implementación es necesario defender. Muchas de las cosas allí plasmadas pueden contribuir a garantizar unos derechos mínimos que cualquier sociedad medianamente democrática debería tener. Exigir al Gobierno que cumpla lo pactado, que no le haga más trampas a la implementación ni le tuerza el cuello a lo firmado, es una obligación para el movimiento popular.

Y es también una oportunidad y una tarea del campo popular disputarse el escenario de participación que abren los diálogos del ELN y el Gobierno nacional. Allí tendremos que meternos, desatar la participación no solo de quienes ya están organizados, sino de todos y cada uno de los colombianos que tienen algo para decir y exigir, y proponer cambios que posibiliten la construcción de la paz con justicia social. Se trata entonces de defender la implementación de lo acordado en La Habana, y de luchar para que en los futuros acuerdos en la mesa de Quito se pueda lograr mucho más.

Pero la participación no puede limitarse a los escenarios de implementación y negociación con las insurgencias. Es necesario que se trascienda del debate, la discusión, el diagnóstico de problemáticas y la lluvia de propuestas. La participación tiene que desatar la acción transformadora, que lo que la gente dice que tienen que ser los cambios para construir la paz, sea a su vez la acción que realicemos colectivamente para lograrla. No bastará con decir que nos oponemos al modelo minero-energético, hay que ser capaces de frenar su implementación en los territorios; no bastará que digamos que la salud y la educación están mal, si no nos organizamos y movilizamos para que se garanticen como bien social; no bastará que digamos que nuestros gobernantes son pésimos, sino somos capaces de elegir a otros que salgan de nuestros procesos. No bastará con indignarnos, será necesario transformar.

Los colombianos nos encontramos en un contexto de cierre definitivo del conflicto armado, lo cual nos llena de alegría y esperanza. Los impactos por el silenciamiento de los fusiles son evidentes, especialmente los relacionados con el derecho a la vida: las cifras de violencia producto de la confrontación bajaron en más de un 90%. Eso ya es un hecho histórico que no podemos desconocer, así como agradecer a sus protagonistas.

Sin embargo, paradójicamente los asesinatos contra defensores y defensoras de derechos humanos no han parado; las cifras son contundentes. Eso significa que hay una guerra contra estos activistas. De ahí la preocupación de muchos sectores de la sociedad, la comunidad internacional, e incluso, de instituciones del Gobierno y Estado colombiano, responsables de proteger a los activistas de DDHH.

En consecuencia, desde el Programa Somos Defensores quisimos ir más allá de las cifras y análisis coyunturales para indagar sobre qué elementos subyacen para que el fenómeno se mantenga. Para ello, nos fuimos a las entrañas mismas del Estado colombiano, como el garante de derechos que es, y a través de informes especiales, identificamos tres elementos (ya descritos en las páginas de Periferia hace varios meses) que a nuestro entender son problemáticos y ponen en cuestión la legitimidad del Estado frente a su responsabilidad de garantizar la vida y libertad de estos activistas.

EPISODIO I. La impunidad contraataca
Analiza 458 casos judiciales de líderes y lideresas sociales asesinados entre los años 2009 y 2016, periodo que lleva el Proceso Nacional de Garantías, espacio de interlocución entre el movimiento de DDHH, el Gobierno y Estado colombiano, acompañado por la comunidad internacional, y que coincide también con los dos mandatos del presidente Juan Manuel Santos.

Con información de la misma Fiscalía General, el Episodio I da cuenta en detalle sobre los avances judiciales en los casos referidos. La primera conclusión es que 397 casos (87%) se encuentran en la impunidad. La segunda, que en tan solo 28 casos (6%) hay esclarecimiento, es decir cuentan con sentencias en firme, pero una cifra muy baja para el elevado número de asesinatos. Adicional a ello, la Fiscalía no hizo mayor esfuerzo; la Oficina de Naciones para los Derechos Humanos en Colombia, fue quien ayudó a documentarlos.
Por otra parte, el 63% de los casos se encuentran en etapa de indagación, lo cual es grave en la medida que en muchos de los hechos han pasado varios años desde su ocurrencia y las pruebas se han perdido.

El análisis de los casos esclarecidos tampoco da cuenta de los responsables intelectuales de los crímenes, se queda en autores materiales sin ninguna conexión con grupos paramilitares o agentes de la Fuerza Pública, a lo sumo con disidencias de las guerrillas. Tampoco profundiza en modus operandi, ni patrones de ataques.

