Editoriales

Ayer 17 de octubre asesinaron a Jair Cortés, un líder afro miembro de la junta de gobierno del Consejo Comunitario del Pueblo Autónomo de Alto Mira y Frontera del municipio de Tumaco, departamento de Nariño. Desde ayer mismo y como era natural sus familiares, amigos, sus compañeros y compañeras de trabajo; y todos los que luchamos por las causas sociales lo lloramos y denunciamos con dolor y rabia este crimen. No hicieron lo mismo los partidos políticos de gobierno, ni los que se autodenominan oposición, o sea la ultraderecha uribista y sus seguidores. Lo que más duele es que tampoco se pronunció la sociedad colombiana insensibilizada por los grandes medios masivos de comunicación acostumbrados a alimentar los sentimientos de la gente y conducir sus emociones hacia donde consideran pertinente, inclusive a la justificación de estos crímenes.

Hoy 18 de octubre, escuchamos por los medios radiales la voz del ministro de defensa Luis Carlos Villegas diciendo cínicamente que Jair Cortés “no avisó” que se dirigía a la zona de alto riesgo, o sea su territorio colectivo, el mismo en donde debe ejercer su labor de vocal en la junta de gobierno para lo cual fue elegido. Es decir que el ministro justificó el asesinato de Jair y le echó la culpa de su propia muerte. Con la misma palabrita, hace menos de una semana el ministro Villegas había justificado la demencial reacción policial contra una comisión de verificación que llevaba miembros de organismos internacionales como la ONU y Mapp Oea; periodistas y defensores de derechos humanos , porque “no avisaron” que iban a entrar a la zona riesgosa en donde una días antes, según decenas de testigos, la policía antinarcóticos asesinó alevemente a siete campesinos que protegían de la erradicación forzada sus cultivos de coca, y exigían el cumplimiento del punto pactado en la Habana que se comprometió a erradicar esos cultivos de manera consensuada y bajo condiciones de sustitución y garantías económicas.

El ministro Villegas, que se ha convertido, por sus declaraciones, en un militar reaccionario de traje y corbata, nos hizo recordar al expresidente Uribe cuando en el año 2007 se dirigió al país por televisión en horario tripe A, y justificó los crímenes de Estado cometidos contra indefensos jóvenes de Soacha, humildes campesinos, habitantes de calle, líderes sociales, etc. Que más tarde desataría el escándalo conocido como falsos positivos cuyas denuncias dejaron salir de la olla podrida el olor nauseabundo que producían los miles de muertos a manos de los miembros de las fuerzas militares en macabra complicidad con los paramilitares, a cambio de dinero, vacaciones, permisos y cuanta dadiva ofreció el gobierno de Uribe para mostrar resultados en la lucha contrainsurgente y justificar la inversión militar y de paso imponer una cultura de la guerra. En ese entonces Uribe dijo que esos jóvenes hallados muertos supuestamente en combate en inmediaciones de Ocaña Norte de Santander “no estaban precisamente sembrando café” y que además eran poco más que pillos de barrio, como quien dice “ si hubo equivocación de todas maneras eran delincuentes a los que se puede matar y de paso se le hace un favor a la sociedad”.
Este discurso convertido en cultura justificadora de la muerte sobrevivió a Uribe y se renovó con con Santos y su ministro Villegas. La culpa de los asesinatos de líderes, campesinos y comunidades que protestan por incumplimiento de acuerdos, o contra la devastación de sus territorios bajo el poder de la locomotora minero energética, ahora son responsabilidad de las bandas, las disidencias de las Farc, los neoparamilitares y otra cantidad de grupos armados, a los que el Estado extrañamente no puede controlar ni derrotar; así se ocultan el terrorismo de Estado y se justifica la existencia de un gigantesco ejército.

