Ambiental

La misma sanguijuela

“El pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado”. William Faulkner, a quien se le atribuye la frase, nunca dejó claro si era una advertencia o el suspiro de un hombre resignado. Lo que sí está claro es que, al igual que el pasado y la materia, la violencia cambia sus patrones, muta el nombre de sus victimarios, pero nunca desaparece.

Casi cuarenta años lleva una sanguijuela violenta, codiciosa y perversa amenazando los signos vitales del Oriente antioqueño. Las hidroeléctricas fueron su primera manifestación. El mal servicio y los altos costos de la luz, sumados al desplazamiento que provocó la inundación del viejo Peñol para construir la represa de Guatapé, desencadenaron lo que sería un precedente de organización y movilización ciudadana: el Movimiento Cívico del Oriente. La cacería de brujas contra los líderes de la organización demuestra que el Movimiento Cívico fue un actor incómodo para los intereses económicos que descubrieron la riqueza productiva de la región.

A los acicates políticos se sumó la perversa lógica de la guerra armada en la década de los 90.  La población del Oriente antioqueño –sobre todo de sus municipios periféricos- quedó atrapada en un conflicto inmisericorde, de todos contra todos y todos contra todo, entre las guerrillas, los grupos paramilitares, y las milicias del ejército. Veredas totalmente deshabitadas; municipios gobernados por el miedo, el luto, el silencio… el shock, sería el saldo de un conflicto que azotó la región cual plaga egipcia.

Paradójicamente, la presencia de los grupos armados mantuvo vírgenes y protegidas algunas riquezas del territorio, y postergó la ejecución de megaproyectos planeados desde los ochenta. Hoy los fusiles solo truenan en los recuerdos de las víctimas, pero todavía truenan. El fin de la guerra trajo consigo otro tipo de violencia silenciosa que tiene la misma capacidad de destrucción de un mortero, nociva para los vigentes procesos de retorno, y revictimizante con la población retornada.

La riqueza hídrica es la mayor bendición y la peor maldición del Oriente antioqueño. Según un mapa elaborado en el 2016 por Nathalia Ávila, investigadora de la Universidad Federal de Paraná, a las nueve centrales hidroeléctricas activas en el territorio, la locomotora mineroenergética pretendía sumarle otras 39: cinco de ellas se encontraban en construcción, 18 tenían licencia ambiental o concesión de aguas, 12 estaban en trámite de licenciamiento, y cuatro habían sido negadas.  

Dichos proyectos ofrecen regalías, carreteras, escuelas, indemnizaciones, y prometen ser motores de desarrollo y progreso. La oferta seduce a las Administraciones municipales carentes de recursos fiscales y a las comunidades olvidadas por los entes locales.

Al respecto, Fredy Díaz, integrante del Instituto Nacional Sindical, afirma que: “No puedo entender extractivismo sin la violación de derechos humanos. Las tasas más altas de desplazamiento están en sitios donde se han logrado imponer los proyectos hidroeléctricos, mineros o pozos petroleros”. Además, Díaz sospecha que las administraciones municipales apoyan este tipo de proyectos porque suplen obligaciones del Estado, quien tiene la responsabilidad de garantizar las escuelas, carreteras, y parques construidos por las empresas.  

La microcentral El Popal, ubicada en el sector conocido como El Ocho en jurisdicción de Cocorná, es una de las nueve centrales generadores de energía identificadas por Nathalia Ávila. Donde los turistas y los cocornenses antes se bañaban y hacían sancochos, hoy hay letreros que dicen: “Riesgo de muerte”, “prohibido lanzarse de los muros o nadar en este sitio”. A un lado del puente construido sobre el muro de contención, se ven piedras gigantes como huevos prehistóricos desnudos por la merma del caudal, y la Casa de Máquinas que capta el 75% del río para producir 19.9 megavatios de energía. Al otro lado, ronca una retroexcavadora mientras saca sedimento del río represado. Así son los cadáveres de los ríos cuando mueren: tan marrones y estáticos que producen una filosa tristeza.

“Este charco nos daba la posibilidad de que estas comunidades afectadas por el conflicto se volvieran a encontrar, volvieran a construir esos lazos campesinos tradicionales. Al quitarnos el charco nos impiden esa reconstrucción del tejido social, que para mí es una de las grandes pérdidas con este proyecto”, afirma Sebastián Guzmán, integrante de la Corporación Cocorná Consiente que brinda acompañamiento a las personas afectadas por el proyecto, y la cual gracias a la movilización social logró suspender otros dos proyectos energéticos que quisieron asentarse en el municipio.

Benito Guarín, sobreviviente del exterminado Movimiento Cívico e integrante de la Asociación de Pequeños Productores del Oriente antioqueño, ASOPROA, también manifestó su inconformidad con este tipo de proyectos: “Se generan recursos enormes en la región, pero no llegan a los campesinos. El campesino no pasa de arreglárselas para conseguir con qué comer. La vereda La Aurora [zona de influencia de El Popal] en verano es invivible porque la vereda se queda sin agua. Estos proyectos tienen muchas implicaciones. Por ejemplo, el abastecimiento regional: las 5.000 hectáreas inundadas dejan de producir comida. Al dejar de producir, los alimentos hay que traerlos de afuera y eso encarece el costo de vida”.

Otro ejemplo es San Carlos, municipio donde actualmente funcionan tres centrales hidroeléctricas, y el cual sigue siendo atractivo para las empresas que quieren producir energía. Celsia, filial de la empresa Argos, desde el 2012 llegó al corregimiento de Puerto Garza con la pretensión de utilizar 27 de los 140 kilómetros del río Samaná Norte para construir una hidroeléctrica llamada Porvenir II que producirá 352 megavatios.

La comunidad es reticente al proyecto, entre otras cosas, porque la economía pesquera estaría amenazada con el represamiento del río, y como lo explica Alexis Giraldo: “La central Punchiná ha operado más de 30 años en la zona y, hoy por hoy, no vemos los resultados del desarrollo que nos trae a nuestras comunidades”. Durante cinco años, los habitantes de la zona han conformado ocho comités de concertación para debatir el plan de manejo ambiental presentado por Celsia, solicitar información, exigir la inclusión de análisis no tenidos en cuenta, y llamar la atención de la Administración municipal. La puesta en marcha de Porvenir II aún no empieza, pero Puerto Garza está empecinado en defender “nuestra empresa: el río. La empresa de los campesinos, de los pobres”.

