Edición 129 Junio - Julio 2017

“DESLEGITIMAR EL CAPITALISMO. RECONSTRUIR LA ESPERANZA”. Así titula uno de los 70 libros de quien fuese maestro y amigo de nuestro Camilo Torres y de quien profesaba la Teología de la Liberación por todos los pueblos del mundo.

Al amanecer del 6 de junio del 2017, falleció en Quito Francois Houtart, el teólogo, filósofo y sociólogo de la liberación de los pueblos, aquel que llevó la consigna de este encabezado en lo más profundo de su corazón y lo hizo plausible en todos los territorios donde pudo llegar.

Prácticamente pocas cosas se le escaparon a su inquebrantable compromiso evangélico y liberador; diferentes pregrados en ciencias sociales y políticas, su doctorado en sociología, secretarías de investigaciones socio-religiosas, comisiones o direcciones de revistas y centros de estudio, etc., fueron parte de su extensa hoja de vida y conocimientos que siempre estuvieron al servicio de los desposeídos y que lo llevaron desde Bruselas, Chicago, Malta, Sri Lanka, India, Vietnam, hasta Camerún, Tanzania, Zaire, África del Sur, Colombia, Brasil, Nicaragua, Cuba, Corea, Pakistán, Bangladesh, Filipinas, Tailandia…, y otras tantas naciones más.

Para Houtart, ninguna lucha era extraña, ningún territorio era más difícil que otro, al contrario, y desde el sentimiento más solidario posible acompañó en cada rincón donde la injustica quiso hacer de las suyas a quienes resistían ante la opresión, y se permitió convertirse en un ejemplo de amor y compromiso para muchos pueblos.

Como buen ciudadano del mundo, o trotamundos como decimos en el adagio popular, podría estar en unos cortos tres días dialogando en Brasil con campesinos, para luego estar en Sri Lanka dictando conferencias y marchando con los isleños.

No puedo evitar recordar aquel noviembre de 2015, en el que muchos procesos sociales y la arquidiócesis de Cali nos encontrábamos preparando la conmemoración ecuménica preparatoria para el cincuentenario de Camilo Torres Restrepo. En la salsera ciudad, compartimos hotel con el maestro durante unos tres días, cada mañana los desayunos eran compartidos y nos daba tiempo de contar historias y uno que otro chascarrillo, eso sí, el viejo (como lo nombrábamos de cariño) era quien nos actualizaba de la situación política nacional y mundial; a nuestro desayuno de las
8:00am llegaba con su lento pero firme caminar ya con unos siete periódicos leídos y con toda una sonrisa enorme para ponernos el debate.

Houtart siempre dejó claro que un verdadero compromiso social –y por qué no, evangélico–, debía estar del lado de quienes han sufrido los descaros de un sistema corrupto que domina hasta lo más sensible de la vida de cualquier ser humano, su apuesta inclaudicable siempre fue por los de abajo. Siempre tuvo las palabras y las reflexiones precisas para ejemplificar ese amor eficaz que tanto necesita nuestra sociedad.

Para el viejo, no se puede andar por el mundo así como así, viendo como la cantidad de pobres y las distancias sociales alcanzan su cumbre, es nefasto no desenmascarar cómo estamos ante una perversa y progresiva destrucción de la naturaleza, de los pueblos, naciones, y del ser humano.

Durante los últimos años, su principal trabajo se materializó en lo que él llamó el Bien Común de la Humanidad, una apuesta anhelante y esperanzadora que nos pone a pensar-nos nuestro papel en la tierra, nuestro quehacer en la comunidad, el barrio, la vereda. Una apuesta gigante que podría llevarnos por un camino opuesto a la competencia, a la preocupación de uno mismo por nada, y que nos pone en el camino de lo comunitario como una respuesta a la crisis mundial que afecta a centenares de millones.

Así, y con el mensaje del Jesús histórico, ese Jesús de los empobrecidos del que tanto nos enseñó, se dio en la palestina del primer siglo, Houtart se convierte en un referente más para quienes sueñan –y soñamos– por un mundo mejor y más justo.

Podría tal vez haber escrito una reseña sobre su vida y todo su acumulado teórico, práctico y de resistencia, pero tal vez su ejemplo de compromiso y amor incondicional me llevó a traer un recuerdo que sirva de pretexto para homenajear al maestro, el mismo a quien nuestro Camilo conoció y aprendió, aquel que sigue y seguirá recorriendo caminos y sembrando esperanzas.

Convencidos y convencidas entonces de que la experiencia y ejemplo del maestro Houtart, seguimos tras su sueño de una comunidad universal, libre y justa, acudimos a su legado con el firme propósito de continuar tras su senda, la de nuestro Camilo y todos aquellos y aquellas que como el viejo son un ejemplo de amor eficaz.

Hablar de las primeras películas del cine implica sepultar a las que no sobrevivieron a causa del olvido o el óxido, implica desconocer la historia como una telaraña de procesos y creer que algunas películas, icónicas por no perecer, representan el devenir real de la evolución del séptimo arte (la evolución del ver y el ser visto). Por eso a manera de introducción hay que advertir que eso que llamaremos “las primeras películas” tiene por subtítulo “que quedan”: “las primeras películas que quedan”, y es que la cantidad de cintas fílmicas que murieron en los primeros años a causa del desinterés, el desconocimiento tecnológico, la apatía y el olvido es tan enorme que reconocemos un enorme sesgo, las primeras películas que quedan no son poca cosa, pero existen porque tuvieron un valor cultural, político y artístico válido para aquellos que contaron con los medios para preservarlas, y quienes han contado con los medios para preservar su arte, su cultura, su política y sus creencias, son unos y no otros, ¿cuántas primeras películas de la periferia murieron para siempre?

Seríamos necios y radicales si no reconocemos en películas como “El acorazado Potemkin” (Sergei Eisenstein, 1925), “El hombre de la cámara” (Dziga Vertov, 1929) de Rusia o “El nacimiento de una nación” (D.W. Griffith, 1915) de Estados Unidos un avance estético, una narrativa política y una evidencia cultural de la época (aunque solo sean pistas en forma de gestos, de vestuario o palabras); pero no escribiríamos aquí si solo nos quedamos con esos orígenes, y no con los periféricos, con esas pocas películas que quedaron de unos países todavía hoy olvidados (por sus propios habitantes), como Colombia.