Varios miembros del gobierno y del Congreso dieron su pésame hoy a la familia de Jair y “lamentaron” su muerte. Muchos de ellos habían hablado con el líder a propósito de la masacre de siete campesinos el día jueves 5 de octubre de 2017 a manos de la policía antinarcóticos ocurridos en medio de la erradicación forzada y de irregulares hechos. En esta denuncia Jair y su comunidad estuvieron activos y beligerantes en la defensa de su territorio y de su gente. Todos los congresistas que fueron a Tumaco y hablaron con la comunidad de Alto Mira y Frontera saben muy bien lo que pasó, como lo sabe el comandante de la policía que extrañamente no retiró a sus agentes una vez se conocieron las irregularidades en medio del operativo que provocó la masacre, y que hubiera evitado una eventual tragedia con la comisión de verificación recibida a tiros por estos mismos dementes. Los grandes medios también lo saben, y el presidente de la República; los policías se quedaron borrando las huellas que dejaron sus armas, sus disparos, su crimen tres días atrás; huellas que los forenses leerían como se hace con un libro, huellas que son testigos de la crueldad de los militares colombianos.

El asesinato de Jair no es un caso aislado, es una agresión sistemática contra los gobiernos autónomos de las comunidades afro; desde su nacimiento legal en 1997, Alto Mira y Frontera ha recibido el dolor de la muerte de sus líderes en quince oportunidades, cinco de ellas contra miembros de la junta de gobierno, el más reciente fue Genaro García en 2015. El asesinato de Jair se ha lamentado hipócritamente desde el gobierno, pero el de los siete campesinos y los más de 220 líderes sociales ocurridos en los últimos 20 meses no. Por el contrario se han justificado, se han minimizado, se ha dicho por parte de Villegas y Santos y el ministro Rivera del interior, que son casos aislados, que no son sistemáticos. Que la culpa es de ellos, por no avisar, por tomarse el atrevimiento de defender el territorio, su cultura, su vida y por construir paz.

Lo mínimo que deberían hacer el Estado y el gobierno de Santos, si algo les queda de vergüenza, sería ofrecer las garantías a todos los colombianos y las colombianas que luchan por los derechos humanos, por las transformaciones sociales, por la participación y la paz, para ejercer su digna actividad; ahora con mayor razón en medio del cese bilateral que pactó con el ELN, en el que entre otras cosas se comprometió a prevenir atentados y asesinatos de líderes sociales, y aplicar la justicia a los responsables materiales.

El cuatro de septiembre el ELN y el Gobierno de Colombia publicaron un documento conjunto en el que anunciaban el acuerdo al que llegaron sobre cese al fuego bilateral y temporal. La noticia, aunque esperada, no dejó de ser un acontecimiento, un hecho extraordinario si se tiene en cuenta que desde el principio el Gobierno planteó que el modelo de negociar en medio del conflicto no cambiaría, y menos después del éxito obtenido en el proceso de La Habana con las FARC. Contrasta con la postura del ELN que aspiraba, desde la instalación en febrero de 2017, que el proceso se diera en medio de un pacto de cese al fuego. Según los elenos, este pacto crearía un ambiente favorable a la paz y evitaría derramamiento de sangre, siempre doloroso e innecesario.

Por estar las partes en polos opuestos es que el acuerdo de cese al fuego es un acontecimiento, igual o de mayor importancia que la visita del Papa Francisco. O mejor, los dos acontecimientos jugaron en un tiempo preciso para complementarse y crear un momento político que le permitiría a las partes darle oxígeno al polémico y oculto proceso de Quito, y brindar un gesto de bienvenida al sumo pontífice que con su peregrinación por Colombia venía no solo a respaldar los procesos de paz y reconciliación, sino a cobrar unas cuentas pendientes a esa masa católica y conservadora que en octubre de 2016 le había dado en la cara a las aspiraciones de millones de colombianos y colombianas que querían una paz, mucho mejor de la que se alcanzó con las FARC, gracias a la derrota del plebiscito.

Es decir que el acuerdo de cese bilateral jugó y jugará durante los siguientes meses en el ámbito político nacional e internacional, y pondrá en la agenda de amigos y enemigos de la paz el tema de la continuidad del proceso con el ELN, lo que significa que el tema se va a meter en las campañas electorales de 2018.

Los astros se alinearon durante cinco días para el Gobierno Santos, que pudo mirar por el rabillo del ojo y con sorna a los uribistas católicos, apostólicos y romanos que tanta zancadilla le han puesto a los procesos de paz, y levantar su alicaída imagen aporreada por los escándalos de corrupción más recientes;  también para el ELN que le torció de alguna manera el cuello al modelo de negociar en medio de la guerra y ganó legitimidad e imagen ante la nación. Esto limpia el camino para que avance el punto uno de la agenda: Participación de la sociedad en la construcción de la paz, el cual venía embolatado por la prioridad que el Gobierno le venía dando a los asuntos humanitarios del punto 5F, especialmente al asunto del secuestro y las hostilidades contra la infraestructura petrolera.