El río Dormilón, en San Luis, también ha sido amenazado a muerte en más de una ocasión. Los Vigías del Río Dormilón conformaron una veeduría ciudadana que recurre a las vías legales y a la manifestación pacífica -en marzo de 2015 caminaron por la autopista Medellín hasta la sede principal de la Corporación Ambiental (Cornare)- para mantener la fuente hídrica libre y protegida de las ambiciones hidroenergéticas. Según los Vigías, la defensa del río no solo responde a motivaciones ambientales, sino también a la preservación de un lugar cargado de simbolismo para el municipio: “El río cierra brechas, ayuda a que el elitismo desaparezca. Ahí interactuamos todos, eso hace que una sociedad sea más equilibrada en términos de relacionamiento”, asegura Evelio Giraldo, integrante de este colectivo.
La amenaza hidroenergética que se extiende por todo el territorio llega hasta el municipio de Sonsón. Son dos las terminales hidroeléctricas que captan las aguas nacientes en el páramo –el cual cumple la función de esponja: en épocas de verano evita la sequía de los arroyos, y en invierno retiene el agua evitando las crecientes y avalanchas-. Las miradas ahora están puestas sobre el río Aures. Los habitantes de las veredas La Loma, Naranjal Arriba y La Habana manifiestan su preocupación por los taludes que provocan las carreteras abiertas por la empresa responsable del proyecto sin tener los permisos requeridos. Además, aseguran los afectados, la empresa vierte los desechos en los nacimientos de agua y la maquinaria pesada deteriora las redes de abastecimiento.

Humberto Blandón, por ejemplo, hace un año que no puede acceder a la parcela donde antes trabajaba. La empresa le impide el acceso porque el terreno está ubicado en la zona de obras. “No nos dejan trabajar, ni nos quieren comprar la tierra”, se queja Blandón.

Las quejas y reclamos de los habitantes no encuentran amparo en la Administración municipal. Wilfran Henao argumenta que la empresa y la Alcaldía se aprovechan del desconocimiento de la población y su poca capacidad organizativa para dilatar los tramites y darle oportunidad de maniobra a la empresa, “es triste que esto terminara en manos de extranjeros”, dice Wilfran. Mientras que Carmenza Carmona sostiene que la problemática es consecuencia de un obsoleto Plan de Ordenamiento Territorial que no se actualiza desde el 2001: “El sector público nunca supo explotar nuestras potencialidades rurales. Ahora llegan los privados y lo aprovechan a su manera”.

Campo sin campesinos
La ambición energética no es el único conflicto socioambiental latente en el Oriente antioqueño. Los proyectos enfocados a la conservación ambiental, amparados en normativas del Gobierno nacional, también son motivo de preocupación.

En San Francisco hay 84 familias adscritas al programa Banco2. El proyecto, diseñado por Cornare y replicado en distintas partes del país, es un fondo que recibe recursos de empresas privadas que buscan compensar económicamente las afectaciones ambientales causadas por sus operaciones. Con ese fondo la Corporación Ambiental les paga a los campesinos que se comprometen a cuidar los bosques y las fuentes hídricas.

Aunque la iniciativa cuenta con el respaldo de las autoridades municipales, Andrea Echeverri, integrante de Movete (Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio), plantea algunas objeciones: “Es una amenaza de despojo de los territorios. Lo que hace Banco2 es poner un precio, de alrededor de 10.000 pesos, a la tonelada de carbono emitida. Banco2 permite que se amplíen las fronteras hidroeléctricas, mineras y deforestadoras. ¿Quiénes aportan a Banco2? Empresas contaminantes: Ecopetrol, EPM, Anglogold Ashanti, Asocolflores, Argos, Sumicol Corona. El programa busca proteger los bosques, pero pone condiciones muy restrictivas que desconocen las tradiciones campesinas. Según la lógica, en este país puede contaminar el que puede pagar. Hay gente que la meten a la cárcel por cortar tres frailejones, cuando una empresa puede llegar a cortar tres mil”.

De momento, Banco2 funciona en cinco zonas declaradas por Cornare como áreas de reserva forestal protectora, que abarcan nueve de los 23 municipios del oriente; uno de ellos es Sonsón. Carmenza Carmona asegura que: “En la actualidad hay una conflictividad: los campesinos quieren retornar al territorio de donde fueron desplazados y la Corporación Ambiental y la Administración municipal les dicen que no pueden porque es una zona de reserva forestal. En [el corregimiento] Río Verde les dicen que no pueden tumbar bosque, que no pueden cultivar… Los campesinos preguntan qué pueden hacer y Cornare responde que la información ya fue socializada. La comunidad dice no tener conocimiento y Cornare presenta listados de reuniones donde aparecen estudiantes de la Universidad de Antioquia e integrantes de corporaciones que no tienen nada qué ver. En Río Verde se declararon en desobediencia a la institucionalidad. El campesino no conoce las leyes. El programa de Banco2 les da cada dos meses 600.000 pesos a los campesinos, así tengan 100 hectáreas, les pagan por cuidar dos y el resto no las pueden utilizar. Cornare es el mayor terrateniente que tenemos en Sonsón”. Los campesinos cuentan preocupados: “a mí me pidieron la escritura y, cuando me quiero salir del programa, Cornare no me la quiere entregar, entonces ¿yo soy dueño de la finca o no?”

Andrea Rendón ha investigado la maraña jurídica que hay detrás de las reservas forestales. Rendón encontró medidas que generan suspicacias. En primer lugar, dice ella, “contrastando la caracterización de algunos mapas, en algunos casos, el área delimitada para la reserva está contigua a un embalse. Y en otro caso, el área delimitada del embalse está dentro de una reserva”.  Por otra parte, en las áreas de reserva forestal está prohibido realizar procesos de licenciamientos para construcciones destinadas a salud, educación o vías, pero sí se permite la instalación de redes de transporte de energía o estudios de suelo. Además, muchas áreas de reserva truncan los procesos de reparación a las víctimas del conflicto porque delimitan terrenos considerados baldíos, condición que anula, inmediatamente, cualquier posibilidad de otorgar o formalizar títulos de propiedad.

