Derechos

Yo también rompo el silencio

La primera vez que sentí esa clase de miedo no había cumplido once años. Mi madre, en un intento por solucionar su situación sentimental, se había casado de nuevo. El tipo, un hombre veinte años mayor que ella, me producía escozor desde que entré a su casa: su amabilidad, que rayaba con el servilismo; su mirada que me seguía a todas partes. No sabía qué sentía al respecto, pero me incomodaba. Cuando pienso en esos primeros momentos recuerdo esa sensación de repulsión e incomodidad por todo mi cuerpo.

Antes de vivir con mi nuevo padrastro, incluso antes de que yo supiera de su existencia, mi madre solo mencionó que iríamos a vivir solas, sin mi abuela y mi tía. Mi reacción de fastidio, entonces, pasó a ser relacionada con un sentimiento que sí tenía cabida y no representaba ningún peligro para la seguridad de la situación: “Laura está celosa porque no quiere compartir a la mamá”.


La primera vez que se acercó a mí ni siquiera me tocó. Fue una pregunta lasciva que yo entendía que estaba mal, pero solo respondí sonrojándome. Y le dije a mi madre de la manera menos clara posible, que decidió continuar con su tranquilidad y tratar el asunto como un momento aislado que yo había malinterpretado. Eso, sin embargo, hizo que dentro de mí se rompiera cualquier lazo de confianza, respeto y consideración hacia ella.

Supe que, como cualquier chica de las historias que escuchaba de mi familia, que siempre se referían a chicas pobres o campesinas, debía irme y encontrar mi propio lugar a salvo en el mundo.

Durante casi ocho años las preguntas lascivas evolucionaron al abuso sexual y me culpé de no ser capaz de expresarme de otra forma, de no usar eufemismos, de mi cuerpo voluptuoso (que solía esconder bajo ropa gigantesca o apretar con vendajes), de que me gustaran los hombres, de no acudir a personas ajenas al círculo cercano de mi familia que entenderían mi alarma al no tener vínculos con él, de no reaccionar violentamente para defenderme, de no ser capaz de irme.

La violencia sexual, perpetrada por familiares o personas del círculo cercano, suele ser progresiva, según datos recogidos de la Unicef: “Muchas veces ocurre que [las víctimas] son sorprendidos, confundidos y engañados, ya que los abusos sexuales se dan en forma progresiva en el contexto de una relación de afecto cimentada previamente. El agresor sexual suele emplear atenciones especiales, demostraciones de afecto, juegos y regalos para lograr la confianza [de las víctimas]”. Y en ese sentido mi caso siguió a la estadística. Supongo que suele ser lo más inteligente, pues además de crearle seguridad y confianza a los adultos, confunde a quien poco o nada sabe del tema.

Lo que no entendía en ese momento es que era completamente normal, reaccionaba conforme me habían educado, reaccionaba con el miedo, la vergüenza y la incertidumbre: “...cuerpos de hombres en un lugar confinado en el que estamos encerradas, con ellos, pero sin ser como ellos. Nunca iguales, nuestros cuerpos de mujer. Nunca seguras, nunca como ellos. Somos el sexo del miedo, de la humillación, el sexo extranjero. Su virilidad, su famosa solidaridad masculina, se construye a partir de esta exclusión de nuestros cuerpos, se teje en esos momentos. Es un pacto que reposa sobre nuestra inferioridad”, como expresó Virginie Despentes en 2006. El miedo, la humillación y la vergüenza se extienden siempre en dirección femenina. Mujeres o cuerpos de hombres feminizados.


Mi historia se suma a millones de historias más de otras mujeres en el mundo. No tuvo nada que ver con mi estrato socioeconómico, ni con la educación de mi familia, fue resultado de un problema sociocultural que nos atañe a todos.


De nada le sirvió a mi madre regalarme un libro de Simone de Beauvoir a los nueve años, comentar historias tristes de niñas violadas en tugurios, o debatir con amigos y familiares sobre la situación de violencia sexual de otras mujeres. La violencia sexual hace parte de la vida de cada uno de nosotros, tanto si la recibimos como si la perpetramos. “Dejen de hacernos creer que la violencia sexual contra las mujeres es un fenómeno reciente, o propio de un grupo específico”. “La herida de una guerra que se libra en el silencio y en la oscuridad”. “Es asombroso que las mujeres no digamos nada a las niñas, que no haya ninguna transmisión de saber, ni de consignas de supervivencia, ni de consejos prácticos y simples. Nada”, afirma Despentes.

En la segunda semana de octubre, miles de sobrevivientes de abuso sexual compartieron sus historias utilizando la etiqueta #MeToo / #YoTambien en redes sociales. Este tipo de ejercicio es importante, poderoso y, a la vez, fundamental. Más allá de lograr empatía y concientización entre quien se pueda considerar un aliado, importa como ejercicio de reconocimiento de la otra, de su ira y de la ira colectiva que busca culminar en la organización de esa colectividad para hacer cambios visibles y trascendentales. Porque es primordial reconocer la expansión del problema y la propia vulnerabilidad para gestionar espacios de reunión, consenso y unión. No somos casos aislados, producto de monstruos nacidos de la casualidad o de una conducta extraña; por el contrario, nuestra experimentación diaria frente al abuso y la violencia sexual es resultado de una normalización cultural de dicha violencia y de la hegemonía del patriarcado, del machismo que nos recorre a todos.


Rompo el silencio con este texto. El silencio que he ido rompiendo en mi proceso para deshacerme de mi papel de víctima y convertirme en una sobreviviente que mantiene la esperanza de ver un mundo diferente, y de dejar mi situación privilegiada y silenciosa para, en cambio, gritar y exigir en nombre de las generaciones que me sucederán.

La ciudad bonita de puentes luminosos y vías amplias. La ciudad bonita de casas diminutas, de colores brillantes construidos con ayeres amargos. La ciudad bonita, la del centro y la de la periferia: Medellín.

El desarrollo urbanístico en la ciudad se viene presentando como una epifanía de bienestar económico y social; sin embargo, con su llegada se han ignorado problemáticas existentes y emergentes. Los puentes, las vías, los centros comerciales y las urbanizaciones cubren con cemento las historias de resistencia y de construcción popular de barrios que se forjaron a sí mismos, en su mayoría, producto de una violencia insoslayable para los ojos de la sociedad colombiana. Así pues, la dureza del concreto ha aprisionado derechos fundamentales como el de la vivienda digna y la dignidad humana.

El modelo de ciudad aprobado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2014 que regirá hasta el 2027 se opone a la construcción comunitaria de los barrios. Este plan contempla tres áreas estratégicas para desarrollar intervenciones: el borde, el río y la ladera. La ciudad se piensa para la inserción en un mercado global como una ciudad clúster y de inversión extranjera, transformación que se da a través de la renovación urbana. Para ello se debe construir y posteriormente reconstruir la infraestructura, proceso que en algunos casos genera gentrificación urbana -desplazamiento de los habitantes de un territorio, por la llegada de habitantes de mayores ingresos-.