Sería mejor o políticamente correcto decir que nadie ganó y nadie perdió, pero la verdad es que las cuentas de cobro se presentaron y hasta se puede decir que fue justo que así se dieran las cosas. Además es seguro que impactarán los resultados futuros a nivel electoral.

Aunque según el texto, “para el cumplimiento de este Acuerdo se establecerá un mecanismo de veeduría y verificación integrado por el Gobierno Nacional, el Ejército de Liberación Nacional, la ONU, y la Iglesia Católica; mecanismo que funcionará con el doble propósito de prevenir e informar cualquier incidente”, la pregunta es ¿qué debemos hacer los colombianos y las colombianas organizados y no organizados en medio de esta coyuntura de cese al fuego? Y ¿cómo aprovechar esos tres meses para sacar adelante las aspiraciones colectivas por las que hemos trabajado  o  que hemos soñado tanto tiempo?

Un asunto clave es rodear el acuerdo, protegerlo, y esto se puede hacer a través de las veedurías sociales y comunitarias en los territorios, especialmente en donde el conflicto ha sido más fuerte; nada impide crear estos mecanismos y debería ser bien visto por las cuatro partes oficiales. Gracias a estas veedurías se acompañarían con acciones humanitarias a las comunidades de los territorios que por causa de la violencia paramilitar, la judicialización y la criminalización de sus organizaciones sociales vienen padeciendo persecución de diferente índole.

También sería un momento propicio para identificar los territorios que han sufrido mayor impacto por el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, y extender de esta manera un cese de hostilidades en contra de la sociedad civil. Este cese debería incluir el alivio a la población carcelaria que sufre la indignación del hacinamiento, la insalubridad y la falta de atención a las enfermedades catastróficas. Debería contemplarse la salida, a casa por cárcel o condicional de aquellos presos y detenidas cuya situación lo requiera por razones humanitarias.

Por otro lado, existen razones suficientes para considerar el momento de cese bilateral como una oportunidad para desarrollar la propuesta de cese de hostilidades contra toda la sociedad, en especial los pobres que padecen la legislación tributaria en su contra; el sistema de salud que mata y un desempleo e informalidad que ya nadie aguanta.

Finalmente, es fundamental que en este periodo las organizaciones sindicales, los campesinos, los estudiantes, los trabajadores y usuarios de la salud, las mujeres, las iglesias, los procesos, las regiones, las etnias, etc., se preparen para participar en las audiencias que están acordadas en la mesa de Quito y que seguramente se desarrollarán una vez sea instalado el cuarto ciclo de negociaciones que inicia el 23 de octubre.

Pero no solo deberían prepararse para la participación los sectores y procesos que están o van a ser convocados a Quito. Todos los que tengan experiencias, ideas y metodologías concretas para garantizar que desde sus espacios se pueda aportar a la paz de Colombia y en especial a sus transformaciones, también deberían exigir su participación.

El cese al fuego bilateral y temporal, en suma, es una gran oportunidad para que el país ensaye otras formas diferentes o adicionales a la tradicional participación electoral, tan desprestigiada. Las consultas, las mesas de trabajo, los cabildos, las asambleas populares, las constituyentes, las mingas y toda clase de iniciativas institucionales o extrainstitucionales están a la orden del día en un país que clama participación y paz, pero con cambios y transformaciones.

“… ¡Oh buen Dios! ¿Qué título daremos a la suerte fatal que agobia a la humanidad? ¿Por qué desgracia o por qué vicio, y vicio desgraciado, vemos a un sinnúmero de hombres, no obedientes, sino serviles, no gobernados, sino tiranizados…?”, escribía Étienne de la Boétie en 1548, haciendo hincapié en cómo un solo hombre o pequeñas élites son capaces de llevar a millones a desarrollar los actos más serviles, perversos y complacientes, la mayoría a cambio de nada.

Esta es una muy buena referencia para reflexionar sobre lo que ha sido capaz de cocinar el poder político e ideológico durante siglos en los cerebros de casi todos los mortales, lo que nos deja con un panorama triste de la humanidad actual, y nos estalla en la cara todos los días en Colombia. Las últimas semanas han estado llenas de noticias que reafirman, a pesar de la manipulación y la cosmética de los medios masivos que las disfrazan, cuál es la calaña de las élites que gobiernan y desangran a la Nación y se llevan por delante las vidas de quienes intentan oponérseles.