Por último, Andrea aclara que: “Si se trata de un predio que está en situación de informalidad, ubicado en zona de reserva, el campesino que habita ese baldío no tiene derecho a recibir compensaciones por la casa que construyó, por la cosecha, por las vacas, etc. Eso va en detrimento patrimonial del campesino que de por sí es pobre”. Ante este panorama, Rendón plantea una hipótesis: las áreas de reserva forestal están pensadas para sacar a los campesinos y proteger el agua que utilizarían los futuros proyectos hidroeléctricos.

Durante catorce años Orlando Botero estuvo obligado a vivir en el exilio, por culpa del conflicto armado. Hace tres años regresó a su lugar en el mundo: la vereda La Honda, en el Carmen de Viboral, donde nacen los ríos Melcocho y Santo Domingo. Tras ser declarada como zona de reserva forestal, por los boscosos cañones de La Honda se escuchan ecos de la guerra. “A Cornare lo vemos como ese ente policial que persigue y sanciona. Ellos no quieren que estemos acá, quieren que egresemos a las filas del desempleo, los campesinos estamos en vía de extinción”, dice con una amargura sepulcral.  

Epílogo
Después de visitar una Zona Veredal Transitoria de Normalización en el Meta, Diego Aretz llegó a la conclusión de que, tal vez, los culpables de la guerra y la violencia, son aquellos “que no quiere[n] acabarla”. Este manto de duda que se cierne sobre el Oriente antioqueño no es nuevo. Si queremos que haya un futuro posible, lo dijo Andrea Echeverri,  “el momento actual nos llama a la unión y un despliegue de creatividad desde los pueblos para enfrentar este modelo que está acabando con la vida”.

La capital del Valle es una de las ciudades con más fuentes hídricas del país, rodeada  y atravesada por cinco ríos: Cauca, Cali, Meléndez, Lili y Cañaveralejo. Estos ríos surten de agua potable a la ciudad, en especial el río Cauca, que aporta el 76% del recurso. Pero este gigante hídrico sufre contaminaciones en grandes cantidades tanto por las industrias como por los asentamientos que se encuentran en su rivera.

Algunos de los factores contaminantes son: los agroquímicos utilizados en la industria de la caña, los cuales se filtran por el subsuelo llegando hasta el río, y contienen agentes dañinos para el ser humano; los desechos farmacéuticos de sustancias toxicas para los seres vivos que llegan a provocar malformaciones de quienes consumen esta agua, y la minería a gran escala de oro y platino, la cual no solo destruye la rivera del Cauca sino que además utiliza mercurio, un elemento altamente cancerígeno. Lo anterior afecta a todo el ecosistema, como se reporta en el monitoreo que tiene la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC en 19 estaciones a lo largo de unos 200 kilómetros del río a su paso por el Valle.

Pero no solo las industrias privadas son responsables de este crimen. Las entidades públicas encargadas del tratamiento del agua en la ciudad han provocado estragos en el río por falta de gestión. Existen déficits en las plantas de tratamiento de agua potable de Puerto Mallarino y Río Cauca, y una infraestructura incapaz de limpiar efectivamente al agua que se regresa al caudal del río, es decir que los componentes orgánicos son depurados, pero los metales pesados y demás agentes dañinos como el plomo y el mercurio son imposibles de separar. Por otro lado, es responsable la entidad encargada de la recolección de basura, por su mal manejo de residuos sólidos; estos eran llevados al antiguo basurero de Navarro, el cual quedaba rodeado por barrios, y aunque este fue cerrado ya hace 10 años, sigue generando  lixiviados (líquidos tóxicos por la degradación de la basura) que han atravesado las geomenbranas y filtrado en el agua subterránea que desemboca en el Cauca. Es decir que no solo los residuos orgánicos  no son separados del agua como debería ser para regresar al río, sino que además el río sale de la ciudad con una contaminación letal, gracias a las industrias con niveles que duplican los parámetros internacionales permitidos.

Por otro lado, el río Meléndez también ha sufrido los estragos de la sustracción de oro, platino, carbón y hasta la tala indiscriminada del roble negro, utilizado como carbón vegetal. La comunidad de Villacarmelo, un corregimiento a las afueras del occidente de la ciudad, en las puertas del Parque Nacional Natural Farallones, por medio de la Asociación Campesina Gotas de Lluvia, integrada por adultos, jóvenes y niños, ha estado desde finales de los noventa resistiendo a estas prácticas que acaban con el ecosistema que se nutre del río Meléndez. Su trabajo va desde la creación de proyectos de construcción de pozos sépticos, en colaboración con entidades privadas, para las familias que no pueden solventar estos costos; la denuncia a terratenientes que explotan de manera indiscriminada la montaña; las campañas de reforestación, hasta la acción directa en la que han creado comités de protección ambiental, deteniendo a las volquetas que transportan el carbón.

En la actualidad los censos que se realizan al río Meléndez a la altura del corregimiento marcan 0% de mercurio, lo que influye en el turismo de forma positiva en la zona. Pero aguas abajo, el Meléndez, como si no fuera el mismo, se torna oscuro y delgado, con una contaminación “aceptable” según el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - Dagma.

Aunque el agua en lo alto del Meléndez sea cristalina, las dificultades no se han terminado, los campesinos siguen trabajando y desdoblando su amor por su territorio a niñas, niños y jóvenes. La lucha se mantiene no solo con las empresas mineras y la tala, sino también con las entidades públicas como el Dagma, la CVC y Parques Nacionales, porque como dice Jaime, habitante del corregimiento, “no hacen, ni dejan hacer”.

*Este artículo fue producto del taller de Comunicación y Periodismo dinamizado por Periferia en el marco de la Escuela de Comunicación Uramba.

Por Estefanía Ocampo

En el año 2015 se iniciaron los proyectos hidroeléctricos en el municipio de Sonsón, Antioquia. Las empresas dueñas de estos proyectos afirmaron que no serían perjudiciales para el medio ambiente ni para las comunidades, sin embargo a medida que avanzan las construcciones, las afectaciones también lo han hecho.