La primera película conocida realizada en Colombia es “La María” (basada en la novela homónima de Jorge Isaacs) de los directores Máximo Calvo Olmedo y Alfredo del Diestro en el año 1921, de ella solo quedan 25 segundos en la Fundación Patrimonio Fílmico y algunos fotogramas; sin embargo, la primera película colombiana, conocida y completa es “Bajo el cielo antioqueño” (Arturo Acevedo Vallarino, 1925), fue financiada por el magnate Gonzalo Mejía reconocido por impulsar la aviación, la construcción de carreteras desde Bogotá a Turbo y el “desarrollo” de Urabá. “Bajo el cielo antioqueño” es una película de un amor prohibido en el marco de una familia burguesa con los paisajes antioqueños de fondo.

En 1926 otra película muy diferente a las anteriores, fue hecha por PP. Jambrina, “Garras de oro” (1926), nombrada como la primer película anti-imperialista de la historia Ambientada en 1914, narra de manera explícita pero también usando la metáfora y la personificación de los valores norteamericanos encarnados en el Tío Sam, la toma del canal de Panamá (disponible en YouTube).

Cuando en Colombia el cine apenas estaba naciendo, en otros países de la región, como México, uno de los más cinematográficos, ya se habían hecho algunos cortos como “El grito de dolores o la independencia de México” (Felipe de Jesús Haro, 1097), “El san lunes del valedor” o “El san lunes del velador” (Manuel Noriega, 1906), o “El aniversario del fallecimiento de la suegra de Enhart” (hermanos Alva, 1912). Cortometrajes comúnmente cómicos influidos por los estilos franceses. Durante la revolución la producción paró pero con la finalización oficial del conflicto en 1917 hubo un auge del cine mexicano con películas que recrearon el conflicto y las realidades políticas del país, fue la antesala de lo que se conoció como la época de oro del cine mexicano, un país con una industria tan fuerte como la de Francia o incluso Estados Unidos.

En Argentina, otro país con una industria fílmica notable “La nobleza gaucha” (Humberto Cairo, 1915) es la historia de un secuestro por parte del patrón a una pobre mujer, la película se desarrolla entre el campo y la ciudad, lo que permite hoy en día reconocer la geografía y las costumbres de una parte de aquel país. Otra película icónica argentina es “Flor de durazno” (Francisco Defilippis Novoa, 1917) protagonizada por el joven Carlos Gardel.

Estos tres países, aunque no alcanzan a abarcar (no pueden hacerlo) todas las realidades de la región, expresan un común denominador: sus primeras películas reflejaron las prácticas de la burguesía, los movimientos políticos y los valores culturales de sus regiones. Todo registro visual y en especial el cine (pues sus creadores han reconocido en esta forma de arte una inmortalización del tiempo), evoca la manera en cómo se configuraban las prácticas sociales de determinado territorio, aunque no se ve cine viejo solo para estudiar el pasado, sino porque es tremendamente emocionante (cuando se estimula la mirada) y actual, los dramas narrados en el pasado por lo general son historias que se repiten en nuestros tiempos, son los conflictos prototípicos de la humanidad: guerras, tierra, alimento, sexualidad. Son temas que no cambian tanto en las sociedades, más bien se transforman y adquieren otras dinámicas. El cine del pasado es una pista de cómo somos aun cuando no nos demos cuenta.

Lo que grabamos hoy (no tiene que ser una película, los videos “caseros” hechos con celulares o cámaras compactas también son material audiovisual del presente) tiene una fuerza inimaginable en el futuro, la tecnología que abarata y facilita el almacenamiento y la grabación de imágenes audiovisuales, se ha convertido en un medio de registro que aunque manipulable y subjetivo, puede expresar con firmeza las realidades de una situación (mención especial al camarógrafo de noticias UNO que con gallardía y responsabilidad ética registró el autogolpe del subsecretario del Senado Saul Cruz, además de sus movimientos descarados haciendo lobby por su candidato a la Corte Constitucional). Hay que ser conscientes de la fuerza narrativa de las imágenes, utilizarlas para contar nuestras historias y estudiarlas para interpretarlas y entenderlas.

El cine no es la única pista de lo que fuimos (y lo que somos), especialmente porque antes era difícil preservar correctamente las cintas y se necesitaba un gran presupuesto para hacerlo. El arte en general, la literatura, la pintura y el teatro también mantienen vivo el fuego de la humanidad, las historias de las cavernas alrededor de la fogata.

Los diferentes procesos de revocatoria de mandato que se desarrollan por estos días en Ocaña (Norte de Santander), El Copey (Cesar) y Bogotá son unos de los 107 procesos de este tipo que se adelantan en Colombia. Esto no solo pone de manifiesto la inconformidad de importantes sectores de la sociedad con sus administraciones, sino que permite identificar lo complejo de pensar, construir y proyectar las ciudades en la actualidad. Para entender a qué responden las formas en que se organizan las ciudades, se necesario ver a los centros urbanos como espacios de disputa política entre actores, con diferentes formas de concebir y de actuar sobre los mismos.

Hoy por hoy, uno de los escenarios en que se hace más evidente la tensión entre los diferentes sectores políticos y económicos por la consolidación de un modelo de ciudad es Bogotá, y el marco de referencia para la discusión se encuentra en el proceso de revocatoria que se desarrolla contra la administración de Enrique Peñalosa, pues ha posibilitado que se expongan y confronten en forma abierta los modelos de ciudad que se movilizan desde los diferentes sectores.

La visión de una ciudad que se configure alrededor de la dignidad y calidad de vida de sus habitantes, y no sobre presupuestos exclusivos de producción y consumo de servicios, ha sido desarrollado por un importante conjunto de organizaciones sociales. Por ejemplo, la Cumbre Urbana y la articulación de procesos urbanos del movimiento social y político Congreso de los Pueblos han delineado una propuesta en la que expresan esta concepción del modelo de ciudad popular, contraria a modelos de ciudad concebidos por la administración Peñalosa, e inclusive, dista de concepciones que se reclaman progresistas, como la expresada por el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro.