Otra gran conclusión que refiere el Episodio I es que con estos resultados tan precarios, la Fiscalía no tiene elementos suficientes para afirmar que detrás de los homicidios contra defensores y defensoras no hay sistematicidad, pues ello sólo se puede deducir de altos niveles de investigaciones sentenciadas.

EPISODIO II. El lado oscuro de la fuerza
Se adentra en un aspecto espinoso de tratar en un país como Colombia, donde indagar sobre el papel de los servicios de inteligencia en el contexto de violencia socio política, además de reservado, es un tema tabú. Pues bien, este Informe Especial logra hacer una línea de tiempo que da cuenta de cómo se crearon y crecieron los servicios de inteligencia en el país, sus intereses, apoyos económicos, docilidad de acuerdo a los intereses de los mandatarios de turno, el fortalecimiento de la tecnología para el seguimiento –legal o ilegal– sin control alguno por parte del resto de ramas del poder público, de tal manera que han podido criminalizar al movimiento social y de DDHH, en total impunidad.  

Para ilustrar cómo la inteligencia oficial ha sido utilizada para perseguir, estigmatizar y desprestigiar a organizaciones sociales y activistas, se describen casos de Cali, Medellín, Barrancabermeja y Bucaramanga, y también el caso más conocido por lo mediático, el del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

A lo largo del Informe también se desarrolla la tesis según la cual las Fuerzas Militares, desde que crearon la teoría del enemigo interno para perseguir a las insurgencias, ampliaron esta concepción para combatir también al movimiento social, de DDHH, opositores políticos y todo estamento que consideraran crítico del Estado colombiano. Bajo este concepto naturalizaron la persecución a través de sus servicios de inteligencia y llegaron a tales grados de criminalización.

EPISODIO III. La amenaza fantasma
Contrario al papel cumplido por las instituciones anteriores, este Informe muestra cómo los Gobiernos nacionales, especialmente a través de entidades como el Ministerio del Interior, Vicepresidencia y Consejería para los DDHH, sí se preocuparon por mecanismos de protección para personas en riesgo alto o extremo, lo cual se refleja en una extensa normatividad desarrollada a lo largo de estos años. Sin embargo, tales esfuerzos han sido insuficientes, pues la problemática de ataques al liderazgo social persiste y pareciera crecer.

En ese sentido, el hallazgo principal del Episodio III se centra en describir que el “pecado” del Gobierno nacional radica en haberse dedicado a generar mecanismos de protección únicamente físicos, materiales e individuales, sin tener en cuenta el fondo de los contextos, donde han jugado un papel determinante las dos problemáticas descritas en los Episodios I y II, lo cual convirtió la protección en un instrumento aislado de las causas, factores y actores provocadores de los crímenes contra defensores y defensoras de DDHH. En otras palabras, los Gobiernos nacionales pusieron el acento en proteger personas de manera individual como en una “burbuja aséptica” de la violencia socio política, pero sin trascender a resolver las causas estructurales que alimentan la persistencia del fenómeno.

Así las cosas, decir que si en el actual contexto, el Estado y Gobierno colombiano están realmente comprometidos con la búsqueda de la paz, es necesario que frenen de raíz la criminalización contra tantos hombres y mujeres que se levantan diariamente a luchar por los derechos de sus comunidades. Para ello las políticas provenientes de las diferentes instituciones y ramas del poder público deben ser sistémicas y responder al fondo del problema y dejar de responder a la presión social y mediática a través de directrices e informes efectistas, espontáneos y coyunturales. Sólo así recuperarán la legitimidad perdida como garante de los derechos humanos de los colombianos.

*Directora de la Asociación MINGA. Coordinadora del Programa Somos Defensores

Durante la última semana del mes de agosto se materializó el paso a la vida política y social legal de la organización guerrillera FARC-EP, dejando atrás la  guerra militar que le declaró hace 53 años al  régimen colombiano y a la tradicional élite política y económica que ha ostentado el poder por más de 200 años.

 

Tras un largo y tortuoso camino de diálogo y negociaciones iniciado hace seis años entre FARC-EP y el Gobierno nacional en La Habana- Cuba, para poner fin al conflicto armado colombiano, el pasado 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá se oficializó la culminación de la Mesa de Negociaciones. Allí se firmó  y se dio a conocer al país y a la comunidad internacional el Documento del “Acuerdo Final para la Terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera” compuesto por más de 300 páginas y en el que se reseña  todo lo acordado entre las partes para materializar la solución  política y social al conflicto armado que por más de 50 años ha azotado al país.