Segovia es una población al nordeste de Antioquia en donde casi toda su gente vive de la minería artesanal, y junto con sus vecinos de Remedios reciben el sustento diario de esa actividad. Otros, como la transnacional Gran Colombia Gold hacen minería pero a gran escala, y por supuesto se llevan la mayor tajada dejando solo el paisaje desolador. Pero según sus altos ejecutivos, ellos no contaminan con mercurio: al parecer sacan los lingotes ya listos de la veta o la mina. Los malos son los mineros ancestrales nacidos la mayoría en el territorio. También habría que hurgar en la historia y enterarse cómo fue que estas poderosas empresas llegaron a esa región y se apoderaron de todo gracias a la arremetida paramilitar y a través de terribles masacres. Vale decir que Segovia y Remedios al igual que las poblaciones del país donde se explota oro, carbón, petróleo u otro mineral no son conocidas por su gran desarrollo, más bien se conocen por su miseria.

Desde el 21 de julio de 2017 en esas poblaciones se desarrolla un paro cívico en defensa de la minería artesanal, donde el común denominador es la brutalidad policial y militar contra los manifestantes que ha dejado muertos, heridos y hasta mutilados entre las personas que protestan. En este caso los manifestantes no son tan buenos y justos como los que protestan en Caracas, y la Policía y el Esmad no son tan malos como sus homólogos del vecino país, como lo muestran al desayuno, al almuerzo y la comida los grandes medios de comunicación, que como cosa rara no van a la región a entrevistar a los mineros y a la gente humilde sino a los grandes empresarios y las autoridades para que reafirmen que la lucha es contra la minería ilegal y contaminante, dejando en el ambiente que los pequeños mineros son poco más que delincuentes, y los policías inocentes víctimas de estos.

Contrasta esta grave injusticia, con el encuentro de comunidades ambientalistas llevado a cabo en Fusagasugá los días 5 y 6 de agosto de 2017, en donde se denunció la práctica extractiva minero energética como una política descontrolada, corrupta y depredadora contra las comunidades y sus territorios. Allí se discutió cómo enfrentar en el ámbito nacional esa práctica y cómo hacer respetar los resultados de las consultas populares que el Estado a través de sus instituciones quiere desconocer con argumentos baladíes, que se estrellan contra sus propios falsos argumentos de democracia y participación.

También en estas semanas los escándalos de corrupción, dicho por representantes de las mismas élites, tocaron fondo. Los casos de Reficar, Odebrecht, y otros, en donde las élites se reparten la plata de la salud, la educación y el presupuesto de la Nación, salpicó a todos: a los uribes y uribitos, a santos y santitos, a los ordoñez y los ñoños, a los de Cambio Radical, y a la U, a los liberales y especialmente a los conservadores expertos en recibir mermelada de todos los sabores. Todos los combos políticos de la derecha que han gobernado, como dijo William Ospina, desde hace 200 años el país, están embadurnados de porquería, y salen en televisión a vociferar en contra de la corrupción y hasta harán campaña para derrotarla. Son tan descaradas las élites y los medios masivos, que ofrecen notas informativas extensas para mostrar los éxitos empresariales de los delfines, en donde hacen gala de sus centros comerciales nuevos de costos superiores a los 120 mil millones, logrados seguramente con el sudor de sus frentes. Y nuestro pueblo goza viendo a los exitosos jóvenes derrochar sumas que entre millones de humildes y en años de trabajo jamás alcanzarían a reunir. Ojalá nuestro pueblo recuerde todo esto cuando vengan las elecciones en 2018.

Y hubo más noticias, todas confirmando los delitos y la perversidad de los héroes de la patria, y de la policía, que sirven gustosos a las élites que gobiernan. Las madres de Soacha acudieron a acciones públicas para denunciar en la Plaza de Bolívar la impunidad en que se encuentran casi 5000 casos de falsos positivos, o sea crímenes alevosos de los militares contra jóvenes inocentes e indefensos llevados a cabo durante la presidencia del hoy senador Uribe. Una práctica que por su cuenta mantienen militares y paramilitares en todo el territorio nacional. Y se destapó también luego de 12 años la responsabilidad d ela policía, , denunciada desde entonces, en el asesinato del niño Nicolás Neira, con la confesión del mayor Torrijos, comandante en el 2005 del Escuadrón que descerebró al joven; el oficial, preso por narcotráfico (qué joyita) aceptó que encubrió durante todos estos años a los responsables intelectuales y materiales.