Este modelo comprende que las ciudades son lugares donde existe una incomprensible exclusión y marginalización de los y las empobrecidas, de allí que plantee que las ciudades deben planearse y estructurarse de manera que no deterioren el medio ambiente; así mismo, que el acceso y disfrute de lo público debe ser imperativo, los ciudadanos deben gozar de servicios públicos y acceso a la vivienda digna, y que el ejercicio de participación política activa de los ciudadanos es una prioridad.

Esta concepción de una ciudad dinamizada por sus pobladores, en la que haya participación política, amabilidad con el medio ambiente y administración democrática del espacio, está en contradicción a un modelo en el que el espacio se considere como un privilegio al que un pequeño grupo de personas tenga acceso, y esto es sin lugar a dudas la visión del alcalde Peñalosa. Este modelo de ciudad, contenido en el “PLAN DE DESARROLLO DE BOGOTÁ 2016-2020 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”, presentado por Peñalosa, trabaja sobre tres pilares: 1. Igualdad de Calidad de Vida; 2. Democracia Urbana; 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana.

Este se ve reflejado, por ejemplo, en la pretensión de construir sobre la reserva natural Van Der Hammen, que funge como un refugio ambiental para los bogotanos. También en episodios como el desalojo violento de más de trescientas familias en la localidad de Suba en el mes de abril del año en curso. Sobre este hecho, Elvira, vocera del asentamiento de Bilbao (Suba), en entrevista con Contagio Radio, manifestó irregularidades en el procedimiento de desalojo: “a nosotros nunca nos habían dicho que teníamos que desalojar. Había como 90 niños, mujeres embarazadas (…), los niños están afuera, la gente está en la calle, hay heridos, yo soy una de las voceras que acá había, he ido a la alcaldía, había pedido que por favor nos escuchara, acá nunca hubo una entidad (…), no tenemos para dónde coger y la mayoría de gente se resiste”.

Otro ejemplo es la constante persecución de Peñalosa hacia vendedores informales desde el inicio de su mandato, con acciones como el desalojo de 200 vendedores de la calle 72, el 26 de enero del año 2016, bajo el supuesto de “recuperar espacio público de la ciudad”. Jhon, integrante del gremio de vendedores ambulantes aseguró a Contagio Radio, que “fuera de los 230 vendedores que desalojó de la calle 72 el día 26 de enero, el alcalde Peñalosa desalojó 130 de la carrera séptima, el viernes siguiente desalojó 280 de la 19 con cuarta, a los cuales no les ha dado solución. Él sale a decir a los medios de comunicación con bombos y platillos que se le está dando soluciones. Aquí en la calle 72 estamos haciendo un acto simbólico mostrando que es mentira lo que él dice, (…) quiero invitar a la nueva ministra de trabajo a que inste al alcalde de Bogotá a que antes de seguir haciendo operativos de desalojo y de recuperación de espacio público, construya la política pública a favor de los vendedores informales e instale la mesa de concertación distrital”.

A su vez, la disminución de políticas sociales es el resultado de la priorización del gasto, por el cual se transfirió mayor presupuesto a la empresa Transmilenio, que actualmente se encuentra colapsada por el incremento de usuarios y la baja frecuencia de las rutas. A esto se suma la privatización de lo público como la enajenación de las acciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), argumentando que el mercado de telecomunicaciones es de competencia internacional, lo cual deja sin maniobra a las empresas públicas de operación nacional, al tener un bajo número de usuarios con relación a la empresa multinacional. Estas son algunas de las manifestaciones de la manera de administrar la ciudad desde un modelo que sobrepone el interés privado a las problemáticas de la sociedad, como la atención a la pobreza.

En ese sentido, el modelo de ciudad se encuentra en el centro de las agendas de organizaciones y partidos políticos de todas las naturalezas; esto puede resultar sumamente provechoso para la ciudad, en tanto sus habitantes reconozcan estas tensiones y se hagan partícipes de la discusión. Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, COMOSOC, como espacios de organización social se han trazado el reto de construir ciudad desde el movimiento urbano. En el año 2014 se realizó en la ciudad de Medellín el primer Foro Social Urbano Alternativo y Popular que pretendía trazar una ruta para la construcción de propuestas en las ciudades. En la actualidad, estos espacios también han aportado a procesos como la revocatoria en la ciudad de Bogotá, y a la movilización social en la ciudad de Popayán, Cali y Medellín. Con todo esto, queda recordar que el ejercicio de pensar la ciudad pasará por la comprensión de las necesidades del ciudadano sobre las necesidades del crecimiento económico, que en lo real han generado la segregación y el aumento de la pobreza en las grandes ciudades de Colombia.

La Reforma Política y Electoral nace del punto de participación política del Acuerdo de Paz realizado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Fue radicada el 17 de mayo en la Cámara, recogiendo gran parte de las propuestas elaboradas por la Misión Electoral Especial (MEE). Sus tres focos son: las mejoras a la institucionalidad electoral (el CNE), el sistema y la manera de escoger, y la financiación de las campañas.

Entre varias de sus creaciones institucionales –como la Fiscalía General, o la Corte Constitucional–, la Constitución de 1991 creó el Consejo Nacional Electoral, el organismo que se ha encargado desde entonces de regular lo relacionado con los comicios y con los partidos políticos.

La MEE propuso encargar de todo lo relativo con el sistema político-electoral, a tres entidades: la Registraduría, el Consejo Electoral Colombiano (CEC) y la Corte Electoral (CE). La primera, que ya tiene funciones electorales (organiza, planea, y ejecuta los eventos de índole electoral del país), mejoraría sus funciones con el uso de plataformas tecnológicas. El CEC asumiría el grueso de las funciones del Consejo Nacional Electoral. Y la Corte Electoral, que fue lo más novedoso y controversial de las propuestas, sería una nueva alta corte para la Rama Judicial, y se encargaría de resolver demandas y procesos de pérdida de investidura, separación de cargos, nulidad de elecciones, pérdida de personería jurídica de los partidos, y emitiría sanciones disciplinarias.