 

En un principio los empresarios llegaron con las manos llenas de ilusiones, augurando desarrollo y valorización del territorio; prometieron construir carreteras que, al parecer, fomentarían la conexión entre las comunidades y el área urbana, y generar empleo, para evitar que habitantes del sector se desplazaran a otras localidades. Actualmente se adelantan procesos en dos de las ocho microcentrales eléctricas que se planean construir en el municipio, Aures Bajo S.A.S E.S.P e Hidro Arma E.S.A E.S.P, ambas ubicadas en el corregimiento de Alto de Sabanas; las otras seis aún se encuentran en estudios ambientales.

Las comunidades que habitan las áreas de impacto de estos proyectos han reportado enfermedades respiratorias, daños en los cultivos y contaminación del agua, a causa de la polvareda que se extiende a través de las carreteras que comunican la vía principal con las microcentrales. Dada la topografía escarpada y pendiente del lugar, se han reportado deslizamientos sobre y en los predios de los habitantes del sector, dañando sus cultivos y viviendas. En la parte baja, a orillas del río, los deslizamientos de tierra se han llevado a su paso el bosque nativo. Además se encontró que gran parte de la tierra removida en las construcciones ha sido lanzada al río para evitar el trabajo de trasportarla a otros sectores, y aunque se sabe que el código de recursos naturales prohíbe estas prácticas, las empresas han hecho caso omiso de ello, incluso Cornare conoce el proceso, pero no ha hecho nada para evitar que se continúen vulnerando los derechos de los ríos Aures y Arma.

Carmenza Carmona, directora de la Veeduría Ciudadana Ambiental del municipio, afirma que el caso de Sonsón no ha sido aislado al de varios municipios del Oriente antioqueño ricos en fuentes hídricas y minerales, como Guatapé, San Carlos, El Retiro y San Rafael, en los que también se han construido microcentrales eléctricas. Añade que estos proyectos debilitan el tejido rural, puesto que los campesinos al cambiar su labor de campesino a obrero, abandonan el oficio que han ejercido durante generaciones. Generalmente dichos proyectos atraen gente de diferentes lugares que alteran las costumbres y economía de la región. En cuanto al medio ambiente comenta que las repercusiones serán vistas en el cambio de los ecosistemas, la disminución y contaminación del caudal del río, la deforestación y explotación minera.

Cabe traer a colación que Sonsón tiene 94 títulos mineros. Como es bien sabido, la explotación minera necesita grandes cantidades de energía como las que se pretende generar con dichas hidroeléctricas, ubicadas estratégicamente en lugares ricos en bienes naturales.

La comunidad ha acudido en repetidas ocasiones a las autoridades locales como: Cornare, la Inspección de Policía y la Personería municipal para denunciar lo que está sucediendo, sin embargo, según relatan, todos se pasan la pelota unos a otros, excusándose en que no son la autoridad pertinente para solucionar dichas problemáticas y que solo pueden recibir las quejas y enviarlas a otra oficina. Generalmente las quejas recibidas son enviadas a la sede principal de Cornare, ubicada en el municipio del Santuario, donde se han demorado tanto tiempo para responder, que la comunidad en compañía de la Veeduría Ciudadana Ambiental y el MOVETE (Movimiento social por la defensa del agua, la vida y el territorio del Oriente antioqueño), ha tenido que adelantar acciones legales como derechos de petición, comunicados y denuncias ciudadanas para que se agilicen los procesos.

Aures bajo: será que por fin le responderán a los campesinos
Como se mencionó anteriormente, la construcción de la hidroeléctrica Aures Bajo S.A.S E.S.P ha provocado varias afectaciones en el territorio. Gran parte de ellas giran en torno a las carreteras de las veredas Naranjal y La Loma que conectan la vía principal con la sede de la empresa, pues aparte de la contaminación ambiental y los daños en los cultivos y viviendas de los campesinos, se descubrió que la carretera de la loma fue construida sin ser autorizada la licencia ambiental ni comprados los predios por donde fue trazada.

En contraposición a lo anterior, la comunidad se ha manifestado durante lo que ha corrido del presente año con actos no violentos como el cierre de la carretera, denuncias en los medios de comunicación regionales y derechos de petición expedidos a Cornare.

En respuesta, el 4 y 7 de julio del presente año se reunieron los campesinos afectados, los representantes legales de la empresa, el Alcalde municipal Obed Zuluaga, Cornare, MOVETE y la Veeduría Ciudadana Ambiental para hablar de la problemática, enfatizando en cómo la empresa no había respondido por los daños y perjuicios que se han venido presentando a raíz de la construcción de la carretera. Después de entrevistar a algunos de los líderes, nos enteramos que la empresa se está reuniendo con los campesinos de manera individual para llegar a un acuerdo legal. Y en cuanto a la carretera que fue trazada ilegalmente, ya fue expedida la licencia ambiental por parte de Cornare, a pesar de las fallas estructurales y geológicas que posee.

Empresarios nacionales e internacionales han demostrado gran interés durante los últimos años en la exploración y explotación de los recursos mineros en el territorio colombiano. Este hecho ha abierto un debate en los medios de comunicación nacionales y ha contribuido a la movilización de las comunidades donde se adelantan procesos de exploración. Se han generado protestas en pueblos que históricamente han sido netamente mineros, ya que las mismas multinacionales que quieren llevar a cabo actividades de gran minería en territorios donde el renglón económico es otro, también quieren ocupar las minas de estos pueblos como Segovia, Antioquia y Marmato, Caldas.

Son pueblos que llevan poco más de trescientos años extrayendo del río o de las vetas dentro de la montaña, minerales como el oro para intercambiarlo por su sustento diario. El despliegue mediático ha demostrado las visiones que tienen los entes estatales acerca de la minería y de los segmentos empresariales de este sector, y las visiones de quienes rechazan cualquier actividad minera y sus prácticas. Además se ha evidenciado la existencia de varios tipos de minería a lo largo y ancho del país que son hoy el eje central de las disputas entre el Gobierno, la comunidad y las trasnacionales.