Sin embargo el problema son los vecinos, es Maduro y su pueblo que lucha con uñas, dientes y manos para quitarse de encima a los gringos, a la CIA, y a la caterva de arrodillados que exigen democracia en Venezuela, cuando a los ojos de cualquiera que tenga dos dedos de frente, es obvio que se quieren robar el petróleo del país con las mayores reservas mundiales. ¿Existe alguna razón ética y moral para que algún funcionario, servidor público o líder de los gremios capitalistas colombianos diga una sola palabra frente a las supuestas injusticias de otros países? ¿Será que en Colombia no existe un departamento llamado Chocó, y otro Guajira, en donde niños, niñas y ancianos mueren de hambre porque las élites se roban la plata? ¿Acaso se nos olvidó quiénes y cómo se vienen robando la plata de la salud y las pensiones para construir lujosas edificaciones tipo resorts?

Queridos y queridas compatriotas, a ver si despertamos y miramos un poco hacia adentro de la casa, antes de hurgar en la de los vecinos. A ver si nos damos una oportunidad de barrer la basura que aquí nos inunda.

El miedo, la injusticia, la violencia, la mentira, la corrupción, el engaño y en especial el egoísmo son las prácticas recurrentes de las élites políticas en Colombia, y no nos cansaremos de decir que son los medios masivos de información a su servicio los encargados principales de conducirlas hacia la sociedad y convertirlas en pequeñeces.

En Colombia se practica en todas las calles, caminos y veredas la injusticia. Hace décadas se habla de que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, tal vez el más desigual, y uno de los más pobres, porque según Naciones Unidas las dos cosas no son lo mismo. Pero los medios de información voceros de los poderosos grupos económicos se han encargado de quitarles el contexto a estas cifras vergonzosas, es decir, evaden su origen para salvar la responsabilidad que tienen las élites y los partidos políticos, que han gobernado los últimos 200 años, de semejante tragedia. Para cualquier familia humilde da lo mismo la desigualdad que la pobreza; a su piel, que es la que siente y padece, eso le es indiferente.

La desigualdad en Colombia no se ha reducido ni un solo punto desde hace dos décadas, por el contrario es el único país de América Latina que ha empeorado, y hoy ostenta el deshonroso primer lugar. Según el índice GINI, que es un indicador de desigualdad calculado no por los pobres o los castrochavistas sino por el Banco mundial, Colombia está a la cabeza con 0,535 (entre más se acerque a 1 más desigual es el país). Sin embargo los medios masivos se encargan de hacernos ver las desdichas de Venezuela antes que apropiarnos de las tragedias nuestras. Todos los países de América Latina a diferencia de Colombia decidieron en estas dos últimas décadas tomar otros caminos a nivel político, social y económico que cambiaron radicalmente la distribución del ingreso, y especialmente dieron vuelco a los niveles de desigualdad.

En mayo de 2016, Cecilia López Montaño, liberal ella, escribió para Portafolio un artículo en el que critica al Gobierno por dedicarse supuestamente a la reducción de la pobreza sin hacerlo por la descarada concentración del ingreso y de la riqueza, además dice que el Gobierno “ignora la brecha que persiste entre las áreas rurales y urbanas, de género y por regiones”. Refiriéndose a la concentración del ingreso, plantea en ese diario especializado que el propio Fondo Monetario Internacional considera que “Colombia es una de las peores muestras de esa realidad en esa parte del mundo”, o sea América Latina. En Colombia, según López, el 20% de los ingresos del país lo concentra el 1% de la población, o sea aproximadamente 500 mil personas, y esas mismas concentran el 40% de la riqueza de todo el país.