Algunos analistas y académicos se mostraron a favor de la propuesta de la MEE. Como el ex fiscal, ex procurador, y ex ministro en el Gobierno de Juan Manuel Santos, Alfonso Gómez Méndez, para quien esta propuesta, que implica serias reformas y reconsideraciones de orden constitucional (como quitarle el poder electoral a las Sección Quinta del Consejo de Estado para dárselo a la Corte Electoral), es “un mecanismo en la dirección correcta para corregir las fallas que hoy todos estamos comentando en temas de partidos, listas y financiación de campañas”.

Otros, de entrada, rechazaron la propuesta, como el exsenador Juan Lozano, quien es más cercano a las toldas uribistas: “como si no fuera ya suficiente la carga burocrática que debemos asumir con los impuestos de los colombianos, crear una nueva supercorte. La supercorte electoral, como si ya no tuviéramos suficientes cortes, altas cortes, consejos superiores, cortes especiales, consejos nacionales y tribunales”.

¿Cómo quedó este punto en el proyecto radicado?
No se acogió la idea de crear una corte o tribunal electoral. Se propuso la creación de una nueva institución, el Consejo Electoral Colombiano. Este órgano electoral, además de todas las tareas que hoy cumple el CNE en cuanto a regulación de elecciones y partidos, tendría más dientes para corregir irregularidades, como en el caso de las inhabilidades o los fraudes electorales, en los que actuaría –y este es un planteamiento que hizo la MEE- antes de las posesiones, evitando así la realización de jornadas electorales atípicas. Tendrá más presencia regional, y contará con funciones de policía judicial para controlar la financiación ilegal. Además, con el fin de “despolitizar” al Consejo y de garantizar una verdadera autonomía, los consejeros no serán nombrados por el Congreso (como ocurre con los magistrados del CNE); la elección de nuevos integrantes se hará por el método de “cooptación” (los miembros antiguos nombran a los nuevos). A la Registraduría se le exigirá llegar a las zonas donde antes había confrontaciones armadas, facilitar las votaciones en las zonas rurales (ofreciendo el transporte, por ejemplo), y mejorar sus procesos de contratación, para hacerla más transparente y eficaz.

Remodelación del sistema electoral ¿Una oportunidad para tener verdaderos partidos?
“Con la mejor intención de acabar el bipartidismo, los constituyentes del 91 prácticamente acabaron con los partidos. Hoy, solo tenemos siglas o nombres cuya principal función es repartir avales”, expresó el ya citado Alfonso Gómez Méndez, en una de sus columnas. Y precisamente a corregir esta situación, la falta de partidos serios, se enfocaron las recomendaciones de la MEE, así como lo acogido de estas por el Gobierno.
Se continuará con la circunscripción nacional de 100 senadores, pero no con voto preferente, sino con lista cerrada y bloqueada, lo que quiere decir que cada partido ofrecerá una lista de candidatos enumerados, los ciudadanos no votarían pensando tanto en personas, sino en el partido, y en la lista que este acomoda luego de procesos internos de escogencia. Reformular el sistema de partidos de esta manera, es convertirlos en centros políticos democráticos y con agendas programáticas serias. Sería una oportunidad para formar partidos estructurados, con democracia interna, y sobre todo, con diferencias ideológicas marcadas.

Es común, por ejemplo, ver en un solo partido, en las plenarias del Senado, un conjunto de posturas distintas, y a veces contradictorias. Pocas diferencias ideológicas y programáticas pueden haber, por ejemplo, entre el Partido Conservador y el Liberal (en este último se han hecho propuestas que van más allá de lo conservador, como limitar la posibilidad de adoptar a un concepto de familia cerrado, y excluyendo a las parejas homoparentales). Y ya se ha escuchado a los mismos senadores –incluso a Claudia López– que no es si quiera imperativo tener una constante interacción con sus respectivos partidos. “Yo puedo volver por la dirección del Partido Verde en cuatro años y no pasaría nada”, expresó la senadora en un debate sobre la Reforma al Equilibrio de Poderes en el 2014.

Además, para conformar el Senado los aspirantes compiten con campañas costosas (el máximo autorizado en las elecciones de 2014 eran 740 millones, pero según estudios, como el realizado por la firma Cifras y Conceptos, en promedio cada campaña costó alrededor de 3.000 millones, y algunas llegaron casi hasta los 12.000). Esto también se reduciría, porque el Estado aumentaría su financiación, y esta se haría de manera más directa y organizada (gracias a la lista cerrada), con los partidos.

La lista cerrada, propuesta que ya había estado sobre la mesa en las reformas políticas anteriores (la del 2003, la del 2009, y con la del Equilibrio de Poderes del 2014), es un gran avance. Así se corregirá la aguda atomización de los partidos, que desde la creación de la Carta Política se ha querido revertir.

Más financiación pública
Se aumentará la financiación pública, en busca de disminuir la privada (lo que ayudará a reducir la dependencia y la filiación que tienen muchos políticos con sectores económicos o particulares). Esta será directa hacia los partidos, tanto antes como después de los procesos electorales, y de manera indirecta (con el transporte de los electores y el acceso a los medios de comunicación). Será de obligación legal la entrega de rigurosa información contable, que será revisada y auditada por una unidad especializada. Se aumentará el control y la regulación en relación con financiación de propaganda electoral, transporte y movimientos monetarios, y se prohibirá a las campañas y partidos la entrega de donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos. Se estimulará, con incrementos en la financiación estatal, a los partidos donde se dé más espacio a las mujeres y los jóvenes.

La pugna política ya comenzó
La reforma toca de manera directa a los partidos políticos y sus integrantes, incluyendo a los congresistas que serán quienes le darán el visto bueno. Esta fue radicada faltando un poco menos de un año para las elecciones legislativas y presidenciales. Los congresistas ya están calculando sus movimientos.

Por otro lado, las reglas de juego, ahora que se están implementando vía legislativa los Acuerdos de Paz, ya son otras: con una votación que quedó 5-3, la sala plena de la Corte Constitucional tumbó literales del denominado “Fast-Track”. Ahora la votación de cada proyecto para implementar los Acuerdos se hará artículo por artículo, y no se tendrá que contar con el aval del Gobierno para que se hagan cambios a las propuestas.