Superando la pequeñez
La construcción del Acuerdo Final entre los delegados del Gobierno nacional, los integrantes de las  FARC-EP  y los sectores sociales que también allí participaron, estuvo marcado por diferentes y diversos episodios desafortunados que pusieron en grave riesgo el proceso mismo a tal punto de llevarlo, en varias ocasiones, casi a su fracaso. Casos como los constantes saboteos  guerreristas de un gran sector de la élite colombiana, la ya reconocida intransigencia y mezquindad del Estado y del Gobierno nacional para ceder en temas económicos y sociales en beneficio de millones de  víctimas del modelo económico, y el resultado del plebiscito –producto de la desinformación y la mentira- no lograron, en esta primera etapa, derrotar la perseverancia y los anhelos de paz con justicia social  que reclama el pueblo colombiano.

Camino  hacia las zonas veredales
A partir del 1 de diciembre de 2016 se dio inicio al traslado y concentración de toda  la militancia  (guerrilleros/as y milicianos/as)  de las FARC-EP a las 26 Zonas Veredales Transitorias y de Normalización (ZVTN) y a los ocho Puntos Transitorios de Normalización (PTN) localizados en la geografía rural nacional  donde mayor presencia e incidencia había ejercido esta guerrilla durante su actividad político-militar. En tales zonas se dio el proceso de conteo del armamento, de censo de los militantes,  de todo lo pertinente a la cedulación, de certificaciones para las amnistías e indultos, de compromisos individuales por escrito de no volver a tomar las armas para confrontar al Estado, recepción y registro de información para asunto de víctimas del conflicto militar, de capacitaciones académicas y  jornadas de pedagogía del Acuerdo Final con comunidades de todo tipo que visitaban las zonas, y  de muchas otras  funciones propias del proceso de reincorporación de esta guerrilla a la vida civil consignadas en el Acuerdo Final y sus respectivos protocolos.

A pesar de los incumplimientos: ¡adiós a las armas!
La culminación de las ZVTN, igual que el retiro del  armamento que ya reposaba  en los respectivos  contenedores de cada una de las ellas, se extendió 75 días más en el calendario acordado, debido a los constantes y sistemáticos incumplimientos por parte del Estado y del Gobierno nacional a lo acordado en La Habana, en lo que respecta a la entrega e infraestructura de las zonas veredales; la sentencia de inconstitucionalidad que hiciera la Corte Constitucional al llamado Fast Track (vía rápida) –dos meses después de que esta misma magistratura la hubiese avalado–, lo cual  ha hecho vulnerable y frágil el  Acuerdo Final en manos del Congreso de la República y de los enemigos acérrimos del mismo; los obstáculos y freno a la libertad de los presos; la lentitud en la cedulación, entre otros. El 16 de agosto la ONU certificó la dejación total de las armas de esta organización guerrillera y se oficializo por tanto el fin de las FARC-EP en su carácter de ilegal y militar.

Congreso fundacional
A pesar de los  muchos temas que aún reposan en la mesa del Gobierno para su cumplimiento, de los ya reiterativos ataques, señalamientos y acusaciones   ”malaleches”  provenientes  de la narco-parapolítica  incrustada en el Congreso de la República, de la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Néstor Humberto Martínez, y de RCN y Caracol, las FARC, con más de 1.200 delegados  de todo el territorio nacional, por fin pudieron llevar a cabo el Congreso Fundacional del  partido político con el que ingresarán a la vida civil política y social para disputarse, junto con el pueblo colombiano, el poder político para una Colombia con justicia social y dignidad.

El Congreso fundacional de las FARC sesionó durante cinco días sin pausa, y luego de sus deliberaciones y decisiones democráticas le presentó al país, entre muchas otras conclusiones, su nombre: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, un partido comprometido con la lucha de clase, su confrontación al capitalismo y al imperialismo; su símbolo: una rosa roja en fondo blanco; una Dirección Nacional compuesta por 111 integrantes  en la que se refleja la representatividad de toda la guerrillerada, del PCCC (Partido Comunista Colombiano Clandestino) y del Movimiento Bolivariano (estos últimos apéndices de la organización insurgente en su trabajo social y político en la clandestinidad); y la Plataforma Estratégica del Partido. En un gran evento político cultural llevado a cabo el primero de septiembre en la Plaza de Bolívar de Bogotá, y en presencia de más de 15.000 asistentes, se clausuró este congreso y se hizo el lanzamiento público y oficial del partido FARC y su compromiso a apostarle, en esta coyuntura, a una Gran Convergencia Nacional hacia un Gobierno de Transición para el periodo 2018-2022.

