Aún no hay justicia en el caso de Nicolás Neira

Durante 12 años el mayor Julio Cesar Torrijos obstruyó la investigación por el caso del asesinato del niño Nicolás Neira a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, luego de una brutal acción policial ocurrida el Primero de mayo de 2005. El oficial, que hoy se encuentra privado de la liberad por delitos de narcotráfico, encubrió a los responsables materiales e intelectuales del crimen, y este cuatro de agosto lo manifestó en audiencia de imputación y reconocimiento de cargos en las salas del juzgado 57 penal. Por el crimen y gracias a la confesión del mayor Torrijos, la Fiscalía llamó a otros uniformados.

Mataron a Nicolás y destruyeron su hogar
Nicolás era una promesa. Con tan solo 15 años era un joven sensible, comprometido, buen lector, solidario, y defensor de la vida de los animales, y por supuesto de los derechos humanos. “Nicolás era todo para Margarita su madre, quien solo vivía para él… después de darle su desayuno y despacharlo para el colegio de La Salle en Bogotá, lo único que esperaba era salir de su trabajo en la tarde para ir a verlo nuevamente; Nicolás era quien leía a sus padres antes de dormir, literalmente se quitaba el abrigo para entregárselo a quien lo necesitara”, por eso su muerte fue demoledora para su hogar, complementa el abogado del caso, Pedro Mahecha.

Con el asesinato de Nicolás no solo se perdió una vida, sino que se destruyó el cálido hogar que durante años le sirvió de abrigo; también acabaron con la felicidad de su abuela. La relación de los esposos se deterioró hasta romperse, los bienes del hogar se gastaron en esta lucha por la verdad y la justicia; Yuri, su padre, debió salir del país por las constantes amenazas y atentados contra su vida, sin embargo desde el exilio continuó lo que hasta ahora ha sido la única razón de su vida: alcanzar la justicia frente al asesinato de su hijo.

Una lucha por la reparación integral
Se perdieron muchas cosas en la familia de Nicolás, pero la sociedad ganó un incansable luchador por los derechos humanos. Yuri Neira se dedicó de cuerpo y alma a buscar a los responsables y a luchar por la abolición de la brutalidad policial encarnada en el Esmad. En abril de 2011, el juzgado 37 administrativo de Bogotá ordenó una indemnización por 160 millones de pesos para la familia de Nicolás Neira, pero para ellos y para Mahecha, esa indemnización aparte de ser ridícula no satisfacía para nada los elementos integrales de la reparación que incluyen verdad, justicia y no repetición; así afirmo el jurista quien además considera que en esa condena “no hubo una expresión seria por parte del Estado para evitar que hechos tan lamentables como los sucedidos ese Primero de mayo de 2005 se repitan en el futuro… peor aún es que el Estado acaba de anunciar la creación de un Esmad rural, seguramente, para reprimir, las justas protestas de los campesinos”.

Además, esta condena del juzgado 37 administrativo no conminó, como era de esperarse, a la justicia penal, y tampoco lo hizo en el ámbito disciplinario compulsando las copias respectivas a las autoridades correspondientes, es decir, mantuvo la cadena de impunidad del aparato de justicia, ya que la viceprocuradora de ese entonces había proferido fallo condenatorio destituyendo a dos oficiales por el caso de Nicolás Neira, pero el ex procurador Ordoñez tumbó esta decisión de su subalterna. De esta situación conoció el juzgado y el tribunal y no hicieron nada al respecto, detalla el abogado Pedro Mahecha.

Por eso, es a la familia de Nicolás a quien le ha correspondido, en conjunto con su abogado, mover cielo y tierra para que este aparato pesado de la justicia camine. Ellos han instaurado todas las quejas, demandas, peticiones y denuncias respectivas no solo ante las instancias de justicia nacionales sino ante la Comisión interamericana de justicia, y es por eso que el caso se movió y logró la confesión del mayor Torrijos.

Lo que sigue
La investigación debe ir más arriba, plantea Mahecha. En ese año (2005) hay pruebas de que las acciones del Esmad fueron especialmente violentas debido a una directriz de los mandos superiores de la policía y por parte del Gobierno que en ese entonces dirigía Álvaro Uribe Vélez, y hasta ellos deben llegar las decisiones de la justicia. Hasta hace poco la Fiscalía más que buscar a los responsables tenía una especie de estrategia dirigida a escudriñar en el pensamiento libertario de Nicolás, tal vez con el objetivo de legitimar la brutalidad ejercida contra un rebelde. Y es por esa razón que Yuri Neira, el padre de Nicolás, decide empeñarse en llegar hasta el mismo despacho del nuevo Fiscal General y como se dice popularmente, empapelarlo de toda clase de solicitudes que volvieran la investigación al curso debido. Tal tenacidad encontró resultados, ya que el propio Fiscal Néstor Humberto en uno de sus viajes a Europa lo contactó personalmente, según relata el jurista Pedro Mahecha.

La audiencia de imputación de cargos del cuatro de agosto deja claro que si el mayor Julio Cesar Torrijos reconoció haber encubierto a los responsables materiales e intelectuales del homicidio del menor, y haber obedecido a sus superiores para mantener la imagen del Esmad y de la Policía Nacional, entonces no se ha dicho toda la verdad ni están todos los responsables tras las rejas. De parte de la familia se tiene claro quiénes son los responsables, además hay muchos testigos que vieron que al niño no solo lo impactaron con una cápsula disparada por un trufly, sino que le dieron fuertes golpes de bolillo en su cabeza y cuerpo. La necropsia dictaminó que al niño Nicolás le abrieron su cráneo prácticamente en dos, de sien a sien, con una herida de 26 centímetros, que según los médicos era irreparable. Por eso, según manifiesta Mahecha, después de obstruir el aparato de justicia 12 años, de destruir una familia moral, económica y socialmente, de causarle grandes gastos a la justicia, este crimen no puede terminar con una sentencia que evite hurgar en las profundidades de un aparato militar y policial, de un Estado violador de los DDHH.

Ante la petición de esta familia, la Comisión Interamericana de Justicia le comunicó el 31 de julio al Estado colombiano y le corrió traslado de los expedientes, para que en tres meses, es decir el 31 de octubre se pronuncie frente al caso de Nicolás Neira. Por otro lado, el pasado 18 de agosto fueron citados a una nueva audiencia de imputación de cargos otros uniformados, pues se debe investigar la línea de responsabilidades hacia abajo, es decir el patrullero que disparó la cápsula, y los que golpearon a Nicolás hasta causarle la muerte; pero también hacia arriba, porque Torrijos reconoció que obedeció a un superior.

Sin embargo, siendo las 10:40 de la mañana, el Juez 71 penal municipal de Bogotá, con funciones de garantía, decidió enviar el caso al Consejo Superior de la Judicatura para que resuelva si la Jurisdicción Penal Militar es la competente para investigar el asesinato a manos del Esmad del niño Nicolás David Neira Álvarez. “Sin palabras distintas de que el festín de la impunidad en este caso continúa su curso perverso. Seguiremos reclamando verdad y justicia”, puntualizó Mahecha.

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