¿Pasará, de manera integral, esta reforma en el Congreso, ahora que el trámite legislativo es otro, y teniendo en cuenta que es un tema que toca de manera directa a los mismos congresistas?

Varios partidos ya aclaran sus posturas. Las listas cerradas, que es el tema que más toca a los congresistas, está pensada a partir de 2018, pero es probable que, ni si quiera los congresistas más afines al Gobierno acepten cambiar las reglas de juego tan apresuradamente. El temor a que sea más difícil regresar al Capitolio, por cuenta de que no hay mecanismos democráticos claros para que sus partidos los postulen en la lista, ya se siente. Además temen que estos, aun teniendo esos mecanismos, los dejen en puestos de lista tan altos que les sea más difícil alcanzar una curul.

Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador, afirmó que su colectividad aprobaría la propuesta, “pero para 2022”. Jorge Enrique Vélez, presidente de Cambio Radical, más radical aún, afirmó en entrevista para El Tiempo que en su partido no van “a votar la reforma política, ni un solo artículo, y no lo haremos por las listas cerradas, que son una improvisación”. Una de las principales cabezas del Polo, el hoy presidenciable Jorge Enrique Robledo, también expresó su desacuerdo con la propuesta: “Nos quieren vender ahora el cuento barato de que cerrando las listas se evita la corrupción en la política”.

En conclusión, es probable que la propuesta pase, pero no para las elecciones que vienen. En cuanto a los otros puntos, que no tocan de manera tan directa a los congresistas, no ha habido tanto rechazo. El punto de financiación les conviene, y el de mejorar el sistema institucional no les preocupa tanto.

En la región del Bajo Cauca antioqueño existe uno de los negocios más rentables a escala mundial: el oro. Pero también existe una amenaza progresiva y silenciosa causada por el mercurio. Más de 100 toneladas de este letal veneno se vierten cada año al río Cauca y Nechí. Los ríos proveían proteína suficiente para el crecimiento y desarrollo adecuado de los niños, pero la compañía Mineros S.A. cambió la historia. Mientras esta empresa extrae el oro, la población de esta región transcurre en una espiral de pobreza y riesgo sanitario. Más de un millón de personas han sido afectadas por esta compañía.

Según el Ministerio de Ambiente y el Ideam, así como la Agencia de Protección Ambiental –EPA–, 8.485km2 de esa región de tierra feraz del Bajo Cauca, compuesta por seis municipios (Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza) hacen parte de la zona más contaminada del planeta, y sus ríos ocupan el tercer lugar en la escala de contaminación del mundo. El mercurio liberado por la Compañía Mineros S.A., es transportado por estos dos grandes ríos, por lo que ha dañado la dinámica de los humedales, y envenenado regiones próximas, como La Mojana, una de las zonas más ricas en peces y cultivos de arroz en el país. Pero el daño ha sido más agresivo.

A este ritmo de exterminio químico, Mineros S.A. en corto tiempo acabaría el 78% de las especies presentes en el país: 42.75% de las especies de aves; 16% de los anfibios y 21% de los reptiles que habitan ecosistemas venenosos. Reporta Corantioquia que el 55.5% de los anfibios, el 23% de especies de reptiles, el 19% de aves y mamíferos están bajo categoría de endemismo. Según estudios de Corpoica, los inmensos hatos de ganado están también contaminados con mercurio. Después de las inundaciones cíclicas de los ríos Cauca y Nechí, los cultivadores de maíz, arroz, sorgo y otros cereales, cultivan sus extensas plantaciones sobre terrenos inundados y envenenados. De estos ríos contaminados con mercurio llegan a las centrales de abastos de Medellín nueve toneladas de pescado mensual. Otros pescados llegan congelados a los mercados de Bogotá.

Las autoridades ambientales consideran que por cada gramo de oro extraído, se vierte medio gramo de mercurio al entorno ambiental.
El proceso degenerativo a causa del mercurio se inicia cuando este se acumula en el cerebro, afectando el sistema nervioso y neurológico de las personas. Produce insuficiencia cardiaca, renal, respiratoria, dermatitis e impotencia sexual, aborto y malformación fetal. Refiriéndose a los estudios de la Universidad de Antioquia y Corantioquia, la Contraloría sentenció: “Estos resultados sugieren que la población que consume este producto en la región de La Mojana puede estar en riesgo”.

En el Bagre y Nechí operan cinco dragas mecánicas y cinco de succión. En condiciones normales, cada 24 horas las dragas mecánicas excavan 72.000 mts cúbicos de material granítico. Las operaciones de Mineros S.A. afectan cuencas hidrográficas que surten de agua al 60% de los habitantes de estos municipios. El vertido de mercurio, cianuro y basura a los cuerpos de agua se suma a toneladas métricas de material estéril y residuos químicos industriales transportados por el río Medellín –Porce–, un río de montaña de aguas cristalinas, transformado por el poderío industrial en cloaca “máxima”.


Mineros S.A. no ha cumplido con las expectativas esperadas en los sectores de trabajo, educación, salud, acueducto, y alcantarillado, y no genera riqueza en los municipios. El Bagre y Zaragoza, área donde Mineros S.A. centra sus operaciones, son municipios pobres, y la enorme operación minera apenas deja pírricas regalías que no se reflejan en calidad de vida, pero sí en una inmensa miseria y desolación ecológica que durará varias generaciones en reparar. A este ritmo depredador, las marismas, importantes para la vida salvaje, se extinguirán de manera irreversible en poco tiempo.


En Antioquia, según la edición 110 del periódico de Mineros S.A., Notas de Oro, las exportaciones de oro hacia el mercado de Estados Unidos se incrementaron en 106,7% en los últimos tres años, producto de la extracción en la región de 100mil onzas de oro anual, tranzadas en el mercado bursátil a 1.268.8 dólares onza troy. Mineros S.A. prevé producir anualmente 500.000 onzas de oro al arribar 2020, y un valor de mercado superior a los 400 millones de dólares. Estas ganancias van en detrimento de la población, que se encuentra en extrema miseria y hambre, expuestos a una pobreza mucho mayor y sin alternativas de superarla.