Es que la injusticia en nuestro país tiene el corazón lleno de desigualdad, y esta no se explica en los delicados datos sobre pobreza, que superan el 50% en departamentos como el Chocó, mientras el país llega casi al 30%, o sea más de 15 millones de seres humanos. Pero el mismo Dane se contradice cuando afirma que al 61,7% de los hogares no les alcanza para cubrir los gastos mínimos. Uno de los peores problemas es que se habla de números y se olvida que son personas. La injusticia en Colombia la viven cerca de siete millones de desplazados; otros millones tienen que rebuscarse el diario a través de las ventas callejeras o informales; y otros entre los que se encuentran todos los anteriores, sufren la desconexión de los servicios públicos básicos. Otros tantos millones reciben la bofetada de la discriminación por razones étnicas, por su condición de discapacidad, sus preferencias sexuales o su condición de mujer. Por eso la desigualdad es peor, porque involucra no solo la pobreza, sino la exclusión y la discriminación, y en Colombia son críticos estos antivalores, patrocinados en gran parte por las iglesias de toda clase, y por supuesto por las élites a través de los medios de desinformación, las redes y la industria cultural.

La injusticia se siente en las humildes cocinas de los ranchos de la periferia, en las pieles negras de los afrocolombianos y afrocolombianas y en las de la Nación indígena; en los cuerpos de las mujeres agredidas por la cultura patriarcal y por las políticas de empleo; en la desnutrición de niños y niñas; en la falta de condiciones de salud y agua potable; en la ausencia de infraestructura para la población discapacitada; también en la falta de democracia y libertades civiles.

La izquierda colombiana tiene que poner el ojo en todas estas desigualdades y en especial en la forma como aborda a los millones que la padecen. Es claro que existe una desconexión entre las organizaciones sociales y los partidos de izquierda con las mayorías. No hay sino que observar cómo saltan en su propia cara y al margen de sus acumulados, paros cívicos como los del Chocó y Buenaventura. Hablarle a millones de personas que en Colombia padecen la injusticia no es tarea fácil ya que ellos y ellas mismas han asumido su situación en algunos casos como algo natural. Además estas personas padecen no solo la injusticia sino la violencia ideológica que los lleva a reconocer en su verdugo a su salvador. Lo que sí es cierto es que tampoco las élites la tienen fácil por las buenas, por eso acuden a la violencia indiscriminada, de toda clase, no solo la física.

Ya se nota cómo ante la crisis moral y ética de los partidos tradicionales de la derecha, las élites políticas se preparan para un nuevo zarpazo electoral en 2018; se esconden detrás de nuevas colectividades para engañar al pueblo y hacerse elegir en el Congreso y el Gobierno. Es oportuno que este pueblo y sus organizaciones sociales se junten sobre la base de propósitos comunes, reales, como la superación de la injusticia que cala en los huesos y el alma de los humildes. Una oportunidad que está servida para sacudirse de encima tanta crueldad. Pero para ello los pequeños partidos y colectividades que han abrazado la causa social, y han puesto la vida de sus militantes en esa brega, deben abandonar el gueto, la parroquia, el ego, el discurso vacío, y la autoreferenciación. De todas maneras como dijo el francés Voltaire: “Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos más tarde o más pronto”.

Hace casi 13 años que se materializó la idea de Periferia como prensa alternativa, y con ella se avivó el debate por la necesidad de la comunicación popular como proceso para la formación de sujetos políticos, autónomos y transformadores. Una propuesta que aún la mayoría de las organizaciones sociales y políticas, y la izquierda en general, no ha podido o querido adoptar a pesar de reconocer y denunciar a los cuatro vientos el poder de los dueños de los medios masivos de comunicación, y su papel determinante en la orientación de la política, la economía, la forma de pensar y sentir, y en general de la ideología de casi toda la sociedad.

Se ha dicho hasta el cansancio que en los medios masivos, especialmente en los audiovisuales, jamás informan de manera objetiva; que allí no salen las historias de los pobres y de las comunidades que luchan por sus derechos, menos las de sus líderes y lideresas; que en ellos se exaltan a los ricos y se protegen a los corruptos. Al contrario los grandes medios que son propiedad de poderosos grupos industriales o financieros, nacionales y extranjeros, banalizan y ridiculizan los procesos de transformación de los pueblos y los satanizan, les quitan su validez, los convierten en amenazas a la democracia, los condenan para que luego lleguen las demás instituciones a jugar su papel de judicialización o de criminalización. Por eso el asesinato o detención de líderes y lideresas sociales pasa desapercibido o es justificado para la sociedad.