El Naranjal
Desde el año 2013 se dio aviso del inicio del Plan Parcial Naranjal y Arrabal. El barrio El Naranjal se encontraba poblado por talleres, mecánicos, bodegas de reciclaje, recicladores, carretilleros, viviendas, vendedores ambulantes, caspetes y bares; ubicado en pleno centro y perteneciente a la Comuna 11 (Laureles) habitada en su mayoría por estratos 4, 5 y 6. El modelo de ciudad buscaba arrasar con el barrio para construir lo que llamaron “Ocho unidades de actuación urbanística”. Sólo la número dos está compuesta por cuatro torres, 114 oficinas, 240 apartamentos y 69 locales comerciales.

En diciembre de 2016 se realizaron las primeras entregas de los apartamentos, algunos comerciantes del lugar fueron re-ubicados en Caribe en el sector conocido como El Caracol. Sin embargo, en abril de 2017, la fuerza estatal hizo operativos de hostigamiento a comerciantes y víctimas de la renovación urbana, obstruyendo su derecho al trabajo. Como lo menciona Rubén Aguirre, mecánico del sector, “A qué cliente le va gustar venir aquí y cuadrar su carro, de pronto ver que el tránsito se lo va llevar que porque esto es espacio público; día tras día el trabajo se ve más poquito, llevamos aquí ya casi cuatro años y hemos estado viendo el hambre de cerquita”. Las ventas de apartamentos, oficinas y locales comerciales van en aumento, pero las soluciones de vivienda digna y trabajo para los antiguos pobladores de El Naranjal aún no son tangibles.

Moravia
La historia de los intentos de desalojo de Moravia se remonta al año 2007, cuando la comunidad de El Oasis sufrió un incendio que arrasó con más de 200 casas. Seguidamente, la administración prometió que daría casas a los afectados en un plazo de cuatro años, pero esta promesa no fue cumplida. En el 2014, siete años después del incendio, las personas que antes habitaban El Oasis lo ocuparon nuevamente. Con esta acción pretendieron construir sus casas nuevamente y exigir a la administración una vivienda digna, tal y como lo había prometido hace años.

Un año después, en el 2015, el Esmad desalojó a 38 familias ubicadas en El Oasis, sin ofrecer ningún tipo de garantía de vivienda o reubicación. Durante este tiempo se llevaba a cabo la construcción del puente de La Madre Laura, justo al frente del sector; este busca ser una de las vías de conexión del 'Distrito de la Innovación', y una de las principales banderas de 'Medellín la más innovadora', por lo que la comunidad afirma que el desalojo se debe a la construcción de este proyecto.

El 18 de agosto del 2017 se presentó otro incendio en el mismo sector, ocasionando que 300 viviendas fueran consumidas en llamas. Gran parte de las familias afectadas decidieron resguardarse bajo el puente de La Madre Laura y aún continúan sin soluciones de vivienda digna por parte de la administración.

Nueva Jerusalén
Nueva Jerusalén, un barrio cuyas casas llevan distintos colores y por cuyos caminos se pasean vacas, gallinas y ovejas, está ubicado en el municipio de Bello, aunque hace parte de la jurisdicción de Medellín. Gran parte de quienes habitan actualmente el barrio son campesinos desplazados de distintos lugares de Colombia.

El 28 de diciembre del 2016, con la justificación de estar en zona de alto riesgo, 175 familias del barrio recibieron una orden en la que se les exigía desocupar sus casas. 15 días después, el 12 de enero del 2017 el Esmad llegó a Nueva Jerusalén y comenzó con el desalojo y la demolición de las viviendas.

Frente a estos hechos la comunidad tomó acciones para impedir el desalojo y exigió un espacio para dialogar con ambas administraciones -Bello y Medellín-. Tan solo tres días después integrantes del Esmad, carabineros y soldados contraguerrilla ingresaron al barrio, dando inicio a unas horas violentas en las que hubo 42 personas de la comunidad heridas. A finales de enero se llevó a cabo una audiencia en la que se exigió a las administraciones que debían garantizar un subsidio de arriendo por 250 mil pesos hasta que las familias fueran reubicadas definitivamente; de igual manera se estipuló un plazo de dos años para dar solución definitiva de vivienda a la comunidad.

La Iguaná
El 28 de marzo de 2017, 24 familias que anteriormente habían sido víctimas del conflicto armado fueron desalojadas del barrio La Iguaná, sector Los Ranchitos. El desalojo se ejecutó bajo el pretexto de que la comunidad se encontraba asentada en zona de alto riesgo y fue llevado a cabo a la fuerza por el Esmad, luego de que los habitantes se negaran a abandonar sus hogares.

Ante la incertidumbre de quienes fueron desalojados, la administración acordó que cumpliría con un pliego de seis puntos que compone subsidios para arriendo, subsidio alimentario, garantía de educación para niños y jóvenes, atención a mujeres embarazadas e infantes en el programa de buen comienzo, adquisición de vivienda definitiva y la no ejecución de medidas judiciales contra los estudiantes que colaboraron con las familias desalojadas.

Pasados los tres meses les fueron suspendidos los subsidios de arriendo a las familias. La comunidad se encontraba a la espera de las garantías de vivienda digna que la administración había asegurado; lo anterior teniendo en cuenta que el 26 de junio del mismo año, el Tribunal Administrativo de Antioquia había fallado a favor de una acción de tutela en la que se aseguraba que se les debía garantizar a las familias una vivienda digna. “La alcaldía solo dio tres meses de arriendo y a la gente la dejó en la calle. Prácticamente no hay nada”, afirmó la lideresa de La Iguaná, Xiomara Quinchía. Así mismo, asegura que actualmente la mayoría de quienes fueron desalojados se encuentran viviendo en lugares con unas condiciones lamentables.

La Paralela
En este barrio, ubicado entre la estación Acevedo y Tricentenario del metro, el dos de agosto del presente año se informó que 297 viviendas planean ser desalojadas por la construcción de la estación Multimodal del Metrocable Línea P Acevedo - Picacho que se planea desde 2016.

Hasta ahora, se les ha ofrecido a las familias montos de dinero que no equivalen al valor real de sus casas y cuotas para que las familias paguen un arriendo durante tres meses. Este protocolo ya se ha llevado a cabo en otros desalojos de la ciudad (Puente de la Madre Laura, Nueva Jerusalén, La Iguaná), en los que las comunidades, luego de los tres meses, han denunciado que se encuentran a la deriva. Las exigencias y promesas de una vivienda digna no fueron cumplidas por la administración.