La continua pérdida del caudal del río Nechí trajo como consecuencia que los transbordadores de gran eslora que llegaban al terminal portuario de Nechí y de El Bagre, dejaron de prestar servicio hace muchos años. La deficiente planificación y la protección inadecuada de las áreas naturales, ponen en duda que el río Nechí fluya para siempre. Ejemplo clásico: cada riada o desbordamiento de los ríos Cauca y Nechí causa tragedias humanitarias, consecuencia de millones de toneladas métricas de material granítico generado por la empresa Mineros S.A.
La presencia de este metal en peces y ganado genera una sospecha, confirmada por algunos estudios: nechianos y población general de La Mojana presentan acumulado de este material venenoso, el legado más letal y peligroso que les ha dejado Mineros S.A.

En los pocos meses de su presidencia en EEUU, Trump ha logrado tensionar las relaciones con líderes y administraciones a nivel mundial, con sus discursos confusos y comentarios impulsivos. Simultáneamente ha desregulado normas y leyes al servicio del pueblo estadounidense a través de órdenes ejecutivas. Para citar solo unos ejemplos de su “diplomacia” internacional: el presidente criticó al alcalde de Londres (Inglaterra) después del ataque en esta ciudad donde murieron ciudadanos del país aliado, en lugar de expresar simpatía, solidaridad o reiterar la alianza entre los dos países; así mismo tomó un tono condescendiente frente a la OTAN y las decisiones de sus otros países integrantes en términos de sus presupuestos para la defensa militar; felicitó regímenes criticados por derechos humanos como el del presidente filipino Rodrigo Duterte, cuya guerra contra las drogas usa asesinatos extrajudiciales, y el del presidente turco Recep Tayyip Ergrodan, después que ganó el referendo para implementar más poderes presidenciales a su favor. A nivel nacional ha anulado regulaciones para el sector privado a costa del pueblo, los derechos humanos y el medio ambiente; económicamente su política de impuestos ha favorecido a los ultra ricos y las mega industrias con resquicios legales. Su plan general militarista, nacionalista y neoliberal sigue sin temblar.

Los Acuerdos de París
La decisión unilateral del presidente de salir de los Acuerdos de París, pese a la oposición de su propio partido, el pueblo estadounidense en su mayoría, y hasta el sector privado con quien trabaja, ha causado aún más confusión al interior de EEUU. Su razonamiento por la decisión está basado en cifras desacreditadas, y aunque los medios de comunicación masivos lo respaldan, esa posibilidad queda más y más estrecha. Después de anunciar la decisión de sacar a los EEUU del Acuerdo, en una mentira flagrante afirmó su decisión de renegociarlo. Los líderes de varios países europeos sacaron una declaración justo después de la decisión, reiterando que no se puede renegociar el Acuerdo unilateralmente, ni por la petición de un país aislado.

Esto es exactamente lo que hace Trump: aislar a su país del mundo. El ex-presidente Obama escribió su propia declaración en la cual trató de animar a los gobiernos locales y empresas privadas a seguir en sus iniciativas para salvar el planeta: “Aunque esta administración se junta con unas pocas naciones a rechazar el futuro, estoy seguro que nuestros estados, ciudades y negocios van a seguir el camino (de los acuerdos)”.

Trump miente sobre los efectos del pacto en la economía estadounidense; dentro del país el Acuerdo no solo tiene el respaldo de activistas y ambientalistas, sino también de los sindicatos obreros quienes están al tanto de que el carbón no es la energía del futuro, y el sector privado en su gran mayoría, que reconoce el potencial económico de invertir en otros métodos de energía con el resto del mundo y no estar dejando atrás esta industria.

El proceso de destitución
Aparentemente Trump está tratando de liderar el país como un gran negocio propio, y como le ha funcionado en su historia laboral, pretende hacerlo con impunidad completa por parte de la justicia. La pregunta que tiene el pueblo estadounidense en este momento confuso de uso abierto del sector gubernamental para el beneficio del sector privado es: ¿Será que lo logra? La amenaza para Trump este año es el proceso de destitución que han empezado gracias al mismo descuido discursivo que le define. Se ha implicado a sí mismo en obstrucción de la justicia por su propia boca descuidada, algo que la mayoría de políticos estadounidenses no hace. El hecho que se condena fue su decisión de despedir a James Comey, el ex-director del FBI, quien estaba investigando otros asuntos ilegales de la administración que potencialmente implicaban al presidente. En su testimonio después de ser destituido, Comey acusa al presidente de pedir lealtad personal por encima de la justicia. Esto ha generado la activación por parte de unos demócratas de iniciar el proceso de destitución. Al Green de Texas y Brad Sherman de California, anunciaron que están escribiendo los artículos para empezar el proceso. Refiriéndose al caso, Green dijo: “La cuestión no es si el presidente obstruyó la justicia, la cuestión es si lo puede hacer con impunidad”.

El proceso de destitución depende mucho del Partido Republicano, que por el momento controla el Congreso tanto como el Senado. Aunque hay protestas en el país y constante organización por parte de activistas en contra de la administración, falta un proceso a favor de destituirlo, y por la personalidad del presidente es muy poco probable que renuncie a su cargo, como lo debió hacer Richard Nixon cuando su destitución parecía inevitable por el escándalo de Watergate en los 70's.

La autora y activista canadiense, Naomi Klein considera a Trump y su presidencia como el “producto de una cultura empresarial que tiene fetiche por los que hacen sus fortunas ignorando flagrantemente las leyes y regulaciones”, y por cómo ha actuado hasta la fecha, ella tiene toda la razón. La pregunta va a ser si el pueblo estadounidense deja que esta fusión de lo público para el interés del privado, que ha llegado a su culminación con Trump, se siga aguantado, o si va a tomar la decisión de luchar masivamente contra ello. La decisión sobre el Acuerdo de París en conjunto con el proceso de destitución tiene a EEUU en una encrucijada, pero este proceso solo toca la punta del iceberg en la política del país norteamericano; no es solo esta administración, y mucho menos este sujeto: la política estadounidense necesita reformas radicales y cambios estructurales para proteger el bien común del territorio, sus ciudadanos y el planeta, y los necesita ya.