En Colombia, cuando se habla de tipos de minería se clasifica en artesanal o barequeo; pequeña o de subsistencia; mediana y gran minería. La minería artesanal o de barequeo consiste en la recolección de materiales preciosos que son arrastradas por las aguas del río desde las laderas de las montañas, o desde los sedimentos del río sobre los que se hace la separación de los “granitos” de oro que se alcanzan a ver. Esta práctica no genera grandes problemas sociales y ambientales, y se convierte en una alternativa económica. Por su parte la pequeña minería o de subsistencia se apoya en herramientas sencillas, como poleas y motores de bajo calibre para extraer y remover la arena, el agua o hacer perforaciones, y no emplea sustancias químicas como el mercurio. Mientras que la mediana y gran minería, que puede presentarse de manera legal o ilegal, utiliza maquinaria pesada, sustancias químicas como el mercurio y en el peor de los casos se vale de grupos paramilitares o contribuye al lavado de dinero del narcotráfico, como se ha registrado en algunas regiones del país.

A partir del año 2001 las diferencias entre pequeña, mediana y gran minería desaparecieron del Código de Minas. Los requisitos y exigencias para realizar cualquier actividad minera fueron estandarizadas, obligando con el paso de los años a que el reconocimiento del “pequeño minero” desapareciera, y se decretó que: “solo son mineros tradicionales, quienes hayan trabajado antes de 1991”, como si la minería no fuera un asunto hereditario históricamente.

Los últimos debates que se han presentado en el país han girado alrededor de si la “pequeña minería” es legal o ilegal. El Estado cataloga de “minería ilegal” a las prácticas que “se limitan a simplemente extraer el recurso de la manera menos costosa y más rápida. La verdadera minería está bajo el amparo de reglas y procedimientos técnicos para extraer el mineral del subsuelo”. Así lo explica Álvaro Ponce, en su libro: ¿Cuál locomotora?

Aunque es sabido que “los pequeños mineros y de barequeo” siempre han existido, el Gobierno nacional sentenció el 25 de febrero del 2015 “las disposiciones trascendentales que permitan controlar acciones en contra de la minería ilegal”, y a su vez, en abril del 2017 diseñó una cartilla titulada: Normatividad para el control a la explotación ilícita de minerales. Allí ratifica que: “A partir de la vigencia de la Ley 685 de 2001, únicamente se constituye, declara y prueba el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado por la autoridad minera e Inscrito en el Registro Minero Nacional”.

El presidente Juan Manuel Santos declaró en el año 2011 para BBC Mundo que “La minería ilegal es una prioridad para las autoridades, se encuentra en manos de grupos al margen de la ley, y en este momento es una actividad importante y de crecimiento fuerte de financiación para el país”. Por su parte Gustavo Wilchex Chaux, experto en la Gestión del Riesgo, señaló para BBC Mundo: “Hay muchos pequeños mineros, que hacen una explotación artesanal, que aunque no tienen licencia, no se pueden catalogar como maleantes”.

Para realizar un contrato de concesión en Colombia se deben pagar derechos de solicitud, demostrar que está habilitado legalmente para contratar, indicar el mineral o minerales de interés, delimitar el área solicitada, señalar las actividades exploratorias que se pretenden realizar, demostrar que tiene la capacidad económica para hacerlo y pagar por anticipado el valor del canon superficiario, una especie de impuesto donde se concreta un monto de acuerdo con la extensión solicitada y se paga hasta iniciada la exploración. Desde allí a este dinero se le conoce como Pago de regalías (Ley 685 de 2001). Estas exigencias de formalización, hasta el día de hoy, son imposibles de cumplir para un minero artesanal o pequeño minero.

Una muestra viva de ello actualmente es el caso de Segovia (Antioquia) y en el pasado el caso de Marmato (Caldas). Javier Marín, vocero de los mineros en Marmato relata que: “los pequeños mineros (de este municipio) tienen una proyección comunitaria del territorio como proceso de transición en la que una comunidad minera busca recuperar su capacidad agraria, pero a su vez, conservar su práctica minera ancestral”, y han manifestado públicamente que quieren formalizarse como lo exige el Estado, pero no les dan la oportunidad porque las exigencias son como para una trasnacional.

Por su parte, los mineros de Segovia, en medio de la desesperación decidieron protestar el pasado 21 de julio, inconformes frente a las políticas mineras que favorecen a la multinacional Gran Colombia Gold, la cual ilegalmente compró una empresa que era de los trabajadores: la Frontino Gold Mines. Esta multinacional también tiene presencia en Marmato; adquirió al parecer más de 100 títulos mineros en la parte del cerro El Burro ubicado en este municipio, y donde se centra la mayor extracción de oro. Finalizado el 2010 la trasnacional empezó a sacar a los mineros porque ella decía ser la dueña y cerró con grandes puertas metálicas las entradas a las minas; además destruyó la mayoría de los molinos de los pequeños mineros que de ellos dependían, y cerca de 822 personas se quedaron sin empleo.

El Gobierno, con sus políticas, ha dejado en evidencia que su preocupación principal no es la situación económico-social de las comunidades que han contribuido a la economía del país a través de esta actividad; más bien, necesita recuperar territorios para la minería a gran escala y considera como una amenaza las Consultas Populares que han tenido impulso en el país para evitar la gran minería. Hasta el momento, no ha mostrado disposición para negociar con los pequeños mineros la construcción de una política que regule y controle sus procesos, porque ya no los reconoce siquiera dentro del código de minas. Los mineros han pensado un sistema minero dentro de sus comunidades para resolver las necesidades que el Estado no ha resuelto, como una manera de sobrevivencia, como estrategia adaptativa a sus territorios; entienden que la auto regulación de la explotación y la construcción de alternativas organizativas son necesarias para su buen vivir, y que en la lógica del Estado o la racionalidad empresarial ellos no existen.

Por José Antonio Gutiérrez D.

