Movida Social

81 años después de la reforma agraria promulgada por el presidente Alfonso López Pumarejo, las actuales demandas que el campesinado le hace al Estado siguen siendo las mismas. A pesar del potencial productivo de un país con la diversidad climática y topográfica de Colombia, las cifras demuestran la incapacidad estatal para hacer del campo un proyecto de vida rentable y digno.

Teniendo en cuenta los desafíos que implica este contexto agrario, del 24 al 29 de noviembre del 2017, en San Alberto, Cesar, el Coordinador Nacional Agrario (CNA) celebró su VI Asamblea, con 600 representantes de sus 61 procesos campesinos adscritos. Las plenarias celebradas durante la asamblea arrojaron algunas conclusiones sobre los DESCAS, el uso y posesión de la tierra, los escenarios de participación política, los territorios campesinos agroalimentarios (TCAM), y los mecanismos de protección: ejes que fundamentan la plataforma política del CNA.

Uso y posesión de la tierra
Según lo manifestado por los asambleístas, la ley Zidres y la ley segunda de 1959, que hasta el momento han delimitado 59 áreas protegidas y 22 páramos, representan una amenaza para los intereses campesinos porque fomentan el despojo, los conflictos inter-étnicos, y estigmatizan al campesino como depredador de los ecosistemas. Además del inconformismo con los programas de sustitución de cultivos ilícitos, que no garantizan condiciones de subsistencia dignas, entre los elementos problemáticos referidos a este eje se mencionaron las trabas institucionales para acceder a la titulación de tierras, lo que contrasta con el aumento de concesiones otorgadas a multinacionales mineras y petroleras.

Para darle solución a estas problemáticas se propusieron vías de hecho políticas y metodológicas, entre ellas realizar un censo propio de tierras; compras colectivas de tierras; darle un enfoque de género a la comisión de tierras del CNA; establecer la producción de alimentos como la principal vocación productiva de la tierra; hacer uso de las consultas populares –y las consultas previas étnicas- para garantizar la autonomía y la permanencia en los territorios; incluir en el código minero un capítulo sobre minería artesanal; derogar la ley 1757 de páramos; construir una medida que proteja los páramos sin desplazar las comunidades que los habitan; dignificar el uso medicinal, alimentario, agroindustrial y cultural de la hoja de coca; y alcanzar la autonomía en materia económica y de gobernanza por medio de los territorios campesinos agroalimentarios.

Plan de vida endógeno
El deseo de organizar el territorio con dinámicas económicas y sociales autónomas, se ha materializado hasta el momento en cinco territorios campesinos agroalimentarios. A los que ya están constituidos -dos en Arauca y tres que abarcan municipios de Nariño y Cauca- el Coordinador Nacional Agrario espera sumarle, como mínimo, otros treinta.

En materia económica, esta figura organizativa permite diseñar un sistema que le otorgue al campesinado el control de la producción, la transformación, la distribución, y la comercialización de los productos, y que además garantice la soberanía alimentaria, y la distribución equitativa de la ganancia.

Robert Daza manifiesta que en el caso del TCAM ubicado entre el Norte de Nariño y el Sur del Cauca: “Las comunidades controlan los mercados para garantizar la soberanía alimentaria. Controlar los mercados locales es saber cuánto consumimos, cuánto producimos, y cuánta comida está llegando al territorio”. El integrante del Comité de Integración del Macizo Colombiano agrega que: “Antes de declarar los territorios campesinos agroalimentarios, nosotros hacemos unas mingas de armonización y soberanía. Estos procesos no son únicamente políticos y organizativos, tienen que ir más allá; recuperar la espiritualidad perdida del campesinado, aprender a escuchar con nuestro corazón los latidos de la madre tierra, porque si no estamos conectados con la naturaleza no tenemos ninguna motivación para defenderla”.

Con respecto a la dimensión político-social, el CNA vislumbra en los territorios campesinos agroalimentarios una oportunidad de alcanzar la paz territorial. Un proyecto tan ambicioso, lo sabe el CNA, requiere de infraestructura para crear una gran red de mercados campesinos; coherencia entre la práctica y el discurso; auto reconocer la identidad y la cultura campesina; contextualizar y adaptar las ayudas gubernamentales a las dinámicas particulares de los territorios; gestar un modelo educativo que fomente la investigación y el diálogo de saberes, y que cualifique al campesinado con modelos y contenidos pedagógicos acordes a la idiosincrasia campesina.