El lunes 29 de mayo de 2017 murió el ex dictador Manuel Antonio Noriega, quien se convirtió en el primer gobernante en ser, al mismo tiempo, derrocado por una invasión militar de los Estados Unidos, capturado en forma ilegal, juzgado y condenado por un tribunal de la primera potencia mundial. Como si fuera poco, la invasión que sufrió Panamá el 20 de diciembre de 1989 se constituyó en la piedra inaugural del nuevo desorden mundial, tras la caída del Muro de Berlín, un hecho que había acontecido semanas antes.

Para derrocar a Noriega, los invasores de Estados Unidos llevaron a cabo la operación denominada “Causa Justa”, por parte del gobierno de George Bush I, quien ordenó la invasión de Panamá, que fue también la de toda nuestra América, aunque de eso no exista mucha conciencia. A raíz de la muerte de Manuel Antonio Noriega vale la pena recordar la invasión de 1989, el hecho principal que debería subrayarse, pero que no se menciona o se señala como algo anecdótico, para quedarse en chismes secundarios sobre la vida de Noriega que ocultan las verdaderas razones de la acción criminal de Estados Unidos.

Manuel A. Noriega era un militar común y corriente, formado en la Escuela de las Américas (la fábrica anticomunista de dictadores de los Estados Unidos), que hizo parte de la nómina de agentes secretos de la CIA, cuando esta era dirigida por George Bush, quien luego fue presidente de los Estados Unidos y el encargado de dar la orden de invadir a Panamá. Noriega no se diferenciaba de los militares formados en los Estados Unidos para servir al “mundo libre”, hegemonizado por el imperio del norte, en labores de contrainsurgencia. Cometió el error, no de meterse en el negocio del narcotráfico, porque eso en verdad poco le interesa a los Estados Unidos, sino de distanciarse de sus antiguos amos y asumir una postura independiente, sobre todo en lo relativo a los procesos de paz de América Central a finales de la década de 1980. Esto disgustó profundamente al Gobierno de los Estados Unidos, que planeó su derrocamiento para entronizar en su lugar a un títere incondicional, cuyo nombre no vale la pena recordar, y asegurarse el control del Canal de Panamá.
Para realizar la invasión se esgrimió el pretexto de que Noriega era un dictador –como si eso le importara a los Estados Unidos– y estaba involucrado en negocios de narcotráfico, en alianza con el cartel de Medellín. Se adujo textualmente, con todo el cinismo del caso, que la invasión a Panamá se hacía para "proteger las vidas de los ciudadanos estadounidenses presentes en el país, defender la democracia y los derechos humanos, combatir el narcotráfico y asegurar la futura neutralidad del canal". Para lograr su captura, Estados Unidos organizó una sangrienta invasión en la que participaron unos 25 mil militares, en la mayor campaña llevada a cabo en el mundo por los Estados Unidos, luego de la guerra de Vietnam.

Las tropas de asalto que venían de las bases militares de Estados Unidos solo tuvieron que realizar un corto recorrido para ocupar el territorio soberano de Panamá. Portaban armas contundentes y experimentaron con nuevos artefactos bélicos, como aviones, helicópteros, ametralladoras, cañones, vehículos de asalto –que luego van a usar en Irak, Yugoslavia, Afganistán…–, arrasando con lo que encontraban a su paso. Su devastadora acción dejó una cifra de siete mil panameños muertos, de los barrios más pobres de Ciudad Panamá, como aconteció con El Chorrillo, que fue bombardeado en forma inmisericorde.

Tras la invasión brutal y a medida que caían los reductos militares que enfrentaban a los ocupantes, quedó en evidencia que Noriega no contaba con respaldo popular, por lo que en últimas se vio obligado a refugiarse en la sede del Nuncio Apostólico. El Vaticano, encabezado por Juan Pablo II, no le concedió asilo y lo entregó finalmente a las tropas de los Estados Unidos en los primeros días de enero de 1990, como muestra del “sentido humanitario” del papa anticomunista. Noriega, que era pusilánime y cobarde, no enfrentó a los invasores hasta sus últimas consecuencias, ni tampoco tuvo la valentía de suicidarse como lo hizo, por ejemplo, Salvador Allende. En razón de esa cobardía se convirtió en el botín que justificaba la invasión a los ojos de Estados Unidos.

Noriega cayó en manos de los Estados Unidos en una forma relativamente fácil, sin mucha resistencia, aunque el costo humano de la invasión haya sido terrible para los panameños, puesto que dejó miles de muertos y heridos, así como la destrucción de barrios enteros de la capital panameña. Noriega fue capturado por los invasores, trasladado a los Estados Unidos, donde fue juzgado como narcotraficante y condenado a 40 años de cárcel. Permaneció en prisión durante 20 años en las cárceles de los Estados Unidos, luego de lo cual fue entregado a Francia y por último a Panamá.

Con este proceder quedó establecido un grave precedente a nivel mundial en términos de derecho internacional, puesto que un país –los Estados Unidos– no solamente se arroga el proceder arbitrario y unilateral, que le da su fuerza y su poder, de condenar por anticipado al mandatario de un país al que considera como su enemigo, sino que dispone invadir un territorio, masacrar a sus habitantes y destruir su infraestructura, con el pretexto de capturarlo. Luego de que lo hubo logrado puso en lugar de Noriega a un títere incondicional, y juzgó y condenó a su antiguo socio de la CIA, en un juicio secreto, para que nadie escuchara las posibles denuncias de Noriega sobre sus vínculos poco santos con los estadounidenses.

Estados Unidos, actuando como el sheriff del oeste, cumplió la función de ser acusador, dictar sentencia y ejecutarla a su antojo, sin el más mínimo respeto por el derecho internacional, a pesar de que actuó contra un antiguo miembro de la CIA, lo que demuestra que Estados Unidos nunca tiene amigos sino intereses. Un antecedente funesto que debe recordarse en la actualidad, para referirse a los acontecimientos de Venezuela, y cuando las acusaciones y mentiras de los medios de desinformación contra el Gobierno legítimo y constitucional de ese país lo catalogan como una “dictadura”, y el Comando Sur de los Estados Unidos recomienda su derrocamiento. Esto indica que los acontecimientos de Panamá, a finales de 1989, fueron la antesala inaugural de lo que ha sucedido en las últimas tres décadas, cuando la primera potencia del mundo se ha convertido en un régimen criminal e ilegítimo, un peligro para cualquier país soberano e independiente.