“Nosotros no nos oponemos al desarrollo, a lo que nos oponemos es a que nos maltraten, a que nos violen los derechos. Queremos que nos aseguren unas condiciones dignas para vivir. Uno debe salir en iguales o mejores condiciones de las que estaba”, afirma José Muñoz*, habitante de la Paralela. Mientras los pobladores de la ciudad proponen Mejoramiento Integral de Barrios, las administraciones siguen priorizando los intereses de algunos sectores como el constructor, pensando en un modelo de ciudad para el turismo que olvida las necesidades inmediatas de quienes construyeron precaria y comunitariamente la ciudad.

En el mes de septiembre la ciudad de Bogotá se vió inmersa en un proceso de movilización gestado desde los barrios populares del sur: el paro de sur, Tunjuelo. Este fue un proyecto de organización colectiva que tenía como intensión manifestarse en contra de las múltiples afectaciones que tienen las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, pero que tuvo como punto de partida las consecuencias que ha dejado la mala administración del relleno sanitario Doña Juana sobre los habitantes de estas zonas.

Tomar como referencia el 27 de septiembre no era casual, más bien era algo sintomático. Los habitantes de la localidad recordaban cómo hace 20 años el relleno sanitario había tenido una explosión producto de la acumulación de gases, mal manejo de 800 toneladas de basura, algo que sin duda marcó un precedente para la población. Hoy, al verla proliferación de plagas en sus domicilios e incluso cultivos de la parte rural, sintieron que ese oscuro episodio se estaba repitiendo. Por eso elevaron su voz de descontento y empezaron a trabajar de forma colectiva en torno al desarrollo del paro del sur. Buscaban gritar que el sur no se podría seguir convirtiendo en el basurero de la ciudad, y que es necesario pensar en alternativas viables para dar un buen manejo a las 6000 toneladas de basura que llegan allí diariamente.

Pero esta era tan solo la punta del iceberg, por lo que otras localidades del sur de la ciudad se vieron involucradas y decidieron participar en esta movilización, que iba tomando más fuerza debido al trabajo barrial realizado por las mismas comunidades. La gente estuvo comprometida desde el inicio con el desarrollo del paro, y se encargó de brindar su apoyo, desde lo más pequeño,para que todo funcionara. 

¿Qué sucede en el sur?
Hace poco, el representante a la Cámara Inti Asprilla calificó como infame la forma de actuar de la actual administración con la gente del sur. Citó claramente cómo allí la clase popular tiene problemas con el ya mencionado relleno, sumado a la falta de rutas de transporte, la carencia de personal docente en las escuelas, las condiciones de inseguridad a las que están sometidos los jóvenes, ya que se denuncia que en estas zonas existe presencia paramilitar, el problema de la minería a cielo abierto, y como si fuera poco, los problemas que tiene el sistema de salud para estas zonas.

 

El paro se despertó en la ciudad
Durante la preparación del paro los participantes semanalmente se reunían a discutir la posibilidad de vincular la mayor cantidad de gente que aportara a la movilización. De dichas reuniones salían propuestas y asignación de tareas; había un proceso de organización que permitió involucrar a estudiantes, líderes sociales, maestros, medios de comunicación alternativa, y lo más importante, gente del común, convencidos de que este paro debía marcar un precedente histórico de movilización en toda la ciudad.

Llegó el 27 de septiembre y, sobre las 7:00 a.m., desde diferentes puntos de la ciudad se empezaban a agolpar personas que sentían la necesidad de apoyar la movilización. Llegaron organizaciones sociales, y aunque la administración militarizó las diferentes zonas como método de represión a la protesta social, el apoyo fue masivo, y los puntos de concentración fueron estratégicos. De esta forma salieron movilizaciones desde Bosa, Kennedy, El Tunal, algunos barrios del norte de la ciudad e incluso Universidades Públicas. Las consignas no se hicieron esperar y en la ciudad se escuchaba un grito:“¡A parar para avanzar, viva el paro popular!”
Andrey Téllez, docente que acompañó la movilización, manifestó que quien estaba en las calles era la “dignidad rebelde” exigiendo el pago de la deuda social de los problemas que siempre han existido, pero que lastimosamente se han agudizado y peor aún, que se están invisibilizando desde la administración. Al mismo tiempo dejó por sentado que esto no sería una movilización de un día, sino que era el inicio de todo un proceso que debía mantenerse hasta lograr una solución efectiva a las problemáticas del sur.

Así mismo, uno de los participantes de la marcha que salía desde la autopista sur, manifestó que “el sur tenía que dejar de ser patio trasero de la ciudad, porque el sur estaba poniendo el norte”, y que dicho evento debía ser un referente para las próximas generaciones para no permitir que dirigentes políticos hicieran de las suyas aprovechando el momento de elecciones que se aproxima.

Quedó claro entonces que la solidaridad y la lucha organizada del sur sabía cuál era el objetivo de parar la ciudad. Mostraron a los ciudadanos del común que allí estaban muchas personas dispuestas a poner su aliento y fuerzas con tal de ser escuchadas. El sol de la capital estaba en su mayor punto, y las calles se hicieron largas, pero las marchas no se detenían, y la idea de llegar hasta Usme no decaía.

Trascurrida la jornada y a pesar del cansancio y los encuentros con la Fuerza Pública, había una sonrisa en quienes participaban, y no era para menos, se había logrado detener gran parte de la ciudad: mostrar las problemáticas por la cuales se movían y aún más gratificante, se logró que cerca de mil personas se unieran en torno a una lucha que se había gestado desde meses atrás y que no se detendría allí.

Tumaco es el municipio con más cultivos de coca en el país. El número de hectáreas llega a las 20.000. En este territorio, habitado por alrededor de 5000 familias campesinas y por comunidades indígenas, persisten fuertes dinámicas de violencia. El pasado cinco de octubre fue un reflejo de ello. Este día, oficiales de la Policía Antinarcóticos asesinaron a siete campesinos e hirieron a alrededor de 20 en la vereda El Tandil.

La comunidad de El Tandil, de las veredas aledañas, e incluso de los resguardos indígenas, tienen como principal fuente de sustento el cultivo de la coca, y no cuentan ni con condiciones ni con garantías de vida óptimas. Como explica Diana Montilla, de la Asociación de Juntas Comunitarias de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje -Asominuma-, “las personas mestizas y los afro deben pagar alrededor de 500.000 pesos para poder tener energía de seis de la tarde a diez de la noche, y en los resguardos no hay plantas, no hay energía”. Los padres de familia deben gestionar los docentes para educar a sus hijos, y adicional a eso, solo hay un puesto de salud en una vereda llamada El Azúcar, que fue una donación de la Organización Médicos sin Fronteras hace diez años, pero que nunca se ha usado, no han llevado médicos ni enfermeras, y hoy está a punto de caerse.