Seguridad y protección
Finalizada la confrontación con la guerrilla de las FARC, varias organizaciones sociales presentes en la VI Asamblea consideran que ahora son ellas las señaladas como el nuevo “enemigo interno” del Estado. Diferentes procesos adscritos al CNA afirmaron que la fuerza pública no es sinónimo de seguridad para ellos. Debido al incremento exponencial de las judicializaciones y los asesinatos, que cobró la vida de 73 líderes sociales en 2017, resulta indispensable diseñar un mecanismo que garantice el derecho a la vida y el pleno funcionamiento de los territorios campesinos agroalimentarios.

Desde la V asamblea realizada en San Lorenzo Nariño en el 2012, el CNA está creando una guardia nacional campesina interétnica y popular, cuyo marco normativo de conducta sea definido por el propio Coordinador Nacional Agrario.

A diferencia del Ejército Nacional, cuyo principio fundacional es la seguridad y la defensa, las guardias campesinas están pensadas como un mecanismo preventivo de protección y cuidado colectivo que permite resolver conflictos, canalizar denuncias y alertas tempranas cuando se presenten violaciones a los derechos humanos. A su vez, la guardia está pensada como una fuerza de defensa ante cualquier caso de agresión o vulneración durante las movilizaciones.

Para consolidar la propuesta de guardias campesinas, Walter Quiñonez –representante de la Organización para el Desarrollo Urbano y Campesino (ORDEURCA)- asegura que el CNA debe ocuparse primero de “la formación pedagógica de sus potenciales integrantes, legitimar la existencia y, sobre todo, la autoridad de las guardias en las comunidades, y establecer normas de comportamiento y resolución de conflictos”.

Solución política
La legitimidad y la incidencia del movimiento social en la esfera institucional aún es limitada. Consciente de ello, el CNA aprovechó la asamblea para discutir cuál es la concepción de paz que tienen los diferentes procesos y cuáles son los escenarios de participación política más pertinentes para aportar a la construcción de esa paz ideal.

Finalizada la VI Asamblea queda claro que para el CNA la palabra paz va más allá del silencio de los fusiles. Mientras no hayan garantías para la movilización de sectores populares, no se respete el disfrute pleno de la territorialidad campesina, no se garantice el derecho a la propiedad de la tierra, y no se erradique la exclusión y la desigualdad, más que una realidad la paz será letra muerta.

En este sentido, el Coordinador Nacional Agrario no quiere ser un invitado ocasional sino un protagonista en la construcción de la paz. La organización propone afianzar la participación en las juntas de acción comunal, crear consensos que cohesionen intereses, y hacerle veeduría activa a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET's) consignados en los acuerdos de La Habana. Por último, en el marco de las negociaciones entre el Gobierno y el ELN, el CNA sugiere crear una mesa temática llamada tierra, territorio y campesinado, que sea interétnica, intersectorial e intergremial.

Por Lina Álvarez - El Cuarto Mosquetero

Hace más de 60 años sus familias habitan allí, en esas fincas llenas de diversos cultivos que se distribuyen por todo el Meta; son campesinos, orgullosos de su descendencia, de los caños que surcan sus territorios y la variedad de fauna y flora. Por esto llevaban más de un año intentando interlocutar de manera pacífica con Ecopetrol, empresa que pretende desarrollar el proyecto Trogón I. Sin embargo, se vieron obligados desde hace seis meses a crear un campamento permanente para no permitir la entrada de los funcionarios. Aun así, estos desconocieron el rechazo a la extracción petrolera por parte de los habitantes Pio XII en Guamal y con apoyo de las fuerzas represivas del Estado, lograron irrumpir en sus predios.

Inició el conflicto
Todo empezó hace cuatro años, cuando Ecopetrol llegó a la vereda Pio XII intentando comprar predios. Todos son pequeños propietarios, viven de los procesos agropecuarios, quieren su territorio y por ende, rechazaron las ofertas; pero no se imaginaron que una habitante que al parecer se dedicaba a las urbanizaciones piratas y a quien se le presentaban problemas a la hora lotear el terreno (en el que en algún momento se pretendió desarrollar un proyecto de interés social), vio como salvadora a la empresa y se lo vendió. Así, esta comunidad enfrentó su primera derrota, y aunque no podría decirse que era la comunidad más organizada, desde ese momento se lo propusieron. Muchos de ellos incluso estaban impidiendo que continuara la plataforma Lorito 1 en su municipio, y tenían muy claro por qué no querían extracción de petróleo allí, por más que les dijeran que Guamal tendría más “oportunidades” laborales.

En Trogón I se buscará confirmar el potencial del bloque CPO-9 que cuenta con su respectiva licencia, sin importar que allí existe uno de los acuíferos subterráneos más grandes de la región, del cual se surten acueductos comunitarios o municipios como Castilla La Nueva y la vereda Humadea. Pero ni la riqueza hídrica que debería ser protegida como lo establece la sentencia T-652/13 respecto al derecho fundamental del agua potable, logró ser argumento suficiente para que no continuaran con el proceso de “socialización”.