La política ética  más difícil que la guerra misma
Sin duda alguna, dos amenazas fuertes acechan al nuevo partido político FARC y a sus integrantes en el escenario de legalidad a asumir: una es la sombra  de la  muerte, ya sea por parte de la derecha oligárquica o la derecha narco-paramilitar (o ultraderecha, que en todo caso favorece a la primera), como ya sucedió, en casos recientes,  con el exterminio de la Unión Patriótica, el asesinato en 1.990 de Carlos Pizarro –comandante del M-19  y candidato presidencial- y de innumerables líderes y lideresas sociales y políticos asesinados por el Estado colombiano de manera directa o a través de sus reconocidos escuadrones de la muerte; y la otra amenaza es la  cooptación que el sistema hace de sus contradictores, como también ya sucedió con algunos jefes altos y  medios de las cuatro organizaciones guerrilleras (M-19, PRT, EPL, CRS) que  dejaron sus armas a inicios de los años 90 y quienes no sólo se desmovilizaron ideológicamente, sino que terminaron legitimando, con sus cuestionados procederes políticos y personales, al sistema social y político oligárquico que decían confrontar, e incluso, algunos de ellos terminaron asociados con la narco parapolítica.

Ojalá esta nueva luz de esperanza para una Nueva Colombia, recreada en la  justicia social, la libertad, la dignidad, la soberanía y el poder popular,  se haga realidad y no pase a ser un capítulo más del libro gordo de las frustraciones que alimenta la memoria amarga de nuestra  martirizada patria.

A finales de agosto el huracán Harvey originó una de las peores inundaciones en la historia de Estados Unidos. A su paso por el Estado de Texas produjo medio centenar de muertos, destrozó unas 150 mil viviendas y destruyó cerca de un millón de automóviles, dejó sin luz eléctrica a 300 mil personas y afectó en forma directa a otras 13 millones. Se calcula que el costo total de su impacto equivale a unos 150 mil millones de dólares.

La inundación fue resultado de una lluvia sin precedentes, hasta el punto que algunos meteorólogos informan que una de ese tipo se produce cada mil años. En efecto, cayó sobre el Estado de Texas tanta agua en un día, como el equivalente a la que pueda caer en un año, y con dicha cantidad se podrían llenar 35 mil edificios como el Empire State, que tiene 102 pisos.

Los medios de desinformación muestran las escenas de destrucción como si fueran accidentales e inexplicables. En ese contexto, nadie habla del cambio climático como la razón básica que explica lo sucedido en Texas, el primer Estado petrolero de los Estados Unidos, y en Houston, considerada la capital petrolera del mundo. ¿Por qué este huracán fue tan destructivo? ¿Qué explica que Houston y otras ciudades hayan recibido un nivel de lluvias nunca antes visto y se hayan inundado?

Para empezar, el Estado de Texas es una tierra de los republicanos que niegan el cambio climático y han convertido la construcción en un próspero negocio, completamente desregulado y sin ningún control gubernamental. Esto explica que se hayan destruido la mayor parte de humedales que existían en las afueras de la ciudad, el 70% en el período 1992 y 2010. Esos lugares ahora están pavimentados, con lo que se ha perdido una fuente natural de control de aguas y se han construido edificaciones, principalmente para pobres, en zonas fácilmente inundables.

Al mismo tiempo, la fuerza del huracán y las intensas lluvias son un resultado del aumento de la temperatura en las aguas del Golfo de México, que hoy son dos grados más calientes que en 1980. Y este incremento en el calor de las aguas oceánicas es la fuerza que alimenta los huracanes que se han hecho más frecuentes y destructivos en los últimos años por el calentamiento mundial, por la sencilla razón que el aumento de la temperatura calienta los mares y lanza más agua evaporada a la atmósfera.  Y ese calentamiento es producto del uso de combustibles fósiles, cuyo campeón indiscutible es Estados Unidos y su emblema el Estado de Texas. Visto así el asunto, tenemos que el cambio climático se ha sentido en forma directa en una región donde se encuentran los principales responsables de esa brusca modificación del clima. Y eso se ha producido en el mismo momento en que el Gobierno del millonario Donald Trump niega que exista el cambio climático.