Cuando una persona se enferma su mejor opción es acudir a San Lorenzo, en Ecuador, porque en Tumaco no es posible encontrar una buena atención. Y el transporte también es un problema: para llegar a la zona, hay que hacer un recorrido de aproximadamente una hora hasta el sector de la variante, antes de llegar a Llorente, luego hay que llegar a La Playa, luego partir hacia la vereda El Playón o El Vallenato, y de ahí desplazarse hasta la vereda El Tandil, en moto o en carro. La movilidad entre las veredas, que se hace sobre todo por vía fluvial, se restringe por los riesgos del caudal del río, desde de las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Con todas estas problemáticas, y con las dificultades que conlleva el proceso, los campesinos tienen la intención de sustituir sus cultivos, pero existe un problema con la tierra, ya que no hay claridad sobre la pertenencia de varios terrenos. Se ha dicho que los campesinos han despojado a los miembros del Consejo Comunitario. No se sabe exactamente cuál terreno le pertenece al Consejo y cuál a los campesinos asociados en Asominuma.
Por esta situación han preferido esperar a que haya una clarificación en el territorio para poder entrar en el proceso de sustitución de cultivos. Ante este problema, la líder de Asominuma expresa que la organización “nunca se ha opuesto ni ha dicho que no quiere la sustitución, de hecho los campesinos entregaron un documento a la Vicepresidencia de la República manifestando su voluntad de sustituir”.

¿Qué ocurrió el cinco de octubre?
“Muchos compañeros campesinos empezaron a llegar desde las siete de la mañana. Con otros 50 compañeros nos empezamos a desplazar hacia el lugar por una trocha. Llegamos al sitio y de repente se escucharon unos disparos en un lugar donde había campesinos insistiéndole a la Fuerza Pública que se saliera. Yo vi dos policías que se miraron el uno al otro. Cuando escuché los disparos me agaché y me quedé quieto. Empezaron a disparar, incluso a quemarropa. Yo seguí ahí agachado porque pensé que no era a nosotros, hasta que vi que mis compañeros empezaron a correr y a gritar: nos están matando, nos están tirando”.

“Salí corriendo, y en un trayecto de unos 10 metros me caí tres veces. Mis compañeros me empujaron. Detrás de un palo había cinco compañeros, yo me hice detrás de ellos pero los disparos seguían. Miré hacia atrás y vi una salida. Me metí corriendo, y salimos. Llegamos a una casa. Se escuchaban las balas que silbaban por encima de nosotros. Al llegar ahí vi que uno de mis compañeros campesinos tenía una herida en el brazo. Y escuché a los otros que decían: regresemos, ¡regresemos que hay muertos y hay heridos! Tenía ganas de regresar, pero al escuchar la arremetida de las balas sentía impotencia de no poder sacar a nuestros campesinos para que no los siguieran matando”.

De esta manera narra lo sucedido Elier Martínez, integrante de la acción comunal de la vereda, y quien vivió en carne propia la desazón de la masacre, que tuvo antecedentes puntuales en el marco del problema de los cultivos.

En abril se vivió un incidente en el territorio. Unidades de la Policía ingresaron al lugar y erradicaron varias hectáreas en veredas de la zona baja del Alto Mira. Estas acciones no estuvieron acompañadas de ninguna ayuda o auxilio del Gobierno. Eso hizo que las comunidades se organizaran en un proceso de manifestación pacífica que desencadenó en la retención de 12 policías que posteriormente fueron dejados en libertad. Situación similar se presentó durante los primeros días de octubre: unidades antinarcóticos ingresaron al territorio intentando implementar el proceso de erradicación forzada, y las comunidades decidieron mantener un cordón humanitario exigiendo la suspensión de la erradicación.

Según reseñan la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC-, la Unipa, y la Asociación Minga, el asentamiento de los policías se estableció el primero de octubre sobre territorio perteneciente a la comunidad indígena, más exactamente al Resguardo Piedra Sellada. Por esto el martes tres, aproximadamente a las 10:30 a.m., “65 guardias indígenas acudieron al lugar donde construyó su base la Fuerza Pública y ante la solicitud de hablar con los oficiales al mando de policías y militares, fueron agredidos con gases lacrimógenos, bombas de aturdimiento y balas de fusil”. El cuatro de octubre, un día antes de la masacre, los líderes indígenas persistieron en su intención de hacer retirar de su territorio a los oficiales, pero tampoco lo lograron.

Finalmente, el cinco de octubre, jueves, los líderes indígenas quisieron intentar una vez más hacer valer su soberanía. Al llegar a la zona se encontraron con cientos de campesinos que se manifestaban y que formaban un cerco humanitario a los cultivos de hoja de coca. Hasta que las balas de los policías acabaron con la vida de, hasta ahora, siete campesinos, en unos hechos que apenas se esclarecen y que ya están siendo investigados. Hechos que, en pleno inicio del llamado “posconflicto”, ya marcan un punto de ruptura, y que dejaron huella sobre muchos campesinos. “Es como un trauma. Duermo poco. Me despierto y me traslado al lugar. Me pongo a pensar estando ahí. Le doy gracias a Dios por haber salido ileso. Hasta la fecha, me he puesto a llorar porque sigo sin entender”, expresa Elier Martínez.

La agresión persistió
En la mañana del domingo, tres días después de la masacre, llegaron a la vereda El Tandil periodistas de distintos medios de comunicación que se encontraron con la Comisión de Verificación conformada por representantes de la ONU, la Mapp/OEA, Pastoral Social de Tumaco, la Personería de Tumaco y la Gobernación de Nariño. También estaban la Guardia Indígena e integrantes de organizaciones como el Movice y la Corporación Jurídica Yira Castro. Todos con la intención de verificar las cifras y las versiones de la masacre.

Allí se encontraron, primero, con oficiales del Ejército, y después, con el campamento de la Policía Antinarcóticos, los responsables de la masacre. Algunos oficiales tenían su rostro cubierto con pasamontañas, no portaban ninguna identificación, la mayoría estaba en camiseta, incluyendo quien se presentó como capitán, que nunca se identificó. No importó la petición del delegado de Naciones Unidas de que se descubrieran el rostro, lo único que hicieron fue retirarse hacia la parte de atrás, mientras los oficiales del ESMAD presentes en el lugar amenazaron con lanzarle gases a la delegación si esta se movía más.

Luego de intentar dialogar con los policías, conformaron una pequeña comisión de alrededor de 15 personas, para adentrarse en la maleza y verificar la presencia de un cuerpo que un miembro de la Comunidad Indígena Awá había visto cuando caminaba por ahí en la mañana. Con el indígena que hizo la denuncia, dos periodistas, algunos campesinos de la zona, y con un representante de cada organización, partió la comisión en busca del cuerpo. Los demás se devolvieron a la zona donde estaba el Ejército, para evitar confrontaciones con los policías.