En repetidas ocasiones intentaron mostrar el respaldo de la comunidad al proyecto, convocando al parecer a habitantes de los alrededores de Guamal (más no de Pio XII) para que lo aprobaran. Aunque la comunidad denunció las irregularidades, como no ser convocados, que el espacio fuera insuficiente para que todos pudieran participar, o que se respaldaran en las oportunidades laborales pero no hablaran del verdadero impacto que finalizaría con su vocación agrícola, Ecopetrol siguió avanzando, sin tener en cuenta su inconformismo.

La comunidad empezó a manifestarse
Cuando el Concejo Municipal emitió una resolución en la que cambiaba la naturaleza del uso del suelo de la vereda Pio XII que históricamente había sido de tradición agropecuaria a zona de ampliación urbana, facilitando lo planeado por Ecopetrol, la comunidad sintió desfallecer. Sin embargo, con la ventaja legal de llegar a sus predios, los habitantes de esta zona decidieron realizar un plantón permanente y pacífico para impedir el ingreso a los funcionarios. Durante más de seis meses hicieron turnos, ollas comunitarias, durmieron en hamacas bajo un improvisado techo de plástico. Su defensa parecía segura, pero la fuerza pública empezó a hacer presencia en múltiples ocasiones, ultrajándolos, amenazándolos, hasta que una madrugada llegaron con el Esmad y no pudieron enfrentarlos más.

“Llegó el Esmad, recogió todas las sillas que teníamos en la propiedad, se acomodó con los escudos y comenzó a empujar la gente”, comenta un habitante de la tercera edad quien se encontraba en el campamento, quien además denuncia que no es la primera vez que los golpean. Justamente a él, un supuesto contratista de Ecopetrol le dio un planazo en la espalda hace algunas semanas, y las denuncias fueron en vano.

Ellos no esperaban la pronta llegada Esmad, como le señaló una de las lideresas del sector a los funcionarios: “Nosotros nos comunicamos con el ingeniero Juan Naranjo y acordamos respeto (…) Nosotros somos de aquí, llevamos más de 60 años, yo creo que lo primordial es que se comuniquen con nosotros, y venir aquí a decirnos tenemos licencia pero sin dejarnos leer no es válido (…) Nosotros nos hemos leído las 300 hojas de esa licencia y sabemos que ustedes no pueden estar aquí en este momento”, ya que además esperaban que llegarían a los predios después del pronunciamiento del Tribunal frente a la acción popular que presentaron. Exponen además que ni siquiera hubo presencia de la Defensoría Pública o personal de derechos humanos.

Interpusieron la acción popular porque aparte de los múltiples derechos que les han vulnerado durante el proceso, consideran que la exploración de Trogón I es inviable: “Entendiendo que esta vereda es una zona de alto riesgo, estamos ubicados a una altura de 570 metros sobre el nivel del mar; la Licencia 466 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA señala en sus páginas 16 a 21 que 23 de los 29 municipios del departamento presentan riesgo a los 575 metros de altura por estar ubicados en la falla geológica de Villavicencio”, manifiesta Diego Enrique Salcedo Ladino, miembro de la comunidad. En esta falla también están los municipios de Acacías, Guamal y Cubarral que además presentan especial riesgo aún por debajo de los 575 metros, “es por esa razón que las comunidades atendiendo la precaución nos manifestamos en contra de ese proyecto”.

Por ahora siguen organizándose, cuentan con el apoyo del movimiento ambiental y se apoyan entre ellos para no caer en la desesperanza; Ecopetrol con el apoyo del Esmad continúa entrando maquinaria y los elementos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Ya perdieron la ilusión de recibir ayuda del Alcalde, pues en múltiples ocasiones intentaron hablar con él, pero este no se ha interesado en apoyarlos. La solución pacífica al problema que les está representando el proyecto Trogón I, les ha traído represión por parte del Esmad, militarización de la zona, incluso consideran una falta de respeto que los soldados estén acampando en las inmediaciones del colegio.

Todavía realizan turnos las 24 horas, diferentes actividades para fortalecer el tejido social, como jornadas lúdicas, cine plantón, compartires, y en general procesos para culturalizar y entender la problemática que están viviendo y la importancia de resistir: “Nosotros estamos hasta el final, porque estamos luchando por una causa justa; por el agua, por la vida y por el medio ambiente, entonces seguiremos aquí, a pesar del abuso de las autoridades municipales y departamentales seguiremos ahí, en la lucha, hasta que mi diosito nos dé fuerzas”, comentan los habitantes de esta vereda.