La comunicación nos pertenece naturalmente a todos y todas, porque nacimos con ese don; no le pertenece a los grandes medios y grupos económicos. Sin embargo la sociedad entera les ha cedido esa exclusividad a ellos, y le endosamos el fundamental papel de educar, formar, informar y divertir a nuestras familias. Y es obvio, porque los dueños de esos grandes medios nos entregaron la tarea de trabajar muchas horas y cansarnos al extremo, para que luego lleguemos a verlos y escucharlos, para que nos digan qué hacer, a quién querer y a quién odiar sin formula de juicio. Por eso son tan poderosos, por eso aunque nos manipulan terminamos abrazándolos y reconociéndolos como si estuvieran haciendo una gran labor. Por ello aunque odiemos los impuestos, la corrupción y la violencia, no conectamos a las clases políticas ni a la élite económica con el desastre social y ambiental de la Nación, y más bien señalamos en sentido equivocado, el que ellos nos señalan.

La comunicación popular es núcleo de la autonomía, de la democracia. De la autonomía porque les da la herramienta a las comunidades para que se autorreconozcan, y para que valoren sus propios esfuerzos, sus luchas y sus propuestas sociales y políticas, para que se vean como protagonistas de su propio presente y futuro, y no como gregarios de las apuestas de otros. Y es clave para la democracia porque les permite a los sectores y regiones abandonadas, excluidas y segregadas por el Estado, plantear sus cosmovisiones, su diversidad, sus apuestas territoriales y sus problemáticas, vinculándolas a la lucha por el poder político, cosa que no va a hacer nadie sino las propias comunidades.

Por eso no es poca cosa que un gran medio invisibilice los paros de Buenaventura y Chocó, y las acciones represivas de las fuerzas armadas y de policía contra los y las manifestantes, mientras al desayuno, almuerzo y comida nos muestran las protestas de la oposición en Venezuela, y señalan y denuncian como graves las acciones de la guardia en ese país. ¿Qué diferencia, según los medios masivos, existe entre la violencia de la policía venezolana, y la brutalidad de los escuadrones antidisturbios colombianos, Esmad, que se llevan por delante ancianas, niños y niñas y habitantes de una región que todos sabemos que han sido abandonados y condenados a la miseria y la muerte? Ahí está el centro del asunto, si no nos apropiamos y desarrollamos nuestros propios procesos de comunicación popular, otros nos van a mostrar lo que se les ocurra y con el enfoque que quieran.

Es cierto que las redes sociales podrían funcionar en estos casos para mostrar las injusticias, siempre y cuando cuenten con un importante nivel organizativo y se usen de manera leal, pero jamás servirán, si se usan de manera parcial o espontanea, para formar a esos sujetos políticos que interpreten y asuman un papel transformador de realidades, como por ejemplo la precarización de la labor docente que hoy viven cientos de miles de maestros y maestras y sus familias, y el sistema de educación en general. No obstante, algunos maestros aún no conectan su dura y difícil realidad con los responsables de esta, y hasta los eligen para que gobiernen.

Hoy más que nunca la comunicación popular, que no es solo la prensa, los audiovisuales, la radio y demás, debe resaltarse y ganar un papel protagónico en las luchas que libra el pueblo colombiano. El arte en toda su dimensión también educa, forma y transforma y hace parte de la comunicación popular.

Las organizaciones sociales y populares, los sectores democráticos y progresistas, se deben a sí mismos una reflexión profunda sobre la necesidad de vincular en todas sus apuestas, procesos y proyectos la comunicación como eje estratégico, pero la comunicación que camine hacia la construcción de una nueva hegemonía, una humanista, democrática, con valores solidarios, etc. No hay que perder el tiempo tratando de derrotar a los monstruos mediáticos a través de sus mismos juegos de engaño y posverdad; hay que hacerlo a través de propuestas creativas, nuevas, propias, honestas, que engrandezcan la condición humana de los más humildes y les dé su valor en esta tierra.

Por lo tanto, mientras verdaderamente tomamos conciencia del papel de los medios y la importancia de adelantar proyectos de comunicación popular para nuestras apuestas y las comunidades con las que trabajamos, lo mínimo es apoyar aquellas que ya existen y le han brindado años de esfuerzos a esta difícil contienda, como Periferia, por ejemplo.

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Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

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