Sonia Cifuentes, de la Asociación Minga - Somos Defensores, quien hizo parte de la comisión, relata así lo que sucedió después: “Caminamos unos 15 minutos por la maleza y cruzamos una quebrada. Íbamos caminando, cuando en un momento la Policía grita que tenemos que salir de allí, y acto seguido lanzan una primera granada aturdidora. Íbamos en fila india por las condiciones del terreno. Los que están en la cabeza de la marcha se botan al piso y empiezan a identificarse. Adelante estaba la ONU, la Mapp/OEA, y los representantes del Gobierno local y departamental. A pesar de que nos identificamos ellos siguieron disparando. Los disparos no eran al aire, sino contra nosotros los que estábamos allí en la comisión. Después del segundo disparo nos dimos cuenta de que podíamos seguir gritando y no nos iban a hacer caso”.
Ante tal situación, huyeron del lugar mientras gritaban pidiendo ayuda al Ejército, con la guía de los indígenas, y con miedo por saber que existía la posibilidad de que el terreno estuviera minado. Varias de las personas que esperaban a la comisión en el sitio donde estaba el Ejército, decidieron, luego de escuchar las explosiones, los gritos, y las balas, ir a socorrer a los que estaban atrapados entre el fuego y la maleza, lo que dio lugar a una grave denuncia. “Fueron cuatro personas que intentaron entrar mientras gritaban nuestros nombres. Y la Policía les contestaba. Se hacían pasar por nosotros, para que los compañeros fueran llegando hacía donde ellos estaban. Si no es por la Guardia Indígena que se da cuenta de que era un engaño, seguramente se hubieran podido jalar alguno de los compañeros. Esa denuncia hay que hacerla”, relata Cifuentes, quien agrega, además, que “debe haber algo muy fuerte, muy terrible en el campamento de la Policía, para que ellos prefieran asumir todo lo que implique haberle disparado a una comisión de derechos humanos”.

Una situación es característica tanto en la masacre de los campesinos el cinco de octubre, como en el ataque a la Comisión de Verificación y de derechos humanos, el ocho. En los dos episodios la Policía Antinarcóticos fue quien atacó, y los oficiales del Ejército –que estaban ubicados a solo 10 minutos del lugar de la masacre- fueron quienes atendieron a los heridos.

A los policías antinarcóticos que perpetraron la masacre también se les acusa de haber alterado la escena del crimen. Los campesinos denuncian que los oficiales se dedican en las horas de la madrugada a cortar los árboles, a remover la tierra, y a tapar rastros de sangre. De estos oficiales, el ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, pidió relevar 102, y la Procuraduría abrió investigación contra 14 militares y 40 policías. Esto en aras de esclarecer los hechos de una masacre de la que se culpó a las disidencias de las FARC, pero que tiene claros responsables en la Policía Antinarcóticos.

Por lo pronto las comunidades claman justicia ante un hecho que demuestra la incapacidad del Gobierno para controlar a sus oficiales, y lo erróneo de un mecanismo de erradicación que, al hacerse a la brava, olvida las necesidades y requerimientos de los campesinos. “Descansaría de pronto el día que escuche un juez de la república decir que los culpables están condenados a tantos años de cárcel sin derecho a ningún beneficio. Ese día talvez descansaré”, expresó Elier Martínez, sobreviviente de la masacre.

Siete meses después

Visité por vez primera la ciudad de Mocoa, capital del departamento de Putumayo, para participar de la carrera atlética Mocoa 10k Vive. Han pasado siete meses luego de la avalancha ocurrida por las fuertes lluvias y se ven aún las piedras, rocas, arbustos caídos, lodo por doquier, barrotes, y enseres de las casas destruidas. La ciudad que quedó en pie está sitiada, pues todos esos escombros no han sido removidos ni levantados, y las labores de reconstrucción y recuperación de infraestructura son inexistentes. Se suma al mismo tiempo el desánimo, la desesperación y el desamparo para los sobrevivientes y damnificados por cuenta del Estado colombiano y el Gobierno de “Paz, Equidad, Educación”, como también de las instancias departamental y municipal, quienes han brillado por su ausencia para la pronta solución de las necesidades básicas y prioritarias.

Es impresionante la negligencia gubernamental. Y lo sostiene así una habitante del barrio San Miguel, la señora Rosa Erazo, quien actualmente vive en el segundo piso de su casa que quedó de pie, pues hoy por hoy no tiene en dónde arrendar, debido a que el auxilio de arriendo por tres meses, de 250.000 pesos, no alcanza para lo que realmente cuesta un arriendo en esta ciudad, que oscila entre 350.000 pesos y 600.000 pesos.

Doña Rosa es doblemente desplazada, primero por la violencia armada, pues en el 2002 debió desplazarse del municipio de La Dorada como consecuencia del asesinato de su esposo, y recién llegada a Mocoa la alcaldía de la época le prometió una casa y el pago de la indemnización que nunca cumplió. Desde eso comenzó a labrar su porvenir levantando su casa donde está actualmente, y hoy medio destruida. Su presente diario está en cuidar a su madre con más de cien años de edad, en elaborar sombreros y bolsos de hiraca, y en alimentar pollos y gallinas para sostenerse y tener con qué comer y vivir. Está a la expectativa de lo que ocurra con la entrega de las nuevas casas, que cuentan las malas lenguas, serán por sorteo amén de la posibilidad de la demolición del barrio. Sobre esto doña Rosa dice: “Si piensan venir a demoler las casas aquí, me tendrán que demoler a mí también porque no tengo nada ni para dónde ir”.

Una de las grandes preguntas que se hacen los habitantes es qué pasó con el dinero y las promesas vendidas. Mientras tanto, duermen noche a noche con los ojos a medio cerrar y con el miedo permanente de que otra lluvia, otro aguacero, tan nada ajeno a este paisaje amazónico, genere un nuevo deslave, una nueva avalancha, para llevarse definitivamente la poca ilusión que les queda ante dios y ante la misma vida, que viene siendo esquiva por causa no del destino, sino de la misma naturaleza a la cual el hombre mismo se ha encargado de desproteger y destrozar sin anestesia.

Largos, fríos y sorpresivos eran los caminos que soportaban los chuecos pies de las y los abuelos nariñenses; es común escuchar las historias de sus travesías, varias horas caminando, expuestos al sol, la lluvia, la oscuridad y los temores. “La escuela quedaba a dos horas de camino, yo me levantaba a las cuatro de la mañana para poder llegar a clases, con una pequeña linterna empezaba la caminata, a veces me daba miedo el ruido del río y los matorrales, pero llegaba contento al salón, cuando salía me iba corriendo para quedarme con mis amigos un rato en el río”, recuerda Mauricio Grijalba,  nariñense que terminó sobreviviendo en la selva de cemento.