Bajando desde Micoahumado, camino hacia la cabecera municipal de Morales, Sur de Bolívar, hay un complejo ecosistema donde se encuentran las lomas de la Serranía de San Lucas con una sabana donde el tórrido aire se siente aplastante, y con la ciénaga, donde en sus cálidas aguas babillas y manatíes coexisten con infinidad de peces en las épocas de desove. En esta región se encuentra una de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) más antigua de la región, la de Arenal y Morales, creada por una resolución el 24 de junio de 1999 y desarrollada con un importante impulso del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

Esta ZRC, de 29.100 hectáreas como todas las que hay en el país, se creó en el marco de marchas y protestas campesinas en la región, según cuenta Víctor Campos, presidente de la ZRC, “durante una protesta en San Pablo, en 1996, ahí surgió la propuesta”. Hasta ese momento, la región era considerada Zona de Reserva Forestal, por lo cual los campesinos no tenían propiedad de la tierra. Los principales productos de la ZRC son arroz, yuca, plátano, maíz y pequeña ganadería. Todo es a pequeña escala: los arroceros más grandes no pasan de las 20 hectáreas; el promedio son dos o tres hectáreas. Los ganaderos tienen entre 30 y 50 vacas.

Pero una de las actividades más importantes en la región es la pesca. Existe en la región un complejo cenagoso compuesto por Simoa, Confín, Morrocoy, Manatí, San Rafael y Paredes, parte del cual se encuentra en la ZRC y está siendo amenazado por distintas actividades humanas. Un ejemplo puede ilustrar la problemática. Hace unos siete años se secó la ciénaga de Morales: para hacer caminos carreteables y para evitar inundaciones, fueron construyendo muros y puentes de relleno con los cuales bloquearon los caños que irrigaban la ciénaga. En gran medida han sido responsables de esto los ganaderos y políticos de Morales, que cercaron la ciénaga para utilizarla como pastizales para las vacas. Esto ha sido posible porque desde hace décadas el INCORA (luego INCODER, ahora ANT) entrega títulos a los ganaderos sobre los playones.

La ciénaga de Morales está sedimentada, y allí están sembrando palma aceitera, la cual succiona, cada una, unos 30 litros de agua al día. Estos terrenos luego son cercados y a veces protegidos con seguridad privada. Debido a esto, la ciénaga se ha secado, y los pescadores que antes pescaban allí se han ido para la ciénaga de Simoa, lo que genera una gran sobreexplotación. Los pescadores que llegan de Morales son unos 60, mientras que de Simoíta apenas son unos 15 pescadores, y de Simoa son apenas unos 10. Esta situación se ha vuelto insostenible y demanda, según Campos, todo un re-ordenamiento territorial.

Como consecuencia, el 16 de enero del 2016, guerrilleros del Frente Luis José Solano Sepúlveda del Ejército de Liberación Nacional (ELN) retuvieron a 15 pescadores en la ciénaga de Simoa mientras estaban realizando sus labores de pesca con transmayos. A las 36 horas los dejaron en libertad, pero un par de veces volvieron a tomar acción destruyendo los transmayos. En un reciente comunicado de este frente, aclaran que “conocedores (…) de la labor que ustedes desempeñan para sacar la alimentación para sus familias, (…) ustedes (…) están causando un daño muy grande al medio ambiente porque están haciendo una pesca destructora (…) por esa razón nos ha tocado actuar con algunos reteniéndolos y destruyendo los transmayos; tenemos conocimiento que se están organizando para hacer una pesca adecuada, nos parece que ese debe ser el camino correcto, respetar las normas de pesca. En ningún momento hemos prohibido la pesca, lo que sí estamos en contra es del método que están utilizando y mientras ustedes no piensen en el futuro de sus hijos y nietos (…) vamos a estar muy vigilantes y cuando ustedes no cumplan nos toca actuar porque nosotros no compartimos el daño que ustedes hacen con coger un pescado y matar dos para botarlo”.

Para evitar nuevos incidentes, parte de la población ha tomado la iniciativa, como se menciona en el comunicado. Se han puesto ciertas regulaciones sobre la pesca: la malla del transmayo con la que permiten pescar debe ser de 320 en adelante, una malla grande, para que no atrape al pescado pequeño. Cada canoa no puede llevar un transmayo de más de cuatro kilos. Los pescadores comerciales pueden pescar solamente de lunes a viernes, quedando esta práctica estrictamente vedada los fines de semana, aunque sí se permite la pesca para el consumo familiar. Se pueden instalar las redes solamente desde las 2pm en adelante. La caza del manatí y del caimán queda terminantemente prohibida. La comunidad se encarga de que haya gente de ellos mismos vigilando que esta normativa se cumpla. Al que no cumple con las medidas de las mallas, se les queman. Si reincide o si caza, se le prohíbe el ingreso a la ciénaga.

Pero si bien las regulaciones están ayudando a un manejo más sostenible de la pesca, los pobladores que dependen de la ciénaga para su subsistencia son concientes de la necesidad de desarrollar alternativas económicas, pues la pesca tiene solamente una temporada de dos a tres meses en la cual se puede desarrollar. Ya han presentado algunas propuestas a la alcaldía de Morales y están a la espera de una respuesta por parte de las autoridades. Sin embargo, es en este punto que se encuentran con el más grande obstáculo: la falta de organización de la comunidad. Como lo reconoce la vicepresidenta de la ZRC, Melina del Real, “no se ha logrado un acuerdo comunitario para hacer la actividad en la ciénaga sostenible, en buena medida, porque las asociaciones de pescadores son inexistentes”.

La necesidad de proteger la ciénaga de la sobreexplotación tras el incidente con los elenos, ha llevado a que comiencen a darse los primeros rudimentos de organización, muy incipiente e informal, que está sirviendo tanto para regular la actividad, como para contribuir a una mayor educación sobre la necesidad de proteger este ecosistema único. Recientemente, 57 organizaciones comunitarias domiciliadas dentro de la ZRC se han agrupado en una figura llamada Azocamsur (Asociación de la Zona Campesina de Morales y Arenal, Sur de Bolívar), la cual reúne a Juntas de Acción Comunal, de mujeres, cooperativas, agropecuarias, de víctimas, de transporte. Los grandes ausentes son los pescadores. Esta asociación, fundada en diciembre del 2016, busca fortalecer las organizaciones sociales, interlocutar con las instituciones e implementar un plan de desarrollo propio sostenible para la ZRC. Este espacio también se relaciona con otros procesos organizativos en el Sur de Bolívar: con Fedeagromisbol y también con las asociaciones de Micoahumado, territorio que se define como agroalimentario.