La implementación intensiva y extensiva de la denominada locomotora minero-energética a escala nacional, ha generado cambios significativos en términos políticos y sociales en las comunidades, quienes cobran cada vez mayor capacidad de organización, interlocución, movilización y acción política para frenar la implementación de dicha locomotora.

Este proceso se evidencia en el surgimiento y consolidación de procesos organizativos como comités ambientales, de defensa territorial, de la vida, el agua, la soberanía y seguridad alimentaria, entre otros. Estos espacios reúnen diversas expresiones sociales y políticas que congregan a trabajadores, estudiantes, campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres, movimientos y partidos políticos, académicos, ONG, diversas organizaciones de la sociedad civil, así como organizaciones internacionales de solidaridad con el pueblo colombiano, entre otros. Los escenarios son marchas carnavales, consultas populares, asambleas populares, cabildos abiertos, mingas de pensamiento, espacios de formación y coordinación, entre otros, que le han permitido al movimiento social acumular en diferentes ámbitos y obtener grandes victorias.

Las Consultas Populares
El departamento del Tolima, además de ser uno de los departamentos más amenazados por el extractivismo minero-energético, se ha constituido, además, en importante bastión de lucha y resistencia. La realización de consultas populares basadas en la Ley 134 de 1994 ha sido una de las estrategias de acción política adoptadas por el movimiento social con importantes resultados favorables a las demandas populares. La primera experiencia se concretó en el municipio de Piedras, donde ciudadanos dijeron no al desarrollo de cualquier tipo de actividad minera en el territorio de este municipio. La segunda fue en el municipio de Cajamarca, donde tras la aprobación por parte del Concejo municipal, se realizó la Consulta Popular en la que 6292 ciudadanos dijeron no a la realización de cualquier tipo de proyecto minero en su municipio, frenando de esta manera, en la fase de exploración, el proyecto de extracción aurífera más grande del país.

También, en febrero de 2016 el Concejo municipal de Ibagué aprobó la convocatoria a una Consulta Popular, la cual no se ha realizado debido a que el Consejo de Estado emitió una medida cautelar que frenó temporalmente su realización. Recientemente, el Alcalde de la ciudad presentó al Concejo municipal un proyecto de acuerdo para que se prohíba la ejecución de proyectos mineros a gran escala en el municipio, emulando la medida adoptada por el cabildo de Támesis, Antioquia.

Luego del triunfo contundente en Cajamarca se ha desatado a nivel nacional una ola de optimismo, el cual se ha volcado hacia la convocatoria de consultas populares como mecanismo para expresar su rechazo a esta política minero-energética que genera impactos negativos en términos sociales, políticos, económicos, culturales, ecológicos y ambientales.

La Marcha Carnaval
Además de las consultas populares, otra dinámica importante que se viene desarrollando tiene que ver con la movilización alrededor de la Marcha Carnaval que ha llegado a su novena edición y que desde el año 2016, cuando alcanzó los 100.000 marchantes, se ha constituido en la mayor movilización social en la historia del departamento del Tolima, y tal vez de Colombia.

Esta manifestación, además de su rechazo al extractivismo minero-energético y reivindicación del cuidado del agua, la defensa del territorio y la vida (que constituyen su trasfondo político), cuenta con una gran riqueza cultural, palpable en las diversas comparsas que celebran la riqueza ambiental, la alegría y tradición cultural de la región. De igual forma, da cabida a las expresiones artísticas juveniles alrededor de la música, las barras populares del Deportes Tolima, la danza contemporánea y diversos performances, que, a diferencia del tradicional desfile del folclore en el marco de las fiestas del San Juan, no requieren autorizaciones de autoproclamados y encopetados comités organizadores.

Este año además de los 120.000 carnavaleros que se movilizaron en Ibagué, se presentaron manifestaciones similares en 34 localidades a nivel nacional y tres movilizaciones a nivel internacional. Estos aspectos convierten a la Marcha Carnaval en una de las manifestaciones de la lucha ambiental y por la defensa del territorio más diversas, numerosas y permanentes en América Latina.

El proceso organizativo y sus retos
Todas estas dinámicas han sido gestadas desde un escenario de confluencia de diversos actores denominado Comité Ambiental en Defensa de la Vida, el cual cuenta con expresiones locales en muchos municipios del Tolima y cuyo liderazgo ha sido fundamental para el desarrollo de todos estos procesos, además de una serie de escenarios de formación masiva e intensiva a través de diplomados, talleres y conferencias, entre otros, que se han adelantado en Ibagué y en más de 15 municipios del departamento.

La experiencia de estos actores ha servido de referente y acompañante para diversos procesos en los que las comunidades han optado por la movilización en defensa de la vida y el territorio.

Es momento, tal vez, de dar el salto hacia la confluencia en un escenario nacional que aglutine todas estas dinámicas, de manera que se consolide un gran movimiento ambiental que ponga sobre la mesa la discusión sobre el modelo extractivista y que reivindique un ordenamiento y gestión sustentable del territorio, de manera que los fines egoístas de actores económicos nacionales o extranjeros, no menoscaben la base ecosistémica de los territorios, ni las cosmovisiones y proyectos de vida de las comunidades que anhelan y luchan por una paz con justicia social y ambiental.

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

últimas publicaciones

Contacto

Medellín - Antioquia - Colombia

 

Calle 50 #46-36 of. 504

 

(4) 231 08 42

 

periferiaprensaalternativa@gmail.com

 

Apoye la Prensa Alternativa y Popular

o también puede acercarse a nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, Edificio Furatena (calle 50 #46 - 36, oficina 504) y por su aporte solidario reciba un ejemplar del periódico Periferia y un libro de Crónicas de la Periferia.