Ahora las anécdotas de los recorridos no van más allá de los estresantes trancones, accidentes o peligros en el transporte tradicional. Es por eso que los recuerdos envuelven a las nuevas generaciones, que anhelan quizá poder vivir aunque sea solo instantes las caminatas rigurosas e inciertas.

Hoy, cientos de pastusas y pastusas, sumidos en los afanes y rutinas de las labores cotidianas, hacen uso del famoso bus urbano; el matutino proceso consiste en correr cada mañana a la esquina a esperar su ruta, abordar, remover el metal y el papel en el bolsillo, despojarse de estos y postrarse a merced del celular durante el recorrido, de los apuntes olvidados para el parcial, del maquillaje, o simplemente atento a sostenerse porque tocó colgado en la puerta.

Todo parece normal y tranquilo, el inconveniente surge al saber que son cuatro las veces que se tiene que usar este transporte en el día, pues las dinámicas de los horarios y tiempos así lo determinan. Esto implica un costo diario de seis mil pesos, de acuerdo a ello el análisis presupuestal se clasifica por sectores. Por ejemplo Brayan Moya, estudiante de la Universidad de Nariño, comenta que sus gastos se calculan entre doce mil y quince mil pesos diarios, de los cuales invierte la mitad en los costos del transporte.

“Como no tengo empleo toca reducir gastos, en las noches camino las dos horitas, así guardo para las copias y uno que otro tinto y un cigarro”, afirma Yurany Nataly Cuaran, estudiante de Artes Visuales. Además señala que su hermana estudia en la misma institución, involucrando los mismos gastos. Estas dos chicas dependen de su madre, quien además de ser cabeza de hogar, debe sostener su núcleo familiar con algo menos de un salario mínimo mensual.

Hagamos cuentas
Los 48.262 pesos que aumentó el salario mínimo son arrasados en dos semanas si se utiliza el bus urbano dos veces al día, pero solo dura ocho días si su transporte es de cuatro turnos; ahora, un padre de familia gasta el indignante aumento en menos de una semana.

Es por situaciones como estas que Brayan, Yurany, estudiantes de las universidades de la ciudad y estudiantes de secundaria han decidido organizarse en un solo bloque, vinculando de igual manera a las y los pastusos en general. Después de arduas jornadas de estudio y debate, a este grupo amplio le han llamado Movimiento Que le Bajen al Bus.

Con la angustia de que cada semestre la situación económica se convierte en ese ladrón silencioso, concluyen que es indignante tragarse los abusivos aumentos de la tarifa del transporte en la ciudad, triste empezar cada año recibiendo decretos embaucadores, y que es más triste reconocer a los protagonistas de tales procesos, que se burlan de la confianza que los ciudadanos les otorgaron  con sus valiosos votos. Es desde este espacio donde se solicitó y concertó una mesa de negociación con Avante, empresa encargada del sistema estratégico de transporte público de Pasto, y con el Alcalde del municipio.

En este espacio están trabajando temas relacionados con el exagerado aumento a las tarifas del transporte público, entre ellos: tarifa diferencial para estudiantes; derogación del decreto 0675 del 7 de diciembre del 2016, que especifica el aumento a mil quinientos pesos la prestación del servicio de transporte; congelación de la tarifa; extensión de los horarios del servicio; movilidad y coberturas en algunas zonas de la ciudad.

Este proceso ha venido avanzando con diferentes actividades, movilizaciones, plantones, entrevistas y algunos acuerdos que se han forjado con la administración encargada. Se ha logrado hasta el momento la congelación del precio para estudiantes de las universidades. También se consensuó un presupuesto de noventa millones para que el Centro de Estudios Regional de la Universidad de Nariño (CEDRE) realice el proyecto económico que avale la tarifa diferencial para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Este gasto será dividido en 44 millones que pondrá la Universidad de Nariño y 53 millones que van por cuenta de la Alcaldía.

Este proceso es largo, en busca de mayores ganancias y beneficios para la población pastusa. Se espera el apoyo de la ciudadanía, para que miles de chicas, chicos, señoras y señores puedan por lo menos movilizarse con un pesito más en el bolsillo.

*Este artículo fue producto del taller de Comunicación y Periodismo dinamizado por Periferia en el marco de la Escuela de Comunicación Uramba.

Durante 12 años el mayor Julio Cesar Torrijos obstruyó la investigación por el caso del asesinato del niño Nicolás Neira a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, luego de una brutal acción policial ocurrida el Primero de mayo de 2005. El oficial, que hoy se encuentra privado de la liberad por delitos de narcotráfico, encubrió a los responsables materiales e intelectuales del crimen, y este cuatro de agosto lo manifestó en audiencia de imputación y reconocimiento de cargos en las salas del juzgado 57 penal. Por el crimen y gracias a la confesión del mayor Torrijos, la Fiscalía llamó a otros uniformados.

Mataron a Nicolás y destruyeron su hogar
Nicolás era una promesa. Con tan solo 15 años era un joven sensible, comprometido, buen lector, solidario, y defensor de la vida de los animales, y por supuesto de los derechos humanos. “Nicolás era todo para Margarita su madre, quien solo vivía para él… después de darle su desayuno y despacharlo para el colegio de La Salle en Bogotá, lo único que esperaba era salir de su trabajo en la tarde para ir a verlo nuevamente; Nicolás era quien leía a sus padres antes de dormir, literalmente se quitaba el abrigo para entregárselo a quien lo necesitara”, por eso su muerte fue demoledora para su hogar, complementa el abogado del caso, Pedro Mahecha.

Con el asesinato de Nicolás no solo se perdió una vida, sino que se destruyó el cálido hogar que durante años le sirvió de abrigo; también acabaron con la felicidad de su abuela. La relación de los esposos se deterioró hasta romperse, los bienes del hogar se gastaron en esta lucha por la verdad y la justicia; Yuri, su padre, debió salir del país por las constantes amenazas y atentados contra su vida, sin embargo desde el exilio continuó lo que hasta ahora ha sido la única razón de su vida: alcanzar la justicia frente al asesinato de su hijo.

Una lucha por la reparación integral
Se perdieron muchas cosas en la familia de Nicolás, pero la sociedad ganó un incansable luchador por los derechos humanos. Yuri Neira se dedicó de cuerpo y alma a buscar a los responsables y a luchar por la abolición de la brutalidad policial encarnada en el Esmad. En abril de 2011, el juzgado 37 administrativo de Bogotá ordenó una indemnización por 160 millones de pesos para la familia de Nicolás Neira, pero para ellos y para Mahecha, esa indemnización aparte de ser ridícula no satisfacía para nada los elementos integrales de la reparación que incluyen verdad, justicia y no repetición; así afirmo el jurista quien además considera que en esa condena “no hubo una expresión seria por parte del Estado para evitar que hechos tan lamentables como los sucedidos ese Primero de mayo de 2005 se repitan en el futuro… peor aún es que el Estado acaba de anunciar la creación de un Esmad rural, seguramente, para reprimir, las justas protestas de los campesinos”.

