Stop Wars: Paren la guerra contra los defensores y defensoras

Los colombianos nos encontramos en un contexto de cierre definitivo del conflicto armado, lo cual nos llena de alegría y esperanza. Los impactos por el silenciamiento de los fusiles son evidentes, especialmente los relacionados con el derecho a la vida: las cifras de violencia producto de la confrontación bajaron en más de un 90%. Eso ya es un hecho histórico que no podemos desconocer, así como agradecer a sus protagonistas.

Sin embargo, paradójicamente los asesinatos contra defensores y defensoras de derechos humanos no han parado; las cifras son contundentes. Eso significa que hay una guerra contra estos activistas. De ahí la preocupación de muchos sectores de la sociedad, la comunidad internacional, e incluso, de instituciones del Gobierno y Estado colombiano, responsables de proteger a los activistas de DDHH.

En consecuencia, desde el Programa Somos Defensores quisimos ir más allá de las cifras y análisis coyunturales para indagar sobre qué elementos subyacen para que el fenómeno se mantenga. Para ello, nos fuimos a las entrañas mismas del Estado colombiano, como el garante de derechos que es, y a través de informes especiales, identificamos tres elementos (ya descritos en las páginas de Periferia hace varios meses) que a nuestro entender son problemáticos y ponen en cuestión la legitimidad del Estado frente a su responsabilidad de garantizar la vida y libertad de estos activistas.

EPISODIO I. La impunidad contraataca
Analiza 458 casos judiciales de líderes y lideresas sociales asesinados entre los años 2009 y 2016, periodo que lleva el Proceso Nacional de Garantías, espacio de interlocución entre el movimiento de DDHH, el Gobierno y Estado colombiano, acompañado por la comunidad internacional, y que coincide también con los dos mandatos del presidente Juan Manuel Santos.

Con información de la misma Fiscalía General, el Episodio I da cuenta en detalle sobre los avances judiciales en los casos referidos. La primera conclusión es que 397 casos (87%) se encuentran en la impunidad. La segunda, que en tan solo 28 casos (6%) hay esclarecimiento, es decir cuentan con sentencias en firme, pero una cifra muy baja para el elevado número de asesinatos. Adicional a ello, la Fiscalía no hizo mayor esfuerzo; la Oficina de Naciones para los Derechos Humanos en Colombia, fue quien ayudó a documentarlos.
Por otra parte, el 63% de los casos se encuentran en etapa de indagación, lo cual es grave en la medida que en muchos de los hechos han pasado varios años desde su ocurrencia y las pruebas se han perdido.

El análisis de los casos esclarecidos tampoco da cuenta de los responsables intelectuales de los crímenes, se queda en autores materiales sin ninguna conexión con grupos paramilitares o agentes de la Fuerza Pública, a lo sumo con disidencias de las guerrillas. Tampoco profundiza en modus operandi, ni patrones de ataques.

Otra gran conclusión que refiere el Episodio I es que con estos resultados tan precarios, la Fiscalía no tiene elementos suficientes para afirmar que detrás de los homicidios contra defensores y defensoras no hay sistematicidad, pues ello sólo se puede deducir de altos niveles de investigaciones sentenciadas.

EPISODIO II. El lado oscuro de la fuerza
Se adentra en un aspecto espinoso de tratar en un país como Colombia, donde indagar sobre el papel de los servicios de inteligencia en el contexto de violencia socio política, además de reservado, es un tema tabú. Pues bien, este Informe Especial logra hacer una línea de tiempo que da cuenta de cómo se crearon y crecieron los servicios de inteligencia en el país, sus intereses, apoyos económicos, docilidad de acuerdo a los intereses de los mandatarios de turno, el fortalecimiento de la tecnología para el seguimiento –legal o ilegal– sin control alguno por parte del resto de ramas del poder público, de tal manera que han podido criminalizar al movimiento social y de DDHH, en total impunidad.  

Para ilustrar cómo la inteligencia oficial ha sido utilizada para perseguir, estigmatizar y desprestigiar a organizaciones sociales y activistas, se describen casos de Cali, Medellín, Barrancabermeja y Bucaramanga, y también el caso más conocido por lo mediático, el del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

A lo largo del Informe también se desarrolla la tesis según la cual las Fuerzas Militares, desde que crearon la teoría del enemigo interno para perseguir a las insurgencias, ampliaron esta concepción para combatir también al movimiento social, de DDHH, opositores políticos y todo estamento que consideraran crítico del Estado colombiano. Bajo este concepto naturalizaron la persecución a través de sus servicios de inteligencia y llegaron a tales grados de criminalización.

EPISODIO III. La amenaza fantasma
Contrario al papel cumplido por las instituciones anteriores, este Informe muestra cómo los Gobiernos nacionales, especialmente a través de entidades como el Ministerio del Interior, Vicepresidencia y Consejería para los DDHH, sí se preocuparon por mecanismos de protección para personas en riesgo alto o extremo, lo cual se refleja en una extensa normatividad desarrollada a lo largo de estos años. Sin embargo, tales esfuerzos han sido insuficientes, pues la problemática de ataques al liderazgo social persiste y pareciera crecer.

En ese sentido, el hallazgo principal del Episodio III se centra en describir que el “pecado” del Gobierno nacional radica en haberse dedicado a generar mecanismos de protección únicamente físicos, materiales e individuales, sin tener en cuenta el fondo de los contextos, donde han jugado un papel determinante las dos problemáticas descritas en los Episodios I y II, lo cual convirtió la protección en un instrumento aislado de las causas, factores y actores provocadores de los crímenes contra defensores y defensoras de DDHH. En otras palabras, los Gobiernos nacionales pusieron el acento en proteger personas de manera individual como en una “burbuja aséptica” de la violencia socio política, pero sin trascender a resolver las causas estructurales que alimentan la persistencia del fenómeno.

Así las cosas, decir que si en el actual contexto, el Estado y Gobierno colombiano están realmente comprometidos con la búsqueda de la paz, es necesario que frenen de raíz la criminalización contra tantos hombres y mujeres que se levantan diariamente a luchar por los derechos de sus comunidades. Para ello las políticas provenientes de las diferentes instituciones y ramas del poder público deben ser sistémicas y responder al fondo del problema y dejar de responder a la presión social y mediática a través de directrices e informes efectistas, espontáneos y coyunturales. Sólo así recuperarán la legitimidad perdida como garante de los derechos humanos de los colombianos.

*Directora de la Asociación MINGA. Coordinadora del Programa Somos Defensores

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