Nos comenta Melina que “la idea es poder ampliar la ZRC a Micoahumado y hacerla lo más incluyente posible. Porque no podemos permitir que cosas políticas nos afecten, ya que la ZRC es una figura que nos permite la permanencia en el territorio. No estamos todavía en ANZORC, pero estamos ya articulando trabajos. Desde nuestra perspectiva, ANZORC es una asociación nacional que agrupa a ZRC, esto debe ir más allá de los espacios hoy alineados con Marcha Patriótica o con el Congreso de los Pueblos, hay que buscar la unidad. Como ZRC debemos vencer prevenciones para no quedar desarticulados de lo que pasa en el país”. El desafío es grande, pero posible. De la misma manera que la ZRC es una garantía para la permanencia del campesinado en el territorio, debe ser también un mecanismo para la preservación del medio ambiente y la producción sostenible. La preservación del complejo cenagoso del Sur de Bolívar y de esta cultura anfibia parece depender de estos esfuerzos.

Por Rosa Ballesteros - Tierra Libre

La región del Sumapaz, como otras tantas regiones del país, se encuentra amenazada por el avance de la locomotora mineroenergética. Diferentes proyectos como el Bloque Petrolero VMM29 de explotación bajo técnica fracking, o los Bloques COR33, COR04 y COR11 de yacimientos no convencionales, agenciados por empresas transnacionales canadienses, como Allange Energy Corp, Canacol Energy y ADA; así como la Hidroeléctrica Agua Clara de Emgesa Endesa sobre el río Sumapaz, y diversas explotaciones de minerales y materiales como la arena sílice, son la preocupación de los habitantes de este territorio, en el que se alberga el páramo más grande del mundo.

Con lo anterior, se han puesto en riesgo aspectos como la producción de alimentos, que hace del Sumapaz una de las despensas agrícolas mas representativas del centro del país; las numerosas fuentes hídricas de la región que nacen principalmente en el Páramo, y sobre las que se desarrollan diversas prácticas de gestión comunitaria del agua y se tejen importantes ecosistemas para su preservación; así mismo la permanencia de las comunidades campesinas, que constituyen la mayor parte de la población.

Pero en el marco de estos proyectos, las comunidades de la Provincia han impulsado diversas Consultas Populares para manifestar su rechazo a este tipo de proyectos. Es el caso del municipio de Cabrera que en febrero del presente año dijo No a la Hidroeléctrica El Paso, con una votación del 97,2%. Vale mencionar que antes de que la Consulta tuviera lugar, Emgesa ya se encontraba en el resto de municipios de incidencia socializando a los Concejos Municipales que había decidido retirarse de Cabrera con el fin de implementar un proyecto con condiciones ambientales mucho más “sostenibles”. Bajo este argumento, la empresa pretendió invisibilizar la capacidad de organización de la comunidad, manifiesta en la alta movilización contra el proyecto y la constitución de la Zona de Reserva Campesina.

Según lo socializado por la empresa en el Concejo Municipal de Pandi, el proyecto se llamará ahora Hidroeléctrica Agua Clara, y tendrá lugar principalmente en el municipio de Icononzo (Tolima), en segundo lugar Pandi y en tercer lugar Venecia,  para la extracción de materiales. Informaron también que durante el 2017 se dedicarán a reelaborar y radicar el Estudio de Impacto Ambiental, así como a llegar a acuerdos con las comunidades implicadas.

Siguiendo el ejemplo de Cabrera, el pasado nueve de julio con 4.312 votos, el 98,54% del total de votantes, el municipio de Arbeláez le dio un No rotundo a la explotación de hidrocarburos en su territorio. Igualmente, se gesta para el seis de agosto la Consulta Popular para la capital agrícola de la Provincia: el municipio de Pasca. Allí, los enruanados paramunos también pretenden rechazar la entrada de transnacionales canadienses para la explotación petrolera. También las poblaciones de Fusagasugá, Tibacuy, Silvania y Sibaté vienen discutiendo y movilizándose en torno a este mecanismo, que permitiría decidir sobre la entrada de este tipo de proyectos a los territorios.

Este auge de Consultas Populares se ha dado en el marco del debate sobre la implementación de la técnica fracking para la explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos. Los principales argumentos a favor se basan en la idea de que Colombia solo tiene seis años de reservas de petróleo y simultáneamente presenta un aumento de la demanda energética, con ello, a muy corto plazo no tendríamos la capacidad de producir  lo que consumimos y estaríamos a puertas de una crisis fiscal grave, en la que pasaríamos de ser un país productor de petróleo a uno importador.

El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, defiende la idea de que “no podemos darnos el lujo de no hacer fracking”, y mas recientemente, tras el resultado de las Consultas en Arbeláez y Pijao, el director de la Agencia Jurídica de Defensa para el Estado, Luis Guillermo Vélez, advirtió que "se acabaría con el Estado Social de Derecho", ya que según Vélez, es imposible financiar "el Estado Social de Derecho como el que hemos querido crear en Colombia con un cubrimiento de salud para la población, con vivienda y vías sin tener regalías mineras, no hay forma de sustituir esos recursos".

Las Consultas Populares han puesto de manifiesto dos modelos en confrontación. Por una parte el del Gobierno basado en la profundización de un modelo minero energético que desplaza la vocación agropecuaria de los territorios, y despoja y amenaza la vida de las comunidades y ecosistemas; y por otro, el que demandan las mismas comunidades, en donde haya dignidad para el campo colombiano. Estas últimas, por tal razón, insisten en las Consultas y en la movilización como un escaño en la lucha por la defensa del agua y el territorio, y como manera de resistir a situaciones de amenazas directas,  intimidación, sabotaje y militarización de sus espacios de participación.

 

La Provincia del Sumapaz está ubicada al suroccidente de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca, y está integrada por los municipios Silvania, Tibacuy, Pasca, Arbelaéz, Pandi, San Bernardo, Venecia, Cabrera,  y Granada. Su capital y centro económico es Fusagasugá. Esta región se caracteriza por albergar el páramo más grande del mundo con una extensión de 223 hectáreas, que se encuentra ubicado sobre la cordillera oriental entre los departamentos de Cundinamarca, Huila y Meta. Este páramo es una de las regiones biodiversas más importantes de Colombia y tiene una gran importancia por su riqueza hídrica, ya que actúa como esponja para el almacenamiento y liberación de agua lluvia, lo que en palabras coloquiales, le constituye como un productor de agua que nutre numerosas lagunas y corrientes. Es por ello que se le ha considerado como una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo.