Que Harvey, como fue bautizado el huracán que llegó hasta Texas, se hubiera presentado en la primera potencia mundial, indica que el cambio climático, uno de los eventos más dramáticos de nuestro tiempo, no va a discriminar entre ricos y pobres, aunque desde luego estos últimos sean siempre los primeros y más afectados. Eso mismo sucede en los Estados Unidos, puesto que los muertos y damnificados por el impacto de Harvey son los pobres y los negros, que no tienen dinero ni recursos para huir fuera del Estado o viven en los lugares más desprotegidos y en las viviendas construidas en zonas inundables y con materiales de mala calidad.

Lo sucedido con Harvey pone de presente que en Estados Unidos, en virtud del individualismo y egoísmo dominantes, sus habitantes no están preparados ni han sido educados para afrontar este tipo de catástrofes, que se creía solamente iban a azotar a los países más pobres de la cuenca del Caribe. Como no existen planes de prevención, la solución que se adapta como se ha visto también en La Florida con el huracán Irma, es de lo más tragicómica: huir en carro de los huracanes y las tormentas, formando interminables trancones de miles de kilómetros y quemando millones de galones de gasolina, lo cual acelera el cambio climático y le suministra combustible a los huracanes, para que sean más frecuentes y destructivos. Ese es el costo de la ignorancia ambiental y de la arrogancia que supone que puede huirse en forma impune de los problemas que genera un modelo irracional de vida y de sociedad.

En lugar de considerar los efectos negativos de este modo de vida (o mejor de muerte) sobre el clima mundial, siendo los datos científicos cada vez más contundentes,  no podían faltar las “explicaciones” religiosas de los pastores protestantes, para quienes las inundaciones de Texas no son resultado de ningún cambio climático, puesto que ellos niegan que exista, sino que son un castigo de Dios porque en ese lugar y en todos los Estados Unidos se acepta la homosexualidad. Por ejemplo, el pastor evangélico Kevin Swanson aseguró que no era coincidencia que las inundaciones hubieran sucedido en Houston, donde “hubo una muy activa alcaldesa pro-homosexual hasta mayo del 2016”, porque “Jesús envía el mensaje a casa, a menos que los estadounidenses se arrepientan, a menos que Houston se arrepienta, todos ellos también perecerán”.

A la impunidad ambiental que caracteriza a los dueños de Texas, los grandes petroleros, junto con su analfabetismo climático, debe agregársele, para configurar un explosivo coctel, la ignorancia del fanatismo religioso, con su sarta de embustes y estupideces. Que esa mezcla se produzca en los Estados Unidos, la primera potencia mundial y epicentro de los mayores desarrollos científicos y tecnológicos, indica que la estupidez no tiene patria y es de las pocas cosas que verdaderamente se han globalizado, hasta alcanzar unas cotas de cretinismo que abruman por su falta de sentido. En esta perspectiva, en Estados Unidos aparte de los huracanes producidos por el cambio climático, hay que agregar los huracanes del odio, la ignorancia y la mentira.

El 20 de julio, día de la independencia de Colombia, como cruel paradoja de fondo, el director de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), el ultraderechista Mike Pompero, reveló, durante un foro sobre seguridad realizado en el Instituto Aspen de Colorado, Estados Unidos, que había realizado viajes a Bogotá y Ciudad de México a comienzos del mes de julio en donde habló con el alto Gobierno de estos dos países sobre Venezuela.

En concreto, afirmó que ''cada vez que tienes un país tan grande, y con la capacidad económica de un país como Venezuela, Estados Unidos tiene profundo interés en garantizar que el país esté tan estable y democrático como sea posible”. Una confesión  que indica que el interés de los Estados Unidos en Venezuela, encubierto con una retórica falsamente democrática, es el petróleo de ese país, y para apropiarse plenamente de esa riqueza van a intervenir cuando les venga en gana, como en efecto lo están haciendo en forma descarada.

Agregó el terrorista en jefe de la CIA que “estamos trabajando muy duro para hacer eso” (es decir, desestabilizar al Gobierno legítimo y constitucional de Venezuela). Argumentó además que  “yo siempre tengo cuidado cuando hablamos de Sur y Centroamérica y la CIA. Hay muchas historias. Así que quiero tener cuidado con lo que digo (cuidado para anunciar que está en marcha un golpe de Estado contra Venezuela,


debe entenderse), pero basta señalar que estamos
muy optimistas de que puede haber una transición en Venezuela, y nosotros –vale decir la CIA– está haciendo lo mejor de sí para entender la dinámica allá, para que podamos comunicársela a nuestro Departamento de Estado y otros, los colombianos. Acabo de estar en Ciudad de México (el viaje de la primera semana de julio, junto con el general Kelly), en Bogotá, la semana antepasada, hablando sobre este tema precisamente, intentando ayudarles a entender las cosas que podrían hacer para lograr un mejor resultado para su rincón del mundo y nuestro rincón del mundo''.