Además, esta condena del juzgado 37 administrativo no conminó, como era de esperarse, a la justicia penal, y tampoco lo hizo en el ámbito disciplinario compulsando las copias respectivas a las autoridades correspondientes, es decir, mantuvo la cadena de impunidad del aparato de justicia, ya que la viceprocuradora de ese entonces había proferido fallo condenatorio destituyendo a dos oficiales por el caso de Nicolás Neira, pero el ex procurador Ordoñez tumbó esta decisión de su subalterna. De esta situación conoció el juzgado y el tribunal y no hicieron nada al respecto, detalla el abogado Pedro Mahecha.

Por eso, es a la familia de Nicolás a quien le ha correspondido, en conjunto con su abogado, mover cielo y tierra para que este aparato pesado de la justicia camine. Ellos han instaurado todas las quejas, demandas, peticiones y denuncias respectivas no solo ante las instancias de justicia nacionales sino ante la Comisión interamericana de justicia, y es por eso que el caso se movió y logró la confesión del mayor Torrijos.

Lo que sigue
La investigación debe ir más arriba, plantea Mahecha. En ese año (2005) hay pruebas de que las acciones del Esmad fueron especialmente violentas debido a una directriz de los mandos superiores de la policía y por parte del Gobierno que en ese entonces dirigía Álvaro Uribe Vélez, y hasta ellos deben llegar las decisiones de la justicia. Hasta hace poco la Fiscalía más que buscar a los responsables tenía una especie de estrategia dirigida a escudriñar en el pensamiento libertario de Nicolás, tal vez con el objetivo de legitimar la brutalidad ejercida contra un rebelde. Y es por esa razón que Yuri Neira, el padre de Nicolás, decide empeñarse en llegar hasta el mismo despacho del nuevo Fiscal General y como se dice popularmente, empapelarlo de toda clase de solicitudes que volvieran la investigación al curso debido. Tal tenacidad encontró resultados, ya que el propio Fiscal Néstor Humberto en uno de sus viajes a Europa lo contactó personalmente, según relata el jurista Pedro Mahecha.

La audiencia de imputación de cargos del cuatro de agosto deja claro que si el mayor Julio Cesar Torrijos reconoció haber encubierto a los responsables materiales e intelectuales del homicidio del menor, y haber obedecido a sus superiores para mantener la imagen del Esmad y de la Policía Nacional, entonces no se ha dicho toda la verdad ni están todos los responsables tras las rejas. De parte de la familia se tiene claro quiénes son los responsables, además hay muchos testigos que vieron que al niño no solo lo impactaron con una cápsula disparada por un trufly, sino que le dieron fuertes golpes de bolillo en su cabeza y cuerpo. La necropsia dictaminó que al niño Nicolás le abrieron su cráneo prácticamente en dos, de sien a sien, con una herida de 26 centímetros, que según los médicos era irreparable. Por eso, según manifiesta Mahecha, después de obstruir el aparato de justicia 12 años, de destruir una familia moral, económica y socialmente, de causarle grandes gastos a la justicia, este crimen no puede terminar con una sentencia que evite hurgar en las profundidades de un aparato militar y policial, de un Estado violador de los DDHH.

Ante la petición de esta familia, la Comisión Interamericana de Justicia le comunicó el 31 de julio al Estado colombiano y le corrió traslado de los expedientes, para que en tres meses, es decir el 31 de octubre se pronuncie frente al caso de Nicolás Neira. Por otro lado, el pasado 18 de agosto fueron citados a una nueva audiencia de imputación de cargos otros uniformados, pues se debe investigar la línea de responsabilidades hacia abajo, es decir el patrullero que disparó la cápsula, y los que golpearon a Nicolás hasta causarle la muerte; pero también hacia arriba, porque Torrijos reconoció que obedeció a un superior.

Sin embargo, siendo las 10:40 de la mañana, el Juez 71 penal municipal de Bogotá, con funciones de garantía, decidió enviar el caso al Consejo Superior de la Judicatura para que resuelva si la Jurisdicción Penal Militar es la competente para investigar el asesinato a manos del Esmad del niño Nicolás David Neira Álvarez. “Sin palabras distintas de que el festín de la impunidad en este caso continúa su curso perverso. Seguiremos reclamando verdad y justicia”, puntualizó Mahecha.

En el colegio mis amiguitas se burlaban de mi nombre, Violeta, por eso nunca me gustó, y cuando apenas tenía cinco años les dije a mis padres Luis Santiago y Claudia que quería cambiármelo. Ellos se sorprendieron, era solo una niña y ya tomaba determinaciones sobre mi vida, ¿y cómo quieres llamarte? Azul les dije, era mi color preferido.

Mis padres, amorosos, siempre cuidaron de mis dos hermanos y de mí, pero no tanto para prohibirnos soñar, jugar y volar por cuenta propia, como dice mi padre. Él cree que los humanos somos como las aves: a los pichones siempre los cuidan, les dan de comer y les enseñan lo básico, luego deben volar por cuenta propia y ahí los padres casi siempre terminan su tarea. Ellos se esmeraron por nuestra educación, no tanto para que obtuviéramos buenas calificaciones sino para que aprendiéramos y fuéramos buenas personas con capacidad de tomar decisiones.

Por eso nos levantamos libres, bueno, hasta donde el cuidado de nuestros padres nos lo permitía. Siempre estábamos con papá y mamá, a donde quiera que fuera mi padre por razones de su trabajo allá estábamos los cinco; mi padre es el mejor ingeniero mecánico del país, eso dice él orgulloso y yo le creo, se graduó como yo de la Universidad Nacional, pero él lo hizo cuando yo ni siquiera estaba en sus planes, por allá en el año 81. Es un antioqueño muy buena gente, humano, buen lector, amante de Dostoievski, y del ajedrez, hasta lo practicó en competencia. Ha trabajado en las principales obras viales del país y es experto en ventilación de túneles; aunque ya se pensionó aún lo llaman para asesorías. A veces peleamos por las ideas políticas, confieso que yo soy más radical que él. Mi padre cree que es tan mala una dictadura de izquierda como una de derecha. Yo lo pongo en duda.

Mi madre es adorable. Aunque se graduó en la Universidad de Cundinamarca y es tecnóloga agrícola, desde que nació mi hermano mayor no tuvo más vida sino para nosotros. Ella es la que nos transfirió el carácter fuerte, la solidaridad y la capacidad del equilibrio, nunca uno de nosotros tuvo más que el otro; mi madre nos conoce en lo más profundo y sabe de qué somos capaces y de qué no, ella sabe que somos incapaces de caminar senderos de injusticia. Nunca se queda callada y discute siempre que considera que tiene argumentos; además es una artista, hace con sus manos casi lo que quiera: con la madera, con las telas, con las agujas, con las pinturas; sus manos saben amar y en especial saben transformar.