De este páramo nace la cuenca hidrográfica del río Sumapaz, que se extiende sobre 20 municipios de Cundinamarca y Tolima, por lo que se le conoce como la ‘columna vertebral’ de la Provincia, en la que existen numerosas fuentes hídricas provenientes de este río.  Esta es una región con una amplia extensión territorial rural, y una vocación agropecuaria y forestal, que configuran a la Provincia como una de las despensas agrícolas más representativas del centro del país.

 

 

En el páramo de Santurbán, subpáramo y bosque alto andino, se encuentra la Estrella Hídrica que provee el agua para toda forma de vida de los dos santanderes; pero a la vez en sus rocas se encuentra oro, por lo que atrae la codicia de empresas extranjeras, las cuales han recibido generosas concesiones por parte del Gobierno nacional.

En el 2009, habitantes del Área Metropolitana de Bucaramanga conocieron el Estudio de Impacto Ambiental, presentado por la empresa Greystar Resources –hoy Eco Oro– de origen canadiense, con el cual pretendía explotar oro a cielo abierto en los municipios de Vetas y California (Santander). Este proyecto utilizaría diariamente 230 toneladas de explosivos ANFO y 40 toneladas de cianuro. La noticia impactó de tal manera a la comunidad, que se organizó y construyó la Plataforma Cívica “Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán”, siendo su herramienta fundamental la movilización social. De esta manera logró en 2011 derrotar el proyecto.

La respuesta del Gobierno nacional y de sus autoridades ambientales, como el Ministerio de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB–, fue hacer acciones como la creación de un  Parque Regional dentro de la zona de páramo, crear una Mesa de Concertación,  una Hoja de Ruta, y nombrar un gerente para manejar el páramo. Además expidió la Resolución 592/13, con la que declaró 40 Proyectos mineros de Interés Nacional (PIN), entre los que se encuentra el de Eco Oro y Minesa (antes AUX). Así mismo, con la delimitación de Santurbán, a través de la resolución 2090/14 del Ministerio de Ambiente, se redujo el tamaño de Santurbán y se crearon condiciones legales para desplazar a los campesinos de sus predios.

Lo que se hizo con Santurbán se trasladó al Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 para salvar  concesiones mineras en páramos. Varios de estos artículos fueron demandados por un equipo del Polo Democrático ante la Corte Constitucional, logrando que esta, por medio de la Sentencia C-035/16 declarara inexequible el inciso del primer parágrafo del Art. 173, el cual pretendía dejar a la megaminería en páramos hasta cuando el proyecto terminara. Ante esta Sentencia, Eco Oro demandó al Estado colombiano en Washington, buscó inversionistas, y convirtió la demanda en un activo, amparándose en el TLC que firmó Colombia con el Gobierno de Canadá.

Proyecto extractivo y afectaciones
En la zona hacen presencia varias empresas, entre las que se encuentra Minesa, antes conocida como AUX, que era de propiedad del brasileño Eike Batista –acusado por corrupción–. AUX fue vendida al Estado Abu Dabi de los Emiratos Árabes Unidos, y bautizada con nombre regional Empresa Minera de Santander; este negocio fue realizado con la intermediación de Tony Blear (amigo del presidente Santos). Minesa continúa trabajos de exploración para explotar 96 millones de onzas de diferentes minerales, entre las que se encuentran 13 millones de onzas de oro, que pretende extraer por minería subterránea, haciendo túneles a 2.640 m.s.n.m., por debajo de la línea de páramo. La autoridad ambiental ha sido complaciente, queriendo desconocer que el páramo para funcionar necesita el subpáramo y la alta montaña.

Minesa está haciendo el Estudio de Impacto Ambiental,  y necesita la licencia social de la población aguas abajo del proyecto. Para ello ha recurrido a estrategias como hacer contratos con la Universidad Industrial de Santander –UIS-, con algunas universidades privadas, y con la CDMB –quien será la que vigilará sus actividades si pasa el proyecto–. Además, ha impulsado la judicialización a pequeños mineros, y realizado actividades asistenciales en la zona, argumentando que su minería dará empleo y será responsable.

Según Giovany Lizcano, uno de los líderes campesinos de la zona, “desde que llegaron las multinacionales mineras, la comunidad en general está dividida. Los municipios con pequeña minería por tradición son Vetas y California. En Vetas, la pequeña minería fue desplazada, y varios se ilusionaron con la bonanza de empleos, por lo que vendieron sus títulos y se convirtieron luego en empleados de las grandes empresas. En California,  los pequeños mineros que no quisieron vender sus derechos (43 familias), están judicializados, hay nueve con proceso casa por cárcel, y como si fueran delincuentes de marca mayor, el proceso lo dirige un fiscal que viaja desde Bogotá. El galafardeo (minería de subsistencia sobre los residuos), que se venía haciendo por tradición cultural, se iguala a minería criminal y se está judicializando. Pero la forma como la empresa Eco Oro trató a sus empleados y como está Minesa tratando a los pequeños mineros,  ha servido para que aumenten expresiones en contra del proyecto por parte de la comunidad raizal, ya que anteriormente no se atrevían a hablar, la gente se encontraba muy atemorizada; en mi caso, he sido objeto de señalamientos por mi posición en defensa del territorio”.

Las especies animales y vegetales por debajo de la boca de la mina son también fuertemente afectadas. Al abrir el túnel, el agua que antes irrigaba toda la montaña en  sus  diferentes niveles se sale por la boca de la mina, impidiendo que todo lo que está debajo se nutra del agua que antes venía en forma natural. De igual forma, igual que en la minería a cielo abierto, con la minería subterránea se producen millones de toneladas de residuos sólidos y líquidos que quedan a la intemperie. Su costo de manejo es elevado y ninguna empresa minera va a responder por las decenas o centenares de años que, según se conoce por experiencia en otros países, duran descargando contaminantes letales para la vida en todas sus formas. 

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