Por Fernando Cuenca*

Entre las miles de personas que salieron a las calles exigiendo educación digna y mejores salarios para maestras y maestros en el pasado paro del mes de mayo, nos llamó la atención una profesora de estatura corta, cabello negro y ojos pequeños, quien no solo agitaba las consignas, sino que con sus apasionados gritos y su indignación llenaba el aire entre las miles de personas que protestaban.

Desde ese día y durante todos los días que duró el paro, tuvimos varias charlas con la profesora María Luisa Niño, una mujer oriunda de Corrales, departamento de Boyacá, y quien desde hace más de 30 años enseña, propone, investiga, discute, construye, deconstruye y junto a otras y otros docentes, trabaja la educación en todas sus aristas.

Esta mujer, madre de dos hijos, igual que miles de profesoras es cabeza de familia. Por lo que cuenta, evidencio que como dicen popularmente “le ha tocado guerrearla”. Desde joven se reveló contra el patriarcado (su primera forma de rebeldía), se negó a continuar lavando la ropa de sus hermanos mayores y prefería escaparse desde el sur de Bogotá a la biblioteca Luis Ángel Arango a leer, a indagar y por supuesto a hacer las tareas de la escuela. Se puede decir que desde pequeña tuvo la vena para enseñar, de hecho, siendo de las más pequeñas del curso, se paraba al frente del salón a explicarles a sus compañeros la manera de resolver los ejercicios que les dejaban los maestros.

Mientras María Luisa me hablaba de su vida, la noté siempre calmada pero apasionada, y de esta misma forma les reclamó a otros profesores por no sumarse al paro y defender la educación para toda la gente. Entre la charla me contó que cuando era niña hizo la primera comunión con el sacerdote Diego Cristóbal Uribe, cuando este fue cura en el barrio San Vicente, ubicado al sur de la ciudad de Bogotá, en la localidad de Tunjuelito. Este sacerdote “fue uno de esos que siguió los pasos de Camilo Torres, comprometiéndose con los pobres. Bebió de las mieles del amor eficaz y la teología de la liberación y al igual que el Cura Camilo, un día se fue para el monte y murió en un combate como un insurgente”, explica María Luisa.

Mientras seguía la marcha, se observó el humo de los gases que los policías lanzaron a los maestros. “Parece que esos del Esmad no pasaron por una escuela”, exclamaba la profesora indignada. Mientras tanto me contó que desde joven tuvo que trabajar, que se fue a las selvas del sur del país como maestra, cuando muchos ni conocían el Meta, el Guaviare o el Vaupés. En escuelas de la Colombia profunda empezó a enseñar. Quizás allí es que decidió lo que quería hacer con su vida. Por eso, cuando regresó a Bogotá estudió Literatura y Lingüística. Después hizo su especialización, tomando la lengua del pueblo Sikuani. María Luisa es de las pocas maestras que les enseña a los estudiantes a investigar e insiste en que la investigación no es un tema de eruditos, sino que la gente del pueblo también debe aprender a hacerlo.

Al fin nos detuvimos durante la caminata que realizamos por la calle 26, cerca de la Secretaría de Educación en Bogotá. La profesora le hablaba a sus compañeros, y averiguaban todos por los avances de las negociaciones. Me senté en el andén a descansar. La marcha estaba parada, el sol bogotano anunciaba lluvia, y el aire se llenaba del molesto olor de los gases, siempre asfixiantes. Es allí cuando me enteré que a esta profesora su compromiso con la consigna de una educación digna de la cuna hasta la tumba, le ha costado dolores y persecuciones. En 2005, en los años del Gobierno de Uribe, fue víctima de un falso positivo judicial, práctica muy común en Colombia. Estuvo en la cárcel durante dos años, acusada injustamente  de diversos delitos que finalmente no fueron más que humo. Como es apenas lógico, demandó por los daños y perjuicios que sufrieron ella y su familia, y ganó la demanda.

Mientras escuchaba a María Luisa, nos empezaron a interrumpir cada vez más. Llegaban mensajes y rumores de todas las personas. La negociación entre los directivos de Fecode y el Gobierno por fin había dado humo blanco. Los profesores lograron que el Gobierno cediera, y el paro fue levantado. Sin embargo, me asaltaban las dudas: ¿Y si el Gobierno no les cumple como otras veces? Calmada pero firme, María Luisa me responde: “Como otras veces, volveremos a las calles a protestar y a luchar, no nos queda de otra”.
* Periodista de la agencia de los pueblos Colombia Informa

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