El jefe de la principal agencia terrorista de los Estados Unidos está diciendo, sin tapujos, que les ha ordenado a los gobiernos vasallos de México y Colombia que incrementen su participación en el proceso terrorista en marcha en Venezuela, cuyo fin estriba en derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro. Cuando el dueño del circo habla, en este caso el Director de la CIA, hay que creerle, máxime cuando esas palabras se ven rubricadas por los hechos: el Gobierno de Donald Trump, cual amo imperial de otros tiempos, impuso sanciones a miembros del Gobierno venezolano, entre ellas a funcionarios que se encuentran al frente del proceso constituyente, y dio la orden de retirar a su personal diplomático de Caracas; al mismo tiempo, arreció por medio de su “Ministerio de Colonias”, la Organización de Estados Americanos (OEA), su intento de legitimar una intervención en la República Bolivariana de Venezuela, aunque nuevamente esta maniobra le falló.

De inmediato, los payasos del circo, representados por el Secretario de Relaciones Exteriores de México y la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, salieron a decir que el Gobierno de Venezuela estaba malinterpretando las palabras del amo imperial, que no querían decir lo que dijo, cuando estuvo en estos países dando órdenes.  

Según las declaraciones vergonzosas de los payasos de México y Colombia deberíamos creer que el jefe de la CIA visita nuestros países para hablar de temas tan “transcendentales” como el divorcio del futbolista James Rodríguez o la eliminación del Tricolor (la selección mexicana de Futbol) de la Copa de Oro y las preocupaciones que le genera que su director técnico, el colombiano Juan Carlos Osorio, haya sido abucheado al llegar al aeropuerto de Ciudad de México y le hayan gritando “vete a tu país”… A hablar de asuntos de “tanta monta” vendría el Director de la CIA a su patio trasero y no habría que malinterpretarlo con suposiciones sobre golpes de Estado y acciones terroristas oficiales de Colombia y México.

Los hechos muestran la manera rastrera como los actuales gobiernos de México y Colombia son cachorros de Estados Unidos en el continente latinoamericano, continuando con una tradición, rubricada en las últimas décadas en el caso del país azteca, y una actitud postrera por parte del Estado colombiano desde  comienzos del siglo XX.

Siguiendo el guión diseñado en los Estados Unidos, que se quitó la careta humanitaria y ha señalado la hora cero para derrocar el Gobierno de Nicolás Maduro, los regímenes de Colombia y México actúan en consonancia con ese guión, que significa el apoyo incondicional a los terroristas de Venezuela, formados y preparados por paramilitares colombianos, alcanzando unos niveles escandalosos de injerencia en los asuntos internos del hermano país. Acá en Colombia, por ejemplo,  se les dan clases de “democracia” a los venezolanos, se aplaude a través  de los medios de desinformación terrorista (Semana, El Espectador, El Tiempo, Caracol, RCN…) las acciones criminales de los mal llamados opositores, se insta a que se sabotee el proceso constituyente en marcha, se pinta como héroes a los criminales y asesinos (como Leopoldo López), se recibe oficialmente a gobernadores opositores (como a Henrique Capriles, del Estado de Miranda), se avala un fraudulento plebiscito y se aceptan como válidos los supuestos siete millones y medio de votos (en el que hasta los muertos votaron y se quemaron las urnas).

Para completar la vergüenza, que en este caso produce el hecho de ser colombiano, el régimen santista junto con Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, EE.UU., Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú presentaron una fallida declaración intervencionista que “exigía” suspender las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Esta declaración alcanzaba tal grado de injerencia que hasta el Gobierno de Uruguay se negó a apoyarle y le quitó el respaldo al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, otro cachorro del imperio, de nacionalidad uruguaya.

Esta decisión demuestra que no todos son peones del imperialismo ni tienen el grado de abyección y entreguismo que caracteriza a las clases dominantes de Colombia, de las cuales Juan Manuel Santos es uno de sus más conspicuos ejemplares: anti latinoamericanos por excelencia, enemigos de los pueblos del sur del Río Bravo, eslabones de la dominación imperialista, en fin, títeres amaestrados en inglés.  

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