Y mis dos hermanitos… ellos son libres, igual que yo, y nos amamos. Todos terminamos nuestras carreras universitarias con enfoque humanista, y cada uno se ha tomado en serio lo que escogió ser y hacer. El mayor, aunque vive lejos, nunca se ha ido, siempre quiso saber de dónde proviene nuestra especie y las razones de sus comportamientos culturales, además escribe muy lindo; y el menor es increíble, nunca quiso estudiar formalmente, ni asistir a clases en el colegio, pero ante la angustia de mis padres se comprometió a graduarse y lo hizo, al estilo de Estanislao Zuleta. Estudió por su cuenta y obtuvo uno de los mejores resultados en las pruebas Icfes; ahora se empeña en prepararse para transformar el sistema educativo del país.

No sé qué decir de mí, es tan difícil hablar de una misma. No sé si es importante haber tenido una gran memoria desde muy niña, y haberme aprendido las 32 banderas de los equipos del mundial de futbol del año 98 en Francia, o haber leído un libro maravilloso que me regaló mi padre, “los niños del mundo”; aún lo recuerdo, todavía me impresiono con las imágenes de los niños de Brasil de la zona de la Amazonía, sus pies siempre descalzos permitían que sus dedos crecieran diferente a los míos, tanto que servían como las manos para agarrar cosas. Nunca fui la mejor estudiante, pero sí una de las más destacadas, quería estar en todo, lo discutía todo, incluso el día de mi graduación de bachiller exigí hablar en la despedida pública en el teatro, pese a que no estaba en el protocolo.

Tal vez sea importante contar que siempre me irritó la injusticia, en todos los casos, las discriminaciones, las desigualdades sociales, nunca pude con eso. Tengo grandes amigas y amigos, muchos de ellos gracias a que en un momento tuve el valor de defenderlos justo cuando eran agredidos, como Alejandro que era víctima de la homofobia de sus compañeros. Cuando terminé la secundaria ya sabía lo que quería estudiar, para eso me formé toda la vida al lado de los que amo, para ayudar a cambiar el mundo, y también en el colegio tuve la oportunidad de encontrar mi vocación de socióloga. Me presenté a la Universidad del Rosario, por si acaso no pasaba a la Nacional, pero pasé, y nunca tuve duda que era allí donde quería terminar mi carrera. Y así lo hice este año, en 2017, antes de que mi vida y la de mis seres queridos se volviera casi un infierno por cuenta del atentado cobarde del Centro Comercial Andino.

Jamás negaré mi pensamiento crítico, ni mis autores preferidos como Fals Borda o Estanislao Zuleta; admiré sus vidas rebeldes y en especial sus actos rebeldes, siempre atados a las transformaciones sociales, al humanismo. Para eso estudié, por eso trabajé muchas veces durante mi carrera con comunidades de diferentes regiones del país; conozco de primera mano sus ausencias y sus carencias, las viví con ellos, no me pueden engañar con cuentos. Por eso hice mi tesis con las comunidades de Suárez, en el departamento del Cauca. Por eso escojo a mis amigos entre los que como yo quieren transformar estas injusticias. Por eso jamás sería capaz de cometer un acto infame que cegue la vida de personas que igual que yo son víctimas de un sistema decadente.

La vida de mis padres, de mi familia y de mis amigos cambió desde el 24 de junio de 2017 a las 7:30 pm, ocho días después del atentado del Centro Comercial Andino. En casa estaba mi padre solo, enruanado, apaciguando el frío de la noche bogotana. Cuando abrió la puerta tras los golpes, recibió tal vez el impacto más grande de su vida. Le increparon, le entregaron la orden de allanamiento, y le enrostraron que yo, Violeta, su hija, tenía una orden de captura por intervenir en el atentado del Andino. Solo de imaginarme el momento, siento el mismo frío y desolación que él sintió. Los agentes fueron por los rincones de la casa, buscaron quién sabe qué, era la casa de mis padres, no la mía. Le quitaron su celular, se llevaron cuatro computadores, dos torres viejas, y dos discos portátiles en desuso, todos de mi padre, y hasta unas USB publicitarias sin usar que le había entregado una compañía española en la que presta asesoría. Luego abandonaron el lugar sin grandes hallazgos.

Los medios insisten en que hay pruebas contundentes contra mí, y contra los chicos que fueron seguidos con sigilo y detalle y capturados casi al mismo tiempo. Sin embargo, hoy nadie da crédito a las supuestas pruebas, pasó la fiebre mediática, el desenfreno. Nadie volvió a preguntar por la señora que vio a un tipo extraño en el baño de mujeres el día del atentado, ni por la ausencia de las cámaras de seguridad y los perros antiexplosivos justo ese día, ni por las autoincriminaciones del Clan del Golfo. Mucho menos se volvió a preguntar por el infierno que se presentaba en casa de una familia que veía cómo su entorno se derrumbaba, cómo los amigos de la casa se alejaban temerosos, cómo el teléfono dejó de sonar, y cómo las visitas dejaron de llegar.

Ahora mis padres discuten entre sí, evitan hablarse o lo hacen por señas, tienen paranoia, sienten que todas las comunicaciones están interceptadas y que los vecinos del frente en realidad son agentes que los observan y los escuchan. Ya no ven ni oyen noticias, en estas casi siempre quieren mostrarles a un monstruo en vez de a su hija alegre y amorosa; están mamados de la frase “pruebas contundentes” que usaban a toda hora los “periodistas” de Caracol y la W.

La última vez que nos vimos con mis padres fue en mayo. Desde entonces no siento el calor de sus brazos en mi cuerpo. Sufro por ellos, y aunque no me siento culpable de nada, desearía que todo esto jamás hubiera sucedido. Sus vidas les cambiaron, tienen miedo que involucren a sus otros hijos en toda esta farsa. Soportaron seguimientos descarados, amenazas de nuevos allanamientos. Les ha tocado cambiar hábitos, y hasta acudir a los psicólogos para superar todo este trago amargo. Desde mayo no saben de mí, y no quiero que lo sepan, es mejor así. No puedo volver y eso me revienta por dentro, siento que no tengo garantías, los medios de comunicación me condenaron antes de que yo pudiera siquiera demostrar mi inocencia.

Confío en mis padres, en su fuerza, en su amor y tengo la seguridad que convertirán la adversidad en una nueva etapa de resurgimiento. Ellos seguirán yendo al psicólogo para que les ayude a soportar la angustia, se ayudarán con el tabaco y las oraciones; al final pasarán por encima de todo gracias a la fuerza del amor.

Me llamo Violeta, no soy terrorista, quiero ser azul como el cielo, y libre como el viento.
*La voz de la protagonista de esta historia fue reconstruida a partir de las declaraciones e historias de sus padres.

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